LO AGROPECUARIO
En el marco del Estado, el Mercado y una justa distribución de la riqueza
Ponencia de la Subcomisión Agropecuaria, Comisión de Economía-Carta Abierta
Expone: Ing.Agr. Juan Carlos Pavoni
ENCUADRE GENERAL DE LO ECONOMICO EN CARTA ABIERTA:
Carta Abierta ha declarado que “Sin Estado no hay Nación”. Queda implícito que se aspira a un Estado definitivamente eficaz y eficiente, al servicio de una Nación que nos incluya a todos.
Aceptemos que, cuando nos referimos al Mercado no lo estamos haciendo como ordenador de las relaciones entre los diferentes actores que lo conforman, sino como simple espacio donde los mismos se relacionan al amparo de un contrato social y una normativa estatal que, bajo ningún aspecto, habilita el ejercicio de poder desde la mayor dimensión de unos sobre la menor de otros, sino del respeto a una relación impregnada de la mayor equidad y justicia.
Un Estado que pretenda ser regulador de las relaciones entre los diferentes actores del mercado y árbitro de las inequidades que el capitalismo introduce entre los actores más poderosos y los más débiles del mismo, debe ser necesariamente poderoso y competente en su tarea.
ENCUADRE PARTICULAR DE LO AGROPECUARIO:
I. La Coyuntura de las RETENCIONES
Nos corresponde referirnos a como deberían ser esas relaciones en la problemática agropecuaria de la Argentina actual. Partamos de la obviedad de reconocer que la estrategia macroeconómica condiciona las regulaciones sectoriales y bajo ese simple principio, la producción agropecuaria pampeana -insertada en el sistema generador de commodities con destino compartido entre el consumo interno y la exportación - debe contemplar una adecuada rentabilidad para la producción, pero resignar el plus que por la vía de la renta extraordinaria, el precio internacional otorgaría injustamente a los tierrausuarios argentinos.
Es deber del Estado –y tiene toda la competencia para hacerlo- intervenir en la regulación del precio interno de los productos agropecuarios que componen la canasta básica de alimentos (CBA), para facilitar a toda la población el acceso a los mismos. A tal fin, las retenciones constituyen una herramienta fundamental. En la medida que se regula el precio de exportación de los productos que dan lugar a aquellos de la CBA, se desacopla el precio internacional con respecto al mercado interno y ello actúa como mecanismo de subsidio para esos bienes salario.
La magnitud del conflicto confrontativo generado por lo que se autoreferenció como “el Campo” argentino, nos obliga a su consideración, en la medida que el mismo aún no está cerrado.
Inmediatamente después de abandonado el 1 a 1 e implementada la política de dólar sobrevaluado, con lo cual se proponía recuperar un aparato industrial totalmente destruido por el conservadurismo menemista/delaruista, era obvio que la promoción industrial corría paralelamente a la generación de rentas extraordinarias para nuestra producción primaria, entre ellas la más importante, la agrícola, ganadera y agroindustrial. La plataforma de lanzamiento de los derechos de exportación, fue entonces una herramienta de política económica para corregir las asimetrías provocadas por una política macroeconómica, con la cual se optaba para salir de la crisis de la convertibilidad y que el paso del tiempo mostró como absolutamente acertada. A pesar de tal propósito -largamente explicitado por el gobierno nacional y diversos referentes sociales- durante 120 días, la soberanía alimentaria de nuestra población, habitante de un país que se ubica en una posición privilegiada en el mundo, por su capacidad actual y potencial para producir alimentos, quedó inmersa en el encarecimiento, la incertidumbre, la especulación y la vergüenza ajena.
Las primeras manifestaciones de resistencia a las retenciones, acompañadas de debates muy primarios y no mediáticos, se dieron a partir del año 2002/2003, Ello demuestra que en ningún momento los sujetos agrarios aceptaron la legitimidad de las retenciones. A partir de allí las cuatro organizaciones gremiales del ruralismo pampeano, acompañados por las instituciones del orden establecido de los agronegocios (AAPRESID, AACREA, Cámaras y Bolsas de Cereales, Cámaras de proveedores de agroinsumos, Procesadores de granos y oleaginosas y Exportadores), con sus discursos reproducidos generosamente por los suplementos agropecuarios de los grupos multimedia, fueron radicalizando su oposición a las retenciones (no pidiendo la rebaja de las mismas, sino su eliminación lisa y llana) y potenciando su reclamo no con palabras, sino con sucesivas medidas de fuerza durante los años 2005 a 2007. Cuando hacia fines de este último año, los precios de los commodities agrícolas treparon a precios nunca antes alcanzados y a propósito de la implementación de las retenciones móviles (que ya tenían vigencia para la captura de la renta petrolera, acerca de lo cual “el campo” nunca emitió opinión) se desataron los instintos lucrativos más crueles y la violencia ocupó el consabido escenario montado por la Mesa de Enlace.
Tras la historia más conocida por lo reciente y con dichas retenciones móviles sacadas de circulación por el voto “no positivo” del vicepresidente, se suma un nuevo problema producto del contexto internacional, la crisis del sistema financiero y con ella, el desconcierto de los “inversionistas” del campo financiero y las caídas de los precios del petróleo y los commodities agrícolas, como era el caso de la soja y el girasol que estaban sometidas al régimen de las Retenciones Móviles. En este nuevo escenario, se hizo evidente que la Res. 125 hubiera mejorado la rentabilidad de los principales commodities hoy en baja y entonces, lejos de acogernos a una situación de tranquila estabilidad, estamos en el epicentro de la misma tormenta con renovados vientos. Este nuevo ángulo de la confrontación, reclama, no solo la baja de las retenciones, sino también un incremento en el valor del dólar, para –una vez más- beneficiar a los sectores concentrados de la economía agropecuaria.
