Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

3Ago/090

Honduras, la dictablanda clintoniana

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El golpe cívico-militar fue cuidadosamente preparado en la base estadunidense de Soto Cano, con la presencia del embajador Llorens, de Estados Unidos. el golpe es un torpedo bajo la línea de flotación del intento de Obama de distensión con América Latina y con Cuba misma y fue lanzado por la derecha conservadora estadunidense, tanto del Partido Demócrata, como Hillary Clinton y su clan, como republicana (mediante los lazos de los bushistas con los militares y la derecha latinoamericano

Por:     Guillermo Almeyra
El golpe de Estado en Honduras no sólo tuvo como objetivo liquidar el eslabón más débil de la Alba, Honduras, con su presidente Manuel Zelaya quien, a pesar de su origen conservador, emprendía tímidas reformas sociales y, por motivos económicos, se acercaba a Venezuela, lo que lo hacía aparecer como peligroso revolucionario. También está dirigido para reforzar la desestabilización en Guatemala (cuyo presidente Colom está actualmente en la mira del imperialismo), El Salvador (donde el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional ganó el gobierno, pero no el poder, que sigue en manos de la ultraderecha) y Nicaragua. Estados Unidos, mediante sus servidores, quiere reforzar así, estratégicamente, la soldadura débil istmeña del Plan Mérida, para poner desde México hasta Colombia un corredor para la dominación estadunidense y convertir a este último país, bajo la dictadura de Uribe, en una cabecera de puente, una especie de Israel en América del Sur, para controlar Venezuela, el Caribe, Ecuador, Brasil.

El golpe cívico-militar fue cuidadosamente preparado en la base estadunidense de Soto Cano, con la presencia del embajador Llorens, de Estados Unidos. Este se fue y se llevó su familia, aunque sabía del golpe con anticipación, para no aparecer demasiado ligado a los gorilas hondureños a los que Estados Unidos formó y conoce desde los tiempos de John Dimitri Negroponte y el Irangate (el armamento a los contras nicaragüenses con armas entregadas desde Honduras y pagadas con la droga por la CIA), que fue también jefe directo de Llorens. Negroponte, ex secretario nacional de seguridad de Bush, ex representante en la ONU, ex virrey en Irak, no es el único conspirador de alto vuelo: el fantoche golpista Micheletti, por ejemplo, tiene como asesores a dos ayudantes importantes de Bill Clinton; Lanny Davis (que lo asesoró durante el escándalo provocado por su relación con Mónica Lewinsky, fue el más virulento consejero de Hillary Clinton en la lucha contra Obama y es asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, eje de la oligarquía local) y Bennet Ratcliff. Por consiguiente, es absolutamente imposible que el Departamento de Estado (es decir, Hillary Clinton) y el Pentágono hayan sido sorprendidos por el golpe tan cantado y tan toscamente organizado por cuatro gorilas seguros de su impunidad.

Por lo tanto, el golpe es un torpedo bajo la línea de flotación del intento de Obama de distensión con América Latina y con Cuba misma y fue lanzado por la derecha conservadora estadunidense, tanto del Partido Demócrata, como Hillary Clinton y su clan, como republicana (mediante los lazos de los bushistas con los militares y la derecha latinoamericanos). Es el primer debilitamiento serio y desde Washington mismo del propio Obama, para el cual esa derecha reserva el mismo papel que Óscar Arias, ese conocido siervo de Estados Unidos, quiere darle a Zelaya: el de presidente pour la galerie, fantoche y acotado, sin posibilidad de ninguna iniciativa, con una política exterior absolutamente controlada por el Departamento de Estado. En efecto, la opinión de que Obama es un negrito que no sabe nada de nada la formuló el ministro de Relaciones Exteriores de los golpistas hondureños pero, aunque todavía no la expresen abiertamente, es compartida por todos los santos que los gorilas tienen en el paraíso del establishment estadounidense.

El golpe hondureño es contra los países vecinos ligados a Chávez y a Cuba, es contra Venezuela y Cuba, contra todos los gobiernos progresistas de América del Sur y es también un golpe sin Obama y contra Obama. La aberrante propuesta de Arias es funcional para los golpistas. Les permite ganar tiempo para organizar su poder de facto y cansar y desmoralizar a los partidarios del presidente constitucional. Los recompensa además con una propuesta de amnistía aunque dieron un golpe de Estado, asesinaron gente que defendía la Constitución y son infames traidores a la patria, pasibles de fusilamiento. Para colmo, según el Acuerdo de San José, Zelaya tendría que admitir en puestos claves de su gabinete efímero a quienes lo secuestraron, deportaron de su propio país, insultaron, falsificaron su firma en una carta infame de renuncia y están oprimimiendo por el terror al pueblo hondureño, y sería sólo el rehén de esa gente.

