Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

16Ene/210

EL SISTEMA POLÍTICO CHINO

Publicado por admin

Jorge Molinero *
* Sociólogo (UBA 1967) y Economista Político (UBA 1970).
Ex Profesor de Historia Económica (FCE UBA).
Especial para sitio IADE-Realidad Económica
13-01-2021
Tradiciones culturales, sistema político
y modo chino de producción.
1
Muchos en el mundo todavía se sorprenden por las consecuencias de los
preanunciados movimientos de Donald Trump. Ya antes de las elecciones –
cuando las encuestas marcaban una menguante ventaja para Biden – insistió
que podría haber fraude. Luego de las mismas lo reiteró, en especial para los cinco estados
más disputados, y ha mantenido el vilo a su país y al mundo al no reconocer su ajustada
derrota. No le importó que ninguna de sus denuncias pasase de las habituales
irregularidades encontradas en toda elección, razón por la cual fueron rechazadas por los
distintos jueces intervinientes y los recuentos definitivos. El último capítulo de esta serie
interminable han sido sus incendiarias declaraciones del 6 de enero que derivaron en la
movilización frente al Congreso Nacional, y el ingreso al mismo de los más exaltados,
frente a la increíble pasividad de las fuerzas de seguridad. A pesar que Trump aceptó la
proclamación formal de Biden tras la toma del Congreso - como había anticipado que haría
pero sin aceptar su derrota - los principales voceros demócratas y la prensa mayoritaria
en Estados Unidos, piden que su vicepresidente y la mayoría de su gabinete lo separe del
cargo en los pocos días que le quedan de poder. Todo suma al caos que Trump provocó
deliberadamente y que marca el inicio de una etapa muy meditada y nada improvisada por
parte del mismo, etapa que puede derivar en oscuras consecuencias.
¿Cómo es posible que esto ocurra en la potencia hegemónica, el imperio que domina al
mundo? ¿Dónde quedó el “destino manifiesto” para conducir al mundo bajo la receta de la
“democracia americana, la libre empresa, y la no intervención del Estado”?
No es nuestro tema de hoy, aunque sí en forma indirecta. Nos proponemos recorrer las
características del sistema político chino, menos conocido y glamoroso que la “democracia
americana”. Al final haremos sucintas comparaciones de ambas realidades.
Tradiciones culturales y modo de producción asiático
En el pensamiento chino siempre ha habido una recurrencia a filósofos o religiones de un
pasado remoto, que se utilizan como guía para enfrentar los desafíos de los distintos
presentes. El taoísmo, el budismo y el confucianismo son las tradiciones más extendidas.
La más respetada actualmente es la de Confucio (551 a.C.- 479 a.C.). Muchísimos centros
de su pensamiento se han abierto en China y en el extranjero en los últimos años. Sus
pensamientos van suplantando la formalidad de venerar el pensamiento de Karl Marx y el
socialismo, aunque algo de todo aquello continúa. Para Confucio las virtudes del ciudadano
son “la buena conducta en la vida” (caridad, justicia, respeto a la jerarquía, el poder y los
mayores) mientras que las del Estado son el mantenimiento de la tradición
(inmutabilidad), el estudio y la meditación. El resultado de mantener estos principios sería
M
2
la armonía, algo muy distinto de la guerra de clases de la versión soviética del marxismo
que inspiró la lucha de Mao para salir del siglo de las humillaciones, pero sin recetas para
los desafíos actuales.
Las tres culturas filosóficas y/o religiosas que han dejado su huella en China predican
valores de alguna forma similares. La inmutabilidad habla de una sociedad donde se
repiten constantemente las mismas relaciones, se utilizan las mismas técnicas, mientras
que la armonía puede lograr esa reproducción permanente sin conflictos, dirigidos por un
gobernante (supuestamente) benevolente que haga cumplir esos preceptos.
Estos principios no son características exclusivas de la civilización china. Con sus variantes
han estado presentes en varias culturas, entre ellas la del Egipto de los faraones, que duró
por tres mil años.
¿Por qué se llegó a imponer esta filosofía de la repetición permanente y armónica de los
ciclos de vida de los pueblos y sus gobernantes “virtuosos”? ¿Qué tenían en común el
Egipto de los faraones y la China antigua?: la influencia de la forma predominante de la
producción y reproducción de los bienes materiales, caracterizado en ambas civilizaciones
por el aprovechamiento de los cursos hídricos por la canalización y fertilización de los
terrenos alcanzados. En China para el siglo V a.C. ya estaban avanzadas los canales entre
los ríos Amarillo y Yangtsé, base alimentaria de la población más extensa del mundo.
Las condiciones materiales son importantes en el moldeo de la conciencia de los pueblos, y
una parte no despreciable de la forma de pensar china deriva de esta característica que la
hizo grande a partir del juicioso y ordenado desarrollo del sistema de canales de riego, que
necesitaba de un poder político fuerte y una colaboración permanente de sus poblaciones
campesinas. Gracias al mismo se logró una de las agriculturas más productivas del mundo
por área sembrada, basada en la intensidad de mano de obra por superficie, también de las
más altas del mundo. Es el reverso de la forma de producción agraria extensiva en áreas de
secano que existen, por ejemplo, en Estados Unidos y Argentina, y por ello insistimos
sobre los distintos modos de producción y su influencia sobre la forma de pensar, tan
distinta de la nuestra.
Luego de haber sido la civilización más importante por miles de años, entre 1850 y 1950
China sufrió humillaciones y terribles retrocesos a partir de la rapiña imperialista que
comenzaron británicos con la Guerra del Opio, seguida por otras potencias imperialistas
europeas y el Japón, que recién terminaron en forma definitiva con el triunfo de la
revolución socialista de base campesina dirigida por el Partido Comunista de Mao Tsetung.
3
El sistema político actual
Luego de treinta años de recuperación de la soberanía nacional y el inicio del desarrollo
económico mediante la industrialización – no exenta de grandes errores como el Gran
Salto Adelante de fines de los cincuenta y la Revolución Cultural de los sesenta – China
cambió el paradigma del modelo maoista a partir de fines de 1978 con Deng Tsiao-ping. Se
impuso un modelo económico de capitalismo de Estado con creciente participación de las
empresas privadas, llamado “Socialismo con Características Chinas”. No repetiremos aquí
las etapas conocidas sobre el crecimiento y desarrollo meteórico que en cuarenta años
llevaron a China a ser la segunda economía del mundo y desafiar por su sola presencia al
hegemón norteamericano.
El período de Mao fue de tres décadas, el de las reformas de mercado lleva cuatro. Si el
período de las “reformas” dura más que el “original” sin haberse concluido a imagen y
semejanza del neoliberalismo occidental es claramente porque hay elementos estratégicos
que el PCCh no está dispuesto a ceder, ni en lo económico ni en lo político.
Las críticas en Occidente, y en especial desde las usinas de pensamiento norteamericanas,
se centran en dos temas. A nivel económico la persistencia e importancia de las empresas
del Estado (SOE´s) y las regulaciones, controles, prohibiciones y subvenciones sobre las
empresas privadas. El Estado mantiene el control directo de sectores estratégicos y un
largo rango de industrias básicas, incluyendo las de infraestructura, transporte,
telecomunicaciones, finanzas y los medios de comunicación.
A nivel político la crítica occidental es la ausencia de “democracia representativa” (una
persona, un voto) caracterizando al sistema chino como “autoritario” o simplemente una
“dictadura” como continuación del modelo maoísta basado en la experiencia de Stalin en la
URSS. La persistencia del nombre del partido único, Partido Comunista de China,
contribuye a obscurecer diferencias significativas que se han venido articulando a partir
de los años noventa del siglo pasado.
La tradición democrática se idealiza como iniciada en Grecia, aunque tal “gobierno del
pueblo” no representase más que la fracción de ciudadanos libres, una minoría dentro de
la población ateniense. La generalización del voto universal es muchísimo más reciente en
Occidente, y hasta muy entrado el siglo XIX sólo votaban los varones mayores que
contaban con una determinada capacidad económica. No fue hasta que las luchas
populares fueron arrancando la conquista del voto que se fue extendiendo a todos los
mayores de edad, y más adelante también a las mujeres. Hoy es generalizado el sistema
formal de una persona un voto, aunque las limitaciones reales a las expresiones políticas
4
vienen por otros canales. La revolución industrial que generalizó el capitalismo en
Occidente se preocupó mucho más por garantizar la propiedad privada de los medios de
producción sin limitaciones fuera de los mecanismos de mercado, que por los derechos
políticos de las mayorías que se abrieron paso sólo con prolongadas luchas sociales.
En Asia la democracia representativa no tiene tradición ni antecedentes. China ha sido
gobernada por emperadores por miles de años, y luego del siglo de humillación nacional la
principal demanda de las mayorías eran la paz y retomar una senda de crecimiento para
salir de la pobreza extrema. En 1950 el ingreso promedio anual era de 50 dólares por
habitante, con una población campesina superior al 80 % del total. Al momento actual
excede los 10.000 dólares (superior al ingreso per cápita de Argentina) y la población
agraria es algo menor al 50 %.
La base de la legitimidad política de la conducción china es el acelerado crecimiento que
ha sacado de la pobreza a cientos de millones de personas, reduciéndola a una fracción
insignificante y ha terminado con la indigencia. A medida que crece el bienestar
económico las demandas de la población van cambiando, y se suman los reclamos sobre el
sistema de salud, el previsional, las demandas sobre el medio ambiente, y contra la
corrupción, en especial a nivel distrital o de empresas, temas que ha encarado el gobierno
y son desafíos para el futuro. Todos los estudios de opinión, llevados a cabo por empresas
de prestigio internacionales, son coincidentes en que hay una alta satisfacción de la
población sobre su sistema de gobierno.
El politólogo norteamericano Daniel A. Bell1, que ha vivido más de una década en China,
describe su modelo político como de tres niveles diferentes: democrático en la base,
experimentación en el medio y meritocracia en la cumbre.
La constitución de 1982 definió el comité de residentes y autogobierno de la población en
áreas rurales y urbanas, incluyendo que los dirigentes debían ser elegidos por voto
secreto. Una ley de 1998 consolidó las practicas previas, instituyendo que los miembros
directivos de los pueblos y pequeñas ciudades debían ser elegidos por mayores de 18
años, por tres años, que la cantidad de candidatos debía exceder el de los puestos a ser
llenados, y la facultad de los electores de separar a los elegidos en caso de mala conducta.
Compiten personas, pero no partidos.
La experimentación se encuentra entre el nivel local y el central. El gobierno central
evalúa la experimentación sectorial o regional y si funciona la extiende progresivamente a
todo el país, caso contrario se descarta. Esta aproximación de ensayo y error se

