Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

16Feb/090

CORAMECO: Confederación de Radios y Medios de Comunicación

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PRENSA - 12 FEB - 2009

 

En la tarde del pasado 12 de febrero, La Confederación de Radios y Medios de Comunicación de Argentina, mantuvo una

reunión de trabajo con el Interventor del COMFER, Compañero Lic. Gabriel Mariotto, en las oficinas que el organismo tiene en la calle Suipacha de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Los pequeños y medianos medios de comunicación PyMes y de Organizaciones No  Gubernamentales de todo el país, unidos en esta Confederación Nacional  y Federal, manifestaron su vocación de aportar a la construcción del Proyecto Nacional y Popular que Argentina reclama.

Se reafirmó en este encuentro, que la concentración mediática en un puñado de grupos económicos atenta contra la libertad de expresión, elección, opinión y el derecho a la información del pueblo en su conjunto y la excelencia comunicacional. Es por eso que el Presidente de la Confederación, Compañero Osvaldo Guillermo Francés, hizo saber a las autoridades del Comité Federal de Radiodifusión, de la vocación inclaudicable de los comunicadores que la integran, de que en conjunto con las autoridades nacionales, se bregará para transformar la realidad actual, que desde lo mediático castiga con la desinformación y la hegemonía del discurso único a todos los argentinos.

 

Se reconoció el efectivo accionar del Gobierno Nacional que preside Cristina Fernández, que promovió durante el año 2008 el debate sobre una Ley de Radiodifusión que cerrará un ciclo abierto durante la dictadura cívico-militar que continuó por más de veinte años, en desmedro de la información y al servicio de la desinformación con el proceso de concentración y transnacionalización de los Medios de Comunicación en la Patria. Por ello, la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de la Argentina ratificó -una vez más- el apoyo incondicional a los 21 Puntos por una nueva Ley de Radiodifusión, expuestos permanentemente por la Coalición por una Comunicación Democrática, que desde el año 2003 se ha convertido en el marco de unidad más grande desde el campo popular y de la cual todos los integrantes de esta Confederación somos parte.

 

Participaron de la reunión:

 

Osvaldo Guillermo Francés, Juan Manuel Rapacioli, Javier González y Mario Bevacqua de A.R.B.I.A.; José Torres y Carlos Alberto Ripoll de A.RA.MI.; Mario Valiente y Carlos Abatángelo de ARCam; Mariano Rojas y Silvia Muñoz Velcheff de ACOPROE y ASFERA; Alberto Gonzálo Cazales de ARAFREM; Fabián Sinsig de AFOR; Germán Ibarra de ACHART, Anibal Ferrante de ARMICOBO; Manuel Flores de CRyTV; Martín García de la Agencia Nac&Pop y Asesor de comunicaciones del H. Senado de la Nación; Walter Formento del Movimiento Nacional, Popular y Latinoamericano y del Centro de Investigaciones Políticas y Económicas; Santiago Coco Plaza y Enrique Ruíz de la Comisión de Medios Audiovisuales del Espacio Carta Abierta; Víctor F Schajovirsch de ATECO, Ismael Husain A.ME.CO. entre otros.

Los comunicadores presentes, representantes de las Provincias de Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Capital Federal, Tierra del Fuego, Catamarca ,Santa Fe y Mendoza entre otros, coincidieron en que, no obstante al tratamiento y sanción de una nueva Ley, no pueden demorarse decisiones de adoptar urgentemente las siguientes medidas:

 

- Avanzar rápidamente con el proceso de Normalización priorizando los medios de comunicación integrantes de nuestras   Asociaciones, porque su permanencia y constancia más las presentaciones realizadas en cada oportunidad son suficiente   antecedente para obtener la legalidad negada.

- Destrabar las mal llamadas "Zonas de Conflicto" en forma urgente y realizar la Normalización correspondiente en todo el territorio nacional en un plazo perentorio que no debe trascender la gestión de la actual presidenta.

