Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

12Jul/200

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CRÍTICA DE LA CIENCIA ECONÓMICA

La polarización social y sus males asociados no resultaron de la pandemia sino del neoliberalismo

 

La amputación

En la Argentina se ha abierto un debate de Economía Política. Fue el nombre de una carrera universitaria de la UBA que la intervención de la dictadura autodenominada de la “Revolución Argentina” cercenó y reemplazó por el de “Economía”, cambiando sus contenidos. El régimen ilegal instaló a un grupo de profesores formados en universidades norteamericanas, quienes cumplieron el cometido de ese reemplazo, algunos de contacto frecuente con académicos ligados a Fraga Iribarne, un franquista que luego fue fundador de la Alianza Popular, posteriormente transformada  en el Partido Popular, integrado hoy a la Fundación Libertad que comanda Mario Vargas Llosa.

La pandemia exhibe de manera impúdica la polarización social, la pobreza, la vulnerabilidad de los sectores populares y el deterioro de los servicios de salud provocados por las políticas ortodoxas recomendadas por los exponentes de la “Ciencia Económica”, que expulsaron los enfoques de la economía política de las aulas y hegemonizaron por décadas la confección de programas con sus modelos de arbitrarias formulaciones axiomáticas, rebatidas insistentemente por la realidad.

El cambio de nombre no ha pretendido ocultar la pretensión de separar la economía de la política, sino que más bien pregona esa escisión. El núcleo de ideas que ha sostenido el andamiaje teórico de esa “Ciencia Económica” es la postulación de que la distribución del ingreso constituye un resultado endógeno de las condiciones de producción (una consecuencia cuasi-tecnológica) y no una cuestión exógena (externa) que resulta de la puja distributiva que atraviesa a las sociedades capitalistas como resultado no sólo de las condiciones de producción, sino de los paradigmas culturales, del entramado de organizaciones sociales, sindicales y políticas y de las ideas e imágenes-objetivo sobre el futuro nacional y de la humanidad toda, que dan sentido fundamental a la vida cotidiana de los pueblos.

Desde la “Ciencia Económica”, cuyos batalladores incansables repiquetean sus dogmas y lugares comunes por los medios de comunicación hegemónicos, se insiste en alertar respecto de la intensidad de la caída de la producción por la pandemia y de las políticas necesarias para lograr una rápida recuperación posterior. La ruta única para estos economistas pretendidamente objetivos, que no disimulan su mirada despectiva respecto de la política, a la que le asignan un papel negativo y de restricción para el bienestar económico, se trata de atraer inversiones. Para lograrlo se invoca la necesidad de generar un buen ambiente de negocios. La organización de los trabajadores y la movilización popular constituyen, para ellos, un problema porque traerían como consecuencia presiones salariales y aumento del gasto público, poniendo palos en la rueda para el fluir de la corriente inversora con la que sueñan. La falacia comienza por el principio, cuando ubican la urgencia en la recuperación de la caída del producto soportada por la invasión de la peste.

El enfoque desde la “Economía Política” sitúa en primer lugar a la distribución del ingreso, en vez de omitirla. La mirada crítica observa que la polarización social y sus males asociados no resultaron de la pandemia sino del neoliberalismo, corriente política sustentada en la alienación de política y economía. La crisis civilizatoria, que muchos cientistas ven que la pandemia ha precipitado, requiere la reversión de la falsedad del orden impuesto por los practicantes del dogma hegemónico de las últimas décadas. Primero hay que discutir la distribución del ingreso y la riqueza. Primero la justicia social. Primero la soberanía de la política. Esas son las bases sobre la que será posible construir entre todos un proyecto de desarrollo nacional. De no ser así, se subsidiará una recuperación basada en desigualdades más descarnadas que las que precedieron a la pandemia. Si no fuera de esa manera, la reactivación se habrá de sostener en la producción de los bienes que consumen los sectores de altos y medios ingresos, y la recuperación de la actividad insumirá un esfuerzo desmedido de divisas y la pobreza y la desigualdad seguirán su curso creciente.

No resulta para nada auspicioso que hoy haya un alto nivel de resistencia al impuesto a las grandes fortunas por parte del establishment, las asociaciones representativas del gran empresariado y el aparato comunicacional ligado a ellos. La oposición a un impuesto por única vez para financiar una parte de la política anticrisis revela hasta qué punto se promueve el continuismo de una sociedad insolidaria. Su intencional lectura respecto a una reforma tributaria que el Presidente lanzó con la fundamentación de introducir progresividad en el sistema, como si se tratara de cambios simplificadores de carácter administrativo, también merece similar calificación.

La teoría de la “Ciencia Económica” brinda un soporte sustancial al pregón de estos sectores y sus voceros. Su construcción basada en la separación de la política y la economía se asienta en remitir  la economía al ámbito de la sociedad civil. Hoy dicen sin tapujos que es “al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar las empresas en la Argentina” (AEA). O sea que el Estado no podría tener empresas. Es parte de la exclusión del Estado de la economía que ellos impulsan. Habría que agregar sus frecuentes advertencias con relación a la “sustentabilidad fiscal” o a mantener el gasto público bajo control. Y la reciente manifestación de “preocupación” por la intervención y proyecto de expropiación de Vicentin, holding empresario cuya mala conducta e ilegítimo y doloso desempeño ha causado ingentes daños sociales y grandes pérdidas al sistema financiero público. También esos sectores lanzan advertencias respecto a la inconveniencia de la presencia del Estado en el comercio exterior. Esta sustracción de atribuciones para la participación pública en la economía, que no se basa en sustento legal alguno, tributa a la apologética que edificaron con mucho despliegue académico y escasa validez científica Jevons, Menger, Böhm Bawerk, Walras, Pareto, Marshall, Friedman y Von Hayek.

 

 

Soberanía política, independencia económica y justicia social

¿Y la democracia? ¿Qué define la ciudadanía? ¿Qué debate el pueblo? Por de pronto, no la economía, reza la “Ciencia Económica”. Las decisiones sobre aquella corresponderían a los dueños de las grandes empresas por la cuáles hablan entre otros, Jaime Campos y Daniel Pelegrina. Una sociedad democrática es la que ensancha el espacio de participación popular. En esto radica la fuente y el respeto por los principios de la soberanía política. En cambio una sociedad presa del liberalismo económico no democratiza, sino que vacía la política y excluye al pueblo del manejo de la cuestión económica. Esta se resuelve en las relaciones de propiedad y queda marginada de la atribución ciudadana, y no de cualquier propiedad en abstracto, sino de la propiedad de los grandes conglomerados empresarios extranjeros y de la oligarquía diversificada local.

Para salir de la pandemia con una recuperación que signifique la instalación de un humanismo crítico, de una sociedad solidaria, resulta imprescindible que el inicio sea proponerse reducir la polarización social, frenar la concentración de la riqueza, mejorar la distribución de la riqueza. Primero, redistribuir el ingreso, para luego crecer sobre la base de esa distribución. Garantizar empleo y trabajo para todos. A cada distribución del ingreso corresponde una estructura de la demanda. Cada estructura satisface distintas conformaciones de la canasta de consumos. Por ejemplo, el despliegue de un vasto y extenso plan de construcción de viviendas –como propone el CESO—, tiene por detrás un determinado perfil distributivo, igualmente el crecimiento de la agricultura familiar. Acudir a resolver masivos problemas de prevención y atención sanitaria es parte de un determinado estilo de shock distributivo. A partir de esos presupuestos habría un patrón, y por qué no –pese al rechazo que la convención ortodoxa tiene por el mismo—, un plan de crecimiento. Para evaluar la justicia de las políticas que se adopten, no alcanzará con medir el crecimiento del producto y la tasa de inversión. Ni será suficiente con establecer la proporción de la población en situación de pobreza. Será necesario completar esos indicadores con la preocupación por el índice de Gini, con la relación entre los ingresos y la riqueza del decil más rico respecto del más pobre del pueblo, con el conocimiento de la tasa de mortalidad infantil y de la esperanza de vida. Más otras mediciones que nos informen sobre progresividad fiscal, adecuada nutrición, acceso a la educación, a la cultura, a la salud, al esparcimiento adecuado, a la vivienda. Las medidas de justicia social y desarrollo requieren ser extendidas a los ámbitos regionales, en función de la integración nacional y auténtico desarrollo del federalismo.

