Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

13Ene/100

El Pantano Argentino

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por Jorge Beinstein 

A partir de que la presidenta argentina exigió la renuncia al titular del Banco Central, Martín Redrado, y éste rechazó el pedido, se ha vuelto a desencadenar una crisis en la que la derecha local y externa plantea posiciones destituyentes. 

El nuevo año comenzó mal en Argentina, el conflicto causado por el desplazamiento del presidente del Banco Central, Martín Redrado, disparó una grave crisis institucional donde se enfrentan dos bandos que van endureciendo sus posiciones. Por un lado una oposición de derecha cada vez mas radicalizada ahora con mayoría en el poder legislativo encabezada por el vicepresidente de la república y que se extiende hacia los núcleos más reaccionarios del poder judicial y de las fuerzas de seguridad (públicas y privadas).

 Se trata de una fuerza heterogénea, casi caótica, sin grandes proyectos visibles impulsada por los grandes medios de comunicación que operan como una suerte de “partido mediático” extremista, su base social es un agrupamiento muy belicoso de clases medias y altas. En el otro bando encontramos a la presidenta Cristina Kirchner resistiendo desde el Poder Ejecutivo con sus aliados parlamentarios, sindicales y “sociales”, su perfil político es el de un centrismo desarrollista muy contradictorio oscilando entre las capas populares más pobres a las que no se atreve a movilizar con medidas económicas y sociales radicales y los grandes grupos empresarios y otros factores de poder que busca en vano recuperar para recomponer el sistema de gobernabilidad vigente durante la presidencia de Nestor Kirchner.

 A este abanico de fuerzas locales es necesario incorporar la intervención de los Estados Unidos que a partir de la llegada de Barak Obama a la Casa Blanca se muestra cada vez más activa en los asuntos internos de Argentina. Esto debe ser integrado al contexto más amplio de la estrategia imperial de reconquista de América Latina marcada por hechos notorios como el reciente golpe de estado en Honduras, el despliegue de la Cuarta Flota, las bases militares en Colombia y otras actividades menos visibles pero no menos efectivas como la reactivación de su aparato de inteligencia en la región (CIA, DEA, etc.) y la consiguiente expansión de operaciones conspirativas con políticos, militares, empresarios, grupos mafiosos, medios de comunicación, etc. 

 La ola reaccionaria 

Como es sabido la crisis se desató cuando el presidente del Banco Central decidió no acatar un decreto llamado de “necesidad y urgencia”, con fuerza de ley, que le ordenaba poner una parte de las reservas a la disposición de un fondo publico destinado al pago de deuda externa. De ese modo Redrado (apoyándose en la “autonomía” del Banco impuesta en los años 1990 por el FMI) desafiaba la legalidad y asumía como propia la reivindicación del conjunto de la derecha: no pagar deuda externa con reservas sino con ingresos fiscales obligando así al gobierno a reducir el gasto público lo que seguramente impactaría de manera negativa sobre el Producto Bruto Interno, el nivel de empleo y seguramente sobre los salarios.

En una primera aproximación la crisis aparece como una disputa sobre política económica entre neoliberales partidarios del ajuste fiscal y keynesianos partidarios de la expansión del consumo interno, sin embargo la magnitud de la tormenta política en curso obliga a ir más allá del debate económico, no existe proporción entre el volumen de intereses financieros afectados y la extrema virulencia del enfrentamiento. Tampoco se trata de un problema causado por la necesidad de pagar deuda externa ante una situación financiera difícil, por el contrario el Estado tiene un importante superávit fiscal y la deuda externa representa actualmente cerca del 40 % del Producto Bruto Interno contra un 80 % en 2003 cuando Néstor Kirchner sumió la Presidencia de la República. 

