Comisión de Economía

*Por Héctor Recalde

17-01-2010 / 

La jueza María José Sarmiento desconoció el derecho vigente y por esa pésima e ilegal decisión se perjudicaron los derechos e intereses de la Patria.

I. Si la magistrada hubiere aplicado la ley no podría haber dictado la primera medida cautelar, y en consecuencia habría bajado el riesgo país, la tasa de interés hubiera descendido y las empresas tendrían acceso a más y mejores créditos. Estas características elevarían el nivel de actividad y se defendería el empleo con la implicancia en la inclusión social, la igualdad, la mejor distribución de la riqueza nacional y la justicia social.

En efecto, la ley desconocida y no aplicada por la jueza es el Código Procesal Civil y Comercial Federal que en su artículo 195, párrafo 3°, textualmente dice: “Los jueces no podrán decretar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado…”.

Pese a esta expresa prohibición establecida por la ley vigente, la jueza Sarmiento resolvió todo lo contrario, actitud lindante con el artículo 269 del Código Penal (prevaricato). Destaco que la jueza no declaró la inconstitucionalidad de ese artículo, única manera de justificar, aun improcedente, su posición.

 Para acreditar todo lo expuesto no hace falta recurrir a ninguna prueba contra fáctica: la sanción del decreto 2.010/09 de creación del Fondo del Bicentenario fue magníficamente recibida por el mercado produciendo el inmediato y considerable descenso del riesgo país y consecuentemente el aumento de nuestros bonos.

 II. La continuación de esta saga tuvo dos clases de protagonistas: la del ex presidente del Banco Central Hernán Martín Pérez Redrado y de legisladores de la oposición que cuestionaron su remoción, todo esto en descalificación de los dos decretos en cuestión: el citado 2.010/09 y el 18/10.

 Más allá de la manifiesta improcedencia de las medidas cautelares se desconoció el valor de ley formal de los DNU, con plena vigencia hasta que culmine el proceso normado por el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional. Esto es especialmente grave en el caso de Redrado, cuya opción era cumplir con la ley o renunciar.

La judicialización de la determinación legal adoptada por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en medio del trámite parlamentario previsto por la Norma Fundamental es resultado de la politización de la Justicia. En esta materia el control de la constitucionalidad lo tienen previamente ambas Cámaras, es decir, el Poder Legislativo, no el Poder Judicial.

Es más, pese a la desinformación generalizada por algunos medios, las sesiones ordinarias no finalizaron el 10/12/2009 (fecha de vencimiento de algunos mandatos de legisladores) sino el 20/11/2009 (conforme artículo 63 de la Constitución Nacional).

El PEN, inmediatamente de sancionar los DNU, los remitió al Congreso. La Comisión Bicameral de Control de estos decretos se reunió y los trató. La comisión bicameral, que de acuerdo con la ley que sancionó la Carta Orgánica del Banco Central, sólo se constituyó en lo que respecta a la Cámara de Diputados de la Nación. Los integrantes en representación del Senado no fueron designados por el presidente (no de la Nación, como en acto fallido dijo alguien de la oposición) sino del Senado.

Pero a mayor abundamiento y para evitar una interpretación errónea desinformada por algunos medios y otros integrantes de la polifacética oposición, esta Carta Orgánica del BCRA es una ley de la década del ’90, no una Constitución Nacional paralela, es decir, modificable y/o derogable por ley o DNU posterior.

Todo ello habla a las claras del correcto proceder del PEN en cuanto a la aplicación del derecho vigente y a las facultades que tiene en nuestro sistema que, hasta que no se reforme la Constitución, sigue siendo presidencialista, no parlamentaria ni a cargo del Poder Judicial, dicho esto último con absoluto respeto a la investidura de los jueces.

Quiero recordar, tomándome un paréntesis, que la seguridad jurídica de nuestro país, como además estos hechos lo demuestran, por lo menos en cuanto a la oposición se refieren, se recuperó por obra del ex presidente Néstor Kirchner que, al sancionar el decreto 222/03, integró la Corte Suprema de Justicia con mujeres y hombres probos, con solvencia jurídica e independientes.

 III. Resueltas las cautelares en el proceso de amparo previsto por la ley 16.986, le resultó imposible al PEN interponer los recursos judiciales contra esas medidas de la jueza de grado para los que tenía sólo 48 horas que, de acuerdo con el auto de notificación de las medidas, serían a las 17 del día domingo. Aquí me adelanto a quienes quieren interpretar que no estaba habilitado día y hora. Tampoco la jueza se constituyó en su despacho para oír al Estado nacional que, aceptando por vía de hipótesis tal afirmación, dada la gravedad inconstitucional, podría haber solicitado dicha habilitación para imprimir la urgencia en beneficio de los intereses nacionales. No lo hizo, como contra-cara, sí se reunieron el fin de semana los jueces que dirigen la Asociación de Magistrados de la Justicia de la Nación para acusar a ministros del Gabinete nacional.

De lo dicho sobreabundan las pruebas por publicaciones de todos los medios, por declaraciones de la señora jueza, por la presentación del PEN en el Tribunal de Alzada y hasta por acta notarial, ya que el gobierno se vio obligado a concurrir al juzgado de turno en la feria (no de vanidades) judicial acompañado por un escribano público para acreditar su voluntad de recurrir el decisorio de su señoría.

 IV. El lunes los representantes del recurso de amparo que habían logrado satisfacer sus pretensiones de fondo, en una mera medida cautelar que se resuelve, inaudita parte, piden a la jueza cambiar las reglas de juego alterando sustancialmente los procesos iniciados.

Dos consideraciones:

1) Es una regla procesal básica que el objeto de la medida cautelar no debe coincidir con el fondo de la cuestión planteada. Esta regla fue violada.

