Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

10May/200

Interrupción

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Llegó la instancia para una nueva ley que rija el funcionamiento de las entidades financieras.

POR GUILLERMO WIERZBA MAY 10, 2020

Salvador Dalí

 

La globalización financiera se estableció en el discurso hegemónico de los sectores de poder como una opción modernizadora. Se estigmatizó como anacrónica la dinámica del patrón de acumulación anterior, quedando excluida su revisión crítica como así también la recuperación del espíritu y de instituciones concretas de aquel período. Esa censura fáctica fue la que en forma de descalificación ha empujado a los márgenes del debate sobre lo político, lo económico y lo social, a las virtudes del período de industrialización por sustitución de importaciones. A la vez, se ha ponderado axiomáticamente su desarticulación y reemplazo por una “nueva época” en la que se instituyó un nuevo régimen de valorización financiera, al que se adjudica, en forma tácita, a la dictadura terrorista instalada en 1976 un lugar fundante de la potencialidad de una “Argentina moderna”. Eduardo Basualdo en Estudios de historia económica argentina, caracteriza ese momento: «La instauración de un nuevo régimen de acumulación de capital no se origina en el agotamiento de la industrialización basada en la sustitución de importaciones ya que durante la década anterior (1964/1974) se había producido un crecimiento ininterrumpido del PBI interno, que había registrado una acentuada expansión industrial y se había modificado la naturaleza del ciclo corto sustitutivo, que ahora no implicaba una reducción del PBI en la etapa declinante”. El concepto decisivo de esta intervención de Basualdo es interrupción y no agotamiento, sumado a que la misma se produjo cuando cierta maduración del modelo de acumulación le había dado estabilidad al sendero de crecimiento. El autor más adelante refiere al carácter de la dictadura, ubicando su advenimiento en un período de predominio internacional en la obtención de renta, y expresa que  las dictaduras anteriores fracasaron en disciplinar a los sectores populares impulsando el desarrollo industrial. Frente a la fortaleza del tejido social argentino, esa vez el bloque de poder oligárquico eligió “la estrategia de reestablecer el orden capitalista modificando drásticamente la estructura económica y social para disolver las bases materiales de la alianza entre la clase trabajadora y la burguesía nacional” con el objetivo de eternizar las relaciones de dominación. El texto sindica a la reforma financiera de 1977 como el primer paso hacia la modificación de la estructura económico-social de la sustitución de importaciones, “ya que puso fin a tres rasgos centrales del funcionamiento del sistema financiero…: la nacionalización de los depósitos por parte del Banco Central, la vigencia de una tasa de interés controlada por esa autoridad monetaria y las escasas posibilidades de contraer obligaciones financieras con el exterior por parte del sector privado. Para Basualdo la reforma financiera introdujo un cambio de enfoque radical de la política económica, invirtiendo la subordinación que tenía el sistema financiero respecto a la expansión de la economía real y poniendo a ésta al servicio de los equilibrios y condiciones monetarias.

Esta caracterización nos permite concluir que no hubo ni agotamiento del dispositivo de acumulación, ni de la estructura social de la sustitución de importaciones, ni tampoco anacronismo de su régimen financiero. Más aun, a este se lo desarticuló porque era axial en la política de industrialización interrumpida por la dictadura, con el objetivo de destruir el ascenso de los sectores trabajadores y las mejoras de equidad en la Argentina. En 1974 el índice Gini llegó a ubicarse en 0,35 (Gaggero y Grasso, CEFID-AR, 2009). Desde el golpe militar la deuda externa se ubicó como un problema permanente y recursivo, como limitante de las posibilidades de desarrollo argentino, y el sistema financiero se constituyó en un vehículo transmisor de la fuga de capitales a la vez que contribuyó a la gestación y propagación de esa deuda. Pero además, quedó inutilizado como instrumento de política productiva por parte de los gobiernos nacionales. La versión de la historia que denuesta el apoyo estatal a la industrialización del país y aprueba la liberalización financiera de 1976, que también descalifica la mirada crítica positiva frente a las instituciones de la Argentina previa, es aprobatoria de las reformas económicas antipopulares que el régimen genocida impulsó en la economía. Los esfuerzos por demoler la reivindicación de la legislación financiera que liquidó Martínez de Hoz en 1977, constituyen la clave del respaldo a su política, muchas veces camuflados.

Hoy la Argentina enfrenta el desafío de mitigar los efectos de una crisis internacional como no la hubo en todo el siglo XX y, además, los problemas de oferta y demanda agregadas de su propia economía, provenientes de la política de aislamiento social necesaria para evitar un tendal de muertos por el coronavirus. Para emprender ese desafío se requieren instrumentos fiscales, monetarios y crediticios. La banca privada no ha acompañado ni jugado un rol positivo en la emergencia. Sólo comenzó a intervenir cuando el Estado le suprimió el riesgo aportándole su garantía. Siempre la mayoría de los bancos privados requirieron y reivindicaron la libertad de tasas y la decisión mercantil de la asignación del crédito. Siempre en los momentos complicados presionaron por el auxilio público. Esta conducta parasitaria no dejó de exponerse en la última crisis. Después de un año de obtención de abultados beneficios, mientras la economía argentina se derrumbaba por la crisis del endeudamiento, no se hicieron eco de las claras señales del Banco Central para otorgar créditos en niveles y tasas razonables atentos a la situación de emergencia. Es que los banqueros no son sensibles a señales ni inducciones. Manejan otros lenguajes.

La reforma financiera de los partidarios de la sociedad de mercado, implementada por el gobierno de Videla y sus continuadores, provocó también la concentración y extranjerización del sistema financiero argentino. Si se analizan los depósitos de las 10 entidades más importantes del sistema entre 1995 y 2001 – durante el segundo período neoliberal- los de los bancos públicos descendieron en su participación del 44.4% al 34.2%, mientras los privados nacionales lo hicieron del 38.5% al 14.4%, mientras los bancos extranjeros ascendieron del 17.1% al 51.4%. Además, las 10 principales entidades pasaron de sumar el 59% de los depósitos del sistema en 1995 a recibir el 78.9% en el 2002. (Wierzba y Golla, CEFID-AR, 2005). O sea que durante este período, en el que se profundizaron las reformas neoliberales, la concentración y extranjerización fue agudísma, y las crisis del tequila y del fin de la convertibilidad la acentuaron.

Los bancos de capital extranjero y las sucursales del exterior redujeron el coeficiente entre el saldo con el exterior y su cuota del mercado de activos, mostrándose procíclicos en los momentos claves. La concentración del sistema financiero comenzó desde la misma sanción de la Ley 21526, que redujo las entidades financieras de 725 a 245 entre 1977 y 1988, período en el cual los bancos extranjeros en el país ascendieron de 17 a 32. (Wierzba, Del Pino y Kupelian, CEFID-AR, 2010). La monetización de la economía durante los turnos neoliberales mostró los peores desempeños, sobre todo en el agregado de dinero transaccional. Los resultados exhibían que los objetivos proclamados no se cumplían, mientras sí lo hacía el que realmente se perseguía, que era destruir un sistema financiero que se había desarrollado en función del financiamiento pyme y de la producción industrial. De acuerdo al Informe de Entidades Financieras de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias de diciembre de 2019, los 10 principales Bancos Privados concentraban el 47,5% de los depósitos y la banca pública el 42,7%, correspondiendo a la Banca privada extranjera el 29,1% de los depósitos totales y a la nacional el 28,2%. La banca privada ligada durante toda la postconvertibilidad a los préstamos personales a altas tasas de interés, se dedicó durante el período macrista al financiamiento del déficit cuasifiscal del BCRA obteniendo ganancias sin exponerse a ningún riesgo. Casi la mitad de los depósitos bancarios se manejaron en pos de tan egoístas e improductivos menesteres.

La penetración de grandes bancos extranjeros y la conformación a partir de ello de una intensa interrelación de los mismos con el BCRA, se desplegó durante la primera etapa de vigencia de la Carta Orgánica sancionada en la gestión Menem-Cavallo que reforzó la orientación de la reforma de 1977. A esa legislación se sumó una reorganización de la Superintendencia de Entidades Financieras y del propio Banco Central en sintonía con parámetros tomados de los acuerdos de Basilea, ámbito dominado por el establishment de la financiarización. Así se completó una contrarrevolución de las instituciones financieras que provocó una orientación del crédito ajena al desarrollo nacional, guiada por el interés de los rentistas del capital especulativo, responsable de la desposesión de sectores asalariados que se endeudaban a altas tasas en tarjetas de crédito, y que estableció una categoría de sujeto de crédito ajena a la requerida para atender a la pequeña y mediana empresa.

