La inflación, el agro y la historia argentina
Por José Pierri*
04-05-2010 /
El aumento de los precios de los productos de la canasta familiar es quizás la principal cuestión de discusión y crítica al Gobierno por una parte considerable de la población. Como se suele decir “la única verdad es la realidad” y negarse a admitirla lleva a extraviar el juicio.
Ahora bien: cuál es la causa o el “culpable” del fenómeno maldito para la mayoría de la población y aquel que beneficia a otros. (Debe recordarse que en economía, generalmente cada vez que un sector económico se ve perjudicado otro se ve beneficiado. )
Hay variadas explicaciones del fenómeno inflacionario. La ortodoxa lo atribuye al aumento de la demanda vía la emisión monetaria, el aumento del gasto público o de los salarios. Otra interpretació n entiende los aumentos de precios como resultado de la estructura económica del país (insuficiencia de la oferta para abastecer los aumentos de demanda), en tanto otros la explican por las expectativas (cultura arraigada de aumentos de precios) o por la estructura dependiente del país (señala que la inflación se provoca por los reiterados aumentos del tipo de cambio debido a la crónica insuficiencia de divisas externas y endeudamiento que caracterizó a nuestro país).
En la actualidad queda descartado que el aumento de precios actual se origine en las corridas hacia el dólar. Es claro que el valor de la moneda norteamericana está sostenido por el Estado. De no existir esa intervención los ingresos en moneda nacional de los exportadores de materias primas disminuirían y muy posiblemente bajarían los precios internos de los productos de origen agrario acompañando al de los precios obtenidos en el exterior. En ese sentido el pedido de un dólar de más de $4 significaría una especie de mayor subsidio a la gran mayoría de las exportaciones agrarias y un estímulo a la inflación, salvo en el caso las ventas externas de soja y sus derivados, que debido a las altas retenciones a su exportación, no llegaría a estar beneficiada en forma neta por las políticas públicas.
Cabe entonces preguntarse por qué aumentan los precios de los alimentos en mayor proporción que el de productos industriales o los de importación. Quizás la clave haya que buscarla en la historia de la producción y precios de los productos de origen agropecuario en nuestro país, en particular de la carne vacuna, y su relación con los mercados internacionales.
En numerosas ocasiones en la historia nacional, en gobiernos de las más diversas orientaciones, se atribuyó al precio de la carne y de otros alimentos ser el principal factor de desestabilizació n económica. Ya en 1817 durante el directorio de Juan Martín de Pueyrredón, se produjo un grave proceso inflacionario producto del monopolio de abasto a la ciudad de Buenos Aires por parte de los pocos establecimientos saladeros dedicados a la exportación.
El 31 de mayo de ese año, el director supremo ordenó el cierre de los saladeros respondiendo a la fuerte agitación popular por el aumento del precio de la carne. La cuestión de la inflación llevó a Pueyrredón a señalar en marzo de 1818: “La carestía y escasez de carne que se experimentan desde hace algún tiempo en esta capital, en medio de la abundancia de ganados, al paso que interesan mi sensibilidad a favor de las clases menos pudientes, tienen en tortura mi espíritu por no alcanzar el origen cierto que las produce”. Como se ve el tema provocaba polémica.
Más cercano en el tiempo, durante la presidencia de Arturo Frondizi, cuando en 1959 se modificó estructuralmente el negocio –siguiendo sugerencias del FMI– al abandonarse los subsidios directos a los frigoríficos (aún en su mayoría extranjeros) , vigentes desde la Segunda Guerra Mundial. Ese año, el precio del kilo vivo se disparó acompañando la fuerte devaluación de la moneda. La Sociedad Rural Argentina (SRA) ya planteaba en sus anales las dificultades para los ingresos del sector ganadero provocadas por el aumento del consumo: “Entiende la Sociedad Rural Argentina que el país debe exportar más y que la disminución de nuestros saldos para ese destino se debe al incremento demográfico y al mayor poder de compra interno”.
En 1961, la SRA se animaba a solicitar la reedición de un tratado similar al Roca-Runciman: “Creemos que luego de la misión que se acaba de enviar, debería organizarse para dentro de treinta días, otra de mayor relieve, de una jerarquía similar a la recordada misión Roca, integrada por ganaderos y figuras relacionadas con los intereses argentino- británicos”. Como tantas veces a comienzos del siglo XX, la política económica debería encuadrarse siguiendo los intereses ganaderos.
