Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

Las crisis estructurales suelen ser un período de inestimable riqueza. En primer lugar, porque desnaturalizan y ponen en cuestión supuestas verdades sobre el funcionamiento de la economía, axiomas al parecer irrefutables en períodos que podríamos denominar “normales”. En segundo lugar, al poner en cuestión las bases mismas de la regulación económica vigente, se convierten en valiosas oportunidades para reorganizar ciertos aspectos de las políticas públicas de los países en desarrollo, sistemáticamente relegados de los espacios que coordinan la organización económica internacional. En otros términos, las crisis estructurales profundas pueden aportar mayores márgenes de libertad política e ideológica a los países con cierto grado de desarrollo y dinamismo para avanzar en estrategias de independencia relativa y un incipiente autocentramiento.
La existencia de niveles de acuerdo regional en diversos aspectos y una situación comercial y financiera robusta, como los evidenciados por diversos países de la región, incrementan las posibilidades de éxito en el establecimiento de dinámicas con cierto grado de autonomía respecto de la lógica de acumulación que establecen las principales economías del planeta.
El establecimiento de normas macroprudenciales comunes, la creación de fondos de estabilización regional y bancas de desarrollo, mecanismos de desdolarización, políticas de industrialización con base en ciencia y tecnología, y distribución efectiva de la riqueza, constituyen puntos básicos de una agenda local acorde con las circunstancias y potencialidades existentes.
La persistencia de los desbalances globales, sustentados en el consumo de última instancia de una economía con tan altos grados de riesgo como la estadounidense, debiera llamar la atención sobre las necesidades de establecer políticas de reordenamiento paulatino de los flujos de comercio hacia áreas de mayor solvencia y perspectivas de largo plazo, y el incremento de la capacidad de consumo de los mercados internos propios. La coordinación de políticas regionales de desarrollo permitiría la instrumentación de estímulos al redireccionamiento de los flujos de comercio e inversiones.
Este tipo de iniciativos dificultaría, a su vez, el traslado de los costos de crisis como la actual a las economías de menor tamaño relativo, evitando mayores cargas al proceso de acumulación endógena, crecimiento y distribución, y brindando más efectividad a las políticas estatales de planificación y promoción económica.
Si una reconexión pasiva con el sistema financiero resulta innecesaria, e incluso absurda cuando este muestra con nítida crudeza su irracionalidad y disfuncionalidad en materia de desarrollo, desperdiciar esta oportunidad para la profundización de la coordinación regional puede constituir un error grave en la estrategia de los consolidados liderazgos latinoamericanos.
Afortunadamente, la agenda política regional muestra iniciativas que se dirigen en este sentido.
El anuncio de la eliminación del dólar como divisa de transacción entre la Argentina y Brasil, a partir de la creación de un sistema de pagos en moneda local para el comercio bilateral constituye un avance significativo en el largo y sinuoso camino de la integración sudamericana.
Si bien se trata de un primer paso, donde sólo intervienen Argentina y Brasil, los intercambios entre Argentina y Brasil representan el 80 por ciento del comercio intraMercosur, con operaciones que este año pueden alcanzar los 30.000 millones de dólares.
La implementación del nuevo sistema se traducirá en una reducción de entre el 1 y el 3 por ciento en los costos financieros y comisiones que deben enfrentar las empresas exportadoras e importadoras para hacerse de los dólares necesarios para llevar a cabo sus operaciones de comercio exterior.
Por otro lado, las Pyme, que constituyen el motor de la economía, podrán verse beneficiadas al poder comercializar a una tasa cambiaria idéntica a la del mercado mayorista, que serán fijadas diariamente por los bancos centrales de Argentina y Brasil, de manera independiente del volumen de la transacción.
Este dato no es menor si consideramos que existe un fuerte componente pyme en nuestro comercio bilateral con Brasil. Según datos del Banco Central de la República Argentina, el 36 por ciento de las operaciones de intercambio comercial bilateral son inferiores a 10.000 dólares y un 39 por ciento fluctúa entre ese monto y los 50.000 dólares.
Desde la instauración del Arancel Externo Común (AEC) en enero de 1995, en el Mercosur se ha venido discutiendo acerca de la necesidad de eliminar su doble cobro.
Cuando ingresa un producto desde un país no perteneciente al Mercosur en uno de los países miembro del bloque se le aplica un arancel que es común a todos los países del Mercosur. El problema aparece cuando el producto en cuestión es exportado a otros de los países miembro, donde nuevamente debe pagar el AEC correspondiente. Es decir, existe una doble imposición.
Para avanzar en la eliminación del doble cobro del AEC primero deben definirse, y acordarse, los criterios de distribución de la renta aduanera. Si no existiera el doble cobro del AEC, al ingresar un producto extrazona, por ejemplo, en Buenos Aires, y reexportarlo a Brasil, este último dejaría de percibir los ingresos arancelarios que fueron cobrados en la Argentina.
La solución pasaría por establecer un sistema de reparto, entre los países miembro del bloque, de la renta proveniente de los aranceles cobrados por los productos extrazona. La definición de los criterios de distribución de la renta aduanera aparece como uno de los principales problemas.
Sin embargo, antes de definir los criterios de distribución de la renta aduanera, el Mercosur deberá contar con un código aduanero común que regule la libre circulación dentro del bloque de las mercaderías importadas desde terceros países.
En julio de 2006, el Mercosur creó un grupo de trabajo para la redacción del proyecto del código aduanero común. Las aduanas de los diferentes países fueron avanzando su redacción y, en términos generales, sólo falta ajustar algunos detalles para que, una vez redactado el documento definitivo, pase a los Parlamentos nacionales para su aprobación.
No obstante, la discusión sobre la distribución de la renta aduanera sigue pendiente. En marzo de 2007 el Consejo del Mercado Común (CMC) creó un grupo técnico donde se han venido tratando tres puntos centrales: forma de recaudación, monto a repartir y criterios de distribución. Hasta el momento se pudo llegar a un consenso en los primeros dos puntos, pero todavía existen diferencias en lo que respecta a los criterios de distribución de la renta aduanera.
La adhesión de Venezuela al Mercosur fue aprobada por los presidentes en 2006. Sin embargo, para que el Protocolo de Adhesión entre en vigencia debe ser aprobado por los Parlamentos de todos los Estados parte. El Protocolo ya fue aprobado por los Parlamentos de Argentina y Uruguay, pero encontró fuertes resistencias y oposición tanto en el Congreso de Paraguay como en el de Brasil.
En suma, la actual crisis internacional pone a nuestra región frente a un desafío que parece estar, en gran medida, a la altura de sus posibilidades. La creciente solidez de nuestras economías se combina con una profundización democrática basada en el cuestionamiento frontal a la inequidad y una defensa irrestricta de los derechos humanos, sociales y económicos más fundamentales.
Resulta natural esperar el surgimiento y desarrollo de tensiones internas sobre la profundización o el cambio en el rumbo iniciado en los últimos años. Hoy se vislumbran dos grandes opciones: la recuperación de elementos de las políticas neoliberales de la década de los 90, en el contexto de iniciativas heterodoxas de validez indiscutible, o la profundización democrática de procesos de desarrollo, cambio estructural y distribución progresiva de la ingreso.
La riqueza más importante de este desafío reside, sin dudas, en su carácter de época. En las actuales condiciones latinoamericanas la suerte del rumbo económico parece estar indisolublemente ligada a la profundización de políticas progresivas y democráticas.
Una buena noticia para una región que ha logrado abandonar los espejos de colores y dar paso a la preeminencia de la política.

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