Desde España: Ceremonia de vasallaje. Sobre poder financiero y soberanía democrática
Jónatham F. Moriche
La voz de millones de trabajadores y trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas de este país, quedaba así depreciada por debajo de los susurros amenazantes de un puñado de hienas de cuello blanco
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Pocas imágenes tan expresivas del sombrío pasaje histórico que atravesamos como las publicadas hace pocos días para dejar constancia del encuentro mantenido en Nueva York por el presidente José Luís Rodríguez Zapatero con una selecta representación del poder financiero global. Entre los invitados a la reunión, celebrada en la residencia del embajador español ante la o¬nU, directivos del más alto rango de Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Soros y otras grandes firmas de Wall Street, hasta la malhadada cifra de 13.
Durante la pasada primavera, la economía española fue objeto de un ataque concertado por algunos de los actores más poderosos del mercado financiero global, en el marco de una ofensiva más amplia contra la moneda europea que afectó sucesivamente a Grecia, España, Portugal, Irlanda... (operación minuciosamente planificada, cuyos principios fueron establecidos en una reunión a la que el Wall Street Journal puso incluso fecha y escenario: el 8 de febrero de 2010, en el número 767 de la Tercera Avenida neoyorquina, sede de una filial de Goldman Sachs). La estrategia de cerco de los especuladores y sus aliados contra España fue implacable. Las agencias de calificación de riesgos (un sector monopolizado por tres grandes firmas, Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s, que evalúan, de un modo supuestamente independiente, objetivo y veraz, la situación económica) comenzaron a rebajar su valoración de la fiabilidad y la rentabilidad de nuestra economía en general y nuestra deuda pública en particular. Grandes medios de comunicación económica (como el Financial Times o el Wall Street Journal, que guían el comportamiento de millones de pequeños y grandes inversores de todo el mundo) publicaron análisis y reportajes estremecedoramente sombríos sobre la situación económica española y las políticas económicas del gobierno socialista. Mensajes que se repitieron en los informes de las grandes instituciones económicas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo. Una vez escuchado el trompetín de cacería, los grandes fondos especulativos se lanzaron a apostar a la baja por la deuda pública española. En menos de un mes, el coste para España de financiar su deuda pública pasaba del 0’9% al 1’6%: en un momento de fuerte bajamar de las arcas públicas y asfixiado por el coste de las medidas anticrisis, el Estado español vio severamente afectada su capacidad para financiar sus inversiones y gastos captando crédito en el mercado internacional. Como efecto colateral, los principales valores de la Bolsa española sufrieron una dura depreciación.
En aquel momento, Rodríguez Zapatero lanzó duras críticas contra los “tiburones” del mercado financiero y anunció su disposición a impulsar regulaciones internacionales más severas frente a las actividades especulativas. El ministro de Fomento José Blanco declaró que “nada de lo que está ocurriendo, incluidos los editoriales de periódicos extranjeros, es casual o inocente". Incluso se anunció que el Centro Nacional de Inteligencia (al igual que los servicios secretos griegos) había iniciado una investigación para esclarecer los ángulos más oscuros de la operación. Apenas medio año después, de tal investigación nada más se supo, todas aquellas hipotéticas regulaciones han quedado en buenas intenciones y papel mojado, y Rodríguez Zapatero comparte apaciblemente mesa y mantel con los mismos tiburones que atraparon a España entre sus fauces. ¿Qué ha sucedido entre una escena y la otra? Recorte salarial de los trabajadores de la función pública. Reforma laboral de una dureza sin precedentes en nuestra historia democrática. Congelación de los fondos destinados a la Ley de Dependencia y la Ayuda Internacional al Desarrollo. Anuncio de una inminente reforma del sistema de pensiones. En conjunto, y siguiendo el guión ya ensayado con éxito contra Grecia, la rendición incondicional del gobierno español ante los especuladores, el secuestro de nuestra soberanía económica y la imposición a nuestro gobierno electo y nuestras instituciones democráticas de un programa económico neoliberal directamente dictado desde la esfera financiera internacional.