2) En Procesal I, de cualquier facultad de Derecho, se enseña el significado de la preclusión. Esto para lectores legos significa que si el juez resolvió una medida por la ley de amparo, los recursos que se planteen contra esa medida, obviamente, se deben tramitar por esa misma ley. Es decir, entre otras cosas, con la misma celeridad.  En una actitud propia de la picardía criolla, de la viveza porteña o de la mera chicana judicial, pero no de la trascendencia institucional del thema decidendi, las partes solicitan y extrañamente la señora jueza concede el cambio de las reglas procesales: que un amparo no sea amparo sino juicio sumario y que otro amparo deje de serlo para
travestirse en sumarísimo.

V. Como si esto fuera poco, en orden al efecto “bicicleta” o si se quiere “tandem”, que implica el cambio radical de las reglas de juego, se recusa con causa a un juez de la cámara (que se excusa por la violencia moral que le causa la crispación de los ataques mediáticos y de alguna oposición) y se recusa a otro juez sin causa, recusación ésta específicamente prohibida por el artículo 16 de la Ley de Amparo (16.816). A buen entendedor pocas líneas bastan.

 Conclusión. En definitiva, ante una circunstancia de tanta importancia para los argentinos, que reviste características de gravedad institucional, se le negó al Estado nacional la defensa en juicio y el debido proceso. Se incurre seguramente en el delito de denegación y retardo de justicia (conforme al artículo 273 del Código Penal), negando en los hechos a la doble instancia judicial.

Todo este tortuoso proceso, donde se judicializa la política y se politiza la justicia, podría tener consecuencias difíciles de prever (ya se presentaron reiteradas y reiterativas presentaciones) como, por ejemplo, cuestionar judicialmente no sólo el más elemental acto administrativo sino además su sentido de oportunidad, circunstancias preocupantes por los niveles a que se ha descendido en esta confrontación.

 Finalmente y dicho en mi propia lectura, nos estamos aproximando a la normalidad que seguramente la mayoría del pueblo requiere.

 Ya hay hechos significativos en este campo: todo el espectro político se ha pronunciado de(s)preciando la situación personal y personalista del ex presidente del BCRA, y el Parlamento resolverá, entre otros, sobre la validez de los decretos de Necesidad y Urgencia número 2.010/09 y 18/10.

Lamentablemente lo que comenzó con un árbol envenenado no tenía salida, todos sus frutos tuvieron igual efecto nocivo.

Ahora, luego del penoso recorrido kafkiano que creo pronto a concluir, los argentinos obtendremos la solución por los carriles ordenados por la Constitución y la ley.

*Diputado Nacional

Fuente: Buenos Aires Económico

 

Por Roberto Páez González – 17.01.2010

El cuestionamiento de cuño neoliberal contra la decisión presidencial relativa al Fondo del Bicentenario cuestiona simultáneamente la soberanía política, la independencia económica, la justicia social y la unidad sudamericana y latinoamericana a las que aspiramos, ya que se opone a la vigencia del sufragio universal, a que el gobierno oriente la política económica nacional y le dé un carácter social inclusivo, porque limita en general el poder del Estado de intervenir en la economía, lo que lo discapacita, también, para ser un instrumento de las convergencias sudamericanas y latinoamericanas.

En cuanto al uso de las reservas del Banco Central ya se dieron nombres como “conflicto de poderes” e “institucional” o “diferendo”[i], pero ahí se refleja la resiliencia neoliberal, heredada con la democracia en 1983. A grandes rasgos: las adaptaciones ulteriores no modificaron este hecho: ni las del poder judicial, ni las mayorías cambiantes del poder legislativo, ni las iniciativas del poder ejecutivo. Algunos hitos que consolidaron la preeminencia neoliberal durante la dictadura y después: la ley de Entidades financieras de 1977, la Carta orgánica del Banco Central, de 1992. Instrumentos que subsisten.

Sin embargo, cabe resaltar que hubo períodos históricos en los que –aun con instrumentos legales y constitucionales de otra época- el gobierno pudo echar las bases de un cambio político y económico fundamental. El gobierno de Perón estuvo protagonizando esos cambios en plena vigencia de la Constitución de 1853, años antes de la reforma de 1949.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner está confrontado a una oposición destituyente que se ha manifestado en diversos planos, de los que destacamos la cuestión de las retenciones móviles y el tema del uso de las reservas del Central para el Fondo del Bicentenario. Como en el caso de la 125, hay una mesa de enlace con otros nombres: Redrado, Cobos, Carrió, entre otros (pues la lista es larga y sólo aparentemente heterogénea).

Tienen en común sostener la autonomía de la política monetaria, como si el Banco Central estuviese por encima del sufragio universal y, por consiguiente, por sobre la legitimidad del gobierno nacional. También tienen en común esgrimir criterios leguleyos por encima del interés nacional manifestado en la política de desendeudamiento de los gobiernos de Néstor Kirchner y el de la actual presidenta. Finalmente, existe la actitud de soberbia sibarita de una oposición que no quiere pagar ninguna deuda (una auditoría legislativo-judicial debió haber demarcado la frontera ética que determinara la deuda ilegítima al retorno de la democracia).

En consecuencia, se observa que los criterios con los que se oponen al gobierno nacional son harto dispares y sin fundamento serio en los planos político, económico y social, ya que o defienden el modelo neoliberal o no defienden ninguno, haciendo alharaca, no obstante, en favor de un respeto vacuo de las leyes, las cartas orgánicas y la opinión de ovejas conducida por Clarín y otros grandes medios.