A partir de esta situación, la gestión desarrollista, con el objeto de disminuir los precios internos impuso derechos de exportación para la carne vacuna, luego también vigentes en distintos gobiernos. En 1960 y 1961 se elevaron a más del 20%, en época de Illia se mantuvieron debajo del 10% y fluctuaron entre el 13 y 16% entre 1966 y 1973.
Illia impuso mediante los decretos 3.286 y 3.289/64, precios máximos y vedas semanales en el consumo de carne con el propósito de frenar los incrementos de valor del producto más sensible para medir el aumento general de precios. A pesar a esas medidas el precio del novillo en Liniers se mantuvo por encima del índice de 1960.
Krieger Vasena, ministro del gobierno militar del general Juan Carlos Onganía, con similar objetivo de combatir el aumento se precios, aprobó el decreto 17.198/67 que estableció derechos de exportación para la carne vacuna del orden del 16 al 20 por ciento. Las altas retenciones se rebajarían a un valor menor al 10% a mediados de ese año, cuando, producto de la fuerte devaluación de la libra, el brote aftósico en Gran Bretaña y el cierre de importaciones de carne argentina disminuyó el precio de la carne.
En los casos precedentes la cuestión del precio de la carne vacuna, los derechos de exportación impuestos a sus ventas externas fueron una constante en diversos gobiernos, aun de muy diferente orientación económica e ideológica. La carne siempre fue el principal componente de la canasta familiar y orientador de los demás precios de origen agrario.
La tendencia al aumento del precio de la carne en este último año se explica por hechos nuevos del comercio mundial que profundizan los reclamos y expectativas por mayores precios internos por parte de ese sector agroindustrial. La Argentina accedió en el 2003 al mercado de carne sin aftosa, el de mayores precios, y la extraordinaria rentabilidad de la producción sojera también opera en el sentido de lograr mayores ingresos por parte de los productores ganaderos.
De acuerdo a datos de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, los alimentos han duplicado sus precios desde el 2002, con tasas anuales de crecimiento superiores al 20% durante el 2007 y el 2008.
La excepcional perspectiva para la producción agraria es una principal razón estructural del incremento de precios internos actual. Al igual que en el pasado, los precios internacionales a los que pueden acceder los productos agrarios, influyen decisivamente sobre sus valores internos.
Lo que queda por determinar es la validez de permitir, sin ninguna “anestesia”, que esos precios se impongan en el mercado interno en el que rigen precios muy inferiores a los internacionales en energía, transporte y en el costo de la mano de obra.
La historia argentina muestra innumerables ejemplos en los que los más diversos gobiernos actuaron controlando los precios internos de la carne vacuna y otros alimentos, alternando prácticas de subsidios y extracción de ingresos al sector. Todos aquellos que creemos en la necesidad de un desarrollo equilibrado del conjunto de la economía nacional y aspiramos a solucionar con urgencia la situación de pobreza –que incluye el tema del hambre y el costo de los alimentos– de un tercio de los argentinos entendemos que es válida la acción del Estado para disminuir el precio de los alimentos y equilibrar los ingresos. Lo que debe definirse es si se llega a un acuerdo voluntario con el sector, o si se debe avanzar en la imposición por parte del Gobierno de mayores retenciones u otro tipo de control.
¿Será posible un acuerdo voluntario que disminuya los niveles de precio de los alimentos y la pobreza en este año, cuando se conmemora el inicio del proceso de independencia de nuestro país? La historia nos indica que ese ideal parece muy difícil de realizar.
* CIEA/FCE/UBA
Fuente: Buenos Aires Económico
Globalización mundial de ricos contra pobres
La globalización de la economía mundial impuesta en las últimas décadas por los países desarrollados y que demanda en primer lugar la privatización indiscriminada en todos los sectores, ha hecho crecer el número de pobres y, a la par, el núcleo de millonarios en el mundo.
Durante 2009, el año más grave de la crisis financiera, el número de multimillonarios pasó de 793 a 1.011, al tiempo que su fortuna conjunta aumentó un 50 %, desde 2,4 hasta 3,6 billones de dólares.
