Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

23May/210

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UNA MAYORÍA INTENSA PARA NO PERDER OTRA VEZ

La situación argentina, a la luz de lo que viene ocurriendo en la región, en especial en Chile y Colombia

POR GUILLERMO WIERZBA Y JORGE MARCHINI 
Los laberintos de la situación argentina deben sumergirse en la reflexión de lo que viene ocurriendo en la región, en especial en Chile y Colombia. La elección chilena constituyó un hecho de gran dimensión en la política de América Latina, no sólo por las perspectivas de un nuevo ciclo nacional, democrático, popular, liberador, participativo y de recuperación de la política como herramienta transformadora, sino porque reinstaló varios debates fundamentales:
  • La cuestión de la correlación de fuerzas. Chile pone en crisis su abordaje habitual. Con este se construye siempre una forma sesgada hacia la consideración realista y limitante de ese concepto. Ese enfoque, por ejemplo, nada previó dos años antes del comienzo de las movilizaciones callejeras sobre el devenir de lo que luego ocurrió.
  • Las democracias formales organizadas bajo el paradigma del republicanismo liberal asumieron formas degradadas en los últimos años de la vida política del subcontinente. Chile fue un emblema de esa perspectiva, siempre funcional al neoliberalismo que culminó en un régimen represivo sistemático al movimiento popular que se extendió por dos años.
  • El camino hacia la democratización de la vida ciudadana de la rebelión chilena no se circunscribió a la pasivización popular circunscripta a la exclusividad del acto electoral. Por el contrario la participación masiva de los cuerpos movilizados callejeramente fueron la forma de romper con el cerco de la pura y mera representatividad que finalizó en el encarcelamiento de la propia democracia sustantiva.
  • El esquema bipolar entre una derecha, heredera del régimen dictatorial, y un centro-izquierda cultivador de la lógica de la correlación de fuerzas, produjo una falsa realpolitik, donde derechas y progresismos se alternaron en el poder compartiendo el programa de la mercantilización de los bienes y servicios esenciales, sustraídos a su existencia como derechos económicos y sociales. Así fue con la salud, la educación, las jubilaciones y las tarifas de los servicios públicos.
  • Una vez que la revuelta popular se extendió y popularizó, el poder constituido asumió que las detenciones, heridas y muertes no frenarían la enérgica voluntad popular manifestada en las calles. En consecuencia recurrió al intento de encausar el descontento en los marcos de la república liberal, mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente modelada para una salida gatopardista. Le fue mal, perdieron abrumadoramente las elecciones. Tal como le ocurrió al GAN de Lanusse en 1973, la alternancia chilena fue derrotada en las urnas, que instituyeron lo que la calle ya había manifestado.
  • Mientras Chile está en este punto, Colombia vive una intensa pueblada que tiene sus parecidos con la del país trasandino pero con un republicanismo liberal que encubre una de las peores dictaduras del continente, donde los opositores y líderes sociales son perseguidos y asesinados a mansalva por el régimen.

 

 

La Argentina en ese contexto

El bloque de poder, que tiene una estructuración tan o más fuerte que el propio armado político de la derecha, está empeñado en no permitirle al gobierno del Frente de Todos realizar reforma alguna. La Sociedad Rural, la CRA, la UIA, la AEA y la Convergencia Empresarial endiosan al mercado y la propiedad privada articulados con Juntos por el Cambio, una fuerza política galvanizada como una derecha rabiosa, ideologizada y a la vez amarilla, sin discurso de ideas y con un marketing que milita la despolitización de la sociedad, como único medio para evitar el desmantelamiento de su fuerza electoral.

Esa derecha opositora tiene un fuerte maridaje con el aparato del Estado, evidenciando el papel que las repúblicas liberales tienen reservado al Poder Judicial: la limitación del poder popular para garantizar la eternización del poder social y económico de las minorías acaudaladas y privilegiadas.

El tiempo de gobierno que lleva el Frente de Todos ha exhibido cabalmente la imposibilidad para un consensualismo de reformas que sea admitido por el patronato concentrado, cuya adhesión no está en disputa alguna porque su única apuesta es a la articulación del bloque conservador sin concesión alguna para la construcción de una sociedad más justa. Su modelo “democrático” exige el adocenamiento del Frente de Todos para convertirlo en un émulo de la Concertación chilena, la socia de la reprimarización de la economía en ese país, desarraigada de las necesidades populares y hoy arrasada por el huracán popular de los jóvenes rebeldes decididos a la transformación de su país. En el presente de América Latina, un proyecto transformador o simplemente reformador está obligado a medir fuerzas, a confrontar. La palabra obligado resulta clave, porque no se trata de un rumbo escogido por un gobierno de raíces populares, sino de una decisión del establishment de no consensuar, su obsesión es impedir.

 

 

Sinrazones y evidencias del alza de precios

La argumentación monetarista de inflación por emisión y demanda no tiene sustento. Es una arcaica construcción teórica revitalizada en los centros de poder mundial con el pregón de los intelectuales orgánicos de Mont Pelerin, copiados por los vernáculos que construyeron una “comunidad académica” con los profesores y universidades cooptadas por el culto neoliberal. Menos sustento tiene en la Argentina, donde la evidencia mostró, en el crepúsculo del macrismo, como con la emisión congelada los precios revitalizaban su escalada. Y ahora en plena pandemia, luego de todo un período de caída de salarios, con niveles de pobreza que superan el 40%, y con una caída de las posibilidades fácticas de consumo por las condiciones de vida generadas por la peste, los precios siguen creciendo.

¿Pero dónde está la vanguardia del crecimiento de los precios? En los bienes esenciales. Particularmente en los alimentos. En los productos que los economistas llamamos de demanda rígida. Son tan indispensables que los sectores populares los demandan aun a precios más altos. Argentina tiene una característica particular: sus exportaciones tienen una predominancia de bienes salarios, artículos que son indispensables para la vida cotidiana. Los precios de los productos básicos (commodities agropecuarios), que son los insumos para su fabricación, han crecido estrepitosamente durante el último año. El precio de la soja subió un 76%, el del maíz un 100% y el del trigo aumentó un 30%. Estos crecimientos de precios responden a los valores en el golfo de México, o sea que son incrementos de sus precios en dólares. Es decir que si se supone que el dólar creció en Argentina emparejado con la inflación, estas subas son en términos reales, por encima de la inflación. Esta reflexión resulta necesaria porque el comportamiento de los precios internos se alinea con el crecimiento de los precios internacionales. Esa es la conducta de los productores y exportadores de esos bienes primarios. Esas alzas repercuten plenamente en las ventas internas de los bienes exportables, en los costos de los alimentos que se elaboran con ellos y en volúmenes de los márgenes de beneficios de las cadenas de comercialización. También esos impactos se expanden a los valores de los alquileres de los campos y en los de muchos servicios para la producción agropecuaria, frecuentemente valuados a precio de la soja.

 

 

Las causas de la inflación

Esta suba ha producido un impacto muy fuerte en los precios internos. Esta es la llamada inflación importada. Esta repercute fundamentalmente en los sectores populares ya que afecta una proporción mucho mayor de sus ingresos respecto a los de los sectores sociales más acomodados. Son bienes cuyo requerimiento tiene menos diferencias entre la demanda de los pobres y los ricos. Pero además, ese tipo de proceso inflacionario modifica los precios relativos entre la producción de las pymes industriales que venden en el mercado interno y la de los productores de la cadena agroalimentaria, amén de que al quedarse estos últimos con una mayor proporción del ingreso disponible por el carácter esencial de esas mercancías, restan capacidad de demanda sobre otros productos de la economía.

La cadena agroalimentaria aguas abajo, o sea los que producen bienes con los insumos granarios y oleaginosos, está altamente concentrada y es formadora de precios en el mercado local. Esas industrias agrupadas en la COPAL resisten las políticas de controles de precios que intentan desacoplar los de los alimentos de los impactos de la suba de los precios internacionales. Durante el año de pandemia y suba de precios de sus insumos han acumulado importantes beneficios. Esta es la prueba que la inflación que se vive hoy en Argentina –sustrayéndonos de los análisis teóricos por un momento- es la suma de la importada y el aumento de la cuota de ganancia de las empresas formadoras de precios. Eventualmente en algún período se pudo haber agregado inflación cambiaria, cuando la devaluación superó a la tasa de inflación. Lo que no hubo fue inflación de demanda ni de emisión. La puja distributiva fue débil, los salarios subieron por la escalera mientras los precios lo hicieron por el ascensor, fenómeno en que influyeron la pandemia, la caída del nivel de actividad y el crecimiento del desempleo.

El producto tradicional del consumo popular en Argentina es la carne vacuna. También hoy es una clave del crecimiento de los precios como resultado de la suba en el mercado mundial. A raíz del fuerte impacto en el costo de vida del pueblo originado por el comportamiento de la oferta cárnica, el gobierno argentino adoptó la prohibición de exportación de este bien.

En plena pandemia los integrantes de la Mesa de Enlace resisten la medida. No casualmente es tan difusa y confusa la línea argumental planteada en forma conjunta por la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Coninagro y Federación Agraria: que la decisión del gobierno nacional golpearía   «la oferta de un producto  valorado por los consumidores con la consecuencia inmediata de más aumentos”.  La amenaza se extiende ahora, por parte de CRA, a parar la comercialización de cereales.

La declaración de guerra de estas entidades ha ocultado el hecho que la disparada del precio de la carne vacuna en puntos de venta populares fue previa a la medida gubernamental, con un incremento del 148% desde principios de 2020.  No pueden justificar que la suba resulte de una presión de la demanda interna, porque la crisis económica y social causada por la pandemia y la política del gobierno de la alianza PRO-UCR provocó que el consumo actual por habitante sea de menos de 45 kilos anuales, los niveles históricos más bajos del país desde que se llevan registros.