Ya en el año 2005, existió pensamiento crítico incorporado a la polémica por la vigencia de las retenciones. Profesionales que hoy forman parte del espacio Carta Abierta, supieron reivindicar a las retenciones como una herramienta de redistribución intersectorial y algunos, llegaron a reclamar otra hacia adentro del sector productor agropecuario, con el fin de corregir la incidencia de las mismas sobre las diferentes escalas de producción, entre otras cuestiones (). Con esto quedó de manifiesto un apoyo crítico al sistema, resaltando la necesidad de introducir esa modificación, para evitar las consecuencias negativas que el mantenimiento de las mismas tal como fueron concebidas, provocaría, especialmente sobre la concentración de la propiedad y el uso de la tierra. Por razones diferentes, ni Federación Agraria ni el gobierno se hicieron eco de esa propuesta, mucho menos las grandes usinas del pensamiento neoliberal en la agroindustria, fueran ellos suplementos de los grandes medios escritos, Canal Rural de Cable o las diversas publicaciones de las organizaciones comerciales de ese orden establecido. En el mismo sentido de incluir equidad y justicia distributiva en la implementación del sistema de Retenciones, existe hoy un conjunto de ideas en debate, que ante la continuidad de la confrontación, busca una salida razonable, equitativa y justa del conflicto.
Abordado el crítico tema coyuntural, debemos decir que éste, solo es el emergente más visible de la compleja problemática económico-social agropecuaria, que existe y perniciosamente persiste en el país. ()
II. Hacia un ABORDAJE TOTALIZADOR:
La carencia de un abordaje integral del modelo de producción agropecuario nacional, resultó en la existencia de un modelo determinado casi exclusivamente por las decisiones “del mercado”, que no encontró en la intervención del Estado la capacidad de acotarlo y organizarlo sobre principios de mayor racionalidad y razonabilidad económica, social y ambiental. Todo ello, impide una reformulación del acto productivo, que consagre una revalorización de lo rural en tanto espacio de vida y trabajo, complejo y diverso, provisto de un potencial económico, social y cultural, que debe ser desarrollado en pos de un modelo inclusivo y justo.
Un modelo que mire más allá de la soja y sepa ver el núcleo duro del problema: la insustentabilidad económica, social y biológica del modelo productivo no diversificado; que pueda ver más allá de los límites geográficos de la pampa húmeda y que trascienda los límites sociales de los productores rurales de la misma geografía, grandes privilegiados –aún considerados los pequeños y medianos hoy transformados en rentistas insustentables-.
Inevitablemente, tal modelo debe garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población y formularse desde un cambio fundamental en la concepción del acto productivo; reconfigurando el mismo desde una visión sistemática, que potencie el proceso organizador de la producción, por sobre la insustentable determinación meramente productivista que, prioriza la incorporación irracional de insumos, en beneficio exclusivo de la concepción mercantilista del sistema.
Entendemos así, el sendero de recuperación de los sectores marginales de la producción extrapampeana –aunque también la intrapampeana-, carentes de tierra, de capital operativo, de accesos a tecnologías de producción y de gestión, pero portadores en tanto sujetos, de un capital cultural poblado de historia y saberes especializados, que por la extensión de nuestra geografía y la dispersión de nuestra población, no pueden carecer de la atención del Estado si queremos preservar la Nación.
UNIVERSIDAD POPULAR MADRES DE PLAZA DE MAYO
II ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL
“Economía política y Derechos Humanos”
“Ciencia y conciencia”
La Economía al servicio de los pueblos.
Bs.As., 16 al 18 de octubre de 2008
La reforma del sistema jubilatorio resulta necesaria y oportuna. De acuerdo a la Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, es el Estado quien otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable, prescripción constitucional que desde hace décadas por falencias del Estado y en particular desde 1994 por las falencias del sistema previsional instaurado en esa fecha, no se cumple.
El régimen se introdujo en 1994, en pleno auge del neoliberalismo en la Argentina, copiando prácticamente al sistema chileno impuesto por el gobierno de facto de Pinochet –casi único en el mundo– en ese momento.
Si analizamos a nivel mundial los sistemas jubilatorios se ve que sólo la minoría de los países los privatizaron, en particular un grupo de países latinoamericanos y otros países periféricos. De hecho, países desarrollados como Francia, Canadá y Suecia, entre otros mantienen un régimen obligatorio público, de reparto o de cuentas individuales bajo administración estatal.
Este proceso de privatización impulsado en 1994 constituyó un mecanismo de financiarización forzosa, similar al corralito del que no se podía salir. Hasta este año el traspaso de un sistema a otro era en un solo sentido (del régimen de reparto al de capitalización).
Desde esta óptica, cabía preguntarse por qué no permitir una verdadera competencia entre esos dos regímenes sin corralito si el sistema privado era tan bueno.
Esta libre elección recién pudo hacerse bajo el gobierno de Néstor Kirchner.
Por otra parte, la mayoría de las AFJP se encuentran enfrentadas a múltiples conflictos de interés dada su pertenencia a grandes conglomerados financieros. En reiteradas oportunidades incumplieron su rol fiduciario, fraudulentamente perjudicando a los futuros beneficiarios. El actual superintendente de AFJP, Carlos Weitz, tuvo una actuación descollante en el pasado y en el presente, en limitar regulatoriamente los conflictos de intereses e investigar y procurar la sanción de prácticas abusivas en el mercado con fondos provisionales por parte de diversos intermediarios y grupos económicos que concentran bancos, seguros y otros agentes de mercado.
No obstante, más allá de estos intentos, es necesario volver a un sistema público obligatorio que no es nada más ni nada menos que imitar el esquema de jubilación que tienen en vigencia los países desarrollados.
Una falla importante del sistema de capitalización, que no suele ser mencionada, es que no proporciona un adecuado cuidado a los fondos de los futuros jubilados ante escenarios de bajas profundas y generalizadas en los mercados de activos financieros.
Además el esquema implicó un sistema de financiamiento caro para el sector público y prácticamente escaso para financiar al sector privado y a las actividades productivas, además de generar una clara inequidad distributiva.
Cabe destacar, además, que la medida no surge espontáneamente. Hubo intentos de mejora, como por ejemplo el denominado inciso q) que obligaba a las AFJP a invertir en proyectos de economía real. Sin embargo, los resultados fueron muy limitados.