Fue la llamada globalización financiera la que dio considerable impulso a esta condición de independencia de los bancos centrales, a consecuencia de la financiarización económica posterior a la inconvertibilidad del dólar, decidida por Nixon en 1971 y hasta la crisis llamada de las subprimes y sus secuelas, en las que se encuentra sumida la economía mundial[ii].

El fondo del Bicentenario y la reapertura del canje de la deuda se proponen poner de manifiesto la aptitud de Argentina para cumplir con sus compromisos. Pero la capacidad de volver a los mercados y disponer de crédito externo disminuyendo el coste del dinero no es sólo una normalización, también comporta un interrogante sobre el papel del crédito internacional en la política económica nacional.

Como lo plantea Ferrer en el citado artículo, Argentina tiene una fuente de financiamiento basada en el ahorro interno, del orden del 30% del PBI esto es unos 100.000 millones de dólares. Los recursos para hacer frente a la deuda pública en pesos y en dólares se encuentran en el sistema financiero del país. Es posible tomar deuda pública y refinanciar los vencimientos de 2010 y más. Lo que plantea límites, al respecto, es la fuga de capitales, superior a los 40.000 millones de dólares, equivalente al 20 % del ahorro interno. [iii]

Por tanto, la mejora de las condiciones externas, no deben comprometer un modelo asentado durante estos años de crecer contando con medios propios en lo fundamental y reduciendo aún el peso de la deuda exterior.

Tal como fue planteado públicamente, el Fondo del Bicentenario se proponía dar la seguridad de que Argentina iba a cumplir con sus compromisos y de que existía una provisión de fondos para asegurarlo. La disminución del riesgo-país, conllevando el aumento del valor de los títulos públicos y la baja de las tasas de interés, beneficiaría no sólo a los tenedores de títulos públicos, sino también a los empresarios que desearan tomar crédito

En realidad, como dice Eric Calcagno: si las reservas quedan fuera del esquema de política económica del gobierno (flotación administrada), lo que se está planteando es abandonar el actual sistema cambiario para adoptar la flotación “pura”. En la actual coyuntura de excedente externo, esto significaría una apreciación del peso; es decir, un dólar barato (es textual). [iv].

No parece que muchos se animen a defender este cambio de orientación por el que la defensa de la moneda se traduciría en mayores tasas de interés y una política monetaria que provocaría recesión, con ajustes fiscales, de salarios y jubilaciones.

Pero esto es, ni más ni menos, lo que el Banco Central, con la fraseología de su independencia, estaría produciendo, en el caso de impedir la política económica propuesta por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Más en general, Calcagno denuncia el esquema neoliberal con esta pregunta retórica:  ¿Puede existir un Banco Central “independiente” de las políticas de desarrollo económico?

“Pagar deuda es totalmente normal, como lo es para pagar importaciones, servicios de turismo, dividendos de la inversión extranjera, y otras utilizaciones análogas”, afirma Calcagno, quien aclara que “el manejo de los instrumentos de política económica propios de un Banco Central confiere gran parte del poder. Quien establece la tasa de interés, el tipo de cambio, el crédito y la emisión monetaria controla la base de los mecanismos económicos. Es un lugar estratégico porque si no alcanza para ejecutar un programa económico, puede impedir la ejecución de políticas alternativas”.

Frente a quienes aseguran que el año empezó mal, a raíz de este conflicto, podemos ver en el mismo una prueba de la confrontación entre dos modelos, aunque el neoliberal esté perfectamente claro a diferencia del que propone la presidenta, particularmente porque hay muchar cosas que decidir y porque para decidirlas hace falta el combate y la manifestación de las fuerzas sociales y políticas que la apoyen.

En ese sentido, el año empezó bien: con una presidenta decidida, que no se ha arredrado, que enfrenta a quienes pretenden haberle mojado la oreja con chapuzas procesales y la atacan con los medios de comunicación masivos de que disponen. Para una clase de argentinos que ha estado esperando tener presidentes dignos que tomen en sus manos la lucha por la justicia social, el año ha empezado bien.

No debemos subestimar que esta situación se produzca en un contexto hemisférico en el que el intervencionismo estadounidense se torna más ostensible. Cierto lavallismo omnipresente en una parte de la clase política argentina, con sus Carrió, Pinedo, Menem, se ufana de la radicalidad de su ortodoxia democrática en consonancia con las amenazas que deja flotar el Departamento de Estado norteamericano o las que ejecuta, como en el caso de Honduras o el de las bases en Colombia o las deambulaciones de la Cuarta Flota.

Estos líderes cipayos estaban esperando que perdiera Mujica, como esperan que gane Piñera, que se venga abajo Chávez, como antes se lo deseaban a Fidel Castro, que se vaya Lula, que todo les salga mal a Evo Morales y a Correa, que terminen de una vez con Lugo. Y quieren contribuir a la entrega de América del Sur con la caída de Cristina. Cristina no desconoce que quieren que renuncie y las instituciones lo pongan de presidente al “no positivo” Cobos.

Federico Bernal trae a colación que la creación del Banco Central, durante la década infame, respondió a un requerimiento de Londres y cita a Jorge Abelardo Ramos, para quien las motivaciones eran similares a las que los ingleses habían tenido para con la India: imponerles un “sistema monetario … que facilite y estimule los intercambios comerciales en el interior del imperio británico más que los intercambios con el exterior y … además … retener en el círculo del imperio la finanza del comercio indio”[v]

En el mismo artículo, Bernal menciona los trabajos de Mario Rapoport en su Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003) en los que se menciona la creación del Banco Central con participación de asesores británicos y norteamericanos. Pero el proyecto finalmente aprobado se basó en un escrito de Raúl Prebisch, a la sazón el principal asesor de Federico Pinedo, en el que fundamenta los principios de una entidad independiente del gobierno, proyecto aprobado en 1935.