La reivindicación democrática de justicia social, de promoción de la igualdad, de construcción de las condiciones concretas para el ejercicio de la libertad, requieren de la intensidad de la decisión popular en la economía y en la producción. Con un Estado presente que controle, dirija y administre la economía. Que incluya su propiedad de empresas en sectores estratégicos, como inteligente y correctamente lo disponía la Constitución Nacional de 1949 derogada por la ilegal dictadura autodenominada “Revolución Libertadora”. Es impensable el desarrollo de la Nación sin bancos públicos nacionales, provinciales y municipales con una fuerte presencia. Ese desarrollo tampoco sería posible sin la intervención y participación del Estado en el comercio exterior y sin los cambios estructurales que favorezcan el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y de los actores de la economía popular. Empezar por otorgar “estímulos” a la inversión market friendly conduciría a la catástrofe, hay mucha historia para fundar esta afirmación.

Pero siendo lo primero, no sólo la estructura distributiva debe preceder a la sola y parcial preocupación por la recuperación y crecimiento del PBI. El diseño del Patrón productivo debe resultar de la voluntad general  y no de las señales mercantiles dominadas por el capital concentrado. La necesidad de una diversificación productiva es una de las condiciones básicas, y también apunta al logro de otro fin democrático irrenunciable: la independencia económica. La especialización y dependencia exportadora y productiva de la Argentina debe ser modificada. La historia del régimen de sociedad de mercado –un proyecto que gobernó la mayoría de los años de las últimas décadas— acentuó esas características, sin lograr crecimiento alguno. No será la lógica del librecambio, sino la de un Estado democrático —intenso en participación popular— como actor decisivo, la que construya una transformación que conduzca a un crecimiento que se articule con la meta de la igualdad.

En El largo camino a la crisis. Centro, periferia y transformaciones de la economía mundial (ed. Cara y Ceca y CCC F.Gorini, 2011), un análisis sobre la situación de América Latina efectuado cuando en un nutrido grupo de países ejercían el poder gobiernos populares que luego sufrieron la embestida del golpismo institucional y el lawfare, Enrique Arceo subraya la importancia del despliegue de un proceso de industrialización por parte de esas experiencias, concluyendo que “la orientación primaria privilegia la relación con los centros consumidores y debilita la articulación entre las economías de la región”. Este señalamiento resulta clave para promover la Unidad Latinoamericana y, en función de la cual, la imprescindible reestructuración económica debe tener una definida dirección del Estado, no sólo con estímulos sino con leyes e instituciones. Arceo continúa diciendo que la profundización de la “industrialización permitiría incrementar la división regional del trabajo y desarrollar complementariedades en un marco que probablemente tendrá con el Este de Asia coincidencias en cuanto al papel central del sector público, pero que presentará profundas diferencias en lo político y social en virtud de que la presencia y participación activa de los sectores populares constituye, en la región, una condición indispensable para el quiebre de la resistencia del bloque de clase actualmente dominante”.

En estos rumbos habrá, también, que superar las herencias de los dogmas económicos introducidos a la fuerza en los claustros de nuestras universidades por profesores educados por el mainstream, dogmas que hoy son repetidos a conveniencia por dirigentes empresariales, economistas mediáticos y comunicadores con lecturas rápidas.

 

28Jun/200

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LA ÚLTIMA VEZ

La redistribución debe ser previa al crecimiento, para definir el perfil productivo

 

Objetivos

Cuando comenzaron las negociaciones para la reestructuración de la deuda con los acreedores privados el Presidente Alberto Fernández estableció tres objetivos clave:

  • No someterse a la elaboración de un plan económico que implicase políticas de ajuste.
  • Que sea un plan sustentable, en el marco de lo planteado en el punto anterior, lo que significa no realizar un arreglo que lleve a futuras refinanciaciones por ser incumplible, y que no altere un sendero de desarrollo de la economía nacional.
  • Dejar las bases construidas para que se cierren los ciclos de endeudamiento de la economía argentina.

Este tercer objetivo merece una detenida reflexión, pues supone un cambio de época. Los ciclos de endeudamiento han sido el rasgo característico de la época del neoliberalismo. Deuda y fuga. En ritmo vertiginoso y catastrófico, los gobiernos que promovieron la apertura financiera, las políticas de consolidación y ajuste fiscal y la libertad de mercado como funcionamiento predominante de la actividad económica, provocaron el estancamiento, la regresividad distributiva y el endeudamiento. Mientras que aquéllos que asumieron con la vocación de disminuir la desigualdad y construir una Argentina con producción diversificada, tuvieron que lidiar con los compromisos externos contraídos por el bloque concentrado y financiarizado.

El giro del debate que pretenden hacer los economistas ortodoxos, los cuales respaldaron las políticas de liberalización y desintervención estatal, persigue enmascarar el verdadero problema que tiene el actual gobierno nacional y popular. Maniobran la discusión respecto al origen del endeudamiento, a su total improductividad, y sin ninguna contrapartida en términos de algún activo que lo justifique. Esta deuda es un pasivo sin existencia de ninguna obra, bienestar popular o ampliación del aparato productivo. ¿Dónde están las divisas que se deben? Se fugaron. Sin embargo, el enmascaramiento desplaza el debate sobre lo ocurrido:  si el gobierno negocia bien o mal la reestructuración del endeudamiento que dejó el neoliberalismo de Cambiemos. Para ellos el arreglo resulta un tema excluyente, y lo argumentan sobre la base de recomponer el acceso a los mercados internacionales de crédito. ¿Para qué? Para volver a endeudarse y vivir otro ciclo de apertura y fuga. Por eso desesperan en rogar al gobierno que no sea firme frente a los acreedores, y postulan que lo único conveniente es acceder a sus demandas.

 

 

El Estado

Las preocupaciones del Frente de Todos pasan por otros meridianos: cómo reconstruir una política de crecimiento autónomo, desarrollo, construcción de igualdad. Este proyecto requiere de la intervención del Estado, que ponga fin a la autorregulación mercantil.

La etapa histórica es diferente, pero hay una discusión necesaria en términos del proyecto que hizo posible varias fases de industrialización del país: la sustitución de importaciones. No para su reiteración, sino para pensar desde esa experiencia concreta la construcción de un proyecto económico social hacia el futuro.

María da Conceicao Tavares en su valioso texto De la sustitución de importaciones al capitalismo financiero, describe que durante la primera etapa de la sustitución de importaciones, la expansión de la economía residía en tres frentes: una mayor utilización de la capacidad instalada productiva, la producción de mercancías relativamente independientes del sector externo y la puesta en funcionamiento de empresas que producían bienes que previamente se importaban.

La dinámica descripta puede seguir hasta el límite del aprovechamiento máximo de los recursos internos. Ese aprovechamiento está condicionado a la existencia de divisas que sostengan la importación de bienes intermedios y maquinarias que participan en la producción de los bienes que sustituyeron a otros que antes se importaban. Dice Tavares que “la pauta de importaciones tiende a perder toda su flexibilidad, antes que el proceso de desarrollo haya adquirido suficiente autonomía por el lado de la diversificación de la estructura productiva» y advierte que «el proceso podría seguir mediante una selección rigurosa de divisas”. La autora hace una lectura crítica del proyecto de desarrollo por sustitución de importaciones de carácter piramidal, que comienza sustituyendo los bienes de consumo para avanzar “aguas arriba” hasta la producción de bienes de capital. La restricción externa sobrevendría previa e inevitablemente. Para Tavares la continuidad de una política de sustitución requiere de una posibilidad de previsión y decisión autónomas que sólo le son posibles al Estado, a algunos empresarios innovadores, o a la asociación de ambos. Pero advierte que en el caso de las inversiones de base, estas deben producirse —para evitar la restricción externa— con cierta simultaneidad con las distintas etapas de sustitución, y que las mismas requieren de decisiones gubernamentales, ya sea que el Estado las emprenda en forma directa, ya sea que las delegue en el sector privado.

Estas reflexiones de la intelectual brasileña llevan a desechar la idea de la inversión privada sin direccionamiento estatal como posibilidad de desarrollo, y más aún, del posible rol de los movimientos de capital financiero de corto plazo para financiarla. Privada, pública o mixta, las mismas surgen de la dirección del Estado del proceso económico.

En el régimen de sustitución de importaciones no sólo resulta necesario el impulso de la demanda mediante una mejora en la distribución del ingreso, ni tampoco alcanza  combinarla con una dinámica de crecimiento, sino que requiere de la dirección estatal que modifica los tiempos y los escalones del proceso productivo. Esa intervención no sólo requiere ser hecha en función de dilatar los problemas de falta de divisas, ni tampoco solamente para impulsar las industrias más complejas productoras de bienes de capital, sino también para garantizar una distribución del ingreso que resuelva un significativo cierre de la brecha de desigualdad, lo que provoca una producción de bienes de orden diferente a la de una sociedad con el ingreso concentrado. La redistribución debe ser previa al crecimiento porque si no el perfil productivo queda definido con carácter desajustado si la primera se efectúa con posterioridad. Los bienes que se producen para una distribución no son los mismos que para otra, ni cualitativa, ni cuantitativamente.

