Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

20Sep/200

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EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Hacia la construcción de una democracia participativa

Virreyes en caída

La desilusión del pueblo argentino con el proyecto neoliberal fue una de las consecuencias contundentes de los años del gobierno de Cambiemos. Esos cuatro años no sólo provocaron la vivencia de un fracaso en las mayorías que no lo votaron y en buena parte de los que sí lo hicieron.  El fracaso podría adjudicarse al entendimiento de una gestión mal hecha de una política que habría tenido posibilidad de éxito si la gestión hubiera sido encarada con mayor eficiencia. No es lo ha ocurrido con el tercer episodio de liberalismo neo de las últimas cuatro décadas. No ha dejado una percepción de ese carácter en el balance ciudadano. Las conclusiones en el imaginario popular son de una índole diferente. Pertenecen a la desilusión definitiva respecto a una mirada sobre la política, sobre la economía, sobre la sociedad y sobre la vida. Así de devastadora fue la experiencia, conducida y gestionada en forma directa por los dueños del poder económico, sus amigos y sus serviles gerentes y asesorada por presuntuosos apologetas de la teoría ortodoxa devota del pensamiento único.

Al final de los cuatro años del gobierno de Macri se vivió una crisis descomunal, cuya causalidad en la política aplicada fue obscenamente indisimulable. Todo se derrumbó con estrépito, las alquimias teóricas, las ambiciones de extender a perpetuidad un modelo que sus ejecutores y cultores sostuvieron un bienio, hasta concluir en un naufragio sin pausa que legó un país destrozado por la ONG de la cultura de la antipolítica, aliada con los herederos de un partido centenario que abandonaron todo principio para hacerse de una porción del poder. Sólo salvaron los trapos las ganancias personales de los que ocuparon el poder, sus socios, sus allegados y sus camaradas de la plutocracia que concentra el poder económico en Argentina.

La pandemia que prosiguió al desmán que desató el gobierno del Presidente Macri fotografió la Argentina desigual, empobrecida, injustamente saqueada. Porque la valorización financiera es un patrón de acumulación sustentado en el saqueo, porque el dispositivo macroeconómico de las gestiones de la dictadura, el menemismo y sus variantes continuistas y el cambiemita, es el mecanismo de un régimen de desposesión del pueblo. De sustracción. De violación de derechos humanos.

El país discute hoy la post-pandemia. Se vuelven a evocar planes que en otras épocas fueron banderas para la construcción de otra Nación. Huerta Grande y La Falda, el de la CGT de los argentinos, el del plan trienal, el de los 26 puntos de la CGT Brasil. No es ociosa la insistencia y la repetición de estas propuestas históricas, hundidas por las dictaduras y la censura privada de los grandes medios de comunicación. Porque es indudablemente cierto que cuando la concentración económica inunda los medios masivos de noticias y opiniones, emergen nuevas lógicas de censura. De administración del tiempo que excluye el debate con los proyectos que molestan a los poderosos.

Tan cierto es esto, que se dedican ríos de tinta a la repetición de ideas, de planes, de concepciones que dejaron en ruinas la economía nacional. Como la declaración de la AEA, asociación de grandes empresarios que predican el no pago de impuestos, cantan loas a la inversión privada que nunca llega –y que si lo hace— es a costa de condiciones que les aseguran rentas y nunca para proyectos que les implicaría correr el riesgo que siempre pregonan, pero del cual huyen.

 

 

El disco rayado

El empresariado concentrado insiste en el mismo libreto. El neoliberalismo como política de Estado. Su representación más poderosa, plana y fundamentalista, la AEA, define los siguientes postulados en  unas rústicas y desviadas “Instituciones para el Desarrollo” que formulan con circunspecta y acartonada formalidad, pero carentes de rigor, inteligencia, voluntad e intuición:

  • Movilización plena de las energías del sector privado. (Es decir, exclusión del Estado como planificador, direccionador y actor directo del proceso económico.)
  • Conquistar mercados externos. (A costa de bajar los costos laborales con políticas flexibilizadoras y con metodologías de competitividad espuria, pues nada dicen de la inversión en ciencia y tecnología.)
  • Evitar los controles de precios. (Predican la definición mercantil de estos por parte de empresarios concentrados para reducir los salarios, acumular ganancias y luego fugarlas al exterior.)
  • Garantizar el derecho de propiedad. (O sea que la posesión de medios de producción no genere ningún compromiso con el uso de la misma en pos del beneficio social, sino que sea guiada a la obtención de la mayor ganancia.)
  • Vociferan contra el impuesto a las grandes fortunas, mezquinos de cualquier disposición solidaria a contribuir para paliar las consecuencias de la grave pandemia que nuestro país también sufre como parte de la comunidad mundial.

En un power-point a la moda, la UIA en “Hacia una nueva normalidad: propuestas para la reactivación productiva”, adorna con toques de estilo desarrollista su acomodamiento al mismo neoliberalismo como política de Estado:

  • Macroeconomía que fomente el ahorro local y busque gradualmente salir de los controles y las regulaciones cambiarias. (Curioso que una propuesta que se propone como productivista se inicie reivindicando la apertura de la ruta para la fuga de divisas, sin preocuparse por el cuidado de un insumo vital para el desarrollo industrial.)
  • El segundo principio esgrimido es una política cambiaria previsible que sustente la agregación de valor en la producción. (Esta formulación insinúa la devaluación como fórmula preferida para la competitividad, es el camino de la ganancia rápida y espuria en lugar de promover la genuina intervención pública y la apuesta empresaria a la innovación.)
  • La reducción de la nominalidad parece una advertencia preocupada respecto de recuperaciones del salario en la post-pandemia, temiendo que esas mejoras anulen la competitividad inducida por el precio de la divisa. Tal vez, por eso no proponen medida alguna de aumento salarial para impulsar la demanda.
  • Quejas sobre una supuesta presión tributaria excesiva.
  • La intervención del Estado es reivindicada desde el planteo de la continuidad de los auxilios con los ATP, la aplicación intensiva del REPRO, las propuestas de moratorias impositivas. Todas ayudas al empresariado. Enfoque corporativo y sectorial sin preocupaciones por un proyecto de Nación.
  • La gran ausencia del programa empresarial de la UIA es el debate sobre la distribución del ingreso.
  • El power-point dedica su propuesta núcleo a abogar por la construcción de consensos e instituciones, mediante lógicas y prácticas de diálogo. Esa propuesta no se restringe a plantearlo en el ámbito social y sectorial, sino que también pregona el encuentro constructivo entre el oficialismo y la oposición política. Nuevamente asoma la pretensión de un consensualismo del estilo “Pacto de la Moncloa”. Con un poco de reformismo pro-industrialista dentro de la globalización financiera, el documento se confiesa como la versión light de la política de Estado neoliberal. Pero very fashionable.

 

 

Embrión de consenso y movilización para un proyecto nacional y popular

El 28 de agosto un conjunto de organizaciones de empresarios nacionales pymes, organizaciones sindicales, cooperativas de trabajo y movimientos sociales con inserción productiva presentaron una cantidad de coincidencias básicas, que resultan en una importante expresión embrionaria de la construcción de un proyecto nacional. Porque la trampa de la “grieta” no es otra cosa que el intento de conservar al neoliberalismo como política de Estado y acusar a la opción nacional y popular como confrontativa. La derecha usa ese vocablo “grieta” en defensa del diagnóstico apologético del fin de la historia. Atrasan, los muchachos. Les pasó el cuarto de hora de ese clima (cuarto de siglo).

Alumbran, los vientos de cambio, con un conjunto de concepciones articuladas por organizaciones como la CTA de los Trabajadores, el sector combativo de la CGT agrupado en la Corriente Federal de los Trabajadores, las Agrupaciones Grito de Alcorta y la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas, ambas herederas de la auténtica Federación Agraria Argentina. A los que se suman toda la gama de representaciones del pequeño y mediano empresariado industrial del país: la CGERA, la agrupación José Ber Gelbard, APYME, la CEEN, la Fundación Pro Tejer, un conjunto de afluentes en el MNUP y un nutrido grupo de federaciones de cooperativas de trabajo como FACTA, CNCT, FECOOTRA Y CONARCOOP. Los mencionados son sólo una parte de múltiples participantes. Pero lo decisivo son sus formulaciones programáticas:

  • Un Estado activo, presente en la orientación, la regulación y la planificación. Atento a las necesidades sociales. Aquí se nota la raíz de la propuesta. Su carácter democrático opuesto al liberalismo neo que rechaza la planificación de la economía y deifica la asignación mercantil (a cargo de las firmas dominantes en los mercados concentrados) de la economía.
  • Promueven la inversión pública en infraestructura, con motorización del empleo, con el objetivo de revertir la errada asignación de recursos e injusta distribución del ingreso.
  • Plantean la participación de los sectores sociales y productivos populares en la toma de decisiones.
  • Expresan decididamente que la recomposición del mercado interno es el motor del desarrollo nacional.
  • Reivindican la recomposición del poder de compra de los salarios y las jubilaciones.
  • Apoyan el aporte extraordinario y solidario ante la emergencia del Covid-19, entendiéndolo como el punto de partida para una reforma impositiva de carácter progresivo, que respete una segmentación en la que la carga tributaria mayor recaiga sobre los sectores de mayores ingresos.
  • Se pronuncian por una negociación con el FMI que excluya condicionamientos que inhiban la recuperación económica y social.
  • Rechazan las tradicionales políticas de estabilización antiinflacionarias, que con fundamentaciones de raíces monetaristas o fiscalistas, proponen ajustes que conducirían al agravamiento de las condiciones recesivas.
  • Rechazan la financiarización y proponen una Reforma Financiera, que ponga al sistema al servicio de la producción .
  • Promueven la reforma de la Ley de Inversiones Extranjeras, como así también medidas que cierren la fuga de capitales, eviten la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones.
  • Descartan que las devaluaciones cambiarias sean el método clave y adecuado para evitar la escasez de divisas y advierten su sesgo regresivo en la redistribución de ingresos.
  • Reconocen el carácter de servicio público de la provisión de gas, luz, agua y combustibles.
  • Proponen una política agraria democrática que grave el latifundio y acabe con la integración vertical de las empresas monopólicas agroalimentarias y promueva la agroecología y la chacra mixta.

 

 

La misión del Consejo Económico y Social

Este acuerdo inicia una discusión respecto de la misma misión del Consejo Económico y Social. No es ocioso el debate en relación a si se trata de un organismo asesor, de un ámbito de consenso corporativo o de un espacio de participación popular como desafío para la construcción de una democracia amplia, en la que la representatividad sea un elemento indispensable pero insuficiente. Parafraseando un decir de la época: “Sin la representación electoral no se puede, pero con ella sola no alcanza”. Una lectura inadecuada y regresiva del Consejo sería la búsqueda de la aprobación de los poderes fácticos de la concentración económica en pos de un supuesto “realismo político” que inhibiría los cambios, quizá con algunas concesiones a una homeopática dosificación en la ampliación de derechos ciudadanos, que garantice hegemonía para una lógica continuista. A esto se lo denominó en la tradición del arte político “gatopardismo”: cambiar algo para que nada cambie.

El comentado y analizado proyecto de unidad entre sectores de la producción y el trabajo, cuyas ideas se exponen en este artículo, aporta a la vocación virtuosa: la construcción de una democracia participativa. Expresa la orientación que expresara el Presidente en varias oportunidades: luego de la pandemia debemos pensar en otra sociedad más igualitaria, más humanista, menos consumista. Claro que los lineamientos iniciales no completan el grado de definición que el decurso de una política transformadora demanda. Pero marcan un rumbo. Le dan un instrumento de gran valor al gobierno nacional, que fue elegido para poner fin al modelo neoliberal y que se propuso no incurrir nunca más en la lógica de endeudamiento-fuga-ajuste en que sistemáticamente nos hundieron las experiencias afines a la financiarización del país.

El agrupamiento que presentó las coincidencias básicas no debería ser un actor más, sino un espacio fundamental en una mesa donde se discuta el Proyecto de largo plazo para el país. Ese Proyecto necesariamente marcará un rumbo. Ese rumbo no tiene el carácter de destino. No se trata de despejar en el debate ninguna posibilidad única. Los caminos de un proyecto de país siempre son varios y no están exentos de contradicciones antagónicas entre ellos. El que marca las coincidencias básicas es el de la ruptura con el liberalismo neo que tuvo varios episodios. Inaugurado con el Programa de Martínez de Hoz y uno reciente –tal vez póstumo— con el descalabro de desposesión popular que terminó con el endeudamiento récord con el FMI.

Otra vez en la Argentina se organiza la posibilidad de una democracia con contenido popular y nacional, que comience a acometer las tareas de ruptura con las restricciones económicas que constituyen las condiciones de dependencia. Por supuesto, que los que suscriben las coincidencias básicas no representan la totalidad de los sectores populares que tienen esa aspiración. También se encuentra en pleno despliegue una conjunción de movimientos de los sectores más vulnerables que están construyendo su inclusión en la vida productiva a través de la economía popular. Ellos también tendrán que ser convocados con un rol clave a sentarse en el Consejo Económico y Social.

