Comisión de Economía

La macro y la micro

Por Enrique M. Martínez *
Página/12 habilitó un debate importante para caracterizar la producción agroindustrial argentina, a partir de una iniciativa de Mempo Giardinelli. Al momento, el intercambio ha derivado en una confrontación de miradas de Aldo Ferrer y Gustavo Grobocopatel, que me permitiría ultrasintetizar de la siguiente manera:
- El gran empresario sojero reclama la libre disponibilidad de toda la renta generada por nuestra pampa, sosteniendo que de tal modo se invertiría en industrializar las materias primas hoy exportadas, compitiendo con gigantes brasileños y saliendo a conquistar el mundo con productos y servicios argentinos, buscando así ser uno de los mejores 30 países del mundo en los próximos 20 años.
- El maestro de economistas, a su turno, señala que la combinación de un tipo de cambio alto para la industria y un tipo de cambio menor para el agro es un reconocimiento imprescindible de las diferencias de productividad sectoriales. Compara el desempeño de la economía brasileña con la argentina desde 2002 y de allí deduce elementos que ratifican su visión de que el esquema macro argentino es hoy superior al brasileño, de tipo de cambio bajo y uniforme.
Hay varios matices adicionales, pero tal vez en lo expresado esté el grueso de la diferencia en tiempo presente. Me permito intervenir porque el objetivo último de la política o la economía es mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.
Si Ferrer sostiene lo correcto en términos macroeconómicos –y creo que es así–, la política de tipos de cambio diferenciales es parte importante del mejor camino para alcanzar buenos números globales de crecimiento. Sin embargo, si la discusión se centra sólo en ese aspecto, se podría concluir que la situación actual es la deseada. Y no es así.
La concentración de la producción, incentivada por la sojización y que a su vez realimenta la tendencia al monocultivo; el comercio exterior primarizado y controlado por corporaciones transnacionales; los productores pequeños y los pueblos pequeños cada vez más fuera de la discusión económica y del interés político; la de-
satención de los efectos ambientales asociados al modelo productivo dominante, son todos aspectos negativos del escenario actual que no se resuelven con las retenciones y que, por el contrario, se han profundizado durante su vigencia, aunque no por su causa.
El sueño de Grobocopatel de emular las plantas procesadoras brasileñas de un millón de pollos por día no es confrontado por Ferrer y, sin embargo, en esa visión está sintetizado lo que, a mi juicio, sería un drama para la Argentina. Ni la industria avícola, ni la industria lechera, ni la faena de bovinos o cerdos, ni siquiera la molinería de trigo o la producción de aceite tienen economías de escala que justifiquen postular que su éxito depende de alcanzar capacidades de producción monumentales. Nada justifica que la leche argentina se produzca y procese en cuatro o cinco provincias y los pollos en menos aún, salvo el poder económico de los actores principales, que han absorbido o desplazado a sus competidores, en base al funcionamiento de mercados desregulados de años.
Ni la agricultura sin agricultores –frase tan cara a Grobocopatel– ni la concentración de la industria agroalimentaria están otorgando a los argentinos, vivan donde vivan, la calidad de vida que merecen.
Sea porque un misionero come innecesariamente un pollo criado y faenado a 1000 kilómetros de distancia o porque los hijos del dueño de un campo, dado en arriendo para sembrar soja quince años seguidos, tendrán luego un campo con la mitad de la fertilidad actual, es mucho lo que se debe hacer en el campo argentino, además de reconocer que el tipo de cambio diferencial es necesario.
Por esa razón me alarma que Ferrer concentre su mirada en la inversión y ponga en el mismo nivel de ejemplo virtuoso a Invap y a Los Grobo, como modelos de emprendimientos necesarios y exitosos. Una sociedad donde la calidad de vida comunitaria sea la prioridad necesita empresarios argentinos exitosos e importantes. Pero la existencia de éstos no determina por sí sola que esa calidad se alcance. Por el contrario, es necesario contar con un marco regulatorio sustancial, lo que va más allá de las reglas de juego sobre la distribución de la renta.
Ese marco también debe incluir, en este caso, un uso racional del suelo agrícola, que considere la fertilidad como bien público; la necesidad de que quien tome tierra en arriendo para producción tenga sus raíces en la zona que ha de trabajar; la promoción de las industrias que procesen materias primas locales; el ordenamiento medioambiental.
Sólo el conjunto de decisiones y no una parte de ellas puede construir un escenario definitivamente superador. En todo caso, no es posible limitarse a discutir las retenciones porque, reitero, ya que Ferrer tiene razón en este aspecto, debieran quedar como están, con algunos criterios de flexibilización para productores más pequeños. En tal caso, el monocultivo, la concentración espacial y económica seguirán pendientes como problema.
* Presidente del INTI.

ENTREVISTA A GRACIELA ROSSO, MEDICA E INTENDENTA DE LUJAN

Peregrinación tecnológica a Luján
La relación entre la ciencia y su aplicación a la sociedad es un tema que vuelve una y otra vez. Aquí habla sobre el tema Graciela Rosso, intendenta de Luján y ex viceministra de Salud de la Nación.
Leonardo Moledo
–Usted es médica sanitarista, de larga trayectoria en la gestión, referente en políticas públicas de salud, actualmente intendenta municipal de Luján. Antes fue viceministra de Salud de la Nación y diputada. Mañana va a disertar en la Cámara de Diputados, en el encuentro “Ciencia, Tecnología y Desarrollo Local”. ¿Qué rol tienen los municipios en torno de la ciencia y la técnica?