Si se aceptase la solución Clinton (solución para los golpistas), se alentarían futuros golpes y dictablandas (dictaduras militares con fachadas legales). La alternativa es difícil, pero es la única positiva: rechazar el laudo Arias-Clinton y encabezar, en Honduras mismo, un proceso de lucha, por todos los medios posibles, para imponer una asamblea nacional constituyente que decida quién y cómo gobernará el país. O sea, intentar crear una brecha en las fuerzas armadas y la policía mediante la movilización insurreccional, como en Bolivia frente a Sánchez de Lozada o en Venezuela, cuando el golpe contra Chávez.

Zelaya, hijo de un asesino de izquierdistas, líder de un partido conservador tradicional, orientado hacia una política más avanzada sobre todo por razones de oportunidad y por no haber calculado las consecuencias que eso podría acarrearle, ha demostrado valentía pero probablemente no pueda encabezar ese tipo de lucha, aunque sí la puede iniciar. El pueblo hondureño y los sectores de izquierda que exigen su retorno irrestricto al gobierno sabrán entonces cómo derrotar a los golpistas y hacerles pagar su crimen contra la Constitución con procesos público

3Ago/090

Convocatoria para el resurgimiento del ESPACIO JUVENIL en CARTA ABIERTA

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Esta es una convocatoria dirigida para todos los jóvenes que quieran contribuir desde su condición en el aporte de ideas y acciones para la defensa, en la actual correlación de fuerzas, del gobierno de Cristina Fernández. Repensar las formas de crítica y regeneración de las mejores tradiciones del campo popular, haciendo un aporte para detener la poderosa restauración conservadora en marcha, es la consigna que nos aglutina en este llamado.

 

La primera reunión se hará este JUEVES 6 DE AGOSTO A LAS 20 HS en la Sede de FEDUBA, PASCO 255.

 

Esperamos sus presencias para debatir estas cuestiones y otras que serán allí propuestas por todos nosotros

3Ago/090

CEFID-AR

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Tenemos el agrado de invitar a ud. a asistir a la presentación que hará Mario Tonveronachi

(Profesor de Economía Política de la Universidad de Siena), del trabajo que elaboró

en coautoría con Elisabetta Montanaro (Universidad de Siena):
 
“Algunas propuestas preliminares para la re-regulación del Sistema Financiero”

(Some preliminary proposals for re-regulating the Financial System)


Comentarios:

Lic. Alejandro Vanoli, Vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores

Lic. Luis Fortino, Economista especialista en Finanzas

Miércoles 12 de agosto de 2009  - 17:30 horas
Banco de la Provincia de Buenos Aires
Archivo y Museo Históricos “Dr. Arturo Jauretche”
Aula Magna “Dr. Arq. Alberto de Paula”
(Sarmiento 364, 1er. subsuelo)

 


Entrada libre y gratuita, no requiere inscripción previa

Para cualquier consulta, por favor dirigirse a informacion@cefid-ar.org.ar

3Ago/090

Diálogo y corporaciones

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Por Alejandro Rofman *

Se abrió el diálogo. Ya aparecieron opiniones acerca de los temas a abordar. Los dueños de la tierra quieren discutir retenciones, o sea el sistema que grava sus rentas diferenciales extraordinarias y sus ganancias. Es lógico que así sea porque ése fue siempre, desde la fundación de la Nación, su principal preocupación. Los grandes industriales –agrupados en la UIA– pretenden que se traten las cuestiones referidas a salarios, tipo de cambio y precios. También es lógico que así sea. Un muy elevado tipo de cambio, su consiguiente efecto –baja de salarios– y la desaparición del control de precios en un mercado con estructura oligopolizada, desembocan en un crecimiento de la tasa de ganancia. Los comerciantes –representados por la Cámara Argentina de Comercio– postularán, como la UIA, que no haya aumento de salarios.