Ese Banco Central cesó durante el período 1945-1055, y en rigor desde 1943, con la renuncia forzosa de Prebisch, dice Bernal.

La experiencia histórica indica que la opción práctica del Banco Central es un elemento clave para configurar un modelo económico equilibrado y más bien autocentrado u otro con una inserción internacional subordinada a intereses extranjeros, con exclusión social, y disgregado de los intereses de la Patria Grande

La opinión dominante durante la globalización financiera convierte a “la preservación del valor de la moneda en el objetivo excluyente de la autoridad monetaria”, afirma Tomás Lukin[vi], “subordinando así metas como el empleo y el crecimiento económico”. Lukin cuenta que “entre 1989 y 1994, 32 países establecieron la independencia del Banco Central y la lista continuó ampliándose en los años siguientes. Argentina lo hizo en 1992”[vii] .

 Aunque hubo cambios en los últimos quince años éstos “se concentraron en puntos no problemáticos” y “pese a los avances registrados desde 2003, la matriz neoliberal en el BC permanece inalterada ante la falta de decisión política para impulsar una reforma de la Ley de Entidades Financieras, creada por Alfredo Martínez de Hoz en 1977. Y también en la Carta Orgánica del Banco Central, cuyo diseño lleva la firma de Domingo Cavallo”[viii]

Lukin reseña que “El impulso de la independencia del Banco Central está directamente vinculado con las reformas estructurales que se tradujeron en la retirada del Estado de la actividad económica”, lo que, en síntesis, grafica le plan de clivage de nuestra historia económica. Un gobierno que no puede controlar el Banco Central autárquico o que no puede apoyarse en él no puede echar mano de la política monetaria para crear empleo, incentivar la competitividad, promover el crédito o el financiamiento del déficit, lo que favorece la estabilidad de precios, en detrimento de políticas demagógicas cortoplacistas[ix].

El artículo de Lukin prosigue: “En Metas de Inflación, un documento publicado por el Cefidar[x], Martín Abeles y Mariano Bozel cuestionan el entramado teórico detrás de esa fundamentación y señalan que los defensores de estos modelos “tienden a considerar a los gobiernos electos como agentes insensatos, ineptos y oportunistas, en tanto aprecia a las autoridades monetarias como funcionarios sensatos, idóneos y consustanciados con los intereses de los ciudadanos”[xi]. Abeles y Borzel señalan, también, que la independencia de la autoridad monetaria “conforma (…) un esquema institucional elitista, que, al independizar a la autoridad monetaria de los gobiernos electos, excluye al soberano de toda influencia sobre uno de los resortes fundamentales de la administración macroeconómica”.

Según Lukin, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, también cuestiona los fundamentos que impulsaron la creación de bancos centrales autónomos del gobierno central. En “Vulnerabilidad e Inestabilidad de las Economías Latinoamericanas”, el también economista resaltaba que “bancos centrales dependientes del gobierno central y comprometidos con políticas de crecimiento jugaron un rol fundamental en el desarrollo de países como Japón y Corea”. También recuerda Lukin que “la Reserva Federal –la banca central de Estados Unidos– conserva objetivos múltiples: promover el máximo nivel de empleo, precios estables y tasas de interés de largo plazo moderadas”[xii].

Como también lo recuerda Lukin, en 2007, Mercedes Marcó del Pont, entonces diputada oficialista, propuso modificar la Carta Orgánica del Banco Central reincorporando “como misión primaria y fundamental de la entidad la preservación de un elevado nivel de empleo y el crecimiento sostenido junto con la estabilidad de precios, chocando con la oposición desde Wall Street y de Redrado.

En todo el período posdictatorial- han dominado los enfoques neoliberales, especialmente en cuanto a la independencia del Banco Central. No de manera uniforme, ya que se registraron algunos cambios en esa institución, pero como se dijo arriba, menores. La vida institucional también registra la correlación de fuerzas políticas de una época. Las ideas dominantes son una fuerza y la idea neoliberal es una fuerza reaccionaria. Para Guillermo Wierzba[xiii], “el predominio del mercado sobre la Intervención Estatal tiene un carácter desdemocratizador de las sociedades capitalistas, porque la esfera en la que la ciudadanía expresa su voluntad es la de la política, la del voto, la de la participación activa, la de la igualdad”[xiv].

Pero incluso en democracia hemos vivido –o sufrido- las instituciones percudidas por esa ideología y su reflejo en un dogma de casta, con el que actúan, como añade Wierzba, los economistas y politólogos del establishment internacional que–“valoran como virtud democrática fundamental la expansión del mercado, como también lo hacen con la vigencia irrestricta de los derechos de propiedad, sin distinguir –deliberadamente– entre la propiedad de un bien personal y la del derecho de propiedad empresaria, oponiéndose a cualquier limitación sobre ésta”[xv].