–Uno de los rasgos distintivos del modelo de gestión del municipio de Luján es el de plasmar en el nivel local el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Creamos una Dirección de Ciencia y Técnica en el municipio, que trabaja en la vinculación con los distintos organismos nacionales y provinciales, con un enfoque productivo. Buscamos que el conocimiento generado supere el marco de las universidades, organismos e institutos de investigación para integrarlo a los procesos productivos en el territorio. Y no se trata sólo de que los municipios se apropien de ese conocimiento y lo orienten para ponerlo al servicio de las necesidades de la gente, sino también de que participen en la definición de las agendas de prioridades y en la utilización concreta de ese conocimiento. Pienso en la gestión local como bisagra entre el desarrollo y el conocimiento y la innovación. La ciencia tiene que servir para mejorar las capacidades de las comunidades. Y los municipios tienen que organizar los recursos que a veces están dispersos y que desde un ministerio nacional es muy difícil de hacer. Los municipios tienen que aportar esa planificación. El mayor desafío consiste en plasmar una decisión de gobierno, idear en un instrumento de política pública y que llegue a la ciudadanía.
–¿Cómo caracterizaría a Luján?
–Luján es una población caracterizada por su alto nivel educativo, es una zona con una larga tradición industrial. La Universidad Nacional de Luján fue la primera en los años ’70 en incubar conocimiento en ingeniería en alimentos, que luego se utilizó en la industria lechera. Por otra parte, Luján es la ciudad más visitada del país. Nos visitan ocho millones de personas por año, entre turismo interno y externo. En ese sentido estamos encarando proyectos para innovar en torno del turismo y la cultura. Y estamos desarrollando dos polos tecnológicos, uno de software, con cuatro empresas, y otro tecnoalimentario, con diez empresas, ubicados en un mismo predio. En esto estamos trabajando con el sector privado.
–Usted habla de una agenda, ¿cuáles son los temas ausentes que propone?
–Alimentos, salud y un cambio de paradigma. Tenemos que mejorar la calidad de lo que comemos. La seguridad alimentaria y el derecho a los alimentos es crucial y hacia ello tiene que apuntar el financiamiento público de la ciencia y la tecnología. Para agregarle valor tanto nutricional como económico y exportar mejor. Vincular el conocimiento científico con las urgencias de los sectores más postergados es un deber del Estado. Lo que pasa es que hablar de nanotecnología da lustre, hablar de Chagas no da prestigio. Los argentinos somos grandes importadores de conceptos, y en la ciencia, como en otras cosas, vamos detrás de lo novedoso. Uno de nuestros problemas es la dificultad en definir prioridades. La inversión en ciencia queda trunca si no llega a la innovación productiva concreta. Tenemos que cambiar el paradigma actual de la ciencia aislada de lo productivo. Todavía está pendiente el análisis en profundidad acerca de qué y a quién se financia, aunque hay corporaciones que esto no lo quieren discutir. El conocimiento tiene que ir del laboratorio al parque industrial y no del tubo de ensayo a un estante en la biblioteca.
–Hablemos del paradigma…
–Estamos acostumbrados a un esquema centralizado de generación del conocimiento. El conocimiento es un paquete que viene de los centros de altos estudios ubicados en las grandes urbes. Esto es algo que en la Argentina hay que revertir. Tenemos que ver la forma de territorializar la ciencia, en ese sentido es muy bueno el trabajo que se hace desde el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Es absurdo que muchos municipios que tienen universidades en sus territorios estén al margen de lo que se hace en los centros de investigación. El motor debería ser cómo logramos que la gigantesca inversión que se viene haciendo en ciencia y tecnología llegue a la solución de problemas concretos. Hay que invertir en capacitación, en organización y gestión del sistema. Son tres patas: decisión política, inversión económica y gestión. Sin gestión es muy difícil llegar a buen puerto.
–¿Qué pueden hacer los municipios con las universidades?
–Me desvela que el conocimiento salga de las universidades y centros de investigación y llegue a la gente y a la producción. Es en los territorios donde se concreta la cadena entre el conocimiento y la producción, generando valor agregado y empleo calificado. Tenemos que hacer que trabajen con los municipios en crear polos de investigación y desarrollo para pasar luego a la escala productiva. El objetivo es apostar a una industrialización en la que el Estado sea activo. Es difícil que las empresas privadas por sí solas desarrollen productos que no reditúen ganancia económica. Es por eso que el Estado tiene que estar al frente de estas líneas.
–Lo mismo pasa con los medicamentos.
–Exacto, con las enfermedades huérfanas que no interesan a los laboratorios, porque no tienen un mercado rentable, tenemos mucho que resolver. Creo fervientemente en la producción pública de medicamentos. Hace unos años armamos una red nacional que está haciendo un buen trabajo. El Gobierno ha venido apoyando y dando poder a los productores públicos, por ejemplo el Laboratorio de Biológicos de La Plata, que depende del Ministerio de Salud de la provincia, para producir vacunas, sueros que abastecen a vastos sectores de la población, y el Instituto Malbrán también fue clave frente a la gripe A. Tal vez necesitamos tener una política más planificada, necesitamos buscar inversores y alianzas estratégicas con países como Brasil y Cuba, para aprovechar al máximo la gran capacidad en recursos humanos especializados que tenemos en el país.
–Los problemas de la gente golpean las puertas del municipio de manera directa, ¿no?
–Sin dudas, en Luján se produce el 30 por ciento de los tejidos planos de la Argentina, sábanas por ejemplo, pero hay algunas industrias muy contaminantes, como el teñido y las curtiembres; el problema que padecemos es el cromo, y Luján es el primer municipio que junto a los vecinos reclama ante la provincia para que se cumplan las leyes ambientales vigentes. Hasta en eso somos innovadores, tenemos responsabilidad sobre la salud de la población.
