Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

22Nov/200

Dos en el sube y baja

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Mientras Estados Unidos continúa en el pantano post electoral, China cierra un mega-acuerdo de libre comercio asiático

 

Las elecciones en Estados Unidos no han concluido a pesar del conteo provisorio de los estados y la proclamación de Joe Biden por la prensa. Donald Trump sigue insistiendo en sus declaraciones preelectorales de fraude y robo de votos sin otros argumentos que algunas irregularidades menores en los cinco estados donde la diferencia era ajustada: Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Georgia. En este último se está haciendo un nuevo conteo definitivo por ser la diferencia menor al 0,5 % a favor de Biden, pero ese cómputo no cambiará el resultado nacional. Sin contar los 16 electores de Georgia, Biden ha sumado 290, superando los 270 consagratorios, y Trump 232. Según Los Angeles Times (17 Nov.), Biden está obteniendo 78,9 millones de votos (51,3%), Trump 73,2 (47,6 %) y Jo Jorgensen, candidata del Partido Libertario (derecha), 1,6 millones (1,1 %). En esta elección hubo una participación ciudadana del 62%, la más elevada desde 1964, pero baja en comparación con las argentinas y europeas. El 38% de los ciudadanos con derecho a voto no lo ejerció.

Trump perdió pero no por paliza. El trumpismo está lejos de aceptar la derrota y menos aún de haber sido sólo un momento anómalo en la historia oficial de “corrección política” norteamericana. Hoy es un país dividido políticamente, con una grieta que Trump se esfuerza en profundizar. Esa negación de la derrota es el principio de reorganización, bajo su liderazgo, de la fuerte fracción de la derecha blanca belicosa, muchas veces armada. Veremos hasta dónde llegan.

 

Votantes y programas

Según la encuesta de AP, si se diferencia por sexo Trump obtuvo el voto del 52% de los hombres y el 44% de las mujeres; por edades, el 51% de los mayores de 45 años; por etnia el 55% de los blancos, 8% de los negros, 35% de los latinos, 28% de los asiáticos; por educación, 52% de secundaria o menos, 42% de los graduados universitarios, 40% de los posgraduados; por religión, 60% de los protestantes, 71% de los mormones, 50% de los católicos; por nivel económico, el 45% de los que tienen ingresos anuales inferiores a U$S 50.000, el 50% de los que ganan entre 50.000 y 99.000 anuales y el 47% de los que ganan más que U$S 100.000 por año. Geográficamente, las costas Este y Oeste votaron a los demócratas, y el interior profundo, la Middle America blanca, a Trump.

Los encuestados indicaron que los temas que decidían su voto, en orden de importancia, eran: Pandemia (73%), Economía y Trabajo (28%), Salud (9%) y Racismo (7%). Luego otros tópicos y al final de la lista Política Internacional con el 1%.

De no haber sido por el mal manejo de la pandemia, sumado a las consecuencias políticas del asesinato de George Floyd, Trump difícilmente hubiese perdido la reelección, al margen de todas sus características de “políticamente incorrecto”. El 75% de los que resaltaron la pandemia votaron a Biden, mientras que de los que marcaron como tema principal economía y trabajo el 81% votó por Trump.

El visceral y políticamente incorrecto Trump expresó claramente sus convicciones sobre “el virus chino” (y otros temas) pensando que los esfuerzos que hacía en el campo económico, con una magnitud de ayuda federal inédita en tiempos de paz, superarían cualquier otra faceta. No le alcanzó, aunque por poco. Que esa ayuda federal se dedicó sesgadamente en favor de los grandes monopolios no le quita su importancia para los trabajadores.

Los consejeros de Biden le indicaron qué decir sobre la pandemia, al igual que los graduados el énfasis en cada uno de los demás temas, y ganó apegándose al manual. Es un viejo recurso de la política, como arte de lograr apoyos acomodando el discurso a los cambiantes vientos que indiquen aprobación en las encuestas. Biden encontró la oportunidad luego de bregar cincuenta años. Su principal mérito es no ser Trump.

Liu Mingfu, coronel (retirado) del ejército chino, indica: “Estados Unidos es sólo medio democrático. La característica sustantiva de un país democrático tiene dos aspectos: la primera, las políticas internas democráticas sin totalitarismo en la sociedad nacional, y la segunda, las políticas internacionales democráticas sin hegemonía en la comunidad internacional. Un país verdaderamente democrático es un país que no tiene monarca en casa ni hegemonía en el extranjero. Si un país sólo es democrático en casa y hegemónico y autocrático en el mundo, es como máximo la mitad de un país democrático”. (1)

Para el resto del mundo la parte significativa de la política del hegemón es su política exterior, y sobre ella los ciudadanos norteamericanos no tienen mayores divergencias ni le dan trascendencia en su decisión de voto. Confían en que Estados Unidos defiende “los principios de la libertad y la democracia” y sólo se preocupan cuando vienen muchos ataúdes con caídos en oscuras batallas lejanas. Las elecciones se definen 99% por temas internos. El resto del mundo es el que tiene que aguantar, resistir o asentir a políticas que no ha votado. Que Biden sea “progresista” en lo interno, en sus propuestas respecto a la pandemia, minorías raciales, alternativas sexuales, educación u otros temas, no tiene relevancia para el resto del mundo al momento de soportar la presión del hegemón. La diferencia quizá sea que el puño de hierro en la próxima administración demócrata esté enfundado en un guante de seda, con expresiones políticamente correctas al estilo Barack Obama mientras lograba el récord de asesinatos internacionales mediante drones en Oriente Medio, y el Premio Nobel de la Paz como recompensa anticipada a sus posteriores proezas.

Trump representa una visión geopolítica de largo plazo por sobre las ganancias de corto y mediano plazo de la dominante fracción de las finanzas, el capital globalizado, y de las nuevas tecnologías de comunicación. Su objetivo internacional es tratar de limitar el ascenso de China, y al margen de los temas internos ha desplegado una estrategia nacionalista-racista-xenófoba, el imperialismo desnudo del siglo XIX e inicios del XX, el “gran garrote” al estilo del presidente Teodoro Roosevelt. Los acuerdos de Bretton Woods de 1944 no le sirven frente al ascenso de China y ha tratado de rehacer unilateralmente las reglas para mantener la hegemonía americana. El trumpismo se manifestará, entre otras cosas, en el mantenimiento por Biden de muchas de las medidas proteccionistas o punitivas frente a China, en una acomodación difícil de amalgamar con los grupos de interés globalista con negocios en China que desde hace años ha colonizado (no sólo) al partido Demócrata.

Las fracciones económicas globalistas habían revertido parcialmente la tendencia descendente de la tasa de ganancia del capital norteamericano al imponer al mundo el neoliberalismo a partir de los años ochenta, y se beneficiaron de la apertura y reestructuración de la economía china desde el ascenso de Deng Tsiao-ping (1978). Todo era ganancia para el capitalismo en esos años. La apertura capitalista de la enorme China, la implosión de la URSS una década después, negocios a dos puntas con la segmentación de la producción industrial simple en los países asiáticos y el corazón complejo en el centro. Pero la aceleración en el crecimiento chino y la complejización de su aparato productivo en especial a partir de su ingreso en la OMC (2001), junto al retroceso del centro por la crisis de especulación financiera de 2008, encendió las luces de alarma. China no es un gigante económico y enano político como Alemania o Japón, que sin capacidad nuclear dependen del paraguas defensivo americano y en temas estratégicos no pueden revelarse a sus dictados sin serios costos. Quizá los mayores cambios en política internacional sean un trato más amable a los aliados en función de que se acomoden a la política anti-china y anti-rusa que continuará en lo general.

La disputa mundial este año está teñida por la pandemia, “el virus chino” como lo llama Trump y así ha logrado que lo considere la mayoría de su población y muchos en los países centrales. La crisis que Trump ha desatado al no aceptar su derrota abarcará un período mucho más prolongado que la fecha de cambio de administración, contribuyendo al marasmo y desorden político interno del hegemón mundial.

 

China y sus opciones

El país asiático es el único importante que ha superado el coronavirus, en una combinación de ataque temprano con la utilización de todas las herramientas disponibles: controles de movimientos poblacionales con programas de Inteligencia Artificial incorporados a celulares, estrictas cuarentenas, construcción acelerada de hospitales, uso intensivo de testeos de respuestas casi instantáneas, eficientes y tecnificadas atenciones a enfermos, uso masivo de recursos en higiene preventiva y la repetición de las medidas con todo rigor ante el mínimo rebrote. Cero privacidad, total intrusión, fortísima colaboración ciudadana, resultado excelente. La conciencia social china sobre el individualismo americano rindió sus frutos. Esto le ha permitido superar la caída de la actividad en el primer trimestre, con resultados positivos en el segundo y tercero, que la harán cerrar el año con un crecimiento superior al 1% mientras los países de Occidente, según el FMI, tendrán caídas de entre el 4 y el 10% en 2020 y la segunda ola de coronavirus, alejando su esperada recuperación para bien entrado 2021.

Pero no todas son mieles. La presión de Estados Unidos, que venía desde 2018 con una disputa estratégica disfrazada de guerra comercial, la ha obligado a firmar en enero pasado la Fase 1 del acuerdo, simplemente para que no apliquen parte de los elevados derechos de importación sobre mercaderías chinas. Hasta el momento el cumplimiento por parte de China de acelerar las importaciones de granos y otros productos norteamericanos se ha acercado a lo pactado. Pero la parte más dañina de las sanciones son las prohibiciones de actividades de sus empresas líderes en Estados Unidos, caso Huawei y Tic Toc, entre otras, y la prohibición de vender microchips avanzados a la primera, tanto de producción americana como de empresas extranjeras (la taiwanesa TSMC) que utilicen componentes americanos.

¿Por qué esta sanción es importante? Porque en el campo de la complejidad y producción de microchips avanzados la distancia tecnológica de Estados Unidos sobre China es significativa, y sin esos semiconductores avanzados está en peligro gran parte de la arquitectura que Huawei ha montado con sus avances en la quinta generación (5G) de comunicaciones. Para todo el aparato productivo y en especial para la defensa, contar con microprocesadores avanzados es crítico.

China ha ingresado de lleno en la Revolución Industrial 4.0, término generado en Alemania hace pocos años que comprende ciber sistemas físicos en servicios y fabricación inteligente, integración de la infraestructura tecnológica incluyendo robotización, aprendizaje automático, impresión 3D, computación en la nube, internet de las cosas, nueva generación de semiconductores. Estados Unidos tiene una ventaja en investigación básica mientras China lo supera en aplicación industrial de los avances científicos, notoriamente en Big Data que otorga un mercado de 900 millones de usuarios de internet en una población de 1.400 millones. Otros sectores industriales son más heterogéneos, con algunos líderes cercanos a la frontera tecnológica y otros más atrasados. El proceso de poner al día esos sectores (catch up) es la explicación del crecimiento acelerado de la productividad en China, que en este siglo ha sido parejo al aumento de los salarios reales.