Al revés de como dicen los liberales para justificar las políticas de austeridad, no se trata de agrandar la torta para después distribuirla, sino lo contrario: distribuir mejor la tortita chica, para garantizar el crecimiento. Después habrá una torta más grande. Usando el lenguaje de la gente de a pie, como en estas épocas se acostumbra decir, para evitar el uso del concepto de pueblo, sancionado como anacrónico por los creyentes en el fin de la historia. La prioridad de la obsesión por el crecimiento, como variable fundamental del estudio de la economía, no se corresponde con la tradición clásica. Decía el economista más eminente de los fundadores de la disciplina, David Ricardo, que “determinar las leyes que regulan esta distribución (de rentas, beneficios y salarios) es el problema principal de la economía política”.

Los clásicos no omitían la real discusión que ocupa a la sociedad respecto de la economía: la disputa del ingreso. El modelo de crecimiento depende de quién tenga la hegemonía de poder para elegir uno u otro tipo de desenvolvimiento económico. En épocas de la financiarización, la valorización financiera es la forma mediante la cual, con la apertura financiera, el capital especulativo promueve las liberalizaciones para garantizar un vertiginoso ida y vuelta de fondos que extraen rentas con consecuencias de estancamiento económico y redistribución regresiva de ingresos y riquezas.

 

 

Final del juego

El valor del objetivo de establecer las condiciones que cierren el camino a nuevos ciclos de endeudamiento es el instituir las bases de una legalidad que evite que la Argentina vuelva a sufrir las políticas ortodoxas de fuga-deuda-cinturón fiscal. Esa institucionalidad tiene como insumo indispensable las otras dos condiciones que Fernández destacó. También depende de reconstruir una política de desarrollo. Esa política implica la recuperación de estrategias de sustitución de importaciones, engarzadas con otros dispositivos, en los cuales el papel estatal es más relevante.

Cuarenta años después del texto de Tavares, las condiciones de un proyecto nacional, popular y democrático de desarrollo no devienen sólo de su crítica, que planteaba la necesidad de la autonomía de la inversión en la industria de base respecto de la demanda sobre la misma, que implica la decisión estatal de organizarla. El desarrollo tecnológico, que se da en el contexto de una gran disparidad entre el centro y la periferia, acentuó las condiciones de dependencia de las naciones del segundo carácter. Dependencia es otra palabra que intentó ser archivada en el anticuario cuando hoy adquiere una vigencia dramática. Su determinación  mutó desde la posesión, por parte de los países centrales, de la industria de base —que ocupaba ese lugar hace unas décadas— al dominio de la tecnología por esas naciones desarrolladas. La deslocalización productiva primarizó y maquilizó la industria de los países subdesarrollados. El capital privado concentrado no resuelve esta situación en esos países periféricos. Su perspectiva es la reproducción de las especializaciones que sostienen la condición dependiente. Sus empresas articulan, en cadenas globales, las producciones nacionales en los eslabones más atrasados tecnológicamente. A su vez, se engarzan en la valorización financiera y las maniobras de precios de transferencia y fuga de capitales.

Más que ayer, hoy la condición del desarrollo tecnológico propio requiere de un complejo científico-tecnológico estatal con un presupuesto y un programa que se plantee la transformación productiva. Ese objetivo requiere de una participación decisiva del Estado en la decisión de lo que se va a producir en el futuro. El desarrollo con estas características no deviene como resultado de la autorregulación del mercado.

La apertura indiscriminada es incompatible con estos objetivos de independencia. Los dólares resultarán indispensables para emprender ese cometido de autonomía nacional. Una nueva gestión como la de Macri rifaría en cuatro años el esfuerzo que se podría emprender en veinte.

De allí la necesidad de una reforma institucional de fondo en los textos legales que evite que se produzca lo que ocurrió entre 2015 y 2019. Cambio en el régimen financiero, modificación en la legislación de inversiones extranjeras, régimen cambiario y de movimiento de capitales regulado, intervención del Estado en el comercio exterior, reforma tributaria. La pandemia ha revelado la injusticia neoliberal y tiene la conducción efectiva del gobierno de la grave coyuntura, abriendo la posibilidad para una organización adecuada de las transformaciones imprescindibles para hacer realidad la postulación más drástica de Fernández para salir del default en que dejó el gobierno UCR-PRO al país: que la presente reestructuración ponga fin a los ciclos de endeudamiento de la Argentina contemporánea.

21Jun/200

El limite

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Los grandes empresarios prefieren ganar menos si eso significa la corrosión del gobierno democrático

 

El estado de confianza

Una pregunta que se hace frecuentemente la Vicepresidenta Cristina Fernández es por qué durante sus años de gobierno los empresarios embestían contra su política si ganaban mucho dinero por aquéllas épocas. Frente a la dramática pandemia, el Presidente Alberto Fernández les dice hoy a esos grandes empresarios que es el momento de ganar menos que en épocas de normalidad. También se encontró con su rechazo, mediante procederes que confrontan con su política.

Durante los últimos doce años de gobierno nacional y popular, esos empresarios comenzaron a oponerse a las políticas de gobierno. Fue un período donde el empleo había aumentado considerablemente, cayendo la tasa de desocupación de niveles superiores al 20% a otros menores al 7. Ese éxito de la política económica había conducido a una mejora en la distribución del ingreso, producto de un crecimiento salarial, del fortalecimiento sindical y de las condiciones de negociación que brinda una economía con altos niveles de ocupación. Durante ese período del kirchnerismo en el gobierno, el crecimiento de la actividad económica y del empleo tuvo uno de sus pilares en el aumento del gasto público.

El economista Michal Kalecki sostiene en Aspectos políticos del pleno empleo que las razones de la oposición de los “líderes industriales” al pleno empleo obtenido mediante el gasto gubernamental pueden subdividirse en tres categorías:

  1. la resistencia a la interferencia gubernamental en el problema del empleo como tal;
  2. la resistencia a la dirección del gasto gubernamental (inversión pública y subsidio al consumo), y
  3. resistencia a los cambios sociales y políticos resultantes del mantenimiento del pleno empleo.

Son los motivos por las que grandes empresarios miran desconfiadamente y resisten la intervención estatal en la economía. Kalecki dice que las empresas «observan con suspicacia toda ampliación de la actividad estatal, pero la creación de empleo mediante el gasto gubernamental tiene un aspecto especial que hace particularmente intensa la oposición. Bajo un sistema de laissez faire, el nivel del empleo depende en gran medida del llamado estado de la confianza. Si tal estado se deteriora, la inversión privada declina, lo que se traduce en una baja de la producción y el empleo (directamente y a través del efecto secundario de la reducción del ingreso sobre el consumo y la inversión). Esto da a los capitalistas un poderoso control indirecto sobre la política gubernamental; todo lo que pueda sacudir el estado de la confianza debe evitarse cuidadosamente, porque causaría una crisis económica. Pero en cuanto el gobierno aprenda el truco de aumentar el empleo mediante sus propias compras, este poderoso instrumento de control perderá su eficacia. Por lo tanto, los déficits presupuestarios necesarios para realizar la intervención gubernamental deben considerarse peligrosos.

La función social de la doctrina del “financiamiento sano” es hacer el nivel del empleo dependiente del estado de la confianza. Esta ajustada reflexión del intelectual polaco atiende las preguntas y vivencias de Cristina y Alberto Fernández. La intervención estatal le quita el control del poder gubernamental al empresariado concentrado, es por eso que se oponen a ella. El apoyo del poder económico concentrado a las políticas de disciplinamiento fiscal tiene el mismo objetivo: amputarle una herramienta de poder político a los gobiernos electos por el pueblo. Así, el combate al déficit fiscal, responsabilizándolo de la inflación, persigue el objetivo de sustraerle al gobierno su capacidad de generar empleo y crecimiento. Kalecki avanza aún más en esta línea de razonamiento, asignándole a la resistencia empresaria más intensidad cuando el dinero gastado por el Estado se dirige a la inversión pública o al subsidio del consumo masivo. Respecto de la primera, observa que los dueños del mercado perciben “el peligro de que el gobierno se vea tentado eventualmente… a nacionalizar el transporte o los servicios públicos para ganar una esfera nueva donde realizar su inversión”.

