Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

EL RETORNO DE LA DISCUSIÓN SOBRE RETENCIONES

Por Jorge Molinero
El 24 de Agosto termina el plazo para un conjunto importante de facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, involucrando entre ellas la facultad de fijar derechos de exportación, más conocidas como retenciones. Entiendo que el énfasis puesto por las diferentes partes, el Gobierno y la oposición no incluye el motivo principal para mantener a largo plazo este esquema, que es el efecto de promoción del desarrollo de las actividades industriales.
En efecto, la oposición ligada a los planteos agraristas, indica que como “impuesto” las retenciones son “exorbitantes y distorsivas”, ya que además de pagar (¿?) el impuesto a las ganancias tienen que pagar un 35 % adicional sobre el ingreso, y ello es inconstitucional, etc. Por otro lado el Gobierno Nacional ha privilegiado el discurso que los que tienen mucho tienen que compartirlo con los que menos tienen y que las retenciones hacen eso al ser utilizadas como fuente genuina de financiamiento de distintos planes gubernamentales, como la Asignación Universal por Hijo, o los subsidios al transporte y a la energía. Lo argumentado por el Gobierno es correcto pero incompleto.
En este carril las discusiones se pasan por alto un aspecto que a mi entender es el más significativo a largo plazo en el tema de las retenciones.

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Todos los países parten en su proceso de crecimiento económico de algún sector o conjunto de factores que son más abundantes y cuyos precios internacionales son competitivos. En el caso de los países asiáticos fue la abundancia de mano de obra barata la que les permitió iniciar su industrialización, en el caso de los países latinoamericanos fue la abundancia de recursos naturales lo que permitió las primeras inserciones en el mercado internacional. Cobre en Chile, azúcar en Cuba, petróleo en Venezuela, México y Ecuador, café, minería y otros productos agrícolas en Brasil, agricultura y ganadería en Argentina y el Uruguay son los ejemplos más conocidos.
Si los países que tienen una ventaja comparativa estática como la abundancia de determinado factor natural fijan el tipo de cambio de equilibrio en función de ese recurso, el resto de las actividades, en nuestro caso la industria, verá limitado su crecimiento y expansión. La razón es que ese tipo de cambio de equilibrio “agrario” está por debajo del nivel en que sus costos podrían ser competitivos. El caso de los altos precios del petróleo llevó al desarrollo del concepto de “enfermedad holandesa” para describir el proceso que sufrió Holanda ante el descubrimiento de ingentes yacimientos petrolíferos en el Mar del Norte, cuyos altos precios y bajos costos hicieron atrasar el tipo de cambio logrando el equilibrio comercial con la exportación de ese combustible pero haciendo languidecer a las industrias existentes que con ese tipo de cambio no resistían la competencia externa.
Algo similar le ocurrió a las economías latinoamericanas basadas en el desarrollo de los recursos naturales, la base de nuestras propias enfermedades holandesas. El tipo de cambio necesario para el equilibrio comercial dificultaba el crecimiento industrial, por lo que en la etapa de la industrialización por sustitución de importaciones que en nuestros países se inició a mediados de los años treinta, se apeló a la suba de aranceles externos como vía de protección de las industrias nacientes. Por definición esas industrias que nacían protegidas, tenían un techo de productividad, ya que sus insumos importados eran caros por los derechos de importación, y la competencia era limitada en los ámbitos nacionales por bajo nivel de escala, lo que contribuyó al desarrollo concentrado de la industria, el bajo nivel de competencia y los altos precios que los consumidores tenían que pagar sin alternativas.