Como se ve, una perspectiva nacional, popular y democrática en nuestro país no se nutre del Pacto de la Moncloa. Son otras las condiciones. Es otra la geografía. Pero fundamentalmente son otras las aspiraciones políticas de una ciudadanía agotada de un régimen de desposesión económica y vaciamiento de la democracia por un liberalismo horneado en la dictadura terrorista. El gobierno del Frente de Todos se plantea otra Argentina.

En esa línea de reflexión concluía Cristina Fernández de Kirchner su libro Sinceramente, reflexionando que “ante la caótica situación que vivimos hoy como país y sociedad, escucho hablar de la necesidad de un gobierno de Unidad Nacional, o de un acuerdo social y económico. Nadie puede estar en contra de esos enunciados y propósitos, pero me da la impresión que sólo refieren a acuerdos dirigenciales, superestructurales, de partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresarias, iglesias y movimientos sociales… Y está muy bien, pero… creo que con eso no alcanza. Se requiere algo más profundo y rotundo: un nuevo y verdadero contrato social con derechos pero también con obligaciones, cuantificables, verificables y sobre todo exigibles y cumplibles. Un contrato que abarque no sólo lo económico y social, sino también lo político y lo institucional. Hay que volver a ordenar todo, pero no en el viejo orden, sino en algo nuevo y distinto de lo que tuvimos… El deterioro provocado por las políticas de Mauricio Macri y Cambiemos ha sido demasiado grande, vertiginoso y profundo para pensar que solo unos pocos pueden solucionar esto. Ese nuevo contrato social exigirá también de la participación y el compromiso de la sociedad… compatriotas… Tenemos que acordar cómo vamos a convivir y en qué condiciones… porque así no va más”.

13Sep/200

11 DE SEPTIEMBRE DE 1973

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La Argentina también tendrá que resistir a la embestida de la derecha empresarial y comunicacional

 

Es una fecha que parte aguas entre dos proyectos para América Latina. Lo que luego se pudo reconstruir como alternativa popular con los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Lula da Silva, Hugo Chávez, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Evo Morales, Rafael Correa lo fue después de un cuarto de siglo del primer golpe terrorista de Estado que inició un retroceso en toda la región. La época de los ’70 también tuvo sus gobiernos que emergieron como expresión y esperanza de una nueva oportunidad  para una América Latina popular y democrática. Allende, Cámpora, Perón, Velazco Alvarado, Torres significaron un hito en la lucha por una América Latina unida, autónoma y con espíritu de disputa frente al capitalismo monopólico.

Hoy que la derecha agita tanto el concepto de “grieta”, merece recordarse como se puso fin en la década del ’70 a los procesos populares que se habían abierto en el subcontinente. Ese final significó el inicio de una contrarrevolución mundial neoconservadora, que comenzó en el cono sur de nuestro continente con dictaduras que cometieron decenas de millares de fusilamientos y practicaron otras tantas detenciones-desapariciones, protegidas por el establecimiento de regímenes terroristas de Estado.

Los medios de comunicación hegemónicos, que no tenían el mismo despliegue tecnológico que en la actualidad, igual jugaron un papel decisivo en el apoyo a la destitución de la democracia, siendo cómplices de la restauración de la concentración del poder económico de los sectores tradicionales de oligarquías locales. Pero con la novedad adicional de haber abierto el paso a la valorización financiera y la financiarización del capitalismo, que volverían mucho más dependientes a los países de la región.

El diario El Mercurio de Chile titulaba el día posterior al establecimiento de la sangrienta dictadura, mientras se torturaba en estadios de fútbol, se fusilaba y se desaparecían militantes populares, “Junta Militar controla el país” “Hacia la recuperación nacional”. El texto que proseguía decía que  “Tanto la opinión pública nacional como extranjera habían llegado a la evidencia de que Chile entraba en un proceso fatal que [podía] llevarlo a la dictadura marxista o a la guerra civil…se abre ahora la perspectiva de la recuperación mediante un intenso y disciplinado esfuerzo que restablezca el hábito del trabajo, normalice las faenas…y reinicie el proceso de capitalización indispensable”…” Con innegable sacrificio y abnegación las Fuerzas Armadas han cumplido un rol de salvaguardia última de la institucionalidad”, y con la hipocresía del periodismo autodenominado serio e independiente afirmaba que “Chile ha vivido al margen de la Constitución”. No estaban equivocados los estudiantes de la izquierda católica que en los días previos al golpe de Pinochet salieron a la calle con carteles que proclamaban “EL MERCURIO MIENTE”.

Salvador Allende y la Unidad Popular llegaron al poder en el año 1970 con poco más del 30% de los votos y en dos años, con el desarrollo de un programa de raigambre popular alcanzaron en las elecciones parlamentarias niveles que superaron con creces el 40 %, afirmándose como primera minoría electoral y en creciente ascenso. Ese programa exponía que los participantes del poder concentrado tenían las siguientes características y conductas: “El grupo de empresarios que controla la economía, la prensa y otros medios de comunicación; el sistema político, y que amenaza al Estado cuando éste insinúa intervenir o se niega a favorecerlos, les cuesta muy caro a todos los chilenos. Para que ellos se dignen seguir “trabajando”, pues sólo ellos pueden darse el lujo de poder trabajar o no, es preciso:

  • darles toda clase de ayuda. Los grandes empresarios estrujan al Estado bajo la amenaza que no habrá inversión privada si las ayudas y garantías que piden no se les otorgan;
  • permitirles producir lo que ellos quieran con el dinero de todos los chilenos, en lugar de elaborar lo que necesita la gran mayoría del país;
  • dejarlos llevarse las ganancias que obtienen a sus cuentas bancarias en el extranjero;
  • dejarlos despedir obreros si éstos piden mejores salarios;
  • permitirles manipular la distribución de alimentos, acapararlos para provocar escasez y de esta manera subir los precios a fin de continuar enriqueciéndose a costa del pueblo.

En lo propositivo y desarrollo de gobierno, la Unidad Popular tenía como objetivos poner en manos estatales el Comercio Exterior, la gran minería, el sistema financiero y de seguros, las grandes empresas y monopolios de distribución, los grandes monopolios industriales estratégicos o que controlaran servicios estratégicos. Mantener y desarrollar en manos privadas todas las actividades y empresas no concentradas que se desempeñen en las diversas áreas de la economía. Favorecer el nacimiento y promoción de un área mixta de economía estatal-privada, que fomente la articulación entre ambos sectores. La profundización de una reforma agraria, que acabe con el latifundio, la tierra improductiva, priorice la producción cooperativa y garantice la titulización de la propiedad campesina. El método de organización productiva que se pregonaba era que “La política económica del Estado se llevará adelante a través del sistema nacional de planificación económica y de los mecanismos de control, orientación, crédito a la producción, asistencia técnica, política tributaria y de comercio exterior, como asimismo mediante la propia gestión del sector estatal de la economía”.

El golpe de estado en Chile fue precursor de la expansión del patrón político-económico neoliberal. Seguiría luego Argentina como otra experiencia piloto de la lógica que luego se expandió mundialmente como el capitalismo financierizado. Tanto la reprimarización económica, el agravamiento de la restricción externa, la concentración de la riqueza, el estancamiento, la profundización de las fluctuaciones del ciclo económico, el aumento de la desigualdad y la pobreza y el retraso y dependencia tecnológica caracterizaron veinticinco años de agudo retroceso de las economías de América Latina. Chile fue el ejemplo paradigmático de estos rasgos, en él se consolidó una institucionalidad estabilizada del cambio de paradigma. Privatización de la educación y la salud, reforma regresiva del régimen jubilatorio y cambio regresivo de la organización de los trabajadores y la sociedad, hoy Chile vive una de las peores situaciones por la pandemia, que fue precedida por una rebelión popular que duró meses y que resistió la permanente represión por parte de un orden institucional de carácter formal, herencia de las políticas de las décadas de dictadura. Fue Chile el país elogiado por Von Hayek y Milton Friedman. Estos neoliberales como sus discípulos prefieren el liberalismo a la democracia y el autoritarismo de mercado a la participación popular y la planificación económica.

Símil de El Mercurio, en la Argentina el diario La Nación titulaba el día posterior al golpe de Pinochet: “Triunfó la Revolución en Chile y ha muerto Salvador Allende” “Una junta militar se hizo cargo del gobierno para ¨restituir el orden institucional y restablecer la economía nacional¨”. Los liberales, en su forma neo, radicalizaban la intolerancia por la democracia de la voluntad general y coincidían en la concepción que El Mercurio hacía explícita: que la última salvaguarda de la institucionalidad sería la fuerza militar al servicio de la minoría del poder concentrado.

 

 

Cuarenta años después

Cuarenta años después, con un papel mucho más organizado, concentrado y tecnológicamente revolucionado, ante las nuevas experiencias de autonomía nacional y justicia social de América Latina, fueron esos medios escritos más sus multiempresas de radio, televisión, cable y redes sociales, las que jugaron un papel determinante en las políticas de lawfare y golpes institucionales para destituir proyectos nacionales, populares y democráticos. En otros casos, contribuyeron al despliegue de políticas de golpe de Estado clásico o crean climas para la intervención imperial directa. Esa concentración del poder mediático no se crea  por sí misma sino como resultado de la oligopolización creciente de la economía, producto de la mercantilización completa establecida por el neoliberalismo con su privatización y predominio de las finanzas en el carácter del capitalismo mundial que sometió a las economías de América Latina a un endeudamiento creciente que trabó su desarrollo. Los modelos de liberalización de los mercados financieros, la penetración de la banca extranjera, el debilitamiento de los sistemas tributarios por la facilitación de las conexiones del gran empresariado con las guaridas fiscales, la titulización de la deuda pública, el sometimiento de ésta a jurisdicción extranjera, los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión, los regímenes de flexiblización laboral, constituyeron el programa inverso a la perspectiva del proyecto de la Unidad Popular chilena o el de la CGT de los argentinos. Estructuralmente fueron acompañados por la reprimarización económica, la articulación en los eslabones menos avanzados tecnológicamente de la producción internacionalizada y el sometimiento a la copia de institucionalidades de los centros financieros como las regulaciones de Basilea o los acuerdos de la OMC.

El proyecto nacional y popular ha recuperado el poder en la Argentina. El grado de agresión de la derecha para imposibilitarle llevar a cabo un programa de cambios que desconcentre la riqueza y construya en base al valor de la igualdad, en el marco de un proyecto humanista, resulta de gravedad. El papel de los medios de comunicación concentrados en la construcción de una barrera para que el poder democrático pueda llevar adelante sus políticas es una cuestión crítica a abordar. Las organizaciones del empresariado concentrado rechazan cualquier opción que no sea el neoliberalismo como política de Estado. Su vocación de vaciar la democracia está radicalizada, mientras el eje con que motorizan la valorización de su capital es la conducta de parasitar en la financiarización.

En un comunicado con el título de torcido interés “Instituciones para el Desarrollo “, exponen un conjunto de principios de ideología de bolsillo que sólo tiende a afirmar las líneas regresivas con las que el neoliberalismo enfermó a Argentina. A manera de recetario – que evoca la caracterización del empresariado chileno que hace casi medio siglo hacía la UP- , sin ninguna riqueza cultural  afirman que “El camino más eficaz para generar empleos, ingresos y reducir la pobreza es la movilización plena de las energías del sector privado, es decir, permitir y estimular tanto a individuos como a pequeñas, medianas y grandes empresas a emprender, a desarrollar nuevos proyectos, a invertir, a innovar y a conquistar mercados externos”. El planteo de exclusión del Estado del actuar económico y de su acción empresariaAñadirl sería la postergación definitiva del país. Más de un cuarto de siglo los firmantes han tenido la iniciativa para aplicar las políticas que reclaman nuevamente. En esos tiempos sólo especulaban en la lógica Endeudar y Fugar, como se titula el texto coordinado por Eduardo Basualdo. Frente a este planteo avieso corresponde la reivindicación de la acción económica estatal, no tímida, sino decidida en su papel de definidor de la política económica, rol empresarial y planificador para el desarrollo.

Más adelante sostienen que ”Para llevar a cabo  eficazmente la tarea de volver a poner en marcha el aparato productivo del país, así como para alentar nuevas inversiones es fundamental evitar los controles de precios, así como el congelamiento de tarifas que tensionan la ecuación económica de las empresas. Debe además garantizarse el derecho de propiedad y evitarse la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina a empresas y personas”

Los señores Magnetto, Rocca, Pagani, Coto y Ratazzi, vuelven a olvidarse de los derechos humanos, como lo hizo la precursora de la AEA que ellos constituyen –la CEA— cuando apoyó los golpes terroristas de estado para aplicar las políticas de Von Hayek, Friedman, McKinnon y Shaw. Esas políticas que recomiendan las aplicaron Cavallo, Martínez de Hoz, Prat Gay y Dujovne y lo que menos consiguieron fueron inversiones. Por otro lado, las inversiones no pueden ser cualesquiera, porque pueden llevar al retroceso. Para que conduzcan al progreso, las debe definir un plan y no el puro mercado. Pero más grave aún, ¡cómo no se van a congelar las tarifas de servicios que atienden a derechos humanos, cuando los ingresos no mejoran debido a la caída del nivel de actividad causado por la pandemia! Los servicios deben ser con tarifas reguladas y a niveles que garanticen el acceso de todos en condiciones de igualdad. Por eso no es anacrónico pensar en un proyecto en que esas actividades vuelvan a ser prestadas directamente por el Estado.