Tampoco cabe a la entidades argumentar aduciendo una caída del stock de ganado del país por razones estructurales, económicas o climáticas, ya que este se ubica en 55 millones de cabezas, por sobre el promedio de 51 millones de las últimas décadas.

Cabe entonces preguntarse dónde está el juego de la oferta y la demanda que determinaría la presión alcista de un producto tan significativo.  La producción de carne vacuna del país se estima en algo más de 3.200.000 toneladas anuales, de las cuales  900.000 toneladas  serían  para la  exportación. Entonces, ante la caída de la demanda interna: ¿se reflejó el resultado en un crecimiento del comercio exterior argentino? De acuerdo a las cifras oficiales de INDEC no.   Las ventas totales al mundo de carne vacuna han venido descendiendo de 3.945  en 2019 a 3.419 millones en 2020,  y aun continuando la caída  en el primer cuatrimestre  de este año, pasando de 1.058 a 1.046 millones de dólares en relación al mismo período del año pasado (- 1,1%). Si se sostiene la producción, cae la demanda interna y las cifras de las exportaciones son raquíticas resulta lógico preguntarse si aquí hay » gato encerrado». O, de acuerdo a un dicho popular  que recuerda cuando las familias ganaderas a principios del siglo XX subían a los barcos transatlánticos un animal con un peón para desayunar con leche fresca en la travesía, si algunos tienen  «una vaca atada».

El aumento de los precios internos se da en paralelo al crecimiento sostenido de los precios internacionales de la carne, aun siendo que los precios declarados por los exportadores a la aduana argentina llamativamente reflejan una caída de más del 9% en el primer trimestre del año.  La inferencia inmediata que surge es que las operaciones  de exportaciones cárnicas no están reflejando la realidad, lo que  debe ser investigado exhaustivamente  y controlado por el Estado por tres motivos:

  1. la magnitud que pueden tener maniobras ilegales como la subfacturación de exportaciones y el contrabando, limitando el ingreso de divisas al país y reduciendo la imprescindible recaudación fiscal para afrontar la crisis sanitaria, económica y social,
  2. la succión por canales informales de exportación de la producción, impulsando un alza de precios,
  3. la generalización de las técnicas de la alimentación por «feed-lots» , que revelaría el impacto sobre los precios de la carne del aumento de los precios de granos y oleaginosas, impacto que también ocurre con los crecientemente significativos  productores aviares y porcinos.

 

 

Las retenciones

Es un momento adecuado para destacar las tres virtudes de los derechos de exportación:

  1. Un desacople del precio internacional respecto del vigente en el mercado interno. Por ejemplo si se aplicaran retenciones que socializaran la renta diferencial producto del aumento de los precios internacionales de un año atrás hasta hoy, el impacto sobre precios internos del 100% de suba de la soja, del 76% de aumento del maíz y del 30% del trigo, no repercutiría sobre el nivel de precios internos y tampoco sobre los costos de la producción de carne. Se neutralizaría la mayor presión inflacionaria que motiva la explosiva inflación que hoy abruma la coyuntura.
  2. Lo recaudado por las retenciones mejoraría notablemente el espacio fiscal del gobierno para desarrollar las políticas públicas de emergencia, indispensables para la atención de la pandemia.
  3. Invertiría el cambio de precios relativos que favorecen la reprimarización por otra estructura que promueva la diversificación productiva

Sin embargo los productores de carnes, los grandes industriales y las organizaciones empresariales rechazan la actualización de los derechos de exportación. Por el contrario piden pagar menos impuestos.  De lo que trata el conflicto es, similar a lo ocurrido en 2008, sobre la apropiación de una renta diferencial extraordinaria devenida de los precios record y basada en excepcionales cualidades  de los  recursos naturales del país. Decía David Ricardo en Principios de Economía y Tributación:  «El aumento de la renta es siempre  efecto de la riqueza del país y la dificultad del abastecimiento de su población creciente”. Paradójicamente cuando se habla que el país puede alimentar a centenas millones de personas en el mundo, aumenta la pobreza y la indigencia, siendo el alza de  los precios de los alimentos su motivo más directo.

De la renta  diferencial se benefician los integrantes del sector empresarial de la cadena agroindustrial, tanto por las exportaciones, como por la oligopolización de los mecanismos de oferta interna. Pero la oposición conjunta de todo el gran empresariado a los derechos de exportación obedece a su opción irreductible, aun a costa de ganar menos, de resistir la intervención del Estado en la economía ampliando el empleo, el gasto social y la producción. Prefieren el “estado de confianza”, basado en el debilitamiento de lo público, la reducción del presupuesto y una tasa de desempleo que debilite el salario y la fuerza de los trabajadores

El Estado y el control social deben intervenir en forma decidida para equilibrar un mercado interno  que ya está gravemente afectado, para lo cual esa conducta empresarial impide un camino consensualista.

La palabra retenciones es entendida hoy como una palabra maldita. Pero su no aplicación implica superbeneficios de minorías y penurias para los sectores populares. Los niveles de retenciones para los precios actuales, haciendo el ejercicio de aplicar la tabla de retenciones móviles que preveía la Resolución 125  -no aprobada por la obstinada resistencia del poder económico a una más justa apropiación social de una parte razonable de la renta diferencial del suelo argentino-, un 40% para el maíz en vez del 12% vigente actualmente. Para la soja correspondería una tasa del 49.33% en vez de la del 33% que rige hoy. Para el trigo el nivel debería ser del 20% en lugar del 12% actual. Las retenciones móviles se ajustarían automáticamente hacia arriba cuando la renta diferencial aumentase y a la baja cuando fuera inversa.

Sin embargo, su aplicación hoy no está en el centro del debate. Inclusive es memorado por sectores del propio oficialismo como una gran derrota, mientras se repliegan sobre una actitud autocrítica respecto de esa medida. Sin embargo, la resolución sobre los derechos de exportación fundó la experiencia kirchnerista, galvanizó una intensa fuerza popular que adhirió a un proyecto de transformaciones, la que luego libraría otras batallas de signo nacional, igualitario y emancipador. Algunas se ganaron, otras se perdieron o quedaron a medio hacer. El Chile de la alternancia pinochetista-concertación demostró la inviabilidad del consensualismo. En esa lógica el pueblo siempre perdió. Argentina necesita hoy de la construcción de una mayoría intensa, no sólo electoral sino participativa, dispuesta a poner el alma y el cuerpo en pos de una profundización de la democracia que requiere pujar y confrontar, porque si no se pierde siempre. Los gobiernos nacionales, democráticos y populares fueron resistidos, nunca aceptados por el poder económico concentrado. No hay alquimias para evitarlo

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2May/210

RIQUEZA CONCENTRADA, POBREZA EXTENDIDA

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El poder corporativo del empresariado no debe ni puede ser usado para limitar la democracia

POR GUILLERMO WIERZBA 

El poder económico concentrado en la Argentina está empeñado en que la sociedad se discipline en función de sus intereses. Definitivamente han asumido la posición de no aceptar lo que consiste un fundamento de la vida democrática y la convivencia: la existencia de límites. Aceptarla significa reconocer los derechos de los otros sectores de la Nación. La ciudadanía está atravesando los estragos de la pandemia, con sufrimiento, miedo, cambios en las condiciones y régimen de vida. Evitar que la reciente dinámica de agudo crecimiento de los afectados por la peste, de los internados, de los que llegan a estados críticos y de los que mueren, se consolide o crezca es de orden imperativo, y demanda de restricciones que inevitablemente conducen a la necesidad de compensaciones por medio del gasto social dirigido a los sectores populares que queden afectados por su aplicación.

El país ha llegado a una situación grave de polarización social. No sólo por la pandemia sino por los cuatro años de gobierno orientado a desposeer a las mayorías humildes y trabajadoras para recomponer un patrón económico regido por una lógica de objetivo único: rentas y ganancias extraordinarias acaparadas por un puñado de poderosos. Un 42% de la población hoy es pobre. Resultaría una degradación moral que puede llegar hasta la disolución de los principios constitutivos de la condición humana si el gasto social del gobierno no alcanzara para aliviar el sufrimiento de la mitad de la población del país. No se trata sólo de que no empeore la vida de los pobres sino de que mejore. Para lograrlo en pandemia se requiere más independencia y grados de libertad del poder elegido por el pueblo y no su debilitamiento.

 

 

La reforma del impuesto a las ganancias

Pero ocurren situaciones que van en un sentido contrario. Frente a un proyecto del gobierno de modificar las tasas del impuesto a las ganancias a las empresas, las centrales del gran empresariado –o hegemonizadas por él– salieron a cuestionar la reforma. Cuando los CEOs de sus empresas gestionaban el gobierno que presidía Mauricio Macri, la alícuota de ese tributo se redujo del 35% al 25% y para alcanzar esa reducción se estableció un sendero decreciente que culminaba en 2021. Ahora el gobierno del Presidente Alberto Fernández decidió impulsar un proyecto con una regla de progresividad, que dependiendo del monto de ganancias que las empresas obtengan, hacen variar el impuesto desde un piso del 25% hasta un máximo próximo al 35%, que sólo deberían pagar un 10% de las empresas: las grandes, las que capturan grandes ganancias por período fiscal. O sea que las pequeñas empresas no se verán afectadas.

