Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

21Abr/100

El perfil de los devaluadores

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Por José Luis Livolti *

¿Quién se beneficia y quién se perjudica con un ajuste devaluatorio que lleve el dólar a 4,50 pesos, como proponen los popes de la representación gremial empresaria concentrada? Lo destacable de esta última arremetida es el perfil de los personajes que están haciendo pública dicha propuesta. A algunos de ellos, como a Cristiano Ratazzi y Hugo Biolcati, les queda bien, habla de su coherencia, defendiendo los intereses de las empresas automotrices multinacionales uno y los de la rancia oligarquía nativa, el otro. Oligarquía cómplice de cuanto gobierno golpista hubo, hoy asociada a los agronegocios de las multinacionales. Pero el tercero, el de planteo más aguerrido y radicalizado de ajuste cambiario, fue el presidente de la desprestigiada Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, personaje que no cesa en su empeño de ocupar un lugar público de notoriedad, buscando una candidatura a gobernador de la provincia de Santa Fe, ya sea al lado de Carlos Reutemann con la venia de Eduardo Duhalde, o junto a Hermes Binner. Todo a costa de cualquier planteo, aunque sea contrario a los intereses de sus defendidos, mientras dirigentes que lo secundan intentan sostener un discurso “progre” al interior de la entidad.

Por lo pronto, Buzzi ya tiene ganado el pasar a la historia por ser el primer presidente federado que se calzó el sobretodo y la bufanda para acompañar a Miguens, Llambías y Macri en el corte de cintas de la inauguración de la muestra de La Rural de Palermo, en pleno conflicto destituyente. A estas actitudes de separarse con deslealtad de una causa se la llama, en buen castellano, defección.

Si la medida que pide el empresariado concentrado de la ciudad y el campo se aplicara, los primeros beneficiarios serían todas las empresas exportadoras de la industria y la agroindustria. Aplaudirían los grandes ganaderos, los frigoríficos exportadores y los productores agropecuarios del monocultivo sojero, en especial los pools de siembra, y las multinacionales que manejan la comercialización exterior. Una minoría privilegiada que siempre se benefició con cada devaluación. Quienes piden un dólar a 4,50 pesos proponen como alternativa la rebaja y/o eliminación de las retenciones en su defecto.

Cualquiera de las dos medidas perjudicarían profundamente a la inmensa mayoría popular. En primer lugar a los trabajadores, que con tamañas decisiones verían pulverizados los aumentos de salario adquiridos a través de las últimas luchas, incidiendo negativamente en la puja por la distribución de la riqueza. Además, traería aparejada una suba generalizada de tarifas y un más pronunciado incremento de precios en alimentos, bebidas, vestido, calzado. En resumen, el enfriamiento de la economía, que tanto proclaman como solución los que añoran la vuelta al neoliberalismo: una vuelta de rosca más en contra de una justa distribución de la riqueza. El único problema al que daría respuesta cualquiera de las medidas sugeridas es el reaseguro de los márgenes de rentabilidad de los sectores concentrados de la ciudad y el campo, a costa del hambre para muchos.

Mientras tanto, el gobierno nacional no define la profundización de las medidas redistributivas. Con medidas bien intencionadas pero faltas de profundidad busca recomponer acuerdos con la burguesía agraria poniendo parches a los reclamos de la Mesa de Enlace. El camino de la justa redistribución de la riqueza requiere de una mejor y más profunda intervención estatal, la creación de modernas juntas nacionales de granos y de carnes que intervengan en los mercados captando las enormes ganancias que hoy quedan en manos de capitales privados concentrados. Excedentes que deberían ser volcados a proyectos populares que garanticen la soberanía alimentaria, objetivo que hace imprescindible el ordenamiento territorial y la distribución de la tierra.

* Ex director de Federación Agraria, miembro de la Mesa Nacional del Fonaf.

21Abr/101

Controlar la inflación sin “enfriar” la economía

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Por Aldo Ferrer

En la nueva economía, ni la inflación ni la deuda son lo que fueron. Corresponde reflexionar sobre las cuestiones que son determinantes del actual cuadro de situación. A saber: las causas del aumento de precios, la solvencia fiscal y el tipo de cambio.

En el debate sobre la inflación y el pago de la deuda predominan dos enfoques alternativos. Por un lado, ajustar y enfriar la economía. Para tales fines sería necesario reducir la demanda agregada, mediante la baja del gasto público y el aumento de la tasa de interés, y apreciar el peso para sustituir producción interna por importaciones, reduciendo la presión de la demanda sobre la oferta nacional de bienes y servicios. Al mismo tiempo se liberarían recursos del Presupuesto para pagar deuda sin uso de reservas del Banco Central. Por el otro lado, el enfoque alternativo propone pagar deuda con reservas y sostener un crecimiento del gasto por encima de los recursos disponibles sin atender el tema precios para impulsar la demanda, la producción y el empleo.