En realidad, la ruptura de los regímenes de leyes que dispusieron, en distintos momentos históricos, un claro dispositivo de orientación del crédito y de regulación de tasas de interés, no obedeció a la falsamente imputada ineficiencia, tantas veces declamada por los economistas apologetas de la sociedad de mercado y la economía de la financiarización. ¿Cuáles fueron las “bonanzas” de la liberalización de financiera, de la regulación de capitales por riesgo de activos, de las tasas de interés libres, de la libre movilidad internacional de flujos de divisas? Deuda externa, extranjerización y concentración de la banca, desorganización del crédito, inexistencia de una política coherente para el crédito para el desarrollo. Fueron los golpes de 1955 y 1976 los que desarticularon los sistemas financieros basados en la nacionalización de los depósitos con las legislaciones de 1946 y 1973 y provocaron estos dramáticos problemas, con consecuencias sociales regresivas.

En 2012 se sancionó una reforma de la Carta Orgánica que significó la posibilidad de tener políticas de direccionamiento de parte del crédito y de introducir regulaciones sobre tasas de interés y comisiones. Pero la historia nacional ha demostrado que el sistema financiero es un parteaguas en la definición de las líneas centrales de dos proyectos económicos enfrentados históricamente, uno nacional, popular y democrático, y otro conservador-liberal-oligárquico, que en el último período se constituyó en el eje de las políticas de valorización financiera. Las reformas financieras que se desplegaron en uno u otro sentido han modificado toda la legislación bancaria, a las leyes de entidades, a las de depósitos y las de la Carta Orgánica del banco central. (Wierzba y López, CEFID-AR,2011).

La pandemia ha puesto en evidencia el retroceso en los valores y la vida de los pueblos que provocó el despliegue neoliberal a nivel global. La desigualdad y la falta de atención de los derechos sociales, específicamente el de salud, así lo atestiguan. Tampoco se preservó el respeto al derecho de los pueblos al desarrollo. La política del terrorismo de estado en ls Argentina fue precursora del proyecto de las finanzas especulativas internacionales, y su sistema financiero un emblema de la contrarreforma.
Las circunstancias actuales y la impotencia y resistencia del sistema financiero privatizado y extranjerizado para afrontar las tareas en épocas de emergencia han sido patéticos.

El objetivo planteado por el gobierno nacional promueve la construcción de una sociedad menos individualista y consumista, y mucho más basada en la solidaridad. Existe, entonces, la oportunidad de abordar la interrupción del proyecto neoliberal en forma integral, que requiere de una reforma financiera que invierta el sistema en 180 grados. Llegó la instancia para el establecimiento de una nueva ley que rija el funcionamiento de las entidades financieras y de una reforma que profundice la ya positiva y realizada en 2012 de la Carta Orgánica. También es momento de reformular el propio Banco Central y las lógicas de funcionamiento y del tipo de regulaciones emitidas por esta entidad, para reconstruirla en función de una nueva concepción de la economía y las finanzas.

El sistema financiero deberá tener el carácter de servicio público, su rol primordial para una Argentina productiva es el direccionamiento del crédito para favorecer el desarrollo y la integración regional del país. La reforma debe prever la capacidad de reasignación de recursos del sistema, provenientes de sus depósitos, de unas entidades a otras. Esto requiere de la posibilidad de un margen amplio de manejo de encajes diferenciales, en conjunción con amplias atribuciones del Banco Central, para la provisión de líneas de redescuentos con el objetivo de movilizar los fondos prestables para encarar los proyectos estratégicos de desarrollo, promover regiones deprimidas y proveer el crédito de largo plazo para la inversión, y para la vivienda.

La regulación plena de las tasas de interés, y el eventual espacio acotado de alguna porción no regulada, debe ser una de las funciones esenciales de la autoridad monetaria en un proyecto nacional y popular.

Esta orientación sería la recuperación del papel de unas finanzas nacionales destruidas por el terrorismo de estado y los gobiernos neoliberales posteriores. A las que los exégetas pertenecientes a un mainstream económico expulsivo del debate de ideas, han adjudicado supuestas ineficiencias y anacronismos.

Desandar totalmente el proyecto de la dictadura militar y reestablecer instituciones que promuevan la participación y dirección del Estado, sostenido por las mayorías populares, sobre los pilares estratégicos de las políticas de desarrollo y de igualdad, es una necesidad. La pandemia y la crisis expusieron la tragedia de un régimen que debe cesar. Está impugnado. Ni el mundo ni Argentina serán iguales de aquí en más. Todo se discute.

3May/200

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LA PROPIEDAD DEL HUMANISMO

La pandemia en la época de la globalización

 

La dinámica inédita de la Covid-19, por su forma, intensidad y extensión, se debe a la interconexión de los distintos aspectos de la vida humana – culturales, económicos, laborales, turísticos, productivos, financieros a través del mundo. También su contagio global fue a una velocidad vertiginosa y con un alcance sin antecedentes. Las medidas sanitarias requeridas alcanzaron simultaneidad en la mayoría de las naciones. Esas decisiones también han tenido, y han de tener, un impacto convergente en el deterioro de la actividad económica, porque ante la ausencia de vacunas preventivas y la carencia de recursos médicos de alta efectividad para la cura, el dispositivo del aislamiento social es una necesidad para evitar una tragedia mayor en pérdida de vidas. Ese aislamiento social supone la limitación de la actividad económica, para evitar la aglomeración y el contacto entre personas. Los países que han privilegiado la salud y la vida a la continuidad desenfrenada de la producción, han logrado mitigar con éxito los niveles de contagio. Otros que habían  priorizado la continuidad de la acumulación y la ganancia del capital, tuvieron un impacto sanitario calamitoso por la propagación del virus, cuya magnitud los llevó a cambiar de rumbo forzosamente, en razón de la cantidad de muertes como por el colapso productivo provocado por la propia peste.

El capitalismo no se encontraba en auge y con un despliegue sin dificultades antes de la Covid-19. Los comportamientos de la actividad productiva, la volatilidad y descenso de los niveles de los precios de los commodities (metales, hidrocarburos, productos agrarios) anunciaban el advenimiento de una situación recesiva, como así también lo insinuaban el movimiento de las bolsas de valores. El marco de inestabilidad incluía, además, la intensificación de una etapa de disputas comerciales y guerras de precios, que constituían una escena distinta al período previo de la globalización, en el que la dinámica de la apertura comercial y financiera parecía haberse convertido en una convergencia de proyectos e intereses de larga duración entre los países centrales. El mundo globalizado se construyó mediante la fragmentación y deslocalización productiva que favorecía al capital frente al trabajo, porque las actividades se establecían donde el salario era menor, y a través de la financiarización de la economía mundial: apertura indiscriminada de los mercados financieros nacionales, que favorecía el ingreso o egreso de capitales, que se adecuaban a los mecanismos de valorización de corto plazo. Estos dos fenómenos impulsaron la sociedad de mercado, debilitando (o más aun, cercenando) la posibilidad de la acción de los Estados —especialmente los del mundo periférico, dependiente y subdesarrollado— para incidir y/o definir su sendero de desarrollo mediante políticas públicas. La deslocalización productiva y la financiarización, requirieron y a la vez profundizaron dos características de esta etapa del capitalismo global:

  • un descenso del salario que se articulaba con una caída del nivel de empleo, profunda y estructural, que devino en el crecimiento exponencial del trabajo informal y la marginación social.
  • la expropiación del manejo financiero de recursos para el desarrollo, articulada con la privatización esencial del mundo de las finanzas.

Ambas transformaciones exigían la austeridad fiscal, que reducía la capacidad de llevar a cabo políticas públicas, reservando el presupuesto de los Estados para priorizar la atención de las deudas públicas contraídas con los fondos de inversión privados, que previamente lucraban con el financiamiento de aquél. El otro elemento institucional que componía estratégicamente el dispositivo era la “independencia” de los bancos centrales respecto de las políticas de los estados. Esto generalizaba un esquema financiero internacional único, con tasas de interés y destinos del crédito determinados mercantilmente, el copamiento de los sistemas financieros periféricos por la banca transnacional y el sometimiento a normativas globales de regulación, establecidas por la entente de Basilea que ha formalizado las exigencias requeridas a los bancos para responder al patrón de la financiarización.