1
THE CHINA MODEL. Political Meritocracy and the Limits of Democracy. Princeton University Press 2015.
5
desprendió totalmente de los supuestos ideológicos de la etapa previa, y fue una
característica especial que impulsó Deng Tsiao-ping (“no importa si el gato es blanco o
negro, sino que cace ratones”).
Existe una vieja tradición de origen confuciano, que es la de acceder al servicio público
mediante rigurosos exámenes. La meritocracia en tiempos imperiales reducía los
potenciales servidores públicos para puestos ejecutivos a aquellos que sabían leer y
escribir, conocían los textos tradicionales, en especial de Confucio, entre otros requisitos.
En síntesis, no más del 1 % de la población de aquellos períodos, donde meritocracia eran
los instruidos dentro de la elite económica y política existente.
Basados en esa tradición, el sistema actual de examen para la carrera de funcionario
público se complementa con rigurosos exámenes para ingreso a la universidad y al partido
(nada fácil ingresar, Xi Jinping lo intentó varias veces antes de ser admitido en su
juventud). Las materias que componen los duros test incluyen ciencias, economía, política,
historia, formación filosófica y evaluación de los valores morales del postulante.
Para llegar a posiciones políticas importantes habrá que haber pasado por años de
experiencia y sucesivos test en los niveles de pueblos, ciudades, departamento, provincia y
ministerios. En promedio se necesitan veinte años desde haber ingresado para aspirar a
viceministro.
Dada la superposición entre la estructura del Estado y la del Partido, se necesitan más
años para llegar al Comité Central (370 miembros), al Politburó (25 miembros) o la cima
del Comité Permanente del Politburó-CPP (7 miembros). Es en este último nivel que se
concentra el poder que se delega en el Presidente del Estado y Secretario General del
PCCh, que hoy detenta Xi Jinping. Si la mayoría de CPP decide que Xi actúa mal tienen el
poder para removerlo.
Aun hay una considerable distancia entre los postulados teóricos y la realidad, tanto en el
nivel de base como en las condiciones de ascenso en la burocracia política. Los intereses
creados, el patronazgo, la corrupción (compra de puestos) existen pero según Bell ello
afecta más a los niveles inferiores e intermedios que a los altos, y de hecho es hacia Pekín
que se dirigen los reclamos sobre las inconductas en los niveles inferiores. La percepción
generalizada de la población es que sus dirigentes nacionales son bien intencionados y
cumplen adecuadamente la misión que se espera de ellos, en esta etapa llevar adelante el
“sueño chino” de ser un país medianamente próspero ahora y estar en la vanguardia del
desarrollo económico, científico y tecnológico para el centenario de la RPC en 2049.
6
La principal virtud del sistema actual, con todas sus falencias y distancias con la teoría, es
que hay una continuidad de varias décadas de las líneas de gobierno, que los cambios son
graduales y consentidos por experimentación realizada por dirigentes cada vez más
capacitados. Es imposible pensar que llegue a la conducción del país un político sin
experiencia administrativa, como Barack Obama, o un arribista como Donald Trump que lo
logró por audacia, oratoria cautivante y fortuna personal.
Existen preguntas sin respuestas claras para el futuro. La meritocracia en la cima puede
concentrar los candidatos dentro de la fracción más favorecida por lazos personales o
fortuna familiar, que puede dar tanto apoyos de profesores extra para los exámenes como
dinero para lograr ascensos. En el caso de los partidos políticos norteamericanos (y en la
mayoría de los partidos en Occidente), los sectores económicos más poderosos terminan
por colonizarlos, independientemente de sus orígenes de clase, etnia o ideologías. En
China hace menos de dos décadas que se permite la afiliación a empresarios. Son los
valores morales que pueda mantener el PCCh - en mezcla de confucianismo y poco de
marxismo - lo que permite mantener el control sobre los intereses creados de la
burocracia y las nuevas burguesías. Hace un par de años el gobierno reveló que Jack Ma, el
multimillonario fundador y principal accionista de Alibaba y ANT, es afiliado al PCCh.
Ahora el gobierno nacional ha frenado a Jack Ma, al no autorizar a que ANT haga su oferta
pública inicial (OPI) y ha iniciado acciones para contrarrestar el poder monopólico de
Alibaba, en especial por su incursión en el área financiera en funciones neurálgicas que el
Estado no delega en privados.
Luego de un año de pandemia endémica China sale golpeada pero victoriosa en su control
del virus. Su crecimiento económico se redujo pero continúa positivo (alrededor del 2 %
para 2020) y el Banco Mundial prevé que será del 7,9 % en 2021. Su Plan Quinquenal es
detallado hasta 2025, y sucesivos planes generales cubren el horizonte hasta 2049. Su
sistema político no es atractivo para el mundo, pocos países podrían emularlo en ese
aspecto, y tampoco se ha propuesto exportarlo. Pero dentro de sus propios parámetros
está logrando avances que consolidan su estabilidad y confianza en el futuro.
Mientras tanto, Estados Unidos ha sufrido un retroceso económico por su mala política
frente al Covid, con caída del orden del 4 % en 2020. Su recuperación es una seria
incógnita por el agravamiento de nuevos casos que superan los 220.000 diarios, aun con el
inicio de la vacunación. A ello le suma el caos político en que lo ha sumido la actitud de
Tump. No se pueden prever ni los eventos hasta el próximo 20 de enero. Estados Unidos es
el país más importante del mundo, por el tamaño de su economía, por adelanto científico y
tecnológico y por la superioridad militar que garantiza su hegemonía. Pero su imagen
7
política se ha deteriorado y enfrenta un período de convulsión interna con imprevisibles
consecuencias que no podremos evitar en el resto del mundo.

10Ene/210

LA DIFERENCIA

Publicado por admin

Roberto Lavagna impulsa un proyecto político ajeno al nacionalismo popular democrático.

La economía heterodoxa que persigue la transformación del patrón económico y la economía crítica sostienen, con fundamento, que la construcción de un Proyecto Nacional es impensable sin una distribución del ingreso definida a priori. La primera pone el acento en el papel central de la demanda efectiva para el crecimiento del PBI, con especial atención al rol del consumo (el consumo privado en la Argentina representa el 65% de la demanda agregada. Esta es la suma del consumo público más el privado, de la inversión pública más la privada y de las exportaciones).  Esos economistas heterodoxos valoran el crecimiento del salario real y de los ingresos populares como incentivo fundamental para la demanda. El otro componente central, para esa corriente, es el gasto autónomo, que en países como el nuestro posee como elemento más dinámico a la Inversión pública.

Para los economistas críticos el tema de la igualdad social es el objetivo clave de un Proyecto Nacional transformador. El crecimiento de los niveles salariales y los ingresos fijos de los sectores populares es fundamental para avanzar hacia ese objetivo. A su vez, proponen que el papel del Estado debe ser creciente en la economía para ampliar la esfera de la decisión ciudadana y restringir el ámbito del reino del mercado, en el que la economía queda excluida de las decisiones de las autoridades elegidas por el pueblo, a merced de las voluntades del capital concentrado.

El doctor Lavagna

En una breve proclama alusiva al inicio del año nuevo, el ex Ministro de Economía de dos gobiernos de políticas sustancialmente diferentes, el de Eduardo Duhalde y el de Néstor Kirchner, emitió la proclama Llegó la hora. No hay más excusas. Allí, Roberto Lavagna manifiesta que “El fracaso de las políticas populistas por un lado, o de ajuste por el otro, más la parálisis derivada de la pandemia, han llevado la realidad socioeconómica a niveles insostenibles como lo exponen las cifras de pobreza e indigencia”. Una lectura atenta debe reparar en la indiferenciación de los dos tipos de políticas a las que RL responsabiliza de la pobreza y la indigencia. Nada expresa el doctor respecto al retroceso económico y social durante el neoliberalismo macrista, ni de la desarticulación de políticas que Lavagna reivindicó, como el control sobre el movimiento de capitales.

Esa declaración fue hecha inmediatamente después que el gobierno anunciara medidas e intenciones respecto de la necesidad de alinear precios, salarios, jubilaciones y tarifas. La hace, entonces, en un momento en el cual su intervención puede interpretarse como una respuesta cuestionadora a la participación del Estado en la economía. En  su libro Construyendo la oportunidad. Como aprender del pasado para pensar el futuro (Sudamericana, 2015), uno se encuentra con un epígrafe curioso que habla de un período en que los argentinos hicieron el esfuerzo y crearon la oportunidad (2002-2005), que no responde a un gobierno determinado sino a su propia gestión ministerial, sucedido por otro transcurrido entre 2007 y 2015 en el cual habrían cedido al “encantamiento del facilismo”. En la página 353 del texto presenta sus prevenciones respecto de los pactos sociales entre empresarios y sindicatos, resistiéndose a las ideas sobre una mayor intervención estatal en la economía. Dice que “en el peronismo derrocado en 1976 hubo mucho de eso, lo que llevó a la crisis y ayudó a abrir la negra puerta conservadora del régimen militar autoritario”Esta adaptación de “los dos demonios” a la economía se manifiesta en el título del Capítulo XIII del libro, “Populismo, Conservadurismo o Heterodoxia -Ortodoxia Sustentable”.  Para Lavagna la política de ingresos sólo puede constituir un elemento útil cuando hay consistencia macroeconómica (en otra parte del libro afirma que esa consistencia se obtiene con políticas monetarias y fiscales). En la página 351 reivindica que “se usaron coordinadamente la política fiscal, como centro, y las políticas monetarias y de ingresos, como complemento (precios y salarios)” para desacelerar la inflación. Este tipo de reflexiones son típicas de los economistas del mainstream, muy reacios al papel del Estado en la economía. Ya desde 2005 la preocupación de Lavagna era el tema salarial. En la página 396 refiere a un alerta sobre la relación entre salarios y precios efectuado por el Banco Central que presidía Martín Redrado. Programáticamente se define en la página 52 del libro en la que afirma que si se le hubiera preguntado hubiera contestado con seguridad que se “identificaba mucho más con la política económica de Frondizi que con la de Gelbard, sobre la que había escrito un trabajo“, que marcaba las “incoherencias macroeconómicas” de aquél programa de 1973-1974.

En la proclama de fin de 2020 Lavagna  propone “poner a la creación del trabajo privado como objetivo central protegiendo derechos adquiridos pero incorporando a la mayoría que hoy está excluida, sin derecho alguno, a formas modernas de empleo”. Debería decir las cosas por su nombre. El ex Ministro propone la existencia de dos mercados de trabajo, el que conservaría la legislación vigente –los formalizados actuales- y otro que sería para los trabajadores informales y todos los que se incorporen en el futuro. Las llamadas formas modernas, no pueden leerse de otra manera que como más precarias y menos protegidas. Es una propuesta de flexibilización laboral con estilo gradualista ma non troppo.