Por tanto, mercado y propiedad empresaria irrestricta se erigen en la representación simbólica de los derechos individuales frente al Estado. No es una visión democrática, sino una visión  “a conveniencia de los grandes poderes, a fin de proteger a grandes intereses respecto de la política pública dirigida a la modificación del statu quo social”[xvi]

Para finalizar, leamos las palabras de Cristina Fernández, en la presentación de cooperativas del plan “Argentina trabaja”, en Lanús, Provincia de Buenos Aires (13.01.10): “¿Qué es lo que quiere esta Argentina de su Presidenta? Esta Argentina quiere con ese Fondo del Bicentenario pagar la menor tasa de interés posible para pagar la deuda. Por esos 48.000 millones de dólares, apenas nos pagan por año el 0,5 por ciento, nada más que eso. Por cada 100 millones de dólares que tenemos depositados en el exterior, nos pagan 500.000 dólares. Si tuviéramos hoy que acceder al mercado de capitales, deberíamos pagar por cada 100 millones de dólares el 14 ó el 15 por ciento. Tienen que darse cuenta ustedes que todos los días cuentan los centavos uno a uno que saben tal vez de economía mucho más que otros que han ido a las universidades, porque ustedes tienen la universidad de la vida. A ustedes no les enseñaron economía en Harvard ni en Yale; a ustedes les enseñó economía la República Argentina y su historia de sinsabores, frustraciones y fracasos. Esa fue la escuela donde nuestro pueblo aprendió economía, a vivir el salto de mata, a juntar centavo tras centavo para comer o para pagar el estudio a sus hijos. Ustedes saben de qué les estoy hablando y ustedes también saben la Argentina que vivimos hasta el año 2003 y la que logramos construir entre todos después. No es la Argentina, ni de un partido, ni de un presidente o de una presidenta. Esta Argentina es de ustedes, les pertenece y hay algunos que se las quieren venir a robar. No permitan que los mismos que dejaron el país al borde de la disolución, que nos dejaron en el Banco Central menos de 8.000 millones de dólares o en el ‘89 menos de 800 millones de dólares, o que hicieron un megacanje vergonzoso, que todavía la Justicia no ha terminado de investigar, que raro, cuando se pagan tasas del 15 o del 20 por ciento no hay juez que investigue, cuando se quiere pagar menos intereses allí intervienen para impedir que se constituyan esos fondos para pagar menos intereses. ¡Qué Argentina tan extraña la nuestra, qué Argentina tan extraña! (APLAUSOS)”

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[i] Como lo llama Aldo Ferrer en su nota del 14.01.10 en Buenos Aires Económico.

[ii] idem

[iii] 3. Idem

[iv] Eric Calcagno, en Fondo del Bicentenario y política económica, Página 12,  07.01.10

[v] Federico Bernal, en De la expulsión de Prebisch a la de Redrado: coincidencias y encrucijadas, en Buenos Aires Económico, 14.01.10

[vi] Tomás Lukin, en Matriz del neoliberalismo, Página 12, 07.01.10

[vii] idem

[viii] idem

[ix]  Idem

[x] CEFIDAR, Centro de economía y finanzas para el desarrollo de la argentina

[xi] Tomás Lukin, en Matriz del neoliberalismo, Página 12, 07.01.10

[xii] Idem

[xiii] Guillermo Wierzba, en Una pelea entre la democracia y el mercado, en Página 12, 13.01.10

[xiv] idem

[xv] idem

[xvi] idem

15.01.10

Por: Walter Graziano Economista 

Antes de poder concentrarse en lo importante, es imperioso resolver los problemas urgentes. Y hoy lo urgente es cómo hacer operativo el pago de la deuda de 2010 sin que surjan embargos. Si la Argentina no puede usar sus reservas, costosamente ganadas, para pagar su deuda y honrar sus compromisos, entonces estaríamos ante un verdadero acto de sabotaje que pondría al país en la ridícula situación de bordear el «default» cuando se tienen u$s 48.000 millones y hay voluntad de pago. Algo verdaderamente ridículo.

Vayamosa lo concreto, entonces. ¿Cómo instrumentar el Fondo del Bicentenario de manera tal que no se puedan embargar los fondos? Aquí proponemos una posible solución de entre muchas otras que pueden idearse. Es necesario concentrarse unos momentos para entender cómo funciona en forma técnica. Veamos: el gran problema que hay es que si aparecen dólares libremente disponibles para el Tesoro, y fuera de las reservas del Central, puede aparecer cualquier entidad o particular pidiendo el embargo de dichos fondos por las deudas argentinas que no entraron en el canje de hace unos años. Por lo tanto, el Fondo del Bicentenario debería constituirse de la siguiente manera para hacer imposible un embargo de un acreedor externo: el Central le abre una cuenta en pesos y no en dólares al Tesoro por el equivalente de los u$s 6.500 millones. Dichos fondos, a su vez, quedan indisponibles en el propio Banco Central sin que se produzca aumento alguno de la base monetaria. O sea, aumenta tanto el activo como el pasivo del Central, pero sin efecto monetario alguno, y por lo tanto sin efecto ni en el nivel de precios, ni en la demanda interna. El Tesoro procede entonces a efectuar las licitaciones para el rescate de deuda que ha anunciado, por lo que le compra los dólares para pagar la deuda rescatada al Central con los fondos de esta cuenta en pesos y paga al exterior el mismo día que compró las divisas. Como los dólares no están ni un día en poder del Tesoro y sólo salen de las reservas del Central para pagar la deuda, no pueden ser embargados por acreedores externos, de la misma manera que hoy tampoco hay embargos cuando se pagan los bonos que no están en default.

El procedimiento entonces es esencialmente muy similar al actual, dado que hoy la deuda se paga con compras de dólares que realiza el Tesoro con superávit. La única diferencia es que, en vez de superávit fiscal en pesos, se usaría la cuenta en pesos que el Central le crearía al Tesoro. Si por alguna cuestión resultara desaconsejable que el Central le abra en forma directa esta cuenta al Tesoro, puede idearse un mecanismo similar, pero a través del Banco Nación y con un encaje del 100%.ç

Quedaría como único tema para resolver la cuestión de las eventuales ganancias o pérdidas de cambio, dado que el valor del dólar seguramente no quedará fijo durante todo 2010 y bien puede subir y bajar. Pues bien, la cuenta del Central debería tener como mecanismo de ajuste el tipo de cambio, con lo cual si el dólar sube, se le acreditan más fondos al Tesoro, y si el dólar baja, se le restarían.