Para empezar a entender lo que esta ocurriendo es necesario remontarnos al primer semestre del 2008 cuando estalló el conflicto entre el gobierno y la burguesía rural, en esa caso tambien la confrontación apareció bajo el aspecto económico: el gobierno intentó establecer impuestos móviles a las exportaciones agrarias cuyos precios internacionales en ese momento subían vertiginosamente, los grandes grupos del agrobusiness se opusieron, aunque estabán ganando mucho dinero pretendían ganar mucho más acaparando la totalidad de esos beneficios extraordinarios. Para sorpresa tanto del gobierno como de los propias elites agrarias su protesta fue inmediatamente respaldada por por la casi totalidad de los empresarios rurales, incluso por sectores que por su área de especilización o ubicación regional no tenían intereses materiales concretos en el tema, y rápidamente los cortes de ruta magnificados por los medios de comunicación arrastraron la adhesión de las clases altas y medias urbanas estructurándose de esa manera una marea social reaccionaria cuya magnitud no tenía precedentes en la historia argentina de los últimos cincuenta años. Para encontrar algo parecido sería necesario remontarnos a 1955 cuando una masiva convergencia conservadora de clases medias apoyó el golpe de militar oligárquico. 

La movilización derechista de 2008 estuvo plagada de brotes neofascistas, alusiones racistas a las clases bajas, insultos al “gobierno montonero” (es decir supuestamente controlado por ex guerrilleros marxistas reciclados), etc.

Esa ola reaccionaria se prolongó en las elecciones legislativas de 2009 donde la derecha obtuvo la victoria (y la mayoría en el Parlamento), antes y después de ese evento estuvo permanentemente alimentada por los medios de comunicación concentrados. Actualmente es difícil diagnosticar si mantiene o no su nivel de masividad, el conflicto se desarrolla por ahora sin presencias multitudinarias, la gran mayoría de la población observa la situación como a una pelea por arriba entre grupos de poder. 

 Si evaluamos la trayectoria en los dos últimos años de la confrontación entre una derecha cada vez más audaz y agresiva y un gobierno crecientemente acorralado no es difícil imaginar un escenario próximo de “golpe de estado”, no siguiendo los viejos esquemas de las intervenciones militares directas, ni siquiera pensando en una réplica del caso hondureño (golpe militar con fachada civil) sino más bien en un abanico de alternativas novedosas donde se combinarían factores tales como la manipulación de mecanismos judiciales, el empleo arrollador del arma mediática, la utilización de instrumentos parlamentarios, la movilización de sectores sociales reaccionarios (cuya amplitud es una incógnita fuerte) incluyendo acciones violentas de grupos civiles dirigidos desde estructuras de seguridad policiales o militares. En este último caso deberíamos tomar en consideración las posibles intervenciones del aparato de inteligencia norteamericano que dispone actualmente de un importante know how en materia de golpes civiles, como las llamadas revoluciones coloridas o blandas algunas exitosas como la “naranja” en Ucrania (2004), la que derrocó a Milosevi? (Yugoslavia 2000), la de “las rosas” (Georgia 2003), la de “los tulipanes” (Kirguistán 2005), la “del cedro” (Líbano 2005) y otras fracasadas como la “revolución blanca” (Bielorrusia 2006), la “verde” (Irán 2009) o la “revolución twitter” (Moldavia 2009).

En todas esas “revoluciones” orquestadas por el aparato de inteligencia de los Estados Unidos las convergencias entre grupos civiles y medios de comunicación golpearon contra gobiernos considerados “indeseables” por el Imperio, tuvieron éxito ante estados sumergidos en crisis profundas, fracasaron cuando las estructuras estatales pudieron resistir y/o cuando las mayorías populares les hicieron frente.