Esta alternativa del problema actual de la inflación y la deuda se plantea como si subsistieran las circunstancias del pasado: una economía sometida a las restricciones externa y fiscal, a una deuda agobiante que excede su capacidad de pago y a desórdenes macroeconómicos e institucionales que culminaban en hiperinflación.

Nos pasó durante más de la mitad del siglo pasado, cuando registramos el récord mundial de inflación. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un cambio radical en el comportamiento de la economía. Desde la salida de la crisis del 2001, los pagos internacionales vienen operando con un elevado superávit en el balance comercial, que registra saldos positivos anuales de u$s15.000 millones.

A su vez, la cuenta corriente del balance de pagos registra 8 años positivos, hecho inédito. En el 2009 alcanzó 3% del PBI y cabe esperar un superávit semejante este año. Al mismo tiempo, desde el 2003, la relación deuda externa pública y privada/PBI bajó de 160 a 40%. Desde el momento en que se logró salir del default, con el exitoso canje de deuda del 2005, el pago al FMI y encuadrar los pagos dentro de límites manejables con recursos propios, también se produjo un cambio radical.

La solución de la restricción externa facilitó resolver la restricción fiscal derivada de los déficits crónicos de las finanzas públicas. La recaudación tributaria aumentó 10 puntos del PBI para ubicarse cerca de 30%, proporción razonable en una economía como la nuestra. En el mismo sentido operó la incorporación, en la esfera pública, de los recursos del sistema previsional, que constituyen parte principal del ahorro interno. El comportamiento de las finanzas públicas desde el 2001 demuestra que la restricción fiscal puede ser, también, un problema superado.

El país tuvo, entre 1930 y 1983, una “restricción institucional”, agregada a las externa y fiscal. En la experiencia reciente aún los temas más polémicos (la resolución 125, las reformas de los regímenes previsional y de medios audiovisuales y el uso de las reservas del BC) se procesan conforme las reglas constitucionales. Es decir, la restricción institucional es también un problema de otros tiempos.

En resumen, en la nueva economía, ni la inflación ni la deuda son lo que fueron. Por lo tanto, enfriar y ajustar, por una parte, o crecer sin atender los precios, por la otra, no son las alternativas reales. Corresponde reflexionar sobre las cuestiones que son determinantes del actual cuadro de situación. A saber: las causas del aumento de precios, la solvencia fiscal y el tipo de cambio.

Sobre la primera, no estamos en presencia de ninguna de las causas clásicas de inflación: exceso de demanda o presiones de costos. La economía viene operando a niveles razonables de ocupación de la capacidad productiva instalada, está aún distante el pleno empleo de la mano de obra y no hay restricciones de abastecimientos importados por insuficiencia de divisas. Por lo tanto, no hay inflación por exceso de demanda respecto de los recursos disponibles. Por otra parte, ninguno de los precios básicos de la economía (tipo de cambio, salarios, tarifas de servicios públicos) está desalineados y, por lo tanto, no es previsible un alza brusca en ninguno de ellos. Por ende, tampoco hay amenazas severas de inflación de costos. ¿Cómo se explica entonces que el nivel de precios esté en torno a 20% anual, nivel inconveniente y perturbador?

La respuesta es que estamos en presencia de un caso de inflación inercial. Es decir, los precios aumentan a un cierto ritmo, porque los actores económicos y sociales incorporan una hipótesis de aumento de precios que se retroalimenta en ajustes continuos de precios y salarios, a pesar de la ausencia de inflación de demanda y de costos y de la existencia de equilibrios macroeconómicos razonablemente sólidos. La inflación inercial se sostiene en las expectativas y en un clima político tenso, en el cual se incluyen visiones catastróficas de la realidad y el futuro. En este escenario, por razones estacionales o circunstancias propias, algunos alimentos crecen más que el promedio, fenómeno que sucede también en economías con niveles generales de precios estables.

La inflación inercial no se evita con ajuste ni enfriando la economía. Por esta vía, lo que se logra es frenar el crecimiento, aumentar el desempleo, el malestar social y la inseguridad. Pero tampoco se resuelve desatendiendo el problema o suponiendo que los aumentos provienen de maniobras abusivas de formadores de precios en sectores concentrados. Cuando estas existen, tienen que ser reprimidas por el Estado, pero la pregunta es por qué ahora esas maniobras son inflacionarias y en otros momentos no lo son. La respuesta es que ahora prevalece la inflación inercial. No hay ninguna medida aislada que resuelva el problema.

