Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

12May/090

Desde España

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Resistencias de proximidad. Respuestas desde lo local ante la crisis económica y el desempleo

Intervención en el acto "¿Qué pasa con el paro en Villanueva?", celebrado el jueves 7 de mayo de 2009 a convocatoria del Foro Social de Villanueva de La Serena (Badajoz).

 

Jónatham F. Moriche | Para Kaos en la Red | 11-5-2009 | 263 lecturas

www.kaosenlared.net/noticia/resistencias-proximidad-respuestas-desde-local-ante-crisis-economica-d

 [NOTA: esta artículo amplía y precisa mi intervención en el acto público "¿Qué pasa con el paro en Villanueva?", celebrado el jueves 7 de mayo de 2009, convocado por el Foro Social para el Desarrollo y Bienestar de Villanueva de La Serena (Badajoz)]

La sostenibilidad local está llamada a converger con la global. Sin embargo, la diferencia entre ambas cobra importancia cuando, como es habitual, no se razona a largo plazo. José Manuel Naredo

Lo que va a cambiar al mundo son las prácticas locales. Raúl Zibechi

En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a los compañeros y compañeras del Foro Social de Villanueva, por organizar este acto, y a todos los que habéis atendido esta convocatoria, y que estáis interviniendo ahora, a título individual o en representación de vuestras organizaciones sociales o políticas, en esta primera ronda de exposiciones, o lo haréis luego durante el debate. Quisiera añadir, antes de entrar en materia, que la celebración de este acto, en estas dependencias municipales, es ya en sí misma una victoria, compartida por todos aquellos que, cada cual desde su muy legítima opción ideológica y organizativa, pelean cada día en esta ciudad por la libertad de expresión, por la transparencia de las instituciones, por los derechos sociales, por los servicios públicos... En actos como este expresamos nuestras mejores razones, escuchamos las de los demás, cuestionamos y somos cuestionados, acertamos o nos equivocamos. Pero sólo por estar aquí, esforzándonos por convencer, y exponiéndonos a ser convencidos, ya podemos apuntarnos un tanto de ventaja sobre quien se niega a debatir, no tolera que sus razones sean cuestionadas y descalifica por sistema y sin mesura a quien se atreve a hacerlo.

El esquema de propagación de la monumental recesión económica mundial que padecemos y las grandes cifras que describen la situación actual son perfectamente conocidas, y aquí apenas las referiré por encima. En la primavera-verano de 2008, el sector hipotecario norteamericano colapsó debido a las masivas prácticas especulativas de alto riesgo posibilitadas por la sistemática desreglamentación. En su caída, el mercado de hipotecas arrastró primero al resto del sector financiero. Y luego se ha extendido a la economía real, dado que, si se contrae el crédito por falta de liquidez del mercado financiero, desciende la demanda, y si desciende la demanda se recorta la producción y, consecuentemente, el empleo. Evidentemente, un sistema económico mundial basado en la especulación, la desregulación y el endeudamiento es un disparate demencial que, como ahora estamos constatando, sólo puede terminar de una manera: estrepitosamente mal.

El impacto de la crisis sobre el empleo y las condiciones de vida de la clase trabajadora mundial es ya una trágica pandemia. La Organización Internacional del Trabajo calcula que este año se perderán unos 50 millones de empleos en todo el mundo, cifra que otras fuentes elevan significativamente. En el Estado español, la tasa de paro prácticamente se ha duplicado desde principios de 2007 y supera ya el 17% de la población activa (más de cuatro millones de personas). La Unión Europea nos augura un 20'5% de aquí a año y medio. Un porcentaje que en Extremadura ya hemos superado (21'7% en abril de 2009, lo que equivale a más de 105.000 trabajadores desempleados). Las consecuencias sociales de esta debacle económica pueden perfilarse a través de unas pocas cifras significativas. Más de un millón de parados españoles han perdido ya su cobertura de desempleo y dependen exclusivamente de la asistencia social o la cooperación de sus familias (en Extremadura, los desempleados sin cobertura son ya más de 15.000). El número de ejecuciones hipotecarias se ha incrementado en 2008 un 126% en el Estado español (en cifras redondas 59.000 casos, frente a los 26.000 del ejercicio anterior), y podría alcanzar durante 2009 los 85.000 casos, según previsiones del Consejo General del Poder Judicial (el incremento interanual en Extremadura ha sido del 100%, de 361 a 723 casos). La organización asistencial Cáritas ha incrementado sus intervenciones en un 50% a lo largo de 2008 y afronta 2009 completamente desbordada por las demandas de alimentos, alojamiento, asistencia médica... Las colas interminables a las puertas de sus comedores se están convirtiendo en el más expresivo icono del devastador impacto social de esta crisis de sistema.

Es evidente que esta crisis tiene un origen y un alcance global, y que sus grandes soluciones deberán ser igualmente globales. Los Estados y los organismos internacionales deben tomar (o más bien, deberían haber tomado hace mucho) una serie de medidas imprescindibles e inexcusables, como son la aplicación de regulaciones e impuestos a los grandes capitales especulativos transnacionales, la supresión de los paraísos fiscales, la recuperación del control democrático sobre los bancos centrales y la creación de potentes bancas públicas, la imposición de una fuerte progresividad fiscal sobre las rentas más altas y los beneficios empresariales... Por desgracia, al menos de momento, gobiernos y organismos multilaterales están haciendo, según el caso, entre poco (y mal), nada o sencillamente lo contrario de todo esto. Para describir la (completa ausencia de) respuesta económica del gobierno español ante la crisis, nuestro convecino Mario Trinidad ha empleado este certero y expresivo titular (que sería también aplicable a otros muchos países y organismos internacionales): "esperar a que escampe". Pero, ¿implica eso que en nuestros territorios, ciudades, pueblos y barrios, quienes no disponemos de poltrona propia en el G-20 (ni cuenta numerada en las Islas Caimán), debemos quedarnos también de brazos cruzados ante la crisis económica y sus devastadoras consecuencias sociales, agachar la cabeza y entregarnos al sálvese quien pueda y tonto el último, permitiendo que nuestros lazos y afectos ciudadanos, los fundamentos de nuestra convivencia social, sean también entregadas como víctimas sacrificiales del desorden económico? ¿No existen acaso mejores alternativas, construidas desde abajo, desde la realidad cotidiana de nuestros territorios y comunidades, para enfrentarnos a esta dramática situación?

Afortunadamente, sí, existen. Podemos dar respuestas desde lo local ante la crisis económica y el desempleo, articulando aquello que llamaré provisionalmente, a falta de una denominación mejor, resistencias de proximidad. Decisiones sobre nuestro contexto más inmediato, que muy posiblemente no van a remansar el tsunami globalizado en el que nuestras comunidades navegan, pero que pueden ofrecernos en esta situación de emergencia un marco local más aceptable de estabilidad, de seguridad y de equidad. Y que, a la vez, pueden convertir a nuestras comunidades locales en contribuyentes netas a la causa común y a largo plazo de un orden social y económico mundial más estable, seguro y justo.

En lo que sigue, propondré sólo unas cuantas de estas posibles decisiones. Se trata apenas de unas piezas, partes de un puzzle más grande y complejo, cuya elaboración y puesta en práctica no puede ser sino extensamente colectiva y profundamente democrática.