Informe: Ignacio Jawtuschenko.
leonardomoledo.blogspot.com

El año 2010

Por Horacio González *
El actual gobierno aspira, como se sabe, a otro mandato surgido de las urnas. Si lo logra, en el año 2015 se habrá cumplido un ciclo histórico extenso. A falta de mejor nombre, se lo conocerá como el ciclo “kirchnerista”, aunque los historiadores podrán ensayar denominaciones más desapegadas del idioma con que se expresa el fragor político. Pero me detengo ahora en un problema que considero importante. Lo llamaré el problema de la autorreflexión sobre el merecimiento. Aguardar favorablemente otro período constitucional del mismo signo político que los dos anteriores (muchos lo esperan, otros quedan demudados ante esa no inverosímil posibilidad: variados pronósticos ya están circulando) no puede ser un pensamiento simple. Quien lo postule debe acceder a una revisión de su propia conciencia cívica respecto de merecimientos, calidades y proyectos. Es evidente que el ciclo entero que así se cumpliría reclamará exigencias mayores en términos de reflexión histórica; no podría ser producto de un mero continuismo ni el resultado de una operación electoral afortunada.
Admitamos que una continuidad, como dije, “del mismo signo”, es un episodio de dimensiones enormes y desafiantes. No puede ser mera continuidad sino disposición a encarar temas, estilos y designaciones nuevas para el conjunto de los actos necesarios para abrir una etapa nueva. En primer lugar, debe estabilizarse nuevamente el juicio sobre el pasado. La disputa sobre Papel Prensa ilustra lo que queremos decir. Proponerlo como de “interés público” lo hace un tema semejante al de la discusión sobre los tributos fiscales sobre la renta agropecuaria, las condiciones de la explotación minera y la cuestión de los medios de comunicación. Pero tiene la propiedad de ser una tribuna de enjuiciamiento sobre el inmediato pasado, que nunca parece cicatrizar. En efecto, en los años ’70 convivían varios despliegues antagónicos de “acumulación” económica y política. Sin embargo, vuelve la discusión sobre esos años –discusión que es la misma y es otra–, porque no habrá sociedad argentina si no se realiza la cura real del pasado.
No es fácil pensar otra época en nuestro país donde existiese un banquero como Graiver, joven, aventurero, definido por un estilo de riesgo que sin duda debía fundarse en una mirada muy descarnada sobre el origen de las fortunas (aunque esto sea la esencia recóndita de todo poder financiero). Tal como en el origen real del capitalismo: “con lodo y sangre en sus poros”. Parecía ser indistinto si la acumulación capitalista provenía del corazón oscuro del régimen o de las operaciones expropiatorias revolucionarias. Estas, si eran presentadas en nombre de la creación de poderes alternativos, también podían verse como réplica rebelde del origen real de las estructuras dominantes, que en su pasado remoto solían guardar la memoria difusa de un audaz golpe de mano.
En esos años de profunda ilegalidad, el poder revolucionario tomaba no pocos elementos del orden económico reinante, así como los militares, en su sueño demencial también fundado en la ilegalidad y en el uso del Estado al mismo tiempo, tomaron elementos del proceder insurgente. No eran moralmente iguales estos dos poderes, como lo demuestra el hecho de que uno de ellos generalizó una matanza en las tinieblas del Estado, tornándolo a éste clandestino. Como ahora viene a demostrarse, de las tantas encrucijadas existentes, Graiver representaba una de ellas, porque podía ser el banquero de todos, mostrando la ilegalidad profunda de la época. Los militares de aquel tiempo de tinieblas juzgaron que la relación entre Montoneros, la banca Graiver y las nuevas hipótesis de “acumulación primitiva” de un renovado capitalismo financiero debía resolverse por la coacción, por el cerrojo de miedo que imponían sobre la sociedad y fraguando la alucinada imagen de las desapariciones como “secreto que todos sabían”.
El secreto del Estado clandestino lo sabía el Estado visible, y el secreto de la sociedad de torturadores lo sabía la sociedad real en las entrelíneas de su facultad de sospechar. Eran conocimientos subterráneos, metáforas ocultas de cualquier conversación trivial. Con esos ingredientes coactivos que permitían caminar por la calle pero que mantenían sus partículas atemorizantes en el interior del habla real, se ejercía la gran trama expropiatoria. Era la confiscación general de bienes en todos los planos de actividad –empresas y personas–, cuya metodología en la mayoría de los casos reposaba en la ley de fuga, en los vuelos de la muerte o en los campos de concentración en cuarteles, comisarías o destartalados predios del Estado. Y en otros, de la prisión anterior o posterior a los hechos, como coreografía de la cesión de bienes y contratos de traspaso de propiedades.
El caso Graiver, como siempre se sospechó y siempre se dijo en sordina, es parte de la cifra entera de la historia nacional contemporánea. Excede y refuta lo que los escuetos tribunos de la oposición, los editorialistas de los diarios involucrados y el propio fiscal Strassera dicen ver en este episodio: un caso de impostura gubernamental, una malversación de los derechos humanos al lanzarlos hacia una nueva torsión confiscatoria, una arbitraria conversión en ilegales de hechos que mostraban su prístina legalidad. Agregan una consabida letanía: control de medios, atentado a la libertad de expresión, inseguridad jurídica. ¿Acaso no era una familia vinculada a las finanzas vendiendo sus propiedades por un comprensible traspié económico? No, era mucho menos y mucho más que eso. Mucho menos: el Estado al que como financista Graiver quería aliarse aunque con otro estilo de acumulación venía en 1976 a cobrar sus libras de carne. Mucho más: el poder militar-empresarial-comunicacional quería construir otro Estado sobre la ruina de pactos anteriores, un nuevo orden estatal y financiero exorcizando con sangre al grupo Montoneros, que también era mucho más que una organización armada, pues interpelaba al conjunto de los estamentos productivos, religiosos y militares de la nación.