La respuesta radica en un programa de estabilidad y crecimiento fundado en la solidez de los equilibrios macroeconómicos y la política de ingresos para concertar, entre los actores económicos y sociales, privados y públicos, metas de precios y salarios, que tiendan a reducir la hipótesis inflacionaria implícita. Sería útil contar con un consejo económico y social, en cuyo seno el Gobierno concertara con los actores del trabajo y la empresa, una estrategia de crecimiento con equidad y estabilidad de precios.

El éxito de esa estrategia depende de la solidez de la macroeconomía y de continuar reduciendo los niveles de deuda. Para tales fines son centrales las otras dos cuestiones mencionadas: la solvencia fiscal y el tipo de cambio.

Respecto de la deuda, con o sin uso de reservas, con o sin canje, el país está en condiciones de cumplir sus compromisos externos y crecer. Los pagos de este año –con reservas u otros recursos – tienen una diferencia de tasa de interés, dato importante pero que no involucra la capacidad de pago. De todos modos, el pago con reservas es un recurso circunstancial. En el futuro, son los recursos genuinos de la actividad corriente los que proporcionan los medios de pago.

Sobre la solvencia fiscal, una vez iniciada la recuperación de los componentes de la demanda agregada (consumo, inversiones y exportaciones), no se justifica insistir en la inyección de demanda supletoria vía gasto público. La solvencia fiscal y la calidad del gasto recuperan así su papel en la gobernabilidad del sistema económico, la formación de las expectativas, la estabilidad y el desarrollo.

No es preciso enfriar ni ajustar la economía, es decir, bajar el gasto real indispensable para la oferta de bienes públicos, para frenar la suba de precios. Sí es preciso acomodar el crecimiento de gasto público a la de la recaudación, lo cual permitiría recuperar el superávit primario. De otro modo, un crecimiento persistente del gasto por encima de los recursos públicos lleva inevitablemente al endeudamiento, a la apreciación del tipo de cambio, a restablecer las restricciones externa y fiscal y, consecuentemente, a la pérdida de soberanía. El desequilibrio fiscal y el aumento de la deuda no contribuyen a crear el escenario adecuado: inflación de 10% anual.

En relación con la política cambiaria, reducir la tasa de aumento de precios facilita mantener un tipo de cambio de equilibrio desarrollista (TCED) indispensable para el crecimiento de la producción y el empleo. El TCED es también necesario para la formación de una economía integrada y abierta, capaz de gestionar el conocimiento e integrada al mundo.

Crecer con equidad y una estabilidad razonable de precios está al alcance del país. Lograrlo o no depende de tomar nota del potencial de desarrollo de la nueva economía una vez que se ha liberado, a menos de insistir en las decisiones del pasado, de las restricciones fiscal, externa e institucional.

21Abr/100

La verdad de la milanesa sobre las reservas

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Alfredo Calcagno*

Los acontecimientos políticos suceden con tanta velocidad y la información que circula sobre ellos es tan sesgada, que muchas veces se confunde el significado de importantes actos políticos. Ahora examinaremos tres de ellos; primero, el que establece la verdadera naturaleza del decreto de necesidad y urgencia  que crea el Fondo de Desendeudamiento (DNU 298/10); segundo, la irreversibilidad de la transferencia de los fondos ya efectuada, y tercero, el supuesto efecto sobre el Presupuesto nacional del pago con reservas.

La facultad del Banco Central para vender o comprar reservas es indiscutible. El DNU se dictó para ampliar el margen de financiamiento del Tesoro por el Banco Central.

La discusión periodística ha equivocado la verdadera naturaleza del DNU. Se pone en tela de juicio la posibilidad del Banco Central de usar las reservas internacionales. Es sabido que esas reservas consisten en activos financieros de alta liquidez, como oro, dinero en efectivo, depósitos en divisas de bancos en el exterior, títulos de deuda pública y otros instrumentos parecidos.

Entre otros usos, sirven para asegurar la provisión de importaciones en casos de emergencia (por ejemplo, caída de las exportaciones) y para impedir la especulación sobre la moneda (corridas cambiarias). En este momento desempeñan también una función fundamental en la política económica, que consiste en mantener una flotación administrada en el mercado cambiario. Además, los particulares compran reservas para los más diversos usos: pagar importaciones, girar ganancias, viajar al exterior, pagar dividendos. Cualquier particular y el Estado pueden comprar reservas, si tienen los pesos necesarios. Por eso es absurdo sostener que no pueden usarse reservas o que para hacerlo es necesaria una autorización del Congreso. Declarar la intangibilidad de las reservas, las destruiría como tales, porque entonces ya no servirían para nada.

La razón del decreto de necesidad y urgencia 298/10 no es que el Congreso permita al Banco Central vender reservas (facultad indiscutible del Banco), sino autorizar al Banco Central a recibir a cambio de esas reservas una Letra emitida por el Tesoro Nacional en lugar de pesos.