(1) introducir cláusulas sociales y criterios de utilidad pública en las ayudas públicas a la gran actividad económica privada. Aunque la mayoría de medidas de apoyo público a la actividad empresarial están en manos de las CCAA o el Estado central, otras son gestionadas desde los Ayuntamientos y las comarcas o mancomunidades. Una muy importante, aunque no la única, es la cesión de suelo público municipal a precios preferentes (o directamente gratis) para la actividad productiva y comercial. Hasta ahora, casi nadie desde las instancias locales ha aplicado más criterio a la hora de otorgar esas ayudas que la creación de empleo y la generación de impuestos, en bruto y a muy corto plazo. Rara vez se han puesto en cuestión, desde los Ayuntamientos, la calidad y la duración del empleo que esas actividades iban a generar, ni el trato que iban a prestar a sus proveedores y empresas auxiliares locales, ni el impacto de conjunto y a largo plazo que esas grandes empresas iban a tener sobre la actividad económica y el mercado de trabajo locales. Así, se ha promovido que grandes empresas multinacionales se hayan instalado en nuestras comunidades locales con amplio apoyo público, desdeñando el hecho de que, generando empleo precario y muy dependiente de los vaivenes globales, y llevándose muy lejos el grueso de los beneficios empresariales, destruían empleo de mayor calidad y estabilidad en el tejido económico local (que es el que reinvierte un porcentaje mucho mayor de su beneficio empresarial en el propio territorio). El caso más evidente son las grandes superficies de ocio y consumo como Carrefour, que están desertizando el pequeño comercio y la actividad económica familiar en todos los municipios en los que se instalan y en las comarcas que los circundan, como ya se puede constatar en nuestra región en Plasencia y el Valle del Jerte, o Villanueva y la comarca de La Serena. Sin olvidar que, por causa de esta crisis o de la siguiente, estas grandes cadenas pueden perfectamente de un día para otro echar el cerrojo y deslocalizar su actividad doscientos kilómetros arriba o abajo en el mapa, dejando como legado una masiva catástrofe laboral y social en el territorio que les acogió aturdido por su propaganda.

Una primera muestra de nuestra resistencia de proximidad ante la crisis debería ser, sin duda, poner coto a estas prácticas de estas grandes corporaciones en nuestro territorio local, condicionando mediante una exhaustiva negociación las condiciones laborales que deben ofrecer a sus trabajadores y trabajadoras, y las condiciones comerciales que deben ofrecer a sus proveedores y empresas auxiliares locales, y poniendo todas las trabas jurídicamente imaginables a su instalación en caso contrario. ¿Es posible? Sí. Por ejemplo en EEUU muchas comunidades han adecuado sus normativas municipales en materia de urbanismo o medio ambiente a fin de imposibilitar legalmente la instalación de grandes cadenas como Wall-Mart o Starbucks, perfectamente conocidas por todos los norteamericanos como campeonas de la explotación laboral y el maltrato salarial a sus trabajadores y trabajadoras.

(2) atraer los tramos de mayor valor añadido de las actividades económicas locales y tradicionales. En El modelo extremeño. Ecodesarrollo de La Serena y La Siberia, el profesor Mario Gaviria proponía tajantemente hace ya treinta años: "Se prohíbe la salida [de la comarca] de materias primas alimentarias (ganado vivo, cereal sin molturar y transformar, etc.)". ¿Por qué? Los economistas explican que los márgenes más amplios de beneficio de las actividades económicas suelen desplazarse hacia las fases más avanzadas y por tanto más cercanas al consumidor. Así, por ejemplo, procesar, empaquetar, distribuir o comercializar deja unos beneficios mayores que sembrar y cosechar, algo muy relevante en una comunidad como la extremeña, que conserva una fuerte base primaria en su estructura económica, pero que carece, con un puñado de excepciones (como pudiera ser el tomate de las Vegas Altas del Guadiana), de un sector de transformación y comercialización equiparables, con lo que los extremeños nos vemos sistemáticamente hurtados, a beneficio de terceros muy lejanos, del mayor valor añadido de esos eslabones avanzados de la cadena de producción. No sólo perdemos con ello nivel de renta, también hacemos nuestra economía regional insoportablemente esclava del capricho y la avaricia ajena. Nuestras actividades agroganaderas más tradicionales, más arraigadas en el entorno y más compatibles con su sostenibilidad medioambiental, como el corcho, el aceite o el cerdo, no están en crisis sólo por la recesión mundial: también por los constantes abusos de las grandes corporaciones, que constantemente juegan con su red de proveedores para presionar a la baja sus precios, hasta arruinarles si les place y conviene a sus estrategias comerciales, como hace unos días denunciaban los productores de aceite de La Serena en las calles de Monterrubio. ¿Cómo resistirse a estas prácticas mafiosas de las grandes corporaciones, que no sólo destruyen empleo y saquean riqueza en los pueblos y comarcas extremeñas, sino que además las arrojan a los pies de los caballos del insensato modelo de industrialización esquilmadora y contaminante que subyace a iniciativas como la refinería petrolera de Tierra de Barros, las centrales térmicas de la comarca de Mérida o las minerías de uranio de La Serena, Las Hurdes o la Sierra de Gata?

Para no irme más lejos, citaré el ejemplo de una explotación familiar de porcino de la que son propietarios unos amigos residentes en esta comarca. En manos de las grandes distribuidoras, a los precios que actualmente estas imponen, su explotación ya hubiera quebrado y ellos hubieran tenido que emigrar sabe Dios dónde para ganarse el sustento. En lugar de eso, han hecho un gran esfuerzo humano y económico para procesar y comercializar su propio producto... A pesar de la crisis, la empresa sigue abierta y genera empleo y beneficios. Se trata de un caso afortunado pero particular, que para convertirse en una segunda muestra de nuestra resistencia de proximidad debería inspirar todo un modelo de actuación empresarial, fomentada y protegida desde lo público, que preserve del exterminio a las actividades económicas tradicionales localmente enraizadas y facilite su inserción competitiva en un mercado como el actual, en el que los grandes monopolios (como ejemplo de especial interés para los extremeños, los cinco oligarcas corporativos que se reparten el 55% de la distribución alimentaria en el Estado español) campan libremente sembrando desgracias. Desde los poderes públicos locales se pueden fomentar estas iniciativas prestándoles un apoyo preferente, fomentando la cooperación entre emprendedores y la diversidad y complementariedad de sus proyectos, aportando recursos humanos y materiales para tareas de interés compartido como investigación y desarrollo, formación, mercadotecnia, distribución... Un ejemplo de referencia podría ser el sector de la madera y el mueble en la localidad cacereña de Hervás, en el que siguen siendo predominantes el capital local y las formas empresariales familiares y cooperativas, y que se ha dotado en una estructura asociativa que facilita su presencia y competitividad en el mercado nacional e internacional (sin olvidar su importante papel como garante de la supervivencia del ecosistema autóctono y de la cultura popular y tradicional a este vinculada).

(3) fomentar la economía social y cooperativa frente a otras formas de organización empresarial. Las iniciativas empresariales cooperativas, descritas por la vigente Ley 27/1999 como "de libre adhesión y baja voluntaria [...] con estructura y funcionamiento democrático", permiten una redistribución muchos más amplia y justa del beneficio empresarial, y tienden a sostener modelos de gestión mucho más sensatos y nichos de empleo mucho más resistentes ante situaciones como la actual que el régimen convencional de separación trabajo-propiedad o el régimen de autónomos. Ante una reducción de la demanda, una cooperativa opta naturalmente por un reparto del trabajo en lugar de por la destrucción o la precarización del empleo. Asimismo, a cambio de las ventajas fiscales y de otro tipo de las que se benefician, las cooperativas tienen importantes limitaciones a la hora de realizar operaciones especulativas que pudieran comprometer su patrimonio y la continuidad de sus actividades productivas. Además, la ley les fija unos porcentajes mínimos que del beneficio empresarial deben dedicarse a inversión productiva, previsión, formación...

Cientos de empresas españolas y extremeñas están quebrando y arrojando al desempleo a sus trabajadores, no tanto por causa de la crisis mundial, como por el completo descompromiso de sus empresarios con la actividad económica que realizaban, por sobreendeudarse, por no dedicar esfuerzo alguno a la innovación tecnológica, la investigación de mercados o la formación de capital humano. Después de años de incentivos de la Junta de Extremadura, después de cientos de miles de horas de formación del SEXPE, después de importantes inversiones como los semilleros tecnológicos Vivernet o el Centro Tecnológico de la FEVAL de Don Benito, ¿qué porcentaje de la población activa extremeña trabaja en el sector de la I+D y la tecnología punta, de más alto valor añadido y más resistente a la coyuntura negativa? Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística para 2007, apenas un lígrimo 3%, frente al 7'3% de media estatal, el 10'7% de Aragón, el 11% de Navarra o el 13% de Euskadi. ¿Para qué invertir en formación, tecnología u otras menudencias, cuando se puede apostar el grueso de los beneficios en algún chiringuito financiero o inmobiliario, y fundir el resto en coches de importación, cocaína y clubes de alterne? Dejaremos para otro día el debate, a la significativa luz de los actuales acontecimientos, sobre la capacidad y la moralidad de la clase empresarial española y extremeña. Aunque parece claro que el balance no será, en términos generales, precisamente positivo...