Pero la UIA en su documento respecto del Proyecto de Ley introduce la idea de un aumento del 10% del impuesto sin especificaciones, como un tipo de “consigna negativa”. Para luego, cuando se refiere a las pymes, sostener que la medida no alcanza porque debería ser acompañada por otras y subraya que las firmas pequeñas sólo conservan la tasa previa, sin reducción alguna. El texto dice que la Argentina tiene una presión tributaria alta (29%), para lo que recurre a compararla con países reprimarizados con economías sujetas a los paradigmas neoliberales, que aplicaron a rajatabla las recetas del Consenso de Washington, como Colombia , Chile y Ecuador (20, 21 y 20% respectivamente). El documento de la UIA omite referir a otros países de la región como Brasil, que tiene cuatro puntos más de presión tributaria que Argentina, y a Uruguay, que tiene un punto más. Tampoco menciona la presión de países de otras latitudes y desarrollos diversos como Francia, Bélgica y Finlandia, que alcanzan el 45% del PBI, o Túnez, Letonia y Lituania, que también superan el guarismo argentino.

Dice el documento de la UIA que “tanto por los efectos de la pandemia como por el estancamiento de la economía en los últimos diez años, la Argentina necesita consolidar medidas activas que: incentiven las inversiones, promuevan la producción, fomenten la agregación de valor y generen empleo formal. La modificación de la alícuota de Ganancias para empresas va en sentido contrario de estos objetivos, generando nuevos obstáculos para lograr la recuperación económica”. La institución presidida por Miguel Acevedo, de Aceitera General Deheza, y cuyas vicepresidencias incluyen a Luis Betnazza de Techint y Cristiano Ratazzi de Fiat, levanta las ideas del “ofertismo” neoliberal: para ellos los impuestos disminuyen los incentivos a la Inversión. Sin embargo, cuando se los bajaron tampoco realizaron inversiones productivas.

Afirmaciones como las que sugieren que la pandemia reclama reducciones de tributos y exige incentivos económicos para las grandes empresas –como las que presiden los directivos de la UIA mencionados– constituyen dichos y hechos de gravedad, tanto si son observados desde una perspectiva ética o con la preocupación sobre las ideas que circulan entre las clases poderosas del país. Que la entidad que se reclama de los industriales exhiba a Chile como referencia comparativa de la recaudación tributaria desautoriza a su dirección como representativa de la misión que la UIA pretendería encarnar. El país transcordillerano tiene una economía reprimarizada, con una desigualdad estructural aguda, mientras la pandemia ha demostrado la incapacidad de su modelo para desarrollar un sistema de salud que supere la precarización. Peor aún es compararse con el Ecuador de Lenin Moreno, en que los muertos por la peste llegaron a acumularse en las calles.

La inversión privada que requiere el país está asociada al impulso de la demanda y no a la especulación con rentas y ganancias extraordinarias. Y en pandemia se deben recaudar más impuestos. Los enriquecidos deberían pensar que es un momento de interrupción de su acumulación de riqueza. En seguir produciendo aun sin ganar. La prioridad es atender la emergencia.

Con el nuevo esquema para el tributo a las ganancias propuesto por el gobierno nacional las empresas que ganen hasta 5 millones de pesos pagarán el 25%; de ahí hasta los 20 millones tributarán hasta una alícuota en escala que llega al 30%, compuesta por un monto fijo y una tasa, y las que superen esa suma tendrán una escala, construida del mismo modo, que llega hasta el 35%. Es una reforma con una tasa menos exigente que la general del 35% que había en 2015. Los dividendos distribuidos pagarán una tasa del 7%, inferior al 10% que regía en ese año.

Es decir que la reforma del impuesto a las ganancias tiene un ingrediente positivo porque introduce una lógica de progresividad, pero las tasas para las empresas son menos exigentes en relación a la que regía en el período de los gobiernos nacional-populares de la etapa 2003-2015.

Los números exhibidos más arriba demuestran lo mal informado que está el presidente de la AEA, Jaime Campos, cuando afirma que “el sector privado está sometido a una carga tributaria muy elevada y creciente, y lo que corresponde en pandemia sería plantear una estrategia definida de baja de tributos”. Los mismos conceptos que en la UIA, en boca de quien preside la entidad continuadora de la CEA, en la que Martínez de Hoz preparaba su plan desindustrializador y antipopular que aplicaría como ministro durante el terrorismo de Estado. Pareciera que la estrategia de “captura institucional” de la UIA por parte de la AEA estaría en pleno despliegue.

 

 

La cuestión del límite

Es el mismo clima alarmante en que muchos de los grandes empresarios judicializan su obligación de realizar el aporte solidario a las grandes fortunas, presos de una conducta y una concepción de vida antihumanista.

Pero no es sólo esto: hoy se evidencia que el poder económico no está dispuesto a conciliar ni disciplinarse con otra política que la de las reformas liberalizadoras y desintervencionistas de la economía. Son ejemplos la insólita resistencia a la intervención de Vicentín, grupo sobre el cual ha quedado evidenciada cada vez más su conducta fraudulenta, y también el griterío contra cualquier intento de subir la tasa de retenciones, elevación que con los precios internacionales de hoy se hace indispensable para poder evitar la suba permanente de los bienes-salario que soportan los sectores populares.

El tema de los precios condensa la dinámica del poder del gran empresariado. En medio del drama del coronavirus, aumentan incesante y desmedidamente, empobreciendo a la población. Resisten las regulaciones con maniobras que afectan el abastecimiento, con estrategias de diferenciación de productos que sólo persiguen el objetivo de eludir dichas regulaciones del Estado, y también juegan a la excusa de argüir la responsabilidad “del otro”. Asimismo las empresas proveedoras de servicios públicos monopólicos claman por aumentos de tarifas luego de gozar durante el gobierno de Cambiemos de permanentes privilegios y superganancias.

Esta conducta del gran empresariado es la contracara del 42% de pobreza. La pobreza no se explica sin esa acumulación de riqueza. La distribución del ingreso es un imperativo de la hora. La pandemia y la pobreza exigen que el presupuesto tenga un sesgo decididamente marcado en esa dirección. Su tamaño debería ser mayor, el gasto más grande y la presión tributaria más intensa. El déficit fiscal nunca debería operar como una razón para reducir el gasto social. Habría hoy que revisar las cuentas para garantizar que el gasto en épocas de drama social como el actual sea, en términos reales, superior a los años de normalidad.

El gobierno democrático tiene el derecho a ejercer el poder del Estado. Ese poder se nutre de la construcción de consensos, de la disposición del aparato estatal que le permita crear las condiciones para la construcción de esos consensos, y también de la potestad para obligar a cumplir con lo dispuesto por las autoridades de fuente popular. Los impuestos se deben pagar, los aportes de emergencia también, así como imperioso es el cumplimiento efectivo de las regulaciones de precios. El poder corporativo del empresariado no debe ni puede ser utilizado para limitar la democracia, mucho menos en la instancia que vivimos.

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4Abr/210

CUESTIÓN DE FONDO

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Reconquistar la autonomía nacional exige lograr una refinanciación de más de 20 años con el FMI

POR GUILLERMO WIERZBA  
Movilización contra el FMI en 2019. Foto Télam.

El gobierno del Frente de Todos, apenas superados los 90 días de su asunción, tuvo que lidiar con la pandemia y sus efectos sobre la economía, que permanecen en el presente y amenazan con agudizarse por la segunda ola que se extiende tanto a nivel global como regional. Así, la reciente medición de la pobreza para el segundo semestre del 2020 arroja un 42% frente al 35,5 del último semestre de 2019, mostrando un empeoramiento de las condiciones de vida. La indigencia también superó a la de 2019, alcanzando un 10,5% sobre el 8% de aquel momento. La pobreza de la población menor a los 14 años es del 57,7% y subió más de 5 puntos en un año.

Los economistas ortodoxos machacan absurdamente en responsabilizar de estos números a la cuarentena extensa que dispuso el Presidente Alberto Fernández cuando comenzó la peste. Descalifican una medida acertadísima que permitió la expansión estructural del sistema sanitario, evitando su saturación y desborde, sin la cual el Covid-19 hubiera provocado un impacto diferencial, desembocando en un drama y desorden social y económico. Los ejemplos de los que evitaron medidas severas al principio son muy cercanos: Brasil vive una catástrofe de la mano del ultraderechista Jair Bolsonaro como Presidente y el neoliberal ortodoxo Paulo Nunes Guedes al mando de su economía.

Los que son críticos de esa perspectiva suelen adjudicar la razón de la situación de retroceso social a dos causales concurrentes: la herencia del gobierno de Macri junto a las graves consecuencias de la pandemia. Sin embargo, una propuesta alternativa sería listar cuatro concausas responsables del deterioro de las condiciones de vida de las mayorías populares:

  • La herencia del gobierno del tercer turno neoliberal, que al igual que sus dos predecesores concluyó su mandato dejando acrecidos niveles de endeudamiento, desindustrialización, precarización laboral, empeoramiento de la distribución del ingreso y de la pobreza.
  • La pandemia del Covid-19, con su inevitable efecto sobre el aparato productivo y el nivel de actividad económica. No sólo por las limitaciones a la vida normal y su impacto en el consumo y la demanda local sino también por las provenientes de las condiciones de comportamiento de los agentes de la economía mundial.
  • El tamaño inédito del endeudamiento heredado con el FMI, que incide en precauciones fiscalistas que perjudican la utilización a pleno de las políticas públicas. La búsqueda de un entendimiento “ordenado” con la burocracia y autoridades de ese organismo no crea nunca un buen clima para la expansión decidida del gasto público, imprescindible para momentos como el presente. Tres cuestiones reflejan este problema: la eliminación precoz del IFE y los ATP, el retardo en la implementación de una política de shock de demanda mediante el impulso de la recuperación salarial, de las jubilaciones y otras asignaciones, así como en la adopción de un decidido incremento de la inversión pública.
  • El papel de los grandes formadores de precios locales que han resistido las diferentes políticas de ordenamiento, regulación y control de precios. Estos han subido desmedidamente durante la pandemia debido a la puja distributiva de carácter desigual desatada por ese poder económico concentrado frente a la inevitable restricción que la pandemia impone a los sectores populares para movilizarse en resistencia.