Volviendo a los semiconductores, de los diez primeros productores mundiales seis son americanos, liderados por Intel; el tercero es taiwanés (TSMC), dos coreanos y uno solo de China. Este país está acelerando la producción, liderada por SMIC, pero su experiencia, nivel de producción y complejidad tecnológica está por debajo de sus competidores. Los expertos calculan cinco años para cerrar la brecha, con todos los peligros imaginables en ese período tanto por la presión americana para que otros países no acepten los sistemas y productos Huawei como en la definición de reglas 5G, donde esa empresa china lleva claramente la delantera.

Mientras EEUU marca récords en contagios de Covid 19 y continúa su desorden político post electoral, China ha contrarrestado parte de las dificultades con Huawei y todo el sector tecnológico al firmar el pasado domingo 15 la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) para formar la zona de libre comercio de mayor población mundial junto a 14 países, que incluye a Japón, Corea del Sur, Australia, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Singapur, Malasia, Vietnam, Nueva Zelandia, Myanmar, Camboya, Laos y Borneo. Comprende 2.200 millones de habitantes, el 29,3% del PBI mundial y el 27,4 % del comercio mundial, en el área geográfica de mayor crecimiento en lo que va del siglo. Varios de los países signatarios son aliados políticos y protegidos militares de Estados Unidos, pero los beneficios que otorga la posibilidad de participar del creciente mercado chino ha prevalecido –hasta ahora– sobre las presiones de aquel país. Las tratativas comenzaron en 2011 y no es casual que se hayan firmado los acuerdos en el momento de mayor desorden político en Estados Unidos.

 

 

No será sencilla la implementación de los mismos por la presión que ejercerá Estados Unidos, que en 2018 se retiró del TTP, proyecto de libre comercio de los países asiáticos con aquel país excluyendo a China. Dos ausencias son significativas entre los firmantes: la provincia china de Taiwán y la India. La primera ha venido coqueteando con declaraciones independistas con apoyo explícito de Estados Unidos, provocando una elevada tensión militar en el Estrecho de Taiwán. Los indios resisten un acuerdo de libre comercio en función de sus fundados temores de que su atraso industrial, la falta de infraestructura y la diferencia de capacitación de su mano de obra no compensen la diferencia salarial que tienen a su favor frente a los chinos. De allí la posición beligerante del primer ministro Narendra Modi. Las concesiones comerciales de China no lograron disuadirlos, hasta ahora.

Este es el escenario que dominará los tiempos por venir, marco que condiciona el desarrollo de nuestros países sudamericanos. Procesos difíciles y hasta contradictorios parecen ir revirtiendo la ola derechista que se había apoderado del subcontinente. Argentina, Bolivia, Chile, ahora despuntando Perú y probablemente Ecuador en 2021. Nuestros países deberán aprovechar cada circunstancia, unirse y luchar para obtener en la puja de los centros de poder mundial los acuerdos que nos permitan avanzar en nuestros objetivos de desarrollo económico y soberanía política.

22Nov/200

Se armó

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La contribución sobre las grandes fortunas y la carta de los Senadores al FMI inauguran una etapa

 

El debate de ideas, la construcción de fuerzas y alianzas sociales y políticas y la puja entre proyectos de país constituye la característica insoslayable de los proyectos transformadores. Esta semana se produjeron dos acontecimientos de decidida vocación transformadora:

  • El tratamiento y aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de Ley sobre el aporte extraordinario y solidario de las grandes fortunas.
  • La Carta del Senado de la Nación dirigida a la Directora-Gerente del Fondo Monetario Internacional.

El primero implicó la adopción de un criterio fundamental para avanzar en la consecución de la equidad tributaria. Este progreso era de orden imperativo porque la pandemia es un acontecer dramático, de carácter extraordinario, que sumada a la calamitosa situación de endeudamiento externo, al retroceso económico y la desarticulación productiva, y a la regresividad social y el aumento de la pobreza provocados por la experiencia neoliberal reciente, debe ser afrontada con el aporte del poder económico concentrado. Ese criterio recupera el rumbo  que se propone el objetivo de la igualdad, sin el cual la democracia es un imposible. Rousseau afirma en su texto Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres (Losada,1996) que “ si se ve un puñado de poderosos y ricos en la cumbre de la grandeza y la fortuna, mientras que la muchedumbre se arrastra en la oscuridad y la miseria, es porque los primeros tan sólo aprecian las cosas que poseen en la medida en que los demás están privados de ellas, y que, sin cambiar de estado dejarían de ser felices, si el pueblo dejara de ser miserable”. El filósofo de la Revolución Francesa establecía así la fusión entre la lucha para eliminar la pobreza con el objetivo de la consecución de la igualdad, la ausencia de la vocación por esta última conlleva el deseo de la perpetuación de la primera. Redistribuir entonces, resulta constitutivo de la democracia, que lleva su concepto de libertad asociado al de igualdad.

Wendy Brown en El pueblo sin atributos (Malpaso, 2017) sostiene que la democracia liberal en general no cumple con su promesa y en la mayoría de los casos la invierte de modo cruel privilegiando el formalismo, el privatismo y el individualismo. “La democracia se puede anular, se puede vaciar desde su interior y no sólo derrocarse u obstaculizarse…  ¿Qué ocurre con los elementos constitutivos de la democracia… cuando la racionalidad neoliberal satura la vida política… con la privatización de la previsión social [y] las cárceles, la conversión de cada necesidad o deseo humano en una empresa rentable, desde la preparación para ser admitido en universidades hasta los trasplantes de órganos, desde las adopciones de bebés hasta los derechos de contaminación… y [se produce] el creciente dominio del capital financiero sobre el capital productivo en la dinámica económica y la vida cotidiana”, cuando se reemplazan impuestos progresivos por regresivos y se cancela la redistribución de la riqueza como principio fundante de la vida ciudadana? Estas son cuestiones fundamentales que constituyeron el litigio en el debate parlamentario del martes y miércoles pasados. La aprobación de la Ley ha significado un hito en la defensa de la democracia,  a la que los liberales neo de Juntos por el Cambio pretenden someter a un proceso de vaciamiento.

El segundo recupera el principio de la soberanía nacional y la igualdad de trato entre naciones poderosas y las que, siendo más nuevas y periféricas, se proponen desarrollar y autodeterminar. La Carta de los senadores del Frente de Todos restablece la puja necesaria con el FMI con relación a la deuda de más de 44.000 millones de dólares que, en tiempo récord, el organismo internacional, habilitó con sus préstamos para que el gobierno de Cambiemos malgastara. La Carta advierte y denuncia que el Organismo Internacional (OI) habilitó fondos que fueron utilizados con el fin de financiar fuga de capitales, cuestión que está prohibida por su Estatuto. Ese destino prohibido fue probado por el informe del Banco Central de octubre de 2019 que estableció la correspondencia casi exacta entre los dólares ingresados por desembolsos del Fondo y la fuga de capitales del sector privado. Los senadores también señalan que en el ingreso de los desembolsos del OI fue incumplido lo prescripto por la Ley de Administración Financiera de la Argentina respecto a los estudios previos que exige que sean realizados por el Banco Central.

El texto también denuncia que las condiciones macroeconómicas del sector externo predecían perfectamente que los préstamos que el FMI otorgaba –duplicando la proporción que le correspondía al país por su cuota reglamentaria— serían imposibles de devolver. La mayoría de la Cámara Alta le señala a la Directora Gerente del Fondo que tampoco se cumplían los requerimientos dispositivos del “tratamiento excepcional” que se le daba a la Argentina. La Carta concluye con su ítem 33 en el que los senadores del Frente de Todos solicitan a las autoridades del FMI que “se abstengan de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años” y proponen la reconsideración de los intereses, un período de gracia de cinco años y un plazo de amortización de varias décadas.

El acontecimiento de la emisión de la Carta de los senadores del FdT recupera el discurso que Néstor Kirchner pronunció cuando canceló la deuda con el FMI, en el que sostuvo que ese endeudamiento era una fuente de constantes intromisiones y exigencias opuestas al crecimiento sustentable del país. El fundador de un nuevo proyecto nacional, popular y democrático agregaba en su discurso que “el FMI desnaturalizado en sus fines había actuado en la Argentina como promotor y vehículo de políticas que provocaban pobreza y dolor en el pueblo, [apoyando] a gobiernos proclamados como alumnos ejemplares del ajuste permanente”. Pero en el caso reciente, la intromisión para la aplicación de determinadas políticas vino junto al apoyo indisimulado de una opción electoral neoliberal. De una opción vaciadora de la democracia. Mientras en otras épocas los organismos multilaterales acudían en apoyo de los derribos de gobiernos democráticos, en esta oportunidad acudieron para favorecer su corrosión desde adentro.

Esta Carta de los senadores expresa una saludable madurez y firmeza política, en su advertencia al organismo gerente y defensor del capital financiero internacional, señalándole que ese bloque de legisladores argentinos no ha sido, ni lo será, seducido con el intento de exhibir los cambios en la conducción del organismo,  como si éstos hubieran dado nacimiento a “otro FMI”. Esos senadores, por el contrario, solicitan y advierten desde la asunción de una posición soberana y no desde la “esperanza” en la bonhomía del poderoso. Muestran disposición a obrar con firmeza, a dar pelea.

 

 

Patéticos

Los discursos de la oposición en el debate respecto al “aporte de las grandes fortunas” tuvieron un carácter patético. Los ejes fueron señalar un carácter expropiatorio respecto de un exiguo porcentaje sobre los altísimos patrimonios de los 10.000 argentinos más ricos. Hay una clara tendencia a estigmatizar la progresividad tributaria caracterizándola como una lógica expropiatoria. Esto es un retroceso al liberalismo pre-rousseauniano. “Dejad a los ricos tranquilos para que generen empleos e ingresos que permitan a los pobres mejorar su condición”, fue el leit-motiv de la horrenda y monótona sinfonía que repetían uno tras otro los diputados del PRO y el radicalismo, subrayando que si se les ponen impuestos a los empresarios, estos se desaniman y no invierten y entonces no dan trabajo y aumenta la pobreza. No hay registro histórico en el que esto se haya verificado, menos en la Argentina.

Cuando el Estado gastó más y recaudó más, cuando el sistema impositivo fue más progresivo, la Argentina creció a un promedio superior al 3% anual durante décadas, en distintos momentos y contextos, mientras que cuando se destruyeron los elementos de progresividad en el sistema impositivo las consecuencias fueron inversas. También se pronunciaron discursos clasistas que se refirieron despectivamente respecto a los integrantes y militantes de los movimientos sociales que marchaban masivamente frente al Congreso, mientras destacaban como motor del progreso al espíritu de los rugbiers.