 Las raíces 

¿Cuales son las raíces de esa avalancha derechista?, no puede ser atribuida al descontento de las elites empresarias y de las clases superiores ante drásticas redistribuciones de ingresos en favor de los pobres o a medidas económicas izquierdizantes o estatistas que afecten de manera decisiva los negocios de los grupos dominantes. Por el contrario la bonanza económica que marcó a los gobiernos de los Kirchner significó grandes beneficios para toda clase de grupos capitalistas: financieros, industriales exportadores o volcados al mercado interno, empresas grandes o pequeñas, etc. Argentina experimentó altas tasas de crecimiento del PBI y enormes superávits fiscales impulsados por exportaciones en vertiginosos ascenso. Y aunque la desocupación se redujo la estructura de distribución del Ingreso Nacional heredada de la era neoliberal no varió de manera significativa. La gobernabilidad política permitió la preservación del sistema que tambaleaba hacia 2001-2002, las estatizaciones decididas durante la presidencia de Cristina Kirchner fueron en realidad medidas destinadas a preservar el funcionamiento del sistema más que a modificarlo, la estatización de la seguridad social privada, por ejemplo, fue precipitada por la crisis financiera global y el agotamiento de una estructura de saqueo de fondos previsionales, la estatización de Aerolíneas Argentinas significó tomar posesión de una empresa totalmente liquidada a punto de desaparecer.

 Si alguna presión existe a nivel de las clases altas es hacia una mayor concentración de ingresos y ello debido a su propia dinámica gobernada por el parasitismo financiero global-local que opera como una suerte de núcleo estratégico, central de sus negocios. En ese sentido la resistencia del gobierno a esa tendencia en aras de la gobernabilidad aparece ante dichas elites como un “intervencionismo insoportable”.

Otro factor decisivo es la creciente agresividad de los Estados Unidos acosado por la crisis, sabiendo que el tiempo juega en su contra, que la decadencia de la unipolaridad imperial les puede hacer perder por completo sus tradicionales posiciones de poder en América Latina. En realidad eso ya está empezando a ocurrir a partir del proceso de integración regional, de un Brasil autonomizándose cada vez mas de los Estados Unidos, de la persistencia de la Venezuela chavista, la consolidación de Evo Morales en Bolivia, etc. La Casa Blanca está embarcada en una loca carrera contra el tiempo, extiende las operaciones militares en Asia y Africa heredadas de la era Bush, apadrina el golpe militar en Honduras y otras intervenciones en América Latina. La caida o degradación integral del gobierno kirchnerista sería para los norteamericanos una muy buena noticia, debilitaria a Brasil, reduciría el espacio político de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Pero existe un fenómeno de primera importancia que probablemente los Kirchner ignoraron y que buena parte de la izquierda y el progresismo subestimaron: el cambio de naturaleza de la burguesía local cuyos grupos dominantes han pasado a constituir una verdadera lumpen burguesía donde se interconectan redes que vinculan negocios financieros, industriales, agrarios y comerciales con negocios ilegales de todo tipo (prostitución, tráfico de drogas y armas, etc.), empresas de seguridad privada, mafias policiales y judiciales, elites políticas y grandes grupos mediáticos. Es la mas importante de las herencias dejadas por la dictadura, consolidada y expandida durante la era Menem.

 La política de derechos humanos del gobierno no afectó solo a grupos de viejos militares criminales aislados e ideológicamente derrotados, al golpear a estos grupos estaba desatando una dinámica que dañaba a una de las componentes esenciales de la (lumpen) burguesía argentina realmente existente. Cuando empezamos a desentrañar la trama de grupos mediáticos como “Clarín” o no mediáticos como el grupo Macri aparecen las vinculaciones con negocios provenientes de la última dictadura, personajes clave de las mafias policiales, etc. En esos círculos dominantes la marea creciente de procesos judiciales contra ex represores pudo ser vista tal vez en su comienzo hacia mediados de la década pasada como una consesión necesaria al clima izquierdizante heredado de los acontecimientos de 2001-2002 y que mantenida dentro de límites modestos no afectaría la buena marcha de sus negocios. Pero esa marea creció y creció hasta transformarse en una presión insoportable para esas elites. 

Finalmente es necesario constatar que así como se desarrolló ese proceso de humanización cultural democratizante también se desarrolló, protagonizado por los grandes medios de comunicación un contra proceso de carácter autoritario, de criminalización de los pobres, de condena al progresismo que pone a los derechos humanos por encima de todo. En cierto sentido se trató de una suerte de reivindicación indirecta de la última dictadura realizada por los grandes medios de comunicación, centrada en la necesidad de emplear métodos expeditivos ante la llamada “inseguridad”, la delincuencia social, los desordenes callejeros. La misma encontró un espacio favorable en una porción importante de la población perteneciente a las clases medias y altas muchos de cuyos miembros no se atreven a defender a la vieja y desprestigiada dictadura militar pero que han encontrado un nuevo discurso neofascista que les permite levantar la cabeza. Esta gente se movilizó en el 2008 en apoyo de la burguesía rural y contra el gobierno “izquierdista”, estuvo a la vanguardia de la victoria electoral de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires y de los políticos de derecha en las elecciones parlamentarias de 2009. 