 

 

De presiones y corporaciones

“La intervención y proyecto de expropiación de Vicentin SAIC por parte del Gobierno Nacional es una señal contraria a la necesidad de recrear la confianza en la Argentina. La confianza es imprescindible para promover la inversión privada, sin la que no será posible reactivar la economía y generar empleos formales”, declama el Foro de Convergencia Empresarial. Taxativamente, aparece la idea del estado de confianza, típica del liberalismo y su peor versión neo, como razón de su oposición a la estatización del grupo empresario. No importan las irregularidades en el marco de las cuales se endeudó con la banca pública, ni la venta de acciones de una de sus principales compañías hecha unos días antes de declarar su cesación de pagos, ni la sospecha de triangulaciones, fuga de capitales y lavado por las que la UIF pidió su inclusión como querellante en la investigación penal que la empresa mereció. Ni tampoco la situación de los productores y proveedores que quedaron sin cobrar, ni el perjuicio al Banco Nación, ni la necesaria explicación sobre la irrazonable reversión de una situación de expansión y prosperidad a otra de insolvencia. Lo que le quita el sueño al empresariado concentrado es que el Estado intervenga en la economía.

Otro agrupamiento de los conglomerados más poderosos del país se refiere en términos aún más graves y detallados. La AEA sostiene que “la estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina”. Más claro, echarle agua. Abogan porque el Estado prescinda de cualquier actividad empresaria, con una mención específica al comercio exterior, el ámbito de la economía de donde provienen y se gastan las divisas que son el insumo clave para el desenvolvimiento del proceso económico. Se confirma la apreciación de Kalecki, los grandes empresarios prefieren ganar menos si eso significa la corrosión del poder político de los gobiernos democráticos. Así es, el liberalismo económico y su versión neo y extrema no aceptan la potestad del poder popular para disciplinar y organizar la vida económica. Por el contrario, mediante la prédica del estado de confianza invierten los papeles y se proponen disciplinar a la sociedad y al mismo Estado.

Esos grupos empresarios tienen sus intelectuales orgánicos, que comulgan con sus ideas y acompañan sus modos de presionar. El editorialista estrella del diario liberal-conservador La Nación ha emprendido un ataque al gobierno que se vale de la tergiversación conceptual e incluye la inadecuación intencional del lenguaje: cuando recurre al término confiscación sustituye al de expropiación como si fueran sinónimos, siendo que la Constitución argentina no admite la primera y sí la segunda. En un artículo posterior, avanza en cuestionar y amalgamar en una sola crítica tanto las decisiones sobre Vicentin, como el no avenimiento a las exigencias de los acreedores externos y la amenaza de Latam de dejar de operar en Argentina. El orador de Odisea argentina afirma que “en rigor, es una expulsión. Latam sufre la crisis universal de todas las compañías aéreas, lo que la obligó a reestructurar su esquema salarial en los países donde opera. Pudo hacerlo en Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Pero no en la Argentina, por negativa de los sindicatos, que son los de Aerolíneas Argentinas”. El juego del lenguaje le sirve para distorsionar hechos, califica como razonables una serie de países que han desplegado políticas neoliberales, mientras apunta que la existencia de sindicatos fuertes que impiden el retrocesos sobre los derechos laborales de sus afiliados es la razón para que las empresas abandonen el país, mientras a esa decisión empresaria de irse por no aceptar el régimen laboral argentino, la convierte en expulsión.

En la misma nota critica la actitud del ministro Guzmán de limitar las concesiones a los acreedores. Para los neoliberales, empresarios o intelectuales, la solución al tema del endeudamiento parece ser el avenimiento a las condiciones impuestas por grandes fondos del capital financiero especulativo internacional. No entienden lo que es una negociación. El maestro Aldo Ferrer tenía la vocación de reiterar que cuando un país se dispone a negociar su deuda con voluntad y firmeza, debe bregar por alcanzar un acuerdo pero siempre existe la alternativa de no alcanzarlo, porque si no existiera la opción de no acordar la negociación dejaría de ser tal para convertirse en subordinación. Así ocurrió cuando el vergonzoso acuerdo con los Buitres. La esencia de una negociación está en la posibilidad de considerar como inaceptables determinadas condiciones que se le quieren imponer al país.

 

 

¿Quién dirige?

También en el mismo diario, el consultor-editorialista Berensztein opina en una nota escrita en un tono agresivo de campaña antigubernamental que “no tiene asidero que la expropiación de Vicentin permita mejorar la regulación de la industria, evitar los supuestos excesos de otros jugadores o ayudar a los pequeños productores: se trata de una incongruente manera de intervenir en el sector más competitivo del país como lo es la cadena agroindustrial. Esta decisión podría disparar nuevos mecanismos dirigistas y autoritarios para controlar el mercado de alimentos”. Justamente la expropiación de Vicentin tiene asidero porque permitiría la intervención regulatoria sobre la exportación de granos, con un rol de empresa testigo y la capacidad de defender a los productores. Una empresa pública en el sector podría recuperar la transparencia y combatir prácticas de precios de transferencia, triangulaciones y de desestabilización de la política cambiaria del gobierno. El objetivo central de la misma no sería la rentabilidad privada, sino la utilidad pública con dinámicas que protejan a los productores, al consumo popular, y con una política expansiva dirigida a ocupar un espacio en el sector que garantice la posibilidad el cumplimiento de sus metas. La empresa podría ser estatal o mixta, incluyendo cooperativas y productores, a condición de que su forma societaria garantice la centralidad de los objetivos reguladores y no la obtención de ganancias. Ese sector exportador requiere de la presencia de una empresa de esas características.

Es absolutamente cierto que una participación más activa del Estado en la vida económica implicará el sostenimiento de un nivel importante del gasto público. Una política de este tipo se condice con alcanzar un régimen permanente de pleno empleo. El estado de confianza y la política de pleno empleo son antagónicos. El primero requiere de un predominio del capital sobre el trabajo, que tiene como instrumento clave un nivel de desocupación que atemorice y desestimule la disputa sindical. El proyecto político que pregona el neoliberalismo, de una economía de exclusividad privada, tiene el objetivo de expulsar la vida económica de la decisión democrática. Esta es la razón fundamental del pronunciamiento corporativo de los grupos económicos contra la estatización de Vicentin. La cuestión tiene una centralidad política fundamental. El poder económico concentrado resiste la intervención del Estado en la economía porque pretende impedir el despliegue de un programa de gobierno que modifique las condiciones de vida y las relaciones entre sectores sociales en el país. Los neoliberales y el poder concentrado convirtieron la disputa por la cuestión Vicentin en un caso líder. Desafían al artículo 17 de la Constitución Nacional. No están dispuestos a aceptar ninguna expropiación. Naturalizan la herencia de la valorización financiera y las privatizaciones.

La inconstitucional pretensión de ilegalizar de hecho las expropiaciones es impositiva de la idea de derecho de propiedad sin límite. Arrogarse la exclusividad de dirección, el control y la conducción de las empresas, no es otra cosa que darle al actual diseño de país el carácter de estado de naturaleza sin posibilidad de cambio alguno. Predomina en ellos la obsesión de que la salida de la pandemia no altere las condiciones de reproducción del capitalismo de la financiarización, generador de desigualdad, que desplegaron la dictadura, los ’90 y el gobierno de Macri.

La condición humana requiere el reconocimiento del otro, que significa poner en primer lugar la vida. La propia y la del otro. Ese reconocimiento implica un límite. El derecho de propiedad no puede ir contra la vida misma. El derecho de propiedad, entonces, tiene un límite. El reclamo por abrir la actividad económica en plena pandemia para garantizar ganancias es desconocer el derecho a la vida de los semejantes. El derecho de propiedad tampoco puede preceder al ejercicio de autonomía y de autogobierno de un pueblo. El derecho de propiedad, si no es limitado, si no se construye socialmente, si se lo concibe previo a la organización social, es un autoritarismo de clase. En cambio la expropiación por utilidad pública constituye una garantía para proteger el bien común. La dirección de la economía por parte del gobierno es democratización de la vida social.

Si la Argentina puede encarar un proyecto de pleno empleo de carácter estructural, de sustancial mejora de la distribución del ingreso y de abandono de un consumismo desenfrenado, desarrollando nuevas instituciones sociales y políticas, podrá incorporar una reforma fundamental. Si en cambio persiste una dinámica de financiarización, concentración y extranjerización de la economía, la pobreza social, económica, cultural y espiritual reinará sobre la vida del país. Esta contradicción se juega en el presente, porque la oligarquía diversificada y el capital financiero radicalizaron su conducta para impedir que el Frente de Todos gobierne con la política para la que fue votado.

14Jun/200

UTILIDAD PÚBLICA

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Las triangulaciones y precios de transferencia justifican la intervención estatal en el sector

 

Hay cuestiones clave que una política de desarrollo de carácter nacional y popular debe resolver en la Argentina. Recientemente se ha distribuido el informe del Banco Central sobre la fuga de capitales durante el gobierno de Macri, de 86.000 millones de dólares. Las cuestiones de evitar la fuga y el endeudamiento resultan centrales junto a otras como el empleo, la disposición de divisas para sostener las importaciones necesarias para un proyecto de industrialización y diversificación productiva y la posibilidad de direccionar el crédito en función de promover las áreas y objetivos de esa política. El desarrollo además está estrechamente unido al objetivo de la integración regional de la Nación.