Estos actores sociales y sus peticiones reflejan al sector más concentrado de la economía, ansioso siempre de asegurarse una creciente tasa de beneficio a costa de los ingresos de los sectores populares. Con esas propuestas se provocaría una caída de salario real de los trabajadores formales e informales, el posterior deterioro del mercado interno y un creciente desempleo. La consiguiente revalorización del rol exportador en desmedro del consumo endógeno de esos sectores concentrados implicaría un retorno al modelo neoliberal. Este es el objetivo de los que controlan esas corporaciones gremiales de empresarios.

Si se definiera de este modo la mesa de diálogo se generaría un grave retroceso social y político. ¿Cómo evitarlo? Incorporando a esa instancia a las organizaciones sociales que asumen intereses de los sectores de la pequeña y mediana empresa rural y urbana. Estos defienden el mercado interno y rara vez aparecen en los medios.

Al respecto, interesa particularizar en los productores agrarios –dueños o no de la tierra– que suman más de 200 mil y pueblan nuestras áreas productivas. Si se privilegia solamente a las cuatro entidades conocidas para representar al “campo”, esas otras organizaciones quedarían excluidas del debate. Los pequeños productores y los campesinos distribuidos por todo el país (preferentemente en las regiones extrampapeanas) suman más de tres veces la cantidad de productores de carne, soja y cereales. Poseen una fuerte inserción en la producción de materias primas y alimentos destinados al consumo interno y a la exportación. Son los que apuestan a una economía integrada, basada en la expansión del consumo nacional, dedicados a la producción de frutas, hortalizas, legumbres, algodón, té, yerba mate, tabaco, uva para vino, tubérculos, aves, huevos y otros animales de granja, especies. Gran parte de ellos se encuentran en organizaciones gremiales que los representan y los defienden, entre otras, el Foro de la Agricultura Familiar, el Mocase (Movimiento Campesino Santiagueño), el Mocafor (Movimiento Campesino de Formosa), el Movimiento Agrario Misionero, Vía Campesina, el Frente Nacional Campesino, la Federación de Viñateros de San Juan y su homóloga de Mendoza, la Federación de Productores de Fruta del Valle del Río Negro. Ellas asumen el papel de respaldar el accionar de los agricultores que viven en sus fincas, con sus familias, dando alimentos a los hogares argentinos. Se han expresado claramente como acérrimos defensores de un modelo económico y social productivo e inclusivo. No poseen, en general, más que cinco o diez hectáreas de tierra por unidad productiva. Allí se concentra la pobreza rural y se manifiestan, todavía, serios problemas de títulos de propiedad de la tierra. Viven con sus familiares en los predios agrícolas, a diferencia de los dueños de establecimientos ubicados en la Pampa Húmeda. Sus dueños habitan en ciudades cercanas o lejanas a sus fincas y allí reciben los beneficios económicos de sus campos, actividad llevada adelante por arrendatarios o contratistas.

Los pequeños productores familiares, en cambio, deben vender su fuerza de trabajo fuera de sus predios para completar sus ingresos necesarios para la subsistencia. En no pocos casos acuden a la producción para el autoconsumo a fin de completar su dieta alimentaria. Las tecnologías que manejan y la estrategia para conservar la tierra suelen ser las tradicionales, sin el uso de aditamentos químicos, ni el desgaste o la destrucción de la calidad de los suelos. Hay una alta proporción que obtiene el recurso hídrico mediante el riego. Es habitual que tales prácticas técnicas no puedan ser mejoradas o renovadas por carencia de capacidad de acumulación. Por supuesto, sus reclamos no tienen que ver con los impuestos a la renta extraordinaria. Sus demandas deben ser escuchadas. Los productores familiares requieren apoyo para asegurar su subsistencia y merecen que el Estado intervenga para equilibrar su poder de negociación frente a intermediarios que los explotan. Ambicionan ingresar en sistemas de crédito de fomento para ir renovando sus saberes técnicos sin dañar la sustentabilidad ambiental de lo que producen. Aspiran a que se los asista para ingresar a mercados internos y externos sin ser expoliados por la intermediación. Confían en que la nueva ola de instituciones estatales reguladoras implantadas desde el año 2002 actúe a favor de ellos y no de los grandes empresarios que no necesitan apoyo. Reclaman la provisión de bienes públicos, que les permita eliminar enfermedades endémicas, acceder a educación de calidad y disponer de información adecuada para tomar decisiones. Es imprescindible que estén presentes en la mesa de diálogo. Es hora de dar voz a los que no tienen voz

* Economista e Investigador del CEUR/Conicet.