Por lo tanto, los actos reales del actual gobierno exceden cualquier astucia que pudiera haber en torno de la invocación de los temas de derechos humanos para finalidades no intrínsecas a ellos. Son actos de historiografía aplicada. Son una entrada efectiva al reino de la libertad de expresión, que es la que indaga el interior de los lenguajes sociales sin pretender encontrarlos prefabricados. Por supuesto, ahora pudiera haberse preferido silenciar este tema específico de la empresa de papel, porque incluso la sociedad argentina estaba preparada para ello. Nadie lo reclamaba, luego de largos años donde la Justicia avanzó no poco y de manera muchas veces excepcional. ¿Para qué más? Pero ya no se trata tanto de la justicia sino de la historia, cuyo conocimiento profundo es finalmente la forma superior de la justicia. No en todos los casos, pero sí en casos extremos como éste, una familia es una forma equivalente al drama histórico en su conjunto. Por eso se escinden en escribanías y por medio de papeleríos tribunalicios.
Como los Labdácidas de Sófocles, los Graiver son una estructura familiar que fue acosada por el Estado, que perteneció a la conciencia implícita de una época turbada y llega a este momento actual en busca de su verdad, como tantas otras familias, habiendo atravesado estos años con distintas readaptaciones y diversos grados de aceptación de los nombres políticos más sombríos que diera la política nacional. El Estado, si busca reconstruirse como parte de la sociedad y de la memoria pública (que no necesariamente sanciona pero busca instituir sus verdades), debe dar el paso fundamental del esclarecimiento de la historia. Alemania, en los años ’80, aún discutía las responsabilidades y conceptos profundos que habían llevado al nazismo.
Ocurre lo mismo entre nosotros, con las diferencias que quieran establecerse, principalmente una: la conducción central del régimen militar argentino instaló la maquinaria de terror pero la combinó con un discurso público de restauración del orden hablado con palabras solicitadas del diccionario de la república y las libertades. A muchos grupos empresarios y a muchos argentinos con responsabilidades culturales y sociales se les hizo fácil aceptar este acertijo insensato, primero, porque conocían esas palabras tranquilizadoras y, segundo, porque los ayudaban a no mirar demasiado hacia una realidad de pesadilla, de la que podían sacar partido sin tanta mala conciencia, pues se vivía un régimen doble y entrelazado. En un segmento se mantenía la ley, y en otro, débiles tabiques amortiguaban la voz del torturado, aunque la situación incluía que algunos gritos se filtraran para decir sin decir. ¿Qué sugerían? Que las leyes del tráfico económico y la identidad de las personas eran nominales. No eran leyes ni identidades, eran la traducción normativa de aquellos gritos provenientes de la mazmorra.
Ahora está ante la Justicia y el Parlamento este núcleo trágico de la historia nacional. Pero principalmente está frente a la conciencia pública. Entonces: por parte del gobierno que desató el nudo de esta discusión, aspirar a completar ante la consideración popular y constitucional cuatro años más de mandato, supone acrecentadas responsabilidades en cuanto a este tema y a tantos más. Es preciso asumirlas y darles el contenido de ideas que amplíen la frontera del compromiso genuino con los grandes cambios.
El Frente que se propone debe obtener más especificaciones conceptuales: se dice “trabajadores, clase media, empresarios”. Deben refinarse estos conceptos e incluso personalizarse, mencionar cómo las instituciones de cada sector se cortan o se constituyen. Deben insinuarse valoraciones de tales instituciones y de su historia, y debe mencionarse la región cultural habitada por distintas corrientes intelectuales y morales, que deben también especificarse. Deben darse respuestas más comprensivas y originales a las discusiones en ciernes, poniéndose en discusión pública los grandes esquemas bajo los cuales se realiza hoy la minería, tanto como se discutió y sigue discutiendo la naturaleza y distribución de la renta agraria. El equilibrio de transferencias remunerativas entre el capital y el trabajo, desde luego, no debe ser una categoría de equilibrio suficiente sino el paso necesario hacia un nuevo dinamismo social, que lleve directamente a discutir el reino de las tecnologías y la ciencia, su responsabilidad en la creación de riqueza y conocimiento al margen de corporaciones y tecnocracias. La idea tradicional de “cultura del trabajo” debe dar paso a la potenciación de todas las formas nuevas y modalidades emancipadas del trabajo: material, simbólico, manual e intelectual.
Un gobierno con una realidad de minoría o empate parlamentario no debe ser minoritario en el acto de tomar las fuerzas de la historia en sus manos. Estas son las fuerzas de la libertad colectiva, de la pedagogía de masas y del esclarecimiento de su propio pensamiento, en términos de renunciar al uso de la coacción estatal, de dejar que reinen las pulsiones del argumento persuasivo, dirigido en especial a quienes lo atacan o consideran que no posee legitimidad para hablar de historia, memoria y derechos humanos. Pero en estos casos hablan los actos. Es cierto que en cuerda simultánea debe hablar el habla, deben hablar las palabras. Muchas ya se han dicho. Lo que quiero decir es que hay un tramo exigente que aún deberá recorrerse. El de mostrar, en un gran ejercicio de reflexión y autocrítica, que el período advenidero, elecciones mediante, deberá ser fruto del merecimiento, esto es, de mayores autoexigencias y compromisos crecientemente sutiles. Por un lado, merece quién interpreta mejor el pasado y lo transborda a otras dimensiones en las que juzga situaciones ya vividas, cancela los atavismos y renueva la esperanza. Por otro lado, merecer es algo a ser creado, es el único sector de la vida en que en el momento de la cosecha no actúa el pasado ni somos fruto de meros legados.
Sociólogo, director de la Biblioteca Nacional.