Es cierto que una cooperativa de trabajo asociado, como cualquier otra empresa en un mercado capitalista, pueden quebrar. Pero el margen de seguridad que ofrecen a sus trabajadores es incomparablemente mayor que cualquier otra forma empresarial. Y lo mismo cabe decir de los asociados a otros tipos de cooperativas que recoge la Ley: de vivienda, de seguros, sanitarias, de enseñanza, de servicios financieros... Una decidida apuesta de los poderes públicos locales por la economía social sería una tercera muestra de nuestra resistencia de proximidad, que debería plasmarse en una intensa promoción del cooperativismo en forma de ayudas directas e indirectas, formación profesional, acompañamiento administrativo... E incluso, de experiencias de empresarialidad mixta público-cooperativa, mediante un modelo de propiedad y administración colegiada entre instituciones municipales y cooperativistas. Quisiera en este punto hacer mención a la importante experiencia de las llamadas fábricas recuperadas que proliferaron en Argentina después de la crisis que destrozó la economía de ese país a principios de esta década. Trabajadores y trabajadoras de esas fábricas, que sus patronos pretendían cerrar, permanecieron en sus puestos, asumieron la gestión y la comercialización, siguieron produciendo, hicieron beneficios y mantuvieron sus empleos, demostrando que el único motivo de su cierre hubiera sido la deficiente gestión o la avaricia desmedida de sus dueños, que en muchos casos empleaban las supuestas quiebras para ocultar una posterior deslocalización de su actividad. Exactamente lo mismo que está ocurriendo en muchas ocasiones en nuestro entorno más inmediato. Con posterioridad, el Parlamento y los jueces argentinos has dictado leyes y sentencias que respaldan la iniciativa de los trabajadores y trabajadoras de fábricas como Zanón, Bruckman u otras muchas, reconociendo temporal o definitivamente sus derechos sobre instalaciones, materias primas, marcas comerciales... (esta extraordinaria historia de tesón y coraje puede conocerse, por ejemplo, a través del emocionante documental La toma que realizaron Naomi Klein y Avi Lewis). ¿Cuántas de las empresas que hoy están cerrando sus puertas en nuestros pueblos y comarcas podrían seguir produciendo, obteniendo beneficios y dando empleo duradero y de calidad, si fueran convertidas en cooperativas bajo el control de sus trabajadores, con el apoyo público suficiente que les permitiese emprender esta tarea, mediante la ayuda financiera directa o la asignación preferente de carga de trabajo, o incluso mediante la copropiedad público-cooperativa, temporal o definitiva? ¿No tendría mucho más sentido emplear el dinero de las ayudas (por ejemplo, las encuadradas en el Fondo Estatal de Inversión Local y el Plan Extremeño de Empleo Local implementados respectivamente por los gobiernos central y autonómico) en mantener abiertas las fábricas bajo ese nuevo modelo de gestión y con nuevas estrategias laborales, productivas y comerciales, en lugar de gastarlo en peonadas de trabajo descualificado de muy escasa utilidad pública, más allá de su valor puramente asistencial (y sin embargo, enormemente gravoso para las arcas públicas, con un disparatado coste promedio que supera los 35.000 euros trabajador / año)?


(4) preservar los bienes y servicios públicos y comunitarios, e impulsar la creación de consorcios empresariales público-comunitarios de ámbito local.
La defensa de los servicios municipales de titularidad pública es absolutamente imprescindible, no sólo como garantía de la correcta atención de aquellos derechos universales de ciudadanía de los que son proveedores, sino por su importante papel como herramienta de políticas públicas de empleo y redistribución de la renta. Así, por ejemplo, los servicios municipales en manos públicas pueden modular sus políticas de contratación ante situaciones de emergencia como la actual, poniendo en primer plano, no sólo el beneficio empresarial o la reducción de costes (como por pura lógica lo hacen una vez puestos en manos privadas), sino la lucha contra la exclusión social, por ejemplo discriminando positivamente a desempleados de media y larga duración o con cargas familiares, demandantes de primer empleo, mayores... O, con idéntico fin de combatir la exclusión social, pueden establecer sus tarifas de modo que refuercen la proporcionalidad de la contribución tributaria, aliviando la presión sobre los más desfavorecidos y repercutiendo sobre los más pudientes la gratuidad o el precio protegido de quienes en caso contrario no podrían costearlos.

Por todas estas razones, proteger el carácter público de los servicios municipales sería una cuarta muestra de nuestra resistencia de proximidad, y sin duda es hoy el más inequívoco signo de sensatez de un gobernante local y de los ciudadanos que le otorgan su confianza. Pero esta no es sólo una propuesta defensiva, también ofensiva. En primer lugar, hay que recuperar para el bien común todo aquello que siendo tradicionalmente público en los últimos años se hubiera privatizado, como por desgracia ha sucedido con los servicios de aguas en Villanueva de La Serena y muchísimas otras localidades españolas y extremeñas. Pero más allá de esos servicios municipales esenciales como el transporte colectivo, el suministro de agua o la recogida de basura, hay otros campos a los que la empresarialidad institucional, o institucional-comunitaria, puede ser un factor de estabilidad económica y equidad social en los escenarios locales. La creación de nuevas empresas presenta en el primer trimestre de 2009 un descenso interanual del 35%, mientras miles de empresas cierran y miles de autónomos se dan de baja en la Seguridad Social. ¿No podrían las municipalidades y la iniciativa comunitaria y cooperativa ocupar ese espacio de la esfera económica desertizado por la crisis (y por décadas de pésimas prácticas empresariales)?

De entre los distintos ejemplos posibles, quisiera centrarme en uno de especial interés en esta cálida y soleada tierra extremeña que nos da sustento y cobijo: la energía. Desde que el Estado español impulsó los precios protegidos para la energía solar, cientos de empresas han invertido con la expectativa de grandes y seguros beneficios en esta actividad generosamente incentivada (y no es baladí añadir que el llamado "fraude solar" acumulado en estos pocos años se cifra en miles de millones de euros y es uno de los principales factores de ralentización en el desarrollo del sector, demostrando que no hay negocio lo suficientemente limpio como para quedar al margen de la insana y desmedida avaricia de la clase empresarial). ¿Por qué no podrían haber invertido también en esas condiciones ventajosas los Ayuntamientos y las mancomunidades de municipios, partiendo de sus propios recursos y/o canalizando la inversión cooperativa de la comunidad, y aplicando las ganancias en la mejora de su calidad de vida mediante el refuerzo financiero de los servicios públicos y/o la redistribución directa de renta bajo criterios de necesidad, equidad y progresividad, bajo la forma por ejemplo de una Renta Básica de inserción de ámbito local? Como cercano botón de muestra de esta empresarialidad comunitaria, podemos mencionar el caso de la localidad cacereña de Baños de Montemayor, cuyo conocido balneario de aguas termales es de propiedad históricamente pública (aunque su gestión es licenciada a una empresa privada) y un sustancioso margen de sus beneficios revierte en la comunidad, que asambleariamente decide los fines a los que esos beneficios son destinados. Resulta estimulante imaginar las posibilidades de desarrollo y bienestar para las localidades y los ciudadanos de la región si se pusiese bajo ese modelo de propiedad y explotación un razonable 50% del potencial energético solar extremeño. Afortunadamente, muchos municipios extremeños aún tienen la posibilidad de emprender este camino.