Lo que el debate clarificó contundentemente fue la consolidación de la UCR como un ejemplo paradigmático de lo que Eduardo Basualdo en Sistema político y modelo de acumulación en Argentina caracterizó como transformismo argentino. Gramsci define el transformismo como “la absorción gradual pero continua y obtenida con métodos diversos según su eficacia, de los elementos activos surgidos de los grupos aliados, e incluso de aquellos adversarios que parecían enemigos irreconciliables. En este sentido la dirección política ha devenido un aspecto de la función de dominio, en cuanto la asimilación de las elites de los grupos enemigos los decapita y aniquila por un período frecuentemente muy largo”. En la UCR se ha consumado este proceso plenamente cuando se sometió a la conducción del PRO, el partido de los gerentes y grandes empresarios de la oligarquía diversificada.

El discurso de los conductores actuales del partido radical es típico del liberalismo neo, mientras desapareció del mismo cualquier vestigio de su origen popular. Repetían en la sesión, junto a sus aliados, la consigna de la reducción del gasto de la política como alternativa recaudatoria frente al  impuesto a los ricos. La reaccionaria consigna de bajar los ingresos de los legisladores encubre cuestiones de magnitud respecto a imponer  a las ganancias del capital concentrado, que constituyen una ofensa a la inteligencia ciudadana. Pero a la vez que desinforma al pueblo, ese slogan promueve la privatización del financiamiento de la actividad política. Más aun, su reducción misma como mecanismo de vaciamiento de la democracia. La idea del Estado como enemigo, como fuente de gasto e ineficiencia es propia del liberalismo y no de la democracia. Coincide con la apología de la iniciativa privada.

Junto a la UCR y el PRO convergieron la AEA, la UIA, el Foro de Convergencia Empresarial y la CRA. Los plutócratas multimillonarios dijeron desde la AEA que “el proyecto [de ley] genera un desaliento en la comunidad empresarial profunda por cuanto representa una medida que descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales». Un impuesto a las grandes fortunas es presentado como calamitoso por quienes recibieron subsidios para seguir funcionando durante la pandemia, mientras conservaban intactos sus holgados capitales. También el comunicado de la Asociación Empresaria Argentina pregona que el motor de la reactivación sería el capital privado, mientras la historia demuestra que frente a las recesiones el impulso reactivador provino siempre del gasto público. Mientras tanto, la UIA confunde las cosas diciendo que ese aporte —que se pagará en pesos— dificultará la generación de divisas y el Foro de Convergencia Empresarial prefiere dedicarse a agitar el mote de confiscatorio. Sin embargo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL,  propone “fortalecer la recaudación tributaria a través de un impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones; extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad”. Para los trogloditas del gremialismo empresarial argentino la CEPAL sería foco promotor de confiscaciones.

 

 

Prepárense

El gobierno está negociando un plan de facilidades extendidas con el FMI. Noemí Brenta en Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI (Eudeba, 2013) analiza las características de esta línea del organismo. La misma está prevista para países con dificultades de balanza de pagos resultantes de problemas macroeconómicos y estructurales, con plazos más extendidos que los préstamos denominados stand-by.  El Fondo exige al país prestatario de la línea en negociación la presentación de un programa de mediano plazo. Las características y extensión de estos programas promueven una mayor injerencia del FMI en las condiciones estructurales de la economía. A la tradicional política de reducción del déficit fiscal, el FMI agrega, en los programas de facilidades extendidas, la presión para una disminución de la presencia del Estado en la economía y para la apertura del comercio exterior, con la excusa de introducir una mayor competencia en los mercados. Sin embargo, no aconseja limitar las prácticas oligopólicas. La descripción expuesta, evidencia que la lógica injerencista de este tipo de plan no afecta sólo al diseño de la política en función del equilibrio económico de corto plazo, sino que la pretensión intervencionista se extiende sobre el perfil estructural de largo plazo de la economía.

Sin embargo, la contundente Carta del bloque mayoritario de la Cámara Alta advierte al FMI que no deberá condicionar ni exigir al país sobre el rumbo de sus políticas económicas. Se anuncia una puja. La decisión de autonomía nacional expuesta en el documento parlamentario no se condice con el diseño del programa de facilidades extendidas. A su vez, el FMI querrá resistirse a ceder y exponer un leading case que lo muestre en su mayor acreencia accediendo a un programa sin condicionalidades o acordando un programa económico ajeno a los preceptos neoliberales.

No habrá un acuerdo sin una ardua disputa. El histórico discurso con que Néstor Kirchner canceló la deuda con el FMI, resulta una referencia obligada y emblemática de la mirada que tiene el Frente de Todos sobre el organismo, similar a la de Perón. La cultura del nacionalismo popular argentino está muy prevenida de evitar el retorno del injerencismo fondomonetarista. Habrá que prepararse para un período de una sociedad activa y movilizada en apoyar una actitud gubernamental que necesita conservar la plena autonomía para construir el proyecto nacional encomendado por la voluntad popular.

Ese proyecto nacional no tiene atajos. No es el neoliberal. Tampoco la repetición de experimentos que ignoraron que el carácter bimonetario de la economía argentina exige una enérgica regulación para impedir la fuga de capitales y garantizar la adecuada liquidación de divisas de las exportaciones. Sin embargo, en algunos ámbitos resuena el canto de sirena del atajo que fue expuesto en los lineamientos económicos que fundamentaron el Plan Austral en la segunda mitad de la década del ’80. Estos lineamientos sostenían la existencia de un “ajuste positivo”, apoyado en la expansión de la inversión y de las exportaciones, augurando que el aumento de bienes vendidos al exterior permitirían el pago de los intereses de la deuda y el aumento de las importaciones. Para sostener esta política se fomentaba el aumento del ahorro a expensas del consumo. Ese “ahorro” terminó siendo el combustible para la fuga de capitales y la concentración del ingreso. La experiencia terminó en una gran crisis externa e interna.

El proyecto nacional exige que lo solicitado por la Carta sea aceptado por el FMI y posibilite una enérgica recuperación del salario, el direccionamiento del crédito para reactivar las pymes, y en consecuencia el aumento del empleo.  Que también quede habilitada la mejora de las remuneraciones de todos los sectores de ingresos fijos. Este rumbo abrirá el camino a la reactivación del mercado interno y la sustitución de importaciones.

Simultáneamente, como enseña María da Conceicao Tavares, el Estado deberá llevar a cabo una activa política de inversiones en infraestructura y en actividades productivas de sectores estratégicos que amplíen el gasto autónomo y alejen la restricción externa. Es el camino de construcción de un país que persiga el desarrollo y la igualdad. El pago de la deuda debe organizarse subordinando su estructuración a estos objetivos. Ni puede ser prioritario ni simultáneo a ese logro.

El FMI deberá comprender que para cobrar créditos voluminosos mal concedidos se necesita paciencia, es el costo de un intento de inmiscuirse en la política del país en el que no obtuvo los resultados que buscó. Los grupos concentrados locales deberán advertir y asumir que existe una firme decisión política de cerrar los canales para la constitución de activos externos y que los negocios posibles, y también de buena rentabilidad, provendrán del ejercicio de la actividad productiva en el marco del diseño socioeconómico decidido por la voluntad del pueblo, y defendido por su participación.

15Nov/200

LA PROPIEDAD DE LA DEMOCRACIA

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El martes se trata en Diputados la Contribución Extraordinaria sobre las mayores fortunas

 

El martes próximo está previsto el tratamiento en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley de Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas con el que se espera recaudar el 1,1% del PBI y se aplicaría sobre 9298 personas, cuyas fortunas superen los 200 millones de pesos, calculados de acuerdo a los criterios definidos por los organismos fiscales. El aporte determinado así, aunque obligatorio, asumió esa denominación por la resistencia de los potenciales contribuyentes a asumirlo como un impuesto. El debate llevó largos meses con la resistencia de las organizaciones del empresariado concentrado, apoyada por las siguientes (sin)razones:

  • que lesionaba el derecho de propiedad;
  • que se sumaba a una insoportable presión fiscal ya vigente;
  • en indefendibles argumentos técnicos de doble imposición;
  • en que constituía un desestímulo a la inversión privada, presunto factor dinámico de la reactivación post pandemia.

(Sin)razones a las que debe sumarse la construcción mediática permanente de la condición que la aplicación sería por única vez.

 

 

La supremacía del derecho de propiedad

El empresariado concentrado consustanciado con el pregón neoliberal ha introducido un atraso cultural de más de dos siglos en la vida de la Humanidad. Su concepto de propiedad privada absoluta es pre-democrático y proviene de un rústico enfoque liberal. Jorge Gaggero en La progresividad tributaria. Su origen, apogeo y extravío (dt 23, 2008, CEFID-AR) expone la propuesta jacobina, que ya en 1793 supera “la visión meramente ‘republicana’ de la tributación establecida en 1791, e introduce la noción de progresividad, ligándola de modo directo a la limitación del derecho de propiedad”. Decía el artículo de la Convención Constituyente de 1793 fundador de ese concepto que: “Los ciudadanos cuyas rentas no excedan lo necesario de su subsistencia deben ser dispensados de contribuir a los gastos públicos. Los otros deben soportarlos progresivamente según la magnitud de su fortuna”. Los convencionales liderados por Robespierre creaban, así, la base doctrinaria que permitiría un siglo más tarde el establecimiento del impuesto a la renta y el despliegue de los tributos sobre el patrimonio y la herencia.

Cuatro artículos de los convencionales jacobinos cita Gaggero en esa investigación de imperdible consulta actual, que constituyen la doctrina abolicionista de la concepción absoluta de la propiedad privada:

  1. «La propiedad es el derecho de cada ciudadano a gozar y disponer de la porción de bienes que le sea garantizada por ley”.
  2. “El derecho de propiedad está limitado, como todos los otros, por la obligación de respetar los derechos ajenos”.
  3. “No puede perjudicar a la seguridad, libertad ni existencia de nuestros semejantes”.
  4.  “Toda posesión o tráfico que viole este principio es ilícito e inmoral”

El artículo fundador de la progresividad tributaria deslegitima la idea de la proporcionalidad contributiva y dispone el carácter redistributivo de los impuestos. El tercer artículo de limitación del derecho de propiedad privada, antepone a la misma otros derechos básicos que hacen a la existencia humana. Refuta con 217 años de anticipación a quienes hoy realizan banderazos esgrimiendo el derecho a hacer funcionar sus establecimientos privados a riesgo de expandir la pandemia poniendo en peligro la salud comunitaria.

Jaques Roux, autor del Manifiesto de los rabiosos, proclama que “la libertad no es sino un fantasma vacío cuando una clase de hombres puede reducir al hambre a la otra. La libertad no es sino un fantasma vacío cuando, gracias al monopolio, el rico ejerce el derecho de vida y muerte sobre sus semejantes”. Roux transmitía la desilusión y frustración de los sans-culottes parisinos, los pobres que participaron de la Revolución Francesa y que poco tiempo después tuvieron que padecer un aumento de precios, la carestía y el hambre. Los sans-culottes se encaminan así a luchar por la igualdad efectiva que supere la simple igualdad ante la Ley. Una felicidad colectiva que termine con el despilfarro de una minoría y la indigencia de los más. Reclaman la igualdad de medios, una repartición equitativa de la riqueza y de la propiedad (ref. Angelo Papacchini, Filosofía y Derechos Humanos, Univ. Del Valle, 2003). Conceptos que invitan a su consideración a la hora de reflexionar sobre la firmeza de la actitud a tener frente a los ricos y el FMI cuando se defienda la amplitud del gasto social (que en el marco actual del estado de la pandemia requeriría repensar la decisión de discontinuar el IFE).