 - Apoyar todas las medidas que el Gobierno Nacional realice en el camino de garantizar la consolidación del Proyecto Nacional y Popular en lo que a Medios de Comunicación se refiera.

 - Solicitar al Gobierno Nacional el acceso a créditos y subsidios para el desarrollo de nuestra actividad así como la   capacitación técnica y profesional que la acelerada transformación tecnológica requiere.

- Solicitar la apertura de Delegaciones del COMFER donde la necesidad lo requiera.

 - Solicitar al COMFER que controle la repetición de programación en Cadena, originada en la Ciudad de Buenos Aires hacia el interior del país, para lograr que los medios nacidos de la democracia tengan vos local y federal.

- Solicitar al COMFER y CNC que se controle las potencias permitidas o autorizadas por categoría y zonas.

- Tener reuniones de trabajo programadas con La Secretaria de Medios, COMFER y CNC.

 

Ante ello, el Licenciado Gabriel Mariotto solicitó a los Comunicadores presentes, la designación de un Delegado que actúe como enlace entre las partes, a los fines de un monitoreo permanente y colaboración en las acciones que se emprendan, ya que el COMFER está actuando con todos los elementos a su alcance, para solucionar en tiempo perentorio, distintos temas entre los cuales, el de las adjudicaciones de licencias solicitadas en el 2006 y avanzar rápidamente en las mal llamadas zonas de conflicto, sea un hecho concreto en el presente año. A tal fin, la Confederación asignó al Compañero Juan Manuel Rapacioli, como DELEGADO ante el COMFER de las acciones que correspondan y permitan a las Asociaciones Provinciales, tomar parte de las decisiones que correspondan a cada Distrito.

 

Las coincidencias fueron totales, destacándose muy en particular, el pedido de control de las programaciones que desde Buenos Aires llegan en cadena a distintos puntos del país, en detrimento de las programaciones locales y como acción depredadora de las realidades cotidianas que tienen las distintas regiones de la Argentina.

Por otra parte, la Confederación también hizo presentaciones ante la Secretaría de Medios y la Presidencia de la Nación, para permitir en corto plazo, seguir intercambiando ideas y proyectos.

Asimismo, hubo coincidencias en la necesidad de un trabajo mancomunado con la Comisión Nacional de Comunicaciones, a efectos de evitar acciones en detrimento de las que, con cordura, lleva adelante la Señora Presidenta de los argentinos, Compañera Cristina Fernández.

 

 POR LA CONFEDERACIÓN

OSVALDO GUILLERMO FRANCÉS - PRESIDENTE (ARBIA)

 MARIANO ROJAS - VICEPRESIDENTE (ACOPROE)

 JOSE TORRES - SECRETARIO (ARAMI)

 JUAN MANUEL RAPACIOLI - DELEGADO (ARBIA)

 

PRENSA:La.Co.Ra.Me.Co.

 WWW.LACORAMECO.COM

16Feb/090

Proyecto para el debate de la OEI

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Para la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura OEI el proyecto Metas 2021: La educación que queremos para la generación de los bicentenarios es esencial que sea un proyecto definido sobre la base de la participación de todos los actores educativos. Por ello invitamos a los profesionales de la educación y colectivos de profesores, padres y madres a remitirnos a través de este formulario un texto en el que expresen su opinión sobre el proyecto en su integridad o sobre cualquier aspecto específico en el que deseen incidir.

Los aportes serán publicados en la web a lo largo del debate que se iniciará en marzo de 2009.

http://www.oei.es/metas2021/reflexiones.htm

Acceder a documento para el debate.

http://www.oei.es/metas2021/indice.htm

16Feb/090

Claves para la futura negociación

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Por Alejandro Rofman *

La grave sequía que afecta a gran parte de la Pampa Húmeda y el noreste argentino trajo el reclamo de los propietarios o arrendatarios de tierras pampeanas y de zonas cercanas, quienes exigen un cuantioso apoyo financiero del Estado para paliar las pérdidas en los cultivos anuales y en la cría de ganado. A ello agregan el supuesto quebranto que implicaría el mantenimiento de las retenciones a las exportaciones de cereales, oleaginosas y carnes, cuya eliminación reclaman junto con legisladores de la oposición que, por ignorancia o por angurria de poder político, operan de voceros de una propuesta profundamente inequitativa.