Por Mempo Giardinelli
Estimado Gustavo,
También agradezco el afecto contenido en tu carta, que celebro hayas hecho pública. Me parece que ambos intentamos no tener razón, sino claridad para ayudar a otros a entender un aspecto del presente. Eso exige un debate público, no privado. Así nos lo han pedido varios amigos.
Ante todo, quiero precisar nuevamente el argumento medular de mi carta anterior: que no es suficiente pensar una “estrategia de desarrollo con una visión de largo plazo” a cualquier precio. No cuestioné tu rol empresario ni tu visión de la economía mundial. Lo que cuestioné y me preocupa, y quiero discutirlo, es el daño –para mí palpable y enorme– que produce el abuso de agroquímicos vinculados con la soja. Expuse lo visible: una geografía degradada a partir de plantaciones a fuerza de glifosatos y otros venenos. Y enumeré los “daños colaterales” –despoblación, indigencia, contaminación–, los cuales son negados o minimizados sistemáticamente por productores, empresarios y corporaciones del sector.
Ese y no otro fue mi cuestionamiento, expresado antes desde mi ignorancia que desde mis prejuicios. Y eso porque no los tengo ni respondo a dogmatismo alguno. Apenas tengo curiosidad y ojos y corazón para ver. Por lo tanto, no cuestiono tus intereses ni los de nadie que trabaja y gana dinero. Saludo el éxito bien habido, la fortuna transparente y sobre todo el empeño de los emprendedores. Mi padre fue uno de ellos, seco pero decente y tenaz.
Con tu permiso, entonces, voy a discutir algunas de tus afirmaciones.
1) Decís que “Falta un Estado de calidad” y proponés “un ordenamiento territorial, con organismos de control, con justicia”.
Digo yo: ¿No es justamente eso lo que intenta el Estado ahora, al proponer un Plan Agropecuario Nacional a 10 años, y una ley de arrendamiento que incluye un principio de ordenamiento territorial? ¿Es razonable oponerse sólo porque son propuestas K? Ignoro tu posición al respecto, pero la del llamado “campo” me parece muy contradictoria. Con el debate por la “125” pasó lo mismo, y ahora muchos se dan cuenta de que les salió el tiro por la culata. Por lo tanto, yo prefiero decir que los problemas deberían ser resueltos con un ordenamiento legal muy estricto en materia de soja transgénica y de agroquímicos. Y explico por qué.
Hacia el final de tu carta decís que “gracias a la siembra directa no estamos desertificando más, el glifosato es el menos malo de los herbicidas y no pasa a las napas porque se destruye al tocar el suelo”.
Pero esto no es así, porque son muchos los millones de hectáreas que se deforestaron para sembrar soja y tienen destino de desierto ya que las rotaciones son difíciles. Y cuando deforestan para ampliar el área sembrada inevitablemente desertifican, al generar “cambio climático” (ciclos de sequías e inundaciones, como padecemos en el Chaco).
En cuanto al glifosato, no es inocuo. Según autorizados genetistas y científicos que he consultado (entre ellos un reputado investigador en Medio Ambiente y Salud del Hospital Italiano de Rosario, que hace veinte años trabaja en esto) el problema son los agregados, empezando por los detergentes para penetrar la tierra, que acompañan siempre la mezcla y que son disruptores orgánicos poderosos, como el viejo DDT. Además, como las malezas se vuelven cada vez más resistentes, le agregan otros agroquímicos –endosulfan, clorpirifo o el 24D–, la mayoría de los cuales están prohibidos en los países serios. En Francia e Inglaterra el cultivo extensivo de soja transgénica está penado por la ley. Y en otras sociedades desarrolladas no se permite bajo ningún motivo el uso de agroquímicos.
Entonces no es posible presumir inocencia para el glifosato, producto del que además en la Argentina se abusa, como se abusa de la soja transgénica, que tiene agregado un gen que la hace resistente al glifosato, que es el herbicida que mata todo, excepto a ella. Y la verdad es que nadie sabe cómo actúa este gen en un organismo vegetal, animal o humano. Y cuando esto sucede, en ciencia se aplica lo que se llama un “principio de precaución” hasta que se sepa qué pasa con las otras especies que interactúan con este gen. La FDA (EE.UU.) lo está experimentando en animales, pero no en humanos. De ahí que muchos tenemos la fuerte sospecha de que millones de argentinos indirectamente somos quizás conejitos de Indias.
2) Vos decís: “Sin soja este proceso se hubiera acelerado” y que la degradación data en el Chaco “de mucho tiempo atrás, antes de la soja”.
Es cierto, todos los problemas son anteriores, pero eso no autoriza a dar la bienvenida a la soja a cualquier precio. Es lo que propuse discutir. No para tener razón, repito. Sí para saber y que sepamos todos. Porque si no va a resultar que la soja no es culpable de nada. Y eso no es verdad.
También afirmás que “la agricultura sin campesinos es parte de un nuevo paradigma vinculado con trasformaciones en la sociedad”, viene “desde la década del ‘40, no está asociado a una ideología y no afecta sólo al campo; también hay muchas industrias con menos obreros”.
A mí en cambio me parece que las ideologías siempre juegan un papel y con los intereses mueven al mundo. Y los paradigmas son cambiantes y no siempre se erigen en favor del bienestar de los pueblos. La transformación de los últimos 40 a 60 años es producto de la tecnología, los costos de la mano de obra, las luchas sociales por la redistribución de las ganancias y varios etcéteras. No acuerdo con que la pérdida de mano de obra campesina no es tal porque pasa a los sectores de servicios.