 

 

El FMI: un organismo de intervencionismo financiero

Los intelectuales orgánicos del neoliberalismo intentan desdramatizar la deuda con el FMI. Frente a la advertencia sobre el carácter impagable que tiene la deuda argentina, replican argumentando que todas las deudas de los países tienen diseños impagables y que, por lo tanto, lo que hacen los gobernantes es renovarlas. A su vez, sostienen que los intereses que cobra el organismo internacional son bajos y que por lo tanto no es cuestión de andar pidiendo rebajas. Los menos precavidos respecto al problema central que abordaremos sostienen que el país se puede ordenar sólo si se acuerda un programa con el FMI. Las autoridades del Fondo mientras tanto sostienen que los plazos, condiciones y diseños para sus préstamos están establecidos y no existen posibilidades de consideraciones de excepcionalidad. Agregan que el fondeo de la institución es un fondo rotatorio constituido por el aporte de sus países socios y que por eso es imposible cualquier quita. Toda esta serie de articulación de deseos, caracterizaciones y limitaciones lleva a construir las condiciones para la resignación a la inexistencia de posibilidad de plazos mayores a diez años –que es el que ofrece la línea de facilidades extendidas–, de reducción de tasas de interés y de quitas de capital.

En el prólogo de Historia crítica del FMI, el gendarme de las finanzas (Oscar Ugarteche, Capital Intelectual, 2016) el historiador mexicano Carlos Marichal escribe que “el FMI no sólo ha empujado el avance de una globalización financiera que mina la soberanía de las naciones del sur, sino que ha tratado de romper los intentos de unificarse y hacer coaliciones regionales en contra del neoliberalismo”. Lo expresado por Marichal anticipa muy bien las razones por las que el FMI sí se permitió la asistencia excepcional que le brindó al gobierno de Macri tratando de posibilitar su reelección. Una de ellas es funcional con la política del lawfare desplegada en la región: desarticular el proceso de Unidad Latinoamericana e impedir luego cualquier rearme de la misma. Como el mismo ex Presidente entusiasta de la Fundación Libertad confesó, el apoyo financiero que recibió fue por preferencias políticas. Efectivamente, tal como sostuvo Cristina Fernández en Las Flores, el Fondo otorgó un crédito por un monto que más que duplicaba su atribución estatutaria por indicación del Presidente de los Estados Unidos, país que tiene el control hegemónico en ese organismo con el 16.5% del poder de voto, cuando las decisiones de importancia requieren el 85% de los sufragios. Nada significativo se puede hacer si no se cuenta con el beneplácito de la superpotencia del norte.

Antony Blinken, secretario de Estado de Joe Biden, pidió esta semana la liberación de la ex dictadora Jeanine Añez –refieriéndose a la misma como interina– y de dos de los que fueran sus ministros, además de manifestar que “Estados Unidos está profundamente preocupado por los crecientes indicios de comportamiento antidemocrático y la politización del sistema legal en Bolivia”. El reemplazante de Donald Trump irrumpe con el objetivo continuista de la política de su predecesor respecto del activismo para evitar la recomposición de una perspectiva de autonomía y unidad para América Latina. Marichal continúa en su prólogo reflexionando que “desde sus estatutos originales, el FMI tiene entre sus objetivos principales contribuir a mantener la estabilidad financiera a escala internacional, lo cual implica supervisar la banca y las finanzas internacionales con el objeto de anticipar serios problemas financieros a los países miembros. Pero –¡oh, sorpresa!– en el caso de los países en desarrollo y, en particular, de Latinoamérica, y de manera reiterada, el FMI ni ha previsto ni ha anunciado los peligros de crisis inminentes, pese a que ha tenido y tiene toda la información requerida para hacer sonar las alarmas. Al contrario, con frecuencia ha sido testigo mudo de aquellas peligrosas coyunturas mientras se estaban gestando las crisis, para luego ingresar como el bombero al rescate a posteriori, cuando ya era demasiado tarde para evitar la catástrofe. Las razones son manifiestas: el FMI no adquiere más poder si prevé y disuade las crisis. En cambio, después de que explotan las crisis el FMI asume el papel de bombero de fuegos financieros, lo cual aumenta su poder enormemente, en tanto organiza los rescates e impone sus puntos de vista, así como sus estrategias y requerimientos, a los gobiernos deudores en problemas”. La conceptualización de Marichal calza como anillo al dedo al rol del Fondo en la crisis de la deuda macrista. El carácter político del préstamo para favorecer la reelección de Macri aportaba, también, a la restauración hegemónica de los Estados Unidos en la región. Hay una estrategia lawfare-FMI en Argentina y en la región. Ni el cambio de Christine Lagarde por Kristalina Georgieva, ni el de Trump por Biden han de modificar ese plan. Los rumbos del FMI no atienden a estilos personales sino a estrategias de largo alcance de las potencias centrales, especialmente del aparato militar-industrial-financiero estadounidense.

La diputada nacional Fernanda Vallejos recuerda en un tweet del 30 de marzo que el préstamo stand-by terminó representando, cuando se amplió a 57.000 millones de dólares, casi el 1300% de la cuota argentina en el FMI, pese a que el límite tolerado para este tipo de acuerdos por las normas del fondo es el 435%. Finalmente se usaron 44.000 millones, el doble del tope reglamentado. El mismo Fondo reconoció, continúa Vallejos, la insostenibilidad del nivel y de la arquitectura del préstamo. Se quebrantaron “todas las normas para otorgar esto que fue un disparate, ¿por qué no puede haber flexibilidad para encontrar una solución a algo que, indudablemente, estuvo mal dado?” Como dicen los intelectuales y operadores mediáticos del establishment, las deudas de los Estados son impagables por eso las refinancian. La observación que continúa a ese dictamen es que consiguen refinanciarla si realizan políticas generadoras de confianza en los mercados financieros, que son las que coinciden con aceptar expresa o implícitamente las condicionalidades que el FMI impone.

Es por esta razón que la solución razonable, de reconquista de la autonomía nacional, consiste en que la refinanciación sea sostenible, mediante un monto anual de servicio de intereses y capital que pueda ser pagado sin necesidad de discutir refinanciaciones, que se convierten luego en un permanente condicionamiento de la política económica. Por lo anticipado, una refinanciación de más de 20 años con un quinquenio de gracia –lo mínimo que se requiere para la sustentabilidad– sin condicionalidades estructurales ni restrictivas, no será fruto de una concesión ni espíritu comprensivo del FMI sino de una actitud firmísima del gobierno nacional y popular. Porque como investigó Noemí Brenta en Argentina atrapada, los “acuerdos de facilidades ampliadas” le permiten al FMI, a partir de extender los plazos, intensificar su injerencia en las economías prestatarias. Todas estas características y reflexiones son las que llevaron la convicción a Néstor Kirchner sobre la necesidad de cancelar íntegramente la deuda con el FMI en el 2005. También las que indujeron al FMI a abrazar a Macri para macroendeudarnos nuevamente.

 

 

Rodolfo Puiggrós

Este notable historiador marxista afirmaba en Pueblo y oligarquía (Corregidor, 1972) que “a los políticos que se valen de la historia y de la economía como muletillas ajenas o contrarias al devenir nacional, les vienen de perillas las tesis de los economistas o historiadores que ocultan o subestiman la función determinante de las causas internas en el desarrollo de la sociedad. Entre el economista que propone contraer empréstitos o buscar gravosas e incontroladas inversiones en el extranjero con el objeto de remediar dudosas crisis, el político que espera alcanzar el poder mediante la ayuda de una gran potencia y el historiador que reduce el pasado de su país a una serie de hechos cronologados formalmente con los hechos mundiales, hay diferencias de profesión y no de calidad. Todos ellos poseen la mala conciencia que en las colonias, dependencias y factorías, marca con su deleznable sello a las clases sociales enajenadas a las ideas y los intereses del imperialismo extranjero… No es que las causas externas dejen de tener influencia, a veces primordial, en el nacer y desarrollarse de la sociedad. El error consiste en colocarlas en el lugar correspondiente a las causas internas… Las causas externas intervienen en los cambios sociales a través de las causas internas en la medida en que estas se lo permiten”. Esta cita tiene una doble dirección: una respecto a una cuestión interna y la segunda a su vínculo con la propia relación con el FMI.

El poder concentrado de las grandes empresas locales les permite fijar precios para maximizar ganancias, aun en plena pandemia. Son inconmovibles a los llamados a la solidaridad. Tienen la misma conducta deshumanizada que permite la concentración de las vacunas en un puñado de países mientras hay otros que no han recibido ninguna dosis hasta el momento. Pero la lógica de esos empresarios no se detiene en el aumento desmedido de precios. También promueven que el Estado gaste poco para garantizar su debilidad y, en consecuencia, conservar para un grupo de actores privados la dirección de la economía. Además desean dolarizar sus ganancias y mantener la mayoría de sus activos en el exterior, restándolos a la posibilidad de invertir internamente. Por eso insisten en liberalizar el mercado de cambios y en autorizar el movimiento irrestricto de capitales con el exterior. Pero también aspiran a una legislación que desregule el mercado de trabajo, para poder competir con bajos salarios, y también pregonan la desregulación de importaciones para reducir costos, aun a costa de convertir sus industrias en armadurías.

