Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

2Ago/200

Equilibrios

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EQUILIBRIOS

Una nueva estructura productiva impondrá una nueva distribución del ingreso

El retorno en la Argentina de un gobierno de carácter democrático, nacional y popular se topó con la pandemia a pocos meses de haber asumido. Adoptó frente a la misma una actitud preocupada, que este viernes 31 de julio volvió a usar el tono severo, dramático y atento con que se había iniciado una política que se puede identificar con el lema primero la salud. También, la circunstancia de ese drástico cambio de vida y de dinámica en la economía mundial abrió el camino para que el Presidente cuestionara el capitalismo existente e hiciera una reivindicación del valor de la igualdad, objetara el hiperconsumismo y expresara la necesidad de un cambio de la lógica con que se movía la economía global contemporánea.

Transcurridos más de cuatro meses de pandemia, mientras su extensión y gravedad se intensifica a nivel mundial –y también en nuestro país—, confrontan dos perspectivas respecto del futuro de la vida económica en la Argentina.

  • Una restauradora de las condiciones previas.
  • La otra, transformadora.

Las instituciones representativas del gran empresariado argentino son tributarias de la primera. La AEA, por ejemplo, ha señalado que es “al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina”, y se pronunció en contra de la presencia del Estado en una empresa que interviene en el comercio exterior. La UIA, menos doctrinaria, pero en sintonía con la prédica antiestatista, reclama del sector público subsidios, rebajas impositivas, moratorias tributarias, pero es siempre favorable a promover flexibilizaciones laborales que mejoren la correlación de fuerzas del capital frente al trabajo.

En términos de la economía política, el tema fundamental al que se aboca es a la distribución del ingreso. Respecto de los objetivos de la igualdad y la reducción de la pobreza ese reparto resulta sustantivo. Pero para que sea factible es indispensable la intervención del Estado en la economía. La legislación, las políticas salariales testigo del sector público, el salario mínimo vital y móvil y el funcionamiento adecuado de las convenciones colectivas de trabajo persiguen una determinada distribución del ingreso. En general se puede afirmar que en el marco de gobiernos de raigambre popular se despliegan políticas distributivas que favorecen a los trabajadores y a los sectores más carenciados. En cambio, las políticas flexibilizadoras del mercado de trabajo, el debilitamiento de las organizaciones sindicales y la ausencia de la participación del Estado en la economía persiguen aumentos de la tasa de ganancia respecto de los salarios.

 

 

La restricción externa

La Argentina afronta cíclicamente sus episodios de restricción externa. Cuando la economía crece, también lo hace la industria, que requiere de insumos importados y se expande la necesidad de divisas que demanda el aparato productivo. La exportación concentrada en el tradicional sector agropecuario, que goza de ventajas naturales, depende en precios y cantidades exportadas del mercado internacional. Si sus condiciones son las habituales, entonces el impacto de la expansión tendrá un límite. Hoy existe consenso de la necesidad de expandir las exportaciones industriales con el fin de alejar lo mayor posible la restricción externa. Pero respecto de cómo hacerlo las posiciones están enfrentadas.

Lo que no está en duda es que un mayor nivel de exportaciones depende de la competitividad de la economía y de un cambio en la estructura productiva que amplíe la canasta de bienes exportables. Respecto de la primera se abre una importante discusión distributiva. La pregunta es: ¿cómo se aumenta la competitividad?

La visión conservadora y resignada respecto de la estructura económica argentina entiende como la herramienta central de estímulo de las exportaciones, lo que habitualmente se llama competitividad espuria. La competitividad espuria radica en depreciar el tipo de cambio para bajar el salario en dólares y disminuir el costo empresario. Como se observó en la historia argentina, esas devaluaciones provocan inflación y el descenso de los ingresos en dólares se resuelve en una baja del salario real en pesos. O sea que el aumento de la competitividad de la economía se lograría bajando los salarios. Pablo Gerchunoff, un economista actualmente devenido en vocero refinado del establishment, se las ingenió para plantear un dilema de la economía argentina distinguiendo entre un tipo de cambio de equilibrio macroeconómico y otro de equilibrio social. Una forma elíptica de sostener que el nivel de vida culturalmente ganado por los asalariados argentinos era incompatible con la estabilidad macroeconómica. Su dilema le abre el camino para tratar de consensuar corporativamente un salario menor al socialmente requerido por los trabajadores, aunque buscándole la vuelta para que sea un poco más alto que el que se supondría de equilibrio macroeconómico.

Los empresarios argentinos frecuentemente se quejan de problemas de productividad del trabajo en la economía nacional. Sin mayores honduras, la productividad del trabajo resulta de la cantidad de unidades producidas por trabajador ocupado en un tiempo determinado para una planta productiva. El peor de los sentidos comunes que utiliza el empresariado local en su argumentación es que la productividad depende del esfuerzo de los trabajadores. Sin embargo, en los procesos productivos y, mucho más en los de alta complejidad de la contemporaneidad, la productividad depende de la dotación y modernidad de los equipos y máquinas con que la producción se lleva a cabo y de la potencialidad de la tecnología empleada. Estas cuestiones no son responsabilidad de los trabajadores sino de los empresarios. Depende de sus decisiones de inversión.

La gran pregunta es con cuál modelo económico-social se alcanza un progresivo, genuino y estable aumento de la productividad real de la economía. Aquélla que no facilita competitividad espuria, sino efectiva. Esa productividad es la que proviene de la Inversión.

 

 

La alternativa es entre bajar el salario y, por lo tanto, incrementar la tasa de ganancia, o aumentar el salario, ensanchando el tamaño del mercado interno y, así, con una menor tasa de ganancia, mantener un nivel de beneficios importante por la dimensión de la masa de ganancias. Es una elección de política fundamental, porque la respuesta a esta pregunta arroja claridad respecto a si la inversión empresarial se relaciona más con el nivel de demanda de la economía o con la tasa de beneficio.

 

 

Para el gran empresariado argentino esta reflexión adquiere una vuelta más de complejidad en la época de la financiarización. Las organizaciones empresariales han hecho ya su elección. Promueven salarios bajos, poca intervención estatal, flexibilización laboral, tipo de cambio alto y liberalismo económico. Sin embargo se observa que la tasa de inversión en los períodos en que ha regido este tipo de política ha sido más que modesta, la reprimarización de la economía intensa y el crecimiento del producto nulo o descendente, como ocurrió en el período de Macri.

El fenómeno que explica la relación entre el entusiasmo liberalizador y los magros resultados en diversificación productiva, crecimiento y competitividad debe encontrarse en la financiarización de ese empresariado. Sería inexplicable, si no, por qué la UIA en su último documento-powerpoint ha solicitado, en un momento más que inadecuado, la liberalización progresiva del mercado de cambios. El comportamiento del gran empresariado es la obtención de un volumen de ganancias relativamente importante en el corto plazo, para su dolarización, especulación financiera y el destino de buena parte de ellas a la fuga de capitales y constitución de activos externos. Los grandes empresarios no constituyen una burguesía nacional, con la perspectiva de mediano plazo puesta en construir un mercado interno poderoso. El tipo de cambio Gerchunoff les viene como anillo al dedo. Su presencia en la economía argentina está fuertemente atada al endeudamiento externo para la fuga.

 

 

La cuestión de la igualdad

Pero hay una cuestión adicional que radica en la contradicción de esa macroeconomía y proyecto de país con el objetivo central de esta etapa histórica para una Argentina desarrollada y autónoma. Es la cuestión de la igualdad. De la cual la distribución del ingreso es fundamental. Tanto la funcional (entre propietarios de medios de producción y asalariados) como la personal (entre los deciles pobres, medios y ricos de la población). Esta etapa histórica de nuestro país, que eligió un gobierno democrático, nacional y popular, no podrá ofrecer crecimiento –por lo menos hasta que la pandemia y sus efectos posteriores se retiren—, ni de la producción, ni de las exportaciones. ¿Qué puede resolver hoy, entonces, un gobierno de ese carácter? Más igualdad. Reducir la miseria. Reestructurar el diseño productivo. ¿Se trata simplemente de redistribuir ingresos y riqueza? No sólo. Eso mejorará algunas condiciones de vida, pero para otras hay que cambiar la matriz productiva. Esta ya no habrá de tener el perfil para atender el sobreconsumo de los sectores medios altos y altos, sino que deberá ser mucho más rica en bienes públicos (aquéllos cuyo uso es para todos: plazas, transporte público, infraestructura recreativa gratuita y/o accesible, acceso a la cultura, y en general todos los servicios que atienden al respeto de los derechos humanos).

Ese cambio de estructura productiva cambiará la demanda. Ya no habrá tantos bienes y servicios novedosos con insumos importados abundantes –como los automóviles  o equipos electrónicos de alta gama— para la demanda de los sectores de altos ingresos. En cambio habrá más bienes y servicios para los masivos sectores populares. La nueva estructura productiva impondrá una nueva distribución del ingreso. Y esa estructura productiva no será un efecto de la financiarización que desnacionaliza la vida nacional. Más bien será el resultado de decisión democrática del pueblo. Para lo cual se requerirá una gran inversión en ciencia y tecnología. Esta perspectiva nos remite al espíritu más vigente que nunca de Oscar Varsavsky, respecto a sus pensamientos en tecnología quien en su texto Estilos Tecnológicos reflexionaba: “Nuestro punto de partida es que a pesar de esa base innegable y a pesar de las cosas interesantes que cada año tiene para ofrecernos, ese ‘estilo tecnológico’ de los países dominantes tiene demasiado de mito. No es el único posible ni el más adecuado para construir una sociedad nueva y mejor. No puede ser rechazado en bloque pero menos aún aceptado en bloque, tanto en sus resultados como en sus métodos y modalidades. Tampoco alcanza con la actitud del comprador inteligente, que elige lo que le conviene: cuando empezamos planteando nuestros propios objetivos, encontramos que esa tecnología no tiene respuesta para muchísimos de los problemas prácticos que esos objetivos nos obligan a resolver, y debemos entonces adoptar una decidida actitud creativa y construir nuestro propio estilo tecnológico”.