El Banco transfirió al Tesoro Nacional  4.832 millones de dólares de las reservas de libre disponibilidad (art. 1). Como contraprestación, el Banco Central recibió una Letra intransferible denominada en dólares a 10 años plazo, que se considera comprendida en el art. 33 de la Carta Orgánica del Banco Central (arts. 3 y 4 del DNU). El citado art. 33 autoriza al Banco a mantener una parte de sus activos externos en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en moneda extranjera (como es una Letra del Tesoro emitida en dólares). Por su parte, el DNU agrega que esa Letra no se encuentra comprendida por la prohibición del artículo 19 de la Carta Orgánica (que impide conceder préstamos al Gobierno Nacional), ni por el art. 20 que fija límites a los adelantos transitorios al Gobierno Nacional. Estas especificaciones amplían el margen de financiamiento del Tesoro por el Banco Central, y no se refieren a si el Banco Central puede o no vender o transferir reservas.

La transferencia ya efectuada es irreversible. Los decretos de necesidad y urgencia (DUN) establecidos por el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional fueron reglamentados por la ley 26.122. Se determina allí que “el rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación”, “quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia” (art. 24); de tal modo, los actos jurídicos ejecutados “tienen plena vigencia” (art. 17), como si emanaran de una ley. Las leyes “no tienen efecto retroactivo” (art. 3 del Código Civil).  Su hipotética derogación regiría para el futuro. Para que se entienda mejor el tema de la no retroactividad, recordemos que en la década de 1950 se sancionó una ley de divorcio, y que su derogación posterior no implicó que se reconstituyeran los matrimonios ya disueltos.

La reciente transferencia de fondos efectuada desde el Banco Central a la cuenta del Tesoro Nacional, es un acto jurídico autorizado por el DNU 298/10. Ese acto jurídico ya ocurrió, está cerrado y no es reversible en la eventualidad del rechazo del DNU en el que se basó, y que en ese momento tenía fuerza de ley.

Tampoco puede invocarse su nulidad, ya que el art. 99 inc. 3 declara que son nulas las disposiciones del Poder Ejecutivo de carácter legislativo si no se ajustan a los procedimientos de los decretos de necesidad y urgencia; es evidente que éste no es el caso, pues se ha cumplido y se cumple con todos los requisitos que establecen tales decretos.

En síntesis: si el Congreso lo rechazara, ese DNU no podrá aplicarse en el futuro, porque ya no existiría; pero todo lo actuado durante su vigencia queda firme, como si hubiera ocurrido con una ley (art. 17 de la ley 26.122). En consecuencia, es irreversible la transferencia de fondos del Banco Central al Tesoro Nacional ya efectuada.

El pago de deuda con reservas no afecta al Presupuesto nacional. Otra confusión es la referida a las consecuencias que el pago de deuda externa con reservas tendrá sobre el Presupuesto nacional. Una versión predominante en los medios de comunicación, afirma que se trata de reemplazar con reservas varias partidas que ya figuran en el Presupuesto nacional para el pago de deuda; de tal modo, podrían destinarse esos fondos a gastos corrientes, con propósitos electorales. No es así.
La ley de presupuesto vigente presenta un equilibrio entre gastos corrientes y de capital (referidos a la inversión pública). La amortización de la deuda pública no figura entre esos gastos, del mismo modo que la emisión de deuda nueva no forma parte de los ingresos corrientes. El Presupuesto prevé el pago de intereses de la deuda con gastos corrientes. A la vez, determina que las amortizaciones de capital de la deuda pública se cubran con emisión de deuda nueva del Tesoro Nacional. Eso es precisamente lo que hace el DNU, sólo que en  vez de emitir deuda cara en el mercado interno o externo, coloca una deuda en el Banco Central.

Así, el pago de las amortizaciones con reservas no cambia para nada al Presupuesto nacional para 2010 ya aprobado; no hace más que llenar la brecha de financiamiento de amortizaciones de deuda que estaba vacía. El DNU no cambia el Presupuesto; sólo especifica el tipo de deuda pública nueva que el Presupuesto autoriza a emitir.

En síntesis, con el pago con reservas, no se toca al Presupuesto. En cambio, si se pagaran las amortizaciones con ingresos presupuestarios corrientes, sería necesario cercenar y desarticular el Presupuesto;  se requeriría un superávit fiscal primario de cerca de 5 puntos del PIB. Quienes preconizan esta solución, quizás piensen en el efecto electoral para el Gobierno de un ajuste de esta magnitud; y tal vez olviden los sufrimientos de la población argentina durante la caída de la convertibilidad.

Es de esperar que la efectiva vigencia de la ley de medios audiovisuales, con la irrupción de múltiples opiniones en el debate, impida que en el futuro se produzcan confusiones de la índole de las reseñadas. Mientras tanto, es indispensable aclarar los puntos de vista.

* Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.

Fuente: País Sur 17-04-2010 /

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