En vez de responder con actitud ciudadana al aporte solidario de las grandes fortunas, muchos litigan para no pagar. Las firmas que integran la cadena de bienes agroindustriales, que participan mayoritariamente de las exportaciones del país, se oponen a la intervención del Estado en el comercio exterior y resisten a las retenciones, manteniéndose amenazantes contra cualquier aumento en las mismas, porque quieren apropiarse de las rentas diferenciales extraordinarias. Estos agentes internos tienen suficientes razones para contentarse con la presencia permanente del FMI y sus programas de reformas pro-mercado y contrarias a la intervención estatal. Sus móviles principales se alinean con ese paradigma, antagónico al de los intereses de las pymes. Móviles muy diferentes respecto de la porción de la burguesía nacional –que aniquiló la dictadura terrorista–, que aliada con los asalariados constituía parte de un proyecto nacional que requería la expansión del mercado interno sobre la base de salarios e ingresos dignos de los sectores populares.

Muy vigente resulta el epígrafe de Mario Rapoport en Las políticas económicas de la Argentina, una breve historia (Booket, 2010), citando a Manuel Belgrano: “Yo espero… evitar los grandes monopolios que en esta parte tengo noticias se ejecutan en esta capital, por aquellos hombres que desprendidos de todo amor hacia sus semejantes sólo aspiran a su interés particular, y nada les importa el que la clase más útil del Estado, o como dicen los economistas, la clase productiva de la sociedad, viva en la miseria y desnudez que es consiguiente a estos procedimientos”.

 

 

El déficit fiscal

El equilibrio fiscal es la condicionalidad central que impone el FMI. El logro de esa meta bajo condiciones recesivas se sustenta en la reducción del gasto público que empuja la recaudación impositiva hacia abajo exigiendo luego recaudar menos. Es el camino de la recesión profunda. El superávit fiscal que se obtuvo en la primera etapa del ciclo nacional, democrático y popular se debió a que la altísima tasa de crecimiento del PBI aumentó la recaudación. Pero el gasto público no decrecía en relación a esa variable, la tendencia fue inversa. Por eso el cierre de la ecuación presupuestaria con superávit o déficit es de orden económico. No es una ecuación contable. La idea de que no se puede gastar más de lo que se tiene corresponde a actores privados. El Estado posee la potestad de definir la cantidad de dinero de la economía e incidir sobre su oferta y su demanda. Emitiendo e invirtiendo. Por eso pierde sentido la idea de “gastar lo que se tiene”. El resultado del presupuesto debe constituir lo menos negociable con el FMI. No sólo porque de él depende el tamaño del gasto necesario para mitigar, reducir y erradicar la pobreza y la indigencia –a través del impulso del crecimiento y de la determinación del volumen del gasto social–, sino porque es una cuestión de soberanía. El poder monopólico del Estado sobre la moneda propia debe ser innegociable.

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28Mar/210

HABLAR FUERTE

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La economía masacrada y las palabras de Cristina Fernández de Kirchner

POR GUILLERMO WIERZBA  

Eduardo Basualdo sigue esta línea reflexiva en Sistema Político y Modelo de Acumulación en la Argentina, afirmando que los sectores dominantes detentadores del poder real asaltaron el gobierno con el objetivo de “destruir la identidad nacional de los sectores populares que se expresa en el peronismo, arrasando con la alianza social policlasista que se había conformado durante [la referida] sustitución de importaciones” y agrega que “ la dictadura interrumpe la industrialización e impone un comportamiento nuevo que está basado en la valorización financiera”. Cristina Fernández lo confirma pedagógicamente comparando la cultura del trabajo y la producción, centrada en las preocupaciones y el esfuerzo por acceder a la vivienda digna, a la educación, al empleo y a la disposición de niveles de vida crecientes, con el modelo plutócrata que expulsó de esas posibilidades a los sectores populares. Concurrentemente las conductas productivas fueron reemplazadas por las especulativas. El dólar y su precio, el plazo fijo y la tasa de interés, fueron el nuevo eje del debate económico y la inquietud cotidiana.

 

 

El programa que nunca abandonaron

Martínez de Hoz, quien fuera el superministro de economía del gobierno de la masacre, fue el exponente emblemático de los sectores civiles y del poder económico instigadores del golpe, de la política y de la transformación económica que se llevó a cabo. Previamente había sido Presidente del CEA (Consejo Empresario Argentino) que hoy luce con la cara lavada en la institución que lo sucede, la AEA (Asociación Empresaria Argentina). En el CEA, Martínez de Hoz había concebido los instrumentos con los que diseñó la imposición de un nuevo modelo económico. La Sociedad Rural y la UIA también respaldaron a los golpistas. En 1980, en un discurso de balance de su gestión el Ministro terrorista de Estado reivindicaba doce puntos centrales de las transformaciones emprendidas:

  • La libertad de precios y la eliminación de todos los controles sobre los mismos.
  • La libertad de transacciones cambiarias articulada con la eliminación de los controles de cambios.
  • La libertad del Comercio Exterior.
  • La libertad de exportaciones, mediante la eliminación de prohibiciones y de impuestos a las exportaciones.
  • La libertad de importaciones, terminando con los controles, las prohibiciones y las cuotificaciones.
  • La libertad de la tasa de interés y la aplicación de una reforma financiera desreguladora de la actividad.
  • La eliminación de las tarifas políticas en la fijación de los valores de los servicios públicos.
  • La reducción del déficit fiscal y su financiamiento no inflacionario, acompañado por la reducción del gasto público y su racionalización.
  • La eliminación de los subsidios y los proteccionismos distorsivos sobre actividades específicas.
  • La libertad de contratación salarial, con el sólo límite de la existencia de un salario mínimo.
  • La libertad a la Inversión extranjera.
  • La privatización de empresas estatales.

Nótese el significado que los liberales neo le otorgan a la palabra libertad, a la que deliberadamente dejan asociada a las liberalizaciones y el endiosamiento mercantil, mientras construían una sociedad represiva, con un Estado que operaba desdoblado con una cara legal y otro rostro clandestino, que violaba sistemáticamente el derecho a la vida, los derechos políticos y los económicos y sociales. En ese balance, Martínez de Hoz destacaba que la subsidiaridad del Estado y la apertura de la economía eran los pilares del nuevo modelo productivo argentino. En su libro Bases para una Argentina moderna, escrito en 1981, define que el Estado dejará de afectar la asignación de recursos abandonando sobreprotecciones arancelarias, cuotificaciones de cualquier carácter, tipos de cambio diferenciales, precios máximos y cualquier clase de regulaciones. También afirma que los conceptos de sustitución de importaciones, ahorro de divisas, fomento de las industrias de mayor valor agregado son criterios de industrialización que excluyen el parámetro fundamental de la competitividad, lamentándose que se encuentren profundamente arraigados y provocando posturas irracionales que dificultan el proceso de industrialización. El libro se lo prologó el genocida Videla, quien adjudica a los principios que enuncia Martínez de Hoz su inspiración en la defensa de la libertad, “que es el bien más preciado que Dios ha conferido al hombre”.

 

 

El cepo de la deuda externa

La política del Terrorismo de Estado condujo a un endeudamiento externo sin antecedentes. Cristina Fernández apuntó con precisión en su discurso del 24 de marzo que los instigadores y copartícipes del golpe de 1976 fueron los mismos que luego llegaron por la vía electoral al poder en el año 2015, y volvieron a lograr un nuevo récord de endeudamiento. Acompañó esta reflexión explicitando que los Estados Unidos habían sido complacientes con el golpe, que luego apoyaron al enemigo de la Argentina en la guerra de las Malvinas, y que recientemente se comprometieron en respaldar a los burócratas del FMI favoreciendo el otorgamiento de un nivel de préstamos insostenible para la Argentina, que sólo sirvió para financiar la fuga, y cuya instrumentación violó tanto la Ley argentina como el dispositivo normativo del organismo internacional.

Revisando los doce puntos expuestos como instrumentos del programa económico de la dictadura, también se encuentra una notable y profunda coincidencia con el programa llevado adelante por el gobierno de Cambiemos. La AEA hoy reivindica el mismo ideario, las mismas faenas y se pronuncia enfáticamente por esos principios. Lo mismo ocurre con la mayoría de los dirigentes de otras grandes organizaciones empresariales, coinciden con resistir la desarticulación del modelo económico impuesto por el gobierno de la masacre. Es un designio que no podrían conseguir si se lograra recuperar consolidadamente el sentido común y la cultura popular del trabajo y la producción, desplazando la lógica miserable de la especulación. La articulación de las asociaciones de los grandes empresarios con los medios de comunicación concentrados constituye una necesidad clave para evitar esa revitalización ciudadana.

Una muy grave herencia de la dictadura y del gobierno de Cambiemos es la deuda externa. En el caso del último gobierno, más pesada aún por la fuerte dependencia articulada con el FMI, una institución de la decadente arquitectura financiera internacional, que se resiste a flexibilizar plazos, tasas y montos, flexibilización imprescindible para una reestructuración de la deuda, sustentable con las posibilidades de desarrollo nacional y que aleje la amenaza de un agudo empobrecimiento de las mayorías populares.

El vocero del FMI Gerry Rice sostuvo el jueves 25 de marzo que los términos que se negocian en el acuerdo con la Argentina son los mismos que se aplican uniformemente a todos los países. Doble vara, como sostuvo Cristina Fernández el 24 de marzo, porque al momento de otorgarlo se autorizaron criterios especiales y excepcionales, con el fin de intervenir en los asuntos internos argentinos, en procura del fondeo de la reelección del gobierno del poder económico que representaba la Alianza Cambiemos.