¿Jugando con fuego? 

La crisis actual puede llegar a tener serias repercusiones económicas, es lo que esperan muchos de los dirigentes políticos de derecha que sueñan con apoderarse del gobierno en medio del caos y/o de la pasividad popular. La parálisis del Banco Central o su transformación en una trinchera opositora podría desordenar por completo al sistema monetario, degradar al conjunto de la economía lo que sumado a un Tsunami mediático convertiría al gobierno en una presa fácil. 

 En teoría existe la posibilidad de que el gobierno acorralado por la derecha busque desesperadamente ampliar su base popular multiplicando medidas de redistribución de ingresos hacia las clases bajas, estatizaciones, etc. La derecha cree cada vez menos en esa posibilidad lo que la hace más audaz, más segura de su impunidad, considera que los Kirchner están demasiado aferrado al “país burgués”, por razones psicológicas, ideológicas y por los intereses que representan y que por sus cabezas no asoma ni siquiera débilmente esa alternativa de ruptura. Una sucesión de hechos concretos parecen darle la razón, después de todo Martín Redrado, fue designado como presidente del Banco Central por Néstor Kirchner y confirmado luego por Cristina Kirchner, ahora ellos “descubren” que es un neoliberal reaccionario mientras buscan reemplazarlo por algún otro neoliberal o buen amigo de las intereses financieros.

 También existe la posibilidad de que el caos buscado por la derecha o las medidas económicas que esta seguramente tomará si conquista el gobierno desaten una gigantesca ola de protestas sociales haciendo estallar la gobernabilidad y reinstalando a escala ampliada al fantasma popular de 2001-2002. Pero esa derecha considera cada vez menos probable la concreción de dicha amenaza, está cada vez más convencida de que los medios de comunicación combinados con un sistema de represión puntual, no ostentoso pero enérgico pueden controlar a las clase bajas. Es muy probable que esas elites degradadas, lanzadas en una cruzada irracional, estén atravesando una serie crisis de percepción. 

 Publicado en Resumen Latinoamericano

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13Ene/100

Los bancos centrales como problema

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Vicen Navarro*

Uno de los problemas mayores que existe con los Bancos Centrales en Europa (tanto los nacionales como el Banco Central Europeo, BCE) es que, por lo general, se ven a sí mismos como defensores del sistema bancario, el cual ejerce una excesiva influencia sobre ellos. Creer que tales Bancos centrales están gobernados por profesionales apolíticos motivados por el bien común es de una ingenuidad muy costosa para la economía productiva y para el bienestar de la población. La gran mayoría de sus directores tienen los intereses delsistema bancario como su preocupación esencial. Tanto la experiencia del Banco de España, como la del Banco Central Europeo así lo confirman.

De ahí que haya sido un error haberles dado plena independencia, sin responsabilidad frente al poder político. Tal medida se justificó con el argumento de que los gobernadores de los Bancos centrales tenían que ser conscientes de que no sufrirían sanciones al tomar medidas impopulares. Era, en realidad, una manera de proteger a los sistemas bancarios, pues cuando tomaban decisiones que dañaban a amplios sectores productivos y a la población que trabajaba en ellos, los bancos centrales quedaban (y continúan quedando) impunes. De nuevo, la experiencia del Banco de España, como la del Banco Central, muestra la veracidad de esta observación.