La percepción del ex Ministro autodenominado de centro-progresista en relación a los excluidos por el neoliberalismo, sonaba más a prejuiciosa y prevenida que a sensible. Frente a las elecciones de 2005, que lo desvelaban en sus preocupaciones, le preocupaban «las presiones y pedidos de todos los sectores. En el caso de los piqueteros, los actos eran cada vez más descontrolados. Claramente el gobierno había perdido el control de la calle” (p.397). En cambio destaca su reunión con los que llama “empresarios de peso” como Rocca, Pagani y Fortabat, con quienes habló de inversión, empleo y productividad.(p. 352), respecto de los que no menciona conductas abusivas en el uso de su poder económico para la fijación de los precios.

En el inicio del gobierno de Néstor Kirchner,   el Ministerio de Planificación anunció que contrataría al área de economía y tecnología de FLACSO para que apoyara la tarea  de la creada Unidad de Renegociación de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), que tenía como misión el análisis del cumplimiento de los compromisos de inversiones que durante los noventa habían asumido las empresas. En la página 59 de su libro, RL caracteriza que “esta elección estaba relacionada con cierta posición ideológica cargada de prejuicios” e hizo saber que el Ministerio de Economía se apoyaría en la AGN y la SIGEN, fundándose en un “claro mensaje…hay que analizar datos objetivos y evitar tomas de posición ideológicas propias de quienes redactan papers sin contacto con el mundo real, para impedir que compliquen la ya difícil negociación”. Lavagna, que sí había tenido contacto con el “mundo real” cuando departía con los “empresarios de peso” como Rocca, Pagani y Fortabat, no se empachó en disparar descalificaciones respecto del equipo de investigaciones más calificado del país en el análisis de los grupos económicos, que produjo los trabajos mejor fundados y con mayor respaldo estadístico de la academia argentina sobre ese tema.

En la proclama se refiere a la necesidad de “bajar los costos de funcionamiento del sistema político”, propone a tal efecto reducir los concejos deliberantes, reducir el número de miembros de las Cámaras del poder legislativo y establecer poderes legislativos provinciales unicamerales. No repara en la existencia de las constituciones nacional y provinciales, cuya reforma debería proponer requiriendo asambleas constituyentes. Esta propuesta es devaluatoria de la política, porque el Estado debería agrandarse y mejorarse para un Proyecto democrático, nacional y popular. Su reducción es la consigna para despolitizar la sociedad y para que las grandes corporaciones empresarias como la AEA, la UIA, la SR, CRA, el Consejo Agroindustrial pasen a tener un protagonismo exclusivo y excluyente sobre las decisiones políticas. Es un proyecto desdemocratizador. Sostener, como lo hace RL, que serviría para reconciliar a la sociedad con la política conlleva el prejuicio de la inutilidad de la actividad y participación ciudadana. En la misma línea está la propuesta de evitar que el empleo público siga creciendo allí donde no debe, sin definir los lugares donde debe seguir creciendo.

Otro de sus infundados pregones es que “cuanto más reglas menos inversiones, cuanto más intervenciones menos productividad”. Esto no suena ni por asomo heterodoxo, es bien de la ortodoxia. La Argentina se debe la modificación de la ley de Inversiones extranjeras para evitar los efectos perniciosos de mucha Inversión Extranjera Directa  que, en su tendencia general, funciona como capital financiero más que como aporte productivo.

Esta proclama efectuada ante las políticas perseguidas por el gobierno popular de alinear precios, salarios, jubilaciones y tarifas, significan un pronunciamiento dirigido a confrontar con esa política. La crítica a Gelbard, la descalificación de FLACSO, su alergia a los hoy movimientos sociales (herederos de los piqueteros), su propuesta de reducción del sistema político, su intención flexibilizadora tienen ese signo. Desconfiado del pacto social y promotor de reformas en el régimen jubilatorio, cuando se acaba de sancionar una Ley respecto al mismo que garantiza una evolución progresiva de las jubilaciones, revela que Lavagna impulsa un proyecto político ajeno al nacionalismo popular democrático. Distante a la propuesta neoliberal del capital financiero, independiente a los dictados de los organismos internacionales de crédito, su perspectiva lo convierte en un referente para los que promueven una economía con un modelo tirado por las exportaciones, con salarios bajos. A gusto de la UIA y los grandes grupos del empresariado local. Vale aclararle al doctor que la reducción del salario real en los cuatro años de neoliberalismo no fue la traducción de la pérdida de productividad del trabajo, por lo tanto su recuperación no debe ser puesta en dependencia de su asociación con la mejora de esa productividad.

Ideas para el Consejo Agroindustrial

Juan Llach y Ricardo Rozemberg, el primero viceministro de Menem y ministro de De La Rúa, desarollaron en 2019 la misma propuesta que Lavagna. En el trabajo para CERA, cuyo nombre evidencia “el proyecto tirado por las exportaciones” Aportes para la Estrategia Nacional Exportadora de la Argentina (julio de 2019) dicen: “Para dejar atrás este muy mal desempeño en materia de crecimiento, la economía argentina necesita una estrategia con protagonismo de las exportaciones que, comparada con la historia de los últimos 75 años, implica un giro copernicano. Se trata, en esencia, de que las exportaciones y la inversión –los dos componentes de la demanda global más vinculados al ahorro- lideren el crecimiento de la economía, permitiendo así un crecimiento del consumo más sostenible”. Aquí se ve expresamente el orden que plantean los economistas del empresariado para el impulso de la demanda agregada:

  1. exportaciones,
  2. inversiones y
  3. consumo.

A la inversa que en el Proyecto Nacional democrático, nacional y popular, la idea es el tipo de cambio siempre alto, la tasa de ganancia atractiva y sin intervención estatal, y el consumo (que implica fundamentalmente el salario) como variable de ajuste.

Pero Lavagna tiene un perfil más industrialista. Llach y Rozemberg no ocultan su apuesta a los sectores concentrados de la pampa húmeda ligados a las exportaciones tradicionales. Pregonan abiertamente que “Tanto como para dar una idea del tipo de apertura que estamos pensando, la Argentina debería aspirar como mínimo a lograr un coeficiente de apertura del orden del 40%, como los que tienen hoy Australia (41,89%), la India (41,07%) o Uruguay (39,99%). La economía argentina es la segunda más cerrada del mundo. Su coeficiente de apertura en 2017, era de sólo 25,02%, ocupando así el puesto 168 en el mundo, superado sólo por Brasil (24,12% y ranking 169)”. El coeficiente de apertura es la suma de las exportaciones y las importaciones dividida por el PBI. Cuanto más abierta una economía más importa. En cambio el aumento de las exportaciones depende de la demanda internacional, que con el grado de desarrollo argentino se dirige fundamentalmente a los granos, oleaginosas y los commodities elaborados con estos insumos. Ese estilo de apertura significa profundizar la primarización.

Estos autores, plantean luego su propuesta para reducir el déficit fiscal promoviendo la eliminación de “impuestos distorsivos”, los que según ellos afectan la Inversión y las exportaciones. Enumeran algunos y luego van derecho al grano, sosteniendo que “El caso más nítido de reducción de los precios al productor es el de las (mal) llamadas retenciones a las exportaciones, de muy frecuente uso en la Argentina y muy poco utilizadas, o con alícuotas sustancialmente menores, en otros países». En síntesis, afirman, las ‘víctimas preferidas’ de los impuestos distorsivos son las exportaciones y, en segundo lugar, la inversión, para concluir adhiriendo a la “reducción de los derechos de exportación hasta su eliminación”.

Las retenciones

Sin embargo las retenciones en una economía como la Argentina son una política virtuosa e imprescindible en un Proyecto Nacional de desarrollo e igualdad porque:

  1. Desacoplan el precio nacional del internacional de los bienes exportables, que en el caso nacional están ligados a los bienes de consumo popular. Al hacerlo, impiden el impacto de redistribución regresiva del ingreso que las subas del precio internacional provocan. Por eso resulta necesario el ajuste de la alícuota actual a una tasa superior a la vigente, ante la actual suba de los precios internacionales.
  2. Descuentan la diferencia de productividad entre los sectores industriales y los de producción primaria (o los asociados a ésta) permitiendo una mayor diversificación productiva y un mejor y más intenso desarrollo industrial, y aumentando la ocupación y las demandas científico-tecnológicas del aparato productivo.
  3. Son una alternativa para financiar el déficit fiscal progresivamente. Hoy en tiempos de pandemia, que parece ir hacia su nivel más intenso, sería imperioso no desaprovechar el aumento de los precios de los commodities agroindustriales para incrementar las retenciones.

En realidad los costos de producción no han variado, el aumento es percibido por los participantes de la cadena agroindustrial exportadora en carácter de un incremento de la renta diferencial del insumo principal de esa actividad: la tierra.

Esta semana hubo un intento de paro nacional por una parte de los integrantes del sector, como resistencia a una medida que tendía a preservar la provisión del mercado interno. La argumentación que se extiende respecto a que el Estado no debe intervenir en la economía es una expresión antidemocrática. El Estado es gobernado por la elección y la participación ciudadana. El derecho de propiedad es de carácter relativo y nunca puede prevalecer a la decisión ciudadana. Si no la democracia se convierte en una ficción.

Lo mismo ocurre con el aumento necesario en la tasa de retenciones. Tal vez muchos de los que amenazaron con el lockout patronal hayan, también, especulado con esa medida para disuadir el posible ajuste a los derechos de exportación.

El diario El Cronista del día 7 de enero previó un aumento de 7079 millones de dólares de las retenciones a recaudar sobre las exportaciones de soja y sus derivados para la campaña 2020/21 respecto de la anterior, y un aumento de la liquidación de divisas para el mismo período de 22.500 millones de dólares. En el día 9 de enero el precio del poroto subió a u$s506 en la Bolsa de Chicago, y el maíz – también en alza- a u$s 195.

Si se hubiera aprobado la Ley que sancionaba la Resolución 64 que ajustaba la Resolución 125 de retenciones móviles, adecuándola con diferenciaciones, la alícuota correspondiente a un valor de la soja de u$s 500 era del 43% , hoy está 10 puntos debajo de ese porcentaje. Las retenciones móviles hubieran evitado la disputa permanente respecto del nivel de los derechos de exportación, y también hubieran favorecido una asignación más justa y productiva de la renta diferencial. El hecho de su sanción apresurada sin atender al debate y la participación política de los sectores involucrados impidió construir el consenso que, seguramente, hubiese logrado, con un manejo más dúctil, su implementación. Pero el contenido de fondo de la medida era de justicia social y desarrollo nacional.