Es que esta arquitectura financiera está constituida por organismos que han sido penetrados y luego configurados por los intereses y las lógicas de la financiarización. Lo actuado por el FMI en la Argentina tal vez sea la muestra más grosera de la crisis y decrepitud de esa arquitectura financiera, que se agravaría sino se flexibilizan las condiciones para la refinanciación de la acreencia más voluminosa que tiene el organismo. Si se la pretende enclaustrar en el diseño de un préstamo de facilidades extendidas de formato habitual, se exhibiría la falta de disposición del Fondo a evitar arrojar al país deudor a la recesión y el retroceso. Más aun, porque se sumarán a esa insustentabilidad los intentos por imponer las siempre regresivas e inconvenientes condicionalidades.

 

 

Haciendo trampa

El poder concentrado siempre se ha negado a que el poder democrático participe de las definiciones y dirección de la actividad económica. Los organismos internacionales de crédito han buscado y bregado por debilitar a los Estados para evitar que estos pongan fin a la financiarización. Han actuado favoreciendo a los rentistas y fondos de inversión. Estimularon negocios como la privatización de las jubilaciones y de la salud, cuyas consecuencias quedaron expuestas durante la pandemia. Para promover estos objetivos poco loables han presionado denodadamente por la reducción del déficit fiscal, y para lograrlo impulsaron el achique del gasto público.

Es así que la corporación de los economistas que juegan el rol de intelectuales orgánicos de la minoría plutocrática del poder concentrado y las finanzas transnacionalizadas, se esmeran por plantear que los problemas de crisis y endeudamiento de las economías dependiente-periféricas tienen su génesis en el déficit fiscal y no el déficit externo. Así el ex ministro Hernán Lacunza, el que dispuso la rareza de defaultear deuda en moneda propia, agudizando la crisis en lugar de aliviarla, reaccionó frente al discurso de Cristina Fernández arguyendo que el déficit es la causa y la deuda la consecuencia. Profetizó que gastar es fácil y ahorrar es difícil, una verdadera desfachatez para el administrador de una política que arrojó a la pobreza a millones de argentinos, abandonando el poder con una tasa superior al 35% de la población en esa condición, cuando el coronavirus era todavía desconocido. Continúa Lacunza, ocurrente pero falseando: “La deuda la genera el que gasta más de lo que tiene, no el que la documenta”, usando la errónea homologación entre déficit en pesos y déficit en divisas, y entre la economía de una nación y la de una empresa. Las empresas no pueden crear moneda, el Estado sí puede hacerlo. El Estado argentino puede crear pesos, pero no dólares. Dos cuestiones tan simples de explicar así como tan ocultadas por la economía ortodoxa.

La idea que se repite para que el cansancio de escucharla termine por conseguir su readmisión por la ciudadanía es que el gobierno de Macri tomó la deuda externa, que culminó en su corrida en búsqueda del amparo del FMI, por la necesidad de financiar el déficit fiscal en pesos. Lacunza hace trampa. Porque el déficit en pesos el país lo puede cubrir con emisión de moneda propia. Mucho más sano que ir a buscar dólares para vendérselos a los capitales internacionales deseosos de fugar y usar los pesos de esa venta para cubrir el déficit fiscal. Si se evitan esos despropósitos y maniobras, el déficit externo es de orden estructural al subdesarrollo y no una cuestión de disciplina fiscal. Cambiar deuda en moneda soberana por deuda en divisas constituye lisa y llanamente una política que provoca dependencia en lugar de promover el desarrollo. Luciano Laspina es otro economista de la derecha opositora que dice una cosa por otra cuando afirma que Cambiemos se hizo cargo de las deudas del gobierno anterior. Toda la deuda tomada con el FMI fue dilapidada por la rauda fuga de capitales que, en connivencia con el mismo FMI, el gobierno de Macri propició.

 

 

Hablar fuerte

En el texto que Rodolfo Walsh escribió en la Carta Abierta a la Junta Militar, refiriéndose a la represión genocida expresaba: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada…  Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%… Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales”. La herencia económica que dejó la alianza PRO-UCR, sumada a las dramáticas condiciones económico-sociales develadas y expandidas por la pandemia del Covid-19 en un mundo injusto y desigual, deben prevenir respecto a que la dramática descripción de la vida social que con precisión expuso Walsh sobre la época del Terrorismo de Estado, no se reitere con las instituciones republicanas funcionando, como consecuencia de las presiones e imposiciones de la misma plutocracia y del mismo organismo financiero internacional que determinaron la política económica de aquél período. La lideresa del Frente de Todos seguramente ha advertido ese riesgo. Por eso habló fuerte en el 45° aniversario del inicio de dolores irreparables para el pueblo argentino.

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21Mar/210

PRECIOS CONSPIRADOS

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El debate sobre el déficit fiscal y su significado

POR GUILLERMO WIERZBA  
Hoy en la Argentina se discuten dos temas económicos que alcanzan un alto voltaje. La deuda con el FMI y la intensa suba de los precios, especialmente de aquellos que tienen que ver con el consumo diario de los sectores populares. Este segundo tema ha convocado a una discusión sobre política y economía. Los partidarios de pensar las cuestiones de la vida social con la mirada tradicional de la economía ortodoxa, le dan preeminencia a la política monetaria y fiscal como instrumento para dominar la suba de los precios —la inflación— y a lo sumo aceptan sin demasiado entusiasmo el establecimiento de medidas sobre la relación precios/salarios, como procedimiento sólo circunstancial.

El Déficit Fiscal

El déficit fiscal resulta la base sobre la que se asienta la pasión de la corriente neoclásica. Tanto en términos del combate a la inflación como de variable macroeconómica estrella para negociar con el FMI. El diagnóstico de los economistas que transitaron, y transitan, la economía neoliberal, se nutre mucho más del sentido común que del análisis científico. Dicen que si el Estado gasta más de lo que recauda y no tiene margen para endeudarse, entonces incurre en déficit fiscal que debe financiar con la creación de moneda doméstica (en nuestro caso pesos). De allí se dirigen derechito a la teoría cuantitativa del dinero y postulan que si la cantidad de dinero aumenta respecto de la masa de bienes existentes, provoca el aumento de los precios. Este modo de razonar no es inocente respecto del sujeto imputado, ya que la responsabilidad sería del gobierno por no disciplinar el presupuesto y equilibrar las cuentas públicas. Sin embargo, a esta mirada tan atrayente e intuitiva como precopernicana, que suena tan verdadera como que el sol gira alrededor de la tierra, se le opone una inversa: que los precios aumentan por decisión del empresariado concentrado que está en condiciones de fijar sus valores en los mercados, esos incrementos desatan una lucha reivindicativa de los sectores de ingresos fijos que reclaman aumentos de salarios públicos y privados e incrementos de jubilaciones y otras prestaciones sociales a cargo del Estado. La demanda de crédito público y privado para atender el nuevo nivel de precios e ingresos de la economía presionaría sobre la necesidad de emisión de dinero por parte del gobierno. Por otra parte si los empresarios que aumentaron precios, y en general consiguieron mejoras en sus ganancias, se resisten a financiar las mayores erogaciones en las que debe incurrir el Estado mediante el pago de mayores tributos, hay un deterioro del saldo fiscal de las cuentas públicas.

La ecuación con la cual se analizan las dos miradas podría ser semejante. Pero el tema no es la ecuación, sino la función que se expresa en la misma con la hipótesis de causalidad fijadas en variables independientes diferentes. Para los que le achacan la culpa al Estado, el pregón clásico de los neoliberales, la variable independiente es lo que imprime la maquinita que tiene el que ejerce el gobierno, mientras que para los intelectuales que se alinean con la economía heterodoxa y la mirada crítica, el problema radica en las decisiones del poder económico concentrado que aumenta los precios y desata un encadenamiento de hechos que desembocan en los fenómenos inflacionarios.

Para los primeros, las variaciones del déficit serían una cuestión de disciplina y equilibrio macroeconómico, para los segundos esos cambios expresarían la puja distributiva y lucha de clases. Pero el déficit fiscal tiene otros costados que merecen analizarse y no sólo los sujetos y acciones que determinan su variación. Es necesario analizar que bajo el supuesto de que se logre cierta estabilidad del mismo resulta una cuestión relevante sopesar cuál es su nivel adecuado y qué evolución se propugna hacia el futuro. Por ejemplo, la Argentina hoy se encuentra en plena pandemia y requiere de un nivel de gasto público extraordinario. Como el resultado fiscal negativo resulta de la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda, es esperable que esa diferencia aumente, a menos que el impuesto a las grandes fortunas se convierta en permanente y pase de la exigüidad de sus alícuotas a niveles razonables, que las retenciones a la soja y sus derivados crezcan en más de diez puntos porcentuales como merecen sus precios internacionales actuales y que se trabaje en una reforma que alcance niveles aceptables de progresividad tributaria, recomponiendo el sistema cuyo proceso de destrucción comenzó la dictadura militar.