Piketty en El capital en el siglo XXI observó que “cuando la tasa de rendimiento del capital supera de modo constante la tasa de crecimiento de la producción y del ingreso —lo que sucedía en el siglo XIX y amenaza con volverse la norma en el siglo XXI—, el capitalismo produce mecánicamente desigualdades insostenibles, arbitrarias, que cuestionan de modo radical los valores meritocráticos en los que se fundamentan nuestras sociedades democráticas”. Esta prescripción no es otra cosa que lo que admite –o más bien promueve— el neoliberalismo político y los economistas ortodoxos. La pandemia acontece en un mundo con este paradigma y este diseño, con consecuencias de desigualdad y exclusión intensas y crecientes. Estados demolidos por la lógica de la sociedad de mercado con sociedades desintegradas y fragmentadas ostentan capacidades muy reducidas.

 

 

 

Apologetas y agentes de la desposesión

La Fundación para la Libertad promovida e integrada por políticos e intelectuales de la derecha internacional emitió hace una semana un pronunciamiento afirmando que “muchos gobiernos toman medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos. En lugar de algunas entendibles restricciones a la libertad, en varios países impera un confinamiento con mínimas excepciones, la imposibilidad de trabajar y producir, y la manipulación informativa”. Así, leen el aislamiento social como confinamiento y restricción de derechos, sosteniendo la libertad de industria y comercio como prioritaria e insuspendible. Los derechos básicos que invocan, subordinan a ellas los derechos a la vida y a la salud, que la mirada humanista y solidaria no ha dudado en priorizar. Más adelante explicitan sus temores cuando escriben que “resurgen el estatismo, el intervencionismo y el populismo con un ímpetu que hace pensar en un cambio de modelo alejado de la democracia liberal y la economía de mercado”. El texto refleja el temor por el momento crítico que atraviesa el patrón de la economía global, que conjuga la unidad imposible entre liberalismo y mercado con democracia.

En realidad, la economía de mercado y el liberalismo son operadores que vacían la democracia y la limitan a una formalidad procedimental, y han sido puestos en crisis por la impotencia y el default operativo del mercado y los grandes grupos privados para lidiar con la crisis de la pandemia, haciendo necesaria la reinstalación de un rol decisivo de los estados en la conducción de la sociedad y su economía.

El Foro de Convergencia Empresarial, que agrupa cámaras y asociaciones que representan el poder económico concentrado en el país alineado en el mismo rumbo, también  caracterizó la situación como “igualmente grave para todos, afectando seriamente a grandes, pequeñas y medianas empresas, cuentapropistas, monotributistas y personas que se desempeñan en la economía informal”. O sea que la seriedad de las plumas pensantes y redactoras del texto equiparan a Techint con el vendedor ambulante que sale todos los días a probar suerte en la calle para conseguir su sustento básico. Esta es la capacidad analítica sobre la democracia liberal de mercado que tienen los mentores del escrito. “Igualmente grave” para quien despide 1.450 trabajadores porque no está dispuesto a perder un céntimo, que para los despedidos que salen a ganarse la vida como pueden una vez arrojados a la calle, a quienes Macri –integrante de la Fundación para la Libertad— llamaba emprendedores. El mismo Macri que edificó una crisis de vertiginosidad inédita. El mismo que se opone a la política sanitarista de aislamiento social. Un ícono de esta derecha mundial. Esa igualación a la que se someten los aristócratas con sectores populares no es inocente sino interesada, lo que se desnudada cuando alegan que “es fundamental seguir tomando las medidas económicas, financieras, crediticias e impositivas que aseguren el pago de los salarios en todas las unidades productivas y de servicios del sector privado y preserven la continuidad de las empresas, que serán los elementos fundamentales de la reactivación de la economía una vez que esto haya terminado, teniendo presente que no se le puede exigir al sector privado que haga políticas públicas”. O sea, que el Estado en estas circunstancias debe subsidiar a todos y con todas las herramientas, créditos baratos, sumas para abonar sueldos y exenciones impositivas. Desde Techint hasta el señor López que esa firma despidió y convirtió en un agente de la economía informal. Luego dice el Foro que hay que “generar las condiciones para que haya incentivos a la inversión privada como motor del aumento del empleo en el sector formal de la economía tales como restablecer el mercado de capitales local,  imprescindible tanto para impulsar el desarrollo como para amortiguar condiciones externas adversas, anular rápidamente las medidas de emergencia de carácter eminentemente transitorio sobre controles de precios y consensuar reglas de juego estables para los sectores más dinámicos de la economía. En este sentido los proyectos de crear nuevos impuestos al patrimonio y a las ganancias de las empresas es un antecedente sumamente negativo para recrear el clima de inversión”.

No resulta rebuscado suponer el motivo por el que acuden al Estado para que se ocupe de manejar la economía y de garantizar el orden, la propiedad y la reproducción del sistema democrático liberal de mercado, de modo que una vez superada la emergencia se retire y estimule el mercado de capitales, elimine los controles de precios y consensúe con ellos las reglas del funcionamiento económico posterior. El texto culmina criticando la implementación de imposiciones al patrimonio y a las ganancias. No se requiere gran esfuerzo para entender la resistencia de este foro del poder económico a la implementación de un impuesto a los que tienen una gran riqueza personal medida en millones de dólares. Pero su democracia liberal de mercado no es óbice para ejercer presión sobre el gobierno en pos de imponerle “la propuesta de la Academia de Ciencias de la Empresa de convocar a un grupo de expertos en economía para asesorar sobre cuáles son las áreas fundamentales para poner nuevamente en marcha nuestro sistema productivo”.

Ese grupo de expertos, a los que los operadores mediáticos refieren como economistas serios, estaría conformado por aquellos que se proponen reencaminar la democracia liberal de mercado. Régimen en el que las ganancias crecen más que el ingreso, como marcó Piketty, en el que los propietarios de grandes medios de producción acumulan sobre la base de desposeer a los sectores populares y al Estado, redistribuyendo ingresos en forma regresiva, privatizando empresas, fugando capitales de los países periféricos y otras lindezas. Leyendo a Harvey, se trata de una segunda acumulación originaria, precedida por el ajuste del sistema jurídico que la haga procedente, para consolidar la fase neoliberal del capitalismo, con modificaciones sustantivas respecto a las pasadas.

 

 

 

Emancipación humana o democracia liberal

Este discurso de la Fundación para la Libertad y del Foro de Convergencia Empresarial no se construye en el ámbito abstracto de las ideas. Emerge como manifiesto en una Argentina amenazada por la coronavirus, pero con buenos resultados en su control, a partir de haber adoptado políticas que priorizaron la vida y la salud. Esas políticas fueron acompañadas por un discurso del Presidente Alberto Fernández que sentenció la necesidad de un cambio de paradigma a nivel mundial que reemplace el individualismo consumista por el predominio de un concepto de vida en solidaridad. Un discurso que restaura el valor de la igualdad, que hace casi una década promoviera como concepto sustantivo de su expresión política Cristina Fernández .

Pero también es una Argentina que desde el terrorismo de Estado evolucionó hacia la concentración del poder económico que monopoliza la oferta en sectores fundamentales de la economía y fija precios, poder favorecido durante el gobierno de Cambiemos, período en que se aceleró la polarización creciente de la riqueza.

En La cuestión judía Marx hace una lectura crítica de los valores de la democracia liberal, cuando confunde el derecho humano de la libertad con el de la propiedad privada. En el contexto político del siglo XIX, respecto del cual Piketty ve similitudes con el del siglo XXI, Marx decía que “el derecho humano de propiedad privada es… el derecho a disfrutar de su patrimonio y a disponer de él arbitrariamente, sin atender a los demás hombres, independientemente de la sociedad… sociedad que hace que encuentre en otros hombres, no la realización, sino, por el contrario, la limitación de su libertad”. Una lectura atenta del texto permite concluir que el paradigma neoliberal restaurador, y en un grado cualitativo superior, de la democracia liberal, escinde al hombre público del hombre privado. La igualdad política manifiesta la emancipación en ese único nivel, mientras la desigualdad económica limita la emancipación humana. La razón de esa limitación es el derecho de propiedad privada en su carácter absoluto: “De carácter arbitrario, sin atender a los demás hombres”. Tal como lo exhibe el discurso del Foro por la Libertad, cuando sostiene que las medidas de la protección de la salud serían confinamientos que impiden la libertad de producir (de acumular) al propietario de una industria.