¡Por qué no se van a controlar precios! ¿Qué quieren esos señores que tienen una distancia intelectual enorme con dirigentes gremiales como Yasky, Palazzo o Amichetti? No argumentan nada, repiten consignas sin más. Señores de la AEA, hay que controlar los precios si se quiere domar la inflación y redistribuir el ingreso. Porque eso es necesario y recomendable en una economía con concentración de la oferta de productos esenciales y con puja distributiva provocada por un empresariado que se niega a ceder su posición en la regresiva distribución del ingreso que dejó el macrismo.

¿De qué hablan cuando se refieren a impuestos confiscatorios?

– De la avaricia de multimillonarios insensibles frente a una peste que se despliega en todo el territorio nacional.

-¿Cuál es la pretensión?

-Que los gastos para afrontar la emergencia se financien con una nueva concentración del ingreso.

-¿A qué se refieren cuando plantean garantizar el derecho de propiedad?

-A hacer con los medios de producción lo que les da la gana, cuando el resultado de su uso es de interés social y nacional. Estos señores no quieren un jefe de Estado democrático, necesitan un capataz al mando de una republiqueta.

En defensa de la cultura nacional deben ser enfrentados con un duro debate por una enérgica y nueva intelectualidad argentina. La impunidad de la mediocridad intelectual del empresariado concentrado es un peligro para el futuro nacional. Máxime cuando financian a predicadores  a repetición que pululan por medios de comunicación.

Dijo Allende: “Tengo la certeza que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente”. A 47 años del 11 de setiembre de 1973 el programa democrático de Salvador Allende sigue vigente. El de los que lo derrocaron hundió a ese país en la desigualdad, profundizó su dependencia y dañó seriamente su cultura política. Este último proyecto está hoy en crisis y los dirigentes del continuismo pos dictatorial son repudiados por el pueblo que sufre las agudas consecuencias del programa de reformas del capitalismo de la rapiña financiera. La Argentina también tendrá que resistir a la embestida de la derecha empresaria y comunicacional

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7Sep/200

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LA PATRIA DE LA IGUALDAD  

Mónica Peralta Ramos, Guillermo Wierzba y Horacio González encabezan este manifiesto

Un capitalismo que brutaliza la condición humana

Nos encontramos ante una situación inédita: el mundo atraviesa una crisis sistémica cuyas consecuencias dramáticas emergen como fractura expuesta por la pandemia. Mientras la economía de nuestro país ha sido devastada por el neoliberalismo, la peste desnudó la desigualdad, la pobreza y la miseria en una sociedad arrasada por el paradigma antihumanista de la plus ganancia del poder económico concentrado y la opulencia obscena de la minoría que habita el vértice superior de la pirámide social. La política seguida por el gobierno de Macri destrozó a la economía real y amordazó al país a una deuda externa imposible de solventar. La pandemia agudizó la situación, develando al mismo tiempo la brutal desigualdad económica y social y el creciente poder monopólico de un grupo reducido de grandes empresas en sectores claves de la economía, profundamente insertadas en la financiarización. Pero el dislocamiento económico, político, social y cultural de la sociedad producto del capitalismo financiero global y local es tan grave que, paradójicamente, abre una hendija que permite la imaginación, la ilusión y la aventura de intentar construir otra perspectiva de vida, con otra organización de la economía y la política, luego de la crueldad que quedó evidenciada por la irrupción del Covid-19.

La situación mundial que hoy sufrimos trasciende a las crisis cíclicas que ha tenido el desarrollo capitalista a lo largo del tiempo, y no puede ser reducida a su aspecto económico y/o financiero, pues alcanza al funcionamiento de las instituciones políticas y culturales y se extiende al terreno de la geopolítica. Asimismo, es una crisis que no puede ser “purgada para empezar de nuevo”. Lo que hoy está en juego es mucho más que la destrucción —de valor, de bienes y activos, de riqueza acumulada, de excedente producido, de empleo e incluso de vidas humanas— por guerras, fenómenos que típicamente han ocurrido en todas las grandes crisis mundiales. El quiebre que hoy enfrentamos engendra situaciones catastróficas para todo tipo de vida en el planeta y es consecuencia de la propia dinámica del orden social que hoy impera en el mundo. Es pues una crisis económica y financiera pero también climática, como consecuencia de la depredación del medio ambiente. Es, además, una crisis de supervivencia donde la posibilidad de aniquilamiento de la humanidad como consecuencia de la irresponsabilidad medioambiental, de una guerra nuclear, bacteriológica o tecnológica, está a la orden del día. Es pues, una crisis civilizatoria que plantea la necesidad de un nuevo orden mundial y social.

En estas circunstancias, pensar un cambio de paradigma en nuestro país implica abordar una drástica y radical redistribución del ingreso y de la riqueza que, acompañada de cambios en la matriz productiva, permitirán encaminarnos hacia a una sociedad de iguales. Estos cambios requerirán de un desarrollo tecnológico propio y autónomo cuyo objetivo no sea cerrar la brecha con el centro. Una meta imposible sin la construcción de una vida digna, que elimine la pobreza, alimente la cultura y estimule la creatividad en la producción de nuevos bienes, con el propósito de abandonar el hiperconsumo degradante y desenfrenado del paradigma de vida de la monopolización de la riqueza y la financiarización, con el que comenzó el siglo XXI.

Hoy impera en el mundo una forma de organización social basada en un capitalismo global monopólico y financiarizado, con centro en los Estados Unidos. La Argentina habita la periferia de éste, con una tendencia al deterioro permanente, incentivada por distintos gobiernos neoliberales desde mediados de los ’70 del siglo pasado. Este régimen se ha extendido a lo largo y a lo ancho del planeta, subordinando, subsumiendo y normalizando a un estándar único a países con distintas culturas e instituciones. Este sistema maximiza ganancias y rentas por su control total sobre la vida económica, política y cultural, incluyendo en esto último a la producción de información, de ideas y hasta de sentido común. Por lo tanto, no estamos simplemente frente a un modelo financiero, industrial o mercantil; estas son fases por las que el capitalismo ha pasado a lo largo del tiempo. Hoy estas fases están contenidas en un proceso degradado, que parasita la vida humana, crea pobreza extrema, marginalidad y exclusión, a la vez que desarrolla un estilo de vida que destruye vorazmente las tradiciones culturales construidas en milenios y brutaliza la condición humana.

 

 

Liberalismo o democracia

Hoy la necesidad de romper las cadenas de la democracia liberal es acuciante. Este sistema político es un dispositivo que vela por la aristocratización del poder: la esfera política es reducida al mínimo y predomina, escindido de la misma, el reino de la economía, naturalizada su condición mercantil y privada. Gritan los grandes empresarios del club oligárquico AEA que los que deben organizar y llevar a cabo la producción son los sujetos privados, y pretenden prohibir la socialización de bienes esenciales y estratégicos. Han hecho retroceder al gobierno respecto de la expropiación de Vicentin, holding empresario que hizo un desquicio económico y perjudicó a una región del país, a productores, a sus proveedores y a la banca pública. Los empresarios de la AEA defienden a capa y espada a sus dueños y enfrentan a quienes critican repudiables y torcidas conductas empresariales, porque ubican a la gran propiedad privada de medios de producción por encima de cualquier valoración sobre el orden jurídico. Ellos han sido históricamente golpistas porque ese concepto de propiedad lo han entendido —y lo entienden— por encima de la Constitución y la democracia.

Desde que la sociedad puso fin al Terrorismo de Estado, los sectores más poderosos de la economía han acechado a los gobiernos que se sucedieron en democracia, buscando imponer sus intereses específicos por encima del interés general de la Nación. Durante el gobierno de Macri, han salido a la luz a través de la violación sistemática al Estado de Derecho, el armado de causas mediático-judiciales para destruir a la oposición y los grandes negociados económicos. Esta aventura macrista ha sido un episodio más de la estrategia del lawfare impulsada por los Estados Unidos para poner fin a los nacionalismos populares latinoamericanos, así queda expuesto en las causas de espionaje ilegal que tramitan en diferentes juzgados y eso explica la oposición salvaje del macrismo al proyecto de reforma judicial en curso. Este proyecto intenta poner fin a la estructura endogámica, corroída y oligárquica del Poder Judicial, un paso de fundamental importancia para empezar a saldar una deuda que todavía tiene nuestra democracia. Es necesario bregar por la creación de nuevos canales institucionales que permitan la participación popular en las decisiones que se toman y en el control del mandato de los que ejercen funciones en todos los territorios: desde el barrio y la empresa, a los municipios, las provincias y el Estado Nacional.

Llegó la hora en que democracia y liberalismo encontraron un punto de ruptura, que siempre estuvo latente. No hay democracia con soberanía limitada de la voluntad general de la ciudadanía. No hay democracia sin participación popular en la toma de decisiones. No hay democracia si se la limita a ser el reducto de un pequeño sector que controla la vida económica. Estos son los desafíos que enfrenta el gobierno nacional en un contexto donde los sectores económicos más poderosos y el macrismo intentan restituir el reinado del neoliberalismo.

Este sistema promueve la escisión entre las esferas de la economía y la política para otorgar preeminencia a la propiedad privada concentrada sobre la vida misma, y su éxito mediático se expresa en el fanatismo de quienes organizan movilizaciones que atacan las disposiciones dictadas en defensa de la salud de la población. La violencia política y simbólica de los medios de comunicación hegemónicos constituye la punta de lanza del  dispositivo con el que el liberalismo y su actual diseño neo persiguen la destrucción de la democracia; una demolición que opera mediante su vaciamiento para convertirla en una cáscara que contenga un dispositivo social opuesto al sentido que la define: gobierno de y para el pueblo, mandato y participación popular, autonomía ciudadana en la definición del presente y el futuro de la vida comunitaria. Ese liberalismo neo, cuando percibe el quiebre de la cáscara que falsifica el poder popular, esencia de la democracia, siempre tiene a mano los mecanismos necesarios para derribar gobiernos. Como lo hicieron en Brasil y Bolivia, y cuando no pueden lograrlo, como les ocurre en Venezuela, intentan violar la soberanía nacional mediante intervenciones externas que no excluyen la propia invasión militar.

Los medios utilizados para imponer una política de dominación y subsunción de la subjetividad fueron diversos y dirigidos a los sectores sociales enajenados de sus necesidades e intereses. En años recientes, mientras eran destruidos cotidianamente los derechos alcanzados durante los gobiernos kirchneristas, se desplegaban a través de diferentes discursos, mecanismos de inhibición y cercenamiento a las potencias del pensamiento, destructivos de la aptitud de apropiación de las experiencias vividas durante los años de gobiernos nacionales y populares. El neoliberalismo degradó al sujeto humano a sujeto de consumo, originando una brecha social con quien no tiene trabajo, o lo tiene precario. Muchas personas no perciben salarios suficientes para una vida digna y necesitan endeudarse para el vivir cotidiano. La ideología, los medios y los modos productivos construyen una subjetividad que hace sentir al sujeto subsumido por el sistema como el único responsable de lo que le acontece. Asume la situación a la que es arrojado como una consecuencia de su demérito. Así, la meritocracia y el individualismo encuentran un rumbo común. Y la propiedad privada absoluta e ilimitada su justificación sin Historia. Es el triunfo del neo liberalismo sobre la democracia.

 

 

La pandemia y el imperio de las finanzas

La economía neoliberal de la financiarización fue un factor determinante en los resultados desastrosos alcanzados en el área de la salud de la potencia mundial, con las cifras más elevadas de contagios y muertes. En Estados Unidos, el “cuidado preferencial de la economía” fracasó en el campo de las finanzas y el trabajo: en el segundo trimestre del año registró una caída del 32,9% del PBI (respecto al mismo período de 2019), lleva más de 45 millones de personas desocupadas y una alta proporción de la población debajo de la línea de la pobreza. Lo acaecido en ese país muestra con claridad el efecto negativo de las políticas generadas por el Banco Mundial en los servicios sanitarios, las que impactaron en el deterioro de su eficacia y provocaron una grave inequidad de acceso. En Latinoamérica, se desplegaron modelos imitativos al de Estados Unidos, que también se aprobaron en las Naciones Unidas. Es la prueba que demuestra que la financiarización no sólo invade las finanzas, sino que penetra en la salud, la educación y en todas las instituciones, mediante la acción y presión del Banco Mundial y el FMI, ya que sus políticas están coordinadas y comandadas desde el Tesoro norteamericano. Tampoco el BID excluyó del pregón las reformas de los sistemas sanitarios y otros que significaron un retroceso de la atención de los derechos económicos, sociales y culturales, violando el Pacto de la ONU que exige la progresividad en su cumplimiento.

