Banco Central para un proyecto de país diferente
Por Carlos Heller *
A partir de la situación creada por la remoción del titular del Banco Central dispuesta por la presidenta de la Nación, la discusión debe centrarse en la cuestión de fondo que son los límites de la autonomía del Banco Central y sus funciones, un tema que obvian las distintas controversias y pronunciamientos que se realizan actualmente.
El Fondo del Bicentenario, al cancelar deuda y permitir conseguir préstamos a tasas bajas para refinanciar los pagos de deuda, evita utilizar recursos fiscales para tal fin, que pueden destinarse a un mayor gasto social, la universalización del seguro para la niñez, o una mayor inversión en infraestructura. Aquellos que rechazan el Fondo del Bicentenario, en realidad están proponiendo utilizar los recursos fiscales para pagar deuda, juntamente con un achique del gasto público para que sea financiable. Esta postura afecta la posibilidad de seguir sosteniendo los planes indispensables de fomento a la economía.
Sostenemos que el gasto público debe incrementarse, debe gastarse eficientemente y para eso se requiere una reforma fiscal progresiva, que venimos reclamando hace años, basada en impuestos que recaigan sobre los que más tienen, con mayores tasas de impuesto a las ganancias para los tramos superiores, captando las grandes rentas financieras y las fabulosas utilidades de los recursos naturales, entre otras medidas.
La cuestión del Banco Central: se habla reiteradamente de institucionalidad, aunque esto merece un debate sobre cuál es la institucionalidad que se desea. No cabe duda de que defender la aplicación de las leyes de la Nación es esencial, pero ello no quita discutir la conveniencia de esas leyes y, especialmente, la matriz ideológica que las acuñó.
El caso de la Carta Orgánica del Banco Central es un buen ejemplo de una institucionalidad derivada de las recomendaciones del Consenso de Washington, hoy fuertemente discutido, que instauró la independencia del Banco Central de la República Argentina, contrariando gran parte de su historia y ejemplos de varios países que mantienen fuertes lazos comunicantes entre la autoridad monetaria y el Ejecutivo.
La actual Carta Orgánica se gestó en los noventa y consistió en un decálogo del pensamiento ortodoxo, dado que no sólo limitó sus objetivos, sino que lo desvinculó del resto de los organismos decisorios de política económica.
Ante un enfoque ideológico que cifró la inflación exclusivamente en la emisión de dinero, en vez de regular y establecer parámetros para el financiamiento del BCRA al Gobierno, una actividad que realizan todos los Bancos Centrales del mundo, se optó por prohibir ese financiamiento, al igual que restringir el papel de prestamista de última instancia. Estas dos obcecadas restricciones tuvieron que ser morigeradas por sus propios impulsores cuando arreció el vendaval del Tequila allá por 1995.
Se restringió su misión primaria y fundamental a preservar el valor de la moneda, como si esta función fuera independiente de los niveles de ocupación, del crecimiento del PIB, de la distribución de la riqueza o del poder oligopólico de los formadores de precios. Tan fuerte fue la impronta ideológica, que en los considerandos del proyecto del PEN bajo la orientación de Domingo Cavallo, se establecía que “la necesidad de estabilizar el signo monetario excede el marco de la equidad en la distribución de los recursos”. Así se intentó otorgar a la restricción monetaria un valor superior a la distribución del ingreso y al sufrimiento de los ciudadanos bajo la pobreza.
La gran idea que subyace a esta independencia o desconexión del BCRA con el resto de los entes gubernamentales, es vedar a los gobiernos elegidos por el voto popular el ejercicio de la política monetaria.
Ante estos conceptos, resulta interesante recordar que la anterior Carta Orgánica, que rigió cerca de veinte años, la Ley 20.539 de 1973, establecía su objeto en “regular el crédito y los medios de pago a fin de crear condiciones que permitan mantener un desarrollo económico ordenado y creciente, con sentido social, un alto grado de ocupación y el poder adquisitivo de la moneda”.
De un Banco Central preocupado por el desarrollo económico, se pasó a un Banco Central autista; ¿es ésa la institucionalidad que deseamos mantener hacia el futuro?
La vieja Carta Orgánica disponía entre los objetivos “ejecutar la política cambiaria trazada por el Ministerio de Economía con asesoramiento del Banco Central ...”, a la vez que establecía que “la actuación del banco se ajustará a las directivas que el gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de Economía, dicte en materia de política económica, monetaria, cambiaria y financiera...”.