Esta independencia de instituciones públicas (como son los bancos centrales), no es sólo un insulto al carácter democrático de nuestras sociedades, sino también es una medida muy equivocada, pues los intereses del sistema bancario no siempre coinciden con los intereses generales. Son muchas las veces en que tales intereses no son convergentes. Tales bancos centrales debieran estar supervisados por representantes elegidos por la población (es decir, miembros de los Parlamentos), a los cuales deberían rendir cuentas, y cuyos directores debieran poder ser destituidos según el deseo popular. Una de las grandes paradojas es que el gobierno federal de EE.UU., el cual se percibe en Europa como un gobierno liberal, tiene un Banco Central, el Federal Reserve Board, cuyos gobernadores son nombrados por el gobierno federal (con la aprobación del Congreso de EE.UU.), al cual rinden cuentas. Tal Banco Central tiene en su mandato el objetivo de “conducir la política monetaria del país, a través de influenciar las condiciones crediticias y monetarias de la economía, con el objetivo de alcanzar el máximo empleo posible, además de mantener precios estables”. El mandato incluye, de manera preferente, alcanzar el pleno empleo, además de controlar la inflación, un orden de prioridades inverso al que tienen los Bancos Centrales en Europa, incluyendo el Banco Central Europeo. Es precisamente en la Unión Europea donde se ha enfatizado más la independencia de los Bancos, siendo tal independencia una condición de pertenencia a la Unión Europea. Su máxima expresión se ha alcanzado con el Banco Central Europeo. Tal independencia es un indicador del enorme poder del capital financiero en la Unión Europea. Y ello ha significado un coste elevado, pues han predominado los intereses del sistema bancario sobre las necesidades del sistema económico productivo, del crecimiento económico y de la creación de empleo. El hecho de que la Unión Europea haya tenido en os últimos treinta años un crecimiento económico y una tasa de reacción de empleo menor que EE.UU. se debe precisamente a este hecho. l Banco Central Europeo ha liderado las políticas favorables al sistema bancario, promoviendo como principal objetivo conseguir una estabilidad de precios a la baja (es decir, una inflación –el mayor enemigo del sistema bancario- lo más baja posible), a costa de un menor crecimiento económico y de una baja creación de empleo. Esto lo ha conseguido mediante el encarecimiento del dinero y del crédito (con elevados intereses bancarios, mucho más elevados que en EE.UU.) y a base de dificultar la expansión del gasto público, siguiendo los criterios de Maastrich, según los cuales los estados miembros de la UE tienen que tener un déficit del estado igual o menor al 3% del PIB, condición que hubiera excluido a EE.UU. de poder ser aceptado en la UE, pues los déficits del gobierno federal de EE.UU. han sido durante el periodo 1980-2007 superiores al permitido en la UE.

Si al mundo empresarial y a la ciudadanía se les dificulta conseguir prestamos y dinero para invertir y consumir y al sector público se le obstaculiza poder aumentar el gasto público y con ello estimular la economía, es lógico y predecible que el crecimiento de la economía, y la creación de empleo será menor que si al mismo país y al mismo continente (en este caso la UE) se les hubiera permitido tener políticas crediticias más favorables e intereses bancarios más bajos, y sus estados pudieran haber tenido un mayor déficit y un mayor gasto público. Esto es fácil de entender y es lo que ha estado pasando. De ahí que querer mantener estos criterios en estos momentos de gran recesión es enormemente erróneo y debiera denunciarse, pues las políticas impuestas por organismos como los Bancos Centrales (incluyendo el BCE) son enormemente costosas y están haciendo un gran daño a la mayoría de la población. Las izquierdas debieran denunciar este enorme dominio del capital financiero en los países de la UE, que se basa en la independencia por parte de los bancos centrales que debiera interrumpirse, permitiendo un mayor control de tales bancos (todos ellos entes público) por parte de los representantes de la población.