Es de destacar que los que protestan son aquellos que explotan campos que se alimentan sólo del agua de lluvia, ya que carecen de fuentes hídricas que la sustituya. Al respecto, es preciso tener en cuenta dos cuestiones centrales:

1) En el espacio agrícola de alta sequía existen otras formas de producción que no dependen de las lluvias. Por caso: el 50 por ciento del ganado vacuno argentino se alimenta hoy con productos industrializados, es decir con alimentos balanceados, cuya provisión no depende de las lluvias.

2) Los dueños de la tierra que aducen graves pérdidas son los que, ya sea a través de fuerza de trabajo contratada o mediante cesión a terceros por arrendamiento, proveen de recursos al sector agropecuario exportador. Mientras que los daños producidos al trigo y al maíz rondan entre el 30 al 40 por ciento de la cosecha, en el caso de la soja solamente se ha perdido el 10 por ciento de lo sembrado.

Pero la actividad rural también se realiza mediante la provisión de agua por riego. Así, la mayor parte de las hortalizas y las legumbres que diariamente consumimos se obtienen en pequeños predios donde el productor familiar obtiene el agua en la superficie o por perforación. Idéntico procedimiento se emplea en el caso de la fruta, la uva para vino, la caña de azúcar, el tabaco, etc., que son producciones típicas del norte semiárido, del oeste desértico y de los valles patagónicos irrigados. La mesa familiar argentina se nutre, en un 50 por ciento, de estos aportes de producción con riego artificial. Además, actividades claves cono la cría de porcinos, de aves y de obtención de huevos, entre otras, son claramente procesos agroindustriales sofisticados que escapan al tema de mayor o menor cantidad de lluvias caídas y en donde intervienen numerosos pequeños productores familiares.

Entre los dueños de la tierra pampeana (ya sean pequeños, medianos o grandes propietarios), los menos son productores directos, en tanto que la mayoría son arrendatarios. El segmento más dañado por la sequía es el de los que producen trigo y maíz y cultivan ganado en establecimientos pequeños y medianos. Suman alrededor de 30.000 a 40.000 propietarios o arrendatarios, o sea el 10 por ciento de los productores agrarios de la Argentina. Los sojeros (unos 80.000 dueños de predios o arrendatarios) han sufrido un limitado deterioro de su plantación dado que las nuevas semillas genéticamente transformadas son muy resistentes a la falta de agua. Tampoco los ganaderos que alimentan su ganado con alimentos balanceados sufren quebranto.

Las medidas propuestas por el arco opositor no discriminan entre un pequeño productor agrícola o ganadero de un área marginal y los grandes pools de siembra o arrendatarios de centenares de miles de hectáreas, como Cresud, los Grobocopatel o los propietarios de vacunos alimentados en feedlots. Y, además, pretenden abolir las retenciones incluso para los afortunados sojeros, quienes obtuvieron durante un quinquenio muy elevadas rentas de la tierra y/o ganancias empresariales y ahora no están dispuestos a aceptar ningún recorte. Es realmente insólito que, además de la fuerte caída de ingresos fiscales que acarrearía la eliminación de las retenciones, se pretenda un inequitativo beneficio a segmentos del capital financiero dedicado a la actividad agraria, incluyendo a grandes grupos económicos y/o propietarios que alquilaron sus tierras durante años a muy elevadas rentas especulativas.

A esta propuesta de la nueva derecha, que incluye como regalo especial una disminución de las cargas impositivas de los ganadores del agro argentino del reciente quinquenio, se agrega la idea de destinar 3000 millones de pesos para favorecer a los barones de la tierra, mientras se propone eliminar el IVA a los productos básicos, con el consiguiente impacto fiscal negativo.