Hurgando en legislación comparada, aparece el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), cuya misión es conducir la política monetaria de la Nación influenciando las condiciones monetarias y crediticias para perseguir el pleno empleo, la estabilidad de precios y tasas moderadas de interés de largo plazo; para la FED la política monetaria no es ajena al nivel de empleo.
Cabe observar que cuando la actual crisis financiera arreciaba, la FED no dudó en saltar normas institucionales para prestarles a aseguradoras, bancos de inversión y hasta a particulares.
Otro ejemplo es Brasil, que posee un Consejo Monetario Nacional que delinea la política monetaria, cuyas funciones se realizan “siguiendo directrices establecidas por el presidente de la República”. Dicho comité está presidido por el ministro de Hacienda e integrado por los presidentes del Banco Central y del Bndes, y siete miembros más. Vemos entonces una fuerte vinculación entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo, lo que no le impidió a Brasil haber obtenido el “grado de inversión” de los mercados internacionales.
Hoy se habla repetidamente de la “independencia” del Banco Central, pero ¿es éste un valor esencial de la democracia? En realidad, pareciera que está reñido con la democracia, puesto que le quita al gobierno de turno la posibilidad del manejo de la política monetaria, una herramienta indispensable para definir el destino económico del país.
La política monetaria es una herramienta importante, pero tiene que estar en función de objetivos trascendentales y amplios; no se debe encargar sólo de defender el valor adquisitivo de la moneda, sino que este objetivo debe estar en consonancia con la posibilidad de generar un desarrollo sustentable, con una mejor distribución de los ingresos y la mejora de las condiciones sociales.
* Diputado nacional.
Fondo del Bicentenario y política económica
Por Eric Calcagno*
La problemática en torno del Fondo del Bicentenario pone de manifiesto algunas cuestiones fundamentales en términos de regulación monetaria, de política económica y quizá de modelo de desarrollo.
El Fondo del Bicentenario tiene como objetivo el servicio de la deuda pública, en especial aquella denominada en moneda extranjera. En el momento de efectuar los pagos, el Tesoro podrá utilizar el dinero de este Fondo en vez de adquirir las divisas necesarias en el momento de su vencimiento. No se trata de un pago anticipado, sino de dar una señal inequívoca de que existen la voluntad y los fondos para esos pagos.
Esta señal enviada a los acreedores y a los mercados financieros interno y externo, permitirá disminuir la percepción del riesgo-país (lo que ya sucede), con el consiguiente incremento del valor de los títulos públicos y reducción de las tasas de interés. De este modo, se beneficiará no sólo a los tenedores de títulos públicos, sino también a los empresarios que deseen tomar crédito.
Lo urgente es mostrar la disponibilidad de los recursos, no su uso. Sin embargo, en torno de esta acción simple de política económica vemos una escenografía que como siempre impugna las formas, pero que oculta el problema de fondo, que radica en la influencia del uso o no uso de las reservas sobre el sistema cambiario.
En los hechos, si las reservas quedan fuera del esquema de política económica del gobierno (flotación administrada), lo que se está planteando es abandonar el actual sistema cambiario para adoptar la flotación “pura”. En la actual coyuntura de excedente externo, esto significaría una apreciación del peso; es decir, un dólar barato. ¿Es a eso a lo que se refiere la oposición cuando dice que hay que defender el valor de la moneda? ¿Debemos aumentar la tasa de interés y tener una política monetaria contractiva con ese fin? ¿Qué opinan al respecto los industriales y el sector agropecuario? ¿Deberíamos también aplicar un ajuste fiscal, con medidas como las aplicadas en 2001, con reducción nominal de salarios y jubilaciones? ¿No hemos aprendido que tales ajustes recesivos no ajustan, sino que generan o agravan las recesiones? ¿Puede existir un Banco Central “independiente” de las políticas de desarrollo económico? La respuesta a cada pregunta implica un modelo de país.
Parecería que los críticos al Gobierno quisieran que no se usaran las reservas, a pesar de que su uso para pagar deuda es totalmente normal, como lo es para pagar importaciones, servicios de turismo, dividendos de la inversión extranjera, y otras utilizaciones análogas. ¿Plantean un default espontáneo? ¿Es que para ellos los especuladores pueden acceder a las reservas del Banco Central cuando quieren fugar capitales, pero no la Tesorería de la Nación para pagar compromisos en moneda extranjera? ¿Cada turista que quiere viajar, cada importación, cada giro de dividendos requiere de una ley de la Nación?