A los empresarios de la AEA, a los políticos de Juntos por el Cambio, les parece que el aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas atenta al buen respeto del derecho de propiedad. Así, Macri, Rodríguez Larreta, Negri, Morales y demás dan testimonio junto a Magnetto, Rocca, Pagani, Galperín, Campos y Cía. de su adhesión a Hayek y Friedman. Ellos son los teólogos seguidos de una pléyade de intelectuales del capital concentrado, dispuestos a sacrificar la democracia en el altar del liberalismo, tal como reza el artículo 5 de la Constitución chilena actual, cuyo sostenimiento es un tributo del establishment político trasandino al pinochetismo: “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes». (La cursiva me corresponde.) Derechos esenciales por encima de la soberanía popular, es la forma encubridora con que se escribe la supremacía del derecho de propiedad respecto de la voluntad popular. Una Constitución liberal divorciada de la democracia. El formateo de los empresarios poderosos del país y de los referentes de la UCR y el PRO responde al modelo chileno hoy desprestigiado y en quiebra.

 

 

 

El compromiso social

Gaggero describe en su trabajo citado cómo la progresividad tributaria, que el industrialista Alejandro Bunge propulsó y el peronismo construyó como sistema, fue derrumbada a partir del Rodrigazo y terminada de destruir por la dictadura hasta llevar el impuesto a las ganancias a un promedio del 1% sobre el PBI para el período 1975-1990. En 2001, el sistema tributario argentino mostraba un contraste patético respecto al que rigió entre 1945 y 1960. El período de destrucción de la progresividad tributaria coincidió con el cuarto de siglo final del milenio concluido, en el que el producto per cápita disminuyó en el país, la economía se desindustrializó y se liquidó al Estado como empresario. Como se ve, no hay sino evidencia en contrario que pruebe que la progresividad tributaria erosione la potencialidad de la economía, como tampoco que la actividad empresarial estatal desplace a la actividad privada.

Tilly, citado por Gaggero, afirma que “los esfuerzos para hacerse con los recursos para la guerra crearon estructuras de Estado que nadie había pensado formar”. La secuencia adoptada por las naciones durante la modernidad planteaba conflictos bélicos que se debían financiar con recursos de los ricos, que se justificaban como la contraparte necesaria del aporte de los pobres que ponían sus cuerpos para combatir. Es la legitimidad con que nació el impuesto a las ganancias, mientras se pensaba que finalizada la contienda todo volvería a la normalidad. La tributación era aceptada como extraordinaria, pero no lo fue así porque el desarrollo del devenir mundial produjo, después de la Primera y Segunda Guerra, procesos de democratización y de sindicalización que demandaron mayores recursos públicos.

La pandemia ofrece un escenario comparable. En nuestro país, por ejemplo, el raudo despliegue de la enfermedad provino de la gran cantidad de argentinos de sectores sociales pudientes que regresaron del exterior. Por eso la peste se expandió al principio en CABA y la Zona Norte del Gran Buenos Aires, donde ellos residen. Sin embargo, la alta contagiosidad del coronavirus hizo que se propagara a todo el territorio nacional, siendo siempre los sectores de menores recursos quienes peor la llevan ya que, por ejemplo, no tienen las mismas posibilidades de sostener las condiciones de aislamiento que los argentinos que han regresado de recorridos por otros lugares del mundo. El aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas no es más que un símil de las prácticas que se llevaron a cabo durante y luego de las tragedias bélicas. La Argentina proviene, además, del empobrecimiento provocado por los años de neoliberalismo, en los cuales se enriquecieron los sectores concentrados, mediante los procedimientos de valorización financiera de la dinámica deuda-fuga. Los ricos deben financiar la calamidad de la peste y la depredación de los años de estancamiento, acumulación financiera y raudo endeudamiento con el FMI.

Después de las guerras mundiales las clases dominantes cedieron derechos adquiridos que consideraban hasta ese momento como de carácter absoluto. En Occidente se construyó una lógica de compromiso social, claro que en un mundo bipolar en el que se vivía el “peligro de la amenaza comunista”. Ese fue el clima internacional en que avanzaron los esquemas de imposición directa.

Hace un año, el pueblo argentino votó a un gobierno popular para que lleve adelante un proyecto de mayor igualdad y desarrollo económico. El aporte por única vez es un acto de mezquindad menos uno. Las condiciones de los menos de 10.000 muy ricos que van a erogar esa tributación merece su continuidad posterior en el marco de una reforma tributaria, que reinstale al impuesto a las ganancias como centro del esquema tributario, acompañado por una mayor densidad contributiva del tributo a los bienes personales y la implementación de un significativo impuesto a la herencia.

El poder concentrado mediático opera por medio de comunicadores que repiten graves inexactitudes o directamente falsedades. Por ejemplo, afirman que la Argentina tiene una presión tributaria insoportable. No es ni insoportable, ni excesiva. Parte de la reforma debe apuntar a subir la presión tributaria. La discusión es otra, es porqué los guarismos indican que los que más impuestos pagan no son los que más pueden. Estos hoy aprovechan las guaridas fiscales y el asesoramiento de los facilitadores para pagar menos. El peso de los impuestos a las transacciones debe disminuir, tanto el IVA, como el de ingresos brutos, el de los débitos, etc. A la vez que debería intensificarse su diferenciación por productos (gravando más los suntuarios y menos los esenciales) con el consiguiente control sobre los precios que impida que las mejoras sean absorbidas por eslabones de la cadena y garantice su percepción por el consumidor final. Los impuestos directos deben mudar hacia estructuras decididamente progresivas. La presión tributaria debe ser mayor porque el gasto social también debe crecer, en lugar de descender como pretende el discurso del mainstream. Un gran plan de viviendas, la mejora de las condiciones de salud, el aumento de los salarios reales del sector público y de las jubilaciones así lo requieren. Estas condiciones preceden cualquier acuerdo con el FMI respecto de la deuda originada en el pésimo manejo como organismo de crédito multilateral que tuvo en la concesión de crédito a Argentina.

 

 

El Estado en la economía

El gasto autónomo deberá crecer en el próximo período para lograr una reactivación de la actividad productiva. La inversión pública constituye una herramienta fundamental para llevar a cabo ese crecimiento. Esa inversión podrá volcarse a través de la modernización de la infraestructura pero también mediante emprendimientos empresarios que desarrollen nuevos sectores que promuevan el surgimiento de articulaciones con pymes cuyo crecimiento en número e importancia permitirán el aumento del empleo y la mejora de las condiciones de vida de la población.

Es imprescindible la actividad pública en el comercio exterior, en su regulación, control, estímulo y participación. No deben repetirse el despliegue de condiciones especulativas sobre las reservas que debiliten los grados de libertad para hacer política económica por parte de los gobiernos populares. Se debe tomar debida nota respecto de la débil reacción de los grandes exportadores frente a una baja de retenciones coincidente con una suba del precio internacional de los productos exportables. No merece prestarse atención al reclamo de AEA de prescindencia del Estado en la actividad económica y menos en el comercio exterior.

Fabian Amico dice en La Política Fiscal en Havelmo y Kalecki (dt 51, 2013, CEFID-AR) que no resulta tan obvio que la ideología prevaleciente rechace sólo la política de déficit fiscal, también rechazaría la suba del gasto financiado con impuestos. Los grandes empresarios no quieren que el Estado influya sobre el nivel de actividad y empleo –y menos que tenga empresas propias— porque esta influencia socava el poder del sector privado para definir el estado del ciclo económico. “Sin dudas, estas razones no confesadas, están detrás de las ácidas críticas al ‘populismo’ fiscal, al gasto ‘excesivo’ y al peso ‘insoportable’ de la carga tributaria».

Esta coerción económica resulta del privilegio del poder concentrado. Es la reconformación —con otra formalida— de lo que fueran las condiciones del privilegio político, no sólo ejercidas en forma directa por los grandes empresarios en la disposición de sus medios de producción sino, y principalmente, a través del mercado. La consecuencia es el chantaje que viven los gobiernos populares por parte del poder económico, que hoy se hace sentir en la Argentina, y es la expresión de un explosivo malestar entre la democracia y el liberalismo. La concentración económica y la dinámica de la financiarización encuentran en la esfera económica sustraída de la decisión popular el espacio para el vaciamiento de la democracia. Los chilenos han llegado al colmo de escribir un texto constitucional que legaliza este atropello, texto que hoy se derrumba por la movilización popular. En la Argentina asoma la necesidad de fortalecer un bloque democrático que frene los constantes atropellos del liberalismo neo.

8Nov/200

LA FOTOGRAFÍA INOLVIDABLE

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Quince años del NO AL ALCA

 

Esta semana se cumplieron quince años de la Cumbre de las Américas que en Mar del Plata tuvo la potencia para cerrar el camino a que los Estados Unidos consiguieran el mayor avance hacia el destino que persiguen hace más dos siglos: la consolidación del objetivo panamericanista con su hegemonía continental a través de la conformación del ALCA. Imposibilitó su concreción la asunción al poder de un conjunto de corrientes populares en países de América Latina. Los liderazgos de Kirchner, Lula, Chávez, Evo y Tabaré impidieron ese objetivo imperial. La evocación de la efeméride excede las consideraciones políticas y merece un encuadre de los aspectos económicos de los significados de ese hecho histórico, también la referencia a sus raíces y la valoración presente de los rumbos a impulsar en América Latina. Particularmente en Argentina como reacción a la desastrosa y tramposa situación provocada por la alianza del gobierno de Cambiemos y el FMI para inhibir la potencia transformadora del gobierno popular.

Más de tres años antes de la realización de la reunión de Mar del Plata, la Secretaría de relaciones internacionales de la CTA, que esta semana recordó el evento de 2005 con un seminario internacional, editó un texto de Enrique Arceo en el que se presentaba crudamente el carácter del ALCA y las condiciones internacionales en que acontecía su imposición. Señalaba el autor que “el ALCA procura consolidar en América Latina el tipo de dominación a través del mercado que Estados Unidos busca implantar en el conjunto de la economía mundial. La liberalización de la economía mundial que ha tenido lugar en el último cuarto de siglo no es un fenómeno resultante de la estructura espontánea de las estructuras económico-sociales o una consecuencia de la revolución tecnológica… El mercado es una construcción social y opera necesariamente sobre la base de un conjunto de reglas que reflejan una determinada correlación de fuerzas. La liberalización no es… un desplazamiento de las regulaciones nacionales por las fuerzas incontrolables del mercado, sino su reemplazo por otro tipo de regulación… El ALCA es un claro ejemplo de establecimiento de nuevas normas a ser observadas por las naciones a fin que el capital opere en toda América como un mercado único”.