Algunos sectores desconfían de la administración pública de las cajas jubilatorias por la experiencia pasada entre las décadas de los ‘60 y ‘80. Una clave para la eficiencia de un régimen previsional, más allá de temas demográficos, es la fortaleza del mercado laboral con trabajadores en blanco y bien pagos.
Sin embargo, ésta es una oportunidad que tiene el Estado para retornar a la dignidad de las jubilaciones de los años ‘40 y ‘50; con un Estado con superávit y una política que defienda el empleo y la producción será posible profundizar las mejoras en los haberes jubilatorios efectuadas desde el 2003.
En definitiva, el nivel de las jubilaciones –bajo cualquier régimen– depende directamente del estado de la economía. Por lo que en tiempos de crisis global se necesita más que nunca un modelo de desarrollo endógeno, con fuerte presencia estatal que permita mantener la senda de crecimiento con empleo, salarios con mayor poder adquisitivo, y por ende mayor recaudación fiscal y previsional que posibilite mejores jubilaciones para todos. Ello requerirá un gran control social de los fondos previsionales, transparencia, eficiencia económica y social para cumplir todos estos objetivos, buenas jubilaciones, provisión de bienes públicos y adecuado financiamiento a la economía real para lograr así el desarrollo económico y una mejor distribución del ingreso.
Vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores
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La reformulación del sistema jubilatorio, cuyo proyecto de ley se envió al Congreso, será la medida más importante tomada en dirección a la desarticulación de la institucionalidad neoliberal construida con perfiles extremos durante los noventa, década en la que se desplegó plenamente el diseño económico enunciado y comenzado durante la dictadura militar que sentó las bases de la liberalización cambiaria y financiera, sobre la que se construyó la financiarización de la economía. Ese paradigma marcó una época de regresividad social determinada por la mercantilización de bienes y servicios que habían arribado previamente a la categoría de derechos económicos y sociales, cuya garantía correspondía al Estado, período en el que el derecho a la percepción de la jubilación se articulaba con el de una vejez digna y completaba el derecho al trabajo. Todo el proceso de privatizaciones implicó no sólo el despliegue de los más graves hechos de corrupción, y la anarquía y desbalance en la provisión de bienes públicos, sino un retroceso histórico respecto de la justicia social y los derechos humanos. Al aumento exponencial del desempleo, la subocupación y la precarización laboral se lo acompañó con el desentendimiento del Estado, y por lo tanto de la sociedad, respecto de la garantía de un ingreso durante la vejez.
El establecimiento del régimen hoy con proyecto de derogación significó el abandono de un sistema jubilatorio solidario, sentido esencial de un sistema de reparto, reemplazándolo por uno de "capitalización" obligatoria para los "incluidos" en el mercado de trabajo. La administración del régimen de "capitalización" se reservó a empresas pertenecientes a conglomerados financieros que participaban en las operaciones y beneficios del patrón de "valorización financiera", obteniendo niveles de comisiones ajenos a cualquier indicador de eficiencia y constituidos en una exacción privada sobre los asalariados. Los activos en los que se invertían los fondos tendían al desarrollo del mercado de capitales, estimulando la desintermediación financiera. Ese proceso de desintermediación acompañaba tendencias similares de la economía mundial constituyentes del proceso de globalización financiera en el que se desencadenó la actual crisis. Además acompañó el desentendimiento del Estado de políticas de orientación del ahorro hacia el crédito para el desarrollo y estimuló la concentración de los recursos financieros.
La transición desarticuladora del régimen público de reparto se hizo en forma desorganizada e irracional, desfinanciando la atención de los jubilados e impulsando el endeudamiento público para atender sus obligaciones con éstos. La recuperación de un régimen jubilatorio íntegramente público completa las disposiciones previas en relación con la inclusión en la percepción de ingresos de ciudadanos excluidos de ese derecho y la ley de movilidad de las jubilaciones. Recupera la noción de solidaridad intergeneracional y garantiza la responsabilidad de la sociedad respecto de la vejez. A su vez, la administración de los activos resultantes de los aportes y contribuciones al régimen previsional por parte del Estado, supone un reordenamiento de los desaguisados financieros de la irresponsable transición con la que se originó el régimen privado. Actualmente los afiliados del "sistema de capitalización" son 9,5 millones, de los cuales aportan sólo 3,6. Los beneficios abonados por dicho sistema son 446.000. Mientras que en el sistema estatal de reparto se cuentan 3,7 millones de afiliados activos y se atienden 4,7 millones de beneficiarios. Tal es el desequilibrio del régimen a reemplazarse. La reforma planificada importa la transferencia de un stock de 97.000 millones de pesos administrado hoy por las AFJP al ámbito estatal; a la vez que un flujo anual de aproximadamente 11.700 millones de pesos será percibido en el futuro por el sistema único público. Así la progresividad social y la solidaridad intergeneracional de la reestructuración planteada son acompañadas por la racionalidad económica. La estatización del sistema previsional supone su desmercantilización y el restablecimiento de la noción de derecho social de la jubilación. Es un importante paso en la reapertura de un proceso de recuperación del concepto de servicio público para un conjunto de actividades y bienes cuya disposición constituyen al mismo concepto de ciudadanía y el acceso a los cuales no puede resolverse en la lógica mercantil, siendo la sociedad íntegra la responsable del cumplimiento de los derechos que los mismos satisfacen, y el Estado su agente: salud, vivienda, trabajo, educación.
* Director del Cefid-AR.
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- INFLACION: CONCEPTOS BASICOS.
Se entiende por inflación al aumento generalizado de precios de los bienes y servicios de una economía nacional. El aumento d e los precios en la economía de un país es el movimiento más habitual de los mismos ya que, ocasionalmente, se verifican caídas de los mismos (deflación) pero por periodos breves y específicos.