(5) implementar una nueva política de suelo y vivienda y de control efectivo de las actividades urbanísticas especulativas y depredadoras. Si bien, como decíamos al principio, esta crisis es mundial y tiene su detonante en el mercado financiero transnacional, las (peores) características específicas de nuestra economía han intensificado su impacto en el Estado español. No hay casi nada que podamos añadir a todo lo que ya sabemos sobre el fabuloso despliegue de codicia, inmoralidad e incompetencia que ha alimentado la hecatombe del sector inmobiliario español, cuya responsabilidad es compartida con unos poderes públicos, del Estado central al más humilde consistorio, que han fracasado clamorosamente en sus funciones de planificación y vigilancia. De hecho, la burbuja inmobiliaria nunca se hubiera producido si los Ayuntamientos hubieran practicado, o el Estado les hubiera impuesto, otra política del suelo. Estas y no otras son las causas de que España sea hoy campeona de Europa, además de en fútbol, en destrucción de empleo, aportando 2 de cada 3 nuevos parados en el territorio de la UE.

Al igual que ha sucedido con tantos miles de ciudadanos y familias españolas, el ilusorio "efecto riqueza" generado por la especulación inmobiliaria ha hipnotizado a los Ayuntamientos. Dejando al margen la pandemia de corrupción de trasfondo inmobiliario que intoxica la vida política municipal española, y manteniéndonos dentro de los estrictos límites de la legalidad, muchos ayuntamientos españoles y extremeños han bendecido increíbles desatinos urbanísticos cegados por la perspectiva de ingresos fáciles y rápidos. Ingresos que casi nunca se han revertido en inversiones productivas a medio o largo plazo (y sí en el mantenimiento de redes clientelares y despilfarros suntuarios, sin más objeto que asegurarse la siguiente victoria electoral), y que hoy muestran su cara más amarga: municipios descapitalizados, sin liquidez ni patrimonio, incapacitados para afrontar los importantes gastos sociales que exige paliar las consecuencias sociales de la crisis sobre las comunidades, además de completamente desacreditados ante sus ciudadanías. En semejante panorama de desolación económica, ética y política es comprensible que haya adquirido un brillo especial la lucha contra el urbanismo depredador y la defensa de la sostenibilidad económica y ecológica de sus comunidades del puñado de alcaldes decentes e inquebrantables, como los de Seseña (Toledo) o Villanueva del Rosario (Málaga), que han marcado la diferencia en estos años de fango.

Es hora, y este sería el eje vertebrador de una quinta muestra de nuestra resistencia de proximidad ante la crisis, de mudar radicalmente de modelo de gestión del suelo y la edificación, poniendo en primer plano el imperativo que nunca debió abandonarlo: el derecho universal y garantizado a una vivienda digna. La Ley del Suelo vigente, aprobada durante la anterior legislatura, fue un paso, es cierto que en la buena dirección, pero insuficiente hasta la irrelevancia para enmendar décadas de bandolerismo urbanístico. En un país repleto de gente sin casa y de casas sin gente (según datos del Banco de España, el parque total superaba a finales de 2007 los 25'5 millones de viviendas, sobre un total de 16'5 millones de familias, cifras de las que resulta uno de los promedios más altos del mundo), la única alternativa razonable es la que componen una tajante moratoria que paralice durante una década la reclasificación y venta de suelo público para uso residencial, la focalización de todos las ayudas y estímulos dirigidos al sector de la construcción (tanto residencial como de uso público, institucional, comercial y de servicios) en empresas y proyectos de rehabilitación, el despliegue de una activa política de incentivo al alquiler (por ejemplo, penalizando duramente la fiscalidad de los inmuebles de prolongada desocupación) y la creación de importantes parques municipales de vivienda pública, con los que (en régimen de cesión temporal, bajo periódica revisión y precios directamente proporcionales a la renta disponible), las instituciones puedan cubrir las demandas de alojamiento de los individuos y familias en situación o riesgo de exclusión social, con el objetivo mínimo de alcanzar ese promedio del 18% de presencia del sector público en el mercado de alquiler de la Unión Europea, frente al misérrimo 1% que se registra en el mercado español.

En lo que respecta a Extremadura, es preciso señalar, además del menoscabo al derecho universal a una vivienda digna, la interacción que se ha producido entre el expolio urbanístico y la degradación de la base agroganadera de la economía regional. El alza de los precios del suelo a causa de la inversión en alojamiento turístico y vivienda vacacional en el medio rural, y la indiscriminada política recalificadora de los Ayuntamientos (muchas veces impotentes o cómplices ante los hechos consumados de la masiva edificación ilegal), han animado al desmantelamiento de muchas explotaciones primarias y han añadido dificultades a los ya de por sí escasos nuevos emprendimientos en el sector. Parte de una estrategia de resistencia local relacionada con el suelo y la edificación en nuestra región debería ser el diseño y la aplicación de una nueva legislación que recoja la protección de aquellas actividades económicas que participan de la sostenibilidad del entorno, y del territorio en que se desarrollan. Donde puede haber regadíos, bosques o dehesas productivos no hay lugar para más chalés ni más campos de golf.

(6) constituir organismos de ámbito municipal con la capacidad y legitimidad necesarias para impulsar estas y/u otras estrategias locales de resistencia ante la crisis y el desempleo. Es a primera vista evidente que existe un insalvable abismo entre, por un lado, las distintas medidas hasta ahora enunciadas, la concepción general de la economía de escala local de la que emanan y el papel que lo público y lo público-cooperativo juegan en ella, y por otro lado, la actual configuración institucional y capacidad de gestión de los municipios españoles y extremeños. Tal y como hoy son entendidas y puestas en práctica, las instituciones locales serían completamente incapaces de promover y gobernar actuaciones como las descritas. Por ejemplo, los Ayuntamientos se han acostumbrado a funcionar con plantillas muy escasas, concentradas en la pura administración burocrática y en aquellas actividades deficitarias en términos de mercado (y, por tanto, más difícilmente susceptibles de ser privatizadas), además de un escaso puñado de puestos de trabajo (o más bien, de "jornales") de finalidad sobre todo asistencial, cuando este modelo de resistencias de proximidad apuesta decididamente por un muy importante incremento en las plantillas públicas o público-cooperativas, diversificadas hacia diversas actividades rentablemente productivas. Si adjudicamos a esta nueva economía política popular de proximidad el modesto objetivo de neutralizar el desempleo de media y larga duración y las formas más salvajes de precariedad laboral, estaríamos hablando de plantillas públicas y público-cooperativas que acapararían según territorios entre un 20 y un 30% de la población activa local (y un porcentaje equivalente de los capitales y bienes productivos, incluyendo algunos de tan compleja gestión como infraestructuras energéticas, redes de distribución comercial, capitalizaciones de seguros y pensiones...).

"¿Un 25% de la población haciendo compulsas detrás de un mostrador?", preguntarán irónicos y desdeñosos los enemigos por sistema de lo público. Evidentemente no, no estamos hablando de eso. Hablamos de ingenieros, de médicos, de maestros, de albañiles, de transportistas, de impresores, de agricultores, de economistas... Hablamos de fábricas, de laboratorios, de explotaciones agrícolas, de mutuas médicas y de seguros, de centros de estudio, de comercios... Si revisamos la lista de actividades susceptibles, según la ley vigente, de realizarse bajo la forma de sociedad cooperativa, son pocas las facetas de la vida económica sobre las que este modelo no puede desplegarse. Por ejemplo, las cooperativas de servicios financieros pueden convertirse en el germen de auténticas bancas públicas locales, capaces de ofrecer la cobertura crediticia preferente tan necesaria en la presente coyuntura para el pequeño y mediano emprendimiento empresarial, pero que el desmantelamiento de la banca pública estatal tradicional y las insuficiencias del Instituto de Crédito Oficial (ICO) hacen hoy imposible. E incluso es posible, como hoy se está experimentando en la comarca catalana del Montseny, implementar sistemas monetarios alternativos o complementarios de ámbito local, propuesta de la que existen precedentes en municipios de Brasil, Argentina, Chile o el Reino Unido.