En los ’90, la atención focalizada y la autogestión hospitalaria promovida desde los Estados condujeron a un progresivo desfinanciamiento de la salud pública con pérdidas de servicios indispensables y empobrecimiento de la calidad asistencial. Luego, hacia el año 2012, se incrementaron los sistemas de aseguramiento para las coberturas de salud y se creó un dispositivo con atractivo nombre: Cobertura Universal de Salud (CUS). Se desplegó el establecimiento de mercados plurales para regular la cobertura y el acceso médico, separando y acotando la función del Estado y permitiendo la intermediación financiera y la presencia de prestadores en asociaciones público privadas. Colombia fue el sitio de implantación inicial, seguido por Chile —que ya había producido cambios en el mismo sentido desde 1981 con el gobierno de Pinochet— y Perú. Argentina, inicialmente, si bien participó en las reuniones, no lo aplicó en la misma intensidad que los países mencionados.

Así, se fueron instalando progresivamente durante 20 años cambios tendientes a descentralizar el sistema sanitario con pérdida del papel del Estado Nacional y su transferencia a las provincias, así como crecientes y regresivas transformaciones promotoras de autogestión, tercerizaciones y seguros de salud. Las consecuencias fueron devastadoras: en la mayoría de los países se desfinanciaron los sistemas y servicios de salud pública, provocando su ineficacia, ineficiencia, deterioro y pérdida de capacidades colectivas para la población.

La Argentina recibió la llegada de la pandemia con una ventaja y una política pública de gran valor. Por un lado, el Covid-19 llegó con considerable retraso, lo cual permitió tomar muchas medidas basadas en las experiencias vividas en el Hemisferio Norte y, por otro lado, la invasión de la peste ocurrió con un gobierno nacional y popular recientemente ganador de elecciones presidenciales, el cual decidió priorizar el cuidado de la salud y salvar al mayor número posible de ciudadanas y ciudadanos ante la fuerte letalidad que el virus mostró en todo el planeta.

Los impactos del coronavirus no fueron iguales en todo el mundo. Aquellos países, aun los más desarrollados de Europa, con servicios muy deteriorados por las políticas neoliberales enunciadas, afrontaron impactos disímiles, según hayan implementado medidas de distanciamiento, cuarentenas, suspensión de clases en forma precoz, privilegiándolas a la preservación de las rentas y ganancias de los monopolios, o si, su comportamiento priorizó la continuidad de la actividad económica y sólo tomaron medidas cuando el número de fallecidos ya era enorme. En América del Sur sucedió algo similar, los países del Pacífico (Colombia, Perú, Ecuador y Chile) optaron por una conjeturada priorización del funcionamiento de la economía, cuidando los intereses de los grupos económicos concentrados, cuando debieron emplear las medidas preventivas — a excepción de Perú, que lo hizo desde el inicio, pero los resultados fueron igualmente desastrosos, probablemente por la precariedad de los servicios sociales y las condiciones de vida popular previas a la pandemia. Estos países presentan una dramática cantidad de fallecimientos y contagios, y sus economías entraron en crisis profundas. Brasil es un caso aparte, porque disponiendo de un sistema de salud público padece los resultados más negativos, a raíz de un gobierno que ignoró la peste y sacrificó vidas por cientos de miles para no lesionar en nivel alguno los beneficios de la burguesía brasileña, revelando la tragedia expuesta de una sociedad enferma de racismo, clasismo y sexismo.

Es evidente que la salud pública fue el primer blanco impactado mundialmente por el Covid-19. Pero es indiscutible que la patogenicidad del virus se complementó con políticas sanitarias y económicas antipopulares, mercantilizadas y debilitadas que desarticularon los servicios de salud y causaron un daño cuya envergadura nunca fue vista en los últimos 100 años.

 

 

La emergencia nacional

Vivimos una situación de emergencia nacional única en la historia del país. Mientras la pandemia avanza, una estructura de poder formada a lo largo de décadas de historia argentina intenta desestabilizar al gobierno surgido de las elecciones del 2019. Este tiene la legitimidad que le da el voto ciudadano para concretar un proyecto nacional y popular para poner fin al hambre, la exclusión y la fragmentación, reponiendo el objetivo de la igualdad como clave de su política. Una de las transformaciones centrales que se ha propuesto es llevar a cabo una reforma judicial que garantice el pleno funcionamiento del Estado de Derecho, sin privilegios y con justicia social, así como la ampliación y los cambios en la legislación que concurran a la construcción y vigencia de una sociedad humanista, solidaria e integrada en el marco de una república democrática, con plena participación popular, sólo posible con la reconquista y el alcance de una verdadera y definitiva independencia nacional.

La pandemia ha expuesto los niveles de desigualdad con los que convive la sociedad argentina y las severas consecuencias sociales que provoca la injusta concentración de la riqueza, dejando en evidencia la polarización extrema de ingresos, los elevados niveles de informalidad y precariedad, las necesidades insatisfechas de los barrios populares, la brecha inadmisible en las condiciones habitacionales y la inequidad en el acceso a una tecnología indispensable, que hoy debería ser masiva, pero permanece reservada a los sectores de ingresos medios y altos. Así, el virus desnuda el generalizado incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, consagrados por la Constitución Nacional que incluye el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, también, de los derechos incluidos en el artículo 14 bis.

El momento, extremadamente crítico, exhibe la desatención de los sectores vulnerabilizados por décadas de financiarización capitalista, llevada al límite por parte del último gobierno neoliberal. Su continuidad no se ha interrumpido en las cuestiones que decide el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni en otras comarcas gobernadas por Cambiemos, como la provincia de Jujuy, que ha desmanejado la pandemia en beneficio de una burguesía local de tradición represiva y explotadora, como lo son los Blaquier y el Ingenio Ledesma, mientras mantiene presa ilegalmente a la lideresa social Milagro Sala.

Nuestro país, y el mundo, necesitan un debate profundo orientado a discutir la función social de la propiedad privada y su carácter relativo, que combata el exceso de concentración de riqueza y que siente las bases de una sociedad emancipada, justa e igualitaria, desarrollando también formas de propiedad colectiva, cooperativa y comunitaria, entre ellas la de los pueblos originarios, que enriquezcan las opciones de vida económica a disposición para organizar la vida productiva. El reingreso del Estado en la vida económica, en la propiedad de recursos y empresas estratégicas, y en la prestación de servicios esenciales es urgente. Su rol en la pandemia fue determinante para contenerla, mientras el sector privado, aun el más poderoso, sólo reclamaba ayuda –oponiéndose a un imprescindible y justo impuesto a las grandes fortunas—, a veces, con el mezquino y avaro interés de no perder nada por parte de los que detentan miles de millones de dólares ahorrados en el país, o fugados en el exterior. Pero el debate no se agota abordando sólo la titularidad de la propiedad sino en la discusión que garantice la efectiva participación popular en su ejercicio y/o control.

Históricamente, los grupos de poder han condicionado a los gobiernos en democracia y han operado con tres pinzas: inflación, corridas cambiarias y fuga de capitales. Cuando no lo han podido lograr apelaron al golpe militar, al golpe “institucional” o al terrorismo de Estado. Esto ha sido permanente a lo largo de décadas y llega hasta el presente. Estos grupos económicos, extranjeros y nacionales no tienen raigambre ni sentido nacional, están ensamblados en un esquema de prebendas y regulaciones que les ha permitido sustituir inversiones por subsidios, obtener beneficios impositivos de todo tipo, remisión indiscriminada de ganancias, y si el panorama político local o internacional se complica, vaciamiento de empresas y fuga indiscriminada de capitales. El punto de referencia de estos grupos económicos concentrados ha sido, desde hace mucho tiempo, un puñado de grandes corporaciones multinacionales que dominan cadenas de valor global, en las que el país está insertado desde eslabones relativamente débiles, y el mercado financiero internacional, los grandes bancos y los fondos especulativos. Aliados a ellos, en un modelo de país reprimarizado, se confabulan ahora para profundizar un modelo elitista y dependiente, para beneficio de los grandes exportadores de granos y los grandes productores agropecuarios de la pampa húmeda a los que ahora intentan sumarse las grandes corporaciones privadas involucradas en la producción y exportación de gas y petróleo no convencional y convencional.

 

 

El odio ataca a la vida

Desde diciembre de 2019, este modelo neoliberal se ha activado para resistir cualquier intento del gobierno de cambiar el status quo.

En el ámbito de la economía, la política del gobierno ha sido atacada con presiones inflacionarias (especialmente en el rubro alimentos) a pesar de tarifas congeladas, control cambiario y salarios no recuperados. A esto se suma el bloqueo de la banca privada al otorgamiento de crédito al consumo y a las pymes, a pesar de los estímulos dados por el BCRA para reactivar la economía, y presiones que han promovido un arreglo de la deuda con los acreedores privados con la misma actitud genuflexa con que se les pagó a los buitres. El gobierno, sin embargo, resistió consiguiendo plazos y mejoras de tasas que le darán aire a su gestión. Con estas maniobras los grupos económicos más poderosos han intentado impedir que el gobierno ponga algún límite a su capacidad de formar precios y de apropiarse de mayores ingresos y rentas. También han tratado de impedir que el gobierno asumiera una actitud de firmeza frente al capital rentístico internacional. Próximamente, en la difícil negociación con el FMI, las presiones locales y extranjeras para imponer reformas previsionales y laborales que significarían más de siete décadas de retroceso social, deberán ser resistidas por el gobierno del Frente de Toda/os, que necesitará de la movilización popular masiva para imponer su convicción de progreso social, mientras también tendrá que sostenerse intransigente en su negativa a apretones fiscales que impedirían la mejora del gasto social, los salarios, el empleo y el nivel de actividad económica.

En lo judicialhan resistido los intentos de cambios, bloqueando información, cajoneando causas que puedan perjudicar al macrismo, enlazando estructuras paraestatales de persecución política e ideológica, imponiendo decisiones sobre los otros poderes del Estado impidiendo el ejercicio del gobierno, como la inaudita orden de una jueza de limitar una sesión del Senado y la impertinente medida de un juez desconociendo un DNU —es decir, un decreto del Poder Ejecutivo con rango y fuerza de Ley—, sin cuestionar su constitucionalidad, que disponía la intervención de Vicentin. El establishment obstruye, así, todo intento de reforma judicial, argumentando una supuesta impunidad de los sectores políticos que imprimen una amenaza a sus intereses.

En el ámbito de las comunicaciones, los medios concentrados distorsionan y ocultan información e invisibilizan la magnitud del deterioro social resultante de la gestión de Cambiemos. Continuando las operaciones periodísticas de la era de Macri, han fomentado el odio social hacia Cristina Fernández de Kirchner y el peronismo, y han hecho lo imposible por naturalizar la miseria heredada en el país. Las pocas manos que controlan los principales grupos de la comunicación privada comercial, hegemonizan la información mediática en un sistema de medios que, además de estar altamente concentrado, está profundamente mercantilizado, ya que las normativas de radiodifusión —con excepción del período kirchnerista, que establecía la posibilidad de un desarrollo equitativo entre el sector privado comercial, el sector privado sin fines de lucro y el Estado— privilegiaron el desarrollo del sector privado comercial, denostaron y desarmaron los medios públicos y favorecieron la extranjerización, desnacionalización y conformación de multimedios con base preeminentemente porteña.

En el ámbito políticodesde el mes de diciembre, el macrismo ha intentado bloquear prácticamente todas las iniciativas legislativas del gobierno de Alberto Fernández, pasando además a la “acción directa” al impulsar con “productores auto convocados”, y otros sectores de la población, a movilizaciones contrarias a los aumentos a las retenciones a las exportaciones agropecuarias, obstruyendo el intento oficial de intervenir a Vicentin y atacando las medidas de aislamiento que la pandemia impone.

Llegaron al extremo de utilizar la figura del Libertador José de San Martín, desvirtuando su ideario y su inquebrantable combate por la independencia nacional, valiéndose de un banderazo que apuntaba contra el pueblo y la Nación Argentina. No solo los próceres son enviados a la casa de remates donde sus frases son dadas vuelta y convertidas en su contrario. La libertad se pronuncia solo para perderla más fácilmente, el sentido libertario se esgrime para hacernos saber que debemos quedar en manos de los oligopolios y empresas que controlan nuestras comunicaciones, el llamado a proclamar que cualquier trabajo puede hacerse sin peligro participa del irresponsable cálculo del costo en vidas que está en manos de cualquier gerente de las grandes empresas, la postulación de valores primigenios como el trabajo se realiza en un vacío que ignora el contagio y manipula la justa ansiedad que tenemos por retomar actividades laborales productivas y creativas. Cuando escucharon decir primero la vida para recrear la economía, traducen como primero la economía para enseñar que es necesario seguir despreciando cuidados, protecciones y acompañamientos a los desprotegidos, que no son actos que se midan en el balance comercial. El afán de golpear en la oscuridad al gobierno democrático, pero usando palabras egregias aunque burdamente mezcladas con pensamientos delirantes, mesiánicos, mágicos y oscurantistas, no debe provocar la risa de los meramente racionalistas. Debemos responder con la razón, pero una razón sustantiva y crítica que, conociendo la historia, debe saber que en esos bocinazos de “rebeldía cheta” pueden esconderse los signos renovados de un intento severo por destruir las instituciones representativas tan trabajosamente recuperadas y defendidas por la mayoría democrática de la población. Que por eso mismo guarda en su corazón los deseos de grandes transformaciones en el país, que sabrá expresar en el momento oportuno. La amenaza tiene la gravedad que requiere la formulación y efectiva comunicación de un Proyecto, por parte del gobierno popular, destinado a movilizar la adhesión, el apoyo y la movilización que a la vez que fortalezca las definiciones y decisiones que desarmen las estructuras neoliberales heredadas, disipen esa intimidación.

