Perspectivas que contradicen pronósticos intencionados
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Por Guillermo Wierzba*
Sería una contradicción que los economistas y consultores del establishment difundieran comentarios, pronósticos y análisis de perspectivas futuras positivos para la economía argentina. Estarían aprobando una política económica diferente y centralmente opuesta a la receta única, atemporal y ahistórica, que siempre han recomendado. Jamás dieron explicaciones sobre sus fallidas previsiones respecto del futuro de la convertibilidad en los noventa, ni respecto de sus incursiones presagiando finales críticos para la política productivista en curso, primero augurando escenarios de alta inflación, luego anunciando defaults de la deuda pública y después escenarios recesivos. Sus palabras y “análisis” con apariencia de objetividad velan un contenido intencionado, dirigido a cambiar el rumbo de la política económica y favorecer a intereses poderosos.
¿Cuál resulta la precisión central de lo que enuncio como “siempre recomendado” por ellos? Sus nociones de “clima de negocios” y “seguridad jurídica”. Ambas están asociadas a erosionar, hasta la anulación, la intervención pública en la economía en ejercicio de la potestad y el poder para alterar señales mercantiles, modificar la distribución de la riqueza y el ingreso y acometer políticas de protección y desarrollo de la producción nacional. El reclamo de “clima de negocios” viene siempre asociado a la idea de un Estado que sólo hace políticas de oferta con instrumentos que favorecen indiscriminadamente al poder económico concentrado. La idea de “Seguridad Jurídica” distorsionada por el discurso neoliberal implica el requerimiento de la auto-inhibición estatal para legislar modificaciones de reglamentaciones y leyes que norman sobre la actividad económica.
La autonomía gubernamental y el ensanchamiento de los grados de libertad para hacer política económica fueron los signos –en el ámbito de la economía- que marcaron la vida política argentina en el período iniciado en el 2003. Desde ese lugar se establecieron la política de tipo de cambio competitivo y múltiple, el desendeudamiento con el fondo utilizando reservas, la refinanciación de la deuda con quita inédita, la recuperación del sistema jubilatorio de solidaridad intergeneracional bajo administración pública, las políticas de elevación del salario mínimo, la asignación universal por hijo, la elevación sustantiva de las jubilaciones. También hicieron posible transitar la crisis con un impacto mucho menor que el que hubiera soportado una economía administrada con el criterio de conexión y apertura indiscriminada a la globalización financiera, al estilo de la que predican los economistas del “mainstream” local.
El inicio de un año constituye un momento propicio para la formulación de pronósticos y construcción de “escenarios”. La realidad de la macroeconomía argentina demuestra una solidez verificada en el nivel de reservas, que ya alcanzan los u$s 48.000 millones -habiendo recuperado u$s 1500 millones desde el inicio de año 2009-, y su tendencia al crecimiento. Fortaleza en el cierre de un año de crisis internacional atravesado con un nivel del producto sostenido y con previsiones de una sustantiva recuperación en su tasa de crecimiento para el 2010, mientras México que sigue una política afín a lo recomendado por la ortodoxia decreció un 7% en el año que finaliza. Argentina registra un superávit de la balanza comercial de orden permanente, siendo el del 2009 el más alto desde el 2003 . Hay señales inequívocas de decisiones de inversión expresadas en los más de $10.000 millones licitados en el nuevo régimen de promoción, habiéndose registrado en el 2009 una relación Inversión/PBI cercana al 21% - un nivel normal en términos históricos en un año de crisis-. Sin embargo, esos economistas que “asesoran” al poder económico concentrado auguran graves problemas y dificultades. Esto a pesar que algunas señales emblemáticas para las lecturas sesgadas que ellos hacen de la salud económica acusan un muy buen estado, como por ejemplo la rauda suba de las cotizaciones de los títulos públicos argentinos.
El tema de la inflación es un lugar recurrente en el discurso que se opone a la política de este período, ahora reavivado y anclado en el cuestionamiento a la disminución del superávit fiscal, el incremento del gasto público y a la conformación del Fondo del Bicentenario.
El insistente reclamo por una política antiinflacionaria de carácter ortodoxo es un núcleo clave de puja con la política pro-productiva. Los gobiernos del ciclo iniciado en el 2003 eligieron un camino distinto al de las políticas de “metas de inflación” recomendadas por el FMI y centradas en el control de la demanda por vía de la tasa de interés. Estas ubican a la política monetaria, organizada por un banco central autónomo y con el sólo objetivo de defender el valor de la moneda, en exclusiva función de contener la inflación. En cambio, se optó por priorizar la intervención pública para ampliar la economía y bajar el desempleo, abordando el problema de los precios en forma heterodoxa y reconociendo orígenes multi-causales. Así, al manejo racional de la moneda se le agregó política de ingresos y razonabilidad fiscal que permitieron una evolución controlada de los precios. Haber optado por la vía ortodoxa hubiera significado la renuncia a las tasas de crecimiento acelerado, sólo interrumpidas por la grave crisis internacional. La elección de un esquema pro-desarrollo acelerado siempre implica la convivencia con mayores tasas de inflación, por cierto una situación muy diferente a un escenario descontrolado de alta inflación inequívocamente acompañado por estancamientos del producto. El retorno de la prédica en pos de centrar el discurso económico en la problemática inflacionaria, más que una obsesión teórica, aparece como un intento de generar expectativas que deterioren el despliegue de la política en curso hacia la profundización del rol activo del Estado en la economía. No es otra cosa el agitar la idea que la dinámica de precios estaría guiada hoy por presiones excesivas de demanda, bajo el supuesto de imposibilidades de ajuste de la oferta como resultado de las políticas gubernamentales y de respuesta a la energía de esa demanda.