En cuanto a la cuestión de la “independencia” de algunas instituciones, hay que saber que el manejo de los instrumentos de política económica propios de un Banco Central confiere gran parte del poder. Quien establece la tasa de interés, el tipo de cambio, el crédito y la emisión monetaria controla la base de los mecanismos económicos. Es un lugar estratégico porque si no alcanza para ejecutar un programa económico, puede impedir la ejecución de políticas alternativas. De allí que conservar la conducción del Banco Central es considerado como un objetivo estratégico mayor.
Vemos una vez más que la ventaja de las crisis es que cada actor devela cuáles son sus intereses reales. Para algunos, será que pregonar tempestades permita cosechar en términos políticos los dividendos de un miedo sin razones macroeconómicas. El abismo, cuando no existe, es un juego peligroso. Para otros, redorar una reputación monetaria ortodoxa quizá permita posicionarse en un futuro improbable. En el año del Bicentenario es bueno volver a nuestros principios: recordemos a Mariano Fragueiro, para quien “el crédito público es una atribución indelegable del Estado y uno de los pilares de la soberanía nacional”.
*Senador de la Nación (FpV)
Fuente: Página 12 – 07.01.10
BANCO CENTRAL Y FUGA DE CAPITALES.
Roberto Briscioli
El Banco Central como autoridad máxima del sistema financiero tiene entre otras funciones la de administrar las reservas monetarias internacionales integrada con oro, dólares, euros, yens, libras esterlinas, etc. Además debe controlar estrictamente que las divisas obtenidas por las exportaciones se liquiden (transformadas en pesos) según las disposiciones vigentes.
La cantidad de reservas que administra actualmente el Banco Central resultan un record desde la creación del Banco Central de la República Argentina en mayo del año 1935.
Además debe destacarse la independencia de dichas reservas con el endeudamiento externo dado que las mismas se acumulan como consecuencia de una política económica que ha generado de manera ininterrumpida desde el año 2003, saldos positivos en la balanza comercial.
El saldo positivo de la balanza de pagos como fuente de acumulación de reservas, determina que dichas reservas internacionales tengan la característica distintiva de ser indiscutiblemente genuinas.
Muy distinto es el caso de la acumulación de reservas durante los períodos de gobiernos neo liberales como en la dictadura militar que irrumpió en marzo de 1976 y en la década de la convertibilidad con los gobiernos de Menem y De la Rúa, donde la acumulación de reservas era en su mayor parte producto de préstamos externos espurios.
Por ejemplo, en enero del año 2001 las reservas trepaban a una suma importante de 37.380 millones de dólares, pero las mismas no eran genuinas. Eran producto en su mayor parte del tristemente celebre préstamo internacional denominado “blindaje”, que realizó un aporte negativo más a toda la larga lista de desatinos neoliberales como para que en meses (fines del año 2001) se desencadenara la crisis social, económica y política mas seria de nuestra historia reciente, con quiebra del sistema financiero, estafa a los ahorristas y a la comunidad toda con default incluido.
La posibilidad de contar con abundantes reservas monetarias internacionales genuinas que representan el esfuerzo mancomunado de todos los habitantes del país, se concreta únicamente cuando la política económica diseñada por el gobierno nacional lo posibilita.
En definitiva y simplificando, para que exista una acumulación genuina de reservas se debe exportar el esfuerzo nacional en forma de productos por cantidades y valores superiores a los que se importan y así obtener un saldo favorable en divisas (dólares, euros, etc.)
La respuesta a la pregunta la da el propio Banco Central al afirmar en sus estadísticas que en el mismo lapso que se considera la fuga solo se vendieron 967 millones de dólares de sus reservas. El 2,2% del total.
La conclusión entonces no es otra que las divisas obtenidas para luego ser fugadas provienen en su amplia mayoría de divisas no liquidadas.
El Banco Central además de administrar dichas reservas monetarias, debe controlar que las divisas obtenidas por las exportaciones llevadas a cabo por las concentradas empresas exportadoras, sean liquidadas en tiempo y en forma para que así se abra la posibilidad de que parte de ellas se transformen posteriormente en reservas.