Los socialistas, que pensamos que toda propuesta económica debe tener en cuenta que la sociedad es una estructura formada por clases y sectores de clase altamente diferenciada, proponemos:

1. Mantenimiento de las retenciones a los grandes propietarios de la tierra, en todas sus actividades agrarias, como fuente de ingresos y mecanismo de ajuste de precios e ingresos.

2. Reducción y/o eliminación de retenciones para las próximas campañas de trigo y maíz a los pequeños productores, acompañada de rebajas sustanciales de los insumos agroquímicos, dada la fuerte caída del precio del petróleo en el nivel mundial para estimular las futuras siembras.

3. Amplios créditos para las nuevas campañas a los pequeños productores con tasas de interés subsidiadas.

4. Reducción concertada de precios de los artículos de primera necesidad entre los sectores agroindustriales que los producen y las cadenas de distribución al público consumidor.

5. No desfinanciar el Estado nacional que, a fin de paliar los efectos de la crisis económica mundial, asumió compromisos irrenunciables para alentar la obra pública y la construcción de viviendas, el estímulo a la producción en pymes, la concesión de subsidios para servicios y bienes de consumo indispensables para la población y la preservación de las fuentes de trabajo.

6. Puesta en marcha de un programa de subsidio a la niñez a partir de la universalización del salario familiar, con la consigna de ningún niño con hambre. Su financiamiento deberá obtenerse con la paulatina restitución del Impuesto a las Ganancias a las transacciones financieras, a medida que las necesidades de recursos vayan surgiendo.

7. Formulación de un Plan Nacional de Desarrollo Rural que se focalice en los pequeños productores familiares y difunda este modelo organizativo de producción, ambiental y socialmente sustentable, para los diferentes procesos productivos del agro.

Frente a la propuesta del llamado arco opositor, que sólo incrementaría los grandes beneficios de los productores agrarios enriquecidos por rentas y ganancias desmedidas, proponemos un programa de corto plazo, diferenciado según clase o sector social, que atienda a la calidad de vida de la niñez y de los sectores populares más necesitados y estimule el consumo para expandir la producción interna y preservar el empleo.

* Dirigente de la línea Unidad Socialista del PS. Economista integrante del Grupo Fénix y de Carta Abierta.

 

16Feb/090

Recetas para afrontar el temporal

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La desaceleración económica y la caída de los precios de las commodities afectarán la recaudación. El traspaso de los fondos de las AFJP sirve para atenuar el impacto, pero no será suficiente. Díaz Frers propone ajustar algunas partidas y Rovelli, incentivar la actividad.

Ajustar las cuentas

Por Luciana Díaz Frers *

El Presupuesto que el gobierno nacional elaboró para 2009 ha quedado completamente desactualizado. Aquello que en septiembre de 2008 se anticipaba como una razonable previsión de gastos (253.484 millones de pesos) y recursos (264.504 millones) del Sector Público Nacional, así como el resultado fiscal (3,3 por ciento del PIB para el resultado primario y 1 por ciento luego del pago de intereses de la deuda pública), debería ser revisado para obtener un panorama más acertado acerca de la situación fiscal en este año.

La recaudación se verá incrementada por la reforma del Sistema de Seguridad Social, con el traspaso de las contribuciones al sistema estatal de reparto. Especialmente teniendo en cuenta que incluso los ahorros en las AFJP se están contabilizando como ingresos corrientes. En cambio impactarán negativamente sobre los ingresos del fisco la desaceleración económica, la caída de los precios de las commodities y, probablemente, la sequía.

Otro factor que se testeará este año es la evasión. El crecimiento de los últimos años y presuntas mejoras en la administración tributaria parecen haber disminuido la evasión y permitido que la presión tributaria ejercida por los tres niveles de gobierno supere el 30 por ciento del PIB, cifra record en la Argentina. La desaceleración económica dejará en evidencia si los avances han sido sólo gracias al viento de cola o si ha habido auténticas mejoras en la administración tributaria.