Estas miradas sobre las cuestiones distributivas, de autonomía tecnológica y de perfil productivo no imaginan que un cambio estructural para la construcción de un modelo nacional y popular haya de provenir de un decisión burocrático-estatal sino que, como afirma Martín Abeles en el número extraordinario por el 40 aniversario de la revista FIDE, dependerá de “la existencia o no de un actor social capaz de orientar en esa dirección. En ese sentido, el problema no pasa por la conformación de una agenda estatal y un equipo de gobierno esclarecido en materia de desarrollo industrial y tecnológico, sino por la demanda de un cambio estructural proveniente de los actores sociales”. Frente a la resistencia a la intervención pública que se ha expresado por parte de los sectores defensores del viejo régimen prepandemia, se evidencia la necesidad de fortalecer una creciente organización política de las mayorías populares que necesitan y desean un cambio que las favorezca y para el cual el papel del Estado resulta fundamental, como ha quedado demostrado en las circunstancias del drama actual que vivimos.

26Jul/200

JUGAR CON FUEGO

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El sistema financiero chino se abre por completo debido a la presión de Estados Unidos

Hace pocos meses los chinos habían informado sus planes para introducir una “Moneda Digital” (El Cohete, 24.05.2020). Ahora dejan trascender el proyecto de crear bancos de inversión “del tamaño de portaaviones”. Hasta el momento el sector financiero chino está dominado por instituciones bancarias estatales. Tanto el People Bank of China (su banco central) como los bancos comerciales Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB), Agricultural Bank of China (ABC), y Bank of China (BOC), son estatales y dominan ampliamente la escena. ¿Cuál es la razón para desarrollar bancos de inversión y cuál la diferencia con los bancos comerciales?

 

 

La ley Glass-Steagal de Roosevelt

La separación entre bancos de inversión y bancos comerciales se produce en 1933 por la promulgación de la Ley Glass-Steagal, para evitar los excesos de especulación que llevaron a la crisis de 1929.

Desde 1922 los bancos norteamericanos invertían frenéticamente en el mercado de valores, contribuyendo a una exuberancia irracional en su valor, con crecientes apalancamientos de compras. Cuando el mercado de valores se derrumbó en octubre de 1929, los depositantes en tropel quisieron retirar sus fondos. También pidieron oro a cambio del dinero, casi agotando la Reserva Federal. En el pánico bancario que siguió al crack de la bolsa de Wall Street quebraron más de 4.000 bancos. No sólo quebraron los bancos insolventes que se habían apalancado en los ahorros de sus clientes comerciales sino también muchos prudentes bancos que no soportaron los súbitos retiros de depósitos.

En marzo de 1933, el nuevo Presidente Roosevelt declaró un feriado bancario de cuatro días para dictar la ley conocida como Glass-Steagal, que eliminó la convertibilidad del dólar en oro, prohibió a los bancos comerciales hacer operaciones riesgosas en el mercado de valores bursátiles, vedó a los bancos de inversión tener participación mayoritaria en los bancos comerciales, obligó a encontrar fuentes de fondos separadas de los depositantes comerciales, prohibió a los funcionarios bancarios pedir préstamos excesivos de su propio banco y dio plazo de un año para decidir si se convertirían en bancos de inversión o comerciales. La ley había creado un muro anti-incendio entre ambas bancas, con el propósito de defender los ahorros que los ciudadanos depositaban en los bancos comerciales, los que pasaron a tener una garantía estatal hasta cierto monto. Cuando los bancos reabrieron tras el largo feriado bancario, la corrida había cesado y a poco comenzaba la recuperación con el conjunto de medidas del New Deal. El capital financiero fue relegado y se mantendría debilitado y en un segundo plano por varias décadas.

A partir de Reagan se comienzan a relajar las medidas de regulación financiera y en 1999, bajo Clinton, se deroga formalmente la ya no respetada ley Glass-Steagal, produciendo una nueva y creciente exuberancia especulativa que tuvo su mayor expresión en 2008 con la crisis de las hipotecas basura o sub-prime.

Los bancos e instituciones “de inversión” se ocupan de las finanzas corporativas y los fondos líquidos de personas muy acaudaladas, clientes que no se contentan con las tasas de interés ofrecidas por los bancos comerciales y asumen mayores riesgos. Sus principales operaciones son suscripción de emisión de valores, fusiones y adquisiciones, negocios de futuros, fondos mutuos, fondos de cobertura (hedge funds) y similares. Las compras apalancadas y el abuso de los derivados financieros han reiterado, una y otra vez, las corridas especulativas que la ley de 1933 evitó por muchos años.

China ha tenido especulaciones financieras que derivaron en caídas importantes de sus bolsas a mediados de 2015 y modificaciones reglamentarias posteriores llevaron a un esquema de separación similar a la ley norteamericana de 1933. ¿Por qué ahora quieren modificar sus propias restricciones a la banca de inversión? ¿Cómo proponen llevar adelante esta etapa de financiarización del sector?

La principal razón es la letra chica de los acuerdos parciales (Etapa 1) acordados bajo la implacable presión de Estados Unidos, por la que se comprometen a abrir totalmente el mercado de capitales antes de fin de 2020. De estos acuerdos han trascendido en  la Argentina el compromiso de mayores compras de soja a Estados Unidos, pero hay otros que indican la magnitud de la presión de Estados Unidos y la debilidad relativa de China. La apertura financiera es una de ellas.

Para contrarrestar el ingreso de bancos de inversión internacionales los chinos están diseñando instrumentos que le permitan tener el lugar ocupado con “campeones nacionales” para cuando aquellos entren en escena. Una pista de los cambios se puede rastrear en la creación de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China (CBIRC) en 2018 o en la repetición en la prensa de la necesidad de estudiar los “bancos universales”, palabras en código para anticipar la movida por think tanks representantes de la fracción más pro-mercado dentro del PCCh.

Recientemente el semanario financiero chino Caixin Weekly informó que la CBIRC daría licencia a algunos bancos comerciales para realizar operaciones propias de la banca de inversión, para canalizar los excedentes de corporaciones y los nuevos ricos que el desarrollo vertiginoso de China ha creado en estos años. De acuerdo a la probada táctica china de ensayo y error, las autoridades están pensando en comenzar un plan piloto, como el que se lleva a cabo con la moneda digital.

Las aseguradoras y bancos chinos son de los más grandes del mundo pero sus instituciones para el manejo de bolsa son pequeñas a escala mundial. Las operaciones de Goldman Sachs igualan al conjunto de los más de 130 corredores chinos, según China Securities Journal.

Hasta ahora el banco candidato para la etapa piloto es el estatal ICBC, el banco comercial más grande del mundo. Hay dos empresas estatales (SOEs por sus siglas en inglés) que se anotan para banca de inversión: Citic Group (no confundir con el Citigroup americano) y Everbright Group.

Citic Group controla el Citic Bank, con un valor de mercado equivalente a U$D 31,2 miles de millones. La posible fusión con otros corredores llevaría el valor del grupo por sobre los U$D 82.000 millones.

La bolsa de Shanghai, la más importante del país y una de las principales del mundo, ha sido testigo del incremento del valor de las acciones de Citic y Everbright, en una anticipada especulación que formarían parte del “portaaviones” que ya descuenta el mercado de valores chino. La cotización total de las acciones chinas han subido recientemente a U$D 9,7 billones (trillions), casi el nivel máximo obtenido en junio de 2015 de U$D 10 billones (trillions). La bolsa de Shanghai exhibe cotizaciones muy elevadas a pesar del deterioro de sus bases fundamentales (“fundamentals”) por la pandemia. Al igual que en las bolsas de Estados Unidos por otras razones, son conductas alimentadas por actores que pueden llegar a desestabilizar el modelo de crecimiento sin crisis durante cuarenta años.

 

 

La industria financiera

¿Qué es la “industria financiera”, como gustan llamarla los norteamericanos? Es el nombre que le han puesto al capital financiero para embellecer su función, legalizándola como “creadora de valor” y pretendiendo contribuir con sus “innovaciones” al crecimiento del PBI. Los grandes salarios de los ejecutivos financieros, como las fabulosas ganancias del sector, por arriba de la tasa de ganancias del sector industrial en su conjunto, serían la representación “correcta” de las “extraordinarias” contribuciones del mismo al crecimiento nacional. Sin embargo la desviación de los excedentes hacia esquemas financieros en vez de inversión productiva ha coincidido con una reducción de la tasa de crecimiento respecto al período de posguerra. Keynes distinguió las esferas financieras e industriales de la economía de una manera similar a como podríamos actualmente separar la economía de activos de la economía real. La propuesta de Keynes de practicar la eutanasia del rentista no fue una idea de mera crítica frente a la crisis que éstos habían provocado en 1929 sino una denuncia de su carácter parasitario y dañino.

La inconvertibilidad del dólar en 1971 y el crecimiento del capital financiero fueron madurando las condiciones para la desregulación financiera que caracteriza al neoliberalismo. De ser ayuda del ciclo productivo el capital financiero ha pasado a ser su control. El capital financiero, como dinero que crea más dinero sin otra intervención que el tiempo, es mistificación y ocultamiento del proceso social de la generación de valor por los distintos tipos de trabajo en la esfera productiva.

Con el retorno de la hegemonía del capital financiero sobre el resto de las fracciones del capital en los años ’80 ese capital ficticio ha venido creciendo en forma alarmante. Se ha producido un florecimiento de nuevos instrumentos (derivados y otros) que en forma parasitaria extraen el excedente de explotación de otros sectores. El aumento de las ganancias financieras y su apropiación de la esfera real es paralelo al aumento de las representaciones de lo financiero sobre la economía real. En 1980 la liquidez internacional ascendía a casi el 70% de PBI Mundial , para empinarse hasta casi el 160 % en 2016 y ubicarse en el 140 % en 2019 (Michael Howell. Capital Wars. 2020). Una masa creciente de “capital ficticio”, grandes esquemas de Ponzi, que cada tanto son violentamente devaluados por crisis periódicas de realización.