Mecanismo

Como se ve, el mecanismo es muy sencillo, permite implementar el Fondo del Bicentenario sin que el Central ceda reservas al Tesoro, permite pagar al exterior, no hay posibilidad de embargos de fondos, dado que el Tesoro nunca tiene un dólar en su poder y elimina el problema que se ha generado también en la Justicia argentina, dado que los fallos judiciales locales impiden que el Tesoro se haga de dólares de las reservas del Central, pero no impiden que el país cumpla con el pago de sus deudas ni que el Central le dé un crédito en pesos al Tesoro o al Banco Nación. Un juez local tendría que prohibir al Tesoro pagar la deuda al exterior para que este andamiaje no funcione, y ello sí sería una verdadera locura que ocurriera.

 Es urgente, verdaderamente imperioso, encontrar una vía potable para pagar las deudas de 2010. Ésta es una vía posible a estudiar y resuelve la urgencia, aunque lo importante es lo que se esconde detrás de todo esto y que no es otra cosa que la judicialización del tema del pago de la deuda. Es importante recordarlo porque el golpe de Estado de Honduras se gestó a través de una previa judicialización de un litigio que, si bien no era económico, buscaba debilitar la autoridad del Poder Ejecutivo y reemplazar las decisiones de éste por decisiones judiciales. Así cayó Zelaya.

Es necesario tener mucho cuidado entonces, porque pareciera que la nueva idea que ha surgido en algunos núcleos verdaderamente poderosos del exterior es volver a producir golpes de Estado en América Latina, no tanto a través de militares, sino utilizando al Poder Judicial, ubicándolo por encima del Poder Ejecutivo. Hay un tema más que hay que meditar: hay varios elementos e indicios para suponer que lo más probable es que algunos de los verdaderos autores de este inmenso lío en que se ha intentado sumir a la Argentina aún no hayan salido a la luz, dado que esta idea de dificultar el pago de la deuda parece haber sido pergeñada por conocedores muy profundos de temas económicos y financieros que irían necesariamente mucho más allá de la figura de quienes han venido ocupando roles protagónicos en el Banco Central recientemente, o de los políticos que han intervenido en el tema. No sería extraño entonces que si se conociera la identidad –quizá sumamente impopular- de algunos de los ideadores de esta maniobra tendiente a «hondurizar» la Argentina, ésta termine desbaratándose por sí misma, y muchos de quienes de buena fe pudieron haber colaborado con ella desistan de inmediato de su actitud.

Publicado en Ámbito Financiero

por Jorge Beinstein 

A partir de que la presidenta argentina exigió la renuncia al titular del Banco Central, Martín Redrado, y éste rechazó el pedido, se ha vuelto a desencadenar una crisis en la que la derecha local y externa plantea posiciones destituyentes. 

El nuevo año comenzó mal en Argentina, el conflicto causado por el desplazamiento del presidente del Banco Central, Martín Redrado, disparó una grave crisis institucional donde se enfrentan dos bandos que van endureciendo sus posiciones. Por un lado una oposición de derecha cada vez mas radicalizada ahora con mayoría en el poder legislativo encabezada por el vicepresidente de la república y que se extiende hacia los núcleos más reaccionarios del poder judicial y de las fuerzas de seguridad (públicas y privadas).

 Se trata de una fuerza heterogénea, casi caótica, sin grandes proyectos visibles impulsada por los grandes medios de comunicación que operan como una suerte de “partido mediático” extremista, su base social es un agrupamiento muy belicoso de clases medias y altas. En el otro bando encontramos a la presidenta Cristina Kirchner resistiendo desde el Poder Ejecutivo con sus aliados parlamentarios, sindicales y “sociales”, su perfil político es el de un centrismo desarrollista muy contradictorio oscilando entre las capas populares más pobres a las que no se atreve a movilizar con medidas económicas y sociales radicales y los grandes grupos empresarios y otros factores de poder que busca en vano recuperar para recomponer el sistema de gobernabilidad vigente durante la presidencia de Nestor Kirchner.

 A este abanico de fuerzas locales es necesario incorporar la intervención de los Estados Unidos que a partir de la llegada de Barak Obama a la Casa Blanca se muestra cada vez más activa en los asuntos internos de Argentina. Esto debe ser integrado al contexto más amplio de la estrategia imperial de reconquista de América Latina marcada por hechos notorios como el reciente golpe de estado en Honduras, el despliegue de la Cuarta Flota, las bases militares en Colombia y otras actividades menos visibles pero no menos efectivas como la reactivación de su aparato de inteligencia en la región (CIA, DEA, etc.) y la consiguiente expansión de operaciones conspirativas con políticos, militares, empresarios, grupos mafiosos, medios de comunicación, etc. 

 La ola reaccionaria 

Como es sabido la crisis se desató cuando el presidente del Banco Central decidió no acatar un decreto llamado de “necesidad y urgencia”, con fuerza de ley, que le ordenaba poner una parte de las reservas a la disposición de un fondo publico destinado al pago de deuda externa. De ese modo Redrado (apoyándose en la “autonomía” del Banco impuesta en los años 1990 por el FMI) desafiaba la legalidad y asumía como propia la reivindicación del conjunto de la derecha: no pagar deuda externa con reservas sino con ingresos fiscales obligando así al gobierno a reducir el gasto público lo que seguramente impactaría de manera negativa sobre el Producto Bruto Interno, el nivel de empleo y seguramente sobre los salarios.