Mientras Rodríguez Zapatero se sometía en Nueva York a esta humillante ceremonia de vasallaje ante los nuevos amos del mundo, una jornada de Huelga General se fraguaba en España, convocada por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, y apoyada, de modo más o menos crítico, por el conjunto de la izquierda sindical (CGT, CNT...), política (Izquierda Unida, Izquierda Anticapitalista...) y social (Ecologistas en Acción, ATTAC...) del país. Pero en Nueva York, el presidente aseguró a los depredadores financieros que, fuera cual fuera el seguimiento de la Huelga, los planes de ajuste estructural seguirían adelante. La voz de millones de trabajadores y trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas de este país, quedaba así depreciada por debajo de los susurros amenazantes de un puñado de hienas de cuello blanco. “El predominio otorgado a los mercados financieros es una amenaza para el futuro de las democracias y el Estado de Bienestar en los países de la eurozona”, ha escrito Juan Hernández Vigueras. Una amenaza ya consumada, de la que esta penosa fotografía de Rodríguez Zapatero en Nueva York es un sangrante recordatorio, además de una urgente llamada a la acción.
Vegas Altas del Guadiana, Extremadura Sur, septiembre de 2010
[Publicado originalmente en el nº 7 (septiembre de 2010) de Ambroz Información. Edición digital en www.radiohervas.es]
Soja, ambiente, intereses
Por Mempo Giardinelli
En las últimas cuatro semanas recibí decenas, quizá centenares de mails a propósito del intercambio con Gustavo Grobocopatel.
Me han escrito altos directivos de la Sociedad Rural Argentina, socios de la Federación Agraria, ingenieros agrónomos de la pampa santafesina y la bonaerense, productores de Rafaela y Reconquista, de General Villegas y Córdoba, de Pergamino y Santiago del Estero, de Formosa y de Salta, productores arroceros de La Leonesa en mi provincia, así como del interior de Corrientes, e incluso de Rio Grande do Sul, en Brasil.
Fue una lluvia impresionante de mensajes a favor o en contra de la producción extensiva de soja. Los que firman son científicos del Conicet; genetistas de por lo menos cuatro universidades nacionales; colectivos de productores; campesinos desplazados; economistas del Plan Fénix y de otras instituciones económicas, culturales y agrarias de medio país; filósofos, escritores, lectores de este diario y etc., etc. Salvo un par de idiotas ofuscados, la inmensa mayoría de los mails fueron de tono respetuoso, tolerante y aportador de información en favor o en contra de lo expresado en mis notas. Fue un ejercicio hermoso pero tan masivo que, por eso mismo, me veo impedido de responder a uno por uno.
Lo que sí me queda es la sensación clarísima de que involuntariamente he destapado una caja de Pandora. Y no me parece mal si la discusión de los males o bienes emergentes le sirve a la nación, pero yo aquí paro. Prefiero no seguir polemizando con quienes, en general, me dicen –y siguen diciendo– que estoy equivocado o mal informado, pero sin rebatir mis argumentos. Que acaso no son gran cosa, pero sí son firmes y los sintetizo por última vez:
a) la soja transgénica es peligrosa hasta tanto no se demuestre lo contrario y no debería permitirse en la Argentina (como lo hacen casi todos los países productores);
b) el glifosato, si bien parece que es menos peligroso que el viejo DDT, no por eso es inocente y menos si está bañando la friolera de 22 millones de hectáreas de territorio nacional.
En mi primera nota hablé de “daños colaterales” y la verdad es que los sigo viendo. Donde había bosques naturales no los hay más. Decenas de miles de campesinos fueron y son forzados a abandonar sus tierras para engrosar villas miseria, no hay emprendimiento privado que los contenga y lo que hace el Estado no alcanza. Cada vez veo más escuelas rurales semivacías, y cómo se reclutan chicos para banderilleros de aviones fumigadores. El año pasado se conoció el caso de San Jorge, Santa Fe, donde además he escuchado testimonios de primera mano. Ahora me llega un mail que informa que a comienzos de septiembre “un equipo de pulverización terrestre se aprestaba a pulverizar los cultivos de soja ubicados en el predio que linda, calle de por medio, con la Escuela del Lote 7, en Colonias Unidas, Chaco. Los vecinos del lugar, que en años anteriores fueron testigos de estas prácticas y que advierten serios problemas de salud en sus niños, impidieron que esta vez se lleve a cabo la aplicación apostándose frente al equipo pulverizador evitando que pueda seguir circulando”, luego de lo cual hicieron la denuncia solicitando que no se “fumigue” más en cercanías de la escuela ni de sus hogares.