En la época llamada del “capitalismo de oro” o de “las economías del bienestar”, el financiamiento era predominantemente público, de carácter bilateral o mediante la intermediación de organismos multilaterales de crédito dirigidos por los estados. No estaban restringidos los controles al movimiento internacional de capitales. Existía una regulación interestatal de las políticas cambiarias que impedían su flexibilidad significativa. La inexistencia de un mercado de capitales privados acotaba el financiamiento de los déficits porque la única fuente para resolverlos era el FMI y el Banco Mundial, que lo hacían con reglas estrictas. El único país que podía hacerlo sin límite eran los Estados Unidos, porque imprimían el dólar. Este era el país con exclusividad de moneda completa. El dólar cumplía con las cinco funciones del dinero definidas por Marx:

  1. Unidad de cuenta (los precios se piensan siempre en dólares);
  2. Medio de transacción (las operaciones se realizan en dólares);
  3. Medio de pago (las cancelaciones de deudas y cobros de acreencias se hacen en dólares);
  4. Reserva de valor (los ahorros se realizan en dólares);
  5. Dinero Universal (de aceptación irrestricta para las operaciones internacionales de todo tipo).

 

 

Unidad Latinoamericana o panamericanismo rastrero

La ruptura de la convertibilidad del dólar con el oro, sobrevino por la insolvencia potencial que afrontaba Estados Unidos para cubrir sus déficits, debida al peso creciente de otras economías y al elevadísimo nivel del gasto militar. El surgimiento de nuevas potencias industriales y la acumulación de capital de los países petroleros habían llevado a los Estados Unidos a reemplazar una política administrada del manejo monetario acoplada a un diseño institucional de la gobernanza global por otro de regulación mercantil. Esta fue una decisión deliberada y constituyó el punto de origen del neoliberalismo. Las relaciones entre las monedas pasó a ser flexible y el riesgo de cambio, privado. Las tasas de interés pasaron a ser libres, fijadas por la oferta y la demanda. Los organismos multilaterales restringieron, hasta la insignificancia, los controles al movimiento internacional de capitales. Así, las empresas norteamericanas —siempre con la tecnología de punt— podían deslocalizar producciones y segmentarlas, destinando a los países de menores salarios los eslabones de menor complejidad de fabricación, dejando los de superior desarrollo para los países centrales con mayor disposición del financiamiento privado. Porque la novedad del neoliberalismo fue el cambio de fuente de financiamiento de los déficits: el financiamiento privado y los mercados de capitales reemplazaron a los estatales y sus regulaciones institucionales. La tasa de interés trepó “tan alto como lo necesario para restaurar el valor del dólar”. La llave del cambio regulatorio del capitalismo mundial hacia la financiarización fue que la tasa de interés norteamericana sustituyó a la convertibilidad del dólar como el instrumento de poder de acción de la política económica global.

A su vez, las teorías apologéticas de la libertad de tasas y el financiamiento privado se pregonaron como panacea del desarrollo de los países periféricos, a los que se les hizo adoptar la apertura a la entrada y salida de capitales, con mercados financieros muy rentables (altas tasas) para valorizar el capital especulativo, que no sirvieron para otra cosa que para concentrar el poder económico y destruir la capacidad de crecimiento de sus economías. Este rumbo sólo estancó su desarrollo y aumentó su dependencia tecnológica, alimentando los procesos de fuga de capitales y endeudamiento, que siempre terminaba afrontando el Estado descargando —la mayoría de las veces— su peso en los cuerpos y vidas de los sectores populares.

Del corto período del capitalismo regulado de posguerra se pasó irreversiblemente al capitalismo financiero como sistema mundial, porque ni Wall Street ni los Estados Unidos querrán nunca volver a regular las ganancias, que hoy consiguen con los métodos  de la financiarización y la desposesión de los estados dependientes y de los asalariados. El capitalismo regulado y movilizado por la ganancia productiva era menos rentable y más conflictivo para el capital rentista concentrado. Los desarrollos teóricos corrieron por parte de las universidades de los países centrales donde circulaban como espejitos de colores las bondades de la desregulación. Sumaban a la modelización interesada el elogio  de la desaparición de las empresas públicas y el financiamiento de los déficits fiscales a tasas elevadísimas, demonizando la emisión y la inflación como las causas de todas las enfermedades de las economías periféricas. Sin embargo, las tasas de interés altas tuvieron como resultado más claro la destrucción del consumo interno y de los crecientes pero inmaduros desarrollos industriales de los países desposeídos por esta política.

“El ALCA constituye desde la óptica norteamericana un instrumento decisivo para consolidar la hegemonía de Estados Unidos sobre América Latina y erradicar definitivamente en ella cualquier proyecto de desarrollo autónomo”, decía Enrique Arceo. También significaba una herramienta de la disputa de los norteamericanos con los capitales de otro origen, pues su implementación permitía que los Estados Unidos pasaran de tener del 21% al 31% del PBI mundial. La adopción del ALCA hubiera implicado el final del funcionamiento del Mercosur dentro de todo el territorio americano, sólo hubiera podido subsistir hacia afuera del mismo. Desindustrialización y pobreza.

El No al ALCA en la Cumbre de Mar del Plata significó la salvación del apasionante proyecto de Unidad Latinoamericana. El Panamericanista ALCA, que en lo político-militar se ha expresado por la OEA, el TIAR, el PROSUR, el Grupo de Lima, la Escuela de las Américas y el cipayismo de Luis Almagro, desde hace dos siglos viene sosteniendo el programa de la Doctrina Monroe: “(Toda) América para los (Norte) Americanos”, que justificaba intervenir en otros países de la región en defensa de los intereses estadounidenses. En sucesivos conclaves se creó la Oficina Comercial de las Repúblicas  Americanas con el  objetivo de proteger los intereses norteamericanos frente a los británicos en el siglo XIX, creándose en 1890 la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. En el siglo XX se firmó un convenio de cooperación que nunca entró en vigencia porque Estados Unidos siempre se negó a establecer relaciones compensadas. En América Latina Estados Unidos reservó la preeminencia de los objetivos político militares frente a los económicos, que en la posguerra ocuparían un lugar central en Europa.  Finalmente el ALCA era su gran objetivo hegemónico en la época de la globalización.

Se debe concluir que el lawfare en Argentina y Ecuador, el golpe en Bolivia, los derribos institucionales en Paraguay y Brasil y la organización permanente de conspiraciones contra Venezuela, fueron provocados no sólo por las oligarquías locales y los intereses de la hegemonía militar coyuntural estadounidense, sino que existía el proyecto estratégico de un sometimiento “definitivo” de la región a condiciones de dependencia y subdesarrollo. Por eso resulta pertinente citar al peruano José Carlos Mariátegui en sus Textos básicos (FCE,1995), caracterizando que “el panamericanismo se apoya en los intereses del orden burgués, el iberoamericanismo debe apoyarse en las muchedumbres que trabajan por crear un orden nuevo. El iberoamericanismo oficial será siempre un ideal académico, burocrático, impotente, sin raíces de vida. Como ideal de los núcleos renovadores, se convertirá, en cambio, en un ideal beligerante, activo, multitudinario”. La Unión Latinoamericana como meta del movimiento de masas.

 

 

La tragedia del dólar

En un mundo donde rige la flexibilidad cambiaria, en el que se impone un paradigma de libertad cambiaria como comportamiento de normalidad y de liberalización financiera, las condiciones de profundización de la dependencia tienen una herramienta central en la moneda. Hay un solo país que es estrictamente unimonetario. El resto de las naciones se ha visto sometida a una lógica de estabilidad monetaria ligada a los respetos de alineamiento con la financiarización, tasas de interés sensiblemente más altas que la superpotencia central, salarios flexibilizados que le permitan abaratar costos de los procesos de menor tecnología. Las razones de inestabilidad económica modélica –ligadas al debilitamiento de la moneda— han provenido de:

  • La inflación, atribuible a la puja distributiva donde el capital no ha podido disciplinar al trabajo y a la actividad sindical a su gusto, a pesar de la concentración empresaria.
  • Expectativas que acentuaban la fragilidad financiera debido a la ausencia de “reglas claras” , que significan la previsibilidad completa de un esquema macroeconómico único que responda a los diseños previstos por la potencia central, y que en nuestro país incluyen como eje a la Carta Orgánica del BCRA que reemplazó el kirchnerismo, a la Ley de Entidades Financieras —sancionada por la dictadura y aún vigente—, a regulaciones bancarias (normas de Basilea) que dejan el sistema a merced de una élite internacional que lo (des-auto)regula en función de la privatización del crédito y la obtención de superganancias, rigiéndolo por un dispositivo de riesgos especulativos que excluyen el fomento a las pequeñas y medianas empresas. También suponen un presupuesto equilibrado con políticas ofertistas que bajen los impuestos, y más aún el gasto social.
  • Una naturalización del capitalismo, con asignación de recursos mercantiles, en el que la actividad económica debe ser llevada a cabo por parte del sector privado.

Estos principios condenan al subdesarrollo y la dependencia a los países periféricos y llevan a la constitución permanente de activos externos en el/los países que son gendarmes del capital. Cuanto más autonomía económica se promueve, más movimiento de capitales hay hacia el exterior. El bimonetarismo deviene de estas tres imposiciones de política.

La Unidad Latinoamericana antidependentista había dado nacimiento a la UNASUR, un MERCOSUR con objetivos más democráticos, el ALBA, el SUCRE y la CELAC. Debe destacarse, también, al Consejo Sudamericano de Defensa —con una concepción antagónica a la lógica de la Escuela de las Américas— y, particularmente, al Banco del Sur y el Fondo del Sur, proyectos de instituciones financieras cuya función debía ser la restauración del crédito público para el desarrollo, con el objetivo de largo plazo de disminuir la dependencia de los capitales privados.

Con acierto Cristina Fernández ha señalado el carácter extremo del bimonetarismo argentino, el modo en que este rasgo estructural del mundo neoliberal se ha acentuado en la Argentina. En efecto, en nuestro país el peso conserva sólo íntegramente la segunda y la tercer función de la moneda enunciadas por Marx, salvo para los inmuebles. La primera rige para todos los bienes que consumen los sectores populares, pero para las clases acomodadas los artículos de alto valor, tienen al dólar funcionando como unidad de cuenta. En cambio la cuarta función es claramente de ejercicio bimonetario. La quinta, como es de rigor sólo corre plenamente para la superpotencia occidental, el peso no la posee. La acentuación del bimonetarismo, especialmente en la moneda como reserva de valor, es un castigo de los “mercados” a la no aceptación plena de los tres puntos que se enumeraron como constitutivos del diseño de hegemonía del dispositivo del capital financiero.