Los incrementos de los precios suelen tener lugar dado que es habitual que se verifiquen desajustes entre la capacidad de la oferta de los bienes y servicios en responde a cambios positivos en las demanda de los consumidores. Este desajuste logra superarse en el tiempo, cuando la oferta alcanza a satisfacer el mayor consumo, pero el proceso tiende a repetirse de modo continuo aún en las estructuras económicas mejor organizadas
Entonces, los precios que se han incrementado tienden a estabilizarse, pero en un nivel superior.. Sin embargo, nunca ocurre que el proceso de determinación de los precios observe un recorrido fluido, sin movimientos bruscos ni alteraciones significativas en el tiempo. En las economías capitalistas desarrolladas, donde el sistema productivo está muy bien organizado, los procesos inflacionarios son de escasa magnitud en épocas normales .Fluctúan, por lo general, entre 2 a 3 % anual. Estos valores, considerados “adecuados”, experimentan alteraciones recurrentes cuando factores internos y externos, producto de los frecuentes desequilibrios de dichas economías (ciclos), afectan la determinación de los precios. Para el caso argentino, cuya estructura económica está crecientemente concentrada, con el peso de una singular intermediación que genera distorsiones en la marcación de precios y cambios acentuados en la dirección de las principales variables económicas, la estabilidad sustentable en el tiempo casi nunca fue alcanzada .Por el contrario, el alza de precios, en el último medio siglo tuvo picos muy elevados, con descensos posteriores que nunca fueron permanentes y estables.
Es por ello que nos proponemos explicitar los diferentes tipos de movimientos de precios en la Argentina de los últimos sesenta años a fin de analizar su relación con el perfil de nuestra estructura productiva.
A continuación, haremos mención a una cuestión que nos parece fundamental. De acuerdo al análisis histórico realizado, es posible tener un acentuado crecimiento económico, con pleno empleo, incremento del salario real y distribución crecientemente equitativa del ingreso en coexistencia con procesos inflacionarios Moderados (entre 8 a 15 % anual) . Y, agregaremos finalmente, ¿Cuál sería el nivel de inflación que efectivamente provoca crisis económica y social y generalizado empobrecimiento colectivo a la luz de nuestras experiencias históricas?
Cerramos este texto con una descripción de las medidas de política económica que consideramos apropiadas para que el incremento d e los precios se mantenga en un nivel tal que una estrategia de desarrollo con justicia distributiva pueda ser llevada adelante en forma exitosa.
II TIPOS DE INFLACION EN LA ARGENTINA CONTEMPORANEA.
En la Argentina de los últimos 60 años tuvieron lugar al menos cuatro procesos inflacionarios diferentes, que van a ser brevemente caracterizados seguidamente, junto a los perfiles de los respectivos regímenes de acumulación que los originaron.
TIPO 1. DEFLACION
En escasos años del periodo considerado, el índice de precios exhibió valores de variación negativos. Ello ocurrió en los tres años del final de la Convertibilidad (1999, 2000 y 2001).La causa de tal comportamiento se debió a la persistente crisis económica que ya se había desatado, con caída de la demanda, reducción de salarios y de jubilaciones ,aumento persistente del desempleo, la pobreza y la indigencia, etc. Estos procesos negativos deprimieron el consumo frente a lo cual la reacción de muchos formadores de precios fue la de bajar los precios para poder comercializar sus bienes y servicios. A ello cooperó, además, la persistencia de la fuerte reducción arancelaria de la política de apertura económica y el mantenimiento de un ficticio tipo de cambio muy bajo, que estimularon la reducción de numerosos precios de bienes y servicios dispuesta por los empresarios para poder competir con los productos importados. Es decir, la deflación no fue una bendición sino el reflejo de una política económica socialmente regresiva y destructora de nuestro empresariado nacional.
TIPO 2. INFLACION REDUCIDA.
Consiste en el proceso inflacionario que produjo tasas reducidas de incremento de precios, en algún modo de nivel similar a la habitual en los países “centrales”. También se verificaron en escasas oportunidades, tales como el bienio 1953-1954, en el bienio l967-68 y en los años de consolidación de la estrategia de la Convertibilidad (1994-1998), con fluctuaciones entre 0,2 y 9 %. O sea tasas de un dígito.
En todos los casos fueron experiencias aisladas, sin puntos en común, frágiles en cuanto a su consistencia y capacidad de perdurabilidad y obedeciendo a situaciones coyunturales de muy difícil repetición. Un solo dato es remarcable. En los tres casos a que se hizo referencia, coexistieron con breves periodos de crecimiento económico, en los que, por causas políticas o macroeconómicas, se instrumentaron decisiones de neto corte intervencionista estatal, con inflaciones contenidas que explotaron en poco tiempo. En síntesis .No pueden ser asumidas para el futuro por carecer de sustentabilidad.
TIPO 3. INLFACION MODERADAMENTE ALTA
Aquí incluimos los casos más repetidos. Se trata de procesos anuales de crecimiento de precios que coexistieron con periodos de bonanza económica y social, con tasas de inflación que fluctuaron entre el 10 al 40 por ciento por año. Se trata de los lapsos entre 1947 y 1952, desde 1955 a 1967, entre 1970 y 1974, para recién retomarse en un año de vigencia del Plan Austral, en los 80 y al inicio de la Convertibilidad.
Fue en la primera presidencia de Perón donde se registraron los más importantes avances económicos y sociales de la época (1946-1951) y en el periodo 1963-1974, cuando se logró el lapso de mayor duración de muy favorables indicadores económicos y sociales, tales como crecimiento del PBI, del salario real y del empleo.,con signos altamente positivos sin solución de continuidad. Estos auspiciosos comportamientos globales coincidieron temporalmente con este tipo de inflación “moderadamente alta”, para los patrones argentinos. Fue en ambas etapas donde hubo pleno empleo, muy importante valor del salario real (dos veces y media el actual), un franco proceso de sustitución de importaciones con desarrollo industrial pujante y muy bajos índices de pobreza (el primero estimado en 1970 no llegaba al 8 % de la población total).Se debe concluir que el desempeño económico-social muy satisfactorio convivió sin conflictos con incrementos anuales de precios entre 20 y 40 %.
TIPO 4. HIPERINFLACION O DESCALABRO ECONIOMICO GENERALIZADO
El cuarto tipo nos presenta el panorama menos deseable y más traumático. Se experimentaron fuertes desajustes internos, con alzas enormes de precios, caída del salario real, desempleo creciente e, incluso, conflictos violentos callejeros (saqueos) y sustituciones de gobiernos constitucionales de tipo traumático.