Hay actividades financieras de inversión —por ejemplo la suscripción de emisión de valores— necesarias para canalizar los ahorros de empresas y particulares a nuevos emprendimientos reales o expansión de los actuales. Es el financiamiento de la actividad real, la producción de bienes y servicios. Mientras esa necesidad se cumple como una función para el desarrollo social y económico el costo de esas instituciones financieras justifica su existencia. Hasta ahora el sistema bancario chino ha canalizado ahorros hacia una elevada tasa de inversión, fruto de los elevados ahorros familiares y de las empresas.

 

 

 

Inversión/Producto Bruto Tasa Promedio 1980 – 2019

 

 

 

China está jugando con fuego al concebir voltear la muralla que dividía la banca comercial de la más especulativa y desestabilizante banca de inversión, aun de poca dimensión en ese país. Hasta ahora había logrado un recorrido de cuarenta años sin caída del nivel de actividad general, y fuera de la actual —producida por las necesarias cuarentenas para dominar el coronavirus— nunca tuvo una caída anual de su PBI. Inclusive puede que a pesar de la pandemia cierre el año en valores positivos, con alguna ayuda cosmética en el crecimiento oficial del 3,2 % de su PBI en el segundo trimestre de este año.

El cambio de política financiera será el resultado de la presión de Estados Unidos para que abra su economía al capital financiero internacional, del que son los principales exponentes junto a Gran Bretaña. Una de las principales diferencias entre el capitalismo de Estado chino y el capitalismo neoliberal es que el capital financiero está controlado por el Estado. El ingreso de las instituciones internacionales disminuye ese poder. Las alas dentro del gobierno chino (pro libre mercado e intervencionista) luchan por imponer qué tipo de control y con que instituciones podrán enfrentar a los pesos pesados occidentales entrando en la ciudadela de su poder financiero. En las reglamentaciones que aparezcan en los próximos meses quizá podamos imaginar el peso relativo de cada sector.

Si la apertura financiera china multiplica las actividades financieras al estilo de Occidente –donde el centro se corre del financiamiento de inversiones reales a esquemas de especulación financiera—, corre el peligro que el centro de las decisiones pase al capital financiero, aumentando la especulación de valores en desmedro de la inversión real en medios de producción, infraestructura, etc. El florecimiento de las nuevas instituciones, estatales o extranjeras, reduciría el desarrollo en beneficio de una fracción parasitaria. Los negocios del pináculo de la riqueza china —en un país muy desigual con ricos muy ricos aunque cada vez haya menos pobres– pasarían a ser más importantes que el Estado que los hizo nacer y crecer, y lo controlarían. Si las nuevas instituciones y las reglamentaciones no limitan en los hechos la participación de instrumentos de inversión internacionales el juego será doblemente riesgoso. Ese es el peligro que la fracción dirigente del PCCh parece querer evitar.

Las tres esferas que China trata de impulsar en esta etapa son el desarrollo tecnológico, el poderío de su defensa militar y el sendero de desarrollo de su economía, procurando evitar un conflicto armado con Estados Unidos o sus aliados. La pandemia ha trastocado sus planes y los del resto del mundo también. Al ser el primer país importante que la está superando se le abren oportunidades para desplegar sus fuerzas productivas antes que el resto y reparar los enormes costos incurridos. La introducción de la gran banca de inversión siembra dudas sobre el cumplimiento cabal de algunos senderos independientes de expansión.

Este es el escenario que se irá desarrollando en los años por venir, configurando el mundo que influirá sobre las posibilidades de muchos países, entre ellos la Argentina, para retomar senderos de expansión. Los dados están rodando.

26Jul/200

ATRACCIÓN FATAL

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Desde el remoto 1968, el programa del 1° de mayo interpela a la CGT de hoy

La AEA es una especie de club social de los empresarios más ricos y poderosos del país. No tiene un mecanismo que formalice representaciones como, por ejemplo, existe en la UIA. Sus opiniones son emanadas desde los que se auto-consideran el poder económico del país. En la semana transcurrida ese club del poder económico mantuvo una reunión con parte de los dirigentes de la CGT, en función de intercambiar ideas para un consenso social. Una de las coincidencias reconocidas como fruto de la reunión fue «la necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía”. En momentos en que el gobierno nacional se plantea el objetivo de una reforma tributaria en pos de establecer un sistema impositivo progresivo que reemplace el regresivo hoy vigente, los dirigentes sindicales y los grandes empresarios acuerdan en la necesidad de reducir el peso de la recaudación sobre el PBI. Este es un objetivo del neoliberalismo, un elemento central del discurso de la ortodoxia económica. Es un planteo, típico de la década de los ’90, que supone equivocada y aviesamente que la baja de impuestos estimula la inversión. Sin embargo, ensayos no faltaron para poner en práctica políticas de este carácter que nunca arrojaron resultados positivos. La reunión no concluyó, porque tampoco incluyó nada respecto del impuesto a las grandes fortunas. Una medida imprescindible que está en el umbral del parlamento y es resistida por los que más tienen.

En la supuesta conveniencia de semejante reunión, esta no hubiera sido para cincidir con Bulgheroni, Galperín, Paolo Rocca, Pérez Companc y Luis Pagani una falsa necesidad de reducir impuestos, sobre todo los que pesan sobre ese empresariado concentrado. Los mencionados participantes de la mesa por Zoom son parte de las diez familias más ricas de la Argentina. Tal vez la charla hubiera sido productiva si los sindicalistas participantes hubieran compelido públicamente a los multimillonarios a abonar ese impuesto. No fue ese el objetivo, sino no más bien un espíritu inverso.

Daer, Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Lingieri y Caló no se juntaron con las organizaciones de pymes, sufrientes por la pandemia y necesitadas del apoyo estatal. Lo hicieron con los grandes empresarios transnacionalizados, entre los cuales –según la reciente publicación de Forbes—, estaban los cinco multimillonarios más ricos de Argentina..

En ese desafortunado encuentro, en lugar de exigirles a los que han concentrado fortunas inmensas en los años de estancamiento de la Argentina que se avengan a contribuir con la grave situación que la pandemia provocó, les concedieron el marco para que reclamen por menos impuestos. Cuando se habla de reforma tributaria y más igualdad, esos dirigentes sindicales y aristócratas patronales piden pagar menos. Y los sindicalistas concurrentes escuchan y avalan.

Entre los cinco multimillonarios, junto a otros presentes en el cónclave digital, participaron varios de los que figuraban en los listados de fugadores de capitales publicados por Horacio Verbitsky  —con fuente en  la investigación sobre fuga de capitales del Banco Central—, incluyendo a algunos que lo hicieron personalmente y a otros que procedieron a través de sus empresas. Paradojas de la historia, toda la deuda que se renegocia ahora financió la fuga durante el período de Macri. Muchos de los asistentes fueron actores no menores de aquella. También habitan en el grupo quienes hoy son tenedores directos o indirectos de títulos de la deuda y ahora reclaman por un entendimiento para arreglar con los acreedores –de los cuales son parte— y claman evitar el default porque quieren cobrar y bien. El sindicalismo conservador ni siquiera observa un tono de exigencia para que los acreedores se avengan a la aceptación de una oferta del gobierno nacional, mucho más que razonable para los tenedores de bonos. Lo afirmado en el encuentro más bien pinta a una presión sobre el gobierno nacional para que arregle de cualquier manera.

En la peor circunstancia del despliegue de la peste, Héctor Daer se pronunció respecto a que no era momento para continuar con el parate económico. Un discurso inverso al que privilegia a la salud, con palabras expresadas en la semana en que los casos de coronavirus escalaron.

La otra generalidad planteada en la reunión se refirió a bregar por el aumento de la producción y las exportaciones, Ninguna referencia a cambios en la estructura productiva, a diversificación de su matriz. Pero tampoco a la recuperación salarial, mermada por las quitas producidas por las decisiones empresariales durante la pandemia, cuando tampoco se respetaron las leyes antidespido sancionadas por el gobierno nacional. Ni se habló de humanismo, ni de reducción de la desigualdad, ni de la urgencia de resolver la pobreza.

En cambio ocupó un lugar la conversación sobre «el rol de las empresas privadas y sus cadenas de valor en el desarrollo y la necesidad de emerger de la actual crisis». La evidencia, en cambio, muestra que el Estado fue el único actor que protagonizó las acciones necesarias para mitigar los daños producidos por el virus. Mientras los miembros del club AEA fueron perceptores de subsidios y actores de campañas contra el pago del impuesto a las fortunas. Precisamente Clarín es un conglomerado empresario hegemónico en la Asociación Empresaria Argentina y protagonizó un rol opositor durante la grave y excepcional situación que vivimos.

La historia del movimiento sindical y de los trabajadores argentinos tiene hitos de signo inverso al de los integrantes de la cúpula sindical que se reunieron con el vértice más poderoso de los capitalistas de la financiarización. Siendo los momentos históricos de orden distinto, cabe reseñar programas y momentos ejemplares que la historia nunca hunde definitivamente, sino que habitan en la cultura, en la memoria, con potencialidad de resurgir.

En 1957, el programa de La Falda del movimiento obrero promovía, entre otras prioridades:

  1. Control estatal del comercio exterior sobre las bases de la forma de un monopolio estatal.
  2. Liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exportación.
  3. Política de alto consumo interno; altos salarios, mayor producción para el país con sentido nacional.
  4. Desarrollo de la industria liviana adecuada a las necesidades del país.
  5. Incremento de una política económica tendiente a lograr la consolidación de la industria pesada, base de cualquier desarrollo futuro.
  6. Política energética nacional; para ello se hace indispensable la nacionalización de las fuentes naturales de energía y su explotación en función de las necesidades del desarrollo del país.

Para entender la orientación no se requiere la adhesión literal a la puntuación, pero la lectura es valiosa para una reelaboración capaz de conservar el sentido de lo postulado a pesar del cambio epocal. No es ese el sentido que habita en el señor Acuña.