Por el lado del gasto, la caída del precio de las commodities es un factor de alivio al disminuir los subsidios necesarios al Transporte y la Energía, al igual que el aumento de las tarifas. Pero la desaceleración del crecimiento presionará sobre el gasto social, en el mismo sentido que los planes de estímulo al consumo privado o las posibles compensaciones al sector agropecuario. Y, por sobre todos estos factores, pesará sobre el gasto porque éste es un año de elecciones. En cualquier gráfico de tendencia de largo plazo resulta evidente ver que, en los años electorales, los aumentos del gasto son mucho más significativos que en los años en los que no hay comicios.

Teniendo en cuenta todos estos factores, no resulta fácil estimar el impacto neto sobre el resultado fiscal, pero todo parece indicar que habrá un moderado deterioro en las cuentas públicas. Más relevante aún, cabe preguntarse cómo debería ser una política fiscal en un año de desaceleración. Desde la teoría, y con ciertos supuestos, se puede defender una política fiscal contracíclica. Es decir, si la Argentina creciera a un ritmo muy menor al potencial, podría justificarse una disminución del superávit (o en caso agudo, incluso un déficit) para estimular a la economía y así prevenir una caída mayor.

Pero ello depende de una combinación de las posibilidades que enfrente el Gobierno, así como de la voluntad política. La falta de acceso al crédito presumiblemente impediría un déficit, a menos que se fuerce la aceptación de deuda (como sería el caso de la emisión de monedas provinciales). Y el factor voluntad es el más difícil de predecir. Cabe admitir que el actual gobierno nacional ha llevado a cabo una política fiscal procíclica desde 2005, disminuyendo el superávit fiscal a pesar del alto crecimiento. Esto es más grave aún teniendo en cuenta dos factores. En primer lugar, desde 2006 no se han depositado los ahorros previstos en el Fondo Fiscal Anticíclico comprometidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2004. Y, en segundo lugar, haber contabilizado como ingresos corrientes los fondos provenientes de los ahorros en las AFJP implica que los resultados serían peores si se adoptaran criterios contables algo más razonables.

Este no es un año para ponerse demasiado ortodoxo con la política fiscal. Y, por fortuna, ha habido importantes avances en materia de presión tributaria, lo cual da oxígeno al Gobierno para poder hacer frente a las crecientes demandas sobre el gasto. Pero es preocupante que en años de alto crecimiento no hayamos tomado las medidas necesarias para enfrentar lo que era absolutamente previsible: que, en algún momento, llegaría alguna crisis interna o externa que frenaría la extraordinaria expansión económica. Hoy la Argentina no tiene los ahorros necesarios para enfrentar la desaceleración, por lo cual, por algún lado, deberán ajustar sus cuentas. El ajuste debería seguir la línea de la reducción de ciertos subsidios que benefician a grupos más o menos aventajados y, en cambio, no afectan el gasto en Educación, Salud y Protección Social focalizado en los grupos más pobres.

* Directora de Política Fiscal de Cippec.


Incentivar la actividad

Por Horacio Rovelli *

El gobierno nacional, además de continuar atendiendo las funciones básicas de su competencia: servicios gubernamentales; de defensa y seguridad; gastos sociales (salud, educación, asistencia social, seguridad social, etc.) y de apoyo a la economía; en las actuales circunstancias, incrementa la inversión pública, que junto con otras medidas de aliento al consumo y a las exportaciones conforman el plan gubernamental para enfrentar la desaceleración interna causada por la crisis internacional. Paralelamente debe cumplir con los compromisos externos.