La vocación por un humanismo solidario requiere detenerse en una nueva lectura de la Constitución Nacional de 1949, tratada como anacrónica por los “economistas serios” que  quieren ser impuestos como “consejeros” al Presidente Fernández. Citamos contenidos del texto que recobran absoluta vigencia para la construcción de esa sociedad humanista y solidaria en la postpandemia: “La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común… El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino… La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales… Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias… Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine”.

Junto a la vocación por la construcción de una América Latina unida, la Constitución de 1949 es una de las fuentes para la construcción de una Argentina posterior a la pandemia que se dé a la tarea de desarmar los restos del entramado neoliberal de sus esferas políticas, económicas, jurídicas y culturales.

1Feb/200

BBCMundo 29/01/20 «La sorpresa fue que el malestar en América Latina tardara tanto en manifestarse» Entrevista con Joseph Stiglitz, nobel de Economía

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Gerardo LissardyHayFestivalCartagena@BBCMundo

Joseph Stiglitz es un economista tan especial que defiende la idea de quitarle importancia al índice estrella de su profesión: el Producto Interno Bruto (PIB).

A su juicio, hay otros datos que pueden ayudar a entender de una forma más completa cuán bien o mal marcha un país.

Stiglitz también toma con naturalidad la protesta social que estalló en meses recientes en varios países de América Latina, como Ecuador, Colombia y sobre todo Chile, país este último al que muchos veían como modelo económico regional.

"La sorpresa fue que el malestar tardara tanto en manifestarse", dice el nobel de Economía de 2001 durante una entrevista en su oficina de la Universidad de Columbia, Nueva York.

Latinoamérica es la región más desigual del mundo y el consejo de Stiglitz para los gobernantes es abordar rápido este problema social, al que ha dedicado varios de sus últimos libros.

Mentor del ministro argentino de Economía, Martín Guzmán, Stiglitz sugiere también ir a una reestructura de la deuda de este país sudamericano que incluya el recorte de la tasa de interés para los acreedores.

"Es de interés para todos evitar un default" o cese de pagos, advierte el estadounidense que en el pasado fue economista jefe del Banco Mundial y asesor del entonces presidente Bill Clinton en la década de 1990.

Hoy con 76 años, es uno de los principales economistas críticos del manejo de la globalización y del libre mercado. "Capitalismo progresista: la respuesta a la era del malestar", es el título de un libro suyo publicado en 2019 y que acaba de ser traducido al castellano.

Lo que sigue son extractos del diálogo que Stiglitz mantuvo con BBC Mundo antes de viajar como invitado al Hay Festival de Cartagena.

¿Cómo ve las recientes expresiones de descontento social en diferentes países de América Latina?

De algún modo, la sorpresa fue que el malestar tardara tanto en manifestarse, particularmente en Chile. Porque Chile ha sido uno de los países que siempre se destacó en las estadísticas de la OCDE con uno de los mayores niveles de desigualdad. En años previos hubo murmullos del descontento, preocupación por la falta de oportunidades educativas, huelgas bajo gobiernos anteriores…

América Latina ha sido históricamente una parte del mundo con un alto nivel de desigualdad. En algunos países, hubo movimientos, avances en la reducción de la desigualdad durante un largo período. Brasil tanto con Cardoso como con Lula y Argentina con los Kirchner tuvieron reducciones significativas en la desigualdad, incluso Bolivia tuvo. Pero aun yendo en la dirección correcta, el nivel de desigualdades sigue siendo muy alto.

Vivimos en un mundo globalizado. Hace 50 años podría no ver que tu país está experimentando un nivel de desigualdad más allá de lo normal. Pero en el mundo de hoy hay rankings que muestran que algunos países caen notablemente en sus clasificaciones de desigualdades. La gente sabe lo que está sucediendo en otros lugares.

Lo que Chile muestra claramente es que hubo una especie de yesca: lo que provocó la explosión podría ser muy pequeño, pero el profundo malestar sembrado está presente y nunca se puede predecir cuándo va a explotar. Pero es comprensible por qué debería explotar.

Cuando escribí mi libro anterior, "El precio de la Desigualdad" (2012), describo el alto nivel de desigualdad en EE.UU., el más alto entre los países avanzados. Dije que esto no era política y socialmente sostenible, que habría consecuencias. Y la consecuencia fue la elección del presidente Trump en parte.

Entonces, en diferentes países, el descontento puede tomar diferentes formas. Pero es totalmente comprensible que haya descontento.

¿Dice que la agitación social en América Latina debería haber ocurrido hace tiempo?

En muchos sentidos, creo que es correcto. Pero existen esas misteriosas fuerzas globales donde el descontento parece globalizarse. Lo ves en la votación del Brexit, en la votación de Trump.

Para los países avanzados tengo una pequeña teoría de por qué se manifestó en este momento, que es la conjunción de los altos niveles persistentes de desigualdad, particularmente las experiencias de los desindustrializados dislocados a quienes se les prometió que la globalización iba a traer prosperidad y se llevaron lo contrario, con la crisis financiera mundial de 2008 en la que los banqueros fueron rescatados y el sistema parecía tan injusto.

En América Latina, el malestar salta por diferentes motivos. En Chile fue el aumento del pasaje del metro, en Ecuador la eliminación de los subsidios a los combustibles, en Bolivia que mucha gente creyó que hubo fraude electoral… Y luego está la elección de Jair Bolosnaro en Brasil, otra demostración de descontento. ¿Cuál sería su consejo para los gobernantes de América Latina?

En Brasil la mayoría de las encuestas mostraron que Lula habría ganado si no hubiera sido encarcelado ilegítimamente. El hecho de que la población pudiera elegir a Lula o ir a Bolsonaro da una idea de la naturaleza del descontento.

La respuesta es primero abordar las desigualdades en ingresos y oportunidades. Y tienen que hacerlo más rápido. Digo esto porque en varios países hubo progreso, pero no lo suficientemente rápido.

Lo segundo es el déficit democrático en muchos de estos países. En Chile, se escucha la opinión de que la Constitución impuesta por Pinochet no es una constitución totalmente democrática y ahora intentan cambiarla. En Ecuador, existía la preocupación de que en los últimos años de Correa se habían debilitado algunas instituciones democráticas, incluida la prensa libre. Y en Bolivia, la pregunta era si (Evo Morales) intentaba ser elegido para un cuarto mandato. Cada uno era una señal de la fragilidad de la democracia.

Argentina está implementando un nuevo plan económico bajo el gobierno de Alberto Fernández y una pregunta clave es cómo manejará la deuda. ¿Qué espera?

Espero que manejen todo el proceso mejor que de lo que lo hizo casi cualquier otro país.

Creo que tienen una comprensión probablemente insuperable de la macroeconomía y la deuda. El ministro de Economía es un excelente economista que ha hecho su carrera estudiando deuda, macroeconomía y reestructuraciones de deuda.

Usted lo conoce muy bien, pero ¿espera por ejemplo una quita de la deuda?

El término quita... Hay muchas palabras diferentes: reperfilar, reestructurar... Creo que la mayoría de las personas que han visto los números dicen que hay que hacer algo. No creo que nadie diga: podemos continuar así. Los números son muy claros en que no tienen los dólares para pagar lo que se debe. Es aritmética.

Ahora, la pregunta es qué habrá que hacer. Y eso puede tomar muchas formas diferentes y será parte de las negociaciones.

Una de las cosas que quedó clara en las crisis anteriores en general, no solo en Argentina, es que a menudo los acreedores imponen tasas de interés excesivamente altas. El Club de París a menudo impone una tasa de interés del 9% mientras se renegocian las cosas. Con tasas de interés del 9%, tu deuda se duplica cada ocho años. Y hay toda una teoría que explica que si cobras altas tasas de interés, terminarás con una alta probabilidad de incumplimiento. Pero si cobras tasas de interés bajas, tienes una baja probabilidad de incumplimiento.

¿Entonces espera que la negociación sea más sobre la tasa de interés que sobre las fechas de vencimiento o el capital de la deuda?

Saben que la historia de las reestructuraciones de deuda ha sido "demasiado poco, muy tarde". La historia de las reestructuraciones de deudas tiene una fracción muy grande, alrededor del 50 por ciento, que termina con una crisis en cinco años. No quieren meterse en eso. Entonces quieren resolverlo. No es una solución temporal, sino una solución real. Y eso requerirá alguna forma de reescribir el contrato para hacerlo sostenible.