El futuro de la dignidad nacional exige la defensa de la Unidad Latinoamericana frente al panamericanismo rastrero. También construir una estrategia de defensa de la moneda propia porque es un instrumento constitutivo de la Nación y que nos permite tener nuestra política económica. También recuperar la idea de la decisiva participación del Estado, en la investigación y desarrollo científico, en las finanzas, en el comercio exterior y en las empresas de tecnología estratégica. Esta no es una cuestión ideológica sino objetiva si se evalúa las necesidades de un política de desarrollo e igualdad, que impida los chantajes y condicionamientos del capitalismo financiero.

Decía Juan Perón en La Hora de los Pueblos (1968) que “el anacronismo mayor sucede aquí, como en nuestros países latinoamericanos, en el hecho que la desunión provocada por el propio imperialismo, resulta el peor enemigo. Como aquí todavía existe el mito de la inversión de capitales y la radicación de industrias yanquis –indudablemente más adelantadas en el aspecto tecnológico— es inútil que un país aislado intente hacerles frente, porque como para USA es indiferente el lugar, si un gobierno les crea dificultades, negocia con otro y aun se permite jugar a uno contra el otro para alcanzar las condiciones”. Perón tenía clara la Unidad Latinoamericana, como Bolívar, Monteagudo, Ugarte e Ingenieros. En referencia a la Alianza para el Progreso, otro megaproyecto panamericanista del cipayismo, decía Perón: “Los proyectos para la entrega han sido muchos y muy variados, a veces se cubre con el desarrollo, otros con la ayuda para el progreso, también con la privatización de las empresas estatales, a veces con el aporte de capitales o de las inversiones extranjeras”.

En referencia a las actitudes complaciente de la dirigencia de la CGT, a las entrevistas con la AEA –en las que convino una declaración en defensa de la actividad privada y la reducción de impuestos—, vale recordar las páginas de 77 y 78 de la edición de la Editorial Norte de Madrid del texto citado en donde se refiere al intento del imperialismo de copar a la dirigencia sindical argentina, utilizando la AFL CIO y la CIOLS creadas, según Perón, con el objetivo de combatir a la Federación Sindical Mundial. En otra parte del texto Perón se refiere a La Tragedia del Dólar refiriéndose a las restricciones que Johnson impuso a las empresas norteamericanas en Europa, acompañadas por una política de restricción monetaria, castigando la decisión de De Gaulle de expulsar de su territorio a las fuerzas de la OTAN. Perón advertía de represalias similares que respecto de desequilibrios económicos podían acontecer en América Latina.

El reciente acontecimiento electoral de la superpotencia, con lamentables ribetes en su transparencia y calidad del debate, ha permitido la aparición de opiniones de economistas y relacionistas internacionales locales con respecto al comportamiento que debía tener la Argentina frente al nuevo gobierno norteamericano. La mayoría de las cuales se referían a arreglar rápido con el FMI, confrontar con Venezuela, ajustar fiscalmente y no acercarse demasiado a China. Opiniones generalizadas en Junto para el Cambio, el periodismo concentrado mediático. Con intelectuales de esta calaña iríamos derecho a una creciente dolarización de la economía, provocando  mayor pobreza y mayor poder del capital frente al trabajo.

El cruce de la frontera del Presidente Alberto Fernández con Evo Morales, el día siguiente al que el Presidente electo por el Movimiento al Socialismo asuma el poder, será una fotografía inolvidable de la historia nacional. Una cachetada a los proyectos de sometimiento al Imperio.

18Oct/200

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EL GRITO BOLIVIANO

La decisiva elección de hoy es observada con ansiedad en toda la región

 

Hoy, 18 de octubre de 2020, hay elecciones en Bolivia, a 11 meses del golpe de Estado que expulsó del poder a Evo Morales luego de 14 años que transformaron el país axialmente. El MAS gobernó ese período construyendo sentido de igualdad en todas las facetas de la vida boliviana, desmontando el predominio blanco en una sociedad cuyas mayorías son descendientes de los pueblos originarios. También disminuyó sustantivamente la brecha entre los más ricos y los más pobres en un país que venía de una polarización extrema y con agudos índices de pobreza. La construcción del Estado Plurinacional de Bolivia avanzó, durante el gobierno de Morales-García Linera hacia la consecución de un equilibrio entre regiones que representan diferentes perfiles y desarrollos productivos, revirtiendo la política del capitalismo neoliberal de los gobiernos de su predecesora República de Bolivia que profundizaban desigualdades poniendo en riesgo la unidad de esa Nación. El arribo de Morales al poder en 2005 había significado la conformación de un gobierno apoyado en y por los mayoritarios pueblos originarios. La creación del Estado Plurinacional permitió el reconocimiento de las diferencias para borrar las desigualdades.

El sangriento golpe de Estado del año pasado de la derecha boliviana, fue un típico movimiento restaurador de privilegios económicos, de predominios regionales y, también, desarticulador de los avances institucionales logrados con la Reforma Constitucional y las modificaciones organizativas y conceptuales del Poder Judicial. Además atacó la imbricación de las culturas, costumbres y perfiles de la vida de los pueblos mayoritarios en la educación, la vida social y la concepción del carácter de ciudadanía en Bolivia.

La caída del gobierno de Evo Morales y Alvaro García Linera significó uno de los últimos hitos de una experiencia común en América Latina, llevada a cabo entre gobiernos populares de distinto signo político y diferentes perspectivas respecto de sus objetivos de reformas, pero amalgamados por cuatro proyectos comunes:

  1. El impulso de políticas de desarrollo autónomo que se implementaron desde una posición crítica al neoliberalismo.
  2. La construcción de igualdad social y despolarización de la riqueza. Numerosos planes y políticas se desplegaron para disminuir la pobreza, las brechas sociales y para ampliar la capacidad de consumo de las mayorías populares.
  3. La afirmación de la democracia, promoviendo la consolidación, la realización o la promoción de cambios constitucionales para ampliar y profundizar la ciudadanización del pueblo. Reformas presididas por la idea de la necesidad de modificar su concepción y dogmática liberal por las de la democracia participativa y sustantiva.
  4. La recuperación de un enérgico rumbo hacia la Unidad Latinoamericana, que desarticulara el proyecto panamericanista con el cual los Estados Unidos persistían en la intención de construir un bloque geopolítico continental bajo su hegemonía económica, política y militar.

Cuando se produjo el golpe de Estado que instaló a Jeanine Añez como Presidenta, muchos de esos gobiernos populares habían sido depuestos a través de golpes institucionales como el del PT de Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil y el de Lugo en Paraguay o desplazados en procesos electorales impregnados de políticas de lawfare , como el del kirchnerismo en la Argentina, mientras otros proyectos eran torcidos por ese mismo procedimiento como ocurrió en Ecuador.

En Bolivia no pudieron hacerlo de otro modo que con un golpe policial-militar que reprimió salvajemente durante semanas las movilizaciones campesinas y populares. Sólo la intervención internacional –en la que el gobierno de Alberto y Cristina Fernández recién asumido jugó un papel decisivo—, pudo salvar la vida del Presidente, el Vice y otras autoridades del gobierno democrático derribado. Bolivia demostró que las nuevas artimañas destituyentes de la derecha regional no descartaban, sino que incluían la alternativa del viejo golpe, como recurso y/o amenaza disponible para determinadas instancias.

Los organismos de Derechos Humanos de la Argentina denunciaron «las violaciones a los Derechos Humanos en Bolivia y repudiamos una vez más el golpe cívico, policial y militar, orquestado por los Estados Unidos… Requerimos a los gobiernos de la región y a los organismos internacionales que desconozcan a la autoproclamada Presidenta interina Jeanine Añez”.

El gobierno golpista, a pesar de proclamar que asumía para conducir el llamado a un proceso electoral, que anunciaba bajo la invocación de la “limpieza”, permaneció once meses en el poder con el objetivo de desandar las reformas progresivas llevadas a cabo por el gobierno de Morales. Se estrenó cambiando presurosamente la política internacional de su país. Abandonó el ALBA, se sumó al Grupo de Lima y planteó una “necesaria reforma” de la UNASUR.

La opinión del blog Bloomberg.com respecto del gobierno de Añez señala que la Presidenta del gobierno de facto modificó el objetivo declamado de su gobierno de pacificar la situación y llamar a elecciones en mayo de 2020. Lo sustituyó, denuncia la agencia, por la ostentación de sus credenciales cristianas frente a las mayorías populares originarias, y por el avance en decisiones de política internacional, como la ruptura de relaciones con Cuba y Venezuela, dice Bloomberg.

En lo económico,  la dictadura de Añez introdujo reformas que retrajeron el crecimiento, deterioraron la situación fiscal y contrajeron la demanda.

La política de Añez, amén del año de pandemia que debió afrontar, intentó desmontar y confrontar con la que Morales construyó, una etapa de notable progreso para Bolivia. En el inicio de su gobierno Evo decretó la nacionalización de los hidrocarburos y renegoció los impuestos a las compañías extranjeras que operaban en el sector, subiéndolos del 50 al 85%, a la vez que realizó fuertes inversiones públicas en su desarrollo. El promedio de crecimiento de la economía fue del 5% anual durante casi una década, sosteniendo niveles que promediaron el 4% en los años que prosiguieron al 2015, cuando el precio de los commodities tuvo un curso descendente.

 

 

La economía en el Estado Plurinacional de Bolivia

Fernando Molina en su artículo Bolivia: es la economía, estúpido (Nueva Sociedad n° 283, set. 2019) menciona la mejora de la distribución del ingreso durante el gobierno de Morales y destaca las políticas diferenciadas por áreas en la economía boliviana durante el gobierno del MAS. Mientras se estatizaron los sectores estratégicos como el gas y la electricidad, se construyó una alianza con el sector privado en las esferas de la agroindustria, el comercio en gran escala y las finanzas. Otras ramas permanecieron en manos privadas como la cerveza, el cemento y las telecomunicaciones.

A su vez, permaneció y se expandió el desempeño de los pequeños emprendimientos comerciales y artesanales  que ocupan al 60% de la mano de obra. Se conformaba así una economía de dos sectores, dice Molina, uno excedentario que incluye a la minería, el petróleo, la energía y el agronegocio, que transfiere al segundo sector parte de sus excedentes a través de la acción estatal, reemplazando a las políticas previas que favorecían una creciente fuga de capitales y pago de utilidades a la inversión extranjera directa.

La pobreza extrema cayó del 38 al 18% de la población –en las ciudades al 10%—, y la pobreza en sí se redujo en un tercio. El objetivo de la política económica fue avanzar hacia la industrialización de las materias primas  y garantizar la igualdad social.