Se trata de experiencias hiperinflacionarias, que llevaron los niveles de precios a tres o más dígitos anuales, como en 1959( luego de una drástica devaluación), en 1975-79 (antes y después del Golpe de la Dictadura Militar, con devaluaciones gigantes),durante gran parte de los 80, (con cambios de gobierno traumáticos, guerra de las Malvinas, presión de la Deuda Externa, etc.), para cerrar con la violenta suba de precios entre 1989 y 1991 (golpe de mercado a Alfonsín, preanuncio de la Convertibilidad). La caída estrepitosa de la citada Convertibilidad, con una devaluación de más de 3a 1 y el derrumbe de cinco gobiernos, coincidente con una nunca antes visto crisis social y la singular contracción del consumo, impidió un alza de los precios compatible con el tamaño de la devaluación. Pero, de cualquier modo, llegó a más del 50 % en el año 2002.
¿Cómo interpretar estos diferentes ritmos inflacionarios y pretender encontrarles justificativos o causas en el marco de las teorías económicas en boga? Hemos planteados los escenarios globales. Pero, aún con ellos en el trasfondo de la explicación cabe interrogarse sobre cómo se interpretaron estos procesos inflacionarios por los teóricos de la Economía.
Dos corrientes de pensamiento prevalecieron y aún lo hacen. La de los economistas ortodoxos, fervientes partidarios de dejar jugar las libres fuerzas del mercado, que siempre calificaron al proceso inflacionario como nocivo y perverso si superaba el 10 % anual. Y atribuyeron todos los desmadres vistos a excesos de demanda y de emisiones monetarias, a la intervención estatal en la economía y a la falta de disciplina fiscal, con excesivo gasto público que obligaba a la emisión monetaria descontrolada. La realidad es que en base a este enfoque, la única solución para parar la inflación es “ENFRIAR LA ECONOMIA”.
La devaluación, antes de 1976, favorecía a la agro-exportación y era el caballito de batalla para convencer a todos que disminuir el salario, por el aumento de precios que desataba el proceso de modificación del tipo de cambio era favorable. Así caía el consumo, se reducía el déficit fiscal y se favorecía a los que vendían al exterior La inflación desatada iba progresivamente reduciendo el beneficio de la devaluación y, al mismo tiempo, el margen positivo para las ventas al exterior hasta que venia la próxima devaluación .Cualquier política interna de apoyo a la producción nacional, al salario, al empleo y al consumo reducía el margen favorable adquirido por la devaluación .La consigna de guerra de los ortodoxos era TIPO DE CAMBIO ALTO para tener mejores ingresos derivados de la agro-exportación.
Después de 1976, la receta cambió. El predominio del capital financiero exigía a rajatabla eliminar la inflación y llegar, incluso, a la deflación. De este modo los capitales que entraban tenían certeza de que no se iban a perjudicar por el deterioro de los precios cuando quisiesen salir nuevamente del país pues recomprar las divisas con los pesos puestos a elevadas tasas de interés no achicaba las ganancias financieras. El negocio financiero implicaba garantizar estabilidad de precios. El Ajuste no solamente debía asegurar el Pago de la Deuda, luego de 1982, mediante el saldo fiscal favorable, sino también altas tasas de interés en los bancos .La “ tablita” de Martínez de Hoz inauguró ese ciclo estabilizador .La Convertibilidad con el tipo de cambio fijo y atrasado le dio su broche de oro.
Nunca en este enfoque aparecía la sociedad de clases, los actores sociales, los monopolios formadores de precios, etc. Todo era manejo de variables macro para deprimir el mercado interno y no provocar demanda inflacionaria. Así nos fue.
El enfoque alternativo surge hacia fines de los 60 y se origina en la escuela estructuralista de CEPAL .Ese enfoque, que compartimos, parte de una visión contrapuesta a la anterior.
El basamento del análisis respectivo expresa que en una sociedad determinada, como la Argentina, la estructura económica, basada en el sistema capitalista de carácter periférico, es profundamente heterogénea, con actores sociales de muy desigual poder de decisión en su seno y con sectores productivos que poseen intereses contrapuestos y dinámicas de acumulación diferenciadas.
Por ende, es preciso reconocer que cualquier toma de decisiones de los actores sociales de mayor poder estará siempre orientada a maximizar su tasa de ganancia, por lo que su gestión en el mercado será agresiva en torno a alcanzar tal meta en el menor lapso posible. En ese sentido, quienes tienen mayor poder negociador en el mercado, dada la estructura económico-social vigente- son aquellos que detentan posiciones oligopólicas o monopólicas en el mercado.
En síntesis .Fijar precios es una opción fundamental para los que controlan segmentos del mercado en tanto, actores sociales dominantes. Los de menor tamaño o poder negociador, los actores sociales subordinados, estarán condicionados por el accionar de los dominantes.
El proceso de fijar precios, entonces, no es una resultante del libre juego de las fuerzas del mercado en plena competencia y como respuesta a señales de la política macroeconómica sino un juego de poder, donde se impone el que mayor cuota del mismo acumula.
En este caso, cuando la actividad económica estimula la demanda y el consumo, la puja entre los actores sociales por apropiarse de excedente, vía precios, se estimula dado que existen posibilidades firmes de ocupar creciente espacios dentro del mercado. Se plantea, así, una verdadera disputa de tipo distributivo, donde el precio del bien o servicio es clave para segurar, a quien lo puede fijar arbitrariamente y sin control externo del Estado, la ansiada elevación relativa de su tasa de ganancia.
Si este enfoque es correcto- e insistimos que lo compartimos- aparecen justificados los incrementos de precios que acompañan periodos de fuerte crecimiento económico y redistribución progresiva del ingreso, tal como lo puntualizamos precedentemente. Este último proceso, ampliamente beneficioso para los sectores populares, fue alcanzado en varios períodos luminosos para la historia social argentina, coincidentes con tasas de inflación entre le 20 al 40 % anual. Y nadie se escandalizaba ni reclamaba porque el sistema garantizaba la continuidad de la política de mejora de calidad de vida de la mayoría de la población.