Pero además, esa idea del nuevo paradigma agricultor me parece cuestionable si, casi inexorablemnete, deja sin trabajo a la gente y destruye familias, tradiciones culturales, apegos a formas de trabajar. No propongo que volvamos al arado de manceras, pero la modernidad desalmada tampoco. Y menos cuando hay minorías demasiado minoritarias que se enriquecen tanto mientras las mayorías cada vez más mayoritarias se empobrecen hasta niveles de indigencia.
Es por esto que el crecimiento y el desarrollo, para mí, no son una cuestión económica, sino cultural. Si el nuevo paradigma agricultor destruye la cultura de los pueblos y a sus pobladores, es un paradigma negativo.
3) “La movilidad social era mucho más lenta, para ser agricultor tenías que ser hijo de… Hoy los emprendedores, no importa su origen, pueden llegar a ser productores…”
Aquí tengo otro desacuerdo, Gustavo, porque en la Argentina de hoy, a 15.000 dólares la hectárea, la concentración es asombrosa: hay media docena de grandes agroindustrias, mientras 200.000 productores familiares tienen el 15 por ciento de la tierra. Y a mí sí me importa el origen de quien emprende, porque ese origen me permite conocer sus intenciones, su valoración del esfuerzo ajeno y su sensibilidad social.
4) Mencionás luego a los “pequeños productores que estaban a punto de perder sus campos en manos de los bancos o de los usureros locales. Este nuevo sistema agrícola de servicios ha hecho mucho más por ellos que el Estado… “
Pero esto no es verdad. Fue el Estado el que condonó deudas; fue el Banco Nación el que refinanció a muy bajo costo y apoyó de múltiples maneras a los que perdían sus propiedades. Me parece injusto atribuirle semejantes méritos al nuevo sistema.
5) “En Europa, las napas están contaminadas por siglos de agricultura irracional; felizmente en la Argentina no tenemos esos problemas…”
En Europa los pueblos consumen agua envasada y purificada con tratamientos muy estrictos, Gustavo. En la Argentina el 80 o 90 por ciento de la población consume aguas contaminadas que son dudosamente tratadas. Y como se cortan bosques enteros y el glifosato está descontrolado, la contaminación se extiende a las nuevas áreas sembradas.
6) Decís que “la desocupación es menor a la que hubiera habido sin soja” y que falta industrializar la soja en origen para “dar más trabajo”.
Esto también es discutible. Hay muchísimos cultivos sin mano de obra, y el 70 por ciento de los que trabajan están en negro. Sobran datos sobre esto. Pero además aquí se dice que no es posible industrializar porque la demanda (es decir, China) la requiere tal como se exporta: puro poroto. Lo que es una condena adicional. Un amigo empresario al frente de una pyme me dice: “De aquí sale tabla aserrada pero nada de muebles. Yo visité la región de La Marca, en Italia, y en una zona que no es más grande que Tucumán hay 5000 fábricas de muebles, y exportan 20.000 millones de euros al año. ¡Todo con madera importada!” Eso es lo que hace China: nos compra el poroto, nuestra tierra queda exhausta y el agua contaminada, y la industrialización la hacen ellos.
Finalmente, imagino que a vos te han reprochado haber entrado en este debate. A mí también me pasa. Pero sostengo que si algo vale de este intercambio es que ni vos ni yo escribimos para la tribuna, sino para saber.
Y me consta que hay empresarios tanto o más poderosos que vos, que se esconden todo el tiempo; procuran que nadie los conozca y algunos convierten sus empresas en asociaciones ilícitas. Por eso te respeto: porque vos ponés el pecho y la cara, y tenés ideas, y aunque tu modelo productivo puede no convencerme yo valoro tu perfil de empresario y me encantaría que la Argentina tuviera muchos más como vos.
Un abrazo.

Por Aldo Ferrer *
A raíz de la polémica que vienen sosteniendo a través de Página/12 el escritor Mempo Giardinelli y el empresario sojero Gustavo Grobocopatel sobre la cuestión social del agro y su responsabilidad en la protección del medio ambiente, empiezan a surgir otras voces que se suman al debate. Aquí, la del economista Aldo Ferrer.
Estimado Gustavo:
Recordarás que, hace algún tiempo, con nuestro común amigo Bernardo Kosakoff, publicamos un artículo, en co-autoría, sobre el papel de la cadena agroindustrial en la economía y la sociedad argentinas. En estos días he leído un intercambio de cartas abiertas que mantuviste, con Mempo Giardinelli, sobre las mismas cuestiones y no resisto la tentación de entrometerme para señalar algunos puntos. El intercambio es muy rico y esclarecedor sobre cuestiones fundamentales, como la protección del medio ambiente y los recursos naturales y la cuestión social en el agro. Al mismo tiempo, creo que el análisis debe ubicarse en el contexto más amplio del desarrollo de toda la economía nacional en su inmenso territorio y su posicionamiento en el orden mundial. Concentraré mi comentario en la cuestión de las retenciones, que es crucial en el tratamiento del tema.
Decís en tu carta: “Las retenciones son anti-Chaco, anti-desarrollo rural, anti-equidad”. No es así, por múltiples razones. No se puede hablar de retenciones sin referirlas al tipo de cambio. Es como tratar de contar la historia de Hamlet sin el príncipe de Dinamarca. Desvincular las retenciones del tipo de cambio no es sólo una insuficiencia de tu afirmación, sino una falta generalizada en todo el debate sobre la materia. La consecuencia es que el problema se reduce a su impacto en la distribución del ingreso. En mi intervención en las comisiones de Agricultura y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, durante el tratamiento de la resolución 125, destaqué que el debate se limita a ese aspecto distributivo cuando, en realidad, lo que está en juego es la estructura productiva y el desarrollo económico.
