Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

17Jul/090

Innovar en las políticas públicas regionales, un acto de reparación histórica

Publicado por admin

Por Ariel García y Alejandro Rofman

 

17-07-2009 / 

 

Innovar en las políticas públicas regionales, un acto de reparación histórica

¿Por qué la ideologización de la política es estigmatizada por los representantes mediáticos de la derecha vernácula? O más bien, ¿por qué lo que aquéllos señalan se convierte en eje para la agenda pública? ¿No es acaso posible pensar en alternativas más allá de discursos dogmáticos, acríticos e inconscientemente naturalizados en las mentes de las clases medias urbanas? En tal sentido, durante los últimos meses hemos asistido a críticas de todo tipo en torno de la intervención de la ANSES en la economía real argentina.
Para empezar, cabe considerar que el dinero de la ANSES debe ser invertido porque de lo contrario se deprecia por la inflación. Por esto, cuando se dice que debe ser “intangible” no se comprende (o bien se niega) que siempre todos los fondos de pensión en el mundo se invierten.
Repasemos algunas de las cifras presentadas en un análisis periodístico. Al 31 de octubre de 2008, las extintas AFJP tenían como obligación invertir en la economía real al menos 1% de los recursos que administraban. Cuando llegó la reforma previsional, sólo alcanzaban 0,6% ($545 millones para trabajos de la Central Térmica de Loma de la Lata y $18,6 millones en un fideicomiso para obras del municipio de Río Cuarto).
Una vez diluido el sistema de capitalización privado, rápidamente se multiplicaron las voces (mediáticas) sobre el descontrol o desmanejo sospechado de corrupción en el que incurriría la ANSES al administrar los recursos de los trabajadores. Pocas voces, es cierto, se habían alzado hasta el momento para requerir informes acerca de las colocaciones de las AFJP en acciones de empresas en el exterior. Menos aún aparecían cuestionamientos sobre cómo se decidían tales inversiones, bajo qué parámetros y consideraciones. Es esto lo que le piden a los representantes estatales, pero que de modo alguno le requerían a quienes lucraban con altas comisiones a partir del trabajo ajeno. Lo más llamativo es que elípticamente se reproduce la dualidad privados (eficientes y transparentes) vs. Estado (ineficiente y corrupto). Por ende, en el ámbito de la información se sigue operando con ideas preconcebidas, con lugares comunes que tienen poco de críticos y mucho de criticables.
Ya en el terreno de las políticas públicas, que es lo que realmente importa a la inmensa mayoría de los habitantes de este país, cabe replantearse a quién deberían dirigirse los recursos de los aportantes. Actualmente, 5% del total de recursos comprendidos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de las jubilaciones se destina a diversos rubros de la actividad económica. Por un lado, están los “Proyectos productivos o de infraestructura”, que comprenden un total de $3.181 millones repartidos en inversiones tales como las recibidas por la cementera Juan Minetti, las centrales termoeléctricas de Campana y Timbúes, Emgasud, Edenor, Syngenta, AySA y para los préstamos prendarios destinados a la compra de automotores. Por otro,  están los  “Depósitos a plazo fijo direccionados”, que totalizan $1.562 millones, prestados por la ANSES tanto a los bancos para que éstos oferten créditos como para el financiamiento de electrodomésticos.ALTERNAIVA. Observando los destinatarios nos surge una reflexión y una idea. Considerando quiénes se benefician nos preguntamos por qué no hacer lo mismo con otros sectores de la sociedad, menos visibles pero eternamente marginados del disfrute que podría posibilitarle un proceso de capitalización asistido por el Estado ¿Por qué se financian multinacionales y no se brindan créditos a tasas reducidas para los eslabones más débiles y  marginados de distintas economías regionales?
En esta época histórica observamos cómo los “manuales” de economía adolecen de respuestas concretas para orientar la política económica, que se enfrenta en el mundo entero a inusitados problemas, de los cuales aún hoy no sabemos cuál será su magnitud cierta. Es entonces un momento propicio para la heterodoxia, para lo ecléctico, para probar sin condicionarse y –si queremos realmente un país donde todos seamos iguales y no algunos más que otros– para intentar transformar problemas estructurales. Por esto, seguidamente consideramos relevante hacer un ejercicio acerca de cómo el dinero de los trabajadores podría invertirse en un proceso productivo regional para, a su vez, posibilitar a los pequeños agricultores familiares superar su histórica marginación de los beneficios del crecimiento económico.