El 1° de mayo de 1968, en su escrito programático, la CGT  de los Argentinos convocaba “a los empresarios nacionales para que abandonen la suicida política de sumisión a un sistema cuyas primeras víctimas resultan ellos mismos. Los monopolios no perdonan, los bancos extranjeros no perdonan, la entrega no admite exclusiones ni favores personales. Lealmente les decimos: fábrica por fábrica los hemos de combatir en defensa de nuestras conquistas avasalladas, pero con el mismo vigor apoyaremos cada empresa nacional enfrentada con una empresa extranjera. Ustedes eligen sus alianzas: que no tengan que llorar por ellas”. Aquí el sentido brota por todas partes. Un texto de valor actual, impecable “Ustedes eligen sus alianzas: que no tengan que llorar por ellas».

En 1986, en el programa de la CGT de 26 puntos, sobresalían la reivindicación de reformas aun no resueltas: “Colocar el sistema financiero al servicio del país mediante un Banco Central que actúe como orientador del crédito, privilegiando las actividades productivas, a través de una ley de entidades financieras de prioritario tratamiento por el Congreso de la Nación para poner coto a un sistema financiero dirigido aun por la ley 21526, de la dictadura, que desestabilizó a todo el sistema productivo a través de la especulación y concentración del crédito”.

Pero las referencias a un movimiento obrero de orden diferente no sólo late en la posibilidad histórica, sino que resuena en conductas, ideas y escritos actuales.

En el documento de la Juventud Trabajadora de la CTA se reivindica que “el Estado debe intervenir en la política económica como agente regulador, en defensa del interés colectivo, nacional… apoyamos la intervención de Vicentin e incentivamos al gobierno a profundizar la regulación sobre el mercado cerealero”. “Es imprescindible avanzar en una reforma tributaria que modifique el marcado signo regresivo del actual sistema. En esa línea, no puede demorarse más el tratamiento parlamentario del tributo a las grandes fortunas. A su vez, es saludable que el gobierno nacional esté evaluando la implementación de un ingreso ciudadano universal”.

También La Corriente Federal de los trabajadores plantea que “los Estados Nacionales constituyen la única posibilidad de respuesta organizada a la pandemia y la crisis, aún con años de sufrir ‘la deconstrucción’ de casi medio siglo de políticas neoliberales. Esta realidad viene a confirmar lo que ya sabíamos: la necesidad de importantes e impostergables reformas del propio Estado, de la matriz productiva, de los sistemas tributario y financiero, de los servicios públicos, de la seguridad social –salud y previsión–, sin olvidar la promoción de un nuevo paradigma empresario para que la economía esté al servicio del hombre”.

Sostener la situación de gravísima pandemia que vivimos hoy y organizar el futuro post pandemia exige tres grandes transformaciones de la vida nacional, que no pueden ser sólo de economía sino que obligatoriamente abrevan en la economía política:

  • Una vía de profunda y radical redistribución del ingreso y la riqueza, que reduzca la desigualdad, amplíe la demanda de los sectores populares y garantice la participación popular,
  • Un fuerte aumento de la inversión en ciencia y tecnología que apoye un perfil de desarrollo autónomo y garantice una progresiva ruptura de la dependencia en estos vitales insumos.
  • Pensar un sendero que no se reduzca a un cierre imposible de la brecha con el mundo central, sino que se aplique a una imagen-objetivo de país de carácter propio y autónomo, readaptar el estilo de consumo y la orientación productiva con fuertes tonos culturales que permitan la toma de distancia con las lógicas, vicios y degradaciones de la financiarización.

Estos presupuestos implican elecciones de las alianzas, tal como se lee en documento del 1° de mayo de 1968. En esa lectura el signo de las conversaciones de Daer, Acuña y Cía, resulta necesario advertir, conduce al llanto. El encuentro con la AEA es un lugar inconveniente para los dirigentes sindicales. La AEA es el club empresario que sucedió al CEA, donde Martínez de Hoz abrevó, a la vez que inculcó, el pregón neoliberal que se estableció por décadas, llevado a los hechos en los años de reconversiones regresivas sociales y económicas durante el terrorismo de Estado

Desde el remoto 1968, el programa del 1° de mayo interpela a la CGT de hoy

Estamos transcurriendo el peor momento de la pandemia. La cantidad de muertos, infectados y la ocupación de los establecimientos de salud están en pleno ascenso. Cuando el Covid-19 apareció en la Argentina hubo opiniones mayoritarias que defendieron las políticas públicas de cuarentena, enfrentando a quienes actuaban en defensa de la continuidad de sus ganancias y la reproducción permanente del sistema de financiarización en el país. Porque estos últimos combatían las disposiciones de aislamiento social. En esa instancia, cuando habían quedado al desnudo, y no sólo en el país, las desigualdades y la defección de los gobiernos neoliberales en la protección de la salud y otros derechos humanos fundamentales, el Presidente reivindicó la necesidad de construir un mundo mejor, con más igualdad, reducción del consumismo y atendiendo a los valores de la solidaridad. Primero la vida, fue la consigna con la que defendió con firmeza la reducción del nivel de producción con el fin de salvar vidas humanas. La Asociación Empresaria Argentina fue una de las voces que más rápido manifestó preocupaciones respecto de la supuesta necesidad de restauración de las condiciones que permitan la continuidad de la acumulación de ganancias.

La AEA es una especie de club social de los empresarios más ricos y poderosos del país. No tiene un mecanismo que formalice representaciones como, por ejemplo, existe en la UIA. Sus opiniones son emanadas desde los que se auto-consideran el poder económico del país. En la semana transcurrida ese club del poder económico mantuvo una reunión con parte de los dirigentes de la CGT, en función de intercambiar ideas para un consenso social. Una de las coincidencias reconocidas como fruto de la reunión fue «la necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía”. En momentos en que el gobierno nacional se plantea el objetivo de una reforma tributaria en pos de establecer un sistema impositivo progresivo que reemplace el regresivo hoy vigente, los dirigentes sindicales y los grandes empresarios acuerdan en la necesidad de reducir el peso de la recaudación sobre el PBI. Este es un objetivo del neoliberalismo, un elemento central del discurso de la ortodoxia económica. Es un planteo, típico de la década de los ’90, que supone equivocada y aviesamente que la baja de impuestos estimula la inversión. Sin embargo, ensayos no faltaron para poner en práctica políticas de este carácter que nunca arrojaron resultados positivos. La reunión no concluyó, porque tampoco incluyó nada respecto del impuesto a las grandes fortunas. Una medida imprescindible que está en el umbral del parlamento y es resistida por los que más tienen.

En la supuesta conveniencia de semejante reunión, esta no hubiera sido para cincidir con Bulgheroni, Galperín, Paolo Rocca, Pérez Companc y Luis Pagani una falsa necesidad de reducir impuestos, sobre todo los que pesan sobre ese empresariado concentrado. Los mencionados participantes de la mesa por Zoom son parte de las diez familias más ricas de la Argentina. Tal vez la charla hubiera sido productiva si los sindicalistas participantes hubieran compelido públicamente a los multimillonarios a abonar ese impuesto. No fue ese el objetivo, sino no más bien un espíritu inverso.

Daer, Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Lingieri y Caló no se juntaron con las organizaciones de pymes, sufrientes por la pandemia y necesitadas del apoyo estatal. Lo hicieron con los grandes empresarios transnacionalizados, entre los cuales –según la reciente publicación de Forbes—, estaban los cinco multimillonarios más ricos de Argentina..

En ese desafortunado encuentro, en lugar de exigirles a los que han concentrado fortunas inmensas en los años de estancamiento de la Argentina que se avengan a contribuir con la grave situación que la pandemia provocó, les concedieron el marco para que reclamen por menos impuestos. Cuando se habla de reforma tributaria y más igualdad, esos dirigentes sindicales y aristócratas patronales piden pagar menos. Y los sindicalistas concurrentes escuchan y avalan.

Entre los cinco multimillonarios, junto a otros presentes en el cónclave digital, participaron varios de los que figuraban en los listados de fugadores de capitales publicados por Horacio Verbitsky  —con fuente en  la investigación sobre fuga de capitales del Banco Central—, incluyendo a algunos que lo hicieron personalmente y a otros que procedieron a través de sus empresas. Paradojas de la historia, toda la deuda que se renegocia ahora financió la fuga durante el período de Macri. Muchos de los asistentes fueron actores no menores de aquella. También habitan en el grupo quienes hoy son tenedores directos o indirectos de títulos de la deuda y ahora reclaman por un entendimiento para arreglar con los acreedores –de los cuales son parte— y claman evitar el default porque quieren cobrar y bien. El sindicalismo conservador ni siquiera observa un tono de exigencia para que los acreedores se avengan a la aceptación de una oferta del gobierno nacional, mucho más que razonable para los tenedores de bonos. Lo afirmado en el encuentro más bien pinta a una presión sobre el gobierno nacional para que arregle de cualquier manera.

En la peor circunstancia del despliegue de la peste, Héctor Daer se pronunció respecto a que no era momento para continuar con el parate económico. Un discurso inverso al que privilegia a la salud, con palabras expresadas en la semana en que los casos de coronavirus escalaron.

La otra generalidad planteada en la reunión se refirió a bregar por el aumento de la producción y las exportaciones, Ninguna referencia a cambios en la estructura productiva, a diversificación de su matriz. Pero tampoco a la recuperación salarial, mermada por las quitas producidas por las decisiones empresariales durante la pandemia, cuando tampoco se respetaron las leyes antidespido sancionadas por el gobierno nacional. Ni se habló de humanismo, ni de reducción de la desigualdad, ni de la urgencia de resolver la pobreza.