Producción y Trabajo

Este espacio emitió esta semana un documento que promueve un plan integrado de obra pública, que incluya viviendas e infraestructura básica barrial.  También propone la realización de grandes obras de infraestructura imprescindibles para el desarrollo nacional.  Señala que “Para dinamizar el Mercado Interno, es sabido, es necesario recuperar el poder adquisitivo de las remuneraciones, incluidas las jubilaciones que no son sino salarios diferidos. A su vez advierten que si de los aumentos nominales de salarios se apropian los grandes formadores de precios, el efecto deseado se anularía. Particularmente refieren al impacto negativo que se produciría si los ajustes de los sectores de ingresos fijos fuesen absorbidos por los agentes que dominan las cadenas de alimentos, el ajuste de tarifas y los beneficios del sector financiero. Plantean dos reformas: la tributaria –de carácter progresivo- y la financiera que sustraiga al sistema de las lógicas de la financiarización internacional y lo ponga al servicio de la producción.

Respecto a las negociaciones con el FMI requieren que debe ratificarse firmemente la oposición a ajustes que atenten contra las prioridades de: atender la emergencia sanitaria y social, recuperar el trabajo y potenciar el mercado interno, como bases esenciales  para la imprescindible reactivación económica.

También subrayan  “que se hace necesario un estricto control de los costos de los insumos difundidos, para evitar distorsiones en los precios de las distintas cadenas de valor, estableciendo precios de referencia. Junto a un seguimiento público y transparente de la estructura de costos de producción y comercialización de los principales bienes y servicios que necesitan las familias y los sectores productivos, para detectar los aumentos injustificados. Sin este control de costos se hace imposible ordenar la economía y las finanzas nacionales”.

El Consejo Económico y Social

Es inminente la constitución del Consejo Económico y Social para cuya presidencia el gobierno nominó a Gustavo Béliz. Este deberá lidiar con tres proyectos diferenciados, que representan a quiénes quieren un programa de salarios bajos, reformas laborales y concentración de esfuerzos en el apoyo a grandes grupos exportadores, otros que apuntan a continuar con la lógica neoliberal reforzando el respaldo a las cadenas de los productos de las exportaciones tradicionales, y un tercero de carácter nacional y popular que reivindica las políticas del 2003 al 2015, basadas en los objetivos de igualdad social, soberanía nacional e independencia económica. Béliz deberá convocar a todos ellos y a los movimientos sociales. Concluye una semana en la  que la denominada “gran democracia del norte” demostró cuánto se profundizó su vaciamiento en el período neoliberal de cuatro décadas que creó una sociedad desigual, con una fractura social de dimensiones inéditas, en el marco de una impresionante concentración del ingreso y la riqueza. La energía e intransigencia que ponga el gobierno nacional y popular en sostener sus objetivos programáticos y en el mantenimiento de los principios de los movimientos populares argentinos definirá la profundización de la vida democrática, sin esas actitudes pende la amenaza de igualar la corrosión del sistema que ejemplifica el estado de la vida política estadounidense.

27Dic/200

LA PALABRA ESPERADA

Publicado por admin

En 16 minutos la lideresa del FdT sentó los lineamientos básicos de la política económica

El viernes 17 de diciembre, una semana antes de la llegada al país de las primeras trescientas mil dosis de la vacuna Sputnik V, en un acto en La Plata, la lideresa del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, pronunció el discurso con más definiciones desde que hace un año asumiera el nuevo gobierno encabezado por el Presidente Alberto Fernández. En su mensaje subrayó el carácter absolutamente imprevisto del despliegue de la pandemia mundial que, señaló, tuvo consecuencias desarticuladoras en todos los países del mundo. Advirtió sobre la existencia de ámbitos científicos en los que se alerta respecto a repeticiones de fenómenos del mismo carácter, cuya ocurrencia tendría una frecuencia mayor a la que la humanidad vivió en el siglo XX. Planteó dos planos que considera sobresalientes, respecto de los desafíos de política que el gobierno deberá emprender para enfrentar la pandemia y su etapa posterior. Esos dos planos son:

  • La salud, y
  • La economía.

 

Un sistema integrado de salud

Respecto del sistema de salud, la Vicepresidenta enunció la necesidad de repensarlo todo. Destacó la manera en que se trabajó en la emergencia construyendo hospitales y la finalización de obras no concluidas por el gobierno de Cambiemos a pesar de haber tenido un grado de avance muy maduro las obras sin terminar. Planteó la necesidad de pensar y definir un nuevo concepto de salud, partiendo de los datos duros que muestran que la Argentina se destaca por tener mayores recursos tecnológicos y humanos, sumados a una mayor inversión respecto de los que cuentan los otros países de la región. Su conclusión fue el deber del Estado, en conjunto con la sociedad, para debatir, estudiar y construir un “Sistema Integrado de Salud” que dé término a una asignación de recursos ineficiente e injustamente distribuidos, producto de su concentración indebida.

En un documento recientemente publicado por la CEPAL con el título La salud como desafío productivo y tecnológico. Capacidades locales y autonomía sanitaria en la Argentina pospandemia, hay contundentes pruebas cuantitativas respecto de lo afirmado por Cristina Fernández y el grado de profundidad y dramaticidad de las ineficiencias y grado de concentración que deforma la asignación de los recursos para la salud. El informe señala que la Argentina destina a ese fin un volumen de recursos que equivalen al 9,4 % del PBI. Esos recursos tienen distintos orígenes, ya que el sistema se divide en tres subsistemas desintegrados, o con un escasísimo nivel de interacción no planificada sino resuelta por lógicas mercantiles. Los sistemas son los siguientes:

  • El Sistema público, que atiende al 35% de la población. Se financia con recursos generales provenientes de impuestos de ese orden o de asignación específica. Realiza el 28,7% del gasto en salud y el gasto per cápita es de 786 dólares anuales, considerando lo erogado en el año 2019. El correspondiente al total del sistema de salud es de 952 dólares anuales.
  • El Sistema de Obras Sociales, que se subdivide en dos subsistemas: uno de carácter nacional y otro de carácter provincial, al que debe agregarse el PAMI. Los dos primeros se financian con aportes de los empleadores y asalariados públicos y privados, mientras que el PAMI lo hace con recursos mixtos provenientes de los trabajadores activos y aportes de los jubilados a los que se suman también recursos provenientes del Tesoro Nacional. Atiende al 63% de la población. Realiza el 41,8% del gasto en salud. El gasto per cápita es de 765 dólares anuales.
  • El sector privado que se financia con aportes de los que optan por contratarlo de manera voluntaria. Atiende al 14% de la población. Realiza el 29,5% del gasto total en salud. El gasto per cápita es de 2.079 dólares anuales. El financiamiento que era exclusivamente privado, a cargo de sus usuarios voluntarios, fue modificado en la década neoliberal de 1990. Durante la presidencia de Menem se dispuso la posibilidad de la libre elección de obra social (Decreto 9/1993), y además se incluyó la opción de destinar aportes y contribuciones al sistema de medicina prepaga (EMP). Lo que impulsó el “descreme” del sistema de seguridad social, ya que los asalariados mejor remunerados que tenían aportes y contribuciones sociales altas, migraron al sistema EMP trasladando esos aportes y contribuciones del sistema de seguridad social al privado, desfinanciando al primero y fortaleciendo la rentabilidad del segundo. Ese decreto quitó los elementos de solidaridad al esquema de seguridad social y se alineó con el mismo tipo de concepción que la reforma jubilatoria adoptada en la misma década. La reversión de ésta última reforma durante los doce años de gobiernos nacionales, populares y democráticos parecen constituir un antecedente que debería completarse con la reforma del sistema de salud, con el objetivo de revertir los regresivos cambios de los ’90.

Resulta claro que esta lógica fragmentadora de la salud llevó a su mercantilización y a la pérdida de la lógica de la solidaridad, al dejar de ser concebida como un derecho humano. En realidad ninguno de los ciudadanos debería estar sujeto a diferencias en cuanto a la atención de su salud, y el carácter del servicio debería contemplar el objetivo de tender a la igualdad en su provisión que respete el carácter de derecho esencial. La propia diferenciación del sistema de seguridad social respecto del sistema público conllevaba el establecimiento de desigualdades, pero estas adquirieron una tendencia perversa y sistémica a partir del decreto de 1993; que también acentuó la diferencia entre obras sociales con mayores y con menores recursos, desigualdades que se generaron, además, en los propios cambios en el empleo y en los salarios relativos entre las  actividades, como producto de las reformas desindustrializadoras y del estancamiento económico. Pero la transferencia de recursos al EMP desde los servicios sociales, tuvo el claro objetivo de construir las bases para la subsunción de las obras sociales por el sistema privado, que incluía la tercerización de servicios. Por otra parte, el sistema público en lugar de garantizar el acceso universal a la salud, fue conceptualmente concebido para ser utilizado como política focalizada a los sectores más vulnerables, informalizados  o excluidos de la posibilidad de acceder a los otros regímenes.

En el informe de CEPAL se puede observar la distribución de médicos por habitante por provincia, que arroja una concentración ineficiente de los servicios de salud. En CABA la cantidad de médicos por cada mil habitantes es de 16,6, proporción que contrasta con las provincias del Norte argentino, las que tienen menos de 2.7 médicos por cada mil habitantes, salvo Tucumán y Corrientes cuya proporción está entre 2.7 y 3.7.  En este rango se ubica  la provincia de Buenos Aires, sobre la que el informe provee el guarismo global pero sería interesante la diferenciación entre el Conurbano y el interior de la provincia, ya que la misma se acerca a representar el 40% de la población del país. La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro tienen más de 4,7 médicos cada mil habitantes, las demás provincias del Centro y Sur del país participan del rango entre 2,7 y 3,7.

El mismo informe suministra información sobre el peso de la pobreza por provincia, con resultados que se asocian inversamente a la densidad médica por habitante. Esto prueba lo ineficiente e injusto del sistema. CABA, Neuquén y Santa Cruz tiene niveles de pobreza inferiores al 30% de la población. Mientras Misiones, Tucumán, Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero tienen más del 40% de población en situación de pobreza. En la provincia de Buenos Aires la proporción se ubica entre el 35 y el 40; nivel que comparte con Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, La Rioja, Catamarca y Mendoza. Mientras Chubut, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, San Luis, San Juan y Tierra del Fuego tienen una proporción entre el 30 y el 35%.

CEPAL relevó que la mortalidad infantil tiene sus niveles más altos en Corrientes, Formosa y Tucumán con más del 11 por mil, mientras que en CABA, Chubut, Neuquén, Santiago del Estero y Catamarca se ubica por debajo del 8. En tanto que Chaco, La Rioja, Jujuy, La Rioja y San Juan registran una proporción que va entre 10 y 11 por mil, y el resto de las provincias está en el tramo entre 8 y 10 por mil. También hay una asociación inversa con la relación médicos por habitante, con algunas excepciones cuyas causas merecerían un análisis.