En otras palabras, las divisas obtenidas incluso antes de transformarse en reservas no son propiedad de las empresas exportadoras, ni siquiera de las empresas productoras.
Las divisas son propiedad inalienable de la comunidad y en un sistema democrático y republicano que elige libremente, están a disposición del gobierno nacional por el tiempo que dure su mandato, como sustento económico y financiero de la política económica y como factor primordial de estabilidad política.
Esto último es así ya que todo gobierno que por cualquier causa sea despojado de sus reservas monetarias internacionales, queda a merced de corridas financieras destituyentes provocadas por el poder económico concentrado, como ocurrió entre otros casos, con la renuncia obligada y anticipada del ex presidente Dr. Raúl Alfonsín.
Sin embargo, a pesar de existir un nivel de reservas genuinas excepcionales, se da en simultáneo que desde junio de 2007 hasta fines del año 2009 la economía sufre una sangría de divisas (futuras reservas genuinas) que ronda los 50.000 millones de dólares, denominada fuga de capitales.
Si partimos de la premisa indiscutible que las divisas son propiedad inalienable de la comunidad, queda como tarea impostergable determinar las causas que facilitaron que un reducido grupo de argentinos o residentes con gran poder adquisitivo, se apoderaran de las mismas.
El Banco Central publica en el año 2009 en las estadísticas del Balance Cambiario la cuenta denominada “Formación de Activos externos del Sector privado no financiero”. En la misma se refleja que la estafa a la comunidad se discrimina con fuga de capitales para el año 2007 de 10.271 millones de dólares; más la suma de 22.862 millones de dólares para el año 2008, más la suma de 10.096 millones de dólares para los primeros trimestres del año 2009. El total arroja el escalofriante saldo de 43.679 millones de dólares fugados en dos años, según la propia información del Banco Central. Nuestras proyecciones nos permiten evaluar como posibilidad de mínima que a fines del año 2009 la fuga de capitales desde mediados de junio de 2007, superen los 50.000 millones de dólares.
La pregunta que surge es ¿Cómo es posible que el sector privado más concentrado de la economía obtenga divisas, para luego fugarlas? Las divisas adquiridas y luego fugadas, pueden provenir de dos fuentes: por un lado de la venta de las mismas por parte del Banco Central, o la otra posibilidad, que se trate de divisas obtenidas para las empresas exportadora que no fueron liquidadas como legalmente corresponde, es decir, omitiendo su transformación en pesos moneda nacional.
Podemos decir entonces, que el Banco Central a través del mal desempeño de su conducción con intencionalidad o no, ha permitido que una suma similar a las reservas actuales, fueran apropiadas justamente por el poder económico concentrado ya que es el único que cuenta con los fondos suficiente para adquirirlas y que además tiene la voluntad política destituyente para fugarla de la economía nacional con destino interno o con destino externo hacia algún “paraíso fiscal”
La fuga de divisas implica necesariamente la imposibilidad que las divisas obtenidas se transformen en todo o en parte en reservas y en relación a la economía real, necesariamente caída de la inversión privada. Los aproximados 50.000 millones de dólares producto del esfuerzo nacional que abonaba la circulación financiera y posibilitaba la inversión privada se han evaporado y con ello se incrementó la inflación y lo más grave es que se han perdido miles de puesto de trabajo potenciales y por consiguiente se habrán incrementado los niveles de pobreza e indigencia.
Apropiación de reservas, fuga de capitales, caída de la inversión, inflación, pobreza e indigencia sin agotar la lista, son todos mecanismos económicos utilizados por el poder económico concentrado, en su permanente acción política destituyente, para superar los obstáculos que imponen los gobiernos reñidos con el capitalismo salvaje neo liberal.
La pregunta es ¿no sería ético que el o los responsables de tal descalabro financiero y económico renuncien a sus cargos por impericia y/o connivencia manifiesta con el poder económico concentrado?
Lo contrario significará un aporte más al largo proceso de maniobras de desgaste al gobierno nacional elegido contundentemente por la voluntad popular. Una nueva agresión a la Nación y a sus habitantes.
Si el gobierno nacional no tiene la posibilidad de disponer de las reservas generadas como consecuencia de la implementación de la política económica que ha diseñado, queda esperar para los argentinos la posibilidad cierta de sus destitución futura anticipada, con consecuencias sociales, económicas y políticas similares a las soportadas en el año 2001