Frente a esto, el Decreto de Necesidad y Urgencia sancionado por el Poder Ejecutivo que declaró servicio público y esencial a la telefonía móvil y fija, internet y la TV paga constituye un paso de gran importancia para contener la ofensiva de los poderes concentrados y avanza en el otorgamiento de más derechos a la ciudadanía al poner al alcance del conjunto de la población bienes y servicios que resultan esenciales a la vida humana. Muestra que el gobierno está dispuesto a utilizar los resortes del Estado e intervenir en los mercados monopólicos para regularlos, y reconoce que el acceso al internet y las telecomunicaciones son un derecho humano y por lo tanto accesible a toda la población.

Se aproximan meses difíciles para el gobierno, en los que se multiplicarán los esfuerzos del macrismo por trabar el funcionamiento del Congreso. Asimismo, la multiplicación de anuncios agoreros sobre anarquía, ríos de sangre y golpes de Estado no deben ser banalizados. Muestran que los grupos económicos concentrados, el macrismo y la mafia enquistada en las instituciones políticas y judiciales harán lo indecible para impedir las transformaciones significativas que se necesitan para encaminarnos hacia la inclusión social y la independencia nacional. Ante esto, el principal recurso que tiene el gobierno es la organización y movilización del pueblo y la participación de sus organizaciones. Esto otorgará legitimidad y fuerza al gobierno, no solo ante las negociaciones con el FMI sino también ante los poderes fácticos que intentan desestabilizarlo para reproducir la actual estructura de poder.

 

 

El acto cultural emancipado

Las maniobras mencionadas atacan a la línea de flotación del proyecto oficial que tiene por principales objetivos erradicar el hambre e incluir socialmente. Pero, así como en los planos desplegados, nos preguntamos también por la cuestión cultural. Su abordaje en materia de política pública no surge luego de consultar los demás aspectos determinantes, tanto económicos como sociales. Si no que está antes, durante y después de ellos, como figura silenciosa y rostro indeclarado del lenguaje público, íntimo o confesional. Pero como la cultura no es solo el subsuelo enraizado e impalpable en que vivimos, sino que se plasma en obras, precisa establecerse una relación de intercambio creativo con las instituciones del Estado.

Por eso son válidas las observaciones críticas que hoy se hacen, en torno de que, a pesar de las imposibilidades reinantes, a causa de una medida sanitaria global necesaria y sostenida en el “privilegio de la vida”, no se han encontrado vías más creativas para a su vez proceder a un “privilegio del acto cultural emancipado”. Llamamos así al que surge de un parpadeo donde en un momento es válido que el Estado lo contemple con su sostén, y en otro ocurre un emergente creativo de total autonomía donde la institución pública que fuese, aun considerándose sostén de cualquier actividad cultural, se exime de valerse de ella, como si refrendara tal o cual énfasis benevolente del Estado. Ante la obra, el Estado que puede haberla sostenido, calla, observa y aprende de lo que ella significa cuando va más allá de las costumbres, normas y lógicas establecidas.

La cuestión de las industrias culturales es un factor dominante en un panorama donde antes solo parecía existir el desafío de la vinculación entre intelectuales y la clase popular-nacional, en relación con qué recursos de la lengua van a ser empleados. No solo para la comunicación, sino para evitar un comunicacionismo abrumador que congela la lengua nacional en rituales y algoritmos inconscientes, cuyo control último pertenece a las fábricas mundiales de simbologías del entretenimiento, y cuya contracara son las nuevas formas de control social.

El viejo debate entre culturas populares y obras surgidas de los géneros artísticos firmadas por autores identificados por su alta sensibilidad hacia los secretos y peligros de la época se mantiene tímidamente, así como las opciones aparentemente contrarias de construcción de centros de cultura populares o la organización de espectáculos públicos masivos. No hay lugar en estas disyuntivas para que se acentúe una dimensión en detrimento de la otra. Pero tampoco se trata de buscar equilibrios a cargo de especialistas mediáticos sino de la multiplicidad de niveles en que se realiza la pertenencia entre la vida popular y las grandes obras de la cultura.

Más importante que continuar con esta polémica, es saber que todas las posibilidades culturales están inmersas en los flujos tumultuosos de la lengua nacional, cruzada por todas clases de intervenciones, ante las que ella reacciona y se reconstituye permanentemente. En este océano lingüístico actúan los grandes medios de comunicación masivos, produciendo un efecto de aplanamiento —como se ha dicho—, porque en ellos se actúa en general con un alto control de la inteligibilidad de los discursos, cualquiera sea la argumentación que se busque. En verdad, las argumentaciones ya pertenecen a un mundo anterior, que debe ser repuesto inteligentemente, pues su reemplazo por una semiología industrializada de gestos, escenografías, conflictos guionados y personajes que “estallan” ante los dichos de otro contrincante, llevan a toda una sociedad a abandonar progresivamente los instrumentos necesarios para la autorreflexión y la elaboración de espectadores libres, capaces de discernir una opción válida ante cualquier conflicto detectable como parte de un interés cultural surgido genuinamente y no por inducción del mercado de los llamados “consumos culturales”.

Como los mencionados consumos entran en un mercado discursivo, al que podríamos denominar mercado de entes y objetos simbólicos preconstituidos, se trata de que toda emisión de cultura pública, sobre todo en la televisión masiva, no siga un único canon disponible para la recepción de los discursos, con fuerte incautación de sentimientos primordiales del espectador, con la permanencia de la regla general de comprensión básica ya trazada para todas las audiencias por los “gerentes de contenido”, que actúan con leyes de oferta y demanda que de seguir vigentes con su característico absolutismo, nunca más habrá un Borges, un Jauretche, un Cortázar, un Marechal, un Ginastera o un Berni.

¿Una política cultural debe intervenir en estos aspectos de la redefinición de las acciones colectivas individuales en una democracia? La intervención estatal, en el aspecto de los canales públicos, debe realizarse sin afectar ninguna de las libertades clásicas de la información, el secreto de las fuentes y la autonomía en el uso de cualquiera de los parámetros de difusión, pero, en cambio, sí es necesario observar cómo dilema, debate y cuestión inmediatamente política, el momento en que los medios se transforman en grandes alianzas corporativas con intereses empresariales de gran escala, siendo precisamente los medios de comunicación una de esas escalas, en la medida que el mercado de los símbolos de consumo —fuertemente entrelazados con el consumo mismo—, hacen un solo bloque con las grandes empresas alimentarias, industriales y comunicacionales. Construyen en efecto un solo bloque productivo de usos inmediatistas del arte y la lengua, del entretenimiento sutil y las informaciones manipuladas, que falsifican tanto la comunicación como la reproducción de la vida. Por eso es tan necesario que los medios públicos se destinen a equilibrar estas desigualdades trágicas que producen los oligopolios culturales, lanzando desafíos dignos del gran arte popular y clásico.

 

 

Crear, debatir, construir

Existen distintos espacios, grupos, organizaciones, movimientos que hoy (como en las distintas etapas por las que atravesó nuestro país, la región y el mundo) discuten y se organizan en torno al momento actual y sus consecuencias. Existen ámbitos de encuentro por medios remotos para sortear las restricciones de la pandemia y hay valiosos escritos ya difundidos por varios colectivos. Pensamos que es importante la reflexión y la potencia de los esfuerzos que conjuntamente puedan articular pensamiento y acción, en un debate franco y en una discusión profunda. Como un aporte más, aquí caracterizamos, opinamos y nos pronunciamos sobre algunos problemas estructurales que encuadran la situación que hoy vivimos. Es una invitación para que en este momento que atravesamos, la reflexión y discusión sistemática permita crear, imaginar y construir un lugar de iguales donde vivir, sobre la base de los desafíos producidos por los cambios ocurridos en el mundo, y la forma en que estos afectan a nuestro país, tanto en el presente como en el mundo de la post pandemia que se avecina.

3Sep/200

LA DICTADURA DE LOS ACREEDORES

Publicado por admin

Un debate trascendental sobre la Argentina a construir para después de la pandemia

 

El debate sobre la Argentina a construir para la post pandemia constituye una cuestión central de las conversaciones e inquietudes intelectuales del presente, cuando estamos atravesando el acontecer más complicado de la peste. Esa discusión aborda planos muy diversos.

En el campo de la economía hay múltiples aspectos sometidos a la confrontación de opiniones. La particularidad del país es que el coronavirus aconteció unos tres meses luego del cambio de gobierno, que implicó una decisión popular de sustituir un modelo neoliberal por un proyecto nacional. La pandemia impregnó la vida de la economía y la sociedad antes de que pudiera desplegarse la transición. Eso colaboró con quienes esgrimen las premisas ortodoxas que dieron sustento teórico-ideológico al gobierno de Cambiemos, para que desplegaran un velo sobre sus consecuencias desastrosas. Los neoliberales desplazaron responsabilidades y endilgaron el daño causado por la política de Cambiemos,  a un  inventado mal-manejo  de la economía en pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández. Aprovecharon para reinstalarse rápidamente en la discusión y pregonar una restauración de una política económica contra la que se expresó la voluntad popular.

 

 

Liberalización financiera o financiarización

El núcleo del dispositivo restaurador es la liberalización financiera. Sus propuestas centrales son la desregulación del mercado cambiario, de la tasa de interés, de la regulación del destino del crédito, del movimiento de capitales de y hacia el país, la desarticulación de los controles de precios, la disminución de la presión fiscal, el ajuste del gasto público, la flexibilización del mercado de trabajo y la reforma privatizadora del sistema previsional. El factor común y la clave de esta visión ortodoxa es la desintervención estatal de la economía.

Los economistas que propalan este paradigma de organización económica sostienen que el mercado es un asignador de recursos que optimiza el funcionamiento de la economía. Muchos son los mismos que a mediados de los ’70 impulsaron entusiastamente estos principios y aseguraban que su implementación favorecería el desarrollo económico al “liberar las fuerzas productivas”. Otros, sus seguidores, formados en las misma premisas teóricas del mainstream.

Los economistas heterodoxos caracterizaron al despliegue de este dispositivo como financiarización. Chena, Buccella y Bosnic en su artículo Efectos de la financiarización en el cambio tecnológico en América Latina-Estudios sobre la financiarización de América Latina  (CEPAL, 2018) hacen esta interesante distinción:

“Es probable que la diferencia fundamental entre el concepto ortodoxo  de liberalización financiera y el concepto heterodoxo de financiarización se deba a que cada uno de ellos responde a dos premisas conceptuales irreconciliables entre sí: el riesgo y la incertidumbre”. Respecto de esa sustancial diferencia se apoyan en Lavoie, quien define al riesgo como “un escenario presente en el que cada opción presenta un conjunto de resultados posibles, cuyos valores son conocidos y pueden asociarse a una probabilidad matemática. Los escenarios de incertidumbre por el contrario se caracterizan porque las opciones posibles son desconocidas”. El modelo analítico de la liberalización financiera cuya evaluación es utilizada por el inversionista, requiere de una tasa de certeza y una prima de riesgo. Esto induce a un comportamiento de la conducta inversora, que aplicado a escenarios de incertidumbre, conduce a una incorrecta asignación de recursos en la economía. Esta falencia es producto de la conducta inducida por el carácter del inversor financiero, distinta a la que tenía el de sesgo productivo. Ya se verá cómo no sólo resulta incorrecta la asignación de recursos, sino que esa conducta también reduce el nivel de inversión y altera regresivamente la distribución del ingreso.

Las corrientes heterodoxas más que hacer una definición de financiarización, subrayan una cantidad de fenómenos que en concurrencia constituyen el concepto. En la introducción al texto de CEPAL citado, Abeles, Caldentey y Valdecantos citan un conjunto de características que los autores heterodoxos le asignan:

  • El predominio de una forma de gobernanza corporativa enfocada a la valorización de las acciones de las empresas.
  • El carácter cortoplacista en la toma de decisiones de inversión.
  • El poder político y económico de los rentistas y el capital financiero.
  • Un cambio en la lógica de valorización del capital que constituye una renovación del patrón de acumulación, en donde las ganancias devienen fundamentalmente de canales financieros.
  • La plétora de instrumentos financieros, como los derivados, que originan un extenso ámbito de comercialización financiera.

