Hacia un plan nacional de desarrollo agropecuario

22-05-2009 / 

Alejandro Rofman

Nos proponemos en este texto retomar los lineamientos generales que debería contener un plan nacional de desarrollo agropecuario inserto en un modelo de acumulación con inclusión social y equidad redistributiva. Este plan debe ser explicitado a mediano y largo plazo (5 a 10 años) a fines de que la política a poner en marcha, que supone paulatinos pero significativos cambios estructurales, pueda madurar adecuadamente.
El objetivo de este aporte es el de presentar bases muy generales y preliminares de un plan conducente a generar un debate altamente participativo, con la voz y la decisión de todos los sectores sociales involucrados en el proceso agrícola-ganadero y agroindustrial. Esta presencia protagónica de los actores sociales agrarios deberá con preferencia involucrar a aquellos que, mayoritariamente, son trabajadores activos y presentes en la vida cotidiana del sector e integran las franjas de población de menor poder, riqueza e ingreso.
Este aporte aparece, además, en un momento oportuno. Las elecciones legislativas del mes que viene exigen definiciones concretas sobre estrategias de desarrollo acordes con las necesidades reales de los diversos sectores que componen el tejido socioproductivo del país. Lamentablemente, hasta ahora, sólo en casos excepcionales se han oído voces provenientes de los diferentes espacios políticos que expresen ideas concretas sobre qué y cómo avanzar en un proceso de desarrollo autosostenido y sustentable, acompañado de una profundización de la redistribución progresiva del ingreso. Esta contribución asume el carácter de un compromiso personal con la asunción de tal desafío y pretende estimular el debate de proyectos que hacen al futuro de un país más justo, con mayor integración territorial y con una creciente presencia de formas solidarias de producción y gestión.Los objetivos del plan que aquí se introduce deberán tender a:

1. Proponer un marco general de funcionamiento sectorial que reconozca las profundas heterogeneidades estructurales que se observan entre los actores sociales que integran la actividad agropecuaria nacional para que tiendan a reducirse de modo sustantivo en el lapso decenal mencionado;

2. Incorporar, como objetivo prioritario, el de llevar adelante un programa de soberanía alimentaria, de modo tal que la producción de bienes finales e intermedios provenientes del sector puedan satisfacer las necesidades nutricionales de toda la población previo a cualquier transacción al exterior de tales bienes. Ello implica estimular el uso interno, en forma creciente, de materias primas sectoriales, con el objetivo de reforzar las cadenas productivas alimentarias y ofrecer al conjunto de la sociedad los alimentos indispensables para una adecuada dieta nutricional.

3. Aspirar a que se reduzca sustancialmente la brecha económica y social entre los actores sociales de menor dimensión y capacidad de acumulación de aquellos que detentan, por su mayor tamaño y potencial de reproducción de su capital, condiciones de expansión altamente favorables.

4. Asegurar que en el término de vigencia del plan se asegure la plena vigencia de condiciones satisfactorias de sustentabilidad ambiental en el desenvolvimiento de las actividades productivas de modo tal que se garantice la preservación, para la presente y futuras generaciones, tanto de la calidad productiva de la tierra como del uso racional y equitativo del agua, en los casos en que los procesos agrarios requieran que sea obtenida mediante riego artificial.

5. Estimular la presencia de formas de tenencia de la tierra que posibiliten la legalización de su pertenencia a todos aquellos que hoy carecen de atributos legales al respecto y que se amplíe sustancialmente las formas de manejo asociativo y/o cooperativo entre los productores, de modo de alcanzar estadios superiores de distribución equitativa y justa de los excedentes generados por la actividad. Para ello será prioritario desalentar las actualmente dominantes modalidades de gestión basadas en principios rentísticos y de especulación financiera. Por el contrario, se estimulará la presencia de la agricultura familiar en los diferentes predios bajo explotación. Ello supone un proceso de organización de la propiedad sobre bases de cooperación y solidaridad, con la postulación del principio de una agricultura con agricultores residentes. Al respecto, será necesario reforzar el desenvolvimiento del Instituto de Promoción de la Agricultura Familiar y de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, recientemente creadas, en el espacio de la SAGPyA.

6. Propender a que en las cadenas productivas se afiancen formas transparentes de relación entre los diversos actores sociales que las integran, de modo que se eliminen prácticas de carácter monopólico u oligopólico que consagran distorsiones inequitativas en el reparto del excedente totalmente producido.

7. Sentar las bases para que los mercados asociados a la actividad de los diferentes actores sociales sean estrechamente regulados para posibilitar que desaparezcan toda clase de mecanismos de explotación y de subordinación entre productores de diferente poder de negociación tanto al interior de las cadenas productivas como en las relaciones hacia intermediarios, proveedores de servicios, exportadores, etcétera.

8. Incorporar en las estrategias a los trabajadores asalariados en sus diversas modalidades para ofrecerles condiciones de vida y de trabajo acordes con una legislación social que asegure salarios y condiciones de trabajo dignos.

9. Ofrecer paquetes tecnológicos a los productores, tales que los mismos tengan plena accesibilidad a dichas innovaciones, en total concordancia con el perfil productivo de cada uno, para lo que se privilegiará la generación de tecnología proveniente de unidades operativas de carácter público, sin fines de lucro, como el INTA. Al respecto, será indispensable que prime la adopción de modalidades de manejo y gestión de los diferentes procesos agrarios a partir de un enfoque sustentable desde el punto de vista de la preservación del ámbito físico y social y de las prácticas tradicionales de la agricultura familiar. En la misma dirección, será objetivo fundamental del plan crear mecanismos adecuados de producción y diseminación de información para que ésta constituya un bien colectivo y no un recurso esencial sólo disponible para pocos.

10. Poner en marcha, finalmente, un plan nacional de inversiones en la provisión de bienes públicos a fin de que ninguna familia productora de bajos ingresos (campesina, descendiente de pueblos originarios o empobrecida) esté privada de satisfacer la totalidad de sus requerimientos destinados a sustentar un nivel de calidad de vida digno e integral.
Estos objetivos centrales suponen distinguir, entre el heterogéneo espacio social de productores y trabajadores fijos y temporarios, sus características más salientes y sus necesidades concretas en aras de satisfacer las metas arriba enunciadas.
Al respecto, es posible distinguir cuatro grandes sectores de productores, altamente diferenciados entre sí que requieren, además de políticas generales que abarquen a toda la actividad, estrategias específicas que atiendan al perfil socioproductivo propio de cada sector.
De ello nos ocuparemos en una próxima contribución para desembocar, finalmente, en una propuesta de acciones concretas y efectivas a instrumentar y debatir.

Alejandro Rofman
Economista. Candidato a diputado nacional por el Encuentro Popular para la Victoria (Ciudad de Buenos Aires)