En cambio ocupó un lugar la conversación sobre «el rol de las empresas privadas y sus cadenas de valor en el desarrollo y la necesidad de emerger de la actual crisis». La evidencia, en cambio, muestra que el Estado fue el único actor que protagonizó las acciones necesarias para mitigar los daños producidos por el virus. Mientras los miembros del club AEA fueron perceptores de subsidios y actores de campañas contra el pago del impuesto a las fortunas. Precisamente Clarín es un conglomerado empresario hegemónico en la Asociación Empresaria Argentina y protagonizó un rol opositor durante la grave y excepcional situación que vivimos.

La historia del movimiento sindical y de los trabajadores argentinos tiene hitos de signo inverso al de los integrantes de la cúpula sindical que se reunieron con el vértice más poderoso de los capitalistas de la financiarización. Siendo los momentos históricos de orden distinto, cabe reseñar programas y momentos ejemplares que la historia nunca hunde definitivamente, sino que habitan en la cultura, en la memoria, con potencialidad de resurgir.

En 1957, el programa de La Falda del movimiento obrero promovía, entre otras prioridades:

  1. Control estatal del comercio exterior sobre las bases de la forma de un monopolio estatal.
  2. Liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exportación.
  3. Política de alto consumo interno; altos salarios, mayor producción para el país con sentido nacional.
  4. Desarrollo de la industria liviana adecuada a las necesidades del país.
  5. Incremento de una política económica tendiente a lograr la consolidación de la industria pesada, base de cualquier desarrollo futuro.
  6. Política energética nacional; para ello se hace indispensable la nacionalización de las fuentes naturales de energía y su explotación en función de las necesidades del desarrollo del país.

Para entender la orientación no se requiere la adhesión literal a la puntuación, pero la lectura es valiosa para una reelaboración capaz de conservar el sentido de lo postulado a pesar del cambio epocal. No es ese el sentido que habita en el señor Acuña.

El 1° de mayo de 1968, en su escrito programático, la CGT  de los Argentinos convocaba “a los empresarios nacionales para que abandonen la suicida política de sumisión a un sistema cuyas primeras víctimas resultan ellos mismos. Los monopolios no perdonan, los bancos extranjeros no perdonan, la entrega no admite exclusiones ni favores personales. Lealmente les decimos: fábrica por fábrica los hemos de combatir en defensa de nuestras conquistas avasalladas, pero con el mismo vigor apoyaremos cada empresa nacional enfrentada con una empresa extranjera. Ustedes eligen sus alianzas: que no tengan que llorar por ellas”. Aquí el sentido brota por todas partes. Un texto de valor actual, impecable “Ustedes eligen sus alianzas: que no tengan que llorar por ellas».

En 1986, en el programa de la CGT de 26 puntos, sobresalían la reivindicación de reformas aun no resueltas: “Colocar el sistema financiero al servicio del país mediante un Banco Central que actúe como orientador del crédito, privilegiando las actividades productivas, a través de una ley de entidades financieras de prioritario tratamiento por el Congreso de la Nación para poner coto a un sistema financiero dirigido aun por la ley 21526, de la dictadura, que desestabilizó a todo el sistema productivo a través de la especulación y concentración del crédito”.

Pero las referencias a un movimiento obrero de orden diferente no sólo late en la posibilidad histórica, sino que resuena en conductas, ideas y escritos actuales.

En el documento de la Juventud Trabajadora de la CTA se reivindica que “el Estado debe intervenir en la política económica como agente regulador, en defensa del interés colectivo, nacional… apoyamos la intervención de Vicentin e incentivamos al gobierno a profundizar la regulación sobre el mercado cerealero”. “Es imprescindible avanzar en una reforma tributaria que modifique el marcado signo regresivo del actual sistema. En esa línea, no puede demorarse más el tratamiento parlamentario del tributo a las grandes fortunas. A su vez, es saludable que el gobierno nacional esté evaluando la implementación de un ingreso ciudadano universal”.

También La Corriente Federal de los trabajadores plantea que “los Estados Nacionales constituyen la única posibilidad de respuesta organizada a la pandemia y la crisis, aún con años de sufrir ‘la deconstrucción’ de casi medio siglo de políticas neoliberales. Esta realidad viene a confirmar lo que ya sabíamos: la necesidad de importantes e impostergables reformas del propio Estado, de la matriz productiva, de los sistemas tributario y financiero, de los servicios públicos, de la seguridad social –salud y previsión–, sin olvidar la promoción de un nuevo paradigma empresario para que la economía esté al servicio del hombre”.

Sostener la situación de gravísima pandemia que vivimos hoy y organizar el futuro post pandemia exige tres grandes transformaciones de la vida nacional, que no pueden ser sólo de economía sino que obligatoriamente abrevan en la economía política:

  • Una vía de profunda y radical redistribución del ingreso y la riqueza, que reduzca la desigualdad, amplíe la demanda de los sectores populares y garantice la participación popular,
  • Un fuerte aumento de la inversión en ciencia y tecnología que apoye un perfil de desarrollo autónomo y garantice una progresiva ruptura de la dependencia en estos vitales insumos.
  • Pensar un sendero que no se reduzca a un cierre imposible de la brecha con el mundo central, sino que se aplique a una imagen-objetivo de país de carácter propio y autónomo, readaptar el estilo de consumo y la orientación productiva con fuertes tonos culturales que permitan la toma de distancia con las lógicas, vicios y degradaciones de la financiarización.

Estos presupuestos implican elecciones de las alianzas, tal como se lee en documento del 1° de mayo de 1968. En esa lectura el signo de las conversaciones de Daer, Acuña y Cía, resulta necesario advertir, conduce al llanto. El encuentro con la AEA es un lugar inconveniente para los dirigentes sindicales. La AEA es el club empresario que sucedió al CEA, donde Martínez de Hoz abrevó, a la vez que inculcó, el pregón neoliberal que se estableció por décadas, llevado a los hechos en los años de reconversiones regresivas sociales y económicas durante el terrorismo de Estado

12Jul/200

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CRÍTICA DE LA CIENCIA ECONÓMICA

La polarización social y sus males asociados no resultaron de la pandemia sino del neoliberalismo

 

La amputación

En la Argentina se ha abierto un debate de Economía Política. Fue el nombre de una carrera universitaria de la UBA que la intervención de la dictadura autodenominada de la “Revolución Argentina” cercenó y reemplazó por el de “Economía”, cambiando sus contenidos. El régimen ilegal instaló a un grupo de profesores formados en universidades norteamericanas, quienes cumplieron el cometido de ese reemplazo, algunos de contacto frecuente con académicos ligados a Fraga Iribarne, un franquista que luego fue fundador de la Alianza Popular, posteriormente transformada  en el Partido Popular, integrado hoy a la Fundación Libertad que comanda Mario Vargas Llosa.

La pandemia exhibe de manera impúdica la polarización social, la pobreza, la vulnerabilidad de los sectores populares y el deterioro de los servicios de salud provocados por las políticas ortodoxas recomendadas por los exponentes de la “Ciencia Económica”, que expulsaron los enfoques de la economía política de las aulas y hegemonizaron por décadas la confección de programas con sus modelos de arbitrarias formulaciones axiomáticas, rebatidas insistentemente por la realidad.

El cambio de nombre no ha pretendido ocultar la pretensión de separar la economía de la política, sino que más bien pregona esa escisión. El núcleo de ideas que ha sostenido el andamiaje teórico de esa “Ciencia Económica” es la postulación de que la distribución del ingreso constituye un resultado endógeno de las condiciones de producción (una consecuencia cuasi-tecnológica) y no una cuestión exógena (externa) que resulta de la puja distributiva que atraviesa a las sociedades capitalistas como resultado no sólo de las condiciones de producción, sino de los paradigmas culturales, del entramado de organizaciones sociales, sindicales y políticas y de las ideas e imágenes-objetivo sobre el futuro nacional y de la humanidad toda, que dan sentido fundamental a la vida cotidiana de los pueblos.

Desde la “Ciencia Económica”, cuyos batalladores incansables repiquetean sus dogmas y lugares comunes por los medios de comunicación hegemónicos, se insiste en alertar respecto de la intensidad de la caída de la producción por la pandemia y de las políticas necesarias para lograr una rápida recuperación posterior. La ruta única para estos economistas pretendidamente objetivos, que no disimulan su mirada despectiva respecto de la política, a la que le asignan un papel negativo y de restricción para el bienestar económico, se trata de atraer inversiones. Para lograrlo se invoca la necesidad de generar un buen ambiente de negocios. La organización de los trabajadores y la movilización popular constituyen, para ellos, un problema porque traerían como consecuencia presiones salariales y aumento del gasto público, poniendo palos en la rueda para el fluir de la corriente inversora con la que sueñan. La falacia comienza por el principio, cuando ubican la urgencia en la recuperación de la caída del producto soportada por la invasión de la peste.

El enfoque desde la “Economía Política” sitúa en primer lugar a la distribución del ingreso, en vez de omitirla. La mirada crítica observa que la polarización social y sus males asociados no resultaron de la pandemia sino del neoliberalismo, corriente política sustentada en la alienación de política y economía. La crisis civilizatoria, que muchos cientistas ven que la pandemia ha precipitado, requiere la reversión de la falsedad del orden impuesto por los practicantes del dogma hegemónico de las últimas décadas. Primero hay que discutir la distribución del ingreso y la riqueza. Primero la justicia social. Primero la soberanía de la política. Esas son las bases sobre la que será posible construir entre todos un proyecto de desarrollo nacional. De no ser así, se subsidiará una recuperación basada en desigualdades más descarnadas que las que precedieron a la pandemia. Si no fuera de esa manera, la reactivación se habrá de sostener en la producción de los bienes que consumen los sectores de altos y medios ingresos, y la recuperación de la actividad insumirá un esfuerzo desmedido de divisas y la pobreza y la desigualdad seguirán su curso creciente.

No resulta para nada auspicioso que hoy haya un alto nivel de resistencia al impuesto a las grandes fortunas por parte del establishment, las asociaciones representativas del gran empresariado y el aparato comunicacional ligado a ellos. La oposición a un impuesto por única vez para financiar una parte de la política anticrisis revela hasta qué punto se promueve el continuismo de una sociedad insolidaria. Su intencional lectura respecto a una reforma tributaria que el Presidente lanzó con la fundamentación de introducir progresividad en el sistema, como si se tratara de cambios simplificadores de carácter administrativo, también merece similar calificación.