Estos elementos constituyen un dispositivo que permite el desacople de la economía real y la financiera, descoordinación que causa el advenimiento de sistemas financieros complejos, interconectados y frágiles. Los mismos autores señalan que entre 1980 y 2007 la tasa de crecimiento del sector financiero fue del 9,5% en los países en desarrollo, mientras que la de los otros sectores fue del 3,6%. En América Latina esta diferencia es aún mayor, anotando evidencias nocivas de la liberalización financiera.

Chena, Buccella y Bosnic exponen una de las definiciones que asoma como sustancial: la financiarización sería una nueva etapa del capitalismo que modifica en forma definitiva sus instituciones para imponer la supremacía de las finanzas.

Otra definición de estos autores sitúa a la financiarización como una puja entre el capital productivo y el capital financiero, en la que el primero predomina en la mayoría de las relaciones económicas, imponiendo sus normas y regulaciones, inclusive en el mercado de trabajo y la actividad económica.

De hecho se observa que el texto de la CEPAL describe que en América Latina, ninguna actividad productiva proporciona beneficios que superen o igualen a las finanzas, salvo la prestación de servicios monopólicos o la explotación de recursos naturales. En tanto, la inversión real se redujo con el advenimiento de la financiarización, sin recuperar jamás los niveles previos a 1980. Además, los autores del texto subrayan que la distribución del ingreso ha empeorado tanto en su observación funcional (salarios y ganancias) como en la personal (comparando la población por deciles).

 

 

El Estado y no el mercado

Las características de la financiarización y las evidencias sobre sus resultados explican la coincidencia de intelectuales y economistas de diversas procedencias heterodoxas respecto a la inconveniencia de dejar el proceso de cambio tecnológico en la región en manos de grandes capitales extranjeros. El cortoplacismo, la errónea evaluación desde una lógica de riesgo y no de incertidumbre, las imposiciones de reestructuraciones institucionales, la evidencia de la caída de la tasa de inversión, la desigualdad social provocada por el régimen, hacen imperioso evitar que el perfil de investigación y desarrollo se despliegue sobre la base de un dispositivo mercantil que opera con actores privados motorizados por tipos de rentas, ganancias y plazos que deterioran la tasa de crecimiento de la economía y la construcción de igualdad.  Esos estudiosos entienden que debe ser el Estado y no el mercado quien dirija y realice los procesos de innovación tecnológica, restaurando el cálculo financiero tradicional ligado a lógica del capital productivo, que lidia mucho mejor con el concepto de incertidumbre que el del inversor privado del capitalismo financiarizado.

Ya no sólo se debe combatir el prejuicio que sostiene que el Estado investigador, inversor y productor es de calidad inferior a la del gran capital privado extranjero, sino que está en mejores condiciones de liderar un proyecto de desarrollo. Mejor dicho, está en condiciones de conducirlo mientras que el capital privado extranjero carece de esa capacidad.

Miotti señala en otro artículo del mismo libro, que los aumentos de productividad en la época del capitalismo fordista (1950-1975) se distribuían entre asalariados y capitalistas, sin alterar la distribución del ingreso. Mientras que en el tiempo de la liberalización financiera los aumentos de productividad son apropiados por los capitalistas. Así, la financiarización requiere que el consumo sea sostenido por el crédito porque los niveles salariales son insuficientes.

Kaltenbruner y Painceira señalan en Financiarización de América Latinaimplicancias de la integración financiera subordinada que “mientras que la integración financiera internacional transforma el sistema financiero nacional en las economías capitalistas emergentes, esas mismas transformaciones facilitan y profundizan aún más la integración financiera internacional… Al igual que su integración en los mercados de productos, estas relaciones financieras se han caracterizado por la dependencia, la subordinación y las jerarquías. Como destacan los estructuralistas latinoamericanos, las vulnerabilidades y limitaciones de las periferias son históricas pues necesariamente cambian y evolucionan con el tiempo en sinergia con el cambio y la evolución de los centros”. De estas reflexiones y de las conclusiones expuestas anteriormente, se desprende que la financiarización acentúa la dependencia y el desarrollo desigual. La intensa exposición de América Latina a los movimientos de capitales aumenta su vulnerabilidad y la volatilidad cambiaria, que en muchas circunstancias depende de las condiciones internacionales que se agregan a las propias de las macroeconomías locales. La profundización de la dependencia que consolidó la financiarización fue reforzada significativamente, porque las economías periféricas no pueden emitir dinero mundial.

La financiarización conduce a altas tasas de interés, que inciden en forma negativa sobre la inversión y el consumo interno. La volatilidad cambiaria y el intenso movimiento de capitales debilitan las monedas locales. La prevalencia de la deuda en moneda extranjera aunada con la debilidad de la moneda nacional lleva a que las devaluaciones requieran una generación futura de divisas para el servicio de esa deuda. La lógica de la liberalización financiera tiene sus beneficiarios en los centros de poder financiero mundial, los prestamistas de moneda mundial, cuyos beneficios superan los de cualquier actividad productiva.

Chesnai define contundentemente al predominio del capital financiero como una “dictadura de los acreedores”. El liberalismo neo es el paradigma político del poder financiero concentrado, que escinde la política de la economía como forma de garantizar el despliegue de un capitalismo rentístico que apunta contra el desarrollo de las economías periféricas. Si entendemos como pilares de ese desarrollo al crecimiento de la economía, la promoción de una mejor distribución del ingreso y al despliegue de sectores productivos no tradicionales, la liberalización financiera ofrece la negación completa de esos objetivos.

 

 

Desposesión: la acumulación primitiva no cesa

Harvey en El nuevo imperialismo (Akal, 2004) revisa la formulación de Marx, quien señaló la diferenciación entre la lógica del momento constitutivo del capitalismo, donde mediante la violencia y el despojo, ajenos a una institucionalidad legal, se conformaron los cimientos de relaciones que permitieron la posterior acumulación capitalista, efectuada con la legalidad de igualdad formal sobre la que se edificaría un régimen de desigualdad real sustantiva.

Este autor sostiene que las condiciones de acumulación merecen una reconsideración, ya que el fraude y la depredación como modo de acumulación persisten hasta el presente. Dice Harvey que “ un examen más detallado de la descripción marxiana de la acumulación primitiva … [incluye] la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por la fuerza de poblaciones campesinas, la conversión de varios tipos de propiedad (comunal, colectiva, estatal, etc.) en derechos de propiedad exclusivos… la mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas (indígenas)  de producción y consumo, los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de bienes (incluidos los recursos naturales), la trata de esclavos, la usura, la deuda nacional y más recientemente el sistema de crédito” y afirma que “todas las características de acumulación primitiva mencionadas por Marx han seguido poderosamente presentes en la geografía del capitalismo… Durante las últimas décadas se ha acelerado el desplazamiento de las poblaciones campesinas… muchos recursos que antes eran de propiedad comunal están siendo privatizados, como el agua (con frecuencia bajo la presión del Banco Mundial), se privatizan industrias nacionalizadas; las granjas familiares se ven desplazadas por las grandes empresas” y «la cesión al dominio privado de los derechos de propiedad comunales obtenidos (el derecho de pensión pública, al bienestar, a la sanidad pública nacional) ha sido una de las fechorías más sobresalientes de los planes de desposesión emprendidos en nombre de la ortodoxia neoliberal”.

Harvey también señala que los planes de ajuste estructural del FMI tienen como objetivo organizar las condiciones de desposesión por medio de los efectos de devaluaciones, evitando la ocurrencia de un colapso general.

 

 

Una batalla cultural

La Argentina reestructuró su deuda externa. El objetivo de política fundamental del proyecto nacional es cerrar el camino a otro ciclo futuro de endeudamiento. La deuda en moneda extranjera de los Estados nacionales funciona como un eslabón fundamental de la cadena que articula dependencia con desposesión. Pero la deuda es solo un eslabón de esa cadena, que incluye además todos los eslabones de la financiarización o liberalización financiera, como guste llamársela. Este régimen es hegemónico a nivel mundial, y la inserción de la economía nacional en el mismo ha impedido el desarrollo y la construcción de igualdad.

De lo expuesto se puede concluir que depositar las expectativas en políticas market friendly para atraer inversiones extranjeras, como proponen los economistas de impunidad mediática, contraviene el camino necesario para la consecución de esos objetivos. Ni siquiera la herencia del viejo desarrollismo podría ser la fuente para argumentar esa receta, porque la lógica vigente en los móviles de la inversión externa es de un orden diferente, siendo sus objetivos la ganancia previsible en términos de costo de oportunidad financiero. Tampoco el canto de sirena ortodoxo de la liberalización financiera, ni la flexibilización de las regulaciones cambiarias, traerán ninguna ventaja, sino que producirán volatilidad financiera, alza de las tasas de interés, valorización parasitaria del capital y su posterior fuga.

La flexibilización laboral y la reforma previsional son mecanismos de desposesión atentatorios contra la plena vigencia de los derechos económicos sociales y culturales, y están destinados a bajar el salario y a que los aumentos de productividad sean apropiados sólo por el capital. Además persiguen la reducción del gasto público para que las grandes fortunas no paguen impuestos, reforzando la regresividad distributiva. Las constantes presiones para extender la frontera agropecuaria mediante la expulsión de campesinos que habitan ancestralmente sus tierras practicando la agricultura familiar, también son mecanismos de desposesión atentatorios del derecho a la propiedad y de los DESC. Las privatizaciones de empresas de servicios públicos y la consecuente fijación de tarifas como si vendieran mercancías a clientes, han constituido una desposesión flagrante y violatoria de derechos esenciales de la ciudadanía. El régimen de desintervención del crédito ha sido atentatorio del derecho al desarrollo de los pueblos.

Resulta necesario para la construcción de una Argentina solidaria, humanista, igualitaria, autónoma y desarrollada desandar las reformas pro-financiarización iniciadas por la dictadura militar, continuadas por los gobiernos de Menem y De la Rúa y restauradas durante los cuatro años de gestión de la Alianza Cambiemos. No hay contradicción entre la reactivación económica y el desarrollo de largo plazo, que será necesario  encarar a la salida de la pandemia. Ni la hay entre igualdad y desarrollo. En los países de inserción periférica en la economía mundial, hoy más que nunca el desarrollo científico tecnológico  y la inversión para el desarrollo deben ser fundamentalmente desplegados por el Estado. Los servicios públicos requieren ser desmercantilizados y atendidos como derechos de ciudadanía. Un proyecto nacional necesita desplegar una batalla cultural, teórica y de ideas para desplazar la hegemonía que el liberalismo neo construyó en sus períodos de hegemonía y que se resiste, y resistirá, a abandonar.

30Ago/200

Un DNU que garantiza derechos

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Que sean esenciales implica que en las condiciones de desarrollo alcanzadas por una comunidad su alcance y disposición hace a la dignidad humana. Esta se articula en dos valores fundamentales y permanentes: la libertad y la igualdad, cuya interdependencia y articulación indisoluble es constitutiva de la democracia.

Este decreto no resulta de una cuestión de orden programático, aunque también su sustancia podía avizorarse en el paradigma de un proyecto nacional y popular que logró acceder al poder. Su ejercicio por parte de un gobierno que lo buscó para modificar la política económica, institucional, social, judicial, cultural, sanitaria, educativa e internacional, también significó un cambio sobre la mirada de la relación de los hombres entre sí, y de los hombres con la naturaleza. Hubiera sido imposible emprender un conjunto de transformaciones como las enunciadas sin una perspectiva y una sensibilidad marcadamente diferente al neoliberalismo que lo precedió y que todavía conserva la hegemonía cultural en la nación.

El DNU se ha dictado en el marco de una peste, en la que la posesión de los medios para el acceso a la comunicación con que hoy cuenta la humanidad, pasan a ser de carácter esencialísimo. Disponer o no de esos medios de comunicación, en la situación concreta que el coronavirus impuso, constituye una disyuntiva abismal. No haber adoptado las medidas que apunten a proporcionar condiciones de igualdad para el acceso a esos recursos resulta indigno a la condición humana.

¿Cuál es la diferencia clave que facilita la igualación de acceso a los servicios declarados de interés público? La existencia de una tarifa que pueda ser afrontada por el conjunto de la población, junto a la garantía de su abastecimiento pleno a toda la ciudadanía. La tarifa tiene la garantía de su regulación y/o fijación por parte del Estado. Es este el obligado a acudir en atención al cumplimiento de la vigencia de los derechos humanos. El precio libre de mercado que se hubiera establecido por la suma de costos, ganancias y rentas monopólicas se habría guiado por la maximización de ganancias y no por la satisfacción de derechos humanos, atendiendo a los mayores frutos posibles que pudieran engrosar la propiedad privada de las nuevas tecnologías e infraestructuras de las actividades.