Contrariamente la perspectiva de debate de un cambio en la legislación financiera para el año entrante, muestra que la mirada gubernamental y de otros sectores del progresismo piensa la política económica de un modo sustantivamente distinto. La creación de una banca de desarrollo, el despliegue vigoroso del crédito, el fin del racionamiento de préstamos a las pyme y la corrección de la discriminación regional del apoyo crediticio, ponen en evidencia que los estrangulamientos de oferta buscan ser resueltos mediante la expansión de ésta y no vía el enfriamiento de la economía.
A contrario de cualquier sentido común de análisis económico, al finalizar un año de plena crisis, columnas de medios de comunicación y economistas del “mainstream” local leen con preocupación la disminución del superávit fiscal. Estas interpretaciones también expresan presiones para la adopción de medidas que debiliten el rumbo económico. La emprenden contra el nivel de gasto público y su crecimiento. Sin embargo, la expansión del gasto para atender políticas sociales, como la asignación universal, y el despliegue de la inversión pública constituyen una estrategia bien distinta, claramente contracíclica, respecto del impacto de la crisis, y por otro lado promotora del crecimiento económico, tanto por el lado de la demanda como de la oferta. La continuidad de la expansión de la inversión pública es un elemento clave del programa heterodoxo, juega un papel central, también, en generar las condiciones de infraestructura que garanticen el despliegue productivo, mientras sostiene el nivel de actividad y empleo; cabe destacar que su nivel todavía es bajo respecto del necesario para una estrategia de desarrollo, aunque resulta destacable el aumento del 74,3% de la inversión pública entre setiembre/08 y julio/09, crecimiento que implica una erogación de $ 535 millones mensuales adicionales a los invertidos en el período precrisis.
Cuando el gobierno decidió cancelar el endeudamiento con el FMI, amén de los grados de libertad ganada para una política económica autónoma, decidió la utilización de reservas en forma directa para el pago de deuda. Esto significó el abandono de criterios fiscalistas y nociones de convertibilidad de carácter neoliberal. Se reitera ahora con el Fondo del Bicentenario la misma lógica – aunque debiera haberse prescindido de hablar de “reservas de libre disponibilidad”, concepto tributario del paradigma de la convertibilidad-. El Fondo se crea en un momento de clara tendencia al incremento de reservas por las condiciones de las finanzas internacionales. Está lógica de la utilización de reservas por parte de un Estado soberano es parte de un paradigma cuestionado por los cultores de una “seguridad jurídica” que descree de una soberanía de decisión y legislación nacional, pretendiendo el imperio de una organización normativa y legal internacional que reproduzca en cada país un mismo orden jurídico diseñado en el centro del poder global. Sin embargo, la opción elegida por la decisión gubernamental fortaleció las expectativas respecto de las condiciones financieras del 2010 despejando el otro fantasma agitado por la economía del establishment, la amenaza de default.
*Director del CEFID-AR
Volviendo sobre los orígenes de la crisis mundial: la globalización financiera
Mario Rapoport
La actual crisis financiera internacional está lejos de haber terminado. En los Estados Unidos hubo este año una quiebra bancaria cada día y medio y el fin de esa pesadilla no se ve tan cercano.
Quizás por eso, para encontrar soluciones, sea bueno recordar sus orígenes, que son más remotos que la burbuja especulativa de las hipotecas subprime y están vinculados a las transformaciones que sufrió el sistema bancario en las últimas décadas. Todo comienza en los años ’70 con el derrumbe del sistema monetario internacional (y el abandono de la relación dólar-oro), la caída de las tasas de rentabilidad, la inflación y la enorme oferta de fondos prestables que fueron impulsando el llamado proceso de globalización financiera, facilitado por la aplicación generalizada de la informática y el salto en la tecnología de las comunicaciones.
El predominio del sector financiero sobre la economía real se puso de manifiesto en las políticas económicas de los países desarrollados con el retorno a tasas de interés fuertemente positivas para reducir la inflación y atraer capitales. Pero la globalización financiera implicó, sobre todo, un cambio significativo en las reglas del juego permitiendo a los agentes económicos tomar o colocar su dinero sin límites, gracias al conjunto de instrumentos que les ofrecía el mercado, y facilitando las prácticas especulativas. En casi treinta años el sector financiero aumentó en todos sus indicadores mucho más que las actividades productivas. Las cifras son elocuentes al respecto: entre 1980 y el 2007 el stock de activos financieros globales creció en volumen 9 veces (4 veces más que la producción mundial).