Hay muchas formas de hacerlo. Pero esperaría que trabajen muy duro para asegurarse de que sea sostenible.

¿Atacando los tres frentes a la vez: los vencimientos, los intereses y el capital de la deuda?

Así es. Y si haces lo suficiente sobre la tasa de interés, que es lo que creo que deberían hacer, entonces no tienes que hacer el capital. Si tienes suficiente flexibilidad en dos de ellos, no tendrás que hacer el tercero.

¿Y qué pasa si no hay acuerdo con los tenedores de bonos?

Sabemos lo que pasa. Es una definición, se llama default. Pero técnicamente, no estás en default hasta que los acreedores declaran que lo estás. Entonces, estás en ese limbo donde no estás pagando —no pueden hacerlo— pero no estás en incumplimiento hasta que te declaren en incumplimiento.

Es de interés para todos evitar un default. Y por eso Argentina está trabajando, como han dicho, muy duro para evitar un incumplimiento. Y también debería ser de interés para los acreedores. Quiero decir, si un default le cuesta a Argentina, y eso frena el crecimiento, significará que los acreedores tendrán menos de retorno. ¿Por qué los acreedores harían algo tan contraproducente?

Argentina cayó en default hace algunos años y ahora está diciendo nuevamente que no tiene dinero para pagar la deuda. ¿Esto no tendría también consecuencias para el país en términos de credibilidad, de acceso a los mercados en el futuro?

Macri apostó la casa y los mercados de capitales quedaron ciegos. Cada préstamo tiene un prestatario y un prestamista. Y los prestamistas fueron tontos al prestar esa cantidad de dinero. Apostaron de la misma manera que Macri apostaba a que iba a haber una avalancha de inversión extranjera en Argentina que de repente conduciría al crecimiento económico, que le permitiría a Argentina pagar la deuda. No había evidencia, todos seguían ciegamente los discursos de Macri.

Los mercados de capitales no hicieron su trabajo. La función del mercado de deuda es fijar el precio del riesgo y emitir juicios. No deberían haber prestado tanto dinero. Entonces, mi crítica es a los mercados de capitales, no hicieron préstamos prudentes. Y en retrospectiva, ¿fue culpa de Argentina? Yo culpo a los mercados de capitales; no culpo a Argentina.

¿Ha hablado de estos temas con Guzmán desde que asumió como ministro?

Sí.

En otro de sus libros recientes usted argumenta en contra del uso del PIB para evaluar el progreso económico y social. ¿Por qué?

Porque deja de lado muchas cosas importantes. Creo que citamos en el libro la famosa frase de Robert Kennedy: El PIB "lo mide todo… excepto lo que hace que la vida valga la pena".

No habla de desigualdad. El PIB puede subir, pero todo el dinero puede ir a Jeff Bezos, y la mayoría de los estadounidenses pueden estar muriendo porque no tienen acceso adecuado a la atención médica o la comida.

El PIB es bueno, pero no refleja lo que experimentan los estadounidenses comunes o en cualquier país, no refleja la inseguridad, que es una parte tan importante del bienestar. Más aún, hoy nos preocupa la sostenibilidad: el PIB no mide si el crecimiento es sostenible.

En el período previo a la crisis de 2008, el PIB no era bueno ni malo, pero no reflejó el hecho de que el crecimiento se construyó sobre una montaña de deuda y no fue sostenible.

¿Entonces debemos olvidarnos del PIB? ¿Hay una alternativa?

Lo que quieres es un tablero de instrumentos. Si conduces un automóvil, quieres saber cuán rápido vas, pero también cuánto gas tienes en el tanque. Nadie diría que necesitas apenas un número. Necesitas al menos dos números.

Entonces, si estás manejando una economía, quieres saber el PIB como un número, pero también cómo se comparte, si estás agotando el motor o si tienes sostenibilidad… Quieres diferentes medidas para reflejar diferentes aspectos.

No creo que debas agregar la salud al PIB, pero la salud es muy importante. El hecho de que el PIB de EE.UU. aumente pero la esperanza de vida disminuya dice algo que no se obtiene de los números del PIB y que no obtendrías si sumaras dos números.

Este artículo es parte de la versión digital del Hay Festival Cartagena, un encuentro de escritores y pensadores que se realiza en esa ciudad colombiana entre el 30 de enero y el 2 de febrero de 2020.

23Dic/190

DESDOLARIZAR PARA CRECER Y DISTRIBUIR

Publicado por admin

Las retenciones son un instrumento efectivo para combatir la pobreza

 

Las graves condiciones en que la Alianza Cambiemos dejó a la economía nacional, tuvieron como causa fundamental el financiamiento con deuda externa del déficit fiscal y la liberalización del movimiento de capitales con el exterior. El crecimiento de la fuga de capitales y del endeudamiento externo, causados por la restauración de los pilares de un régimen de valorización financiera culminaron con el inédito e irregular endeudamiento con el FMI.

El gobierno popular del Frente de Todos asumió con la urgente necesidad de resolver una deuda con una estructura de obligaciones imposible de ser abordada y con vencimientos inminentes sin los recursos para afrontarlos. Un endeudamiento que se componía de compromisos con acreedores privados, pero combinada con un peso elevado de la asumida con el FMI.

Este modelo de financiarización, produjo desindustrialización, reprimarización, recesión, desigualdad y crecimiento de la pobreza y la indigencia.

A la semana de asumir el presidente Alberto Fernández envió un proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, con medidas destinadas a atender la emergencia, muchas de las cuales conllevan el objetivo de establecer condiciones para un proyecto centrado en la reindustrialización y en la desarticulación de las lógicas neoliberales.

La actualización de los niveles de las retenciones, pero en la forma de una tasa sobre el nivel exportado, y no como monto fijo por dólar cobrado, establece  tipos de cambio diferenciales con proporciones estables entre el sector de mayor productividad de la economía argentina y el más inmaduro. La diferencia entre la nueva modalidad y la previa, facilita que los derechos de exportación adquieran más que un carácter temporal, uno de tipo estructural, lo que se constituye en una de las claves fundamentales para el desarrollo del país. Nuevamente cabe destacar la triple virtud de las retenciones. Diferenciando tipos de cambio son un instrumento que favorece una estrategia de diversificación de exportaciones, necesario para el crecimiento de éstas e indispensable para una meta que se proponga morigerar y superar la restricción externa de la economía argentina. A su vez, al disminuir el precio efectivo en pesos percibido por los exportadores del sector más competitivo que exportan bienes salarios, y/o al de otros sobre los que tienen un peso decisivo en su conformación, inducen a una reducción de los precios relativos de los alimentos. Las retenciones son, entonces, un instrumento efectivo para combatir la pobreza. En tercera instancia, tienen un impacto fiscal considerable, siendo fundamentales para afrontar el nivel crítico de déficit que dejó el gobierno de Cambiemos, ocultado por el engañoso discurso de sus funcionarios, y los del FMI, que citan los niveles del déficit primario, cuando la condición de las cuentas presupuestarias es reflejada por el déficit que incluye las obligaciones financieras. La fijación de derechos de exportación de la soja en el orden del 30%, y su posibilidad de extensión a 33%, le dan adecuada potencia a los objetivos perseguidos por la adopción de este instrumento de política económica. Adoptando las clásicas y solventes reflexiones de Marcelo Diamand, los derechos de exportación requieren ser adoptados como una herramienta permanente de un proyecto de desarrollo nacional. Urgentes para la actual emergencia, son imprescindibles para un cambio estructural. Otro argumento favorable para las retenciones es comentado por Amico en La política fiscal en el enfoque de Haavelmo y Kalecki,(dt 51 del CEFID-AR): “la recaudación de impuestos a las exportaciones implica un efecto contractivo sobre la propensión a gastar de los exportadores, pero ésta es, sin embargo, mucho menor a la propensión a gastar del Estado. En otras palabras, el efecto contractivo de los impuestos a las exportaciones es sustancialmente menor que el efecto expansivo del gasto de gobierno.” Si esa recaudación, además, se utiliza en financiar transferencias a los sectores de menores ingresos con necesidades impostergables, y por lo tanto con elevada propensión a consumir, el nivel de actividad tiende a crecer y a generar endógenamente un crecimiento de la recaudación tributaria, construyéndose una lógica fiscal virtuosa. Siendo que los impuestos se recaudan en moneda local, por imposición del Estado, el aumento de recaudación generada por esa lógica, deviene en una mayor demanda de dinero que deberá ser atendida por una emisión de moneda que los empresarios requerirán para afrontar sus obligaciones.