La teoría de la “Ciencia Económica” brinda un soporte sustancial al pregón de estos sectores y sus voceros. Su construcción basada en la separación de la política y la economía se asienta en remitir  la economía al ámbito de la sociedad civil. Hoy dicen sin tapujos que es “al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar las empresas en la Argentina” (AEA). O sea que el Estado no podría tener empresas. Es parte de la exclusión del Estado de la economía que ellos impulsan. Habría que agregar sus frecuentes advertencias con relación a la “sustentabilidad fiscal” o a mantener el gasto público bajo control. Y la reciente manifestación de “preocupación” por la intervención y proyecto de expropiación de Vicentin, holding empresario cuya mala conducta e ilegítimo y doloso desempeño ha causado ingentes daños sociales y grandes pérdidas al sistema financiero público. También esos sectores lanzan advertencias respecto a la inconveniencia de la presencia del Estado en el comercio exterior. Esta sustracción de atribuciones para la participación pública en la economía, que no se basa en sustento legal alguno, tributa a la apologética que edificaron con mucho despliegue académico y escasa validez científica Jevons, Menger, Böhm Bawerk, Walras, Pareto, Marshall, Friedman y Von Hayek.

 

 

Soberanía política, independencia económica y justicia social

¿Y la democracia? ¿Qué define la ciudadanía? ¿Qué debate el pueblo? Por de pronto, no la economía, reza la “Ciencia Económica”. Las decisiones sobre aquella corresponderían a los dueños de las grandes empresas por la cuáles hablan entre otros, Jaime Campos y Daniel Pelegrina. Una sociedad democrática es la que ensancha el espacio de participación popular. En esto radica la fuente y el respeto por los principios de la soberanía política. En cambio una sociedad presa del liberalismo económico no democratiza, sino que vacía la política y excluye al pueblo del manejo de la cuestión económica. Esta se resuelve en las relaciones de propiedad y queda marginada de la atribución ciudadana, y no de cualquier propiedad en abstracto, sino de la propiedad de los grandes conglomerados empresarios extranjeros y de la oligarquía diversificada local.

Para salir de la pandemia con una recuperación que signifique la instalación de un humanismo crítico, de una sociedad solidaria, resulta imprescindible que el inicio sea proponerse reducir la polarización social, frenar la concentración de la riqueza, mejorar la distribución de la riqueza. Primero, redistribuir el ingreso, para luego crecer sobre la base de esa distribución. Garantizar empleo y trabajo para todos. A cada distribución del ingreso corresponde una estructura de la demanda. Cada estructura satisface distintas conformaciones de la canasta de consumos. Por ejemplo, el despliegue de un vasto y extenso plan de construcción de viviendas –como propone el CESO—, tiene por detrás un determinado perfil distributivo, igualmente el crecimiento de la agricultura familiar. Acudir a resolver masivos problemas de prevención y atención sanitaria es parte de un determinado estilo de shock distributivo. A partir de esos presupuestos habría un patrón, y por qué no –pese al rechazo que la convención ortodoxa tiene por el mismo—, un plan de crecimiento. Para evaluar la justicia de las políticas que se adopten, no alcanzará con medir el crecimiento del producto y la tasa de inversión. Ni será suficiente con establecer la proporción de la población en situación de pobreza. Será necesario completar esos indicadores con la preocupación por el índice de Gini, con la relación entre los ingresos y la riqueza del decil más rico respecto del más pobre del pueblo, con el conocimiento de la tasa de mortalidad infantil y de la esperanza de vida. Más otras mediciones que nos informen sobre progresividad fiscal, adecuada nutrición, acceso a la educación, a la cultura, a la salud, al esparcimiento adecuado, a la vivienda. Las medidas de justicia social y desarrollo requieren ser extendidas a los ámbitos regionales, en función de la integración nacional y auténtico desarrollo del federalismo.

La reivindicación democrática de justicia social, de promoción de la igualdad, de construcción de las condiciones concretas para el ejercicio de la libertad, requieren de la intensidad de la decisión popular en la economía y en la producción. Con un Estado presente que controle, dirija y administre la economía. Que incluya su propiedad de empresas en sectores estratégicos, como inteligente y correctamente lo disponía la Constitución Nacional de 1949 derogada por la ilegal dictadura autodenominada “Revolución Libertadora”. Es impensable el desarrollo de la Nación sin bancos públicos nacionales, provinciales y municipales con una fuerte presencia. Ese desarrollo tampoco sería posible sin la intervención y participación del Estado en el comercio exterior y sin los cambios estructurales que favorezcan el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y de los actores de la economía popular. Empezar por otorgar “estímulos” a la inversión market friendly conduciría a la catástrofe, hay mucha historia para fundar esta afirmación.

Pero siendo lo primero, no sólo la estructura distributiva debe preceder a la sola y parcial preocupación por la recuperación y crecimiento del PBI. El diseño del Patrón productivo debe resultar de la voluntad general  y no de las señales mercantiles dominadas por el capital concentrado. La necesidad de una diversificación productiva es una de las condiciones básicas, y también apunta al logro de otro fin democrático irrenunciable: la independencia económica. La especialización y dependencia exportadora y productiva de la Argentina debe ser modificada. La historia del régimen de sociedad de mercado –un proyecto que gobernó la mayoría de los años de las últimas décadas— acentuó esas características, sin lograr crecimiento alguno. No será la lógica del librecambio, sino la de un Estado democrático —intenso en participación popular— como actor decisivo, la que construya una transformación que conduzca a un crecimiento que se articule con la meta de la igualdad.

En El largo camino a la crisis. Centro, periferia y transformaciones de la economía mundial (ed. Cara y Ceca y CCC F.Gorini, 2011), un análisis sobre la situación de América Latina efectuado cuando en un nutrido grupo de países ejercían el poder gobiernos populares que luego sufrieron la embestida del golpismo institucional y el lawfare, Enrique Arceo subraya la importancia del despliegue de un proceso de industrialización por parte de esas experiencias, concluyendo que “la orientación primaria privilegia la relación con los centros consumidores y debilita la articulación entre las economías de la región”. Este señalamiento resulta clave para promover la Unidad Latinoamericana y, en función de la cual, la imprescindible reestructuración económica debe tener una definida dirección del Estado, no sólo con estímulos sino con leyes e instituciones. Arceo continúa diciendo que la profundización de la “industrialización permitiría incrementar la división regional del trabajo y desarrollar complementariedades en un marco que probablemente tendrá con el Este de Asia coincidencias en cuanto al papel central del sector público, pero que presentará profundas diferencias en lo político y social en virtud de que la presencia y participación activa de los sectores populares constituye, en la región, una condición indispensable para el quiebre de la resistencia del bloque de clase actualmente dominante”.

En estos rumbos habrá, también, que superar las herencias de los dogmas económicos introducidos a la fuerza en los claustros de nuestras universidades por profesores educados por el mainstream, dogmas que hoy son repetidos a conveniencia por dirigentes empresariales, economistas mediáticos y comunicadores con lecturas rápidas.

 

28Jun/200

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LA ÚLTIMA VEZ

La redistribución debe ser previa al crecimiento, para definir el perfil productivo

 

Objetivos

Cuando comenzaron las negociaciones para la reestructuración de la deuda con los acreedores privados el Presidente Alberto Fernández estableció tres objetivos clave:

  • No someterse a la elaboración de un plan económico que implicase políticas de ajuste.
  • Que sea un plan sustentable, en el marco de lo planteado en el punto anterior, lo que significa no realizar un arreglo que lleve a futuras refinanciaciones por ser incumplible, y que no altere un sendero de desarrollo de la economía nacional.
  • Dejar las bases construidas para que se cierren los ciclos de endeudamiento de la economía argentina.

Este tercer objetivo merece una detenida reflexión, pues supone un cambio de época. Los ciclos de endeudamiento han sido el rasgo característico de la época del neoliberalismo. Deuda y fuga. En ritmo vertiginoso y catastrófico, los gobiernos que promovieron la apertura financiera, las políticas de consolidación y ajuste fiscal y la libertad de mercado como funcionamiento predominante de la actividad económica, provocaron el estancamiento, la regresividad distributiva y el endeudamiento. Mientras que aquéllos que asumieron con la vocación de disminuir la desigualdad y construir una Argentina con producción diversificada, tuvieron que lidiar con los compromisos externos contraídos por el bloque concentrado y financiarizado.

El giro del debate que pretenden hacer los economistas ortodoxos, los cuales respaldaron las políticas de liberalización y desintervención estatal, persigue enmascarar el verdadero problema que tiene el actual gobierno nacional y popular. Maniobran la discusión respecto al origen del endeudamiento, a su total improductividad, y sin ninguna contrapartida en términos de algún activo que lo justifique. Esta deuda es un pasivo sin existencia de ninguna obra, bienestar popular o ampliación del aparato productivo. ¿Dónde están las divisas que se deben? Se fugaron. Sin embargo, el enmascaramiento desplaza el debate sobre lo ocurrido:  si el gobierno negocia bien o mal la reestructuración del endeudamiento que dejó el neoliberalismo de Cambiemos. Para ellos el arreglo resulta un tema excluyente, y lo argumentan sobre la base de recomponer el acceso a los mercados internacionales de crédito. ¿Para qué? Para volver a endeudarse y vivir otro ciclo de apertura y fuga. Por eso desesperan en rogar al gobierno que no sea firme frente a los acreedores, y postulan que lo único conveniente es acceder a sus demandas.

 

 

El Estado

Las preocupaciones del Frente de Todos pasan por otros meridianos: cómo reconstruir una política de crecimiento autónomo, desarrollo, construcción de igualdad. Este proyecto requiere de la intervención del Estado, que ponga fin a la autorregulación mercantil.