Sin embargo, y a pesar de estas y otras limitaciones, la industria fue el motor de crecimiento suplantando con su dinámica la atonía en que cayó la producción agropecuaria tras la gran crisis internacional de los treinta. Fue el vehículo de incorporación de las masas urbanas y las de origen campesino a las tareas industriales, y en un proceso no exento de grandes contradicciones crecieron tanto las industrias como el ingreso real de los trabajadores y del resto de la población.
Los cambios políticos y económicos de las últimas décadas a nivel mundial impusieron a todos los países la aceptación (parcial y a regañadientes) de las condiciones de la Organización Mundial de Comercio, que limitó seriamente la posibilidad de mantener altos derechos de importación. Al mismo tiempo sanciona a aquellos miembros que benefician con subsidios a sus exportaciones, excepto que sea para beneficiar a los agricultores de los países desarrollados. Pero tenemos la extraordinaria suerte que la OMC no ha legislado ni le corresponde hacerlo, sobre si un país, en vez de subsidiar a la industria para que sea más competitiva aplica derechos de exportación (retenciones) al otro sector, el agrario, como forma de reducir parte de esos costos industriales.
En paralelo se produce otro proceso que afectó (positivamente) a toda la región latinoamericana, pero más específicamente a Sudamérica. Es el surgimiento de las nuevas potencias capitalistas de China e India, que siguen los pasos – en cuanto a los factores utilizados para el crecimiento – de Japón, Corea y otros en años anteriores.
Si tuviésemos que caricaturizar la vía de desarrollo de los países asiáticos diríamos que lo único que no pueden fabricar es tierra, es decir recursos naturales, de los cuales los más demandados por ellos se encuentran abundantes en Sudamérica.
De allí surge para la Argentina entre otros, una demanda sin límites y a precios muy superiores a los de décadas anteriores, de productos que nuestro país produce en forma eficiente y con los menores costos del mundo, como es el caso de la agricultura pampeana.
En efecto, a la feracidad natural de la tierra se le añade el paquete tecnológico de mayor eficiencia actual, compuesto básicamente por las semillas transgénicas, la siembra directa, la utilización de herbicidas como el glifosato, la utilización masiva de abonos petroquímicos, organizaciones contratistas muy eficientes de siembra y recolección independientes de la propiedad de la tierra, la utilización de información satelital, etc. Conocemos de los excesos que estos cambios pueden producir, como desmontes, utilización del glifosato cerca de centros urbanos, etc. pero la base del excedente del comercio exterior argentino de la presente década no hubiese sido posible sin la revolución de los métodos de la producción que este paquete tecnológico supone, paquete que se terminó de desarrollar a mediados de los noventa (aprobación del uso de las semillas transgénicas por parte del entonces Secretario de Agricultura de Menem, Ing. Felipe Solá).