Las desigualdades que exhibe el acceso a la salud en la Argentina no son independientes de la fragmentación del sistema. La coexistencia de un régimen público, con uno contributivo (obras sociales) y otro privado, dotados de capacidades de financiamiento y gasto muy diferentes, concurrente con la descentralización de la gestión de los servicios de salud entre los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial e incluso municipal) no sólo reproducen las desigualdades esbozadas anteriormente. Además dificultan una mayor y mejor articulación de los objetivos sociales de una política de ampliación del acceso efectivo a la salud, con las decisiones de  promoción de la autonomía sanitaria y el despliegue de una política que impulse el desarrollo productivo y tecnológico nacional. Corresponde hacer notar que, en un sentido inverso al del liberalismo neo, durante los años de gobierno nacional y popular se desplegó un movimiento que culminó en dispositivos legales hacia la producción pública de medicamentos. Una política que debe convertirse en fundamental para la desmercantilización de la salud pública.

El gráfico que se presenta a continuación muestra el carácter focalizado de la medicina pública para atender la pobreza, con el perfil asistencialista propio de la mirada neoliberal. En el mismo se exhibe el porcentaje de la población no cubierto por los subsistemas privados y de seguridad social, quedando a cargo por default de éstos la medicina pública. En contraste obsérvese la sobrecobertura de la CABA por dichos subsistemas.

 

 

 

Reactivación productiva con distribución del ingreso

La lideresa del Frente de Todos se refirió a la perspectiva que en el año 2021 comience una reactivación de la economía. Pero puso el acento en la necesidad de que ese crecimiento se reparta en consonancia con el objetivo de la justicia social. En lenguaje popular dijo que “los beneficios del crecimiento no se los deben quedar 3 ó 4 vivos”. Es una referencia concreta a la necesidad de garantizar que la decisión y acción del gobierno elegido por el pueblo debe definir el carácter de la reactivación, y su direccionamiento a que los resultados se distribuyan atendiendo al valor de la igualdad. Cristina Fernández advirtió que el poder económico no puede pretender la posesión, y menos se le puede conceder, de la facultad del establecimiento de las definiciones de la política económica que impulse y acompañe el crecimiento. La Vicepresidenta fue enfática en señalar la necesidad de alinear salarios, jubilaciones, los precios –especialmente los de los alimentos— y las tarifas. Planteando que los precios de los alimentos deben ser accesibles para los sectores populares. Además explicitó su conocimiento y convicción de que la economía argentina es movilizada por la demanda, y que el consumo se acerca a significar el 70% de la demanda agregada. Es inequívoca al señalar estas reflexiones y postulados, que el alineamiento de las variables que destaca supone la recuperación de los salarios y las jubilaciones. También al plantear que el Estado debe establecer mecanismos efectivos para garantizar el acompasamiento de la evolución de precios y tarifas con la mejora real de los ingresos fijos populares, que garanticen un impulso del consumo y la demanda. Son ideas que perfilan un proyecto nacional basado en el esquema wage led growth (crecimiento impulsado por salarios).

A un año de la asunción del nuevo gobierno la Vicepresidenta, en un discurso de 16 minutos, expuso lineamientos fundamentales para el próximo año, los que reivindican la política llevada a cabo en el período 2003-2015, que consiguió la mejora del nivel de vida popular, y expresó: “Por eso volvimos”, adjudicándole a la unidad un carácter concurrente y complementario con la memoria popular sobre aquél período. Dijo, textualmente luego, que “si no se sabe cómo se llegó, es posible que no se sepa cómo ir”.

En el Informe de Coyuntura de CIFRA-CTA n° 32, elaborado por Pablo Manzanelli, Daniela Calvo y Cecilia Garriga, se calcula que el PBI cayó en los tres primeros trimestres del año un 11% con relación al mismo período del año anterior, siendo la sima el segundo trimestre, que registra respecto de su igual de 2019 una caída del 19%. El informe dice que “la economía argentina contabilizó, prácticamente, 10 trimestres de caída del PIB, situándose en la actualidad 15,3% por debajo del primer trimestre de 2018 y es un 14% inferior al producto bruto del tercer trimestre de 2015”. Lo expresado ilustra que el profundo descenso del año de pandemia se acopló a cuatro años de retroceso que el país experimentó en el transcurso del gobierno de Cambiemos. Durante los tres primeros trimestres de 2020 los únicos sectores que crecieron fueron la construcción (2.3%) y la intermediación financiera (4,6%). Este último guarismo más que un hecho positivo, resulta lo contrario y hace necesario reflexionar sobre una profunda reforma institucional imperiosa en su funcionamiento, regulación y definición de objetivos y actores.

El informe de CIFRA-CTA dice que los salarios cayeron entre noviembre de 2015 y septiembre de 2020 un 15,5% en el sector privado y un 26,5% en el sector público.  Respecto del crecimiento de los precios durante el año alcanzó, midiendo los primeros once meses de 2020 respecto del mismo período de 2019, un 35,8%, mientras la devaluación del tipo de cambio legal fue del 35,7%. Esto demostraría la importante influencia de la variación cambiaria sobre el nivel de precios, lo que probaría lo desaconsejable de ceder a los reclamos devaluacionistas de grupos y sectores empresarios. Además sería demostrativo de las consecuencias regresivas sobre los salarios de una política export led growth (crecimiento impulsado por las exportaciones). También probaría contundentemente que los precios se ajustan por el dólar oficial y no por las cotizaciones de los reducidos mercados marginales. Pero resulta de importancia subrayar que los alimentos y bebidas aumentaron mucho más que la tasa media de crecimiento de precios, lo hicieron en un 47,5% y la indumentaria en un 56%, lo que indica que la inflación para los sectores populares fue mucho más alta que para el conjunto de la población. Estas verificaciones indican hasta qué punto el alineamiento de precios, salarios, tarifas y jubilaciones que promueve Cristina Fernández, significa una enérgica mejora de los ingresos de los sectores populares. Mejora que debe ser acompañada por un conocimiento profundo y una intervención adecuada en las cadenas de valor, persiguiendo el objetivo de tomar los caminos necesarios para que los precios se ajusten a la obtención de tasas de ganancia empresariales acordes a la recuperación del nivel de vida que los sectores populares vienen perdiendo desde 2015.

Otra información de relevancia constatada por el informe elaborado por Manzanelli, Calvo y Garriga se refiere a las irregularidades en la liquidación de exportaciones de oleaginosas y cereales, ya que pese a la obligación de liquidar las divisas, mientras el total exportado es de 23.298 dólares durante el año 2020, lo liquidado asciende a 18 286 millones. Faltan liquidar más de 5.000 millones, lo que demuestra las irregularidades existentes en el sector.

La reticencia a liquidar divisas en las cadenas de oleaginosas y cereales, y sus presiones devaluacionistas, deberían ser enfrentadas con energía. La baja de retenciones para favorecer una mayor liquidación no produjo los efectos deseados. Mientras tanto los precios internacionales de estos commodities siguen subiendo, lo que exigirá proceder a un aumento de esas retenciones, aún a niveles superiores a los que regían con anterioridad a la rebaja ineficaz. Esa exigencia se motiva en la necesidad de evitar que los precios de los alimentos aceleren su crecimiento por la típica asociación automática con el comportamiento del mercado internacional. En una propuesta que va en la misma dirección, Cristina Fernández también expuso sobre la necesidad de establecer cupos a la exportación de alimentos que aseguren que un volumen razonable de los mismos sean reservados para el mercado interno, a precios razonables «para la mesa de los argentinos”.

Los dieciséis minutos de exposición de la lideresa del Frente de Todos incluyeron lineamientos básicos de una política económica que asume que los acuerdos de deuda deberán realizarse sobre la base de su subordinación al cumplimiento del objetivo de reactivación productiva con justicia social, sustentado en el crecimiento del mercado interno. Los plazos, intereses y organización de las amortizaciones con el FMI deberán también alinearse con, y detrás, de la prioridad que constituye la  recuperación de los niveles de vida de los sectores populares y el fortalecimiento del aparato productivo nacional

20Dic/200

EL SALARIO DEL MIEDO

Publicado por admin

La reactivación pospandemia, el proyecto de país y las pujas entre sectores económicos y clases sociales

 

El debate respecto a la reactivación de la economía en la pospandemia, que aborda el camino para recuperar el retroceso en los cuatro años de neoliberalismo a los que se le suma el tiempo de las restricciones impuestas por la peste, lleva a una discusión que comprende tópicos teóricos, proyectos de país y pujas entre sectores económicos y clases sociales. Supone, también, la definición de cuál será el bloque de poder que hegemonizará la etapa. Pero, además, suma reflexiones que hacen a la sustentabilidad de largo plazo de una estrategia de desarrollo.

 

 

Alternativas contrapuestas

No resulta lo mismo, en ninguno de los sentidos mencionados, que la reactivación tenga como base una redistribución del ingreso progresiva, que si el impulso proviene de un aumento de las exportaciones o del endeudamiento de las familias. Si el objetivo que se persigue es un desarrollo nacional autónomo, Engelbert Stockhammer y Giorgos Gouzoulis plantean como fundamental que la estrategia de crecimiento esté impulsada por los salarios como por el rol del Estado en la economía. (Cap. I de El Imperio de las Finanzas, Deuda y Desigualdad, Comp. Chena y Biscay, Miño Dávila, 2019). Desde mediados de la década del ’70 en las experiencias tempranas, y más generalizadamente entrada la década del ’80 del siglo pasado, el neoliberalismo trajo consigo una fuerte caída de la participación de los salarios en el ingreso, instalando un paradigma cuya centralidad estuvo en el crecimiento de la desigualdad y en pérdida de poder social de los sectores mayoritarios de la población. La Argentina fue una de las experiencias tempranas. Ese proyecto hegemónico, en las dos últimas décadas del siglo pasado, produjo estancamiento económico, un profundo descenso del salario real, el crecimiento de la pobreza y la fragmentación de la clase trabajadora.

En ese período las características citadas se dieron tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Los dos fallidos modelos de crecimiento que dominaron las propuestas de política económica fueron:

  • El impulsado por la deuda (debt led growth). Este modelo se caracterizó por sostener permanentemente el consumo mediante el endeudamiento de las familias con salarios disminuidos, pero con acceso al crédito personal para solventar su demanda. La inconsistencia del modelo tuvo su momento clave en la crisis de las hipotecas en Estados Unidos que luego se extendió a otros países, crisis demostrativa de una deuda creciente de las familias y de una fragilización de sus economías.
  • El modelo alternativo fue el del patrón de crecimiento estimulado por las exportaciones (export led growth), que descansa también en la deuda como motor de su despliegue, porque el país que exporta puede hacerlo a expensas del endeudamiento de los países que así abandonan su desarrollo nacional. El caso alemán fue un ejemplo del primer vértice y el caso griego del segundo. El debilitamiento del último provoca problemas en el primero.