EJEMPLO. Damos un ejemplo concreto. El cultivo del tabaco en Misiones es realizado anualmente por cerca de 12.000 familias que se reproducen en condiciones sociales difíciles. El tabaco es una planta anual que requiere de muchos insumos, parte de la cual (las hojas) es adquirida por intermediarios que desarrollan el proceso productivo sobre la base de los requerimientos de calidad y cantidad impuestos por sus compradores, las empresas comercializadoras e industrializadoras de tabaco. Estas compañías organizan globalmente su producción, operan coordinadamente en cerca de una centena de países y poseen ingresos anuales superiores a los que pueden tener hasta el momento aisladamente las tres principales provincias tabacaleras del país (Salta, Misiones y Jujuy) en concepto de Producto Bruto Geográfico. Los insumos son impuestos a los productores por los propios intermediarios al inicio del ciclo agrícola y son descontados por éstos al momento del acopio. No está de más decir que el alto costo del paquete tecnológico “bajado en la chacra” como condición previa para producir tabaco resulta una variable crucial, tanto porque impide a los productores adquirirlos por su cuenta en el mercado –y evitar así la discrecionalidad en la formación de precios de los insumos– como porque endeuda a éstos hasta el momento de la venta (lo que implica una cíclica y permanente relación de subordinación de hecho con los intermediarios).
¿Qué podría hacerse para posibilitar una capitalización de los minifundistas y posibilitar así un cambio en la relación con los intermediarios? Podrían financiarse líneas de crédito a tasas bajas con recursos de la ANSES para lograr una mayor independencia de los productores respecto del mercado. De esta manera, podría cortarse la espiral de endeudamiento-impedimento para la capitalización. A su vez, las colocaciones tendrían que estar respaldadas por alguna garantía real.
Por caso, en los fideicomisos se entrega el dinero si está respaldado por algún bien existente o a producir. Una forma de reproducir el drenaje de fondos a productores tabacaleros podría ser tomando como garantía el tabaco que se financia y armando consorcios de productores por los montos en juego. De esta manera, los agricultores podrían romper las cadenas crediticias que los atan a los intermediarios y negociar directamente su producción con las empresas comercializadoras e industrializadoras de tabaco.

GARANTÍA. En el caso de que los recursos de un fideicomiso se entregasen como créditos para equipamiento, otra manera de asegurar la devolución de los fondos públicos sería tomando como garantía de la operación financiera tales equipamientos. Los bienes que compondrían tal garantía no serían la tan necesitada infraestructura a ser financiada en las chacras de los pequeños productores (vivienda digna, galpones o estufas –según se tratara de tabaco burley o virginia respectivamente–) sino que podrían ser las maquinarias y equipamientos obtenidos por consorcios de agricultores organizados con miras a diversificar su explotación a través del cultivo y procesamiento de nuevos productos.
De esta manera, podrían comenzar a salir de la trampa de la diversificación que imponen los compradores, debido a que hasta el momento suelen cambiar los cultivos, pero el tabaco sigue estructurando la relación del agricultor con el mercado y la lógica de producción se mantiene dominada por el comprador.
Desde luego, este ejercicio de política pública que realizamos para el caso del tabaco se podría extender a otras actividades agrícolas siempre que se garanticen los créditos con los productos cosechados. En todo caso, se trata de innovar para transformar las situaciones estructurales en procesos virtuosos de mejora en la calidad de vida de los históricos marginados en las economías regionales