Y en la web leo, al cierre, que si hoy en la Argentina se obtienen 30 kilos de miel por colmena, hace 20 años se obtenían hasta 80 kilos en la cuenca lechera de Córdoba y Santa Fe. El cambio obedece básicamente a que en lugar de pasturas para alimentar vacas lecheras, ahora se siembra soja. La producción argentina en la cosecha 2008/2009 fue de 57 mil toneladas, de las cuales se exportó el 95 por ciento. Pero se producían 100 mil toneladas hace 10 años.
Estos también son daños colaterales de una producción que aunque deja divisas al país, no se ha demostrado que no es peligrosa, y además está descontrolada.
Quisiera que se entienda este artículo como una respuesta cordial a cada uno/una de quienes me escribieron. Seguramente hay muchos/as argentinos que saben mucho más que yo de este asunto. Lo mío es la literatura, es cierto, pero también me incumbe como ciudadano el cuidado de un país que tenía una tierra que pensábamos bendita y los acuíferos más impolutos del mundo. Hoy sabemos que eso ya no es así, que la soja transgénica y el glifosato son parte del problema (y no de la solución) y que nadie puede probar lo contrario.
Están muy bien el desarrollo, los emprendimientos y los intereses empresarios que benefician al país. Ganamos todos. Pero cuando el rumbo del de-sarrollo es decidido por el interés de unos pocos, que además pueden hacer que las decisiones políticas se subordinen a ellos, los que perdemos también somos todos.
Hacen falta controles estatales firmes y vigorosos, y legislaciones fuertemente preservacionistas, tanto para la soja y el glifosato como para la represa del Ayuí o la gravísima cuestión de los glaciares, hoy en manos de empresas mineras y gobernadores como el señor Gioja de San Juan y otros que parecen no ver más allá de sus narices. O de sus bolsillos, quién sabe.
Es claro que hay que distinguir conductas y grados de sensibilidad, porque no todos son lo mismo, ni en la soja ni en ninguna otra actividad. Pero también es cierto que el medio ambiente es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de quienes suelen tener más intereses que conciencia social.
Soja transgénica y glifosato, ésa es la cuestión
Por Mempo Giardinelli
Estimado Gustavo,
También agradezco el afecto contenido en tu carta, que celebro hayas hecho pública. Me parece que ambos intentamos no tener razón, sino claridad para ayudar a otros a entender un aspecto del presente. Eso exige un debate público, no privado. Así nos lo han pedido varios amigos.
Ante todo, quiero precisar nuevamente el argumento medular de mi carta anterior: que no es suficiente pensar una “estrategia de desarrollo con una visión de largo plazo” a cualquier precio. No cuestioné tu rol empresario ni tu visión de la economía mundial. Lo que cuestioné y me preocupa, y quiero discutirlo, es el daño –para mí palpable y enorme– que produce el abuso de agroquímicos vinculados con la soja. Expuse lo visible: una geografía degradada a partir de plantaciones a fuerza de glifosatos y otros venenos. Y enumeré los “daños colaterales” –despoblación, indigencia, contaminación–, los cuales son negados o minimizados sistemáticamente por productores, empresarios y corporaciones del sector.
Ese y no otro fue mi cuestionamiento, expresado antes desde mi ignorancia que desde mis prejuicios. Y eso porque no los tengo ni respondo a dogmatismo alguno. Apenas tengo curiosidad y ojos y corazón para ver. Por lo tanto, no cuestiono tus intereses ni los de nadie que trabaja y gana dinero. Saludo el éxito bien habido, la fortuna transparente y sobre todo el empeño de los emprendedores. Mi padre fue uno de ellos, seco pero decente y tenaz.
Con tu permiso, entonces, voy a discutir algunas de tus afirmaciones.
1) Decís que “Falta un Estado de calidad” y proponés “un ordenamiento territorial, con organismos de control, con justicia”.
Digo yo: ¿No es justamente eso lo que intenta el Estado ahora, al proponer un Plan Agropecuario Nacional a 10 años, y una ley de arrendamiento que incluye un principio de ordenamiento territorial? ¿Es razonable oponerse sólo porque son propuestas K? Ignoro tu posición al respecto, pero la del llamado “campo” me parece muy contradictoria. Con el debate por la “125” pasó lo mismo, y ahora muchos se dan cuenta de que les salió el tiro por la culata. Por lo tanto, yo prefiero decir que los problemas deberían ser resueltos con un ordenamiento legal muy estricto en materia de soja transgénica y de agroquímicos. Y explico por qué.