El impuesto a la compra de dólares tanto para la tenencia como para turismo al exterior, incluyendo los gastos realizados en dólares con tarjeta de crédito, es una medida virtuosa y que resulta consistente con la implementación de los derechos de exportación. Tiene una triple función también. Establece un tipo de cambio diferencial que desestimula el turismo al exterior y por lo tanto es ahorradora de divisas atacando el problema de la restricción externa. En segundo término, aumenta los recursos tributarios que aportan a construir un mayor espacio fiscal, sobre la base de los viajes al exterior que persistan a pesar de su encarecimiento en pesos. En tercer lugar, promueve la sustitución del turismo al exterior por el interior, desarrollando esa actividad que impacta en la recuperación económica y en la mejora del nivel de actividad, mientras también aporta al desarrollo de economías regionales. La significativa  tasa del 30% resulta necesaria para completar una estructura adecuada de precios diferenciales para las divisas. La compra de dólares está acotada por la vigencia de las actuales regulaciones a un máximo de 200 dólares mensuales. La regulación y límites a los movimientos de capitales y a las operaciones en el mercado de cambios, han permitido una disminución sustantiva de la fuga de capitales, exhibiendo la conveniencia de que no sólo adopte el carácter de una emergencia, sino que quede constituida en un elemento fundamental del proyecto de carácter productivo que sustituya el de valorización financiera.

Como cuarta medida de este conjunto dispositivo que se ha enunciado, se ha dispuesto la desgravación del impuesto a la renta financiera, de los depósitos en pesos en el sistema financiero nacional, lo que apunta a la desdolarización de la economía. Esta desdolarización es un objetivo clave para alejar los problemas de la restricción externa, para la que son necesarios tanto incentivos, como las regulaciones e intervenciones públicas. Las retenciones, el impuesto a la compra de divisas, las regulaciones al movimiento de capitales y cambiarias, como esta diferenciación tributaria entre depósitos en pesos respecto a los efectuados en divisas, contribuyen a construir un sendero de desdolarización. La vigencia de la obligación de liquidar las divisas de exportaciones con plazo adecuado y definido, ausente en la mayor parte del tercer gobierno neoliberal, tiene el mismo sentido. Otras medidas e incentivos de carácter interno deberán reforzar la búsqueda de la consecución de esa meta estratégica.

El aumento de la alícuota del impuesto sobre los bienes personales tiene el objetivo de mejorar el resultado presupuestario a través de una mayor imposición, con la característica de cumplir también con metas redistributivas, ya que este tributo es de una clara factura de redistribución progresiva. No es secundaria la facultad, que el proyecto establece, de aplicar hasta el doble de la tasa a los activos en el exterior, que persigue evitar la fuga de capitales.

Se ha dispuesto también el otorgamiento de un bono para diciembre y enero para los jubilados de menores ingresos, que en la práctica eleva el monto del mínimo para esos meses a más de $ 19.000. El ajuste de las jubilaciones del mes de diciembre se pagó de acuerdo a la legislación vigente. A partir del primer semestre se resolvió suspender el régimen de ajuste vigente y se dispuso un plazo de un semestre para la elaboración de un nuevo régimen de ajuste. Mientras rija esta transición el PE dispondrá aumentos por decreto que en los niveles inferiores apunta a ser mayores que la inflación. El régimen de ajuste actual fue concebido por el macrismo para reducir el ingreso de los jubilados, y comenzar el avance hacia un régimen de jubilación privada o mixto que anule o debilite el régimen de reparto. La erosión de los regímenes de reparto contribuye a la financiarización de la economía. El deterioro que el manejo de la lógica de endeudamiento y fuga produjo en Argentina, provocó un deterioro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuya activos se encuentran concentrados en títulos públicos afectados por la iliquidez e insolvencia en los pagos externos que dejó el gobierno de Cambiemos.

Por lo tanto, el objetivo central del gobierno popular que tiene un programa contrario a una reforma que modifique el carácter estructural del régimen previsional, es garantizar la permanencia del régimen de reparto y evitar su cambio por uno de capitalización o su mixtura con uno de este carácter. Esta es una cuestión central en términos de entender la importancia que tiene la recuperación de la sustentabilidad del sistema. A esto apunta el dispositivo de emergencia adoptado. La vigencia de un régimen de reparto público es clave para el desmonte del régimen de valorización financiera. Esto es fundamental, y es el centro de las medidas tomadas, cuidando los ingresos de los sectores con jubilaciones más bajas. En términos de los debates controversiales con relación al período de transición, resulta imperioso atender las necesidades de los sectores de menores remuneraciones por su situación de emergencia. Siendo la lógica de la medida esta emergencia y no el ajuste, son injustificadas las dudas respecto a que al final del período de regularización, los recursos globales destinados a atender las jubilaciones – o sea, el monto destinado globalmente a la atención de éstas-, será igual o mayor en términos reales al vigente al 31 de diciembre. El achatamiento de la pirámide es un objetivo de justicia necesaria ya que la estructura de 1 a 7 entre la jubilación máxima y mínima no responde a los criterios de solidaridad de un régimen de reparto, pero el sustento fundamental del achatamiento debería fundarse en el crecimiento de las jubilaciones inferiores, apuntando a conservar una tasa de sustitución (percepción del jubilado en relación a su sueldo cuando se encontraba activo) adecuada en toda la escala. Lo urgente y primordial  es recuperar la solvencia intertemporal del régimen de reparto mediante una gestión adecuada de los activos del FGS.

Una medida desdolarizadora clave es la suspensión de los ajustes tarifarios y el comienzo de la reestructuración de los criterios para su conformación. Los estudios académicos demuestran la alta sensibilidad del presupuesto de las familias de menores ingresos a los niveles tarifarios, como así también la del nivel de actividad económica frente a la misma variable. En  Fiscalidad y Equidad en Argentina: un enfoque de equilibrio general” (dt 47 CEFID-AR), Ramos y Serino -coordinados por Gaggero- sostienen que “es importante señalar que una reforma que incluya la eliminación de subsidios  a los combustibles y el transporte puede afectar la dinámica macroeconómica , por la vía de su incidencia sobre los precios, el consumo privado y el empleo, principalmente de empleados asalariados”. Esta conclusión del año 2012 se verificó en la práctica con el fuerte impacto regresivo socialmente y contractivo de la economía que se verificó con la política tarifaria y de eliminación de subsidios del macrismo. El inicio de su revisión recorrerá, con seguridad, un camino inverso.

El aumento de los impuestos dispuesto por el conjunto de medidas de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, en tanto sean volcados a atender las necesidades de los sectores de menores recursos, proveerán a la expansión de la economía. Siendo los impuestos de carácter progresivo, los sectores que tributan tienen una propensión marginal a consumir marcadamente inferior a los que recibirán las transferencias para gastar, siendo esta la condición expansiva de un régimen de gastos financiados con impuestos.

El argumento que adjudica a los impuestos un carácter contractivo y entiende su eliminación como expansiva es erróneo. Esa corriente del pensamiento económico (el ofertismo) es promotora de una distribución regresiva del ingreso, como prueban las experiencias que han adoptado sus recetas. En realidad, la recaudación en impuestos progresivos, las retenciones, el impuesto a la compra de dólares o el de bienes personales retiran recursos de sectores con altos ingresos que si se revierten en gasto social a los deciles más populares devienen en un impulso del nivel de actividad. También es inexacto que la reducción de la tasa de ganancia se traduce en disminuciones de la inversión. La existencia de ganancia es una condición necesaria para la inversión, pero el nivel de ésta depende de la demanda y no de esa tasa de ganancia. Por lo tanto, los impuestos progresivos son reactivadores y no depresores de la producción. Crecimiento y distribución van articulados con ese tipo de articulación y conceptualización de la estructura tributaria. Sentido que impregna la ley en tratamiento actual por el Congreso.