Pero si afanarse en reducir el déficit supone construir una política de reducción del gasto público, estaríamos ante un error de concepción por parte del gobierno popular. Y en esto corresponde cierta rigurosidad técnica. No estamos hablando del gasto público en términos nominales. Ni tampoco en términos reales. Sostener el gasto público y no reducirlo significa ponerse el objetivo de su crecimiento en relación al PBI. O sea proponerse como política que el gasto público crezca más que el Producto. Y esto no se trata de la defensa de lo que despectivamente llaman dirigentes del PRO como “Estado planero”. Expresa la vocación de un Estado que aumente la Inversión pública, que haga centro en la Investigación Científica y Tecnológica, que construya un Sistema Único de Salud de excelencia, que mejore los ingresos de los jubilados, que recupere la centralidad en todos los niveles del sistema educativo – cuyo eje debe ser la construcción de ciudadanía, de cultura y de capacidades productivas, en ese orden. Y además que tenga capacidad de regular a la economía concentrada y de frenar el proceso de concentración. La discusión relevante es cómo puede y debe financiarse un proyecto instituyente de estas profundas reformas saludables para la sociedad argentina. El gasto se financia en primer lugar con impuestos. Mencionamos ya las reformas progresivas de estos, pero también debe recuperarse el nivel de aportes patronales a las cajas de jubilaciones. No es necesario un presupuesto equilibrado, pues el equilibrio en sí mismo reporta más a una cultura de remanso conservador que a una virtud de la economía, refiere a una lógica de quietud, a un punto sin movimiento. Sería virtuosa, en cambio, la construcción de un mercado financiero en pesos de volumen al cual pueda también acudir el Estado a financiarse. Nunca debería volver a hacerlo para sus gastos corrientes en moneda local tomando prestado a fondos internacionales en dólares, para terminar en la debacle espantosa de 2019, cuando Macri, Dujovne y sus colegas de equipo se bajaron los calzoncillos ante el FMI. Claro, después de haber permitido y estimulado una fuga de capitales de velocidad sin precedentes.

El proyecto de país y el negocio del desabastecimiento

Esta mirada sobre la inflación y el déficit no se remite a estas dos categorías. Pensarlas con profundidad implica pensar el proyecto de país. Un gasto público que caiga en proporción al PBI significa pensar que la iniciativa económica y productiva debe quedar en manos del empresariado, expulsando al Estado de esos planos o reservándole un lugar subsidiario. Dos graduaciones, estas últimas, de la misma política, Estado chico o Estado subsidiario. Un Proyecto Popular exige más que un Estado presente, necesita de la centralidad del mismo en la vida económica. No sólo debe regular las condiciones en que deberían actuar las empresas privadas, sino que debe dirigir el destino de la economía. Con un importante nivel de Inversión Pública y, también con un Plan Económico, que contenga los lineamientos del país que la voluntad popular debe decidir. Entiéndase bien: un Plan Económico, que es una cuestión poco familiar con un Programa Macroeconómico de ordenamiento de las cuentas públicas (en argentino, esto es un plan de ajuste).

Frente al incumplimiento de las regulaciones de precios y comercialización que el Ministerio de la Producción dispuso, la Secretaría de Comercio intervino con inspecciones y sanciones. Los economistas neoclásicos descreen de este tipo de medidas. En su ingeniosa columna en el suplemento económico de La Nación del 28 de febrero de 2021, Juan Carlos De Pablo recurre a su toque de humor, simulando un reportaje  a Joseph Louis Francois Bertrand, que le permite compartir ideas y supuestas coincidencias que el imaginario reporteado tendría con las que el tradicional economista ortodoxo propala actualmente por medios orales y escritos. Como sus colegas del mainstream, De Pablo cree e intenta fundamentar la neutralidad empresarial. Para él el responsable de la inflación es el gobierno que lleva adelante malas políticas económicas.

Dice De Pablo: “Cualquier monopolista, oligopolista o competidor solo obtiene beneficios si produce y vende, es decir, si ‘abastece’. Cuando la cantidad óptima de producción y venta es cero, la empresa no está maximizando sus beneficios, sino minimizando sus pérdidas, porque igual tiene que afrontar costos fijos. Todo esto lo aprenden los alumnos en el más elemental curso de microeconomía. ¿Lo tendrán en cuenta los funcionarios del Poder Ejecutivo, que se ocupan del desabastecimiento?” El decano de los economistas neoclásicos del país se permite igualar las conductas maximizadoras de agentes que la propia economía que él exhibe como “objetiva” diferencia. Ya que la religión laica escrita en los “elementales manuales” que refiere De Pablo tiene un juicio de disvalor sobre los monopolios y los oligopolios, mientras que apologizan la libre competencia. La maximización de los primeros se da en un marco de fijación de precios (de poder de mercado), mientras que los competidores se presentan como tomadores atomísticos de precios. Los primeros los ponen, a los segundos se los da el mercado. Pero en el mundo de hoy quienes abogan por el dogma escrito en los manualitos de microeconomía, que según el autor deberían consultar más los miembros del Poder Ejecutivo, no defienden precisamente a las pymes, sino que lo hacen a los grandes empresarios que dirigen la Convergencia Empresarial, la AEA, la Sociedad Rural y la UIA. La sal del poder económico. Como buen neoclásico el enfoque de De Pablo es la comparación de fotografías (estática comparativa) y no el cinematográfico (la dinámica de los cambios). El empresario que desabastece es cierto que no vende, que no realiza. Ahora una cosa es una conducta de un empresario (sobre la que divagan los manuales) y otra la de un empresariado. Un colectivo con poder económico puede decidir no vender para desprestigiar una medida, para presionar por su derogación, para crear malestar popular con un gobierno, hasta para conspirar políticamente. Un empresariado puede disputar políticamente, puede decidir perder algo en una instancia para ganar mucho más después.

Hay también mercados específicos como el de los bienes-salario argentinos impactados por el precio internacional de la soja. Cuando sube este último, si el gobierno decidiera aumentar las retenciones y apropiar a la sociedad de parte del aumento de la renta diferencial, los empresarios agrarios podrían retener y no vender, ni afuera ni adentro, retener en los silobolsas para hacerlo luego de aprietes al gobierno para obligarlo a bajar los derechos de exportación. Estas conductas extorsivas privarían al gobierno de contar con las divisas para afrontar sus pagos de importaciones, deudas y remisión de utilidades empresariales. En estas cuestiones consiste el negocio de desabastecer: en la espera como lógica de obtener mayores ganancias, en la ganancia de poder político –que significa su sustracción a la voluntad popular— que importará mejores condiciones posteriores para  el “clima de negocios, ganancias y rentas” que propician.

El paradigma de los manuales, a los cuales De Pablo les otorga el lugar de autoridad de la microeconomía, basados en la Nueva Economía que inventaron  Edgeworth, Fisher, Marshall y Pareto, citados en el artículos, a los que se podrían agregar Walras, Menger , Jevons y Clark, entre otros, no se cumple. El axioma de tratar al gran empresario como una individualidad dentro de una sociedad en la cual los mismos actúan articulados para condicionar al poder político y modelar la distribución del ingreso y la riqueza es equivocado. Mientras esas reliquias que nunca tuvieron más que elegancia académica, pero nunca rigor científico, sigan guiando los estudios universitarios, una reforma pendiente remitirá a que los debates económicos trascendentes se desenvuelvan en aulas de cursos alternativos.

Ni saben sumar

Mientras tanto habrá que insistir en que economistas sistémicos, periodistas de medios concentrados y pretendientes de oradores televisivos se abstengan de sumar peras con limones. Eso hacen cuando suman deudas del Estado en moneda doméstica con la comprometida en divisas. Son advertidos por la heterodoxia en modo insistente, pero no parecen encontrar otro camino para ocultar la imperdonable política de endeudamiento del gobierno de Cambiemos. La ignorancia, real o simulada, parece el recurso único que tienen a mano para proteger el desastre del endeudamiento incurrido por los último cuatro años de liberalismo neo.

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8Mar/210

DONDE EL ESTADO MARCA EL RUMBO

Publicado por admin

Al mismo tiempo que le gana batallas a la pandemia, China pone frenos a la especulación financiera

POR JORGE MOLINERO  

 

El desafío de Jack Ma

El multimillonario Jack Ma es el cofundador (1999) y socio principal de Alibaba, que controla Ant Group , una compañía financiera conocida por su aplicación de pagos digitales Alipay, con 700 millones de usuarios por mes. Adicionalmente Ant Group maneja inversiones en línea, seguros y préstamos al consumidor, un negocio de más de 600.000 millones de dólares.

Este grupo creció meteóricamente incorporando tecnologías digitales, pasando Alibaba de las funciones propias de gran supermercado electrónico (incluidos Ali Express y Taobao) al estilo Amazon, a ser el principal actor en el sector financiero privado chino. Actualmente Ant controla más de la mitad del mercado de pagos móviles chinos. Hasta junio manejaba 2,15 billones de yuanes (333.000 millones de dólares) en préstamos para consumidores y pequeñas empresas, o una sexta parte de lo que manejan sus más de 4.000 bancos comerciales. Ant tenía sólo 16.000 millones de yuanes (2.500 millones de dólares) en capital autorizado, una proporción muy inferior sobre préstamos a la regla de Basilea. Pekín exige que aquellas instituciones financieras consideradas “demasiado grandes para quebrar” deben superar esas condiciones. Mientras su presencia no llegaba al nivel actual no había riesgos sistémicos, pero las alarmas amarillas pasaron a rojas cuando Jack Ma quiso presionar para avanzar sobre sectores financieros previamente controlados por bancos del Estado.

“El Acuerdo de Basilea es más como un club para los ancianos”, espetó Ma en un discurso en Shanghai en octubre, donde calificó al sistema financiero chino como un “adolescente” que está mejor atendido por firmas tecnológicas innovadoras que pueden llevar la banca a poblaciones pobres y pequeñas empresas. Cruzó la raya. A los pocos días el Estado chino le impidió presentar la OPI de Ant y Ma desapareció de la vida pública hasta su reciente reaparición, con tonos más conciliadores. Los medios han anunciado que Ant se transformará en una sociedad financiera de cartera, un banco comercial regulado, mucho más “aburrido” que las funciones financieras no controladas que lo hicieron crecer. Fuerte caída del valor de sus acciones.