Claro está que lo ideal sería que el necesario movimiento de precios relativos producto de la puja distributiva, que incluye el reclamo de los trabajadores activos y pasivos por el reajuste de sus ingresos para no perder frente a la inflación, sea de la menor magnitud posible. A ello apuntan estas sugerencias de políticas concertadas desde el Estado (que no son exhaustivas) para moderar, al máximo, la suba de precios en condiciones macroeconómicas internacionales estables .Si esto último no ocurriese se tendrían que adoptar medidas complementarias al respecto.
Por ultimo, el contexto internacional juega un rol fundamental a favor o en contra de la estabilización de precios internos. Allí, es preciso reconocer que los bienes-salario que consumimos en alta proporción tienen estrecha vinculación, en cuanto a sus precios, con las cotizaciones internacionales, de las cuales es preciso despegarse.
Debe resultar totalmente en claro, a esta altura del análisis, que no hay ninguna contradicción entre crecimiento económico con incremento sustancial de la calidad de vida de la población y precios moviéndose en torno a valores de aumento reducidos o moderados.
III POLITICA ECONOMICA DE CONTROL DE LA INFLACION EN PERIODOS DE BONANZA SOCIAL Y ECONOMICA
Enunciados generales a enriquecer y ampliar:
1. Desacople de la variación de los precios internacionales de los bienes-salarios de los vigentes internamente mediante políticas tributarias que capten rentas extraordinarias o diferenciales de precios de los productos de consumo masivo que se exportan y que no tienen en cuenta sus costos internos de producción
2. Establecimiento de una estructura estatal de regulación de precios-tal como lo fue la Junta Nacional de Granos- que garantice valores remunerativos para nuestros productores primarios, en especial los de menor tamaño, que formalice subsidios cruzados para favorecer a éstos con financiamientos obtenidos por las imposiciones a las rentas extraordinarias de los segmentos medianos y grandes de la actividad del agro.
3. Seguimiento de los márgenes de rentabilidad de las distintas etapas que componen las cadenas productivas a fin de concertar precios, bajar costos, eliminar estructuras de intermediación innecesarias, limitar el poder de mercado de los monopolios u oligopolios y crear mecanismos de salida a la producción regional de productos de primera necesidad que se conecten directamente con los consumidores. Políticas activas para eliminar intermediación especulativa. Políticas activas de promoción ala producción de bienes de consumo masivo
4. Fomento de formas asociativas de producción, comercialización y consumo de bienes de primera necesidad, estimulando a productores y demandantes de bienes y servicios a organizarse para bajar costos , obtener equipamiento y tecnología a precios accesibles y avanzar en la supresión de los procesos de intermediación que explotan a los más débiles integrantes de las cadenas productivas.
5. Intervención directa del Estado en la provisión solidaria de bienes públicos, en asociación con trabajadores y consumidores, que eliminen la figura de la organización capitalista en la producción y oferta de tales bienes y la obtención de lucro en dichas actividades de servicio a la comunidad. Incluir no solamente los servicios públicos básicos, sino medicamentos, alimentos necesarios para una adecuada política de seguridad alimentaria, educación, vivienda, etc. El Estado debe intervenir directamente organizando estructuras de producción sin fines de lucro.
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Acerca de las diferencias de la suba de precios e inflación y las implicancias de la denominadas “expectativas Inflacionarias”, o actitudes subjetivas de los agentes económicos
En la teoría, se señalaron siempre los siguientes rasgos del proceso inflacionario
· Déficit fiscal;
· Emisión espuria de dinero
· Pugna distributiva- exceso de demanda por los altos salarios – y falta de equilibrio entre oferta y demanda agregada;
· Expectativas inflacionarias;
· Papel del Estado que regulaba excesivamente, dificultando el libre juego del mercado.
Destaco
1. Desde el año 2003, no deja de haber superávit fiscal;
2. No hubo emisión espuria de dinero, las compras de dólares del Banco Central se incorporaron a las reservas legítimas generadas por el superávit fiscal, y sin endeudamiento - al contrario hubo un permanente desendeudamiento de acreedores privados, del FMI, del Banco Mundial, del BID y al momento del Club de París-; de ninguna manera ello tuvo implicancias negativas para los otros rasgos.
i) Ello se evidencia en que los agregados monetarios no dejaron de subir alcanzando cifras inéditas.
En nuestra historia de inflación recurrente tuvimos siempre valores mínimos de agregados monetarios, inferiores a los de nuestros vecinos y entre los más bajos del mundo, en cuanto al proceso hiperinflacionario hubo permanente huida del peso y los ingresos se gastaban cuando eran percibidos.
ii) No hubo corrida contra el peso, hubo ahorro y creció la inversión. Ello revela confianza de los agentes económicos (empresas, familias y Estado), que se expresa en el crecimiento de la economía.
3. La “pugna distributiva” es la puja acerca de quién se queda con las ganancias de productividad; ese es un tema que el gobierno debe atender: hasta ahora los que la reciben son, esencialmente, los sectores más concentrados, proceso que hay que revertir con una eficiente política de administración y control de precios, en particular de los productos de consumo inmediatos (Mercado Central y lo que se entiende como intermediación desde el productor hasta el consumidor), en Europa hay numerosos países que la llevaron a cabo exitosamente.
En cuanto a la demanda agregada: creció la exportación y creció la demanda interna genuina por incremento de los salarios reales, bajó la pobreza, disminuyó la desocupación y la exclusión social, disminuyeron los planes asistenciales, bajando la precarización laboral, toda persona que tiene edad para jubilarse recibe un ingreso en ese carácter, no importando los años trabajados, y aún siendo desocupado involuntario puede aspirar a un plan que lo atienda.
Sin embargo todo ello fue atendido por una oferta que creció al mismo ritmo, ocupando al comienzo capacidades de producción ociosas y las que surgieron por inversiones nuevas o mayor productividad.
4. Expectativas inflacionarias: es lo más riesgoso, las expectativas inflacionarias están generadas por los medios y responden a los intereses de sectores con gran capacidad para manipular los precios; justamente, nuestro país se caracteriza por la magnitud de oligopolización de su economía. Las expectativas se transforman en un caso de “profecía auto cumplida” cuando los precios suben.