Hacia el final de tu carta decís que “gracias a la siembra directa no estamos desertificando más, el glifosato es el menos malo de los herbicidas y no pasa a las napas porque se destruye al tocar el suelo”.
Pero esto no es así, porque son muchos los millones de hectáreas que se deforestaron para sembrar soja y tienen destino de desierto ya que las rotaciones son difíciles. Y cuando deforestan para ampliar el área sembrada inevitablemente desertifican, al generar “cambio climático” (ciclos de sequías e inundaciones, como padecemos en el Chaco).
En cuanto al glifosato, no es inocuo. Según autorizados genetistas y científicos que he consultado (entre ellos un reputado investigador en Medio Ambiente y Salud del Hospital Italiano de Rosario, que hace veinte años trabaja en esto) el problema son los agregados, empezando por los detergentes para penetrar la tierra, que acompañan siempre la mezcla y que son disruptores orgánicos poderosos, como el viejo DDT. Además, como las malezas se vuelven cada vez más resistentes, le agregan otros agroquímicos –endosulfan, clorpirifo o el 24D–, la mayoría de los cuales están prohibidos en los países serios. En Francia e Inglaterra el cultivo extensivo de soja transgénica está penado por la ley. Y en otras sociedades desarrolladas no se permite bajo ningún motivo el uso de agroquímicos.
Entonces no es posible presumir inocencia para el glifosato, producto del que además en la Argentina se abusa, como se abusa de la soja transgénica, que tiene agregado un gen que la hace resistente al glifosato, que es el herbicida que mata todo, excepto a ella. Y la verdad es que nadie sabe cómo actúa este gen en un organismo vegetal, animal o humano. Y cuando esto sucede, en ciencia se aplica lo que se llama un “principio de precaución” hasta que se sepa qué pasa con las otras especies que interactúan con este gen. La FDA (EE.UU.) lo está experimentando en animales, pero no en humanos. De ahí que muchos tenemos la fuerte sospecha de que millones de argentinos indirectamente somos quizás conejitos de Indias.
2) Vos decís: “Sin soja este proceso se hubiera acelerado” y que la degradación data en el Chaco “de mucho tiempo atrás, antes de la soja”.
Es cierto, todos los problemas son anteriores, pero eso no autoriza a dar la bienvenida a la soja a cualquier precio. Es lo que propuse discutir. No para tener razón, repito. Sí para saber y que sepamos todos. Porque si no va a resultar que la soja no es culpable de nada. Y eso no es verdad.
También afirmás que “la agricultura sin campesinos es parte de un nuevo paradigma vinculado con trasformaciones en la sociedad”, viene “desde la década del ‘40, no está asociado a una ideología y no afecta sólo al campo; también hay muchas industrias con menos obreros”.
A mí en cambio me parece que las ideologías siempre juegan un papel y con los intereses mueven al mundo. Y los paradigmas son cambiantes y no siempre se erigen en favor del bienestar de los pueblos. La transformación de los últimos 40 a 60 años es producto de la tecnología, los costos de la mano de obra, las luchas sociales por la redistribución de las ganancias y varios etcéteras. No acuerdo con que la pérdida de mano de obra campesina no es tal porque pasa a los sectores de servicios.
Pero además, esa idea del nuevo paradigma agricultor me parece cuestionable si, casi inexorablemnete, deja sin trabajo a la gente y destruye familias, tradiciones culturales, apegos a formas de trabajar. No propongo que volvamos al arado de manceras, pero la modernidad desalmada tampoco. Y menos cuando hay minorías demasiado minoritarias que se enriquecen tanto mientras las mayorías cada vez más mayoritarias se empobrecen hasta niveles de indigencia.
Es por esto que el crecimiento y el desarrollo, para mí, no son una cuestión económica, sino cultural. Si el nuevo paradigma agricultor destruye la cultura de los pueblos y a sus pobladores, es un paradigma negativo.
3) “La movilidad social era mucho más lenta, para ser agricultor tenías que ser hijo de... Hoy los emprendedores, no importa su origen, pueden llegar a ser productores...”