La etapa histórica es diferente, pero hay una discusión necesaria en términos del proyecto que hizo posible varias fases de industrialización del país: la sustitución de importaciones. No para su reiteración, sino para pensar desde esa experiencia concreta la construcción de un proyecto económico social hacia el futuro.

María da Conceicao Tavares en su valioso texto De la sustitución de importaciones al capitalismo financiero, describe que durante la primera etapa de la sustitución de importaciones, la expansión de la economía residía en tres frentes: una mayor utilización de la capacidad instalada productiva, la producción de mercancías relativamente independientes del sector externo y la puesta en funcionamiento de empresas que producían bienes que previamente se importaban.

La dinámica descripta puede seguir hasta el límite del aprovechamiento máximo de los recursos internos. Ese aprovechamiento está condicionado a la existencia de divisas que sostengan la importación de bienes intermedios y maquinarias que participan en la producción de los bienes que sustituyeron a otros que antes se importaban. Dice Tavares que “la pauta de importaciones tiende a perder toda su flexibilidad, antes que el proceso de desarrollo haya adquirido suficiente autonomía por el lado de la diversificación de la estructura productiva» y advierte que «el proceso podría seguir mediante una selección rigurosa de divisas”. La autora hace una lectura crítica del proyecto de desarrollo por sustitución de importaciones de carácter piramidal, que comienza sustituyendo los bienes de consumo para avanzar “aguas arriba” hasta la producción de bienes de capital. La restricción externa sobrevendría previa e inevitablemente. Para Tavares la continuidad de una política de sustitución requiere de una posibilidad de previsión y decisión autónomas que sólo le son posibles al Estado, a algunos empresarios innovadores, o a la asociación de ambos. Pero advierte que en el caso de las inversiones de base, estas deben producirse —para evitar la restricción externa— con cierta simultaneidad con las distintas etapas de sustitución, y que las mismas requieren de decisiones gubernamentales, ya sea que el Estado las emprenda en forma directa, ya sea que las delegue en el sector privado.

Estas reflexiones de la intelectual brasileña llevan a desechar la idea de la inversión privada sin direccionamiento estatal como posibilidad de desarrollo, y más aún, del posible rol de los movimientos de capital financiero de corto plazo para financiarla. Privada, pública o mixta, las mismas surgen de la dirección del Estado del proceso económico.

En el régimen de sustitución de importaciones no sólo resulta necesario el impulso de la demanda mediante una mejora en la distribución del ingreso, ni tampoco alcanza  combinarla con una dinámica de crecimiento, sino que requiere de la dirección estatal que modifica los tiempos y los escalones del proceso productivo. Esa intervención no sólo requiere ser hecha en función de dilatar los problemas de falta de divisas, ni tampoco solamente para impulsar las industrias más complejas productoras de bienes de capital, sino también para garantizar una distribución del ingreso que resuelva un significativo cierre de la brecha de desigualdad, lo que provoca una producción de bienes de orden diferente a la de una sociedad con el ingreso concentrado. La redistribución debe ser previa al crecimiento porque si no el perfil productivo queda definido con carácter desajustado si la primera se efectúa con posterioridad. Los bienes que se producen para una distribución no son los mismos que para otra, ni cualitativa, ni cuantitativamente.

Al revés de como dicen los liberales para justificar las políticas de austeridad, no se trata de agrandar la torta para después distribuirla, sino lo contrario: distribuir mejor la tortita chica, para garantizar el crecimiento. Después habrá una torta más grande. Usando el lenguaje de la gente de a pie, como en estas épocas se acostumbra decir, para evitar el uso del concepto de pueblo, sancionado como anacrónico por los creyentes en el fin de la historia. La prioridad de la obsesión por el crecimiento, como variable fundamental del estudio de la economía, no se corresponde con la tradición clásica. Decía el economista más eminente de los fundadores de la disciplina, David Ricardo, que “determinar las leyes que regulan esta distribución (de rentas, beneficios y salarios) es el problema principal de la economía política”.

Los clásicos no omitían la real discusión que ocupa a la sociedad respecto de la economía: la disputa del ingreso. El modelo de crecimiento depende de quién tenga la hegemonía de poder para elegir uno u otro tipo de desenvolvimiento económico. En épocas de la financiarización, la valorización financiera es la forma mediante la cual, con la apertura financiera, el capital especulativo promueve las liberalizaciones para garantizar un vertiginoso ida y vuelta de fondos que extraen rentas con consecuencias de estancamiento económico y redistribución regresiva de ingresos y riquezas.

 

 

Final del juego

El valor del objetivo de establecer las condiciones que cierren el camino a nuevos ciclos de endeudamiento es el instituir las bases de una legalidad que evite que la Argentina vuelva a sufrir las políticas ortodoxas de fuga-deuda-cinturón fiscal. Esa institucionalidad tiene como insumo indispensable las otras dos condiciones que Fernández destacó. También depende de reconstruir una política de desarrollo. Esa política implica la recuperación de estrategias de sustitución de importaciones, engarzadas con otros dispositivos, en los cuales el papel estatal es más relevante.

Cuarenta años después del texto de Tavares, las condiciones de un proyecto nacional, popular y democrático de desarrollo no devienen sólo de su crítica, que planteaba la necesidad de la autonomía de la inversión en la industria de base respecto de la demanda sobre la misma, que implica la decisión estatal de organizarla. El desarrollo tecnológico, que se da en el contexto de una gran disparidad entre el centro y la periferia, acentuó las condiciones de dependencia de las naciones del segundo carácter. Dependencia es otra palabra que intentó ser archivada en el anticuario cuando hoy adquiere una vigencia dramática. Su determinación  mutó desde la posesión, por parte de los países centrales, de la industria de base —que ocupaba ese lugar hace unas décadas— al dominio de la tecnología por esas naciones desarrolladas. La deslocalización productiva primarizó y maquilizó la industria de los países subdesarrollados. El capital privado concentrado no resuelve esta situación en esos países periféricos. Su perspectiva es la reproducción de las especializaciones que sostienen la condición dependiente. Sus empresas articulan, en cadenas globales, las producciones nacionales en los eslabones más atrasados tecnológicamente. A su vez, se engarzan en la valorización financiera y las maniobras de precios de transferencia y fuga de capitales.

Más que ayer, hoy la condición del desarrollo tecnológico propio requiere de un complejo científico-tecnológico estatal con un presupuesto y un programa que se plantee la transformación productiva. Ese objetivo requiere de una participación decisiva del Estado en la decisión de lo que se va a producir en el futuro. El desarrollo con estas características no deviene como resultado de la autorregulación del mercado.

La apertura indiscriminada es incompatible con estos objetivos de independencia. Los dólares resultarán indispensables para emprender ese cometido de autonomía nacional. Una nueva gestión como la de Macri rifaría en cuatro años el esfuerzo que se podría emprender en veinte.

De allí la necesidad de una reforma institucional de fondo en los textos legales que evite que se produzca lo que ocurrió entre 2015 y 2019. Cambio en el régimen financiero, modificación en la legislación de inversiones extranjeras, régimen cambiario y de movimiento de capitales regulado, intervención del Estado en el comercio exterior, reforma tributaria. La pandemia ha revelado la injusticia neoliberal y tiene la conducción efectiva del gobierno de la grave coyuntura, abriendo la posibilidad para una organización adecuada de las transformaciones imprescindibles para hacer realidad la postulación más drástica de Fernández para salir del default en que dejó el gobierno UCR-PRO al país: que la presente reestructuración ponga fin a los ciclos de endeudamiento de la Argentina contemporánea.

21Jun/200

El limite

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Los grandes empresarios prefieren ganar menos si eso significa la corrosión del gobierno democrático

 

El estado de confianza

Una pregunta que se hace frecuentemente la Vicepresidenta Cristina Fernández es por qué durante sus años de gobierno los empresarios embestían contra su política si ganaban mucho dinero por aquéllas épocas. Frente a la dramática pandemia, el Presidente Alberto Fernández les dice hoy a esos grandes empresarios que es el momento de ganar menos que en épocas de normalidad. También se encontró con su rechazo, mediante procederes que confrontan con su política.

Durante los últimos doce años de gobierno nacional y popular, esos empresarios comenzaron a oponerse a las políticas de gobierno. Fue un período donde el empleo había aumentado considerablemente, cayendo la tasa de desocupación de niveles superiores al 20% a otros menores al 7. Ese éxito de la política económica había conducido a una mejora en la distribución del ingreso, producto de un crecimiento salarial, del fortalecimiento sindical y de las condiciones de negociación que brinda una economía con altos niveles de ocupación. Durante ese período del kirchnerismo en el gobierno, el crecimiento de la actividad económica y del empleo tuvo uno de sus pilares en el aumento del gasto público.

El economista Michal Kalecki sostiene en Aspectos políticos del pleno empleo que las razones de la oposición de los “líderes industriales” al pleno empleo obtenido mediante el gasto gubernamental pueden subdividirse en tres categorías:

  1. la resistencia a la interferencia gubernamental en el problema del empleo como tal;
  2. la resistencia a la dirección del gasto gubernamental (inversión pública y subsidio al consumo), y
  3. resistencia a los cambios sociales y políticos resultantes del mantenimiento del pleno empleo.

Son los motivos por las que grandes empresarios miran desconfiadamente y resisten la intervención estatal en la economía. Kalecki dice que las empresas «observan con suspicacia toda ampliación de la actividad estatal, pero la creación de empleo mediante el gasto gubernamental tiene un aspecto especial que hace particularmente intensa la oposición. Bajo un sistema de laissez faire, el nivel del empleo depende en gran medida del llamado estado de la confianza. Si tal estado se deteriora, la inversión privada declina, lo que se traduce en una baja de la producción y el empleo (directamente y a través del efecto secundario de la reducción del ingreso sobre el consumo y la inversión). Esto da a los capitalistas un poderoso control indirecto sobre la política gubernamental; todo lo que pueda sacudir el estado de la confianza debe evitarse cuidadosamente, porque causaría una crisis económica. Pero en cuanto el gobierno aprenda el truco de aumentar el empleo mediante sus propias compras, este poderoso instrumento de control perderá su eficacia. Por lo tanto, los déficits presupuestarios necesarios para realizar la intervención gubernamental deben considerarse peligrosos.