3Ago/090

El túnel del tiempo

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AEA congrega a los dueños y titulares de las empresas más grandes y concentradas del país. En un reciente documento, titulado “Movilizar las energías del sector privado, un aporte al diálogo entre todos los argentinos”, abundan ideas libremercadistas. Se trata de un intento de formulación de un proyecto de país enfocado en una corriente noventista y de la teoría del derrame. Reclama la eliminación de todo control e intervención pública en los mercados.

Por Guillermo Wierzba*

Abierta una instancia de diálogo por el gobierno nacional, que incluye a las organizaciones de la sociedad civil que representan intereses sectoriales, la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) dio a conocer un documento titulado “Movilizar las energías del sector privado, un aporte al diálogo entre todos los argentinos”. Una lectura atenta de los dichos de la entidad que congrega a los dueños y titulares de las empresas más grandes y concentradas del país permite concluir que se trata de un intento de formulación de un “proyecto de país”, más que un conjunto de inquietudes o reivindicaciones sectoriales concretas para discutir con las autoridades elegidas por la ciudadanía. Y el enfoque elegido responde a un paradigma enfrentado al proyecto nacional que comenzara a edificarse en el 2003. Vayamos por partes.

El documento se inspira en un concepto de la propiedad privada de tipo decimonónico, recuperado por la oleada intelectual neoliberal de fines del siglo pasado, que excluye las limitaciones impuestas a la misma a partir del desarrollo del pensamiento democrático. El orden jurídico internacional ha incorporado, por ejemplo, a los derechos humanos como parte inalienable del orden democrático moderno, integrando a ellos a los derechos económicos y sociales. A su vez, el derecho de propiedad empresaria resulta de una sustancia diferente a la de la propiedad personal y su extensión no puede ser ilimitada, ni precede a la organización institucional, sino que debe encuadrarse en la misma.

Proclamar la vigencia irrestricta del derecho de propiedad sobre los patrimonios y sus frutos o ganancias, supone una hostilidad “de principios” respecto de la progresividad tributaria y de toda acción del Estado orientada a redistribuir ingresos y riqueza, pues éstas implican la transferencia de stocks y flujos patrimoniales de los agentes concentrados de la economía a los sectores postergados.

La subrayada meta de “drástica reducción de la pobreza” es incompatible –por demostración empírica, histórica y teórica – con la subsistencia de sociedades de desigualdad extrema como son las latinoamericanas. Así, una política dirigida a su sustantiva disminución importa otro dimensionamiento en la ecuación “acción pública/derecho de propiedad”. Al mismo tiempo, corresponde reconocer la correcta invocación que el escrito hace a la necesaria erradicación de la evasión tributaria. Sin embargo, ese ítem sólo apunta al deseado objetivo de la equidad tributaria entre empresas, omitiendo menciones a la progresividad que constituye la condición de una razonable equidad entre los agentes pudientes y los sectores populares. Cuestión clave en una sociedad que reporta índices muy altos de desigualdad.

Formular la posibilidad de actuar sobre la reducción de la pobreza sin proponerse una disminución drástica de la flagrante desigualdad ni admitir la imprescindible limitación social del derecho de propiedad, importa adscribir a la “noventista” teoría del “derrame”. La democracia no es sólo un régimen que aspira a la igualdad formal (por la proclamación de derechos), sino que supone la búsqueda de una sustancial equidad económico-social. La inexistencia de procesos vitales hacia su profundización creciente la torna insuficiente y débil, y conlleva el germen de su degradación.

AEA enuncia su objetivo de “motorizar un fuerte proceso de desarrollo económico y social”. Pero el documento adhiere a una doctrina libremercadista extrema que reclama la eliminación de todo control e intervención pública en el conjunto de los mercados, excepto en el caso de las tarifas de servicios públicos. Contradice así al pensamiento clásico del desarrollo, que destaca la ineficiencia de los mecanismos mercantiles para asignar recursos en el largo plazo, especialmente en los países subdesarrollados, y recomienda en consecuencia el diseño de intervenciones públicas destinadas a alterar las señales de precios para asegurar el cumplimiento de los objetivos de un plan de desarrollo.