Ambos modelos afectan negativamente el nivel de los salarios. En el primero en beneficio del capital financiero que opera en el crédito familiar, el segundo en el descenso del salario para ganar competitividad exportadora espuria.

Estos dos paradigmas estuvieron ligados a la financiarización de la economía internacional que significó la desregulación del comercio internacional y de las finanzas globales, lo que se tradujo en la desregulación del ingreso y salida de capitales, política adoptada en casi todas las economías. También se promovió la deslocalización productiva, que se desempeñó como una amenaza a las economías con mercados de trabajo más organizados y mejores salarios. Las dos opciones buscaban un cambio sustantivo de la correlación de fuerzas a favor del capital.

Otros aspectos fueron la reducción del gasto social de los Estados, considerado como un factor que se asocia a la existencia de mejores salarios, las privatizaciones de empresas públicas y la drástica reducción del papel del Estado en la economía. También se promocionó  la reducción de impuestos como estímulo a la producción, relación causa-efecto que nunca funcionó.

Dicen los autores mencionados que “el salario real cumple una doble función en la economía: es a la vez un costo de producción para las firmas y la principal fuente de ingresos de los hogares. Un incremento en los salarios en la economía puede crear dos efectos de crecimiento opuestos, un efecto negativo en la inversión y un efecto positivo en el consumo”. Pero en la abrumadora mayoría de los casos el aumento del salario real y su impacto en el consumo, resulta mayor que la eventual existencia de un impacto negativo en la inversión. Luego, generalizadamente, como consecuencia posterior (de segunda vuelta), el crecimiento del PBI causa, también, un aumento en la tasa de inversión.

En una economía en la que se valoriza el rol del mercado interno, el salario supone no sólo un costo para las empresas sino la capacidad para realizar las ventas de las mercancías producidas. En cambio para una economía conducida por las exportaciones, el salario es sólo un costo. Además en los países de economías chicas, en su relación con el tamaño del mercado internacional, sus exportaciones dependen de los precios y cantidades que se les paguen y demanden. No tienen posibilidades de influir sobre esas variables. Esa es la cuestión por la cual alimentar un sueño en el que el crecimiento y la solución al problema de la falta de dólares (restricción externa) se puedan resolver poniendo el centro en las exportaciones, constituye una falacia teórica. Lo es más aun cuando la formación de activos externos (fuga de capitales) no es sólo una práctica del capital financiero especulativo internacional, sino también el comportamiento habitual de los grupos concentrados ligados a la exportación. La diferencia entre un Proyecto Nacional basado en el aumento de salarios y el crecimiento del mercado interno y otro que propone poner el centro en las exportaciones y se opone a una sustancial mejora de la distribución del ingreso, será un tema peliagudo en los debates de un Consejo Económico y Social. Porque:

  • La UIA está enrolada en la estrategia export led growth.
  • La AEA está más consustanciada con el modelo debt led growth (corazón de la financiarización).
  • El Espacio Producción y Trabajo propone y milita la recuperación rápida del salario y del mercado interno.

El pregón de los liberales neo, los “libertarios” y los “desarrollistas de baja intensidad” incluye el debilitamiento de las organizaciones sindicales, y la implementación de  los regímenes de flexibilización laboral. La Argentina tiene una paradoja, conserva una de las estructuras sindicales más importantes del mundo y sin embargo su cúpula actual se muestra proclive a acordar con los exponentes de los modelos basados en la conservación de los salarios reales heredados de las épocas de la financiarización. Un elemento adicional de esa contradicción de conducta son los acercamientos con la AEA y la UIA, que tienen posiciones cuestionadoras respecto al importante avance que la Argentina construyó en su régimen de convenios colectivos de trabajo. Sus modelos de crecimiento se contraponen con ese régimen legal y con las leyes laborales que los sostienen y protegen.

La idea de Wolfgang Stolper y Paul Samuelson respecto a que el intercambio internacional tiende a reducir la brecha salarial entre las economías desarrolladas y las periféricas y dependientes, ya que el factor más abundante en cada país resultaría el beneficiado – el trabajo en los segundos y el capital en los primeros— fue desmentida por la realidad, pues la apertura comercial amplió esa brecha. También se incrementaron las ventajas tecnológicas de los países centrales frente a los subdesarrollados. Estos comportamientos comprobados contraindican los tratados de librecomercio, razón por la cual sería un grave retroceso la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Stockhammer y Gouzoulis señalan que el proceso de crecimiento debt led growth, “con ratios de deuda en constante aumento, se vuelve insostenible; la expansión económica en dicho escenario se torna dependiente del acceso a fuentes de financiamiento externas…Ratios de deuda crecientes están asociados con mayores pagos de deuda futuros por parte de las firmas y los hogares, lo cual obstaculiza la demanda y termina desencadenando crisis financieras”.

 

 

 

El significado de la financiarización

Costas Laspavitsas define a la financiarización como modificaciones de carácter estructural en las relaciones, prácticas y necesidades financieras de los agentes económicos clave: bancos, hogares y corporaciones no financieras. En las economías periféricas y dependientes, el proceso se acentúa debido a la mayor incidencia de la economía internacional en ellas, y a la forma específica subordinada con que se integran,

La institucionalidad generada por la financiarización constituye un tema no menor. Se pierde el peso de las características de los entes y regulaciones nacionales y penetran instituciones de orden global y regulaciones de formato internacional que se convierten en ineludibles, lo que deviene en la conformación de cuadros profesionales y técnicos con una mentalidad formateada por los centros financieros internacionales.

En la Argentina las finanzas y los bancos se han modificado profundamente en las dos primeras etapas neoliberales. La liberalización de las tasas de interés y la desregulación financiera condujeron a una integración subordinada en el sistema financiero internacional, que luego devino en la adaptación del Banco Central al perfil diseñado por los organismos internacionales de crédito y, además, en la adopción de las regulaciones de Basilea. Estas últimas reparan en la lógica de control de solvencia microeconómica de las entidades y son ajenas y hostiles a la regulación de la orientación del crédito. De manera permanente se suman obligaciones y normas que los bancos deben cumplir, innecesarias para un desarrollo financiero proproductivo y que además encarecen  el crédito por los requerimientos de insumos, personal y tecnología ajena a la buena administración bancaria en el país. El banco central resulta penetrado por estas lógicas y por un staff permanente dedicado a un estilo de control de las entidades finacieras que aplica acríticamente lo que Basilea recomienda. Un verdadero ejemplo de colonización institucional.

Durante los años de neoliberalismo, la Argentina también sufrió en la transformación de su sistema financiero, el raudo crecimiento de los créditos personales que rondan, por épocas un poco más y por épocas un poco menos, el 50% del total del crédito. Resultan las entidades, entonces, un vehículo de la financiarización de las familias que reemplaza el consumo que debería ser sostenido por el salario por otro basado en el endeudamiento. En los sectores más humildes que no tienen acceso al crédito bancario, las familias económicamente más vulnerables recurren a instituciones parabancarias y poco controladas que les prestan a tasas usurarias a los que menos recursos perciben, hipotecando su futuro. En el sistema formal, las entidades más volcadas al negocio del crédito personal son las privadas, especialmente las de origen extranjero. Estas firmas ocupan un lugar de liderazgo en la obtención de ganancias, que paradojalmente tienen su origen en salarios que no alcanzan y un hiperconsumismo estimulado por las propias estrategias de los bancos. La liberalización del crédito sirvió al enriquecimiento de las finanzas y desorganizó toda la política del crédito para el desarrollo.

La inversión extranjera directa (IED) también es una opción inválida para la recuperación del crecimiento en el marco de una política de desarrollo e igualdad. En realidad es una forma de la financiarización. La producción por vía de ese tipo de inversiones se entremezcla con actividades de orden especulativo y financiero. Más, la mayor parte de las inversiones de las multinacionales en la época del liberalismo neo tiene fines especulativos, porque invierten en instrumentos financieros hacia los cuales trasvasan el excedente de las actividades productivas. Constituyen esas inversiones extranjeras directas el paradigma de la fusión entre la globalización de la producción y la financiarización de las economías. Son un elemento que introduce vulnerabilidad en las economías periférico-dependientes. En la actividad  de las multinacionales abundan las transferencias por bienes intangibles –patentes y marcas— que constituyen una vía de valorización financiera.

La necesidad de modificar la lógica de la IED impone la modificación de la Ley de Inversiones Extranjeras y, así, dar inicio a un camino de reversión de las decenas de convenios bilaterales de Inversión que impiden un rumbo genuino para los acuerdos organizados y dirigidos a incluir las inversiones externas que la decisión política considere necesarias y facilitadoras del desarrollo.

 

 

 

El crecimiento impulsado por salarios y otros lineamientos

El proyecto para el desarrollo nacional, imprescindiblemente debe recurrir a una política de recuperación basada en el crecimiento de los salarios, en la lógica wage led growth (crecimiento impulsado por salarios). El incremento de la demanda que habrá de provocar salarios más altos impulsará el crecimiento del producto y la inversión. La vía para alejar y resolver los problemas de restricción externa se construiría con:

  • En el corto plazo, controles a los movimientos de capitales y controles cambiarios. Con disposiciones administrativas y regulaciones de precio y cantidades. También con el establecimiento de un organismo y/o empresa testigo que tenga el objetivo de intervenir, regular y regularizar el comercio exterior, hoy dominado por prácticas nocivas para el buen manejo de la macroeconomía y la salud fiscal del país. La liberalización de estas regulaciones y la eliminación de instituciones en estos ámbitos ha constituido un auténtico y profundo fracaso en términos de eficiencia.
  • En el largo plazo, será decisivo el aumento del gasto autónomo del Estado en infraestructura y áreas estratégicas para la producción de bienes y servicios que ocupen lugares relevantes y núcleo de las cadenas de valor. Muchas de las cuales pueden estimularse y organizarse internamente, o en el marco de la reorganización de la unidad regional, con un rol destacado de la integración económica. Para hacer factible este camino será necesario un aumento de gran volumen del presupuesto en ciencia y tecnología por parte del Estado, con objetivos enmarcados en un plan de desarrollo. Parte de este crecimiento del papel del Estado debe financiarse con una reforma tributaria progresiva, resistida por quienes impulsan los modelos de liberalización y reducción de costos, en lugar de ésta lógica sistémica y planificada de crecimiento.
  • Los dos puntos anteriores tienen que articularse en una política que combine el estímulo a la demanda que concurre a sustituir importaciones con una política de oferta, fruto de un plan de participación y dirección de la economía por parte del Estado Nacional.
  • Una regulación del sistema financiero cuyo centro sea la dirección del crédito para el desarrollo y para el funcionamiento adecuado de las pequeñas y medianas empresas. También para las grandes, porque su endeudamiento en el exterior debería ser autorizado y fiscalizado por el banco central para evitar su uso con fines especulativos. Lo fundamental del endeudamiento externo al que se recurra debería ser tomado por el Estado Nacional, nunca para sus gastos corrientes, sino para obras específicas. Se deberían quitar del Sistema Financiero los esquemas que facilitan la fuga de capitales.
  • El estímulo de las exportaciones como parte de este modelo integral de desarrollo nacional, pero nunca como centro de la dinámica de desarrollo, o de resolución de la restricción externa. Porque esa estrategia no resuelve el crecimiento permanente y profundiza la desigualdad.