El tema se atiende mejorando la comunicación y encorsetando a los medios y a los oligopolios.
El resultado de las políticas aplicadas es que el país crece a un ritmo desconocido en su historia
Los rasgos señalados rompen con toda la teoría que se enseña en las facultades de ciencia económica, por eso se la llama heterodoxa, la ortodoxa vendría ser la teoría verdadera; de ahí que los opositores a esa estrategia se apoyen en un argumento único: vaticinar huracanes y desgracias futuras a menos que se vuelva a la ortodoxia. Que hoy implica enfriar la economía, subiendo la tasa de interés y disminuyendo el consumo, en particular de asalariados y clase media baja
5. Rol del Estado, su papel es fundamental para aprehender la realidad y forjar un futuro posible y promisorio.
La regulación en el desenvolvimiento económico es una ley y el problema es quién la satisface. El Estado puede actuar, aún por omisión, a favor de los sectores dominantes; también puede desentenderse de la regulación dejando a los mismos su orientación (ej. Las privatizaciones del menemismo).
Veamos lo que acontece alrededor del tema y que comprende todo lo anterior:
a. Durante toda la gestión del Presidente Kirchner se intentó desvalorizar los logros con el tema de la inflación y ahora, como entonces, no hay encuentro de empresarios en el que la preocupación por un rebrote inflacionario mayor esté ausente. Se conjuga como argumentos el gasto público, la escalada salarial y el aumento de las tarifas para generar expectativas que dificulten la gestión.
Los impulsores de cambiar la estrategia del gobierno son los mismos sectores empresarios que se beneficiaron con “la Patria Contratista y la Patria Financiera de los 80 y que luego de desguazar al Estado con una rapiña no comparable a país alguno, se apropiaron de la totalidad del patrimonio público.
En el presente recurren, como dijimos, a generar las expectativas inflacionarias, vulgarmente sembrar miedo en la sociedad a una corrida cambiaria, a una incesante suba de precios y de tal manera defender la necesidad de “enfriar la economía” para evitar un desenlace inevitable.
La historia económica del país indica lo contrario de lo presupuesto. Las consecuencias de las políticas económica seguidas fueron una creciente desigualdad y marginación social y, en lo económico, el deterioro continuado en la distribución de la renta de los asalariados, sectores de ingresos fijo y burguesía pequeña y mediana.
El enorme peligro de no frenar las expectativas inflacionarias, recurriendo, por ejemplo, a la Ley de Abastecimiento, es que esas expectativas pueden transformarse en un proceso inflacionario real, posible si no interviene el gobierno movilizando a los partidos y movimientos que lo apoyan y haciendo uso con energía del aparato estatal.
La renta que la sociedad genera se distribuye entre capitalistas, asalariados y y el presupuesto público. Lo que está en juego es la distribución de la misma; en ello no hay nada de teoría y lo que resulta es consecuencia de la correlación de fuerza en la sociedad y, esencialmente, el rol que debe asumir el Estado y su papel regulador para defender los intereses del país y de su pueblo.
b. La realidad evidenció que dejar al capital y al mercado la asignación de la renta trajo como resultado hasta el 2003 ineficiencia económica y social que se multiplicó y amplió.
Esa ineficiencia se manifestó aún en momentos de auge económico, cuando las mejoras salariales conducían al incremento de la demanda ante una oferta dirigida a los sectores de mayores ingresos y se producía la “estrangulación externa”; de ello se desprende que el Gobierno también debe orientar la oferta, alentando la inversión reproductiva coherente con una política exportadora agresiva desde un mercado interno con poder de compra creciente.
c. De lo afirmado surge la trascendencia de hacer jugar un rol activo al Estado para recuperar la capacidad de gestión macroeconómica del que fue arteramente despojado, y a la que ahora se pone entre interrogantes. No caben medias tintas, la respuesta tiene que ser contundente. Es la única posibilidad para un desarrollo inclusivo y sustentable.
La gestión del Presidente Nestor Kirchner probó lo afirmado cuando, confrontando con el poder corporativo de siempre, saca al país del “infierno”. No son teorías, son temas inherentes a la gestión, a los objetivos y principios que la animan
Fue siempre un artilugio de los economistas mediáticos hacer perder la memoria a los pueblos, basándose en el temor y en el disciplinamiento que la creciente precariedad laboral sometía a las diversas capas sociales.
De tal manera se evidencia que resolver las necesidades populares expresadas en la magnitud de pobres y excluidos, no solo es un problema social: Crecimiento y desarrollo inclusivo implica modificar la pirámide de ingresos, es la única forma de avanzar en la estrategia ya emprendida para salir del "purgatorio"
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Análisis de Agustín Crivelli y Claudio Casparrino
Las crisis estructurales suelen ser un período de inestimable riqueza. En primer lugar, porque desnaturalizan y ponen en cuestión supuestas verdades sobre el funcionamiento de la economía, axiomas al parecer irrefutables en períodos que podríamos denominar “normales”. En segundo lugar, al poner en cuestión las bases mismas de la regulación económica vigente, se convierten en valiosas oportunidades para reorganizar ciertos aspectos de las políticas públicas de los países en desarrollo, sistemáticamente relegados de los espacios que coordinan la organización económica internacional. En otros términos, las crisis estructurales profundas pueden aportar mayores márgenes de libertad política e ideológica a los países con cierto grado de desarrollo y dinamismo para avanzar en estrategias de independencia relativa y un incipiente autocentramiento.
La existencia de niveles de acuerdo regional en diversos aspectos y una situación comercial y financiera robusta, como los evidenciados por diversos países de la región, incrementan las posibilidades de éxito en el establecimiento de dinámicas con cierto grado de autonomía respecto de la lógica de acumulación que establecen las principales economías del planeta.
El establecimiento de normas macroprudenciales comunes, la creación de fondos de estabilización regional y bancas de desarrollo, mecanismos de desdolarización, políticas de industrialización con base en ciencia y tecnología, y distribución efectiva de la riqueza, constituyen puntos básicos de una agenda local acorde con las circunstancias y potencialidades existentes.