El desarrollo económico es una categoría de un paradigma muy distinto al de la ortodoxia. Resulta inconsistente, entonces, reivindicar al primero desde una mirada encadenada a la segunda. El enfoque del desarrollo sostiene que la existencia de sectores más competitivos y otros más inmaduros que se quiere incentivar, requieren de la intervención pública. Los mecanismos de mercado no conducen a estas metas. Desde esta perspectiva la presencia de rentas naturales, así como de beneficios extraordinarios debidos a la concentración económica, exigen de la injerencia estatal para el establecimiento, por ejemplo, de tipos de cambio diferenciales (siendo las retenciones sobre las exportaciones un modo eficaz de establecerlos).

A su vez, un enfoque estructural sobre una economía que ha alcanzado el desmesurado nivel de concentración de la argentina, debe concluir –necesariamente– en intervenciones en los procesos de formación de precios por parte del Estado, para limitar las tendencias a la elevación de los beneficios extraordinarios que las condiciones oligopólicas y monópolicas suscitan, y que resultan en feroces procesos de redistribución regresiva de los ingresos y la riqueza. Esas condiciones de concentración requieren eficaces mecanismos antimonopólicos y de una activa política de ingresos. AEA omite también a la banca de desarrollo, instrumento emblemático de un proyecto de impulso económico. Hace una única referencia a la focalización de la banca pública en el financiamiento de largo plazo al sector privado. Este enfoque recortado mutila y deforma la potencia de una banca de desarrollo, que supone un rol que excede largamente la cuestión de los plazos, e incluye el manejo de las tasas de interés, la selección de sectores a promover, la fijación de volúmenes de atención por ramas o regiones derivados de los objetivos del plan de desarrollo.

Por otro lado, el enclaustramiento de la banca pública en el crédito “de largo” que hace AEA presupone una crítica a su participación en el mercado “de corto”, siendo que en éste le corresponde a la banca pública asumir funciones fundamentales como agente contracíclico, empresa testigo, banca de fomento y atención de las pymes.

Resulta sustantivo, en fin, evaluar la tensión entre mercado, desarrollo y democracia. La esencia de la democracia es que el rumbo y el destino del modelo de país resulta de la implementación de un proyecto que se define por el pronunciamiento popular. El desarrollo como concepto supone determinados objetivos que se articulan en un plan definido democráticamente. El mercado es un dispositivo asignativo de recursos económicos cuya estructuración debe organizarse en armonía con el proceso democrático y el plan. Su existencia y funcionamiento debe ajustarse a éstos y no subordinarlos.

AEA postula, sin detenerse en fundamentos, que “la inflación es un problema estrictamente macroeconómico”. Descarta que las decisiones puntuales de unos pocos agentes económicos puedan incidir en sus causalidades. Esta ausencia en el texto de AEA es muy grave. Una oferta extremadamente concentrada y conglomerados que actúan como formadores de precios, de propiedad y/o bajo la dirección –en buena medida– de los propios miembros de AEA, suponen un indispensable abordaje desde el lado “micro” y “mesoeconómico” –la estructura de los mercados y el poder empresario– que complete el necesario enfoque “macroeconómico”.

La conquista de grados de libertad frente a las políticas de condicionamientos recomendadas por el FMI permitió –en los últimos años– evitar la implementación de estrategias como la de “metas de inflación”, regresivas en sus efectos sobre la distribución. En tal sentido, la advocación a “una activa inserción de la Argentina en el sistema financiero internacional”, sin referencia a la necesaria conservación de la valiosa autonomía de política ganada por esa conquista, constituye una posición que debe generar inquietud.

La puntualizada exigencia de la entidad empresaria sobre el Estado, en el tema de “la defensa de las inversiones argentinas en el exterior”, tiene la forma y el tono de un descuidado matiz. ¿AEA supone que dicha defensa debe predominar sobre las buenas relaciones internacionales de Argentina, sobre el respeto a las autodeterminaciones nacionales y sobre el proyecto de integración regional de Argentina? ¿También estima que debe ejercerse con independencia de la real localización de los capitales controlantes de tales inversiones? Resulta llamativo que el escrito se detenga de este modo en esta cuestión, sin reflexión alguna acerca de las numerosas y progresistas iniciativas de los últimos años que han promovido la unidad latinoamericana, tales como la ampliación del Mercosur, la creación del Banco del Sur y Unasur, los intercambios en monedas locales para evitar la dependencia de las divisas de extrazona, las conversaciones para crear un fondo de estabilización regional. Se trata de una omisión imposible de leer como olvido y que genera un cono de sombras acerca de la calidad de la mirada estratégica del ente empresarial.