Dos últimas observaciones. Como es predecible, el sistema bancario y sus Bancos Centrales (incluyendo el BCE) niegan ninguna responsabilidad en la destrucción del empleo, atribuyéndolo a las supuestas rigideces del mercado de trabajo y a lo que consideran excesiva permisividad pública hacia los déficits públicos. Y a través de sus agencias evaluadoras de los bonos e instrumentos bancarios penalizan a aquellos estados que consideran excesivamente tolerantes hacia su déficit público. El caso más reciente es la evaluación de los bonos del estado español, por parte de la agencia Standard & Poor’s, penalizándolo por lo que consideran ser déficits excesivos. Es absurdo (y no hay otra manera de decirlo) considerar –como lo considera la Banca y sus apologistas como Sala i Martín- (ver Sala i Martín, Enterrar a Keynes, La Vanguardia, 17.12.09) tales agencias como independientes de la Banca. Tales agencia están, en la práctica, pagadas por la Banca y están al servicio de la banca. Fallaron estrepitosamente en su supuesta evaluación del valor de los productos bancarios, definiéndolos como excelentes justo una semana antes de que colapsaran. Su credibilidad es nula y son instrumentos de los intereses bancarios. Considerarlos independientes es un ejemplo más de la impermeabilidad del dogma liberal a los datos que les rodean. Lo que estamos viendo hoy es una enorme agresividad del capital financiero hacia los Estados que, conscientes de la gran responsabilidad que los bancos han tenido en causar la crisis actual, están acentuando su intervencionismo, que aún cuando ha sido hasta ahora extraordinariamente limitado, está causando una gran preocupación en los sistemas bancarios. En EE.UU., incluso el que fue en su día Gobernador del Banco Central Estadounidense (The Federal Reserve Board) Alan Greenspan, admitió en una entrevista al Finantial Times que “la nacionalización de la Banca puede ser la menos mala de todas las opciones”. Y tanto el The New York Times como el Washington Post han publicado artículos pidiendo la nacionalización de la banca. Es en este clima intelectual que parece irresponsable que se quieran mantener los Bancos Centrales que supervisan la banca como agentes independientes, sometidos primordialmente a la influencia de la banca. Que no se esté considerando la pérdida de tal independencia es un indicador más de la excesiva influencia del capital financiero sobre el poder político.

*Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.

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13Ene/100

Pelea entre la democracia y el mercado

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 Por Guillermo Wierzba * 

La teoría neoclásica, nacida a fines del siglo XIX en la primera fase de concentración y globalización económica, se construyó sobre un modelo en el que la distribución del ingreso es endógena al funcionamiento económico. El enfoque supone que los mercados de factores (trabajo, capital y tierra) determinan en su libre funcionamiento los precios de equilibrio de los mismos, arribando a una optimización social de cantidades y precios. Esta concepción de la vida económica implica que las intervenciones públicas para redistribuir ingresos y riquezas provocan distorsiones que perjudican el bienestar, de lo que se deduce que el Estado no debe intervenir a tal fin, por ejemplo, con impuestos progresivos para menguar la pobreza ni con controles de precios para reducir ganancias empresarias. La presentación neoclásica, hecha con un estilo académico, conlleva a una propuesta permanente de retirar al Estado de la economía y extender el mecanismo mercantil para la resolución de todas las cuestiones de la vida económica y social de la población. El punto de vista neoclásico surgió como una novedad que reaccionaba respecto de la Economía Política, disciplina que había surgido enclavada en la disputa de intereses entre distintas clases y sectores sociales en los albores del capitalismo. El nuevo enfoque perseguía la separación entre Economía y Política, tanto que cercenó a esa ciencia social su mismo nombre, amputándole la política y llamándola Economía a secas. La mutación no era inocente, contribuía a un paradigma que intentaba detraer ese campo de conocimiento de su uso fértil en la lucha social, como instrumento para el progreso, y replegarla sobre enclaustrados ámbitos académicos para insuflarle un espíritu conservador. La separación de lo económico con lo político y el enfoque de “autoridad científica” que revelaba los males de la  ntervención estatal, propendía a un predominio del mercado sobre el Estado en las definiciones del modo de vida de las ciudadanías.