¿Se basta una simple concejalía económica, un Ayuntamiento tal y como ahora los conocemos, para dinamizar y coordinar procesos tan complejos como estos? Por supuesto que no. Y no ya sólo por cuestión de eficacia, sino también por cuestión de legitimidad y representatividad. Ningún proceso de esta naturaleza es concebible sin el sólido y fértil sustento del diálogo y la participación entre ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas del que hoy sistemáticamente adolece la vida pública de nuestros municipios. En este sentido, una imprescindible sexta muestra de nuestra resistencia de proximidad es la constitución democrática de una institucionalidad municipal reforzada, capacitada y legitimada para gobernar democráticamente estos márgenes crecientes de soberanía económica que las comunidades locales pueden recuperar frente al (des)orden económico de la globalización capitalista. Un camino complejo y laborioso que puede arrancar con la puesta en marcha de un Consejo Económico y Social Local, con fines similares a los de sus equivalentes estatal y regional, aunque de ámbito municipal, con mayor poder de decisión y de base representativa más amplia e incluyente, dando voz propia al tejido vecinal, a los usuarios de servicios públicos, a los desempleados, a los trabajadores precarios, a los jubilados, a los inmigrantes...

A la abierta y vibrante pluralidad, en suma, del trabajo vivo y la multitud productiva. Las únicas fuerzas conocidas capaces de embridar el rumbo desbocado y suicida de las fuerzas económicas, sometiéndolas al imperio de aquellos principios rectores ante los que nunca deberíamos haberles permitido insubordinarse: el desarrollo humano integral y el perfeccionamiento de la constitución democrática de nuestros proyectos de convivencia.

Jónatham F. Moriche, Vegas Altas del Guadiana, Extremadura Sur, 7 de mayo de 2009

http://jfmoriche.blogspot.com | jfmoriche@gmail.com

12May/091

CEFID AR SEMINARIO “LA CRISIS GLOBAL, EL SISTEMA FINANCIERO Y SU REGULACIÓN”

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20 de mayo de 2009

Salón de actos del Banco de la Nación Argentina (Rivadavia 325, 1° piso)

 

 

PROGRAMA

 

14:00 Presentación del Seminario: Guillermo Wierzba, Director del CEFID-AR.

Apertura del Seminario: Lic. Mercedes Marcó del Pont, Presidenta del    Banco de la Nación Argentina.

 

 

14:30 Presentación del Documento de Trabajo N° 22

“La regulación financiera.  Basilea II, la crisis y los desafíos para un cambio de    paradigma”.  Autores: Guillermo Wierzba, Estela del Pino Suárez, Romina Kupelian y Rodrigo López.

Comentarios: Arturo O’Connell Director del Banco Central de la República  Argentina y Miguel Angel Pesce Vicepresidente del Banco Central de la República Argentina.

          Coordina: Jorge Gaggero, Investigador del CEFID-AR.

 

 

16:00  Intervalo

 

 

16:15  La crisis global y el debate sobre la regulación financiera.

Expositores: Jane D’Arista, Directora de Programas del Centro de Mercados Financieros (Financial Markets Center), PERI (Estados Unidos) y Jan Kregel, Instituto Económico Levy de la Universidad Bard (Levy Economics Institute of Bard College) (Estados Unidos).

Presentación y Comentarios: Martín Abeles, Secretario de Política Económica del Ministerio de Economía y Eduardo Hecker, Presidente de la Comisión Nacional de Valores.

Coordina: Fabio Rodríguez, Vicepresidente l° del CEFID-AR.

 

18:15  Intervalo

 

 

18:30  El futuro paradigma financiero y el crédito para el desarrollo.

Expositores: Carlos Heller Presidente del Banco Credicoop, Roberto Feletti Vicepresidente del Banco de la Nación Argentina.

          Coordina: Guillermo Wierzba, Director del CEFID-AR.

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12May/090

PROYECTO DE LEY SOBRE EXTENSIÓN DE ASIGNACIÓN POR HIJO

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presentado por H Grandoli miembro de Carta Abierta Sur

            Al Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina………..

Artículo 1º.- Instituyese con alcance nacional una asignación por hijo, que el Estado pagará mensualmente por cada hijo menor de 5 años de edad, cuando ninguno de sus padres perciba la prestación que establece el artículo 7º de la Ley 24.714, en razón de trabajar en el sector informal de la economía, en el servicio doméstico, como cuentapropista social o encontrarse desocupado.

Artículo 2º.- Instituyese con alcance nacional una asignación por escolaridad, que sustituirá a la asignación por hijo contemplada en el artículo anterior, desde los 5 años de edad y mientras fuese menor de 18 años. Este beneficio será pagado mensualmente por el Estado, estableciéndose como condición para el derecho a su cobro que asista regularmente a un establecimiento de educación primaria o secundaria.

Artículo 3º.- El valor de las asignaciones citadas en las normas precedentes será igual al de la asignación por hijo que contempla la ley 24.714 y se pagará directamente a la madre, con excepción del caso en que el padre acredite fehacientemente que el menor vive sólo con él en forma permanente. Si no viviese con ninguno de ellos se abonará a la persona o institución a quien la autoridad judicial o administrativa competente hubiera conferido la guarda, tenencia o tutela.

Artículo 4º.- Los beneficiarios de la asignación por escolaridad percibirán también en el mes de marzo de cada año, cuando reuniesen las condiciones previstas en el artículo 10º de la Ley 24.714, una asignación por ayuda escolar anual, cuyo valor será igual al fijado para los beneficiarios de la norma citada.

Artículo 5º.- Cuando el hijo o persona a cargo fuese una persona discapacitada no regirá el límite de edad señalado en el artículo 1º. También percibirá la asignación por ayuda escolar anual, cualquiera sea su edad, en tanto concurra a un establecimiento oficial o privado donde se imparta educación especial.

Artículo 6º.- Instituyese con alcance nacional una asignación por nacimiento de hijo y por adopción, cuyo valor será igual al fijado para las prestaciones similares mencionadas en los artículo 12º y 13º de la Ley 24.714, que el Estado abonará a la madre en el mes que acredite uno de estos hechos ante la ANSeS.

Artículo 7º.- El gasto que demande el pago de tales asignaciones se imputará a rentas generales, hasta tanto se incluya en el presupuesto general de la Nación.

Artículo 8º.- De forma

FUNDAMENTOS

            Señor Presidente:

            I. La inequidad social que significa el desconocimiento de las prestaciones contempladas en el Régimen de Asignaciones Familiares a los sectores sociales más postergados -durante medio siglo- debe ser subsanada, sin más dilaciones, por el Congreso de la Nación. Esta institución fundamental del derecho de la seguridad social brinda una importante asistencia económica a la familia de acuerdo al número de hijos a cargo. En nuestro país, las primeras asignaciones fueron establecidas entre 1940 y 1948 para unos pocos sectores laborales, ampliándose luego a otros mediante su inclusión en varios convenios colectivos y, más tarde, a través de sucesivas normas legales. Al igual que las que la precedieron, la Ley 24.714, actualmente vigente, sólo ampara a quienes se desempeñan en el sector formal de la economía. La incorporación de los trabajadores no registrados, desocupados, monotributistas sociales y de las empleadas en el servicio doméstico (expresamente excluidas) dentro del sistema, cuenta con suficiente respaldo en incuestionables principios de igualdad, equidad, solidaridad y justicia social, y, lo que es definitorio, en varias normas de la Constitución Nacional (C. N.) que muy sucintamente referiré.

            El artículo14 bis de la C. N. incorporado en 1957 dispuso en su párrafo tercero: "El Estado otorgará  los beneficios de la seguridad social….En especial, la ley establecerá: la protección integral de la familia;.... la compensación económica familiar….". Claramente resultaba de esta norma que el apoyo social que sólo recibían los empleados del comercio y de la industria debidamente registrados, debía extenderse a todas las familias a través del Estado. Observando parcialmente esa disposición, a lo largo de dos décadas los sucesivos gobiernos fueron estableciendo sistemas similares para los empleados estatales, personal de la estiba, jubilados y pensionados de las cajas de jubilaciones nacionales, y beneficiarios de pensiones fundadas en imposibilidad para trabajar.