En  Aspectos políticos sobre pleno empleo, Michal Kalecki señaló que las razones de la oposición de los “líderes industriales” al pleno empleo obtenido mediante el gasto gubernamental tiene uno de sus pilares en la resistencia a la interferencia gubernamental en el problema del empleo como tal, y otra en la resistencia a la dirección del gasto gubernamental (inversión pública y subsidio al consumo). Esa resistencia se basa en sostener que la  función social de la doctrina del “financiamiento sano” es hacer el nivel del empleo dependiente del estado de la confianza. Los líderes del poder económico concentrado promueven, entonces, el equilibrio fiscal a obtenerse mediante la reducción de impuestos y, más aún, del gasto social, como forma de control de los salarios y del empleo. Porque salarios altos y empleo alto le resta espacio de poder a la economía concentrada. Por eso se oponen a un Estado con alto gasto público que garantice un nivel de actividad hacia el desarrollo y crecientes niveles de igualdad. Lo hacen aún a costa de sus beneficios, porque un Estado con poco gasto no puede promover el empleo y este queda dependiente de la decisión privada. Estado grande o chico, nivel de empleo alto o bajo, salarios justos o miserables, determinan la relación entre poder político y poder económico. El rumbo que tomen estas cuestiones facilitará o dificultará la construcción de un bloque político para sostener los cambios enumerados como una alternativa de lineamientos para la estrategia del gobierno nacional, democrático y popular.

13Dic/200

ATAQUE AL SISTEMA DEMOCRÁTICO

Publicado por admin

Cristina desnuda la contradicción entre sistema republicano y democracia

 

El columnista del diario La Nación y predicador del programa Odisea Argentina, Carlos Pagni, caracterizó la carta de la Vicepresidenta de la Nación y lideresa del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, como un ataque al sistema republicano. El autor del artículo Ataque al sistema republicano, en La Nacion del 10 de diciembre de 2020, comienza caracterizando que “la esencia del sistema republicano radica en la necesidad de limitar al poder”, continúa diciendo que “la sociedad se protege de la posibilidad de ser avasallada por la política a través de dos dispositivos principales, la independencia judicial y la libertad de prensa”.

Los posicionamientos políticos adquieren su sentido en condiciones histórico-concretas y no como resultado de generalidades pretenciosas de vigencia eterna. Valorando el momento en que Pagni formula esas aseveraciones, no pueden ser entendidas más que como construcción teórica de defensa del lawfare. Defiende a la Corte Suprema como una institución inmaculada, ajena a sus comportamientos y características actuales, justamente las que Cristina Fernández se encarga de describir enumerando los comportamientos irregulares de ese cuerpo y de la mayoría de sus integrantes. Finaliza el párrafo, aseverando que la “independencia judicial” unida a la “libertad de prensa”, que en este contexto no es otra cosa que la de los conglomerados comunicacionales concentrados que reúnen medios escritos y audiovisuales, conforman la hermandad imprescindible para defender a la sociedad del avasallamiento de la política. Nótese la elección de la palabra, no se refiere como lo hacen los liberales tradicionales al Estado, si no a la política. Sigue así los lineamientos de las innovaciones  del liberalismo neo respecto del liberalismo clásico. Son Milton Friedman y Hayek quienes insinuaron esa sustitución lingüística, popularizada hoy por los economistas «libertarios”. Ese cambio introduce una contradicción entre República y política, cuya conciliación se transita mediante el vaciamiento de esta última.

La esencia de la República que evoca Pagni no se originó en la democracia ateniense sino en el feudalismo europeo, que devino en el capitalismo liberal. Comenta Ellen Meiksins Wood en Democracia contra Capitalismo (siglo XXI, 1995) que uno de sus principales hitos fue la Carta Magna inglesa de 1688 (año en que se impuso el fin del absolutismo y el predominio del Parlamento sobre la monarquía), acontecimiento que provoca el ascenso de las clases con propiedades. Ese republicanismo no fue de campesinos que “se liberan del dominio político de sus señores, sino de los señores mismos que afirman sus poderes independientes frente al poder de la monarquía. Este es el origen de los modernos principios constitucionales, las ideas del gobierno limitado, la separación de poderes y demás, principios que han desplazado las implicaciones sociales del ‘gobierno del demos’ –como equilibrio entre ricos y pobres— como criterio central de la democracia”. El concepto de democracia antiguo provino de una experiencia histórica que le dio un status ciudadano a las clases subordinadas, en cambio en lugar del ciudadano campesino, el antiabsolutismo de la limitación de poderes constituye el drama histórico de la ciudadanía limitada al barón feudal wigh. La tradición republicana reivindicada por Pagni proviene de una época de cambios en que el concepto de pueblo y ciudadanía calificaba para los estratos propietarios y excluía a las mayorías populares. La raíz del pensamiento republicano plutocrática se devela en el predicador de Odisea cuando escribe sobre la Vicepresidenta que, “mientras estuvo al frente de la Casa Rosada propuso una reforma cuyo propósito principal era subordinar el Consejo de la Magistratura a los resultados electorales para, de esa manera, someter a los jueces a los vaivenes de las urnas”. Este periodista de la derecha argentina no se priva de designar al veredicto popular con el mote de “vaivenes de las urnas”. Proteger a la “justicia” y la “prensa” de la política, alejar la designación de los integrantes de un órgano judicial de los “vaivenes electorales”, son parte de un lenguaje ajeno al pensamiento democrático.

El artículo se refiere a que “uno de los pasajes más reveladores de la proclama de ayer [la Carta de la Vicepresidenta] fue el cargo que le hace a Rosenkranz como presidente de la Corte, de haber ejercido la profesión litigando a favor de empresas privadas. Quiere decir que, además de manifestarse sobre la Justicia, la Vicepresidenta aprovechó pronunciarse también sobre el capitalismo”. Prefiere ocultar y deformar lo que la Presidenta dijo: que la cartera de clientes del estudio jurídico de Ronsenkrantz está conformada por los principales grupos empresarios argentinos y extranjeros del país. Era el abogado de grandes intereses particulares de empresas privadas cuya actividad tiene un fuerte impacto en la vida pública. Respecto de lo cual, resulta atinado citar la reflexión de Rousseau, el gran filósofo de la democracia, para quien “solamente la voluntad general puede dirigir las fuerzas del Estado según el fin con que ha sido instituido, que es el bien común; pues si la oposición de los intereses particulares ha vuelto necesario el establecimiento de las sociedades, el acuerdo de esos mismos intereses lo ha vuelto posible… Siendo la soberanía tan sólo el ejercicio de la voluntad general, no puede nunca enajenarse, y que el soberano, que no es sino un ser colectivo tan sólo puede ser representado por sí mismo: el poder puede transmitirse pero no la voluntad… La voluntad particular  tiende por su naturaleza al privilegio, y la voluntad general a la igualdad”.  Pues entonces, el señalamiento de la lideresa del Frente de Todos cumple con el deber de señalar que el Presidente de la Corte no reúne los antecedentes que garanticen la atención de la voluntad general, pues ha vivido vinculado a grandes intereses privados. La advertencia de Cristina Fernández es una manifestación contra el privilegio y en defensa de la igualdad.

En otro párrafo acusa al texto de Cristina Fernández de efectuar un cuestionamiento a la cultura liberal, en beneficio de una idea populista de la democracia. La confesión del periodista que predica el neoliberalismo queda expuesta. Esa defensa de la cultura liberal es la de cadena de intermediaciones representativas que aleja a la ciudadanía del poder por medio de la república representativa en la que las elecciones tienen una metodología superindirecta. Es la reivindicación de la cultura que con el advenimiento del capitalismo separó la vida económica de la vida democrática. La que “protegió” a la economía de la política. Luego en la época del “capitalismo de oro”, con las socialdemocracias europeas de posguerra y los gobiernos populares en el Tercer Mundo, el capitalismo admitió la desmercantilización de los bienes y servicios esenciales y una intensa intervención del Estado en la economía. El temor a la “amenaza comunista” habilitó esta posibilidad, combinada con el desarrollo de intensos tejidos sociales en Occidente, la presencia de modos productivos que homogeneizaban a los pueblos y una intensa politización de la vida pública. Más tarde, con el advenimiento del neoliberalismo, los sectores del poder económico impulsaron el retiro de los estados de la economía, el endiosamiento de los mercados, la heterogeneización de las condiciones productivas, la vulnerabilización de vastos sectores de los pueblos y la admisión de una vertiginosa formación de un vértice minoritario y exclusivo de multibilllonarios. Los neoconservadores que pretenden eternizar esta última realidad militan la limitación de poderes, dando impunidad a los jueces que no provengan de los vaivenes de la voluntad popular y a los conglomerados comunicacionales monopólicos que forman opinión favorable a la hegemonía de los sectores privilegiados para las grandes empresas, en economías cada vez más concentradas.

El columnista de la “tribuna de doctrina” manifiesta preocupación respecto de la actualidad cuando dice que la carta vicepresidencial coincide con el momento en que el país “negocia con las grandes democracias del planeta encabezadas por los Estados Unidos, un acuerdo con el Fondo”. Mientras el gobierno nacional, popular y democrático dejó claro que no aceptará condicionamientos sobre su política económica, ni tampoco realizará reformas estructurales para acordar un programa con el FMI, el orador de Odisea enciende alarmas por las justas críticas de la Vicepresidenta a un Poder Judicial que hoy huele a podredumbre. ¿Ese hombre, y los que piensan como él, supone que nuestras conductas políticas – ya no sólo las económicas— deben subordinarse al gusto de las grandes potencias? ¿Cantan el Himno Nacional, o creen que hacerlo es inconveniente para atraer las inversiones extranjeras? ¿Tal vez piensen que conviene cambiar la lengua primaria con que se educa a las futuras generaciones por el inglés? Todo lo que venere al Dios de la Confianza sería útil para su criterio. Esa veneración se compone de concesiones y pleitesías. No oculta nada de su pensamiento sometido al poder, dice “grandes democracias del planeta encabezadas por los Estados Unidos”.