El predominio del mercado sobre la Intervención Estatal tiene un carácter desdemocratizador de las sociedades capitalistas, porque la esfera en la que la ciudadanía expresa su voluntad es la de la política, la del voto, la de la participación activa, la de la igualdad. En cambio, el ámbito económico, y más en las economías concentradas, es el de las de- sigualdades, de las diferencias económicas. Contradictoriamente con estas realidades, los economistas y politólogos del establishment internacional valoran como virtud democrática fundamental la expansión del mercado, como también lo hacen con la vigencia irrestricta de los  derechos de propiedad, sin distinguir –deliberadamente– entre la propiedad de un bien personal y la del derecho de propiedad empresaria, oponiéndose a cualquier limitación sobre ésta. Conciben a ambos, mercado y propiedad empresaria irrestricta, como símbolos de los derechos individuales frente al Estado. Producen así una mutación de los derechos civiles, cuya sustancia es la defensa de los ciudadanos frente al abuso de los poderosos, para metamorfosearlos a conveniencia de los grandes poderes, a fin de proteger a grandes intereses respecto de la política pública dirigida a la modificación del statu quo social.

El enfoque neoclásico predominó como sustento académico del neoliberalismo, una vez que se precipitó el fin del mundo bipolar y la hegemonía keynesiana en las economías del bienestar (1936-1970). Este predominio surgió de modo coincidente con el inicio de la segunda fase de concentración y globalización. Durante esta etapa de “financiarización” se impuso la autonomía de los entes públicos que intervienen en el campo de las finanzas y otros ámbitos de la vida política y económica con un claro objetivo: la protección del poder económico (el “mercado”), sitiando cualquier posibilidad de profundización democrática. Así, la trinchera de la “independencia” del Banco Central intenta hoy ser utilizada para defender las finanzas de las decisiones que los ciudadanos, a través de sus autoridades electas, adopten. Los bancos centrales “independientes” han constituido, en la mayoría de los casos, enclaves de un poder financiero internacional en ascenso durante toda la fase de auge del neoliberalismo. Fueron un reducto de homogenización legal y normativa de los distintos países en el molde de lo prescripto por los organismos financieros. En un nutrido número de casos se constituyeron situaciones típicas de “captura del ente” por parte de estos organismos y de la banca transnacional. El debilitamiento de las atribuciones de las autoridades electas devino en la “profesionalización” de la política monetaria y en la cooptación delas estructuras técnicas de esas entidades por parte de las burocracias financieras globales. La defensa de la “independencia” del Banco Central abreva en el espíritu de sustracción de la economía de la intromisión popular. Conduce a la negación de la ciudadanía y a la reducción de la democracia a sus lógicas exclusivamente formales. La Ley de Entidades Financieras sancionada por la dictadura y la Carta Orgánica del Banco Central originada en la gestión Menem-Cavallo, que conforman una legislación financiera cuya modificación es clave y aún está pendiente, pertenecen a este paradigma.

Tributaria de la misma lógica es la concepción que pretende amordazar al gobierno nacional respecto del uso de las reservas para la atención de la deuda. El concepto de la regla fiscal “dura” que persigue obligar a que cualquier uso de las divisas de las reservas se efectúe con su respectiva contracción monetaria responde al mismo enfoque: restringir la capacidad de acción política de las autoridades democráticas. El lenguaje, nunca ingenuo, revela la capciosidad de los neoliberales que denominan, de modo peyorativo, discrecionalidad a los grados de autonomía gubernamental para intervenir en la economía.

Argentina transita un andarivel distinto desde 2003. Las políticas de ingresos, la intervención pública activa, el tipo de cambio competitivo, diferencial y administrado, la estatización del manejo de los fondos jubilatorios, son ejemplos de recuperación para la esfera ciudadana de espacios de decisión que habían sido entregados a los espacios mercantiles por las gestiones ortodoxas. La facultad del Gobierno para utilizar las reservas y la articulación de la política monetaria en la política económica general de éste, son necesariospara solidificar, profundizar y dotar de coherencia a la renovada direccionalidad de fusión entre política y economía.

* Economista, Director del Cefid-AR y Profesor de la UBA.