El debate sobre la decisión del gobierno nacional de rescatar la empresa Vicentin mediante la intervención y la expropiación incluye la discusión sobre todos estos tópicos. El grupo empresario en cesación de pagos y concurso de acreedores ha sido un actor de importancia en el comercio exterior de productos primarios y agroindustriales (10% del comercio de granos), ocupa miles de trabajadores y está endeudado con miles de productores. Uno de los principales acreedores es el Banco Nación y además es deudor del Banco Provincia y otras entidades financieras públicas. El impacto del derrumbe de Vicentin afecta el nivel de empleo y resiente la actividad en una región que abarca la provincia de Santa Fe, la de Córdoba y de Buenos Aires. Atender a resolver todas estas cuestiones constituye un tema clave para un proyecto de desarrollo. La  continuidad de la empresa tiene sobradas razones de utilidad pública.

Por eso la decisión del gobierno de intervenir Vicentin y enviar un proyecto de ley para su expropiación resulta adecuada y pertinente. Una de las razones que la hacen necesaria es atender a la defensa de las acreencias de la banca pública. Porque a pesar de la cuestionable gestión durante el último período neoliberal, la banca pública es un instrumento vital de un proyecto nacional. Sus roles de banca testigo, de fomento, su despliegue territorial y su papel en la orientación del crédito en función de objetivos que no se sustentan en la ganancia sino en la promoción del desarrollo, son indispensables para una política económica orientada a alcanzarlo. La atención de urgencias como la emergencia vivida hoy con el Covid-19, frente a la cual fue la banca pública la primera en acudir con el apoyo crediticio necesario para sostener la imprescindible cuarentena, es una muestra de su papel irremplazable.

Por otra parte, las medidas decididas por el gobierno para el rescate de Vicentin crearían una herramienta cuya existencia está puesta en el debate público. Una empresa que podrá tener una presencia para incidir en la transparencia de los precios, como así también en las condiciones de liquidación de divisas impidiendo procesos especulativos de retención que impactan en expectativas cambiarias y macroeconómicas. Esta última cuestión es de importancia clave, ya que las divisas constituyen un insumo estratégico para un proyecto de economía diversificada, y la restricción de su disposición una dificultad que exige el mayor cuidado regulatorio por parte del Estado.

El sector de exportación de commodities está hoy concentrado en operadores privados de gran dimensión y que realizan operaciones que detraen ingresos tributarios, como así también constituyen formas adicionales de fuga de capitales no captadas en los cálculos tradicionales, como la utilización de triangulaciones y precios de transferencia. En el documento de trabajo del CEFID-AR La manipulación de los precios de transferencia (supervisado por Jorge Gaggero), Verónica Grondona los define como “los precios a los que se realizan transacciones entre entidades vinculadas; aunque esta definición implica reconocer la existencia de un ‘precio’, de un contrato entre partes jurídicamente independientes, algo que no se cumple hacia el interior de un grupo económico”. Grondona afirma que las empresas multinacionales abusan del sistema imperante mediante la estructuración compleja de esquemas de precios de transferencia utilizando el pasaje de mercancías por “guaridas fiscales”.

Los socios de la empresa Vicentin crearon una sociedad en Uruguay con el mismo nombre. La creación de este tipo de sociedades suele tener el objetivo de facturar ventas de commodities agrarios que son despachados a otros destinos. la triangulación es una práctica habitual en el comercio exterior de granos. Los precios de transferencia operan, como describe Magdalena Rua en el documento de trabajo del CEFID-AR Los facilitadores, sus modos de acción, “mediante el mecanismo de triangulación, que refiere a la utilización de entidades ubicadas en países de nula o baja tributación que actúan como intermediarias en las operaciones con clientes finales vinculados o no vinculados (ver Grondona, 2014). Usualmente este mecanismo es empleado por empresas exportadoras o importadoras que utilizan un intermediario (trader) para la operación. En los casos fiscalizados por la AFIP, se ha comprobado que los precios de estas operaciones resultaban más bajos que los del mercado; que el pago de las operaciones provenía, en un gran porcentaje, desde una tercera jurisdicción con flexibilidad cambiaria (ni la de la empresa local, ni la del trader)”.

El funcionamiento del mercado granario argentino hace estratégica la presencia de una empresa pública en esa actividad. Ayuda a la transparencia y a poner un límite a comportamientos especulativos. Constituye una posibilidad de crear también nuevas condiciones que restrinjan estos métodos de evasión fiscal.

Pero para la AEA, “la estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina”. Así la asociación de los mayores empresarios de Argentina pretende sancionar que no debe haber empresas públicas, y que los propietarios privados son los únicos habilitados para controlar, dirigir y administrar empresas. Es el criterio de la autorregulación del neoliberalismo privatizador. Luego de cuatro años de desastre económico provocado por el último experimento de ese tipo, la defensa de los intereses particulares de minorías oligárquicas se expresa en esas posiciones. No quieren empresas públicas, y señalan específicamente el comercio exterior como ámbito inexpugnable para la empresa privada. Tampoco, por lo que expresan, les interesa el rol de la banca pública, y por lo tanto no les preocuparía arbitrar las medidas para que recupere sus créditos. Pero es necesario que este sector respete la voluntad popular que eligió un gobierno que tiene un programa para una Argentina más igualitaria y solidaria, y que posee la potestad de elegir el camino que entienda más productivo para cumplir con el mandato. La Constitución Nacional en su artículo 17 prevé la expropiación por utilidad pública aprobada por el Congreso. Además, incluye los pactos internacionales que disponen la vigencia del derecho al desarrollo. Este es el marco legal vigente y no el precepto declamado por la AEA.

En la Argentina hubo distintos momentos de intervención en el Comercio Exterior. Los gobiernos conservadores de los años posteriores a la crisis de 1930 establecieron las Juntas Reguladoras que tenían la misión de administrar  los precios y defender a los sectores agrarios de los efectos de la depresión en esa época. En la segunda posguerra el peronismo creó el IAPI para contraponerlo a los organismos estatales de los países centrales que establecían precios bajos para los productos primarios mientras subían los de los industriales. El IAPI también pretendía eliminar el agobio sobre los productores que imponían los intermediarios y acopiadores, mientras buscaba una administración de las divisas que favoreciera un proyecto industrializador (Mario Rapoport, Historia política y social de la Argentina).

La dinámica actual del comercio de granos tiene otro dispositivo que requiere transformarse, su desenvolvimiento es una economía muy concentrada y privatizada. Esa dinámica de triangulaciones y precios de transferencia necesita de la intervención estatal en ese sector. La presencia de una empresa pública, de carácter estatal o mixta, o estatal-cooperativa, pero cuyos objetivos –en el marco de una administración eficaz— no estén guiados sólo por la rentabilidad sino también para mejorar el funcionamiento del comercio exterior.

Vicentin se desenvolvió con un gran crecimiento e importantes beneficios en los años anteriores a su entrada en cesación de pagos. Se visualiza que sus propietarios construyeron un grupo extendido de subsidiarias desplegadas internacionalmente. Esa es una estrategia compatible con la realización de operaciones de triangulación.

Esta política empresaria y la sorpresiva reversión de su tendencia exitosa, sin la existencia de razones macroeconómicas que expliquen un stress financiero ya que los créditos de prefinanciación responden a exportaciones que se cobran en dólares, junto a las irregularidades verificadas en las relaciones entre la firma y el BNA en el año 2019, originaron una investigación penal judicial y otra de carácter administrativo. Esta semana la UIF se sumó como querellante con el objetivo de investigar lavado y fuga de divisas.

La política de liberalizaciones del gobierno de Macri eliminó la obligación de liquidar divisas, a la vez que no introdujo regulaciones prudenciales adecuadas en el mercado de granos. Otorgó todas las facilidades para la fuga de capitales al exterior. Fue el marco adecuado para acontecimientos como el registrado por Vicentin.

Las irregularidades investigadas por la presunción de comportamientos de fuga de capitales, la inexistencia de una previsible salida para el grupo que no implique su extranjerización y el carácter estratégico del Comercio Exterior justifican plenamente la decisión del gobierno de emprender el rescate de la empresa mediante el recurso de la expropiación. Solamente la Sociedad Rural y la CRA se han pronunciado contra la medida. El resto de las organizaciones de productores, que van desde CONINAGRO y la FAA hasta las organizaciones campesinas como el FNC, el MNCI, la UTT y el MTE, han apoyado el rumbo emprendido

10May/200

Interrupción

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Llegó la instancia para una nueva ley que rija el funcionamiento de las entidades financieras.