Las críticas del sector privado se centran en que mucha regulación socavaría el crecimiento económico que promueve el aumento de productividad del sector tecnológico. Pero lo que está en discusión no es el avance tecnológico sino la utilización de esa herramienta para el objetivo de largo plazo de China. No todos los sectores privados son lo mismo. Un exceso de oferta de automotores, celulares o laptops no es lo mismo que una burbuja financiera. Bastante complicadas serían las consecuencias de un estallido en el sobredimensionado sector inmobiliario chino. Sin embargo, la concentración de empresas constructoras-inmobiliarias es muy inferior a las de los sectores tecnológicos (mayormente privados) y financieros (mayormente públicos).

 

Los sectores hegemónicos del capital

El temor de Pekín es que el sector financiero desregulado termine produciendo las orgías de especulación que caracterizan a los mercados de valores como Wall Street. China tuvo su burbuja financiera que estalló en 2015, sin afectar el crecimiento general. La influencia creciente de las empresas de tecnología sobre las finanzas aumenta los riesgos de estallido y recesión económica, con consecuencias estructurales.

¿Cuáles son los cambios que se han producido en la cúspide del capital?

Para fines del siglo XIX la concentración de las ramas más dinámicas de la industria manufacturera (ferrocarriles, acero, petróleo, química, etc.) se combinó con el crecimiento de los grandes bancos y el auge de las bolsas de valores para formar el capital financiero, en una unión indiscernible, dominando al resto de las fracciones del capital (industrial no concentrado, comercial, inmobiliario, agrario, etc.).

Esa ciudadela del capital concentrado ha dominado la estructura económica de los países centrales durante más de 120 años, con cambios importantes (incluidos ingresos y egresos de sectores) debido a las consecuencias de su propia dinámica. El crecimiento de la productividad industrial junto a la ausencia de regulaciones al sector financiero bursátil desató en los años veinte una creciente especulación que terminó en el estallido de la burbuja de precios en octubre de 1929 en Wall Street. La Gran Depresión ha sido, hasta la pandemia de 2020, la caída más importante de la actividad económica mundial, con duraderas consecuencias sociales y políticas.

El gobierno de Franklin Roosevelt impuso importantes regulaciones al sector financiero que limitaron los desbordes especulativos, regulaciones que se mantuvieron después de la Segunda Guerra y fueron parte del acuerdo keynesiano de crecimiento de la “economía de bienestar” que caracterizó a las economías centrales. Es recién a partir de los ochenta –luego de la recuperación del capital financiero– que éstos logran iniciar los cambios políticos con los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Se van eliminando aceleradamente las restricciones al funcionamiento del sector financiero internamente y en el ámbito internacional, se desregula el mercado laboral. El neoliberalismo fue reimponiendo la libre circulación de mercancías y de capital.

Otra revolución paralela se estaba produciendo en las fuerzas productivas. Por un lado la emergencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) y por el otro la invención del container marítimo (1956), que llevó a una revolución de los transportes, con buques porta-contenedores cada vez más grandes. Transporte masivo, rápido, eficiente y barato combinado con comunicaciones baratas e instantáneas posibilitan la globalización, con países que concentran el diseño, la tecnología, la comercialización, el consumo y la financiación por un lado y otros países que concentran la producción de insumos y bienes finales simples y el montaje de los complejos.

La tasa de ganancia subió en el centro por el congelamiento de los salarios reales de los trabajadores industriales, duramente afectados por la competencia de las producciones asiáticas.

Los cambios económicos en China, desde el advenimiento de Deng Xiaoping en 1978, aceleraron este proceso. El neoliberalismo triunfaba a nivel económico y político, con la apertura capitalista de China y la implosión del sistema socialista en la URSS y Europa Oriental.

Pero el capital financiero no regulado volvería a producir las crisis de especulación, notoriamente la de inicios del siglo XXI, la crisis “punto-com” de especulación con tecnológicas y la de las hipotecas sub-prime (basura) en 2008/2009.

 

Las TIC´s dentro de la ciudadela financiera

El sector TIC´s está produciendo cambios en las finanzas, y es en la dialéctica entre ambas fracciones que se reacomoda la hegemonía del capital en el siglo XXI.

Las TIC´s pueden hacer más inestable la situación del mercado de capitales porque se introducen en actividades anteriormente manejadas por el sistema financiero tradicional. Los nuevos sectores monopólicos TIC´s tienen una capacidad de acumulación de ganancias muy superior a la necesaria para el desarrollo de su propia actividad original. Ello las empuja hacia nuevas áreas, y una de las más rentables es la de las finanzas. Un grupo como Alibaba y Ant Group, al igual que Amazon en Estados Unidos, no sólo compran y venden productos en distintos formatos de negocios (B2B y B2C) sino que financian las ventas que realizan, actividad antes circunscripta al sistema bancario de crédito, más regulado que el comercio electrónico. Identifican las necesidades y la capacidad de pago de los millones de clientes cuya información controlan por el manejo del Big Data. Ello dispara infinitos nuevos negocios, que son acaparados a la velocidad que se desarrollan por los grandes del sector, tanto en Estados Unidos como en China.

La mesa de mando de las economías desarrolladas incluye en la posición más destacada al sector financiero, que es el que de una u otra manera distribuye los excedentes de la sociedad entre las necesidades de inversión y financiamiento del consumo.

El gran temor del Partido Comunista de China (PCCh) es que el control de esa mesa se pierda ante empresas desreguladas y el país sea desbordado por la especulación que caracteriza a Wall Street y otras bolsas mundiales. Esa es la razón por la cual el Estado chino frenó en seco a Ant Group al impedir su OPI en octubre pasado. Si hubiese permitido el crecimiento descontrolado del grupo, dentro de las oscilaciones inevitables que la actividad financiera produce, podría ocurrir que una insolvencia del mismo hubiese obligado a rescatarlo dado que ya es “demasiado grande para caer”. Aquí es cuando aparecen las diferencias entre los dos sistemas. Los gobiernos occidentales no quieren o no pueden poner freno a los rebrotes especulativos, en especial luego de la catarata de emisión mundial con el fin de minimizar los enormes costos sobre la actividad económica de las restricciones que produce la pandemia.

Guo Shuqing, director de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, dice que los funcionarios chinos están “muy preocupados” de que estallen burbujas de activos extranjeros. Indica que la alta valoración del mercado de valores de Estados Unidos implica el riesgo de una “carrera seria en la dirección opuesta”. Según Zero Hedge los dólares están llegando a China a un ritmo récord. Guo cree que lo pueden mantener bajo control.

 

El control en tiempos convulsos

La crítica más habitual a China es la ausencia de democracia representativa. Esa forma política no forma parte del acerbo chino. Su larga tradición cultural y política valora más la “armonía” y un conductor “virtuoso”: durante milenios los emperadores bajo diversas dinastías, desde hace 72 años el PCCh. La libre expresión de las ideas políticas en Occidente está crecientemente limitada y encarrilada en forma muy estrecha por los intereses económicos que dominan el aparato ideológico (educación, medios de comunicación y entretenimiento incluido Internet, jueces, etc.) y los distintos partidos políticos mediante los aportes económicos, legales como los aportes sin límites en Estados Unidos, o ilegales de todas las formas imaginables, desde el soborno a la extorsión o la supresión violenta.

Hay muchos desafíos que está enfrentando el sistema político chino, dos muy importantes al corto plazo. El primero –control de la pandemia– parece estar ganándolo y para ello ha utilizado las ventajas del poder centralizado y toda la tecnología disponible incluyendo el control de su población mediante aplicaciones en los celulares, reduciendo a casi cero la privacidad para combatir los contagios, objetivo logrado con el consentimiento y apoyo de su población.

El segundo es evitar que la ola de especulación financiera desestabilice su propio mercado de capitales por el ingreso de capital internacional golondrina buscando colocaciones más rentables allí donde la economía real sufrió menos la pandemia.

China es alérgica al caos y la improvisación. Tuvieron caos en el largo siglo de las humillaciones, entre 1839 y 1949, y luego bajo Mao durante El Gran Salto Adelante (1958-62) y la Revolución Cultural (1966/76). Recién están saliendo de la severa disminución del crecimiento por la pandemia (sólo crecieron el 2,3% en 2020) y se mantienen los serios enfrentamientos con Estados Unidos. No están dispuestos a que los capitales mundiales excedentes desestabilicen a China, y por lo tanto demoran la prometida internacionalización del Yuan. No quieren tener contratiempos financieros por desbordes de sus propios grupos privados, como Ant. Una de las formas de mantener el control financiero se logrará con la Moneda Digital China o Yuan electrónico, usando la misma tecnología de las criptomonedas (blockchain) pero emitido y respaldado por el Banco Central (BOC). Actualmente está en pruebas a nivel interno para habilitarla más adelante como medio de pago alternativo al sistema Swift de transferencias dominado por Estados Unidos.

El ataque integral a la pandemia logró en China que la reducción de su crecimiento económico fuese menor que en Occidente, que sufrió fuertes caídas. Por ello fueron muchísimo menores los paquetes de ayuda financiera para la recuperación. En Estados Unidos, el paquete de ayuda de Donald Trump y el que está desplegando Joe Biden son enormes y parte significativa sirvió para la especulación financiera, recompra de acciones, mantenimiento de zombies económicos, empapelamiento del mundo deseoso aun de tener los dólares como reserva de valor y las colocaciones financieras especulativas externas de corto plazo.

China hará cualquier cosa para no caer en los desbordes de la especulación financiera, incluyendo la delimitación del accionar de aquellas empresas TIC´s que estaban ingresando en el terreno financiero. Las empresas privadas se benefician del sistema mixto de capitalismo de Estado, con ganancias crecientes y más importantes que sus pares de Occidente, pero el rumbo económico se mantendrá bajo el control político siguiendo los objetivos nacionales de largo plazo.

 

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