Las retenciones tienen un efecto fiscal y desvinculan los precios internos de los alimentos exportables de los precios externos. Pero estos objetivos podrían alcanzarse, en principio, por otros medios. Para el único fin para el cual las retenciones son insustituibles es para establecer tipos de cambio diferenciales, que es lo que realmente importa para la competitividad de toda la producción interna sujeta a la competencia internacional, en toda la amplitud del territorio nacional y sus regiones.
La necesidad de las retenciones surge del hecho de que los precios de los productos agropecuarios respecto de las manufacturas industriales son distintos de los precios relativos de los mismos bienes en el mercado mundial. Es decir, las retenciones permiten resolver el hecho de que, por ejemplo, la producción de soja es internacionalmente competitiva con un tipo de cambio, digamos, de dos pesos por dólar y, la de maquinaria agrícola, de cuatro. Los tipos de cambio “diferenciales” reflejan las condiciones de rentabilidad de la producción primaria y las manufacturas industriales. La brecha, es decir, las retenciones, no es estrictamente un impuesto sobre la producción primaria, sino un instrumento de la política económica. El mismo genera un ingreso fiscal cuya aplicación debe resolverse en el presupuesto nacional, conforme al trámite constitucional de su aprobación y ejecución.
La asimetría entre los precios relativos internos e internacionales no es un problema exclusivamente argentino. La causa radica en razones propias de cada realidad nacional. Entre ellas, los recursos naturales, nivel tecnológico, productividad y organización de los mercados. En la Argentina inciden, entre otros factores, la excepcional dotación de los recursos naturales y los factores que históricamente condicionaron el desarrollo del agro y la industria. Todos los países utilizan un arsenal de instrumentos (aranceles, subsidios, tipos de cambio diferenciales, etc.) para “administrar” el impacto de los precios internacionales sobre las realidades internas, con vistas a defender los intereses “nacionales”. En la Unión Europea, por ejemplo, sucede a la inversa que en nuestro país: las manufacturas industriales son relativamente más baratas que los productos agropecuarios. En consecuencia, se subsidia la producción agropecuaria, lo cual insume la mayor parte de los recursos comunitarios. Si no lo hiciera, desaparecería la actividad rural bajo el impacto de las importaciones, situación inadmisible por razones, entre otras, de seguridad alimentaria y equilibrio social.
¿Cuáles serían las consecuencias de unificar el tipo de cambio para eliminar las retenciones? En nuestro ejemplo, si el tipo de cambio fuera el mismo, dos o cuatro por dólar, tanto para la soja como para la maquinaria agrícola, en el primer caso (dos por dólar) desaparecerían la producción de la segunda y gran parte de la industria manufacturera, sustituida por importaciones. Las consecuencias serían un desempleo masivo, aumento de importaciones, déficit en el comercio internacional, aumento inicial de la deuda externa y, finalmente, el colapso del sistema. En el segundo caso (cuatro por dólar), se produciría una extraordinaria transferencia de ingresos a la producción primaria, el aumento de los precios internos y el desborde inflacionario. En las palabras de Marcelo Diamand, en la actualidad, dada nuestra “estructura productiva desequilibrada”, es inviable la unificación del tipo de cambio para toda la producción sujeta a la competencia internacional. Unificar el tipo de cambio traslada los precios relativos internos a los internacionales, con lo cual el campo se convierte en un apéndice del mercado mundial en vez del rol que le corresponde como sector fundamental de un sistema económico nacional, condición necesaria del desarrollo de cualquier país.
¿Por qué es preciso, simultáneamente, tener mucho campo, mucha industria y mucho desarrollo regional? ¿Por qué es necesaria la rentabilidad de toda la producción sujeta a la competencia internacional? Por la sencilla razón de que la cadena agroindustrial (incluyendo todos sus insumos de bienes y servicios provenientes del resto de la economía nacional) genera 1/3 del empleo y, por lo tanto, es inviable una economía, próspera de pleno empleo, limitada a su producción primaria, por mayor que sea la agregación de valor y tecnología al complejo agroindustrial. En otros términos, no es viable una economía nacional reducida a ser el “granero” ni, tampoco, la “góndola” del mundo. Sólo con esto nos sobra la mitad de la población. Por otra parte, la ciencia y la tecnología son el motor del desarrollo de las sociedades modernas y, para desplegarlas, es indispensable una estructura productiva diversificada y compleja que incluya, desde la producción primaria con alto valor agregado, a las manufacturas que son portadoras de los conocimientos de frontera.
Si se alcanza el convencimiento compartido sobre la estructura productiva necesaria y posible, se abandona la discusión de las retenciones como un problema reducido a la distribución del ingreso. Se plantean entonces dos cuestiones centrales. Por una parte, el tipo de cambio que maximice la competitividad de toda la producción nacional sujeta a la competencia internacional. Es decir, el tipo de cambio de equilibrio desarrollista. Por la otra, el nivel de las retenciones compatibles con la rentabilidad de la producción primaria e industrial, tomando en cuenta los cambios permanentes en las condiciones determinantes de costos y otras variables relevantes. Las retenciones deben ser “flexibles” y tomar nota de tales cambios. Al mismo tiempo, deben aplicarse de la manera más sencilla posible. Por ejemplo, la comprensible demanda del ruralismo integrado por pequeños y medianos productores de recibir un trato preferente es, probablemente, difícil de cumplir con retenciones distintas conforme al tamaño de las explotaciones o la distancia a los puertos y centros de consumo. Otros medios pueden ser utilizados con más eficacia para los mismos fines.
Es necesario referir los problemas señalados en el intercambio de cartas comentado al desarrollo nacional. Vale decir, el pleno despliegue del potencial, la gobernabilidad, la libertad de maniobra en un mundo inestable, la inclusión social, factores todos que, en definitiva, son esenciales para la prosperidad del campo, de la industria, las regiones, el capital y el trabajo, y para proteger la naturaleza y el medio ambiente. Para contribuir a tal fin es indispensable aclarar, de una vez por todas, qué son y para qué sirven las retenciones.