 

 

Profesor de la UBA , ex director del CEFID-AR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  1. Luis Juan Dice

    Estimado Guillermo:
    Excelente análisis.
    Parafraseando la canción “tratando de crecer”: desdolarizar y desmonopolizar… es la tarea, es la tarea.
    Si me permite, una digresión.
    Resulta sumamente interesante el análisis de lo sucedido en Bolivia a partir de la asunción de Evo Morales, por lo que significó dicho período para el bienestar de las inmensas mayorías. Algo que el Imperio, por el éxito obtenido, no podía permitir que se extendiera como modelo de referencia, más allá de la cuestión central respecto del control de los recursos naturales, en todo su patio trasero: América para los americanos, es decir, ellos.
    En una entrevista de La Jornada de México a García Linera en febrero/2012, se le pregunta respecto de los 6 años que llevaban gobernando Bolivia. Transcribo algunos párrafos:
    “La descolonización es un proceso de desmontamiento de las estructuras institucionales, sociales culturales y simbólicas que subsumen la acción cotidiana de los pueblos a los intereses, a las jerarquías y a las narrativas impuestas por poderes territoriales externos. La colonialidad es una relación de dominación territorial que se impone a la fuerza y con el tiempo se “naturaliza” inscribiendo la dominación en los comportamientos “normales”, en las rutinas diarias, en las percepciones mundanas de los propios pueblos dominados. Por tanto desmontar esa maquinaria de dominación requiere mucho tiempo. En particular el tiempo que se necesita para modificar la dominación convertida en sentido común, en hábito cultural de las personas. En Bolivia, el hecho fundamental que hemos vivido ha sido que aquellas personas, mayoría demográfica antes y hoy, los indígenas, los indios, a quienes la brutalidad de la invasión y los sedimentos centenarios de la dominación habían establecido en el propio sentido común de las clases dominantes y las clases dominadas, que estaban predestinados a ser campesinos, obreros de bajo oficio, artesanos informales, porteros o meseros, hoy son ministros y ministras, diputados, senadores, directores de empresas públicas, redactores de constituciones, máximos magistrados de la justicia, gobernadores; presidente.”
    “Y no solo eso: las formas organizativas comunales, agrarias, sindicales del movimiento indígena contemporáneo, con sus formas de deliberación asambleistica, de rotación tradicional de cargos, en algunos casos, de control común de medios de producción, son hoy los centros de decisión de la política y buena parte de la economía en Bolivia. Hoy, para influir en los presupuestos del Estado, para saber la agenda gubernamental no sirve de nada codearse con altos funcionarios del Fondo Monetario, del BID, de la Embajada norteamericana o europeas. Hoy los circuitos del poder estatal pasan por los debates y decisiones de las asambleas indígenas, obreras y barriales. Los sujetos de la política y la institucionalidad real del poder se ha trasladado al ámbito plebeyo e indígena. Los llamados anteriormente “escenarios de conflicto” como sindicatos y comunidades, hoy son los espacios del poder factico del Estado. Y los anteriormente condenados a la subalternidad silenciosa, hoy son los sujetos decisores de la trama política.”
    “Este hecho de la apertura del horizonte de posibilidad histórica de los indígenas, de poder ser agricultores, obreros, albañiles, empleadas pero también cancilleres, senadores, ministras o jueces supremos, es la mayor revolución social e igualitaria acontecida en Bolivia desde su fundación.”Indios en el poder”, es la frase seca y despectiva con la que las señoriales clases dominantes desplazadas anuncian la hecatombe de estos 6 años.”
    “Como caracterizar el modelo económico puesto en marcha?. Básicamente postneoliberal y de transición postcapitalista. Se ha recuperado el control de los recursos naturales que estaban en manos extranjeras, para colocarlas en manos del Estado dirigido por el movimiento indígena (gas, petróleo, parte de los minerales, agua, energía eléctrica); en tanto que otros recursos como la tierra fiscal, el latifundio y los bosques ha pasado a control de comunidades y pueblos indigeno-campesinos.”
    “Hoy el Estado es el principal generador de riqueza del país y esa riqueza no es valorizada como capital (“valor que se autovaloriza” Marx); es redistribuida en la sociedad a través de bonos, rentas y beneficios sociales directos de la población, además del congelamiento de las tarifas de los servicios básicos, los combustibles y la subvención de la producción agraria. Intenta priorizar la riqueza como valor de uso, por encima del valor de cambio. En ese sentido, el Estado no se comporta como un “capitalista colectivo” propio del Capitalismo de Estado, sino como un redistribuidor de riquezas colectivas entre las clases laboriosas y en un potenciador de las capacidades materiales, técnicas y asociativas de los modos de producción campesinos, comunitarios y artesanales urbanos. En esta expansión de lo comunitario agrario y urbano, depositamos nuestra esperanza de transitar por el postcapitalismo, sabiendo que también esa es una obra universal y no de un solo país.”
    “…¿Hay un papel activo de Washington para sabotear la transformación boliviana en curso?”, pregunta Luis Hernández Navarro -el entrevistador-.
    “El gobierno norteamericano nunca ha aceptado con las naciones latinoamericanas puedan definir su destino porque siempre ha considerado que formamos parte del área de influencia política para su seguridad territorial, y somos su centro de acopio de riquezas, naturales y sociales. Cualquier disidencia a este enfoque colonial, coloca a la nación insurgente, en la mira de ataque. La soberanía de los pueblos es el enemigo número uno de la política norteamericana. Eso ha pasado con Bolivia en estos 6 años. Nosotros no tenemos nada contra el gobierno norteamericano ni contra el pueblo norteamericano. Pero no aceptamos que nadie, absolutamente nadie de afuera nos tenga que venir a decir lo que tenemos que hacer, decir o pensar. Y cuando como gobierno de movimientos sociales comenzamos a sentar las bases materiales de la soberanía estatal al nacionalizar el gas; cuando rompimos con la vergonzante influencia de las embajadas en las decisiones ministeriales; cuando definimos una política de cohesión nacional enfrentando abiertamente las tendencias separatistas latentes en oligarquías regionales, la embajada norteamericana no solo apoyo financieramente a las fuerzas conservadoras, sino que las organizo y dirigió políticamente, en una brutal injerencia en asuntos internos. Eso nos obligo a expulsar al embajador norteamericano y luego a la DEA. Desde entonces los mecanismos de conspiración se han vuelto más sofisticados: se usan oeneges, se infiltran a través de terceros en las organizaciones indígenas, dividen y proyectan liderazgos paralelos en el campo popular, como quedo recientemente demostrado mediante el flujo de llamadas desde la propia embajada a algunos dirigentes indígenas de la marcha del TIPNIS, el año pasado.”
    “En todo caso, nosotros buscamos relaciones diplomáticas respetuosas, pero también estamos atentos a repeler las intervenciones extranjeras de “alta” o “baja” intensidad.”
    “…Se ha dicho que Bolivia sigue siendo un abastecedor de materias primas en el mercado internacional y que el modelo de desarrollo en práctica (que algunos analistas han calificado como extractivista) no cuestiona este papel. ¿Es esto cierto? ¿Se trata de una fase transitoria de acumulación que se acompaña de una redistribución de la renta?” (pregunta el periodista)
    “Ni el extractivismo ni el no-extractivismo, ni el industrialismo son una vacuna contra la injusticia, la explotación y la desigualdad. En si mismos, no son ni modos de producir ni modos gestionar la riqueza. Son sistemas técnicos de procesar la naturaleza mediante el trabajo. Y dependiendo de cómo se use esos sistemas técnicos, de cómo se gestione la riqueza así producida, se podrá tener regímenes económicos con mayor o menor justicia, con explotación o son explotación del trabajo.”
    “Los críticos del extractivismo confunden el sistema técnico con el modo de producción, y sobre esa confusión asocian extractivismo con capitalismo, olvidando que hay sociedades no-extractivistas, bajo la forma de industriales, plenamente capitalistas. Puede haber sociedades extractivistas capitalistas, como no capitalistas, pre capitalistas, post capitalistas. E igual, puede haber sociedades no extractivistas capitalistas, no capitalistas, post-capitalistas.”
    “El extractivismo no es un destino; puede ser un punto de partida para su superación. Ciertamente en el extractivismo se condensa toda una distribución territorial de la división del trabajo mundial, distribución colonial. Pero para romper esa subordinación colonial no es suficiente llenarse la boca de injurias contra el extractivismo, dejar de producir y hundir en mayor miseria al pueblo, para que luego regrese la derecha y mediante el extractivismo satisfaga parcialmente las necesidades básicas de la población. Esta es precisamente la trampa conservadora de los críticos del extractivismo. En su liturgia conservacionista, mutilan a las fuerzas revolucionarias y a los gobiernos revolucionarios de los medios materiales para satisfacer las necesidades de la población, para generar riqueza y distribuirla con justicia, y crear sobre ello una nueva base material no extractivista que preserve y amplié los beneficios de la población laboriosa.”
    “Como toda emancipación, la emancipación del extractivismo tiene que partir de el pues es el único medio técnico que se dispone hoy, ahora; para con ello distribuir la riqueza material pero de otra manera a la precedente. De esta manera, inicialmente se satisfacer necesidades urgentes de la población, se elevan los beneficios sociales de las clases laboriosas y se crean las condiciones culturales, educativas y materiales para construir una nuevo soporte tecnológico de producción de la riqueza no extractivista. No es un proceso simple; requiere años, tal vez décadas. Lo importante es reorientar el sentido de la producción, sin olvidar sin embargo que hoy hay que satisfacer también las necesidades básicas apremiantes que precisamente han llevado a la población a asumir la construcción del poder del Estado. Eso es lo que estamos haciendo en Bolivia.