En una primera aproximación la crisis aparece como una disputa sobre política económica entre neoliberales partidarios del ajuste fiscal y keynesianos partidarios de la expansión del consumo interno, sin embargo la magnitud de la tormenta política en curso obliga a ir más allá del debate económico, no existe proporción entre el volumen de intereses financieros afectados y la extrema virulencia del enfrentamiento. Tampoco se trata de un problema causado por la necesidad de pagar deuda externa ante una situación financiera difícil, por el contrario el Estado tiene un importante superávit fiscal y la deuda externa representa actualmente cerca del 40 % del Producto Bruto Interno contra un 80 % en 2003 cuando Néstor Kirchner sumió la Presidencia de la República. 

Para empezar a entender lo que esta ocurriendo es necesario remontarnos al primer semestre del 2008 cuando estalló el conflicto entre el gobierno y la burguesía rural, en esa caso tambien la confrontación apareció bajo el aspecto económico: el gobierno intentó establecer impuestos móviles a las exportaciones agrarias cuyos precios internacionales en ese momento subían vertiginosamente, los grandes grupos del agrobusiness se opusieron, aunque estabán ganando mucho dinero pretendían ganar mucho más acaparando la totalidad de esos beneficios extraordinarios. Para sorpresa tanto del gobierno como de los propias elites agrarias su protesta fue inmediatamente respaldada por por la casi totalidad de los empresarios rurales, incluso por sectores que por su área de especilización o ubicación regional no tenían intereses materiales concretos en el tema, y rápidamente los cortes de ruta magnificados por los medios de comunicación arrastraron la adhesión de las clases altas y medias urbanas estructurándose de esa manera una marea social reaccionaria cuya magnitud no tenía precedentes en la historia argentina de los últimos cincuenta años. Para encontrar algo parecido sería necesario remontarnos a 1955 cuando una masiva convergencia conservadora de clases medias apoyó el golpe de militar oligárquico. 

La movilización derechista de 2008 estuvo plagada de brotes neofascistas, alusiones racistas a las clases bajas, insultos al “gobierno montonero” (es decir supuestamente controlado por ex guerrilleros marxistas reciclados), etc.

Esa ola reaccionaria se prolongó en las elecciones legislativas de 2009 donde la derecha obtuvo la victoria (y la mayoría en el Parlamento), antes y después de ese evento estuvo permanentemente alimentada por los medios de comunicación concentrados. Actualmente es difícil diagnosticar si mantiene o no su nivel de masividad, el conflicto se desarrolla por ahora sin presencias multitudinarias, la gran mayoría de la población observa la situación como a una pelea por arriba entre grupos de poder. 

 Si evaluamos la trayectoria en los dos últimos años de la confrontación entre una derecha cada vez más audaz y agresiva y un gobierno crecientemente acorralado no es difícil imaginar un escenario próximo de “golpe de estado”, no siguiendo los viejos esquemas de las intervenciones militares directas, ni siquiera pensando en una réplica del caso hondureño (golpe militar con fachada civil) sino más bien en un abanico de alternativas novedosas donde se combinarían factores tales como la manipulación de mecanismos judiciales, el empleo arrollador del arma mediática, la utilización de instrumentos parlamentarios, la movilización de sectores sociales reaccionarios (cuya amplitud es una incógnita fuerte) incluyendo acciones violentas de grupos civiles dirigidos desde estructuras de seguridad policiales o militares. En este último caso deberíamos tomar en consideración las posibles intervenciones del aparato de inteligencia norteamericano que dispone actualmente de un importante know how en materia de golpes civiles, como las llamadas revoluciones coloridas o blandas algunas exitosas como la “naranja” en Ucrania (2004), la que derrocó a Milosevi? (Yugoslavia 2000), la de “las rosas” (Georgia 2003), la de “los tulipanes” (Kirguistán 2005), la “del cedro” (Líbano 2005) y otras fracasadas como la “revolución blanca” (Bielorrusia 2006), la “verde” (Irán 2009) o la “revolución twitter” (Moldavia 2009).

En todas esas “revoluciones” orquestadas por el aparato de inteligencia de los Estados Unidos las convergencias entre grupos civiles y medios de comunicación golpearon contra gobiernos considerados “indeseables” por el Imperio, tuvieron éxito ante estados sumergidos en crisis profundas, fracasaron cuando las estructuras estatales pudieron resistir y/o cuando las mayorías populares les hicieron frente.

 Las raíces 

¿Cuales son las raíces de esa avalancha derechista?, no puede ser atribuida al descontento de las elites empresarias y de las clases superiores ante drásticas redistribuciones de ingresos en favor de los pobres o a medidas económicas izquierdizantes o estatistas que afecten de manera decisiva los negocios de los grupos dominantes. Por el contrario la bonanza económica que marcó a los gobiernos de los Kirchner significó grandes beneficios para toda clase de grupos capitalistas: financieros, industriales exportadores o volcados al mercado interno, empresas grandes o pequeñas, etc. Argentina experimentó altas tasas de crecimiento del PBI y enormes superávits fiscales impulsados por exportaciones en vertiginosos ascenso. Y aunque la desocupación se redujo la estructura de distribución del Ingreso Nacional heredada de la era neoliberal no varió de manera significativa. La gobernabilidad política permitió la preservación del sistema que tambaleaba hacia 2001-2002, las estatizaciones decididas durante la presidencia de Cristina Kirchner fueron en realidad medidas destinadas a preservar el funcionamiento del sistema más que a modificarlo, la estatización de la seguridad social privada, por ejemplo, fue precipitada por la crisis financiera global y el agotamiento de una estructura de saqueo de fondos previsionales, la estatización de Aerolíneas Argentinas significó tomar posesión de una empresa totalmente liquidada a punto de desaparecer.