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13Ene/101

Con dólares e inflación

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 Por Mara Pedrazzoli * 

Las perspectivas de crecimiento de los países centrales, a una tasa de 1,5 por ciento anual, mejoraron las proyecciones sobre la evolución de la economía argentina para 2010, en tanto se espera un aumento de la liquidez internacional y una recuperación del comercio. En el Bicentenario, Argentina se prepara para alcanzar el octavo año de crecimiento (aunque a tasas más bajas, que rondarían el 4,5 por ciento anual) sin el problema de la restricción externa; lo cual continúa siendo un mérito de la política macroeconómica.

En relación con los flujos de capitales, la estabilización de la economía internacional y la estrategia encarada por el Gobierno para reforzar las expectativas sobre el cumplimiento de sus obligaciones (al reabrir las negociaciones con el Club de París y los holdouts, iniciar un acercamiento con el FMI y comprometer parte de las reservas para el pago de la deuda del año próximo) conllevaron una recuperación de la demanda de títulos locales y una importante baja de la prima de riesgo que permiten avizorar una mejora en las condiciones de crédito.

El saldo comercial, por su parte, aumentó en 2009 producto de una caída más fuerte de las importaciones que de las exportaciones asociada a la recesión interna y se mantendría estable el año próximo. La elevada elasticidad ingreso de las importaciones describiría entonces un escenario similar al de 2003: las importaciones creciendo a una tasa que duplica a la de las exportaciones pero partiendo de un nivel inferior que permitirá resguardar el superávit externo. Por el lado de las ventas se espera un aumento de precios y cantidades en las exportaciones de origen agropecuario, dada la recuperación de la demanda externa, la mejora de la cosecha agrícola y el alza en el precio de las commodities; mientras que las exportaciones industriales crecerían en volumen empujadas principalmente por la reactivación de la economía brasileña.

Entre el último trimestre de 2008 y el tercero de 2009, período que duró el contagio de la crisis, Argentina no enfrentó un problema de insuficiencia de dólares (ni crisis cambiarias o financieras como hubiera padecido otrora), a pesar de experimentar una fuerte salida de capitales que comenzó a mediados de 2007. El superávit comercial y las reservas acumuladas por el Banco Central permitieron hacer frente a la demanda de dólares sin provocar saltos bruscos en el tipo de cambio. La fuga empezó antes de la crisis a causa de la incertidumbre política creada en torno de la intervención del Indec y el conflicto con “el campo” y luego reflejó el fenómeno flight to quality (corrida hacia activos más seguros) que se frenó en noviembre de este año al igual que en el resto de los países periféricos.

Si se verifican estos pronósticos, el principal problema de 2010 aparecerá en el frente interno y está vinculado con la inflación. Tras experimentar altas tasas de crecimiento y de aumentos de precios, en 2009 la economía sufrió un brusco enfriamiento, no obstante la inflación permaneció en niveles elevados cercanos al 15 por ciento anual. Eso muestra, en primer lugar, una marcada inercia en los contratos, que implica trasladar parte de la inflación pasada al presente. En segundo lugar, los salarios nominales crecieron 18 por ciento en 2009 pese a que la tasa de desempleo aumentó levemente.

En 2010 es probable que la puja distributiva se agudice; impulsada tanto por la reactivación de la economía como por la debilidad que viene mostrando el Gobierno en las disputas recientes con distintos actores sociales. Un Gobierno más débil tampoco tendrá la capacidad para sostener controles de precios como en 2007. Además volverá a ser relevante el problema de la agflación (inflación tirada por alimentos) dado el repunte esperado en el precio de las commodities y la eliminación del sistema de retenciones móviles.

Entonces cualquier innovación en materia de política macroeconómica para este año deberá centrarse en evitar una aceleración de la inflación. El anuncio de una política antiinflacionaria basada en acuerdos de precios y salarios consensuados entre los sindicatos y grupos empresarios que permitan distribuir las responsabilidades y morigerar las pérdidas de los ingresos contribuirá a fortalecer la credibilidad del Gobierno y a controlar las expectativas sin necesidad de recurrir a salidas ortodoxas basadas en la apreciación del tipo de cambio nominal.

* Economista de AEDA y de Generación Política Sur.