A su vez, el número de fondos especulativos desde la década del ’90 a la actualidad saltó de 600 a 10.000. Este proceso presentó cuatro características que se dieron en forma casi simultánea en el tiempo: la desregulación del movimiento de capitales, la apertura irrestricta de los mercados, la desintermediación y la creación de nuevos productos financieros. La desregulación provino de la decisión, en forma paulatina, de las autoridades monetarias de los principales países industrializados a partir de 1973/74, de liberar los movimientos de capitales, aboliendo todo tipo de reglamentaciones al respecto. Pero la apertura de los mercados se produjo no sólo traspasando las fronteras nacionales, sino haciendo posible también la completa movilidad de los activos monetarios o títulos entre las diferentes clases de negocios y mercados financieros. La desintermediación implica permitir la participación directa en los mercados de nuevos operadores, como los inversores institucionales (fondos de pensión, hedge funds, etcétera), sin la intervención de los bancos. De ese modo las empresas pueden financiarse por una emisión de títulos antes de recurrir a créditos bancarios con mayores exigencias.
Los bancos mismos propulsaron gran parte de estas actividades creando fondos de ese tipo, incorporando en sus negocios activos financieros más riesgosos y organizando numerosas operaciones internacionales de fusiones o adquisiciones. En cuanto a los nuevos instrumentos financieros tuvieron por objeto, en un principio, proteger a los inversores contra el riesgo de la inestabilidad ligado a las tasas de interés o de cambio, aunque en verdad potenciaron el accionar de los especuladores, desde los Madoff a la gran banca internacional, y aumentaron la volatilidad de los mercados. Es el caso de los productos derivados, que dan la posibilidad de comprar o vender un activo determinado (acción, divisa, materias primas, etcétera) en una fecha futura aunque a un precio actual. Así puede evitarse un alza brusca del precio del activo, aunque la operación resulta perjudicial si ese precio baja. Pero si un inversor quiere tener menos riesgos hay otro que los asume procurando disponer del activo comprado en la fecha indicada (si se diera el primer caso) a un precio de venta menor para beneficiarse con la diferencia. Esto introduce un fuerte componente especulativo. Además, se agregan una serie de circunstancias no prevista s : desde el riesgo del crédito, si la contraparte no está dispuesta o en la medida de satisfacer las cláusulas del contrato; el riesgo de liquidez, si una transacción no puede hacerse al precio de mercado; y otros. Incluido también un riesgo sistémico si la magnitud de las operaciones es grande y sus propósitos fracasan. A pesar de ello, las operaciones en los mercados de derivados crecieron 7 veces entre 1998 y el 2007.
Todos los grandes actores de las finanzas, desde los mismos bancos comerciales y los bancos de inversión hasta los fondos propiamente especulativos (ligados en muchos casos a esas instituciones o a corporaciones empresariales), operan desde los años ’80 en esos mercados. Otros instrumentos, como la transformación de los créditos bancarios o hipotecarios, a través de la emisión de títulos (acciones, obligaciones), fueron decisivos para el estallido de la crisis del 2007/2008. Al mismo tiempo, la inversión financiera basada en las políticas de desregulación del sector se expandió mundialmente en las corporaciones internacionales. La caída de la rentabilidad en las actividades productivas hizo que, junto al desarrollo de los nuevos mercados financieros, una parte significativa de las ganancias empresariales proviniera de sus colocaciones en ellos. En los Estados Unidos, por ejemplo, la participación de esas operatorias en los beneficios del conjunto de las empresas, incluidas las transnacionales, pasó del 10 al 40% entre 1948 y el 2007. De ese modo, se terminó conformando a través de los mercados financieros una verdadera “economía internacional de especulación”. Los valores negociados en esos mercados se fueron separando cada vez más del proceso productivo, generando burbujas especulativas en las que el valor de los títulos o acciones resulta ampliamente superior al valor económico de los activos que le sirven de base, sean empresas o hipotecas. El endeudamiento de los países periféricos formó una parte esencial de ese negocio financiero, que aprovechó el libre desplazamiento de los capitales, los diferenciales entre las tasas de interés internas y externas, y los cambios en las tasas de interés internacionales. A su vez, con los capitales circulando libremente, los llamados “paraísos fiscales”, que gozan de regímenes impositivos muy bajos y el resguardo que brinda el secreto bancario, permitieron la fuga de capitales de otros países, la evasión impositiva, el lavado de dinero y la actividad de organizaciones criminales. La falta de reglas y límites a la banca de inversión, facilitó el involucramiento directo o indirecto en esas operatorias de los grandes bancos nacionales o transnacionales, que promovieron esta evolución y aumentaron la inestabilidad “inherente” al sistema, según la definición de Minsky. Se entraba plenamente en la era de lo que Keynes denominaba una “economía de casino”. Los bancos de inversión se suprimieron, pero aún no es suficiente. Crear nuevos mecanismos de regulación de las finanzas mundiales constituye hoy un requisito indispensable para comenzar a ver el sol sobre los escombros de la crisis.
Economista e historiador. Investigador superior del Conicet