POR GUILLERMO WIERZBA MAY 10, 2020

Salvador Dalí

 

La globalización financiera se estableció en el discurso hegemónico de los sectores de poder como una opción modernizadora. Se estigmatizó como anacrónica la dinámica del patrón de acumulación anterior, quedando excluida su revisión crítica como así también la recuperación del espíritu y de instituciones concretas de aquel período. Esa censura fáctica fue la que en forma de descalificación ha empujado a los márgenes del debate sobre lo político, lo económico y lo social, a las virtudes del período de industrialización por sustitución de importaciones. A la vez, se ha ponderado axiomáticamente su desarticulación y reemplazo por una “nueva época” en la que se instituyó un nuevo régimen de valorización financiera, al que se adjudica, en forma tácita, a la dictadura terrorista instalada en 1976 un lugar fundante de la potencialidad de una “Argentina moderna”. Eduardo Basualdo en Estudios de historia económica argentina, caracteriza ese momento: «La instauración de un nuevo régimen de acumulación de capital no se origina en el agotamiento de la industrialización basada en la sustitución de importaciones ya que durante la década anterior (1964/1974) se había producido un crecimiento ininterrumpido del PBI interno, que había registrado una acentuada expansión industrial y se había modificado la naturaleza del ciclo corto sustitutivo, que ahora no implicaba una reducción del PBI en la etapa declinante”. El concepto decisivo de esta intervención de Basualdo es interrupción y no agotamiento, sumado a que la misma se produjo cuando cierta maduración del modelo de acumulación le había dado estabilidad al sendero de crecimiento. El autor más adelante refiere al carácter de la dictadura, ubicando su advenimiento en un período de predominio internacional en la obtención de renta, y expresa que  las dictaduras anteriores fracasaron en disciplinar a los sectores populares impulsando el desarrollo industrial. Frente a la fortaleza del tejido social argentino, esa vez el bloque de poder oligárquico eligió “la estrategia de reestablecer el orden capitalista modificando drásticamente la estructura económica y social para disolver las bases materiales de la alianza entre la clase trabajadora y la burguesía nacional” con el objetivo de eternizar las relaciones de dominación. El texto sindica a la reforma financiera de 1977 como el primer paso hacia la modificación de la estructura económico-social de la sustitución de importaciones, “ya que puso fin a tres rasgos centrales del funcionamiento del sistema financiero…: la nacionalización de los depósitos por parte del Banco Central, la vigencia de una tasa de interés controlada por esa autoridad monetaria y las escasas posibilidades de contraer obligaciones financieras con el exterior por parte del sector privado. Para Basualdo la reforma financiera introdujo un cambio de enfoque radical de la política económica, invirtiendo la subordinación que tenía el sistema financiero respecto a la expansión de la economía real y poniendo a ésta al servicio de los equilibrios y condiciones monetarias.

Esta caracterización nos permite concluir que no hubo ni agotamiento del dispositivo de acumulación, ni de la estructura social de la sustitución de importaciones, ni tampoco anacronismo de su régimen financiero. Más aun, a este se lo desarticuló porque era axial en la política de industrialización interrumpida por la dictadura, con el objetivo de destruir el ascenso de los sectores trabajadores y las mejoras de equidad en la Argentina. En 1974 el índice Gini llegó a ubicarse en 0,35 (Gaggero y Grasso, CEFID-AR, 2009). Desde el golpe militar la deuda externa se ubicó como un problema permanente y recursivo, como limitante de las posibilidades de desarrollo argentino, y el sistema financiero se constituyó en un vehículo transmisor de la fuga de capitales a la vez que contribuyó a la gestación y propagación de esa deuda. Pero además, quedó inutilizado como instrumento de política productiva por parte de los gobiernos nacionales. La versión de la historia que denuesta el apoyo estatal a la industrialización del país y aprueba la liberalización financiera de 1976, que también descalifica la mirada crítica positiva frente a las instituciones de la Argentina previa, es aprobatoria de las reformas económicas antipopulares que el régimen genocida impulsó en la economía. Los esfuerzos por demoler la reivindicación de la legislación financiera que liquidó Martínez de Hoz en 1977, constituyen la clave del respaldo a su política, muchas veces camuflados.

Hoy la Argentina enfrenta el desafío de mitigar los efectos de una crisis internacional como no la hubo en todo el siglo XX y, además, los problemas de oferta y demanda agregadas de su propia economía, provenientes de la política de aislamiento social necesaria para evitar un tendal de muertos por el coronavirus. Para emprender ese desafío se requieren instrumentos fiscales, monetarios y crediticios. La banca privada no ha acompañado ni jugado un rol positivo en la emergencia. Sólo comenzó a intervenir cuando el Estado le suprimió el riesgo aportándole su garantía. Siempre la mayoría de los bancos privados requirieron y reivindicaron la libertad de tasas y la decisión mercantil de la asignación del crédito. Siempre en los momentos complicados presionaron por el auxilio público. Esta conducta parasitaria no dejó de exponerse en la última crisis. Después de un año de obtención de abultados beneficios, mientras la economía argentina se derrumbaba por la crisis del endeudamiento, no se hicieron eco de las claras señales del Banco Central para otorgar créditos en niveles y tasas razonables atentos a la situación de emergencia. Es que los banqueros no son sensibles a señales ni inducciones. Manejan otros lenguajes.

La reforma financiera de los partidarios de la sociedad de mercado, implementada por el gobierno de Videla y sus continuadores, provocó también la concentración y extranjerización del sistema financiero argentino. Si se analizan los depósitos de las 10 entidades más importantes del sistema entre 1995 y 2001 – durante el segundo período neoliberal- los de los bancos públicos descendieron en su participación del 44.4% al 34.2%, mientras los privados nacionales lo hicieron del 38.5% al 14.4%, mientras los bancos extranjeros ascendieron del 17.1% al 51.4%. Además, las 10 principales entidades pasaron de sumar el 59% de los depósitos del sistema en 1995 a recibir el 78.9% en el 2002. (Wierzba y Golla, CEFID-AR, 2005). O sea que durante este período, en el que se profundizaron las reformas neoliberales, la concentración y extranjerización fue agudísma, y las crisis del tequila y del fin de la convertibilidad la acentuaron.

Los bancos de capital extranjero y las sucursales del exterior redujeron el coeficiente entre el saldo con el exterior y su cuota del mercado de activos, mostrándose procíclicos en los momentos claves. La concentración del sistema financiero comenzó desde la misma sanción de la Ley 21526, que redujo las entidades financieras de 725 a 245 entre 1977 y 1988, período en el cual los bancos extranjeros en el país ascendieron de 17 a 32. (Wierzba, Del Pino y Kupelian, CEFID-AR, 2010). La monetización de la economía durante los turnos neoliberales mostró los peores desempeños, sobre todo en el agregado de dinero transaccional. Los resultados exhibían que los objetivos proclamados no se cumplían, mientras sí lo hacía el que realmente se perseguía, que era destruir un sistema financiero que se había desarrollado en función del financiamiento pyme y de la producción industrial. De acuerdo al Informe de Entidades Financieras de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias de diciembre de 2019, los 10 principales Bancos Privados concentraban el 47,5% de los depósitos y la banca pública el 42,7%, correspondiendo a la Banca privada extranjera el 29,1% de los depósitos totales y a la nacional el 28,2%. La banca privada ligada durante toda la postconvertibilidad a los préstamos personales a altas tasas de interés, se dedicó durante el período macrista al financiamiento del déficit cuasifiscal del BCRA obteniendo ganancias sin exponerse a ningún riesgo. Casi la mitad de los depósitos bancarios se manejaron en pos de tan egoístas e improductivos menesteres.

La penetración de grandes bancos extranjeros y la conformación a partir de ello de una intensa interrelación de los mismos con el BCRA, se desplegó durante la primera etapa de vigencia de la Carta Orgánica sancionada en la gestión Menem-Cavallo que reforzó la orientación de la reforma de 1977. A esa legislación se sumó una reorganización de la Superintendencia de Entidades Financieras y del propio Banco Central en sintonía con parámetros tomados de los acuerdos de Basilea, ámbito dominado por el establishment de la financiarización. Así se completó una contrarrevolución de las instituciones financieras que provocó una orientación del crédito ajena al desarrollo nacional, guiada por el interés de los rentistas del capital especulativo, responsable de la desposesión de sectores asalariados que se endeudaban a altas tasas en tarjetas de crédito, y que estableció una categoría de sujeto de crédito ajena a la requerida para atender a la pequeña y mediana empresa.