 

 

 

Gran potencia, pero sin democracia

Dice Mónica Peralta Ramos en su artículo La política en tiempos de pandemia, respecto a la actualidad que vive la potencia que encabeza las grandes democracias: “El impacto económico de la pandemia ha contribuido a arrojar luz sobre una brutal desigualdad racial, económica y social acumulada a lo largo de décadas. Sin embargo, las demandas de los que tienen poco o nada se enredan y entreveran en una disputa entre facciones de las elites dominantes empeñadas en controlar una mayor tajada del poder político. El fragor de este combate impide ver lo que está realmente en juego. Ese ‘ellos o nosotros’ es un ariete que divide de un modo espurio a los excluidos, ahondando una grieta que, de tan vieja, ya casi no existe en la memoria. Hoy los despojados y los excluidos pugnan por hacer oír su voz pero son ahogados por cantos de sirena que buscan mantenerlos en el aislamiento y la segregación… La existencia de un contrato social aceptado por el conjunto ha sido un rasgo indispensable a la vida comunitaria. Hoy ese contrato social está roto. Las instituciones democráticas no pueden legitimar un orden social que maximiza los intereses de unos pocos en detrimento del bien común de todos, con una dinámica que desemboca en una crisis sistémica, en el canibalismo social y en la destrucción del clima y del hábitat”.

Un país con un régimen electoral distinto en cada uno de sus estados, donde las elecciones suelen terminar en pleitos, donde el que gana puede ser el que saca menos votos, donde los grandes grupos privados financian y condicionan a los futuros Presidentes, en forma “transparente” y sin limitaciones. ¿Eso caracterizan como gran democracia?

La cuestión está en el origen. Para los antiguos federalistas norteamericanos explícitamente había que evitar el gobierno de la turba, la tiranía de la mayoría, y optaron por la forma representativa y republicana de la democracia, excluyendo el equilibrio de poder entre las clases, y sin referencias críticas a que se instale el “gobierno de los ricos”. Esta es la fuente de los principios que permitieron sustraer la economía de la política y someterla a un espacio no democrático: el del mercado.

La “razonabilidad” de las políticas de entrega propiciadas por Pagni y los periodistas-comunicadores de los grandes medios concentrados, está sostenida como anticipaba Gramsci en lo que constituye a esos agentes del poder, son“los viejos dirigentes intelectuales de la sociedad [que] sienten que pierden terreno bajo sus pies, se dan cuenta que sus ‘sermones’ se están reduciendo precisamente a ‘sermones’, a cosas ajenas a la realidad, a pura forma sin contenido, a larva sin espíritu, a eso se debe su desesperación y sus tendencias reaccionarias y conservadoras”. A esa intelectualidad del poder decadente, de una civilización en descomposición, pertenece el autor de la nota de La Nación y esa intelectualidad periodística entregada a la repetición del discurso de una civilización decrépita.

 

 

Ortodoxos en decadencia y falso realismo mendicante

En particular, los economistas constituyen, tal vez, la facción más grave de la intelectualidad de un modelo de vida en descomposición. El elogio del neoliberalismo, el régimen de la desigualdad, de la sociedad que fábrica miseria, del despojo de la idea del semejante, tiene expresiones locales en los discursos ajustadores, de mano dura económica, de embate contra la política, como los de Milei, Espert, Cachanosky, y aunque más encubiertos también los del ex ministro Cavallo, De Pablo, Broda, Melconian, etc.

Pero también hay un coro de supuestos “realistas” que llaman desde discursos progresistas tipo socialdemocracia 2.0 (de la tercera vía de Anthony Giddens) a la aceptación de las relaciones de poder que rigen el mundo. Asumen la apologética de la correlación de fuerzas y la inevitabilidad de sumarse al “mundo” (en el rol de furgón de cola de las potencias de la financiarización). Corresponde contraponerles la materialidad de la existencia de la voluntad, como constitutiva de la subjetividad que puede cambiar el estado de cosas, introducir una ruptura, cambiar el cauce. Esa subjetividad motoriza la invalidación de un “falso realismo” constituyente de un reformismo superficial que renuncia a la motorización de una real transformación de la sociedad y la Nación.

Emmanuel Alvarez Agis, ex viceministro de economía de un gobierno popular, parece seducido por alternativas de este carácter. Plantea la necesidad de ampliar el financiamiento externo para aplicarlo a la moderación del déficit fiscal, dando por supuesto que el FMI habrá de pedir y la Argentina tendrá que aceptar un mayor equilibrio presupuestario. Bajo esos supuestos –de exigencia y subordinación— que se acercan a una negociación tradicional con el FMI, Alvarez Agis plantea que con un plan de facilidades extendidas Argentina podría obtener 12.000 millones de dólares más de asistencia del Fondo, lo que la llevaría a un endeudamiento de 57.000 millones con ese organismo. El joven economista parece envejecido en ideas. La suposición de seguir endeudándose con el FMI porque el organismo va a condicionar y el gobierno democrático, nacional y popular argentino aceptará, no es más que una vieja y repetida historia de fracasos y retrocesos. Pero el ex viceministro también se esperanza con la razonabilidad del siempre irrazonable organismo internacional respecto a los condicionamientos que impondrá.

 

 

Álvarez Agis y Abraham Gak: las apariencias engañan.

 

 

Más joven en ideas que él era el director del Plan Fénix, Abraham Gak, recientemente fallecido a los 91 años, quien siempre reivindicó la autonomía ante el Fondo y el poder financiero. Fue un militante, un intelectual y organizador de los economistas que lidiaron con la ortodoxia cuando reinaba en todos los campos, también en la UBA. Otro de los fundadores del Fénix, Aldo Ferrer, referente de los economistas heterodoxos, siempre sostenía que en las negociaciones hay que tener la alternativa de no acordar, porque si se les asegura el acuerdo, los financistas te imponen lo que ellos quieren. Cuando se está elaborando un programa y se lo pretende propio, autónomo y no ajustista, resulta de chambón –si la mirada es bondadosa— andar tirando números sobre endeudamientos incrementales. Si la “tribuna de doctrina” te entrevista varias veces en una semana te tenés que preguntar sobre lo que andás diciendo. Y siempre se debe reparar en las marcas y señales de la historia. Néstor Kirchner construyó una política de transformación por haberle cancelado al FMI y no por ir a mendigarle más dólares, y menos para financiar el ordenamiento de cuentas internas.

7Dic/200

Publicado por admin

Dear colleagues,  

We allow ourselves to request international solidarity due to the unconscionable dismissal,  persecution and maltreatment suffered by, Jorge Marchini, respected Professor of  Economics at the University of Buenos Aires, with a long career and national and  international standing.  

The Chair occupied by Marchini has been recognised for its academic quality, pluralism, and  exemplary democratic and participatory practices for more than thirty years. Jorge Marchini  has reached the highest professorial level at the University of Buenos Aires through public  assessment, a position that was renewed on successive occasions on the grounds of merit,  except for the last assessment. This assessment of Professor Marchini, as well as of other  prominent independent professors, was replete with serious irregularities and  manipulations that have been duly denounced by him and academic inspectors in a formal  case to Argentine courts. 

A further very serious development has now become known, namely the intention of the  authorities not to wait for the ruling of the courts but appoint a substitute professor for  Professor Marchini without complying even with the basic rules and conditions of the  University. This development could only be explained on the basis of political discrimination  of personal favour. 

We are calling on the responsible authorities of the University of Buenos Aires to guarantee  the legal academic process appropriate to Professor Marchini’s case, including the full  payment of his salary that has been withheld along many months despite his continuing to  direct and coordinate Chair activities. 

We make this request for solidarity in the understanding that instances such as this call for  the pronouncements by the international academic community that fights for freedom of  thought without censorship and ideological discrimination or persecution 

Buenos Aires,  

12 November 2020 

Marisa Duarte, President of Argentina's Institute of Economic Development (IADE) Manuel Acevedo Herrera, Chair of Economics, University of Buenos Aires (UBA), Argentina José Cárcamo, Chair of Economics- University of Buenos Aires (UBA), Argentina. Hugo Andrade, Dean of the National University of Moreno (UNM), Argentina Felisa Miceli, President of Research Center of Social Sciences ( CIGES), former Minister of  Economy of Argentina. 

Federico Schuster, Chair of Philosophy and Social Sciences Methods, University of Buenos  Aires (UBA), Argentina 

Diego De Charras, Director of Communication Sciences Degree, University of Buenos Aires  (UBA), Argentina.  

ORIGINAL EN ESPAÑOL  

Nos permitimos pedir la solidaridad internacional por el despido desmedido, persecución y  maltrato sufrido por Jorge Marchini, respetado profesor de Economía de la Universidad de  Buenos Aires, con una dilatada trayectoria y prestigio nacional e internacional. 

La Cátedra que ocupa Marchini ha sido reconocida por su calidad académica, pluralismo y  prácticas democráticas y participativas ejemplares durante más de treinta años. Jorge  Marchini ha alcanzado el más alto nivel docente de la Universidad de Buenos Aires a través  de la evaluación pública, cargo que fue renovado en sucesivas ocasiones por motivos de  mérito, salvo la última evaluación. Esta valoración del profesor Marchini, así como de otros  destacados profesores independientes, estuvo plagada de graves irregularidades y  manipulaciones que han sido debidamente denunciadas por él y veedores académicos  académicos en un caso formal ante los tribunales argentinos. 

Ahora se ha conocido otro hecho muy grave, a saber, la intención de las autoridades de no  esperar el fallo de los tribunales, sino de nombrar un profesor suplente del profesor  Marchini sin cumplir ni siquiera con las normas y condiciones básicas de la Universidad. Este  desarrollo solo podría explicarse sobre la base de la discriminación política de favor  personal. 

Hacemos un llamado a las autoridades responsables de la Universidad de Buenos Aires para  garantizar el proceso académico legal adecuado al caso del profesor Marchini, incluido el  pago total de su salario, retenido durante muchos meses, a pesar de continuar dirigiendo y  coordinando las actividades de la Cátedra . 

Hacemos este pedido de solidaridad en el entendido de que instancias como esta convocan  a los pronunciamientos de la comunidad académica internacional que lucha por la libertad  de pensamiento sin censura y discriminación ideológica o persecución. 

Buenos Aires, 

12 de noviembre de 2020