La función social de la doctrina del “financiamiento sano” es hacer el nivel del empleo dependiente del estado de la confianza. Esta ajustada reflexión del intelectual polaco atiende las preguntas y vivencias de Cristina y Alberto Fernández. La intervención estatal le quita el control del poder gubernamental al empresariado concentrado, es por eso que se oponen a ella. El apoyo del poder económico concentrado a las políticas de disciplinamiento fiscal tiene el mismo objetivo: amputarle una herramienta de poder político a los gobiernos electos por el pueblo. Así, el combate al déficit fiscal, responsabilizándolo de la inflación, persigue el objetivo de sustraerle al gobierno su capacidad de generar empleo y crecimiento. Kalecki avanza aún más en esta línea de razonamiento, asignándole a la resistencia empresaria más intensidad cuando el dinero gastado por el Estado se dirige a la inversión pública o al subsidio del consumo masivo. Respecto de la primera, observa que los dueños del mercado perciben “el peligro de que el gobierno se vea tentado eventualmente… a nacionalizar el transporte o los servicios públicos para ganar una esfera nueva donde realizar su inversión”.

 

 

De presiones y corporaciones

“La intervención y proyecto de expropiación de Vicentin SAIC por parte del Gobierno Nacional es una señal contraria a la necesidad de recrear la confianza en la Argentina. La confianza es imprescindible para promover la inversión privada, sin la que no será posible reactivar la economía y generar empleos formales”, declama el Foro de Convergencia Empresarial. Taxativamente, aparece la idea del estado de confianza, típica del liberalismo y su peor versión neo, como razón de su oposición a la estatización del grupo empresario. No importan las irregularidades en el marco de las cuales se endeudó con la banca pública, ni la venta de acciones de una de sus principales compañías hecha unos días antes de declarar su cesación de pagos, ni la sospecha de triangulaciones, fuga de capitales y lavado por las que la UIF pidió su inclusión como querellante en la investigación penal que la empresa mereció. Ni tampoco la situación de los productores y proveedores que quedaron sin cobrar, ni el perjuicio al Banco Nación, ni la necesaria explicación sobre la irrazonable reversión de una situación de expansión y prosperidad a otra de insolvencia. Lo que le quita el sueño al empresariado concentrado es que el Estado intervenga en la economía.

Otro agrupamiento de los conglomerados más poderosos del país se refiere en términos aún más graves y detallados. La AEA sostiene que “la estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina”. Más claro, echarle agua. Abogan porque el Estado prescinda de cualquier actividad empresaria, con una mención específica al comercio exterior, el ámbito de la economía de donde provienen y se gastan las divisas que son el insumo clave para el desenvolvimiento del proceso económico. Se confirma la apreciación de Kalecki, los grandes empresarios prefieren ganar menos si eso significa la corrosión del poder político de los gobiernos democráticos. Así es, el liberalismo económico y su versión neo y extrema no aceptan la potestad del poder popular para disciplinar y organizar la vida económica. Por el contrario, mediante la prédica del estado de confianza invierten los papeles y se proponen disciplinar a la sociedad y al mismo Estado.

Esos grupos empresarios tienen sus intelectuales orgánicos, que comulgan con sus ideas y acompañan sus modos de presionar. El editorialista estrella del diario liberal-conservador La Nación ha emprendido un ataque al gobierno que se vale de la tergiversación conceptual e incluye la inadecuación intencional del lenguaje: cuando recurre al término confiscación sustituye al de expropiación como si fueran sinónimos, siendo que la Constitución argentina no admite la primera y sí la segunda. En un artículo posterior, avanza en cuestionar y amalgamar en una sola crítica tanto las decisiones sobre Vicentin, como el no avenimiento a las exigencias de los acreedores externos y la amenaza de Latam de dejar de operar en Argentina. El orador de Odisea argentina afirma que “en rigor, es una expulsión. Latam sufre la crisis universal de todas las compañías aéreas, lo que la obligó a reestructurar su esquema salarial en los países donde opera. Pudo hacerlo en Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Pero no en la Argentina, por negativa de los sindicatos, que son los de Aerolíneas Argentinas”. El juego del lenguaje le sirve para distorsionar hechos, califica como razonables una serie de países que han desplegado políticas neoliberales, mientras apunta que la existencia de sindicatos fuertes que impiden el retrocesos sobre los derechos laborales de sus afiliados es la razón para que las empresas abandonen el país, mientras a esa decisión empresaria de irse por no aceptar el régimen laboral argentino, la convierte en expulsión.

En la misma nota critica la actitud del ministro Guzmán de limitar las concesiones a los acreedores. Para los neoliberales, empresarios o intelectuales, la solución al tema del endeudamiento parece ser el avenimiento a las condiciones impuestas por grandes fondos del capital financiero especulativo internacional. No entienden lo que es una negociación. El maestro Aldo Ferrer tenía la vocación de reiterar que cuando un país se dispone a negociar su deuda con voluntad y firmeza, debe bregar por alcanzar un acuerdo pero siempre existe la alternativa de no alcanzarlo, porque si no existiera la opción de no acordar la negociación dejaría de ser tal para convertirse en subordinación. Así ocurrió cuando el vergonzoso acuerdo con los Buitres. La esencia de una negociación está en la posibilidad de considerar como inaceptables determinadas condiciones que se le quieren imponer al país.

 

 

¿Quién dirige?

También en el mismo diario, el consultor-editorialista Berensztein opina en una nota escrita en un tono agresivo de campaña antigubernamental que “no tiene asidero que la expropiación de Vicentin permita mejorar la regulación de la industria, evitar los supuestos excesos de otros jugadores o ayudar a los pequeños productores: se trata de una incongruente manera de intervenir en el sector más competitivo del país como lo es la cadena agroindustrial. Esta decisión podría disparar nuevos mecanismos dirigistas y autoritarios para controlar el mercado de alimentos”. Justamente la expropiación de Vicentin tiene asidero porque permitiría la intervención regulatoria sobre la exportación de granos, con un rol de empresa testigo y la capacidad de defender a los productores. Una empresa pública en el sector podría recuperar la transparencia y combatir prácticas de precios de transferencia, triangulaciones y de desestabilización de la política cambiaria del gobierno. El objetivo central de la misma no sería la rentabilidad privada, sino la utilidad pública con dinámicas que protejan a los productores, al consumo popular, y con una política expansiva dirigida a ocupar un espacio en el sector que garantice la posibilidad el cumplimiento de sus metas. La empresa podría ser estatal o mixta, incluyendo cooperativas y productores, a condición de que su forma societaria garantice la centralidad de los objetivos reguladores y no la obtención de ganancias. Ese sector exportador requiere de la presencia de una empresa de esas características.

Es absolutamente cierto que una participación más activa del Estado en la vida económica implicará el sostenimiento de un nivel importante del gasto público. Una política de este tipo se condice con alcanzar un régimen permanente de pleno empleo. El estado de confianza y la política de pleno empleo son antagónicos. El primero requiere de un predominio del capital sobre el trabajo, que tiene como instrumento clave un nivel de desocupación que atemorice y desestimule la disputa sindical. El proyecto político que pregona el neoliberalismo, de una economía de exclusividad privada, tiene el objetivo de expulsar la vida económica de la decisión democrática. Esta es la razón fundamental del pronunciamiento corporativo de los grupos económicos contra la estatización de Vicentin. La cuestión tiene una centralidad política fundamental. El poder económico concentrado resiste la intervención del Estado en la economía porque pretende impedir el despliegue de un programa de gobierno que modifique las condiciones de vida y las relaciones entre sectores sociales en el país. Los neoliberales y el poder concentrado convirtieron la disputa por la cuestión Vicentin en un caso líder. Desafían al artículo 17 de la Constitución Nacional. No están dispuestos a aceptar ninguna expropiación. Naturalizan la herencia de la valorización financiera y las privatizaciones.

La inconstitucional pretensión de ilegalizar de hecho las expropiaciones es impositiva de la idea de derecho de propiedad sin límite. Arrogarse la exclusividad de dirección, el control y la conducción de las empresas, no es otra cosa que darle al actual diseño de país el carácter de estado de naturaleza sin posibilidad de cambio alguno. Predomina en ellos la obsesión de que la salida de la pandemia no altere las condiciones de reproducción del capitalismo de la financiarización, generador de desigualdad, que desplegaron la dictadura, los ’90 y el gobierno de Macri.

La condición humana requiere el reconocimiento del otro, que significa poner en primer lugar la vida. La propia y la del otro. Ese reconocimiento implica un límite. El derecho de propiedad no puede ir contra la vida misma. El derecho de propiedad, entonces, tiene un límite. El reclamo por abrir la actividad económica en plena pandemia para garantizar ganancias es desconocer el derecho a la vida de los semejantes. El derecho de propiedad tampoco puede preceder al ejercicio de autonomía y de autogobierno de un pueblo. El derecho de propiedad, si no es limitado, si no se construye socialmente, si se lo concibe previo a la organización social, es un autoritarismo de clase. En cambio la expropiación por utilidad pública constituye una garantía para proteger el bien común. La dirección de la economía por parte del gobierno es democratización de la vida social.

Si la Argentina puede encarar un proyecto de pleno empleo de carácter estructural, de sustancial mejora de la distribución del ingreso y de abandono de un consumismo desenfrenado, desarrollando nuevas instituciones sociales y políticas, podrá incorporar una reforma fundamental. Si en cambio persiste una dinámica de financiarización, concentración y extranjerización de la economía, la pobreza social, económica, cultural y espiritual reinará sobre la vida del país. Esta contradicción se juega en el presente, porque la oligarquía diversificada y el capital financiero radicalizaron su conducta para impedir que el Frente de Todos gobierne con la política para la que fue votado.