En realidad, la ruptura de los regímenes de leyes que dispusieron, en distintos momentos históricos, un claro dispositivo de orientación del crédito y de regulación de tasas de interés, no obedeció a la falsamente imputada ineficiencia, tantas veces declamada por los economistas apologetas de la sociedad de mercado y la economía de la financiarización. ¿Cuáles fueron las “bonanzas” de la liberalización de financiera, de la regulación de capitales por riesgo de activos, de las tasas de interés libres, de la libre movilidad internacional de flujos de divisas? Deuda externa, extranjerización y concentración de la banca, desorganización del crédito, inexistencia de una política coherente para el crédito para el desarrollo. Fueron los golpes de 1955 y 1976 los que desarticularon los sistemas financieros basados en la nacionalización de los depósitos con las legislaciones de 1946 y 1973 y provocaron estos dramáticos problemas, con consecuencias sociales regresivas.

En 2012 se sancionó una reforma de la Carta Orgánica que significó la posibilidad de tener políticas de direccionamiento de parte del crédito y de introducir regulaciones sobre tasas de interés y comisiones. Pero la historia nacional ha demostrado que el sistema financiero es un parteaguas en la definición de las líneas centrales de dos proyectos económicos enfrentados históricamente, uno nacional, popular y democrático, y otro conservador-liberal-oligárquico, que en el último período se constituyó en el eje de las políticas de valorización financiera. Las reformas financieras que se desplegaron en uno u otro sentido han modificado toda la legislación bancaria, a las leyes de entidades, a las de depósitos y las de la Carta Orgánica del banco central. (Wierzba y López, CEFID-AR,2011).

La pandemia ha puesto en evidencia el retroceso en los valores y la vida de los pueblos que provocó el despliegue neoliberal a nivel global. La desigualdad y la falta de atención de los derechos sociales, específicamente el de salud, así lo atestiguan. Tampoco se preservó el respeto al derecho de los pueblos al desarrollo. La política del terrorismo de estado en ls Argentina fue precursora del proyecto de las finanzas especulativas internacionales, y su sistema financiero un emblema de la contrarreforma.
Las circunstancias actuales y la impotencia y resistencia del sistema financiero privatizado y extranjerizado para afrontar las tareas en épocas de emergencia han sido patéticos.

El objetivo planteado por el gobierno nacional promueve la construcción de una sociedad menos individualista y consumista, y mucho más basada en la solidaridad. Existe, entonces, la oportunidad de abordar la interrupción del proyecto neoliberal en forma integral, que requiere de una reforma financiera que invierta el sistema en 180 grados. Llegó la instancia para el establecimiento de una nueva ley que rija el funcionamiento de las entidades financieras y de una reforma que profundice la ya positiva y realizada en 2012 de la Carta Orgánica. También es momento de reformular el propio Banco Central y las lógicas de funcionamiento y del tipo de regulaciones emitidas por esta entidad, para reconstruirla en función de una nueva concepción de la economía y las finanzas.

El sistema financiero deberá tener el carácter de servicio público, su rol primordial para una Argentina productiva es el direccionamiento del crédito para favorecer el desarrollo y la integración regional del país. La reforma debe prever la capacidad de reasignación de recursos del sistema, provenientes de sus depósitos, de unas entidades a otras. Esto requiere de la posibilidad de un margen amplio de manejo de encajes diferenciales, en conjunción con amplias atribuciones del Banco Central, para la provisión de líneas de redescuentos con el objetivo de movilizar los fondos prestables para encarar los proyectos estratégicos de desarrollo, promover regiones deprimidas y proveer el crédito de largo plazo para la inversión, y para la vivienda.

La regulación plena de las tasas de interés, y el eventual espacio acotado de alguna porción no regulada, debe ser una de las funciones esenciales de la autoridad monetaria en un proyecto nacional y popular.

Esta orientación sería la recuperación del papel de unas finanzas nacionales destruidas por el terrorismo de estado y los gobiernos neoliberales posteriores. A las que los exégetas pertenecientes a un mainstream económico expulsivo del debate de ideas, han adjudicado supuestas ineficiencias y anacronismos.

Desandar totalmente el proyecto de la dictadura militar y reestablecer instituciones que promuevan la participación y dirección del Estado, sostenido por las mayorías populares, sobre los pilares estratégicos de las políticas de desarrollo y de igualdad, es una necesidad. La pandemia y la crisis expusieron la tragedia de un régimen que debe cesar. Está impugnado. Ni el mundo ni Argentina serán iguales de aquí en más. Todo se discute.

3May/200

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LA PROPIEDAD DEL HUMANISMO

La pandemia en la época de la globalización

 

La dinámica inédita de la Covid-19, por su forma, intensidad y extensión, se debe a la interconexión de los distintos aspectos de la vida humana – culturales, económicos, laborales, turísticos, productivos, financieros a través del mundo. También su contagio global fue a una velocidad vertiginosa y con un alcance sin antecedentes. Las medidas sanitarias requeridas alcanzaron simultaneidad en la mayoría de las naciones. Esas decisiones también han tenido, y han de tener, un impacto convergente en el deterioro de la actividad económica, porque ante la ausencia de vacunas preventivas y la carencia de recursos médicos de alta efectividad para la cura, el dispositivo del aislamiento social es una necesidad para evitar una tragedia mayor en pérdida de vidas. Ese aislamiento social supone la limitación de la actividad económica, para evitar la aglomeración y el contacto entre personas. Los países que han privilegiado la salud y la vida a la continuidad desenfrenada de la producción, han logrado mitigar con éxito los niveles de contagio. Otros que habían  priorizado la continuidad de la acumulación y la ganancia del capital, tuvieron un impacto sanitario calamitoso por la propagación del virus, cuya magnitud los llevó a cambiar de rumbo forzosamente, en razón de la cantidad de muertes como por el colapso productivo provocado por la propia peste.

El capitalismo no se encontraba en auge y con un despliegue sin dificultades antes de la Covid-19. Los comportamientos de la actividad productiva, la volatilidad y descenso de los niveles de los precios de los commodities (metales, hidrocarburos, productos agrarios) anunciaban el advenimiento de una situación recesiva, como así también lo insinuaban el movimiento de las bolsas de valores. El marco de inestabilidad incluía, además, la intensificación de una etapa de disputas comerciales y guerras de precios, que constituían una escena distinta al período previo de la globalización, en el que la dinámica de la apertura comercial y financiera parecía haberse convertido en una convergencia de proyectos e intereses de larga duración entre los países centrales. El mundo globalizado se construyó mediante la fragmentación y deslocalización productiva que favorecía al capital frente al trabajo, porque las actividades se establecían donde el salario era menor, y a través de la financiarización de la economía mundial: apertura indiscriminada de los mercados financieros nacionales, que favorecía el ingreso o egreso de capitales, que se adecuaban a los mecanismos de valorización de corto plazo. Estos dos fenómenos impulsaron la sociedad de mercado, debilitando (o más aun, cercenando) la posibilidad de la acción de los Estados —especialmente los del mundo periférico, dependiente y subdesarrollado— para incidir y/o definir su sendero de desarrollo mediante políticas públicas. La deslocalización productiva y la financiarización, requirieron y a la vez profundizaron dos características de esta etapa del capitalismo global:

  • un descenso del salario que se articulaba con una caída del nivel de empleo, profunda y estructural, que devino en el crecimiento exponencial del trabajo informal y la marginación social.
  • la expropiación del manejo financiero de recursos para el desarrollo, articulada con la privatización esencial del mundo de las finanzas.

Ambas transformaciones exigían la austeridad fiscal, que reducía la capacidad de llevar a cabo políticas públicas, reservando el presupuesto de los Estados para priorizar la atención de las deudas públicas contraídas con los fondos de inversión privados, que previamente lucraban con el financiamiento de aquél. El otro elemento institucional que componía estratégicamente el dispositivo era la “independencia” de los bancos centrales respecto de las políticas de los estados. Esto generalizaba un esquema financiero internacional único, con tasas de interés y destinos del crédito determinados mercantilmente, el copamiento de los sistemas financieros periféricos por la banca transnacional y el sometimiento a normativas globales de regulación, establecidas por la entente de Basilea que ha formalizado las exigencias requeridas a los bancos para responder al patrón de la financiarización.

Piketty en El capital en el siglo XXI observó que “cuando la tasa de rendimiento del capital supera de modo constante la tasa de crecimiento de la producción y del ingreso —lo que sucedía en el siglo XIX y amenaza con volverse la norma en el siglo XXI—, el capitalismo produce mecánicamente desigualdades insostenibles, arbitrarias, que cuestionan de modo radical los valores meritocráticos en los que se fundamentan nuestras sociedades democráticas”. Esta prescripción no es otra cosa que lo que admite –o más bien promueve— el neoliberalismo político y los economistas ortodoxos. La pandemia acontece en un mundo con este paradigma y este diseño, con consecuencias de desigualdad y exclusión intensas y crecientes. Estados demolidos por la lógica de la sociedad de mercado con sociedades desintegradas y fragmentadas ostentan capacidades muy reducidas.