            Al reformarse la Constitución Nacional en 1994, por el artículo 75 inciso 19 del nuevo texto ordenado se encomienda al Congreso de la Nación: "Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social,...." ; estableciéndose en el inciso 22 -segundo párrafo- que "La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; La Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos;.... ; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. ...". Es ineludible recordar aquí algunas normas de los instrumentos internacionales mencionados, que tienen rango constitucional.

            En el Preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) se consigna: "Artículo VI. Toda persona tiene derecho a constituir familia,…, y a recibir protección para ella". "Artículo VII. Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidado y ayuda especiales". "Artículo XII. Toda persona tiene derecho a la educación, asimismo tiene el derecho de que, mediante esta educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, un mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad.... ".

            Tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos -aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948- como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos -más conocida como Pacto de San José de Costa Rica (1969)- se declara, en términos similares, que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y debe ser protegida por ésta y el Estado. Asimismo, el artículo 22 de la Declaración expresa que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social…”, agregando el artículo 26 que también tiene derecho a la educación y que la instrucción elemental será  obligatoria. Por su parte, el artículo 19 de la Convención dice: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado".

            En el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) se señala que en todos los países del mundo "hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles"; “esos niños necesitan especial consideración" Además, el artículo 28 dispone: “Los Estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:…e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar”. Es preciso destacar que el artículo 1º de la Convención en análisis considera niño “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”, supuesto, este último, que no se configura en nuestro ordenamiento jurídico.

            Finalmente, en el artículo 75 inciso 23 de la C.N. también se encomienda al Congreso “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños,….”; y en el segundo párrafo, “Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo…”

            A la luz de tan claras disposiciones de jerarquía constitucional, que se sumaban a lo dispuesto en el artículo 14 bis y, particularmente, a lo ordenado en el artículo 75 incisos 19 y 23 de la C.N., resultaba entonces ineludible que el Congreso de la Nación, mediante el dictado de una nueva ley, incluyera sin más demoras, dentro del régimen de asignaciones familiares, a las familias más desprotegidas, cumpliendo de este modo con un principio fundamental del derecho de la seguridad social: el de la universalidad de sus prestaciones. Pero no sucedió de esta manera. Por el contrario, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 770/96 (Menem-Cavallo) se redujo irrazonablemente el número de las prestaciones. Tan absurda medida fue atenuada por la Ley 24.714, que restableció algunas de las asignaciones derogadas, pero fijó topes a los sueldos con derecho a percibirlas y no compensó tales recortes, como pudo haberlo hecho, mediante la incorporación, dentro del subsistema no contributivo (artículo 1º inciso b), de los grupos que todavía permanecen inicuamente discriminados.

            II. No obstante los logros socioeconómicos alcanzados en los últimos cinco años, la pobreza, la indigencia y el desempleo afectan todavía a millones de personas. El 37,8 % de los asalariados no está registrado, por lo que sus remuneraciones son significativamente inferiores a las que legalmente deberían percibir. Carecen también de aportes jubilatorios, de obra social, de protección para el caso de sufrir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y tampoco perciben asignaciones familiares, a pesar de que no son ellos los responsables -sino sus empleadores- de su falta de inscripción en el Libro Especial contemplado en el artículo 52 del Régimen de Contrato de Trabajo.

            Asimismo, en un informe del Ministerio de Trabajo de la Nación de fines de 2004 sobre la situación de quienes se desempeñan en el servicio doméstico, se señala que esta actividad es una de las más importantes entre las mujeres: agrupa al 22,7% del total de asalariadas de todo el país. Destacase allí que aproximadamente 911.000 mujeres desarrollan esta actividad (estudios recientes hablan de más de 1.000.000), que la casi totalidad de ellas son personas adultas que poseen un nivel educativo promedio bajo, y que un 35% (unas 350.000) son jefas de hogar.

            “El hecho de que el empleador sea una unidad doméstica y no productiva (en el sentido de que no se encuentra orientada a la obtención de ganancia) ha operado en la exclusión de estas trabajadoras de la normativa general del contrato de trabajo”. Este razonamiento (contenido en el citado informe) para explicar la precariedad de la normativa laboral aplicable al sector, en modo alguno puede justificar la exclusión de las empleadas en el servicio doméstico de las asignaciones familiares contempladas en el Proyecto de Ley que se acompaña. Tales prestaciones forman parte del derecho de la seguridad social, y su pago, de conformidad con lo prescripto en las normas constitucionales arriba citadas, ha sido puesto ahí a cargo del Estado.

            III. Resulta pues impostergable para disminuir rápidamente y con equidad la exclusión social que aún padecen tantas familias, y, a la vez, mejorar la distribución del ingreso, que nuestros representantes, tomando como modelo el régimen de la Ley 24.714, establezcan a la mayor brevedad, mediante una ley nacional, las siguientes medidas:

            a) una asignación por hijo que el Estado abonará mensualmente por cada hijo menor de 5 años de edad, cuando ninguno de sus progenitores perciba el beneficio similar que contempla el artículo 7º de la Ley 24.714, en razón de trabajar en el servicio doméstico, en el sector informal de la economía, desempeñarse como monotributista social o encontrarse desocupado;

            b) una asignación por escolaridad, que sustituirá a la anterior a partir de los cinco años de edad y mientras fuese menor de 18 años, beneficio que se abonará en forma mensual, exigiéndose que asista regularmente a un establecimiento de educación primaria o secundaria como condición para el derecho a su cobro.

            c) una asignación por ayuda escolar anual, semejante a la contemplada en el artículo 10º de la Ley 24.714, que se abonará en las mismas condiciones que las previstas en esta última norma y por igual monto.

            d) una asignación por nacimiento de hijo y por adopción, cuyo valor será igual al establecido para las prestaciones similares contempladas en la Ley 24.714.

            La ley debería también disponer que estas asignaciones se pagarán directamente a la madre, con excepción del caso en que el padre acredite fehacientemente que el menor vive sólo con él en forma permanente; y, si no viviera con ninguno de ellos, a la persona o institución que tuviese la guarda, tenencia o tutela pues, en definitiva, los beneficiarios principales de ellas son los menores.

            Las condiciones precisas y objetivas fijadas para el otorgamiento de estas prestaciones impiden todo tipo de clientelismo político y de manejos discrecionales, pues alcanzarán a la totalidad de las familias más postergadas, independientemente del lugar donde residan, del tipo de trabajo que realicen, del sector de la economía (formal o informal) en el que se desempeñen, o que padezcan el drama de la desocupación. Evitarán también, por tratarse de beneficios similares a los contemplados en la Ley 24.714, que sean injustamente estigmatizadas por otros sectores, como sucede cuando se les otorga subsidios especiales, que son siempre, paradójicamente, muy inferiores a los contemplados en esa ley.

            IV. La distinción entre las asignaciones previstas en los incisos a) y b) desde los cinco años de edad (criterio que debería hacerse extensiva a los hijos de los trabajadores registrados, modificando para ello la Ley 24.714) no es antojadiza. Obedece a una situación muy grave que es necesario mencionar aquí para procurar una solución, y que es justamente la magnitud del fracaso escolar (fenómeno caracterizado por elevados porcentajes de ausentismo, bajo rendimiento en el aprendizaje, repetición de grados, sobre-edad y abandono temprano del sistema educativo) que se observa desde hace más de una década entre los menores de las familias en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

            Comenzaré recordando que en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura Bonaerense del año 1997, el entonces Gobernador Eduardo Duhalde señaló: “Nueve de cada diez pobres no terminó la educación secundaria”; “El 48% de los jóvenes alcanza como promedio de escolaridad los siete años de enseñanza primaria, que es obligatoria”; “En 1995, en la provincia terminaban la primaria 240 mil chicos y egresaban de la secundaria 54 mil, sólo el 30 por ciento”.