Para justificar el crecimiento en más de 200 multimillonarios en el último año, la revista que publicita y vanagloria a los más ricos del orbe argumenta que se debió a la “recuperación económica” que al parecer sólo ha beneficiado a los grandes magnates. Encabezando la lista de los más ricos aparece el mexicano Carlos Slim, dueño de numerosos negocios y de las telecomunicaciones en la nación azteca, con una fortuna que alcanza 53.500 millones de dólares.
El estadounidense Bill Gates, dueño y fundador del imperio Microsoft pasó al segundo puesto con la nada menos despreciable cifra de 53.000 millones de dólares. El tercer escalafón lo ocupó en esta ocasión el también estadounidense y conocido especulador financiero Warren Buffett con 47.000 millones de dólares.
Gates y Buffett, que ocupaban en 2008 el un-dos bajaron de lugar, pero no así sus fortunas que en 2009 crecieron 13.000 millones y 10.000 millones, respectivamente. Como indica un adagio, “a río revuelto ganancia de pescadores”, y eso mismo ha ocurrido pues la medida anticrisis acordada por los países desarrollados fue en primer lugar invertir dinero en salvar a los bancos y compañías en riesgo de quiebra.
La producción industrial cayó, el desempleo aumentó y los recursos se dirigieron al mercado de valores y de materias primas con la consecuente especulación en los mercados de capital.
Mientras los ya tradicionales millonarios aumentaban en 2009 sus riquezas y otro reducido grupo ascendía a esa escala social, la crisis impulsó el desempleo, provocó bancarrota masiva de granjeros, de pequeñas y medianas empresas industriales, deterioró los salarios mínimos y disminuyó considerablemente los gastos públicos en servicios sociales con el consecuente detrimento para la mayoría de la población.
Las políticas de privatizaciones, y desregulación financiera esgrimidas por el Consenso de Washington e implementadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial han llevado a estas situaciones.
Un reciente informe de las Naciones Unidas aseguró que la inseguridad económica que afecta al mundo podría sumir en la pobreza a otros cien millones de personas.
Con ocasión de celebrarse en octubre último el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Organización de Naciones Unidas (ONU) significó que actualmente 1.400 millones de personas viven en la extrema pobreza y con el encarecimiento imparable de la energía y los alimentos probablemente empeorarán las condiciones de vida de otros muchos millones.
Un anterior documento del Banco Mundial fijaba la cifra en 53 millones de personas, quienes quedarían atrapadas con ingresos por debajo de 1,25 dólares diarios y se sumarían a los 135 millones que en 2008 fueron empujadas a la pobreza por el desempleo, los aumentos de precios en alimentos y combustibles, entre otras calamidades.
El todopoderoso presidente del BM, el estadounidense Robert Zoellick, argumentaba que “la crisis económica amenaza con transformarse en una crisis humana en muchos países en desarrollo. Mientras que buena parte del mundo presta atención a los socorros bancarios y los estímulos económicos, no debemos olvidar que los pobres en los países en desarrollo están mucho más expuestos si colapsan sus economías”.
En esta ocasión Zoellick tenía razón… pero no ha hecho nada al respecto.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) denunció que la actual situación ha dificultado el acceso de las capas más vulnerables de la población latinoamericana a la alimentación y ha dejado 54 millones de personas con problemas de desnutrición en la región.
Según el representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, José Graziano da Silva, el escenario de la seguridad alimentaria de esta zona se caracteriza por una alta volatilidad de los precios de productos básicos, especialmente los alimenticios, lo que dificulta su adquisición por los más pobres, en especial los niños, las mujeres y los indígenas.
La FAO prevé que la salida de la crisis será lenta y vaticina que dejará secuelas perdurables, sobre todo en los países donde caigan la producción, el comercio, la recaudación fiscal, sean dependientes de importaciones de alimentos y energía y tengan poca demanda de sus exportaciones.
El organismo regional de la ONU plantea que la desnutrición aguda y crónica generará efectos irreversibles en millones de niños y niñas.
Desde ahora hasta 2015, cuando la ONU hipotéticamente pensaba cumplir las llamadas metas del Milenio (disminución de la pobreza, mortalidad infantil, alfabetización, etc.), se estima que morirán 1.200.000 menores de cinco años por causas relacionadas con la crisis.
El hambre, la pobreza y la desnutrición se expanden por el orbe mientras unos cuantos millonarios acaparan enormes riquezas. No cabe duda, cada vez se hace más necesario un nuevo orden económico mundial.
Fuente Rebelión