Similar calificación merece el enfoque de AEA sobre el “fortalecimiento de los medios de comunicación”, concepto que intenta reemplazar equívocamente a una necesaria definición de libertad de prensa y opinión

–categoría ausente en el escrito– fundada en el derecho a la diversidad, la pluralidad y la calidad de la información. Se condenan las medidas “que debiliten económicamente” a las empresas periodísticas y se sustituyen los derechos humanos inalienables a la libertad de información y expresión por la “libertad de elegir entre una amplia oferta de medios periodísticos existente”. O sea, por el “libremercado” sin menciones a su necesaria desconcentración y democratización. La no disimulada oposición a la propuesta de proyecto de ley de servicios audiovisuales –de creciente consenso en la sociedad– tiene también una inequívoca factura neoliberal.

Los contenidos del último escrito de AEA y su acción presente para alcanzar protagonismos decisivos insinúan –¿revelan?– una continuidad histórica: en su texto abundan ideas “libremercadistas” en una hora difícil para una gestión de gobierno heterodoxa. Las circunstancias y las respuestas plantean un interrogante acerca de la discontinuidad del Consejo Empresario Argentino (CEA) y la inmediata conformación de AEA. ¿Se trata de un cambio de identidad para reformular un estilo político del alto empresariado o de una mera sustitución de nombres para sortear el lastre descalificador del pasado apoyo a Martínez de Hoz, durante la última dictadura, y al plan de convertibilidad en los noventa?

Las intervenciones, discursos y escritos del CEA muestran una adhesión total a los programas ortodoxos y cruciales participaciones en momentos institucionales críticos. Como cuando la fundación de la Apege, un ente empresario organizado antes del golpe del ‘76 cuyo rol fue clave en el debilitamiento institucional previo a través de lockouts patronales. O más tarde, de un modo menos visible, en el denominado “golpe de mercado” que sufrió el gobierno de Alfonsín en sus últimos meses.

Hoy AEA quiere erigirse en vértice de las distintas organizaciones del empresariado grande, mediano o chico, rural o urbano. Momento peliagudo para una democracia que deberá afirmar la legitimidad del poder popular y ciudadano frente al desafío de los grandes intereses corporativos y sectoriales del poder económico concentrado

* Economista, profesor de la UBA y director del Cefid-AR.

3Ago/090

La gente, Honduras y Carta Abierta

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Hace unos días, no recuerdo que canal y/o programa de tv salió a la calle a preguntar qué sabía sobre Honduras. Excepto un sólo entrevistado que supo responder y, por suerte, sabía mucho del tema, el resto: ignorancia. Tras esa pregunta, ante la respuesta "no, no tengo idea", repreguntaban si sabían quién era Zulma Lobato. Por supuesto, todos sabían quien era este pobre hombre devenido a travesti mediático.
El móvil se había instalado sobre la calle Florida.
A que viene todo esto, se preguntaran ustedes, bien, viene a cuento porque anoche, un grupo de aproximadamente unas 80 personas, nos presentamos en la puerta de la Embajada de Honduras, convocados por el Espacio Carta Abierta.
Ahí se acercaron Girotti, Tati Almeida, Eduardo Jozami, entre otros conocidos, además de los chicos del comedor los pibes de la boca y un grupo de muchachos y muchachas del PCCE; por suerte me encontre con Anita, así que, por lo menos, dos blogueros estuvimos.
El punto era presentar una carta de rechazo al golpe de Honduras, pero esa sede diplomática hace unos veinte días que no tiene embajador y tampoco nos recibieron, así que se procedió a dar lectura a la Carta en la calle y luego se recito una poesía, ah, también hablo Jozami.
Les cuento todo esto por que si pretenden encontrar algún medio argentino que refleje esta acción de Carta de Abierta no lo van a encontrar, por lo menos yo, no lo encontre.
Entonces, si ellos -los medios- son los encargados de informar, mal pueden despues salir a preguntar sobre algo que no difunden, aunque ello no debe ser tomada como una dispensa para la gente -citada en el primer párrafo- que desconoce que pasa en Honduras.
Por último si alguno tiene interés en saber un poco más sobre lo de anoche, puede leerlo en ésta nota del diario La Jornada de Méjico... sí, un diario de Méjico es quien refleja la acción de Carta Abierta... es lo que hay.