Aquí tengo otro desacuerdo, Gustavo, porque en la Argentina de hoy, a 15.000 dólares la hectárea, la concentración es asombrosa: hay media docena de grandes agroindustrias, mientras 200.000 productores familiares tienen el 15 por ciento de la tierra. Y a mí sí me importa el origen de quien emprende, porque ese origen me permite conocer sus intenciones, su valoración del esfuerzo ajeno y su sensibilidad social.
4) Mencionás luego a los “pequeños productores que estaban a punto de perder sus campos en manos de los bancos o de los usureros locales. Este nuevo sistema agrícola de servicios ha hecho mucho más por ellos que el Estado... “
Pero esto no es verdad. Fue el Estado el que condonó deudas; fue el Banco Nación el que refinanció a muy bajo costo y apoyó de múltiples maneras a los que perdían sus propiedades. Me parece injusto atribuirle semejantes méritos al nuevo sistema.
5) “En Europa, las napas están contaminadas por siglos de agricultura irracional; felizmente en la Argentina no tenemos esos problemas...”
En Europa los pueblos consumen agua envasada y purificada con tratamientos muy estrictos, Gustavo. En la Argentina el 80 o 90 por ciento de la población consume aguas contaminadas que son dudosamente tratadas. Y como se cortan bosques enteros y el glifosato está descontrolado, la contaminación se extiende a las nuevas áreas sembradas.
6) Decís que “la desocupación es menor a la que hubiera habido sin soja” y que falta industrializar la soja en origen para “dar más trabajo”.
Esto también es discutible. Hay muchísimos cultivos sin mano de obra, y el 70 por ciento de los que trabajan están en negro. Sobran datos sobre esto. Pero además aquí se dice que no es posible industrializar porque la demanda (es decir, China) la requiere tal como se exporta: puro poroto. Lo que es una condena adicional. Un amigo empresario al frente de una pyme me dice: “De aquí sale tabla aserrada pero nada de muebles. Yo visité la región de La Marca, en Italia, y en una zona que no es más grande que Tucumán hay 5000 fábricas de muebles, y exportan 20.000 millones de euros al año. ¡Todo con madera importada!” Eso es lo que hace China: nos compra el poroto, nuestra tierra queda exhausta y el agua contaminada, y la industrialización la hacen ellos.
Finalmente, imagino que a vos te han reprochado haber entrado en este debate. A mí también me pasa. Pero sostengo que si algo vale de este intercambio es que ni vos ni yo escribimos para la tribuna, sino para saber.
Y me consta que hay empresarios tanto o más poderosos que vos, que se esconden todo el tiempo; procuran que nadie los conozca y algunos convierten sus empresas en asociaciones ilícitas. Por eso te respeto: porque vos ponés el pecho y la cara, y tenés ideas, y aunque tu modelo productivo puede no convencerme yo valoro tu perfil de empresario y me encantaría que la Argentina tuviera muchos más como vos.
Un abrazo.
Carta abierta a Grobocopatel
Por Aldo Ferrer *
A raíz de la polémica que vienen sosteniendo a través de Página/12 el escritor Mempo Giardinelli y el empresario sojero Gustavo Grobocopatel sobre la cuestión social del agro y su responsabilidad en la protección del medio ambiente, empiezan a surgir otras voces que se suman al debate. Aquí, la del economista Aldo Ferrer.
Estimado Gustavo:
Recordarás que, hace algún tiempo, con nuestro común amigo Bernardo Kosakoff, publicamos un artículo, en co-autoría, sobre el papel de la cadena agroindustrial en la economía y la sociedad argentinas. En estos días he leído un intercambio de cartas abiertas que mantuviste, con Mempo Giardinelli, sobre las mismas cuestiones y no resisto la tentación de entrometerme para señalar algunos puntos. El intercambio es muy rico y esclarecedor sobre cuestiones fundamentales, como la protección del medio ambiente y los recursos naturales y la cuestión social en el agro. Al mismo tiempo, creo que el análisis debe ubicarse en el contexto más amplio del desarrollo de toda la economía nacional en su inmenso territorio y su posicionamiento en el orden mundial. Concentraré mi comentario en la cuestión de las retenciones, que es crucial en el tratamiento del tema.