 Si alguna presión existe a nivel de las clases altas es hacia una mayor concentración de ingresos y ello debido a su propia dinámica gobernada por el parasitismo financiero global-local que opera como una suerte de núcleo estratégico, central de sus negocios. En ese sentido la resistencia del gobierno a esa tendencia en aras de la gobernabilidad aparece ante dichas elites como un “intervencionismo insoportable”.

Otro factor decisivo es la creciente agresividad de los Estados Unidos acosado por la crisis, sabiendo que el tiempo juega en su contra, que la decadencia de la unipolaridad imperial les puede hacer perder por completo sus tradicionales posiciones de poder en América Latina. En realidad eso ya está empezando a ocurrir a partir del proceso de integración regional, de un Brasil autonomizándose cada vez mas de los Estados Unidos, de la persistencia de la Venezuela chavista, la consolidación de Evo Morales en Bolivia, etc. La Casa Blanca está embarcada en una loca carrera contra el tiempo, extiende las operaciones militares en Asia y Africa heredadas de la era Bush, apadrina el golpe militar en Honduras y otras intervenciones en América Latina. La caida o degradación integral del gobierno kirchnerista sería para los norteamericanos una muy buena noticia, debilitaria a Brasil, reduciría el espacio político de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Pero existe un fenómeno de primera importancia que probablemente los Kirchner ignoraron y que buena parte de la izquierda y el progresismo subestimaron: el cambio de naturaleza de la burguesía local cuyos grupos dominantes han pasado a constituir una verdadera lumpen burguesía donde se interconectan redes que vinculan negocios financieros, industriales, agrarios y comerciales con negocios ilegales de todo tipo (prostitución, tráfico de drogas y armas, etc.), empresas de seguridad privada, mafias policiales y judiciales, elites políticas y grandes grupos mediáticos. Es la mas importante de las herencias dejadas por la dictadura, consolidada y expandida durante la era Menem.

 La política de derechos humanos del gobierno no afectó solo a grupos de viejos militares criminales aislados e ideológicamente derrotados, al golpear a estos grupos estaba desatando una dinámica que dañaba a una de las componentes esenciales de la (lumpen) burguesía argentina realmente existente. Cuando empezamos a desentrañar la trama de grupos mediáticos como “Clarín” o no mediáticos como el grupo Macri aparecen las vinculaciones con negocios provenientes de la última dictadura, personajes clave de las mafias policiales, etc. En esos círculos dominantes la marea creciente de procesos judiciales contra ex represores pudo ser vista tal vez en su comienzo hacia mediados de la década pasada como una consesión necesaria al clima izquierdizante heredado de los acontecimientos de 2001-2002 y que mantenida dentro de límites modestos no afectaría la buena marcha de sus negocios. Pero esa marea creció y creció hasta transformarse en una presión insoportable para esas elites. 

Finalmente es necesario constatar que así como se desarrolló ese proceso de humanización cultural democratizante también se desarrolló, protagonizado por los grandes medios de comunicación un contra proceso de carácter autoritario, de criminalización de los pobres, de condena al progresismo que pone a los derechos humanos por encima de todo. En cierto sentido se trató de una suerte de reivindicación indirecta de la última dictadura realizada por los grandes medios de comunicación, centrada en la necesidad de emplear métodos expeditivos ante la llamada “inseguridad”, la delincuencia social, los desordenes callejeros. La misma encontró un espacio favorable en una porción importante de la población perteneciente a las clases medias y altas muchos de cuyos miembros no se atreven a defender a la vieja y desprestigiada dictadura militar pero que han encontrado un nuevo discurso neofascista que les permite levantar la cabeza. Esta gente se movilizó en el 2008 en apoyo de la burguesía rural y contra el gobierno “izquierdista”, estuvo a la vanguardia de la victoria electoral de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires y de los políticos de derecha en las elecciones parlamentarias de 2009. 

¿Jugando con fuego? 

La crisis actual puede llegar a tener serias repercusiones económicas, es lo que esperan muchos de los dirigentes políticos de derecha que sueñan con apoderarse del gobierno en medio del caos y/o de la pasividad popular. La parálisis del Banco Central o su transformación en una trinchera opositora podría desordenar por completo al sistema monetario, degradar al conjunto de la economía lo que sumado a un Tsunami mediático convertiría al gobierno en una presa fácil. 

 En teoría existe la posibilidad de que el gobierno acorralado por la derecha busque desesperadamente ampliar su base popular multiplicando medidas de redistribución de ingresos hacia las clases bajas, estatizaciones, etc. La derecha cree cada vez menos en esa posibilidad lo que la hace más audaz, más segura de su impunidad, considera que los Kirchner están demasiado aferrado al “país burgués”, por razones psicológicas, ideológicas y por los intereses que representan y que por sus cabezas no asoma ni siquiera débilmente esa alternativa de ruptura. Una sucesión de hechos concretos parecen darle la razón, después de todo Martín Redrado, fue designado como presidente del Banco Central por Néstor Kirchner y confirmado luego por Cristina Kirchner, ahora ellos “descubren” que es un neoliberal reaccionario mientras buscan reemplazarlo por algún otro neoliberal o buen amigo de las intereses financieros.

 También existe la posibilidad de que el caos buscado por la derecha o las medidas económicas que esta seguramente tomará si conquista el gobierno desaten una gigantesca ola de protestas sociales haciendo estallar la gobernabilidad y reinstalando a escala ampliada al fantasma popular de 2001-2002. Pero esa derecha considera cada vez menos probable la concreción de dicha amenaza, está cada vez más convencida de que los medios de comunicación combinados con un sistema de represión puntual, no ostentoso pero enérgico pueden controlar a las clase bajas. Es muy probable que esas elites degradadas, lanzadas en una cruzada irracional, estén atravesando una serie crisis de percepción. 

 Publicado en Resumen Latinoamericano