 

 

 

Apologetas y agentes de la desposesión

La Fundación para la Libertad promovida e integrada por políticos e intelectuales de la derecha internacional emitió hace una semana un pronunciamiento afirmando que “muchos gobiernos toman medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos. En lugar de algunas entendibles restricciones a la libertad, en varios países impera un confinamiento con mínimas excepciones, la imposibilidad de trabajar y producir, y la manipulación informativa”. Así, leen el aislamiento social como confinamiento y restricción de derechos, sosteniendo la libertad de industria y comercio como prioritaria e insuspendible. Los derechos básicos que invocan, subordinan a ellas los derechos a la vida y a la salud, que la mirada humanista y solidaria no ha dudado en priorizar. Más adelante explicitan sus temores cuando escriben que “resurgen el estatismo, el intervencionismo y el populismo con un ímpetu que hace pensar en un cambio de modelo alejado de la democracia liberal y la economía de mercado”. El texto refleja el temor por el momento crítico que atraviesa el patrón de la economía global, que conjuga la unidad imposible entre liberalismo y mercado con democracia.

En realidad, la economía de mercado y el liberalismo son operadores que vacían la democracia y la limitan a una formalidad procedimental, y han sido puestos en crisis por la impotencia y el default operativo del mercado y los grandes grupos privados para lidiar con la crisis de la pandemia, haciendo necesaria la reinstalación de un rol decisivo de los estados en la conducción de la sociedad y su economía.

El Foro de Convergencia Empresarial, que agrupa cámaras y asociaciones que representan el poder económico concentrado en el país alineado en el mismo rumbo, también  caracterizó la situación como “igualmente grave para todos, afectando seriamente a grandes, pequeñas y medianas empresas, cuentapropistas, monotributistas y personas que se desempeñan en la economía informal”. O sea que la seriedad de las plumas pensantes y redactoras del texto equiparan a Techint con el vendedor ambulante que sale todos los días a probar suerte en la calle para conseguir su sustento básico. Esta es la capacidad analítica sobre la democracia liberal de mercado que tienen los mentores del escrito. “Igualmente grave” para quien despide 1.450 trabajadores porque no está dispuesto a perder un céntimo, que para los despedidos que salen a ganarse la vida como pueden una vez arrojados a la calle, a quienes Macri –integrante de la Fundación para la Libertad— llamaba emprendedores. El mismo Macri que edificó una crisis de vertiginosidad inédita. El mismo que se opone a la política sanitarista de aislamiento social. Un ícono de esta derecha mundial. Esa igualación a la que se someten los aristócratas con sectores populares no es inocente sino interesada, lo que se desnudada cuando alegan que “es fundamental seguir tomando las medidas económicas, financieras, crediticias e impositivas que aseguren el pago de los salarios en todas las unidades productivas y de servicios del sector privado y preserven la continuidad de las empresas, que serán los elementos fundamentales de la reactivación de la economía una vez que esto haya terminado, teniendo presente que no se le puede exigir al sector privado que haga políticas públicas”. O sea, que el Estado en estas circunstancias debe subsidiar a todos y con todas las herramientas, créditos baratos, sumas para abonar sueldos y exenciones impositivas. Desde Techint hasta el señor López que esa firma despidió y convirtió en un agente de la economía informal. Luego dice el Foro que hay que “generar las condiciones para que haya incentivos a la inversión privada como motor del aumento del empleo en el sector formal de la economía tales como restablecer el mercado de capitales local,  imprescindible tanto para impulsar el desarrollo como para amortiguar condiciones externas adversas, anular rápidamente las medidas de emergencia de carácter eminentemente transitorio sobre controles de precios y consensuar reglas de juego estables para los sectores más dinámicos de la economía. En este sentido los proyectos de crear nuevos impuestos al patrimonio y a las ganancias de las empresas es un antecedente sumamente negativo para recrear el clima de inversión”.

No resulta rebuscado suponer el motivo por el que acuden al Estado para que se ocupe de manejar la economía y de garantizar el orden, la propiedad y la reproducción del sistema democrático liberal de mercado, de modo que una vez superada la emergencia se retire y estimule el mercado de capitales, elimine los controles de precios y consensúe con ellos las reglas del funcionamiento económico posterior. El texto culmina criticando la implementación de imposiciones al patrimonio y a las ganancias. No se requiere gran esfuerzo para entender la resistencia de este foro del poder económico a la implementación de un impuesto a los que tienen una gran riqueza personal medida en millones de dólares. Pero su democracia liberal de mercado no es óbice para ejercer presión sobre el gobierno en pos de imponerle “la propuesta de la Academia de Ciencias de la Empresa de convocar a un grupo de expertos en economía para asesorar sobre cuáles son las áreas fundamentales para poner nuevamente en marcha nuestro sistema productivo”.

Ese grupo de expertos, a los que los operadores mediáticos refieren como economistas serios, estaría conformado por aquellos que se proponen reencaminar la democracia liberal de mercado. Régimen en el que las ganancias crecen más que el ingreso, como marcó Piketty, en el que los propietarios de grandes medios de producción acumulan sobre la base de desposeer a los sectores populares y al Estado, redistribuyendo ingresos en forma regresiva, privatizando empresas, fugando capitales de los países periféricos y otras lindezas. Leyendo a Harvey, se trata de una segunda acumulación originaria, precedida por el ajuste del sistema jurídico que la haga procedente, para consolidar la fase neoliberal del capitalismo, con modificaciones sustantivas respecto a las pasadas.

 

 

 

Emancipación humana o democracia liberal

Este discurso de la Fundación para la Libertad y del Foro de Convergencia Empresarial no se construye en el ámbito abstracto de las ideas. Emerge como manifiesto en una Argentina amenazada por la coronavirus, pero con buenos resultados en su control, a partir de haber adoptado políticas que priorizaron la vida y la salud. Esas políticas fueron acompañadas por un discurso del Presidente Alberto Fernández que sentenció la necesidad de un cambio de paradigma a nivel mundial que reemplace el individualismo consumista por el predominio de un concepto de vida en solidaridad. Un discurso que restaura el valor de la igualdad, que hace casi una década promoviera como concepto sustantivo de su expresión política Cristina Fernández .

Pero también es una Argentina que desde el terrorismo de Estado evolucionó hacia la concentración del poder económico que monopoliza la oferta en sectores fundamentales de la economía y fija precios, poder favorecido durante el gobierno de Cambiemos, período en que se aceleró la polarización creciente de la riqueza.

En La cuestión judía Marx hace una lectura crítica de los valores de la democracia liberal, cuando confunde el derecho humano de la libertad con el de la propiedad privada. En el contexto político del siglo XIX, respecto del cual Piketty ve similitudes con el del siglo XXI, Marx decía que “el derecho humano de propiedad privada es… el derecho a disfrutar de su patrimonio y a disponer de él arbitrariamente, sin atender a los demás hombres, independientemente de la sociedad… sociedad que hace que encuentre en otros hombres, no la realización, sino, por el contrario, la limitación de su libertad”. Una lectura atenta del texto permite concluir que el paradigma neoliberal restaurador, y en un grado cualitativo superior, de la democracia liberal, escinde al hombre público del hombre privado. La igualdad política manifiesta la emancipación en ese único nivel, mientras la desigualdad económica limita la emancipación humana. La razón de esa limitación es el derecho de propiedad privada en su carácter absoluto: “De carácter arbitrario, sin atender a los demás hombres”. Tal como lo exhibe el discurso del Foro por la Libertad, cuando sostiene que las medidas de la protección de la salud serían confinamientos que impiden la libertad de producir (de acumular) al propietario de una industria.

La vocación por un humanismo solidario requiere detenerse en una nueva lectura de la Constitución Nacional de 1949, tratada como anacrónica por los “economistas serios” que  quieren ser impuestos como “consejeros” al Presidente Fernández. Citamos contenidos del texto que recobran absoluta vigencia para la construcción de esa sociedad humanista y solidaria en la postpandemia: “La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común… El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino… La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales… Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias… Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine”.

Junto a la vocación por la construcción de una América Latina unida, la Constitución de 1949 es una de las fuentes para la construcción de una Argentina posterior a la pandemia que se dé a la tarea de desarmar los restos del entramado neoliberal de sus esferas políticas, económicas, jurídicas y culturales.