Decís en tu carta: “Las retenciones son anti-Chaco, anti-desarrollo rural, anti-equidad”. No es así, por múltiples razones. No se puede hablar de retenciones sin referirlas al tipo de cambio. Es como tratar de contar la historia de Hamlet sin el príncipe de Dinamarca. Desvincular las retenciones del tipo de cambio no es sólo una insuficiencia de tu afirmación, sino una falta generalizada en todo el debate sobre la materia. La consecuencia es que el problema se reduce a su impacto en la distribución del ingreso. En mi intervención en las comisiones de Agricultura y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, durante el tratamiento de la resolución 125, destaqué que el debate se limita a ese aspecto distributivo cuando, en realidad, lo que está en juego es la estructura productiva y el desarrollo económico.
Las retenciones tienen un efecto fiscal y desvinculan los precios internos de los alimentos exportables de los precios externos. Pero estos objetivos podrían alcanzarse, en principio, por otros medios. Para el único fin para el cual las retenciones son insustituibles es para establecer tipos de cambio diferenciales, que es lo que realmente importa para la competitividad de toda la producción interna sujeta a la competencia internacional, en toda la amplitud del territorio nacional y sus regiones.
La necesidad de las retenciones surge del hecho de que los precios de los productos agropecuarios respecto de las manufacturas industriales son distintos de los precios relativos de los mismos bienes en el mercado mundial. Es decir, las retenciones permiten resolver el hecho de que, por ejemplo, la producción de soja es internacionalmente competitiva con un tipo de cambio, digamos, de dos pesos por dólar y, la de maquinaria agrícola, de cuatro. Los tipos de cambio “diferenciales” reflejan las condiciones de rentabilidad de la producción primaria y las manufacturas industriales. La brecha, es decir, las retenciones, no es estrictamente un impuesto sobre la producción primaria, sino un instrumento de la política económica. El mismo genera un ingreso fiscal cuya aplicación debe resolverse en el presupuesto nacional, conforme al trámite constitucional de su aprobación y ejecución.
La asimetría entre los precios relativos internos e internacionales no es un problema exclusivamente argentino. La causa radica en razones propias de cada realidad nacional. Entre ellas, los recursos naturales, nivel tecnológico, productividad y organización de los mercados. En la Argentina inciden, entre otros factores, la excepcional dotación de los recursos naturales y los factores que históricamente condicionaron el desarrollo del agro y la industria. Todos los países utilizan un arsenal de instrumentos (aranceles, subsidios, tipos de cambio diferenciales, etc.) para “administrar” el impacto de los precios internacionales sobre las realidades internas, con vistas a defender los intereses “nacionales”. En la Unión Europea, por ejemplo, sucede a la inversa que en nuestro país: las manufacturas industriales son relativamente más baratas que los productos agropecuarios. En consecuencia, se subsidia la producción agropecuaria, lo cual insume la mayor parte de los recursos comunitarios. Si no lo hiciera, desaparecería la actividad rural bajo el impacto de las importaciones, situación inadmisible por razones, entre otras, de seguridad alimentaria y equilibrio social.
¿Cuáles serían las consecuencias de unificar el tipo de cambio para eliminar las retenciones? En nuestro ejemplo, si el tipo de cambio fuera el mismo, dos o cuatro por dólar, tanto para la soja como para la maquinaria agrícola, en el primer caso (dos por dólar) desaparecerían la producción de la segunda y gran parte de la industria manufacturera, sustituida por importaciones. Las consecuencias serían un desempleo masivo, aumento de importaciones, déficit en el comercio internacional, aumento inicial de la deuda externa y, finalmente, el colapso del sistema. En el segundo caso (cuatro por dólar), se produciría una extraordinaria transferencia de ingresos a la producción primaria, el aumento de los precios internos y el desborde inflacionario. En las palabras de Marcelo Diamand, en la actualidad, dada nuestra “estructura productiva desequilibrada”, es inviable la unificación del tipo de cambio para toda la producción sujeta a la competencia internacional. Unificar el tipo de cambio traslada los precios relativos internos a los internacionales, con lo cual el campo se convierte en un apéndice del mercado mundial en vez del rol que le corresponde como sector fundamental de un sistema económico nacional, condición necesaria del desarrollo de cualquier país.