El Programa de Obras anunciado prevé una erogación (directa más transferencias de capital) para 2009, de 56.800 millones de pesos (5,5 por ciento del PBI), con lo que se propone dar respuestas a dos grandes Ejes:

a) Eje social. Construir más de 100.000 soluciones habitacionales para el año 2009; brindar el servicio de agua potable al 92 por ciento y cloacas al 63 por ciento de la población del país; finalizar 900 escuelas para marzo de 2010; pavimentar 12.500 cuadras y, continuar con el plan de infraestructura hospitalaria, turística y cultural.

b) Eje económico-productivo: Realizar el mantenimiento de la red vial nacional pavimentada; pavimentar 1400 km de la red vial nacional; ampliar en 2500 km la capacidad de la red vial; aumentar 30 por ciento la capacidad de transporte de gas; incrementar un 72 por ciento la generación de energía eléctrica y 69 por ciento la red de transporte; poner en marcha dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado en las localidades de Timbués (pcia. de Santa Fe) y Campana (pcia. de Buenos Aires) que inyectará 1600 MW de oferta eléctrica al sistema nacional; emplear para las obras en la Cuenca del Río Salado (pcia. de Bs As) aproximadamente 900 millones de pesos; destinar para las obras de desagües urbanos en todo el país otros 900 millones de pesos y, fortalecer las políticas estatales para el desarrollo de las telecomunicaciones.

A la obra pública y su efecto multiplicador sobre la inversión y la demanda de insumos y de trabajo, deben sumarse las medidas estatales de: I) apuntalar el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones mediante paritarias libres y ajustes previsionales; II) el Programa de Recuperación Productiva (Repro) del Ministerio de Trabajo de la Nación que subsidia a las empresas para preservar el empleo; III) defensa del mercado interno (licencias, valores criterios, antidumping, salvaguardias, etc.); IV) tomar medidas para favorecer la demanda de automóviles, línea blanca (heladeras, cocina, calefones, lavarropas, termo tanques), construcción, etc. (y su efecto multiplicador sobre los proveedores de esas producciones); V) apuntalar las exportaciones; VI) licitaciones de fondos de la Anses al sistema financiero para reducir las tasas de los préstamos; etc., todas acciones que en conjunto conforman el Plan Anticrisis del Gobierno.

Las autoridades son conscientes de que para desalentar la "presión" sobre el dólar en el mercado local, deben asegurar el pago de los servicios de la deuda externa pública, de manera tal que tienen programado contar con superávit fiscal para hacer frente a la cancelación de los intereses de la misma, así como la de colocar títulos en el mercado nacional y renegociar vencimientos, para cambiar deuda vieja por deuda nueva, a mayores tasas, pero con el objetivo de conseguir mayores plazos.

En 2008 el superávit primario fue de 9700 millones de dólares, y para el corriente año se estima que va a ser de 9500 millones de dólares, de los cuales 7000 millones se aplicarán al pago de intereses y 2500 millones para amortizar capital de deuda. Como el vencimiento total de capital de la deuda de 2009 es de 11.300 millones de dólares, el Tesoro debe financiar el saldo de 8800 millones de dólares, que puede hacerlo, principalmente en base al mercado interno, a través de la transferencia de mayores adelantos transitorios por parte del BCRA y de las utilidades de ese banco; de un porcentaje de los depósitos del Banco Nación; y de la colocación de títulos del Tesoro en el "Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto" de la Anses.

Finalmente, el saldo faltante se obtendrá de la refinanciación de los llamados "Préstamos Garantizados", tanto los que están en poder de los bancos locales como en bancos en el exterior, así como convenir un reescalonamiento de las acreencias de otros títulos de deuda pública Argentina que posean.

Por lo tanto, el Gobierno con un ambicioso plan de obras, más las distintas medidas de estímulo a la demanda agregada, y acordado el pago y el financiamiento del saldo del servicio de la deuda, incentiva a la población a mantener el nivel de actividad, que no sólo es garantía de mayores recursos para el fisco, asegurando el financiamiento genuino del plan, sino que es el principal camino a seguir para morigerar los impactos que sobre el nivel de empleo puedan tener los efectos de la crisis financiera internacional sobre nuestro país.

* Economista de la Fetyp.