El nivel de los costos industriales en Argentina está determinado por el costo laboral promedio ya sea el costo laboral propio o el costo laboral incorporado en las cadenas de insumos y de los servicios utilizados. Por otro lado el principal elemento del costo laboral son los productos alimenticios de la zona pampeana (cerca del 50 % del gasto de los primeros deciles de ingresos). En nuestro país los principales bienes de exportación son bienes salario. Si se unifica el tipo de cambio agrario e industrial, con la desaparición de las retenciones, inmediatamente sube el costo laboral por la incidencia del aumento del costo de alimentación ya que los precios internos se igualarían a los internacionales (1). Si ese incremento se pasa a salarios el aumento general del costo laboral reduce las posibilidades competitivas de la industria. Si no pasase al salario se deprime el nivel general de la demanda interna ya que la población estaría utilizando mayores proporciones de sus ingresos para alimentación haciendo languidecer la demanda del resto de los bienes, dado el carácter inelástico de la demanda alimenticia (2).
Este modelo de cambios diferenciales favorables a la industria fue analizado brillantemente hace más de cuarenta años por el Ing. Marcelo Diamand, pero en aquella época de precios agrícolas deprimidos la alternativa de diferenciación eran los subsidios a la exportación industrial por medio de reintegros impositivos que superaban ampliamente la incidencia real de esos impuestos. El costo fiscal que ello implicaba limitó seriamente el grado y amplitud del desarrollo industrial de aquellos años.
A diferencia de aquella época, con precios agrícolas en sus promedios históricos reales más altos en las últimas décadas, la posibilidad del desarrollo de la industria se puede hacer fijando el precio de los alimentos internamente más bajos que el nivel internacional por medio de las retenciones y se mantiene para el resto de los sectores un tipo de cambio devaluado que beneficia a la industria (que dicho sea de paso paga el 5 % de retención por sus exportaciones). Con estos niveles de precios las retenciones actuales no son perjudiciales para el conjunto de las actividades del complejo agro-industrial, y la continua elevación del precio de la hectárea en las distintas zonas es una prueba irrefutable sobre ello al margen de los discursos en contrario.
Todas estas consideraciones son independientes del hecho que las retenciones, al margen de reducir el precio interno de los productos exportables, son una fuente de recursos para el Estado. Si el monto recaudado por las retenciones se esfumase, de todas maneras la diferencia de costos laborales, determinado por los menores precios de los alimentos, sería un importante elemento de promoción de la competitividad de las actividades industriales.
Pero esos ingresos son importantes. Las retenciones del 35 % de los ingresos de los porotos de soja, el 32 % de su aceite y los subproductos (pellets), el 23 % del trigo, el 20 % del maíz y la cebada o el 15 % de las carnes, entre otros, son un monto muy significativo en el conjunto de los ingresos fiscales del Estado Nacional. En efecto, el Presupuesto Nacional para 2010 preveía una recaudación total de $ 353.724 millones (28,28 % del PIB), dentro del cual las retenciones significaban $ 43.116 millones (3,45 % del PIB), o sea el 12,1 % del total recaudado. Es claro que muchos programas sociales no serían posibles sin la existencia de las retenciones. A nivel de la competitividad industrial su desaparición, además de cambiar el set de precios de la economía, significaría un incremento adicional de sus costos ya que subiría el precio de la energía y los combustibles en forma directa y el costo laboral por la incidencia de la desaparición de los subsidios al transporte y la energía en los hogares.
Ese excedente es la parte que el Estado Nacional toma de la renta agraria extraordinaria. La discusión se centró entonces en qué se hacía con ella, si era poco o mucho, si en la imposición se diferenciaban pequeños agricultores o los que estaban en localidades alejadas respecto de los grandes de la zona núcleo, pero esa discusión, que es muy importante y sobre cuyas derivaciones se puede escribir y discutir bastante (3), obscureció la razón estratégica de tener tipos de cambio diferenciados entre el sector más productivo, el agro, y el sector que puede desarrollar al país, la industria.
No es que el agro no haga crecer al país, sino que lo hace crecer pero sin desarrollarlo, sin darle la densidad al decir de Ferrer, la complejidad y madurez que sólo puede dar el desarrollo de las diversas ramas industriales.
El momento actual es de altos precios agrícolas y caída de los precios industriales por competencia asiática y depresión en los países centrales, y estas tendencias pueden prolongarse por algunos años. Sin embargo a largo plazo puede volver a producirse deterioro de los términos del intercambio a favor de los productos industriales y en contra de los agrarios. No es cuestión de apostar a la permanencia de las actuales circunstancias, y que nos vuelva a pasar lo de los años treinta cuando la caída de la actividad agraria cerró un ciclo en que había apostado todo a una sola bala.
Tampoco hay que olvidar que el desarrollo industrial, además de cimentar la independencia económica y posibilitar el mejor nivel de vida de la población, trae como beneficio al país el grado de ocupación de la mano de obra que no se puede dar con las actividades agrícolas, sobre todo las de la zona extensiva. Al país de crecimiento basado exclusivamente en la actividad agropecuaria y sus derivados le sobrarían millones de argentinos, sería más injusto y desigual.