Cuando se trata de servicios cuya estructura de mercado es monopólica u oligopólica — debido a la existencia de rentas tecnológicas, rentas naturales, concesiones o montos de inversión cuyo nivel son sólo alcanzados por un puñado de empresas—, existe una tendencia a que se refuerce el sesgo, típico de los monopolios, a reducir la cantidad de beneficiarios. El precio que se les puede cargar a estos usuarios de altos ingresos garantiza un beneficio total que supera el volumen que este alcanzaría si se eligiera ampliar la atención de la demanda a un precio menor. Es la dinámica dominante de las actividades recientemente declaradas de interés público.

 

 

Mercado y monopolios en las tecnologías de la comunicación

Los derechos humanos deben ser garantizados por el Estado, es el sujeto legalmente obligado como representante de la sociedad. En la situación de pandemia que hoy vivimos, la esencialidad de la telefonía celular, de internet y de la TV pública hacen que la decisión de Alberto Fernández de declararlas servicio público no sea una opción arbitraria, o sólo fundada en un paradigma conceptual. La Constitución Nacional incorporó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Garantizar el acceso a estos servicios imprescindibles resulta una obligación que se vincula también con el derecho al trabajo. Hay muchísimas tareas que actualmente sólo se pueden acometer con la utilización de internet y la telefonía celular. Muchos argentinos no podrían desenvolver sus labores si las compañías proveedoras de esos servicios conservaran la facultad de establecer precios para maximizar sus ganancias. El medio predominante de comunicación hoy es el celular, que además tiene usos múltiples. Algunos de estos permiten el ahorro de riesgos de contagio, pues favorecen el aislamiento social mediante dispositivos que permiten hacer operaciones y trámites que, de otro modo, requerían el movimiento personal y el contacto –a veces en aglomeración— para efectuarlas. La actividad cultural y recreativa permanece absolutamente restringida por el peligro del contagio del Covid-19, esto convierte al televisor en un medio que no sólo es utilizado en las habitualidades de quienes lo consumen en épocas de normalidad, sino como un sustituto de actividades de esparcimientos hoy vedadas. Son las razones que hacen que el DNU sea un auténtico reparador de derechos.

Además el particular momento en que se dicta la legislación suma a las características concentradas de la oferta en esas actividades cuya forma de comercialización resulta de estructura oligópolica, duopólica o monopólica —donde la categoría mercantil es una mera formalidad, porque reina la formación cuasi-absoluta de precios por parte de los proveedores de esos servicios—, un plus que refuerza los efectos de las morfologías de esos mercados. Es que esos servicios públicos son brindados sin alternativas que en condiciones normales podrían introducir un límite a su consumo. Por ejemplo, la concurrencia directa al cine en lugar de la película por TV, el encuentro familiar en lugar del Zoom, los juegos de mesa personalizados en lugar de los efectuados por Internet. Pero cuestiones más delicadas e inobviables hoy se sostienen por estos medios, como muchas consultas médicas y sesiones de psicoanálisis. Los médicos también prescriben remedios y envían  las recetas a pacientes crónicos que las requieren para gozar de los descuentos, sin los cuales no podrían comprarlos, y continuar sus tratamientos. Actividades esenciales y ausencia de bienes sustitutivos (para utilizar la propia terminología favorita de los marginalistas, que tanto seduce a los economistas del establishment), crean las condiciones para que los monopolios propietarios de la operación de estos sectores tengan un amplio poder de control para subir los precios, para aplicar aumentos por encima de la inflación, del aumento de costos hasta el nivel en que encuentre el punto máximo de ganancias, sin competencia de bienes similares, ni tampoco cercanos en su función. Este es el momento en el que el DNU resulta oportuno, necesario e incuestionable.

La reacción de empresas propietarias de esos rubros, como las que integran el grupo Clarín —cuyo referente de origen fue Roberto Noble, secretario del gobierno de Roberto Fresco que gobernó la provincia de Buenos Aires con “conceptos oriundos del fascismo y el corportativismo”, según refiere Horacio González en Historia conjetural del periodismo (Colihue, 2013)—, como así también por parte del diario La Nación –que sistemáticamente dio sustento a los golpes de Estado en el país—, recurren frecuentemente al derecho de propiedad como pilar jurídico de la defensa del libre albedrío empresario para fijar precios. Empresas que conocen bien de métodos de acumulación originaria que aplicaron en la apropiación de Papel Prensa durante el terrorismo de Estado.

Los restauradores del conservadurismo neo acuden a alimentar el negacionismo de los derechos económicos, sociales y culturales. Pregonan el rechazo de todos los derechos “positivos” o de acceso, en los que el Estado debe proveer presupuesto y/o intervención en la economía para que sean garantizados. El lugar común en que acomodan el valor de la libertad es la defensa irrestricta del derecho de propiedad ilimitado, cuya perpetuidad es irrenunciable para esos peculiares “libertarios” de derecha, también su transmisibilidad sin restricciones, y no aceptan impuesto a la herencia alguno.

La disposición de sus frutos y de la inalienable integridad de la propiedad de origen son defendidos por los liberales que los protegen de los impuestos a las fortunas, de las retenciones que disminuyen rentas diferenciales y de regímenes progresivos de impuestos a las ganancias. Pero los conservadores neo, los “libertarios” de derecha y los liberales deberán lidiar con un problema no menor: la Constitución nacional dispone otra cosa. En 1994 introdujo en su contenido el respeto integral de los derechos humanos, que incluyen los económicos y sociales, sin prelación para ningún derecho de propiedad, que le asiste al propietario tanto como los derechos esenciales amparan a las mayorías populares. La voluntad general ha de definir en cada circunstancia las políticas que se imponen. Es decir el pueblo y no las minorías.

 

 

El neoliberalismo como negacionismo de derechos humanos

Así el orden legal de carácter constitucional no se respeta si todos los mercados y en cualquier circunstancia quedan librados a la disposición de que los propietarios fijen los precios que le viene a la gana. Los diabéticos no pueden pagar cualquier precio por la insulina, este debe ser fijado por el Estado nacional en función del derecho igualitario a la salud. Derecho a la vida tiene el diabético pobre como el rico, igual derecho. Derecho a comer carne tienen todos los argentinos, no es que para el argentino rico va el lomo y el bife de chorizo y para el pobre papa y cebolla. En pandemia la comunicación, la socialización, los recursos para sostener la mayor capacidad de trabajo posible, el acceso al esparcimiento, no resiste diferencias entre el rico y el pobre. Del mismo modo en que con el probable advenimiento de un ajustado nivel de disponibilidad de camas para los enfermos de Covid-19, en consonancia con la Constitución Nacional, sería contrario a la dignidad humana que las escasas plazas de terapia intensiva se asignen a quien pagó medicina prepaga, frente a quien no pudo hacerlo. Porque la Constitución Nacional dice otra cosa. Y el DNU 690/2020 interpreta con exactitud el texto fundamental de la legislación argentina.

En estos últimos tiempos el pensamiento de la derecha argentina viene sustituyendo el concepto sustantivo de democracia por el formalismo “democrático-liberal”. Von Hayek, el restaurador de reflexiones y miradas de los siglos XVII y XVIII, en las cuales la propia ciudadanía política estaba en debate respecto de su dimensión universal, planteaba que los derechos económicos y sociales eran falsos derechos. He aquí a Clarín y La Nación profesando el mismo dogma que el austríaco admirador de Pinochet, sugiriendo que la intervención que el DNU 690/2020 dispone sobre tarifas de bienes de utilidad pública esencial es un atropello a la democracia.

Los demócratas de la Revolución Francesa y su filósofo Rousseau, que reivindicaban la democracia política y la ciudadanía universal, fueron duramente atacados por los precursores de los editorialistas de esos periódicos y sus repetidores televisivos. Su propuesta era ciudadanía política universal y no limitada. Y ya en 1793 el ala jacobina de la Asamblea francesa decía que los derechos civiles y políticos carecían de sustancia si quienes tenían la facultad de practicarlos, no poseían el mínimo sustento para el sostenimiento de una vida que les permitiera ese ejercicio.

Ellen Meiksins Wood en Democracia vs. Capitalismo (Siglo XXI, 2000) sostiene que la democracia no debe ser pensada sólo como una categoría política, sino también económica. “No sólo me refiero a democracia económica como una mayor igualdad en la distribución del ingreso. Concibo a la democracia como un regulador económico, el mecanismo impulsor de la economía”. Esta concisa expresión propugna una metamorfosis trascendente. La democracia debería ser el mecanismo regulador e impulsor de la actividad económica, no el mercado. Si la democracia es una democracia de ciudadanos, entonces la ciudadanía no es sólo política si no integral y, entonces, también económica.

Los atributos de la igualdad sustantiva se extienden en los espacios políticos y económicos. Dice la historiadora canadiense que “instrumentos e instituciones ahora asociados con el mercado serían útiles en una sociedad realmente democrática”, pero la fuerza impulsora de la economía no tendría que emanar del mercado. La democracia implica “un nuevo mecanismo impulsor, una nueva lógica económica”. Esa lógica económica, dadas las condiciones de concentración en que se desenvuelve la economía actual, tiene una estrecha relación con la intervención del Estado.

No de un Estado neutro, sino con fuertes contenidos que sean resultado del debate popular y muy entrelazado con un proyecto de autonomía nacional y ciudadana. En un reportaje que le acaba de hacer la Agencia Paco Urondo, el presidente de YTEC Eduardo Dvorkin afirma: “Yo creo que la cosa pasa por un proceso de sustitución de importaciones en el que el Estado no solamente regule y vigile sino que en ciertas áreas se convierta en un Estado empresario. Es decir, la única burguesía nacional motorizadora de la industrialización que tenemos es el Estado, que no puede hacer todo, pero sí puede ser el eje. Es muy importante regular a las empresas y disciplinarlas. Yo creo que va a haber una burguesía nacional formada por las pymes cuando nosotros las disciplinemos, cuando digamos ‘las reglas de juego son éstas, vos hoy estás usando reglas de juego que no son válidas’”.

 

 

Dos proyectos

Hay dos proyectos de Argentina. El primero es el que contempla una ciudadanía integral, con un Estado que articule las necesidades, requerimientos y atención de derechos, sobre la base de una fuerte interacción con la participación popular que actúe de conjunto con la institucionalidad republicana, porque como dice Horacio González en su artículo publicado por la revista digital La Tecla Ñ, La Foto del Quincho (26/07/20), “sin las instituciones no se puede, pero con ellas solas no alcanza”. El segundo es el de la ciudadanía limitada, acotada a la formalidad institucional, subordinada al reino de la preeminencia del derecho de propiedad, con una economía en la que la lógica mercantil subordina y coerciona la vida económica de las mayorías populares, con un concepto de libertad que no articula con el de igualdad, sino que se le opone naturalizando la polarización social.

El DNU del gobierno que ha declarado como servicio público con precio regulado a internet, el teléfono celular y la televisión paga, y que además establece la provisión de un servicio básico para atender los derechos de los sectores con menos posibilidades, marca un rumbo de raigambre popular. En cambio la hipocresía del establishment y la derecha de tildar la regulación de precios de servicios esenciales como atentatoria contra la libertad, amparándose en el derecho de propiedad, es la opción por un liberalismo extremo enemistado con la vida democrática.

23Ago/200

LA DICTADURA DE LOS ACREEDORES

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Un debate trascendental sobre la Argentina a construir para después de la pandemia

 

El debate sobre la Argentina a construir para la post pandemia constituye una cuestión central de las conversaciones e inquietudes intelectuales del presente, cuando estamos atravesando el acontecer más complicado de la peste. Esa discusión aborda planos muy diversos.

En el campo de la economía hay múltiples aspectos sometidos a la confrontación de opiniones. La particularidad del país es que el coronavirus aconteció unos tres meses luego del cambio de gobierno, que implicó una decisión popular de sustituir un modelo neoliberal por un proyecto nacional. La pandemia impregnó la vida de la economía y la sociedad antes de que pudiera desplegarse la transición. Eso colaboró con quienes esgrimen las premisas ortodoxas que dieron sustento teórico-ideológico al gobierno de Cambiemos, para que desplegaran un velo sobre sus consecuencias desastrosas. Los neoliberales desplazaron responsabilidades y endilgaron el daño causado por la política de Cambiemos,  a un  inventado mal-manejo  de la economía en pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández. Aprovecharon para reinstalarse rápidamente en la discusión y pregonar una restauración de una política económica contra la que se expresó la voluntad popular.

 

 

Liberalización financiera o financiarización

El núcleo del dispositivo restaurador es la liberalización financiera. Sus propuestas centrales son la desregulación del mercado cambiario, de la tasa de interés, de la regulación del destino del crédito, del movimiento de capitales de y hacia el país, la desarticulación de los controles de precios, la disminución de la presión fiscal, el ajuste del gasto público, la flexibilización del mercado de trabajo y la reforma privatizadora del sistema previsional. El factor común y la clave de esta visión ortodoxa es la desintervención estatal de la economía.

Los economistas que propalan este paradigma de organización económica sostienen que el mercado es un asignador de recursos que optimiza el funcionamiento de la economía. Muchos son los mismos que a mediados de los ’70 impulsaron entusiastamente estos principios y aseguraban que su implementación favorecería el desarrollo económico al “liberar las fuerzas productivas”. Otros, sus seguidores, formados en las misma premisas teóricas del mainstream.