¿Por qué es preciso, simultáneamente, tener mucho campo, mucha industria y mucho desarrollo regional? ¿Por qué es necesaria la rentabilidad de toda la producción sujeta a la competencia internacional? Por la sencilla razón de que la cadena agroindustrial (incluyendo todos sus insumos de bienes y servicios provenientes del resto de la economía nacional) genera 1/3 del empleo y, por lo tanto, es inviable una economía, próspera de pleno empleo, limitada a su producción primaria, por mayor que sea la agregación de valor y tecnología al complejo agroindustrial. En otros términos, no es viable una economía nacional reducida a ser el “granero” ni, tampoco, la “góndola” del mundo. Sólo con esto nos sobra la mitad de la población. Por otra parte, la ciencia y la tecnología son el motor del desarrollo de las sociedades modernas y, para desplegarlas, es indispensable una estructura productiva diversificada y compleja que incluya, desde la producción primaria con alto valor agregado, a las manufacturas que son portadoras de los conocimientos de frontera.
Si se alcanza el convencimiento compartido sobre la estructura productiva necesaria y posible, se abandona la discusión de las retenciones como un problema reducido a la distribución del ingreso. Se plantean entonces dos cuestiones centrales. Por una parte, el tipo de cambio que maximice la competitividad de toda la producción nacional sujeta a la competencia internacional. Es decir, el tipo de cambio de equilibrio desarrollista. Por la otra, el nivel de las retenciones compatibles con la rentabilidad de la producción primaria e industrial, tomando en cuenta los cambios permanentes en las condiciones determinantes de costos y otras variables relevantes. Las retenciones deben ser “flexibles” y tomar nota de tales cambios. Al mismo tiempo, deben aplicarse de la manera más sencilla posible. Por ejemplo, la comprensible demanda del ruralismo integrado por pequeños y medianos productores de recibir un trato preferente es, probablemente, difícil de cumplir con retenciones distintas conforme al tamaño de las explotaciones o la distancia a los puertos y centros de consumo. Otros medios pueden ser utilizados con más eficacia para los mismos fines.
Es necesario referir los problemas señalados en el intercambio de cartas comentado al desarrollo nacional. Vale decir, el pleno despliegue del potencial, la gobernabilidad, la libertad de maniobra en un mundo inestable, la inclusión social, factores todos que, en definitiva, son esenciales para la prosperidad del campo, de la industria, las regiones, el capital y el trabajo, y para proteger la naturaleza y el medio ambiente. Para contribuir a tal fin es indispensable aclarar, de una vez por todas, qué son y para qué sirven las retenciones.
* Economista del Plan Fénix.
Es peligros que los mercados fijen la agenda política
Por Joseph Stiglitz:
El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz critica el papel que están desempeñando los organismos financieros en la crisis europea.
El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz se perfila como el último baluarte de la economía progresista mundial. Miembro del Comité Científico de la Fundación Ideas, creada para servir de think tank del oficialista Partido Socialista Español, visitó Madrid para promocionar la adopción de una nueva tasa financiera. A pesar de las críticas de la prensa local y los partidos opositores españoles, Stiglitz defiende en esta entrevista la reciente estrategia económica que adoptó el jefe de Estado José Luis Rodríguez Zapatero e, incluso, lo anima a subir más algunos impuestos. Por otro lado, en líneas generales, Stiglitz no se muestra muy optimista a la hora de vaticinar el rumbo de la economía global en el corto plazo. “Que muchos países adopten al unísono planes de austeridad hará que el crecimiento económico baje y, por lo tanto, terminará mitigando los magros resultados alcanzados. Mi visión es que el crecimiento en Europa y en Estados Unidos será débil, lo que significa que las mejoras en el déficit serán pequeñas y las posibilidades de que se ataque a otro país serán mayores”, advierte con un tono penumbroso el multipremiado economista.
–¿Se podía prever lo que iba a pasar con la deuda española hace seis meses?
–En septiembre ya se podía predecir que el denominado doble déficit iba a ser muy abultado. Pero el mercado decide fijarse en una cosa en cada momento. La diferencia es que hoy nos hemos dado cuenta de la irracionalidad y la impredecibilidad de los mercados. El foco se ha puesto en países como Grecia o Italia, que tienen una deuda muy alta respecto de su PIB, mientras que a España se le presume una mejor política fiscal anterior a la crisis. Sin embargo, la crisis ha hecho que los mercados no se fijen en el modelo en conjunto, sino que elijan el peor escenario en cada país.