18Dic/190

“El otro campo se queja sin razón”

Publicado por admin

Alejandro Rofman

El nuevo gobierno tiene como objetivo urgente y prioritario mejorar la situación del poder adquisitivo de amplios sectores de la población que fueron duramente castigados en el periodo Macrista. Un ejemplo, es el caso de los salarios de los trabajadores formales y los haberes del régimen previsional (en total más de doce millones de habitantes que perdieron el 20% de su poder adquisitivo según datos oficiales en el cuatrienio pasado).

Antes de negociar los reajustes necesarios en ingresos y egresos remunerativos de la población de preciso acordar transferencias inmediatas para comenzar a poner dinero entre los consumidores castigados por el gobierno Macrista. Esta reparación social requiere fondos adicionales a lo que el Estado Nacional hoy dispone ¿De dónde sacarlos? De aquellos sectores sociales que fueron los ganadores del modelo económico de Macri: Empresarios agroexportadores, sector bancario y empresas que prestan servicios públicos. Entre otras medidas, se adecuó el porcentual en las retenciones a las exportaciones agrícolas al monto porcentual con que Macri las impuso a fines del 2018 en un 12% para el trigo y el maíz y otro 12% agregado al porcentual que ya existía para la soja. Lo que el actual gobierno ha hecho, es recalcular ese 12% sobre el valor actual del dólar sacando el dato anterior que imponía un tope de 4 pesos por dólar. NO AUMENTARON LAS RETENCIONES SINO QUE SE RECALCULARON ACORDE A LO QUE DISPUSO MACRI HACE MAS DE UN AÑO. Lo insólito es que entonces los dirigentes de los agronegocios de exportación no protestaron sino que acompañaron entusiastas las medidas que Macri adoptó. Ahora protestan sin razón porque simplemente se recalculó el valor en pesos con la misma taza del año pasado, rebajada en tres puntos (pasó del 12% al 9%). Pese a esta rebaja han protestado insólitamente. En estos cuatro años la inflación fue del 280% pero la devaluación resultó más alta 538%. De modo que los agroexportadores prácticamente percibieron ingresos por más del doble de los costos y solo se les reajustó un porcentual por derechos de exportación por $27 pesos.

4Nov/190

Un fuerte retroceso del neoliberalismo

Publicado por admin

 

Aleja ndro Rofman

Las recientes situaciones en la Argentina marcan lo que ya parece imparable. Un importante avance de los pueblos de América Latina – que se expresaron simultáneamente del mismo enfático modo – en diversos países. Haremos especial mención al caso argentino por lo que nos toca acompañando con estas líneas el regocijo generalizado en los sectores populares por el regreso del proyecto nacional y democrático al poder político.

La revuelta masiva inicial en Ecuador, con las marchas callejeras multitudinarias y los paros generales obligaron al gobierno de ese país a dejar sin efecto medidas de ajuste regresivas impuestas por el FMI. En Chile, la reacción fue mucho más importante en volumen de ciudadanxs incorporadxs a la repulsa pública de un sistema económico con fuertes desigualdades sociales y elevado castigo al ingreso de los que menos tienen. En Chile aún persisten las masivas protestas, pese a los cambios ofrecidos por el gobierno. La marcha del millón de chilenos solo en Santiago de los días anteriores es reveladora de la importancia que para la mayoría de la sociedad implicó decirle basta al neoliberalismo en ese país. En Bolivia, la ratificación de Evo Morales a la presidencia también constituyó un signo revelador de la conciencia colectiva del pueblo boliviano frente al intento de la derecha de recuperar el poder. Simultáneamente han seguido desarrollándose en Haití y en Colombia manifestaciones concretas, ya sea en la calle en el primer caso y en las urnas en el segundo, el repudio a las políticas regresivas de corte neoliberal. Y en Bogota se eligio alcaldesa a una militante social y feminista

En nuestro país, la experiencia neoliberal que se reinstaló en el 2015 y produjo una fenomenal caída de ingresos, empleo y beneficios sociales a la mayoría del pueblo fue ampliamente derrotada en las elecciones del 27 de Octubre. La fórmula presidencial del Frente de todos, que va a resultar favorecida por una mayoría en torno al 50% cuando el escrutinio definitivo termine, manifestó así claramente la aspiración colectiva de un retorno muy esperado a una política de desarrollo integral, con inclusión social y avances significativos en la calidad de vida de la población, en sus dimensiones económicas, políticas, sociales y culturales.

Este renacer de un horizonte preñado de fundadas esperanzas de que otra vez se va a gobernar para las mayorías del país es una evidencia concreta que otra Argentina es posible. La constitución de un frente político y social muy amplio, respaldado por organizaciones sociales de activa militancia y fundado en un objetivo central y excluyente: Derrotar al neoliberalismo y recuperar la alegría de una sociedad más justa y equitativa, es el principal resultado del urnazo. La naturaleza y densidad del voto popular quedó plasmado en las 18 provincias del sur y el norte del país que marcaron diferencias notorias en la voluntad popular acordes con el nivel de ingreso y de necesidades insatisfechas de sus pobladores. Así se derrotó al frente gobernante incluso en dos provincias donde sus gobiernos locales pertenecen a esa posición política. La franja del centro del país especialmente la ciudad de Buenos Aires y Córdoba reflejó la presencia dominante en ambas jurisdicciones del segmento poblacional favorecido por la política conservadora del Macrismo y atrapado por un mensaje cultural de odio profundamente regresivo, con amplio eco en los medios de comunicación afines. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, es preciso hacer algunas puntualizaciones valiosas. El porcentaje del electorado que apoyó la fórmula del Frente de todos fue similar en primera vuelta al resonante triunfo de Cristina en el 2011. Pero aquella victoria en esta ciudad se dio porque la oposición fue fragmentada,En el caso del 27 de Octubre, con el mismo porcentaje el frente que aglutinó a los sectores progresistas del distrito tuvo, en la vereda opuesta, una fuerte concentración de apoyo a los candidatos del oficialismo Macrista que así lograron imponerse a nivel global. Dentro de la ciudad, todo el sur que se recuesta en el Riachuelo (Boca, Barracas, Lugano, etc.) le dio la victoria por más del 50% al Frente de todos. Y hubo barrios dentro del resto de la ciudad, donde también la fórmula presidencial Fernandez-Fernandez se impuso, como en los casos de la Chacarita y la Paternal. Ello revela que la composición social de la ciudad tuvo su correlato en el comportamiento electoral. En Córdoba, el distrito donde la formula gobernante fue ampliamente favorecida, el impacto de la presencia de “La patria sojera “ y su capacidad de arrastre, y la defección de los sectores del Peronismo afines al gobernador dieron cuenta del resultado final. En Santa fé y Entre Ríos, la paridad del escrutinio provisorio deberá ser revalidada en el definitivo, que no se conoce aún al momento de cerrar este texto.

Esta verdadera epopeya del pueblo argentino que en su mayoría sufrió un grave deterioro en su bienestar, es la respuesta que la mayoría aspiramos se convierta en permanente: Nunca más al neoliberalismo degradante, saqueador, basado en la especulación financiera y en la pobreza e indigencia en franco asenso. De aquí en más, el esfuerzo será reconstruir el tan dañado tejido productivo y social, tarea a la que todos deberemos prestar un fuerte apoyo. tes eleccion