* Economista del Plan Fénix.

Por Enrique Mario Martínez *
Gustavo Grobocopatel despliega toda su filosofía liberal desarrollista respecto del modelo vigente de producción agrícola, al que considera el deseable, a partir de un planteo de Mempo Giardinelli, que le achaca a la soja buena parte de los males de su Chaco empobrecido, hambreado y sediento.
Es cierto que el agua con arsénico no es culpa de la soja. Es un problema de amplias regiones del país, que necesita definición de los actores políticos locales en cada caso, ya que hay soluciones tecnológicas de la dimensión que se quiera, tanto a escala de ciudades como de cada paraje rural. El INTI y muchos otros lo han estudiado y propuesto las soluciones. Sólo falta darle al tema la misma importancia que a una autopista o una planta de biodiésel para exportar.
Pero eso es lo único no refutable de la nota del potentado sojero.
No es cierto que la agricultura sin campesinos forme parte de un nuevo paradigma productivo. A pesar de todo el proceso de concentración, propio de la inercia capitalista, el tamaño de una unidad productiva promedio en la zona sojera norteamericana es tres veces más chica que en Argentina. Las propiedades que allá aportan el 10 por ciento de mayor facturación tienen 700 hectáreas de promedio. Los 13.000 productores que dominan el 60 por ciento de las cuatro provincias agrícolas más importantes de Argentina explotan un promedio de 2500 hectáreas cada uno.
En Estados Unidos también se da tierra en arriendo, pero sólo el 25 por ciento de la tierra arrendada en Iowa, principal centro sojero y maicero, es tomada por gente de otro estado. Aquí es exactamente al revés. Mucha gente en Argentina gana dinero produciendo soja en tierras que ni sabe dónde quedan, porque se limita a ser capitalista de una actividad que otros implementan.
No es cierto que el paquete tecnológico aplicado sea más conservacionista que el anterior. El herbicida total y la siembra directa reducen el riesgo de erosión. Pero la rotación soja sobre soja ya ha disminuido la fertilidad de algunos predios en más de un 30 por ciento y compacta los suelos, constituyéndose en una preocupación hasta para quienes promovían el esquema ciegamente hace algunos años.
No es cierto que “un emprendedor, no importa su origen, puede llegar a ser productor”. Es casi una burla. Es como decir que quien invierte en cédulas hipotecarias es un constructor. Los pooles de siembra permiten mirar el campo como un negocio financiero de alta rotación. Sin embargo, desplazan toda la ocupación física de detalle, haciendo creíble la imagen ya instalada del desierto verde.
No es cierto que sea bueno que haya menos productores y más proveedores de servicios. No sólo no es eficiente, sino que invitaría al poderoso sojero a sentarse sólo un mes arriba de un camión granelero y comparar esa condición con la del labrador de 50 hectáreas con su propio tractor, para ver cuál elige.
No es cierto que las retenciones son anti desarrollo y anti equidad. Es sorprendente esta afirmación. Son simplemente el aporte impositivo necesario para que la comunidad nacional pueda compartir los altísimos beneficios generados por una actividad vital para el país, pero con barreras de entrada enormes, ya que como se sabe, sin tierra no se puede producir, y la tierra está aquí más concentrada que en cualquier país de potencial agrícola similar en el mundo.
Se propone cambiar el modelo impositivo. En realidad hay que cambiar el modo de uso de la tierra. La fertilidad de la tierra debe ser considerada patrimonio público y no puede admitirse que un propietario la destruya productivamente para las generaciones futuras.
Por lo tanto, debería dictarse una ley de uso racional del suelo agrícola, en que zona por zona, con intervención de los mejores técnicos del país, los productores del lugar y si es necesario especialistas de primer nivel mundial, se establezcan cuáles son las rotaciones admisibles, para evitar el deterioro del patrimonio común.
A partir de allí, cada chacarero debería poder elegir libremente qué menú adopta, pero debería fiscalizarse que lo hiciera. De tal modo, la rentabilidad futura del campo sería la rentabilidad promedio, entre los granos, la ganadería, la lechería, la producción de forraje, sin posibilidad de que alguien se juegue a la ganancia de corto plazo y deje desnudos a todos los argentinos para el largo plazo.
Esta norma, acompañada de la legislación de control ambiental que está faltando y una nueva ley de arrendamientos, que busque que quien cede la tierra y quien la tome tengan mayor proximidad física, para que el desarrollo local no se evapore detrás de las ruedas gigantes de los contratistas transhumantes, configurarían un nuevo escenario virtuoso para la actividad productiva más importante de la historia argentina.
En paralelo con ese nuevo ordenamiento, crecerían las industrias de alimentos locales; podría aumentar enormemente la producción de alimentos en las zonas periféricas, para atender los consumos locales. En fin: la Argentina pasaría a ser de todos y para todos.
De otro modo, la agricultura sin chacareros, que el poderoso sojero pregona, será en algún tiempo la agricultura sin argentinos. Dice que vendió un 25 por ciento de su sociedad a brasileños, para poder crecer. Le hago un pronóstico. Por ese camino, en algunos años, los brasileños venderán a otros brasileños más grandes, que le comprarán mayor porcentaje a usted; éstos luego les venderán a prósperos chinos, en sociedad con jeques petroleros en busca de inversiones que les aseguren sus alimentos. Y usted, yo y los 40 millones de argentinos terminaremos mirando pasar sus camiones desde la banquina. El único consuelo que quedará es que los habremos embromado, porque nuestras tierras ya no tendrán la fertilidad necesaria y a lo mejor no se dan cuenta.
* Presidente del INTI