            Estos datos se suman a otros de la misma época contenidos en dos trabajos de investigación presentados en el mismo año. Uno de Daniel Filmus, según el cual no asistían a la escuela alrededor de 455.169 chicos de entre 5 y 14 años (en todo el país); pero en el caso de los jóvenes de entre l5 y 17, esa suma ascendía a 761.167, aproximadamente. (Clarín, 20 de febrero de 1997, p. 51). El otro, preparado bajo la dirección de Juan J. Llach, indicaba que en la Argentina había 2.000.000 de desocupados declarados. De ese total, 1.400.000 no había terminado la escuela secundaria. También se expuso allí que, "consistente con la poca instrucción -y en verdad formando un sistema de causalidades recíprocas- el desempleo es, en una medida significativa, un problema de los más pobres. Seis de cada diez desocupados pertenecen a hogares del nivel socioeconómico bajo o medio bajo". (“Un trabajo para todos”, Empleo y desempleo en la Argentina, Consejo Empresario Argentino, julio de 1997, pp. 85 y 87)

            En tiempos más cercanos, en el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia (U.C.A. Argentina 2006) se consigna que el 50% de los niños y niñas menores de 10 años que residen en los grandes centros urbanos relevados por la encuesta vive en hogares definidos económicamente como pobres, dado que no tienen capacidad de compra de una canasta de bienes y servicios considerada esencial, y que el 51% de ellos vive en hogares con bajo nivel de instrucción (menos de 10 años de escolaridad promedio), circunstancia que los expone muchas veces a riesgos de formación, reproduciendo condiciones de vulnerabilidad y desigualdad social. (p. 23)

            En el Barómetro de la Deuda Social Argentina (U.C.A. Nº 4. Año 2008) se expresa que “Los datos sobre cobertura educativa muestran también una consolidación de las desiguales oportunidades de inclusión social. Una décima parte de los hogares exhibe problemas de acceso a los servicios educativos….En tres de cada diez hogares del estrato más bajo se hallan niños o adolescentes que no asisten a la escuela o jóvenes que no concurren a la misma y no completaron los estudios secundarios”. Esto como consecuencia, en gran medida, de adversas circunstancias socioeconómicas que afectan a las familias de los sectores más pobres. (p. 87/88)

            V. A la luz de estos antecedentes, resulta imprescindible continuar la implementación de la escolaridad extendida o completa (contemplada en la Ley Federal de Educación) en todos los distritos del país, priorizando los establecimientos a los que concurren mayoritariamente niñas, niños y adolescentes provenientes de los sectores más postergados. Es fácil concluir que si carecen en su precaria vivienda de un lugar donde hacer sus tareas escolares (pensemos particularmente en todos aquellos que viven en villas de emergencia, en asentamientos precarios, en piezas de hoteles y conventillos misérrimos, etc.), y a esa situación le sumamos el analfabetismo o analfabetismo funcional bastante frecuente entre sus familiares mayores, muy difícilmente podrán lograr, sin el apoyo del Estado, un desarrollo humano y un enriquecimiento educativo que les permita trasponer el círculo perverso de la miseria en el que se encuentran atrapados desde su nacimiento. Debería ofrecérseles también asistencia alimentaria (desayuno, almuerzo y merienda) y la posibilidad de realizar  prácticas deportivas y actividades artísticas los sábados, domingos y feriados, todo ello en sus propias escuelas. Estas medidas, sumadas a las asignaciones contempladas en los incisos b) y c), estimularán y facilitarán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar, que la Ley de Educación Nacional extiende desde los cinco años.

            VI. Pero otras muy importantes razones tornan imperiosa la adopción de políticas de estado orientadas a superar el fracaso escolar descrito. Frente a una economía globalizada y altamente competitiva, en un mundo dominado por la información y el conocimiento, el desarrollo integral de los pueblos se sustentará, en primer término, en los niveles de educación, formación profesional y variedad de destreza de sus habitantes. Sólo la posesión de tales capacidades permitirá asimilar con rapidez y eficacia las cada vez más frecuentes reconversiones laborales a las que se verán sometidos.

            Las personas que no reúnan esos requisitos, al ser cada día más escasas las tareas que no requieren ningún tipo de calificación, encontrarán serias dificultades para poder acceder a las labores que en la actualidad -y en un futuro próximo- irán creándose como consecuencia del desarrollo científico y tecnológico. Muchas de ellas pasarán entonces a engrosar el oscuro y opresivo segmento de los excluidos sociales.

            Es erróneo suponer que el posible tránsito desde tan graves situaciones de marginalidad hacia conductas antisociales o delictivas podrá evitarse recurriendo a un incremento y mejor equipamiento de las fuerzas de seguridad, a una elevación de las penas que contempla el Código Penal o a reformas en nuestras normas procesales, pues claramente se estaría actuando sobre las consecuencias, cuando lo que se debe corregir son las causas que generan tales hechos, entre las que ocupa un lugar preeminente una educación insuficiente, y, como consecuencia de ello, la imposibilidad de obtener un trabajo que les permita obtener los medios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.

            Sumando tan compleja problemática a las recientes declaraciones de populares figuras televisivas -a las que se agregaron las de otras personas que promovieron la llamada “marcha a la Plaza de Mayo contra la inseguridad” del pasado 18 de marzo, alentadas por un importante respaldo mediático-, resulta oportuno recordar una sensata nota del obispo de San Isidro, Jorge Casaretto, publicada en Clarín el 2 de marzo de 1998, que parece escrita como respuesta a estos hechos: “En estos tiempos ha cobrado actualidad el tema de la seguridad. La ola de crímenes y asaltos se multiplica y….nadie duda acerca de que la inseguridad aumenta día a día….debemos preguntarnos: ¿alcanza en estos tiempos con ocuparse sólo de las leyes, la Justicia y la Policía para tener seguridad? Basta con mirar cómo se va conformando la sociedad para darnos cuenta de que el problema es mucho más complejo. Vivimos un fortísimo proceso de polarización social. El alto porcentaje de desocupación conduce a muchos, y sobre todo a los jóvenes, a la exclusión social….Y para conseguir los trabajos que antes eran accesibles a los pobres (….) hoy se necesitan un título secundario y conocimientos de computación. Corremos el peligro de estructurar un sistema de seguridad para incluidos. Es decir, los que comemos, nos vestimos, estudiamos y trabajamos. Podemos correr el riesgo de montar una seguridad contra aquellos a quienes nosotros, como cuerpo social, estamos condenando a la marginación y la exclusión…. Somos nosotros mismos, los que nos quejamos de la falta de seguridad, los que provocamos esta especie de autodestrucción al fomentar un sistema social injusto que produce delincuencia… Si no entendemos esto, sólo trabajaremos por una seguridad que sea sinónimo de represión. Y esto, a la corta y a la larga, se traduce en un círculo de polarización social que no logrará sino aumentar el crimen, el robo y la inseguridad…Todos, en particular los que tenemos responsabilidades mayores, deberíamos pensar prioritariamente en poner mayores energías y medios en el sistema educativo y en generar capacitación y ocupación de los jóvenes… Creo que si la sociedad toda no se decide a romper el círculo inclusión-exclusión, la seguridad de los argentinos no tiene verdadera solución...”.

            VII. Es cierto que la aprobación de las propuestas aquí formuladas demandará importantes recursos al Estado y, por ende, un problema grave a resolver, el de su financiamiento, como me fue señalado en su momento por asesores de varios Diputados de diferentes partidos políticos, con motivo del Proyecto de Ley que, con similares proposiciones, presenté en esa Cámara el 1º de octubre de 1998 (registrado como P. 508). Pero esa circunstancia no constituiría hoy un obstáculo insalvable si en una primera etapa, que podría extenderse desde el mes de mayo de 2009 hasta febrero de 2010 (ambos inclusive), la Presidenta de la Nación, por un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) destinara, para el pago de tan incuestionables derechos, un asuma equivalente a la mitad del Fondo Federal Solidario (establecido por el Decreto Nº 206/09). En otras palabras, si afectara otro 15% de las sumas que el Estado Nacional efectivamente percibirá durante el presente año en concepto de retenciones a la exportación de soja (que constituye un recurso exclusivo de Gobierno Federal, según lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Nacional).