Los bancos nacionales avanzaron notablemente en el período y su patrimonio creció entre 2008 y 2017 de 700 a 2500 millones de dólares, según informa el artículo citado. La política monetaria del gobierno de Morales recuperó al peso boliviano como moneda de reserva de valor ya que en el año 2000 los depósitos bancarios en esa moneda representaban el 3% del total mientras que en el año 2015 su participación ascendía al 94%. Esto fue logrado por “el gobierno del MAS, [el que] con la fuerte oposición de los bancos privados y transnacionales, restableció la banca pública e implementó una Ley de Servicios Financieros en 2013, lo que significó una drástica modificación de la institucionalidad que había sostenido décadas de políticas de liberalización». Señala Natalia Naqvi que la legislación sancionada por el MAS dispuso la intervención pública en la asignación de recursos de la banca privada, mediante regulaciones cuantitativas de los préstamos para los sectores productivos, como también a través de regulaciones de la tasa de interés. Fue una política sin compensaciones que redujo la tasa de beneficios de la banca privada. Tuvo una fuerte impronta intervencionista, tal vez la más intensa de los últimos tiempos en economías de la región».

Por otro lado el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia asumió con reservas internacionales por 3.500 millones de dólares. Aprovechó el auge de los precios de las materias primas llegando a acumular 14.500 millones en el año 2014. Luego el nivel de precios de los commodities descendió, a pesar de lo que en los cuatro años posteriores se mantuvo el nivel de actividad y el ritmo de las transformaciones, haciendo uso del excedente de reservas. Estas últimas obviamente se redujeron, bajando a poco más de 8.000 millones en el año 2018. El nivel de actividad se sostuvo mediante una política expansiva del nivel del gasto, flexibilizando el resultado fiscal.

El golpe de Estado de 2019 no sobrevino en Bolivia como consecuencia de la una economía deteriorada, ni del empeoramiento de las condiciones de vida. No fueron los factores económicos mencionados ni otros los que generaron un clima que explicara el advenimiento de un gobierno de facto, que se convertiría en una dictadura. El MAS tuvo capacidad para leer las coyunturas económicas internacionales y nacionales. Esa aptitud le permitió construir un proyecto sustentable, con distintas estrategias en las diferentes etapas, articulando la política de Estado con la valoración e impulso de la movilización social. Supo adaptar los ritmos de marchas, y hasta de contramarchas, en sus medidas económicas. Así logró el crecimiento económico, la estabilidad con una baja inflación, el fortalecimiento de la moneda propia, el impulso a la diversificación de la economía. Pero su gobierno popular desbordó los límites de tolerancia de ampliación democrática por parte del capitalismo neoliberal de la financiarización. Este último se embarcó en la estrategia del golpismo clásico.

Las políticas del gobierno de Morales fueron impulsadas durante caso todo el período por el Ministro de Economía Luis Arce Catacora –salvo en un intervalo en que afrontó un tema de salud— y tuvieron tanto la oposición del  FMI como de las calificadoras de riesgo privadas. Esas críticas fueron resistidas por el candidato del MAS que hoy competirá por la presidencia. La persistencia en el rumbo le permitió alcanzar tres logros fundamentales: la reforma financiera, la desdolarización de la economía y el crecimiento del ahorro en moneda nacional.

 

 

Luis Arce

Luis Arce Catacora no empezó su militancia política en el MAS, ni con su exitosa tarea de conductor de la economía del Estado Plurinacional, militó previamente en el Partido Socialista 1, que se constituyó como una secesión de izquierda del Partido Socialista y cuyo líder Marcelo Quiroga Santa Cruz fue asesinado durante la dictadura de García Mesa.

 

 

 

 

 

 

Sus ideas fundamentales para la política económica boliviana están plasmadas en lo que llama “Modelo económico, social comunitario y productivo”, entendido como un recorrido de transición al socialismo, objetivo estratégico siempre explicitado por el MAS. Enfrentará en las elecciones a Carlos Mesa, que representa a los sectores acomodados y parte de la clase media de la Bolivia occidental y al ultraderechista Luis Camacho referente del capital concentrado de la región oriental. Arce articula la representación de la Bolivia popular, trabajadora y de los pueblos originarios, que constituyen la mayoría de la población. Las ideas fundamentales de su modelo expresadas en la revista Economía Plural (2011) merecen ser citadas: “El nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo identifica dos pilares: el sector estratégico que genera excedentes y el sector generador de ingresos y empleo. El modelo identifica cuatro sectores estratégicos que tiene Bolivia para generar excedentes económicos para los bolivianos:

  1. hidrocarburos,
  2. minería,
  3. electricidad y
  4. recursos ambientales.

«Son los viejos y tradicionales sectores de los que ha vivido el modelo primario exportador. No puede cambiarse el país de la noche a la mañana, tiene que haber una estrategia que está plasmada en este modelo para salir de ese circuito negativo. Entre los sectores generadores de ingreso y empleo están la industria manufacturera, turismo, vivienda, desarrollo agropecuario y otros que aún no han sido dinamizados. De acuerdo con el nuevo modelo, para desarrollar una Bolivia productiva, generar esa transformación productiva, modificar el modelo primario exportador, se requiere llevar los excedentes de los sectores de minería, hidrocarburos, energía eléctrica, hacia los sectores donde se requiere poner la piedra fundamental, la semilla de un país productivo, es decir, en el sector manufacturero, industria, turismo y desarrollo agropecuario. El Estado es el redistribuidor, el que debe tener la capacidad de transferir los recursos de los sectores excedentarios a los generadores de empleo e ingreso. En otras palabras, lo que se busca es liberar a Bolivia de la dependencia de la exportación de materias primas para abandonar el modelo primario exportador y construir una Bolivia industrializada y productiva”. Las bastardillas me corresponden, el destacado tiene el objeto de enfatizar la idea clave que engloba a los proyectos nacionales, populares y democráticos, alternativos a la opción del liberalismo neo en la región. Añez, expresión de esta última, aplicó políticas de liberalización del comercio exterior, debilitamiento del apoyo a sectores estratégicos y desmonte de programas sociales como el del bono Juana Azurduy, dirigido a las madres gestantes y niños recién nacidos.

La elección de hoy es trascendental porque indicará la potencialidad popular como límite a la reversión de los procesos antidependentistas que se instalaron a principios del milenio en América del Sur. Porque como sostiene Rafael Bautista en su nota en Nodal del 14/10/20, “el Estado de excepción no declarado, pero en ejecución fingida, constituye el contexto ineludible que permite –en una reflexión crítica de la coyuntura– poder advertir, la más que improbable realización democrática y limpia de elecciones nacionales. La postergación continua del evento electoral (por cuarta vez), bajo el pretexto de la pandemia, demostró ya la falacia grosera de la autodenominada transición, que exhibe la dictadura actual como mera cobertura democrática de unos propósitos profundamente anti-democráticos”. Así la puja de la fecha no es sólo por votos sino por evitar la manipulación, degradación o destrucción del acto electoral por parte de la derecha boliviana e internacional. Los comicios ya tienen un vicio irreversible, la proscripción de Evo y otros dirigentes del MAS.

La potencialidad para garantizar los comicios y el triunfo de Arce Catacora y David Choquehuanca ha de significar un golpe al panamericanismo, al neoliberalismo y a los regímenes dictatoriales. Asimismo fortalecerá el renacimiento en la región de una perspectiva de Unidad Latinoamericana, fogoneada por la esperanza, que siempre las victorias estimulan, de una nueva ola de proyectos populares, de desarrollo autónomo y justicia social en América del Sur. Será una nueva recuperación de gobierno por una fuerza popular, antes que haya transcurrido un año del triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández en Argentina.

20Sep/200

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EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Hacia la construcción de una democracia participativa

Virreyes en caída

La desilusión del pueblo argentino con el proyecto neoliberal fue una de las consecuencias contundentes de los años del gobierno de Cambiemos. Esos cuatro años no sólo provocaron la vivencia de un fracaso en las mayorías que no lo votaron y en buena parte de los que sí lo hicieron.  El fracaso podría adjudicarse al entendimiento de una gestión mal hecha de una política que habría tenido posibilidad de éxito si la gestión hubiera sido encarada con mayor eficiencia. No es lo ha ocurrido con el tercer episodio de liberalismo neo de las últimas cuatro décadas. No ha dejado una percepción de ese carácter en el balance ciudadano. Las conclusiones en el imaginario popular son de una índole diferente. Pertenecen a la desilusión definitiva respecto a una mirada sobre la política, sobre la economía, sobre la sociedad y sobre la vida. Así de devastadora fue la experiencia, conducida y gestionada en forma directa por los dueños del poder económico, sus amigos y sus serviles gerentes y asesorada por presuntuosos apologetas de la teoría ortodoxa devota del pensamiento único.

Al final de los cuatro años del gobierno de Macri se vivió una crisis descomunal, cuya causalidad en la política aplicada fue obscenamente indisimulable. Todo se derrumbó con estrépito, las alquimias teóricas, las ambiciones de extender a perpetuidad un modelo que sus ejecutores y cultores sostuvieron un bienio, hasta concluir en un naufragio sin pausa que legó un país destrozado por la ONG de la cultura de la antipolítica, aliada con los herederos de un partido centenario que abandonaron todo principio para hacerse de una porción del poder. Sólo salvaron los trapos las ganancias personales de los que ocuparon el poder, sus socios, sus allegados y sus camaradas de la plutocracia que concentra el poder económico en Argentina.

La pandemia que prosiguió al desmán que desató el gobierno del Presidente Macri fotografió la Argentina desigual, empobrecida, injustamente saqueada. Porque la valorización financiera es un patrón de acumulación sustentado en el saqueo, porque el dispositivo macroeconómico de las gestiones de la dictadura, el menemismo y sus variantes continuistas y el cambiemita, es el mecanismo de un régimen de desposesión del pueblo. De sustracción. De violación de derechos humanos.

El país discute hoy la post-pandemia. Se vuelven a evocar planes que en otras épocas fueron banderas para la construcción de otra Nación. Huerta Grande y La Falda, el de la CGT de los argentinos, el del plan trienal, el de los 26 puntos de la CGT Brasil. No es ociosa la insistencia y la repetición de estas propuestas históricas, hundidas por las dictaduras y la censura privada de los grandes medios de comunicación. Porque es indudablemente cierto que cuando la concentración económica inunda los medios masivos de noticias y opiniones, emergen nuevas lógicas de censura. De administración del tiempo que excluye el debate con los proyectos que molestan a los poderosos.

Tan cierto es esto, que se dedican ríos de tinta a la repetición de ideas, de planes, de concepciones que dejaron en ruinas la economía nacional. Como la declaración de la AEA, asociación de grandes empresarios que predican el no pago de impuestos, cantan loas a la inversión privada que nunca llega –y que si lo hace— es a costa de condiciones que les aseguran rentas y nunca para proyectos que les implicaría correr el riesgo que siempre pregonan, pero del cual huyen.