Los economistas heterodoxos caracterizaron al despliegue de este dispositivo como financiarización. Chena, Buccella y Bosnic en su artículo Efectos de la financiarización en el cambio tecnológico en América Latina-Estudios sobre la financiarización de América Latina  (CEPAL, 2018) hacen esta interesante distinción:

“Es probable que la diferencia fundamental entre el concepto ortodoxo  de liberalización financiera y el concepto heterodoxo de financiarización se deba a que cada uno de ellos responde a dos premisas conceptuales irreconciliables entre sí: el riesgo y la incertidumbre”. Respecto de esa sustancial diferencia se apoyan en Lavoie, quien define al riesgo como “un escenario presente en el que cada opción presenta un conjunto de resultados posibles, cuyos valores son conocidos y pueden asociarse a una probabilidad matemática. Los escenarios de incertidumbre por el contrario se caracterizan porque las opciones posibles son desconocidas”. El modelo analítico de la liberalización financiera cuya evaluación es utilizada por el inversionista, requiere de una tasa de certeza y una prima de riesgo. Esto induce a un comportamiento de la conducta inversora, que aplicado a escenarios de incertidumbre, conduce a una incorrecta asignación de recursos en la economía. Esta falencia es producto de la conducta inducida por el carácter del inversor financiero, distinta a la que tenía el de sesgo productivo. Ya se verá cómo no sólo resulta incorrecta la asignación de recursos, sino que esa conducta también reduce el nivel de inversión y altera regresivamente la distribución del ingreso.

Las corrientes heterodoxas más que hacer una definición de financiarización, subrayan una cantidad de fenómenos que en concurrencia constituyen el concepto. En la introducción al texto de CEPAL citado, Abeles, Caldentey y Valdecantos citan un conjunto de características que los autores heterodoxos le asignan:

  • El predominio de una forma de gobernanza corporativa enfocada a la valorización de las acciones de las empresas.
  • El carácter cortoplacista en la toma de decisiones de inversión.
  • El poder político y económico de los rentistas y el capital financiero.
  • Un cambio en la lógica de valorización del capital que constituye una renovación del patrón de acumulación, en donde las ganancias devienen fundamentalmente de canales financieros.
  • La plétora de instrumentos financieros, como los derivados, que originan un extenso ámbito de comercialización financiera.

Estos elementos constituyen un dispositivo que permite el desacople de la economía real y la financiera, descoordinación que causa el advenimiento de sistemas financieros complejos, interconectados y frágiles. Los mismos autores señalan que entre 1980 y 2007 la tasa de crecimiento del sector financiero fue del 9,5% en los países en desarrollo, mientras que la de los otros sectores fue del 3,6%. En América Latina esta diferencia es aún mayor, anotando evidencias nocivas de la liberalización financiera.

Chena, Buccella y Bosnic exponen una de las definiciones que asoma como sustancial: la financiarización sería una nueva etapa del capitalismo que modifica en forma definitiva sus instituciones para imponer la supremacía de las finanzas.

Otra definición de estos autores sitúa a la financiarización como una puja entre el capital productivo y el capital financiero, en la que el primero predomina en la mayoría de las relaciones económicas, imponiendo sus normas y regulaciones, inclusive en el mercado de trabajo y la actividad económica.

De hecho se observa que el texto de la CEPAL describe que en América Latina, ninguna actividad productiva proporciona beneficios que superen o igualen a las finanzas, salvo la prestación de servicios monopólicos o la explotación de recursos naturales. En tanto, la inversión real se redujo con el advenimiento de la financiarización, sin recuperar jamás los niveles previos a 1980. Además, los autores del texto subrayan que la distribución del ingreso ha empeorado tanto en su observación funcional (salarios y ganancias) como en la personal (comparando la población por deciles).

 

 

El Estado y no el mercado

Las características de la financiarización y las evidencias sobre sus resultados explican la coincidencia de intelectuales y economistas de diversas procedencias heterodoxas respecto a la inconveniencia de dejar el proceso de cambio tecnológico en la región en manos de grandes capitales extranjeros. El cortoplacismo, la errónea evaluación desde una lógica de riesgo y no de incertidumbre, las imposiciones de reestructuraciones institucionales, la evidencia de la caída de la tasa de inversión, la desigualdad social provocada por el régimen, hacen imperioso evitar que el perfil de investigación y desarrollo se despliegue sobre la base de un dispositivo mercantil que opera con actores privados motorizados por tipos de rentas, ganancias y plazos que deterioran la tasa de crecimiento de la economía y la construcción de igualdad.  Esos estudiosos entienden que debe ser el Estado y no el mercado quien dirija y realice los procesos de innovación tecnológica, restaurando el cálculo financiero tradicional ligado a lógica del capital productivo, que lidia mucho mejor con el concepto de incertidumbre que el del inversor privado del capitalismo financiarizado.

Ya no sólo se debe combatir el prejuicio que sostiene que el Estado investigador, inversor y productor es de calidad inferior a la del gran capital privado extranjero, sino que está en mejores condiciones de liderar un proyecto de desarrollo. Mejor dicho, está en condiciones de conducirlo mientras que el capital privado extranjero carece de esa capacidad.

Miotti señala en otro artículo del mismo libro, que los aumentos de productividad en la época del capitalismo fordista (1950-1975) se distribuían entre asalariados y capitalistas, sin alterar la distribución del ingreso. Mientras que en el tiempo de la liberalización financiera los aumentos de productividad son apropiados por los capitalistas. Así, la financiarización requiere que el consumo sea sostenido por el crédito porque los niveles salariales son insuficientes.

Kaltenbruner y Painceira señalan en Financiarización de América Latinaimplicancias de la integración financiera subordinada que “mientras que la integración financiera internacional transforma el sistema financiero nacional en las economías capitalistas emergentes, esas mismas transformaciones facilitan y profundizan aún más la integración financiera internacional… Al igual que su integración en los mercados de productos, estas relaciones financieras se han caracterizado por la dependencia, la subordinación y las jerarquías. Como destacan los estructuralistas latinoamericanos, las vulnerabilidades y limitaciones de las periferias son históricas pues necesariamente cambian y evolucionan con el tiempo en sinergia con el cambio y la evolución de los centros”. De estas reflexiones y de las conclusiones expuestas anteriormente, se desprende que la financiarización acentúa la dependencia y el desarrollo desigual. La intensa exposición de América Latina a los movimientos de capitales aumenta su vulnerabilidad y la volatilidad cambiaria, que en muchas circunstancias depende de las condiciones internacionales que se agregan a las propias de las macroeconomías locales. La profundización de la dependencia que consolidó la financiarización fue reforzada significativamente, porque las economías periféricas no pueden emitir dinero mundial.

La financiarización conduce a altas tasas de interés, que inciden en forma negativa sobre la inversión y el consumo interno. La volatilidad cambiaria y el intenso movimiento de capitales debilitan las monedas locales. La prevalencia de la deuda en moneda extranjera aunada con la debilidad de la moneda nacional lleva a que las devaluaciones requieran una generación futura de divisas para el servicio de esa deuda. La lógica de la liberalización financiera tiene sus beneficiarios en los centros de poder financiero mundial, los prestamistas de moneda mundial, cuyos beneficios superan los de cualquier actividad productiva.

Chesnai define contundentemente al predominio del capital financiero como una “dictadura de los acreedores”. El liberalismo neo es el paradigma político del poder financiero concentrado, que escinde la política de la economía como forma de garantizar el despliegue de un capitalismo rentístico que apunta contra el desarrollo de las economías periféricas. Si entendemos como pilares de ese desarrollo al crecimiento de la economía, la promoción de una mejor distribución del ingreso y al despliegue de sectores productivos no tradicionales, la liberalización financiera ofrece la negación completa de esos objetivos.

 

 

Desposesión: la acumulación primitiva no cesa

Harvey en El nuevo imperialismo (Akal, 2004) revisa la formulación de Marx, quien señaló la diferenciación entre la lógica del momento constitutivo del capitalismo, donde mediante la violencia y el despojo, ajenos a una institucionalidad legal, se conformaron los cimientos de relaciones que permitieron la posterior acumulación capitalista, efectuada con la legalidad de igualdad formal sobre la que se edificaría un régimen de desigualdad real sustantiva.

Este autor sostiene que las condiciones de acumulación merecen una reconsideración, ya que el fraude y la depredación como modo de acumulación persisten hasta el presente. Dice Harvey que “ un examen más detallado de la descripción marxiana de la acumulación primitiva … [incluye] la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por la fuerza de poblaciones campesinas, la conversión de varios tipos de propiedad (comunal, colectiva, estatal, etc.) en derechos de propiedad exclusivos… la mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas (indígenas)  de producción y consumo, los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de bienes (incluidos los recursos naturales), la trata de esclavos, la usura, la deuda nacional y más recientemente el sistema de crédito” y afirma que “todas las características de acumulación primitiva mencionadas por Marx han seguido poderosamente presentes en la geografía del capitalismo… Durante las últimas décadas se ha acelerado el desplazamiento de las poblaciones campesinas… muchos recursos que antes eran de propiedad comunal están siendo privatizados, como el agua (con frecuencia bajo la presión del Banco Mundial), se privatizan industrias nacionalizadas; las granjas familiares se ven desplazadas por las grandes empresas” y «la cesión al dominio privado de los derechos de propiedad comunales obtenidos (el derecho de pensión pública, al bienestar, a la sanidad pública nacional) ha sido una de las fechorías más sobresalientes de los planes de desposesión emprendidos en nombre de la ortodoxia neoliberal”.

Harvey también señala que los planes de ajuste estructural del FMI tienen como objetivo organizar las condiciones de desposesión por medio de los efectos de devaluaciones, evitando la ocurrencia de un colapso general.

 

 

Una batalla cultural

La Argentina reestructuró su deuda externa. El objetivo de política fundamental del proyecto nacional es cerrar el camino a otro ciclo futuro de endeudamiento. La deuda en moneda extranjera de los Estados nacionales funciona como un eslabón fundamental de la cadena que articula dependencia con desposesión. Pero la deuda es solo un eslabón de esa cadena, que incluye además todos los eslabones de la financiarización o liberalización financiera, como guste llamársela. Este régimen es hegemónico a nivel mundial, y la inserción de la economía nacional en el mismo ha impedido el desarrollo y la construcción de igualdad.

De lo expuesto se puede concluir que depositar las expectativas en políticas market friendly para atraer inversiones extranjeras, como proponen los economistas de impunidad mediática, contraviene el camino necesario para la consecución de esos objetivos. Ni siquiera la herencia del viejo desarrollismo podría ser la fuente para argumentar esa receta, porque la lógica vigente en los móviles de la inversión externa es de un orden diferente, siendo sus objetivos la ganancia previsible en términos de costo de oportunidad financiero. Tampoco el canto de sirena ortodoxo de la liberalización financiera, ni la flexibilización de las regulaciones cambiarias, traerán ninguna ventaja, sino que producirán volatilidad financiera, alza de las tasas de interés, valorización parasitaria del capital y su posterior fuga.

La flexibilización laboral y la reforma previsional son mecanismos de desposesión atentatorios contra la plena vigencia de los derechos económicos sociales y culturales, y están destinados a bajar el salario y a que los aumentos de productividad sean apropiados sólo por el capital. Además persiguen la reducción del gasto público para que las grandes fortunas no paguen impuestos, reforzando la regresividad distributiva. Las constantes presiones para extender la frontera agropecuaria mediante la expulsión de campesinos que habitan ancestralmente sus tierras practicando la agricultura familiar, también son mecanismos de desposesión atentatorios del derecho a la propiedad y de los DESC. Las privatizaciones de empresas de servicios públicos y la consecuente fijación de tarifas como si vendieran mercancías a clientes, han constituido una desposesión flagrante y violatoria de derechos esenciales de la ciudadanía. El régimen de desintervención del crédito ha sido atentatorio del derecho al desarrollo de los pueblos.

Resulta necesario para la construcción de una Argentina solidaria, humanista, igualitaria, autónoma y desarrollada desandar las reformas pro-financiarización iniciadas por la dictadura militar, continuadas por los gobiernos de Menem y De la Rúa y restauradas durante los cuatro años de gestión de la Alianza Cambiemos. No hay contradicción entre la reactivación económica y el desarrollo de largo plazo, que será necesario  encarar a la salida de la pandemia. Ni la hay entre igualdad y desarrollo. En los países de inserción periférica en la economía mundial, hoy más que nunca el desarrollo científico tecnológico  y la inversión para el desarrollo deben ser fundamentalmente desplegados por el Estado. Los servicios públicos requieren ser desmercantilizados y atendidos como derechos de ciudadanía. Un proyecto nacional necesita desplegar una batalla cultural, teórica y de ideas para desplazar la hegemonía que el liberalismo neo construyó en sus períodos de hegemonía y que se resiste, y resistirá, a abandonar.