            De acuerdo a lo informado públicamente, el FFS representará un beneficio anual para las provincias y los municipios de 6.520 millones de pesos. La mitad de este monto son 3.260 millones. Si se divide este importe por 1.350 (cifra que resulta de multiplicar una asignación de $ 135 por 10 meses), obtenemos como resultado 2.414.814. Este número sería la cantidad de menores que podrían recibir la asignación por hijo o por escolaridad durante los próximos 10 meses.

            VIII. Para que sea posible el dictado del DNU propuesto, y que no se reduzca el FFS destinado a las provincias y municipios, ni las medidas de protección social y de apoyo económico a diversos sectores del campo dispuestas en los últimos tiempos por el Gobierno Nacional, es absolutamente necesario que se sostengan, en importante medida, las retenciones a las exportaciones de soja actualmente vigentes.

            Frente a la postura de la Mesa de Enlace -respaldada por algunos sectores políticos de la oposición- de abolir o reducir drásticamente estas retenciones, el Proyecto Estratégico de la UBA. Plan Fénix, ha sostenido: “Hoy más que nunca, desguarnecer al Estado constituye un grave paso en falso, que entraña riesgos considerables. No es éste el momento, seguramente, de privilegiar intereses sectoriales, sobre todo cuando nada indica que la supervivencia de los emprendimiento agropecuarios esté bajo amenaza. Sólo los acreedores de la aún impaga deuda social de la Argentina tiene derechos a este tipo de reclamo: hablamos de niveles de pobreza y marginalidad que no pueden ser aceptables…la dirigencia enfrentada a las retenciones no representa a la población campesina de recursos y horizontes productivos limitados. Se trata por lo contrario de propietarios de medio y alto porte, rentistas en muchos casos, y en su mayoría de la llanura pampeana”. (p. 12, Suplemento Cash, del 29.03.09)

            IXEn suma, en el presente debate entre el mantenimiento de la retención a las exportaciones de soja -con las reducciones segmentadas que amerite la situación de los pequeños y medianos productores, según la escala de la explotación y su ubicación geográfica-, o su lisa y llana derogación, es indispensable que nuestros legisladores adhieran mayoritariamente a la primera de las opciones. Podrá entonces el Congreso de la Nación adoptar medidas como las contenidas en el presente Proyecto de Ley, y otras que estime necesarias en beneficio de los sectores históricamente excluidos.

            Los recursos que supondría otorgar las asignaciones mencionadas implicaría una masa monetaria de indudable impacto sobre el nivel de consumo general, que estaría destinado, en su mayor proporción, a bienes de procedencia interna, dado que se concentraría tal gasto familiar en productos de la canasta básica alimentaria, y bienes y servicios básicos no alimentarios. En épocas de caída del consumo colectivo, como las que estamos ahora padeciendo, este aliciente de la demanda supondría una fuente muy importante de creación de nuevas actividades productivas y de empleo. Es preciso señalar también que los beneficios aquí propuestos alcanzarán a los niños de edad muy temprana, desde el nacimiento, lo que garantiza un serio combate contra la desnutrición y una ayuda singular para dotar a tales niños de una base alimenticia necesaria para su futuro desarrollo. De ser así, la Nación Argentina habrá dado un paso importantísimo en pos de una mayor equidad social, a través de una rápida y mejor distribución del ingreso nacional.

            El derecho a una vida digna constituye un imperativo ético impostergable, que no puede ser nuevamente remitido a un futuro incierto y lejano, pues de qué valdría la obtención de mayores logros económicos para beneficio de unos pocos sectores históricamente favorecidos, si a su lado conviven millones de seres humanos sometidos a una vida de privaciones sociales, culturales y económicas, humillados y ofendidos en su dignidad.

Por las razones expuestas solicito a las Sras. y Sres. Diputados la sanción del proyecto que se somete a consideración.

            Mariano H. Grandoli

            D.N.I. 4.630.667

            Adrogué, 8 de abril de 2009.

Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Diputado Eduardo Fellner

De mi mayor consideración     

             La inequidad social que significa el desconocimiento de las prestaciones contempladas en el Régimen de Asignaciones Familiares a los sectores sociales más postergados debe ser subsanada, imperiosamente, por el Congreso Nacional.

             Al igual que las que la precedieron, la Ley 24.714, vigente desde 1996, sólo ampara a los trabajadores que se desempeñan en el sector formal de la economía. El reconocimiento a los trabajadores no registrados, desocupados, monotributistas sociales y a las empleadas en el servicio doméstico, de prestaciones similares a las contenidas en la citada ley, cuenta con suficiente respaldo en incuestionables principios de igualdad, equidad, solidaridad y justicia social, y, lo que es definitorio, en varias normas de la Constitución Nacional. En particular, según lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 14 bis, y lo ordenado en el artículo 75 incisos 19 y 23.

             No obstante los logros socioeconómicos alcanzados en los últimos cinco años, a los fines de disminuir rápidamente y con equidad la exclusión social que aún padecen millones de personas y, a la vez, mejorar la distribución del ingreso, resulta ineludible que nuestros representantes, tomando como modelo el régimen de la Ley 24.714, establezcan a la mayor brevedad, mediante una ley nacional, las siguientes medidas:

            a) una asignación por hijo que el Estado abonará mensualmente por cada hijo menor de 5 años de edad, cuando ninguno de sus progenitores perciba el beneficio similar que contempla el artículo 7º de la Ley 24.714, en razón de trabajar en el servicio doméstico, en el sector informal de la economía, desempeñarse como monotributista social o encontrarse desocupado;

            b) una asignación por escolaridad, que sustituirá a la anterior a partir de los cinco años de edad y mientras fuese menor de 18 años, beneficio que se abonará en forma mensual, exigiéndose que asista regularmente a un establecimiento de educación primaria o secundaria como condición para el derecho a su cobro.

            c) una asignación por ayuda escolar anual, semejante a la contemplada en el artículo 10º de la Ley 24.714, que se abonará en las mismas condiciones que las previstas en esta última norma y por igual monto.

            d) una asignación por nacimiento de hijo y por adopción, cuyo valor será igual al establecido para las prestaciones similares contempladas en la Ley 24.714.

            Las condiciones precisas y objetivas fijadas para el otorgamiento de estas prestaciones impiden todo tipo de clientelismo político y de manejos discrecionales, pues alcanzarán a la totalidad de las familias más postergadas, independientemente del lugar donde residan. Evitarán también, por tratarse de beneficios similares a los contemplados en la Ley 24.714, que sean injustamente estigmatizadas por otros sectores, como sucede cuando se les otorga subsidios especiales, que son siempre, paradójicamente, muy inferiores a los contemplados en esa ley.

            El derecho a una vida digna constituye un imperativo ético impostergable, que no puede ser nuevamente remitido a un futuro incierto y lejano, pues de qué valdría la obtención de mayores logros económicos para beneficio de unos pocos sectores históricamente favorecidos, si a su lado conviven millones de seres humanos sometidos a una vida de privaciones sociales, culturales y económicas, humillados y ofendidos en su dignidad. 

Mariano H. Grandoli

D.N.I. 4.630.667

 (011) 4294-0462   mhgrandoli@yahoo.com 

Esta Nota y el Proyecto de Ley que le antecede fueron presentados en Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados el 8 de abril de 2009. Número de registro: P  Nº 037. Fue girado a la Comisión de Legislación del Trabajo el 23 de abril. 

Es una versión actualizada del que presenté el 1º de octubre de 1998 (registrado como P  Nº 508), y de otros posteriores enviados a varios legisladores por correo electrónico en diferentes períodos; y también de trabajos publicados en distintos medios, lo largo de una década.