 

 

El disco rayado

El empresariado concentrado insiste en el mismo libreto. El neoliberalismo como política de Estado. Su representación más poderosa, plana y fundamentalista, la AEA, define los siguientes postulados en  unas rústicas y desviadas “Instituciones para el Desarrollo” que formulan con circunspecta y acartonada formalidad, pero carentes de rigor, inteligencia, voluntad e intuición:

  • Movilización plena de las energías del sector privado. (Es decir, exclusión del Estado como planificador, direccionador y actor directo del proceso económico.)
  • Conquistar mercados externos. (A costa de bajar los costos laborales con políticas flexibilizadoras y con metodologías de competitividad espuria, pues nada dicen de la inversión en ciencia y tecnología.)
  • Evitar los controles de precios. (Predican la definición mercantil de estos por parte de empresarios concentrados para reducir los salarios, acumular ganancias y luego fugarlas al exterior.)
  • Garantizar el derecho de propiedad. (O sea que la posesión de medios de producción no genere ningún compromiso con el uso de la misma en pos del beneficio social, sino que sea guiada a la obtención de la mayor ganancia.)
  • Vociferan contra el impuesto a las grandes fortunas, mezquinos de cualquier disposición solidaria a contribuir para paliar las consecuencias de la grave pandemia que nuestro país también sufre como parte de la comunidad mundial.

En un power-point a la moda, la UIA en “Hacia una nueva normalidad: propuestas para la reactivación productiva”, adorna con toques de estilo desarrollista su acomodamiento al mismo neoliberalismo como política de Estado:

  • Macroeconomía que fomente el ahorro local y busque gradualmente salir de los controles y las regulaciones cambiarias. (Curioso que una propuesta que se propone como productivista se inicie reivindicando la apertura de la ruta para la fuga de divisas, sin preocuparse por el cuidado de un insumo vital para el desarrollo industrial.)
  • El segundo principio esgrimido es una política cambiaria previsible que sustente la agregación de valor en la producción. (Esta formulación insinúa la devaluación como fórmula preferida para la competitividad, es el camino de la ganancia rápida y espuria en lugar de promover la genuina intervención pública y la apuesta empresaria a la innovación.)
  • La reducción de la nominalidad parece una advertencia preocupada respecto de recuperaciones del salario en la post-pandemia, temiendo que esas mejoras anulen la competitividad inducida por el precio de la divisa. Tal vez, por eso no proponen medida alguna de aumento salarial para impulsar la demanda.
  • Quejas sobre una supuesta presión tributaria excesiva.
  • La intervención del Estado es reivindicada desde el planteo de la continuidad de los auxilios con los ATP, la aplicación intensiva del REPRO, las propuestas de moratorias impositivas. Todas ayudas al empresariado. Enfoque corporativo y sectorial sin preocupaciones por un proyecto de Nación.
  • La gran ausencia del programa empresarial de la UIA es el debate sobre la distribución del ingreso.
  • El power-point dedica su propuesta núcleo a abogar por la construcción de consensos e instituciones, mediante lógicas y prácticas de diálogo. Esa propuesta no se restringe a plantearlo en el ámbito social y sectorial, sino que también pregona el encuentro constructivo entre el oficialismo y la oposición política. Nuevamente asoma la pretensión de un consensualismo del estilo “Pacto de la Moncloa”. Con un poco de reformismo pro-industrialista dentro de la globalización financiera, el documento se confiesa como la versión light de la política de Estado neoliberal. Pero very fashionable.

 

 

Embrión de consenso y movilización para un proyecto nacional y popular

El 28 de agosto un conjunto de organizaciones de empresarios nacionales pymes, organizaciones sindicales, cooperativas de trabajo y movimientos sociales con inserción productiva presentaron una cantidad de coincidencias básicas, que resultan en una importante expresión embrionaria de la construcción de un proyecto nacional. Porque la trampa de la “grieta” no es otra cosa que el intento de conservar al neoliberalismo como política de Estado y acusar a la opción nacional y popular como confrontativa. La derecha usa ese vocablo “grieta” en defensa del diagnóstico apologético del fin de la historia. Atrasan, los muchachos. Les pasó el cuarto de hora de ese clima (cuarto de siglo).

Alumbran, los vientos de cambio, con un conjunto de concepciones articuladas por organizaciones como la CTA de los Trabajadores, el sector combativo de la CGT agrupado en la Corriente Federal de los Trabajadores, las Agrupaciones Grito de Alcorta y la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas, ambas herederas de la auténtica Federación Agraria Argentina. A los que se suman toda la gama de representaciones del pequeño y mediano empresariado industrial del país: la CGERA, la agrupación José Ber Gelbard, APYME, la CEEN, la Fundación Pro Tejer, un conjunto de afluentes en el MNUP y un nutrido grupo de federaciones de cooperativas de trabajo como FACTA, CNCT, FECOOTRA Y CONARCOOP. Los mencionados son sólo una parte de múltiples participantes. Pero lo decisivo son sus formulaciones programáticas:

  • Un Estado activo, presente en la orientación, la regulación y la planificación. Atento a las necesidades sociales. Aquí se nota la raíz de la propuesta. Su carácter democrático opuesto al liberalismo neo que rechaza la planificación de la economía y deifica la asignación mercantil (a cargo de las firmas dominantes en los mercados concentrados) de la economía.
  • Promueven la inversión pública en infraestructura, con motorización del empleo, con el objetivo de revertir la errada asignación de recursos e injusta distribución del ingreso.
  • Plantean la participación de los sectores sociales y productivos populares en la toma de decisiones.
  • Expresan decididamente que la recomposición del mercado interno es el motor del desarrollo nacional.
  • Reivindican la recomposición del poder de compra de los salarios y las jubilaciones.
  • Apoyan el aporte extraordinario y solidario ante la emergencia del Covid-19, entendiéndolo como el punto de partida para una reforma impositiva de carácter progresivo, que respete una segmentación en la que la carga tributaria mayor recaiga sobre los sectores de mayores ingresos.
  • Se pronuncian por una negociación con el FMI que excluya condicionamientos que inhiban la recuperación económica y social.
  • Rechazan las tradicionales políticas de estabilización antiinflacionarias, que con fundamentaciones de raíces monetaristas o fiscalistas, proponen ajustes que conducirían al agravamiento de las condiciones recesivas.
  • Rechazan la financiarización y proponen una Reforma Financiera, que ponga al sistema al servicio de la producción .
  • Promueven la reforma de la Ley de Inversiones Extranjeras, como así también medidas que cierren la fuga de capitales, eviten la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones.
  • Descartan que las devaluaciones cambiarias sean el método clave y adecuado para evitar la escasez de divisas y advierten su sesgo regresivo en la redistribución de ingresos.
  • Reconocen el carácter de servicio público de la provisión de gas, luz, agua y combustibles.
  • Proponen una política agraria democrática que grave el latifundio y acabe con la integración vertical de las empresas monopólicas agroalimentarias y promueva la agroecología y la chacra mixta.

 

 

La misión del Consejo Económico y Social

Este acuerdo inicia una discusión respecto de la misma misión del Consejo Económico y Social. No es ocioso el debate en relación a si se trata de un organismo asesor, de un ámbito de consenso corporativo o de un espacio de participación popular como desafío para la construcción de una democracia amplia, en la que la representatividad sea un elemento indispensable pero insuficiente. Parafraseando un decir de la época: “Sin la representación electoral no se puede, pero con ella sola no alcanza”. Una lectura inadecuada y regresiva del Consejo sería la búsqueda de la aprobación de los poderes fácticos de la concentración económica en pos de un supuesto “realismo político” que inhibiría los cambios, quizá con algunas concesiones a una homeopática dosificación en la ampliación de derechos ciudadanos, que garantice hegemonía para una lógica continuista. A esto se lo denominó en la tradición del arte político “gatopardismo”: cambiar algo para que nada cambie.

El comentado y analizado proyecto de unidad entre sectores de la producción y el trabajo, cuyas ideas se exponen en este artículo, aporta a la vocación virtuosa: la construcción de una democracia participativa. Expresa la orientación que expresara el Presidente en varias oportunidades: luego de la pandemia debemos pensar en otra sociedad más igualitaria, más humanista, menos consumista. Claro que los lineamientos iniciales no completan el grado de definición que el decurso de una política transformadora demanda. Pero marcan un rumbo. Le dan un instrumento de gran valor al gobierno nacional, que fue elegido para poner fin al modelo neoliberal y que se propuso no incurrir nunca más en la lógica de endeudamiento-fuga-ajuste en que sistemáticamente nos hundieron las experiencias afines a la financiarización del país.

El agrupamiento que presentó las coincidencias básicas no debería ser un actor más, sino un espacio fundamental en una mesa donde se discuta el Proyecto de largo plazo para el país. Ese Proyecto necesariamente marcará un rumbo. Ese rumbo no tiene el carácter de destino. No se trata de despejar en el debate ninguna posibilidad única. Los caminos de un proyecto de país siempre son varios y no están exentos de contradicciones antagónicas entre ellos. El que marca las coincidencias básicas es el de la ruptura con el liberalismo neo que tuvo varios episodios. Inaugurado con el Programa de Martínez de Hoz y uno reciente –tal vez póstumo— con el descalabro de desposesión popular que terminó con el endeudamiento récord con el FMI.

Otra vez en la Argentina se organiza la posibilidad de una democracia con contenido popular y nacional, que comience a acometer las tareas de ruptura con las restricciones económicas que constituyen las condiciones de dependencia. Por supuesto, que los que suscriben las coincidencias básicas no representan la totalidad de los sectores populares que tienen esa aspiración. También se encuentra en pleno despliegue una conjunción de movimientos de los sectores más vulnerables que están construyendo su inclusión en la vida productiva a través de la economía popular. Ellos también tendrán que ser convocados con un rol clave a sentarse en el Consejo Económico y Social.

Como se ve, una perspectiva nacional, popular y democrática en nuestro país no se nutre del Pacto de la Moncloa. Son otras las condiciones. Es otra la geografía. Pero fundamentalmente son otras las aspiraciones políticas de una ciudadanía agotada de un régimen de desposesión económica y vaciamiento de la democracia por un liberalismo horneado en la dictadura terrorista. El gobierno del Frente de Todos se plantea otra Argentina.

En esa línea de reflexión concluía Cristina Fernández de Kirchner su libro Sinceramente, reflexionando que “ante la caótica situación que vivimos hoy como país y sociedad, escucho hablar de la necesidad de un gobierno de Unidad Nacional, o de un acuerdo social y económico. Nadie puede estar en contra de esos enunciados y propósitos, pero me da la impresión que sólo refieren a acuerdos dirigenciales, superestructurales, de partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresarias, iglesias y movimientos sociales… Y está muy bien, pero… creo que con eso no alcanza. Se requiere algo más profundo y rotundo: un nuevo y verdadero contrato social con derechos pero también con obligaciones, cuantificables, verificables y sobre todo exigibles y cumplibles. Un contrato que abarque no sólo lo económico y social, sino también lo político y lo institucional. Hay que volver a ordenar todo, pero no en el viejo orden, sino en algo nuevo y distinto de lo que tuvimos… El deterioro provocado por las políticas de Mauricio Macri y Cambiemos ha sido demasiado grande, vertiginoso y profundo para pensar que solo unos pocos pueden solucionar esto. Ese nuevo contrato social exigirá también de la participación y el compromiso de la sociedad… compatriotas… Tenemos que acordar cómo vamos a convivir y en qué condiciones… porque así no va más”.