La persistencia de los desbalances globales, sustentados en el consumo de última instancia de una economía con tan altos grados de riesgo como la estadounidense, debiera llamar la atención sobre las necesidades de establecer políticas de reordenamiento paulatino de los flujos de comercio hacia áreas de mayor solvencia y perspectivas de largo plazo, y el incremento de la capacidad de consumo de los mercados internos propios. La coordinación de políticas regionales de desarrollo permitiría la instrumentación de estímulos al redireccionamiento de los flujos de comercio e inversiones.
Este tipo de iniciativos dificultaría, a su vez, el traslado de los costos de crisis como la actual a las economías de menor tamaño relativo, evitando mayores cargas al proceso de acumulación endógena, crecimiento y distribución, y brindando más efectividad a las políticas estatales de planificación y promoción económica.
Si una reconexión pasiva con el sistema financiero resulta innecesaria, e incluso absurda cuando este muestra con nítida crudeza su irracionalidad y disfuncionalidad en materia de desarrollo, desperdiciar esta oportunidad para la profundización de la coordinación regional puede constituir un error grave en la estrategia de los consolidados liderazgos latinoamericanos.
Afortunadamente, la agenda política regional muestra iniciativas que se dirigen en este sentido.
El anuncio de la eliminación del dólar como divisa de transacción entre la Argentina y Brasil, a partir de la creación de un sistema de pagos en moneda local para el comercio bilateral constituye un avance significativo en el largo y sinuoso camino de la integración sudamericana.
Si bien se trata de un primer paso, donde sólo intervienen Argentina y Brasil, los intercambios entre Argentina y Brasil representan el 80 por ciento del comercio intraMercosur, con operaciones que este año pueden alcanzar los 30.000 millones de dólares.
La implementación del nuevo sistema se traducirá en una reducción de entre el 1 y el 3 por ciento en los costos financieros y comisiones que deben enfrentar las empresas exportadoras e importadoras para hacerse de los dólares necesarios para llevar a cabo sus operaciones de comercio exterior.
Por otro lado, las Pyme, que constituyen el motor de la economía, podrán verse beneficiadas al poder comercializar a una tasa cambiaria idéntica a la del mercado mayorista, que serán fijadas diariamente por los bancos centrales de Argentina y Brasil, de manera independiente del volumen de la transacción.
Este dato no es menor si consideramos que existe un fuerte componente pyme en nuestro comercio bilateral con Brasil. Según datos del Banco Central de la República Argentina, el 36 por ciento de las operaciones de intercambio comercial bilateral son inferiores a 10.000 dólares y un 39 por ciento fluctúa entre ese monto y los 50.000 dólares.
Desde la instauración del Arancel Externo Común (AEC) en enero de 1995, en el Mercosur se ha venido discutiendo acerca de la necesidad de eliminar su doble cobro.
Cuando ingresa un producto desde un país no perteneciente al Mercosur en uno de los países miembro del bloque se le aplica un arancel que es común a todos los países del Mercosur. El problema aparece cuando el producto en cuestión es exportado a otros de los países miembro, donde nuevamente debe pagar el AEC correspondiente. Es decir, existe una doble imposición.
Para avanzar en la eliminación del doble cobro del AEC primero deben definirse, y acordarse, los criterios de distribución de la renta aduanera. Si no existiera el doble cobro del AEC, al ingresar un producto extrazona, por ejemplo, en Buenos Aires, y reexportarlo a Brasil, este último dejaría de percibir los ingresos arancelarios que fueron cobrados en la Argentina.
La solución pasaría por establecer un sistema de reparto, entre los países miembro del bloque, de la renta proveniente de los aranceles cobrados por los productos extrazona. La definición de los criterios de distribución de la renta aduanera aparece como uno de los principales problemas.
Sin embargo, antes de definir los criterios de distribución de la renta aduanera, el Mercosur deberá contar con un código aduanero común que regule la libre circulación dentro del bloque de las mercaderías importadas desde terceros países.
En julio de 2006, el Mercosur creó un grupo de trabajo para la redacción del proyecto del código aduanero común. Las aduanas de los diferentes países fueron avanzando su redacción y, en términos generales, sólo falta ajustar algunos detalles para que, una vez redactado el documento definitivo, pase a los Parlamentos nacionales para su aprobación.
No obstante, la discusión sobre la distribución de la renta aduanera sigue pendiente. En marzo de 2007 el Consejo del Mercado Común (CMC) creó un grupo técnico donde se han venido tratando tres puntos centrales: forma de recaudación, monto a repartir y criterios de distribución. Hasta el momento se pudo llegar a un consenso en los primeros dos puntos, pero todavía existen diferencias en lo que respecta a los criterios de distribución de la renta aduanera.
La adhesión de Venezuela al Mercosur fue aprobada por los presidentes en 2006. Sin embargo, para que el Protocolo de Adhesión entre en vigencia debe ser aprobado por los Parlamentos de todos los Estados parte. El Protocolo ya fue aprobado por los Parlamentos de Argentina y Uruguay, pero encontró fuertes resistencias y oposición tanto en el Congreso de Paraguay como en el de Brasil.
En suma, la actual crisis internacional pone a nuestra región frente a un desafío que parece estar, en gran medida, a la altura de sus posibilidades. La creciente solidez de nuestras economías se combina con una profundización democrática basada en el cuestionamiento frontal a la inequidad y una defensa irrestricta de los derechos humanos, sociales y económicos más fundamentales.
Resulta natural esperar el surgimiento y desarrollo de tensiones internas sobre la profundización o el cambio en el rumbo iniciado en los últimos años. Hoy se vislumbran dos grandes opciones: la recuperación de elementos de las políticas neoliberales de la década de los 90, en el contexto de iniciativas heterodoxas de validez indiscutible, o la profundización democrática de procesos de desarrollo, cambio estructural y distribución progresiva de la ingreso.
La riqueza más importante de este desafío reside, sin dudas, en su carácter de época. En las actuales condiciones latinoamericanas la suerte del rumbo económico parece estar indisolublemente ligada a la profundización de políticas progresivas y democráticas.
Una buena noticia para una región que ha logrado abandonar los espejos de colores y dar paso a la preeminencia de la política.
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