Conclusiones

No entraremos en los detalles de implementación, zonificación, tamaño de explotaciones y otras particularidades que puedan obscurecer lo principal: todo país tiene el derecho y la obligación de plantearse políticas económicas que desplieguen al máximo las posibilidades de sus fuerzas productivas, utilizando aquellos factores de renta extraordinaria que pueda tener algún sector de la actividad económica para el desarrollo del conjunto. En el caso de la importante renta agraria esos excedentes se pueden usar para la promoción tanto el desarrollo industrial como para atender las necesidades de los sectores más postergados.
Lo importante de utilizar esta herramienta como promoción del aumento de la productividad y competitividad industrial es que sólo el mejoramiento acelerado de la producción en general y de la industria en particular puede garantizar acercarnos al pleno empleo. El mejor plan de empleo para los desocupados no deben ser los necesarios apoyos temporarios a situaciones puntuales de marginación y desamparo. Tiene que ser el empleo estable, en blanco y con salarios dignos, que no son posibles con una industria vacilante o declinante (4). Sin este tipo de crecimiento real no hay plan social ni fondos para financiarlo que pueda resolver la herencia de años de política neoliberal que devastaron al país. Fue la creación de millones de empleos en los últimos años lo que permitió el mejoramiento real de las condiciones de vida del grueso de la población del país. La profundización de estas políticas debe ayudar a resolver los ingentes problemas que aún quedan.

Jorge Molinero

(1) El hecho que la soja se exporte en un 95 % no cambia la ecuación, dado que de su utilización de la tierra cultivable, por su importancia, deriva el valor de éstas, determinando las rentas agrarias. En la década pasada el precio de la hectárea en la zona núcleo era inferior a los u$s 6.000, y actualmente supera los u$s 12.000, fijando el costo más importante de todos en la determinación del precio de los alimentos que sobre la zona pampeana se producen.
(2) Cabe destacar que sin retenciones el exceso de renta en el complejo agro-industrial- exportador, una vez que se hubieron realizado las inversiones para mantener o agrandar la capacidad operativa, en una proporción no desdeñable se gasta improductivamente o engrosa la fuga de divisas, de la cual es la fuente más permanente.
(3) El principal insumo de la agricultura es la tierra, por la que sus propietarios perciben una renta, mientras que en su condición de empresarios sobre esa tierra (propia o alquilada) reciben la ganancia en función del capital utilizado para poner en movimiento el paquete tecnológico más avanzado del mundo sobre tierras de alta feracidad. Si los precios internacionales se sitúan en el costo marginal del productor más caro, la diferencia con los costos argentinos son una renta extraordinaria de la que se aprovechan no solo los propietarios agrícolas como rentistas, sino que se derrama a la propia actividad empresarial de siembra, cuidados, recolección, etc, propia o por contratación (siendo el pool una de ella), así como al resto del complejo agro industrial como los fabricantes de semillas (Monsanto y sus regalías), de glifosato, de fertilizantes, plantas procesadoras (crushing de la soja por ejemplo) ingenieros agrónomos, corredores de comercio, fabricantes de equipamiento agrícola y silos, acopiadores, transportistas y por supuesto el pequeño grupo de exportadores. La forma en que esta renta extraordinaria se reparte entre los distintos actores del complejo agro-industrial-exportador depende de muchos factores como situaciones oligopólicas (caso de la propiedad de las semillas transgénicas por Monsanto, los pocos grupos exportadores, los pocos productores de aceite y pellets, etc.) y por las diferencias de capacidad negociadora de los grandes terratenientes versus los pequeños y medianos. Deliberadamente la prensa opositora (vaya redundancia de conceptos) focalizó todo el show del movimiento agrario en los agricultores pequeños y medianos que estaban al borde de las rutas, cuya situación era menos beneficiosa (nunca deficitaria) que el del resto de los grandes productores y menos aún que los otros socios ocultos mencionados. La miopía del gobierno en 2008 fue no diferenciar a unos de otros y lograr que un sector que objetivamente podría haber continuado su apoyo al gobierno se uniera a la reacción más extrema y fuera su mascarón de proa más visible.
(4) Se necesitan dos para bailar el tango. El gobierno puede diseñar las políticas económicas para que la industria crezca y al tiempo que los nuevos bienes mejoran la calidad de vida de la población dan ocupación a la masa del pueblo. Pero la burguesía industrial se ha mostrado vacilante ante este proceso, con altas tasas de inversión en los momentos de alza por un lado y al mismo tiempo una desconfianza creciente en un modelo de peronismo, el kirchnerismo, que la quiere incluir como socia sin lograrlo. El análisis de este tema excede ampliamente estos comentarios.