–¿Se puede decir que los mercados exageraron las medidas de ajuste exigidas a España?
–Sí, por supuesto, han exagerado. Porque sólo se fijaron en la tasa de desocupación y creen que, por culpa de este alto desempleo, el terreno para el ajuste es menor. Italia tiene una deuda mucho más elevada, pero los mercados creen que tiene más margen de maniobra en el ámbito socioeconómico. Esta es una afirmación delicada porque hay un riesgo de que en un futuro no muy lejano, el mercado gire su mirada a Italia o a cualquier otro país.
–¿No es peligroso que los mercados fijen la agenda política?
–Por supuesto. Esto lo saben muy bien los países en desarrollo, que viven bajo el terror de la irracionalidad de los mercados. Observe lo grande que es Brasil y los mercados ya han dictado el resultado de dos elecciones generales. La cuestión está en distinguir entre la reacción de los mercados a corto plazo, que entran y salen todo el rato, y la decepción auténtica que se traslada a la inversión real. Los mismos mercados que reclaman ahora su dinero animaban hace poco a los gobiernos a endeudarse. Es como en mi país, en que se animó a los pobres a endeudarse y ahora la gente va a estar el resto de su vida dándole un 25 por ciento de sus ingresos a los bancos. Es impostergable crear un marco regulatorio de la economía global.
–La decisión en solitario de Alemania sobre las ventas a corto plazo, ¿tiene algún resultado práctico?
–Dos años después del inicio de la crisis, la coordinación global no funciona, así que es comprensible que haya impaciencia. La responsabilidad de cada país es proteger a sus ciudadanos y su economía. Pero hay algunas áreas en las que en solitario no hay beneficios. Si prohíbes las ventas a corto plazo en un país, puedes ir a otro. En realidad es un posicionamiento político, no económico. Es decir: “No queremos ser parte de esto”. Los países decidieron que no querían dinero de la droga y que no iban a admitir que se lavara esos ingresos en sus economías. Porque se trata de decidir qué tipo de mercado quieres.
–¿Serán suficientes las medidas tomadas para proteger el euro?
–El fondo de solidaridad es una buena idea, sobre todo porque viene con los paquetes de ajuste. Sin embargo, el que muchos países adopten al unísono planes de austeridad hará que el crecimiento económico baje, lo que terminará mitigando los resultados. Mi visión es que el crecimiento en Europa y en Estados Unidos será débil, lo que significa que las mejoras en el déficit serán pequeñas y las posibilidades de que se ataque a otro país serán mayores.
–¡Uf!
–Me gustaría decir que habrá una fuerte recuperación, pero no lo creo.
–¿A dónde llevarán estas medidas a España?
–El gobierno trata de acompañar las medidas de ajuste con otras destinadas a promocionar el crecimiento. Algunas tendrán efecto a medio plazo y otras a largo. La reforma laboral, la financiera, la de las energías limpias, se tienen que tomar como un programa en su conjunto, más allá de las medidas de ajuste que ven los mercados y de las que hablan los medios. Cuando lo mirás como un todo, ves que puede tener éxito y compensar el plan de ajuste. Eso sí, la recuperación de Alemania y de Europa será al final lo que más efecto tenga en el crecimiento y en reducir el desempleo y el déficit.
–¿La decisión de recortar los sueldos de los funcionarios y las pensiones es adecuada?
–Es un juicio muy complicado. Si no tomas ciertas medidas hay un riesgo muy alto de que suban los intereses de la deuda, que el déficit se vaya profundizando, que el presupuesto se estreche y que en ocho meses o un año tengas que hacer recortes más draconianos. Alguien puede no estar de acuerdo con lo elegido, pero creo que fue una decisión razonable si se acompaña en el futuro con medidas que fomenten el crecimiento, como el acceso al crédito, la reforma laboral o las energías verdes.
–¿Y qué le parece un impuesto para los más ricos?
–Las tasas que rigen sobre los particulares suben los ingresos y no deprimen mucho la economía.
–¿Y la fuga de capitales?
–En Estados Unidos tasamos sobre los ingresos globales. En el marco de la Unión Europea, hay que poner más énfasis en impuestos sobre los beneficios de las tarjetas de crédito o en las empresas. Si una empresa está haciendo negocios en España, deberían elevarle los impuestos pero darle beneficios por invertir en el mismo país. Así estimulás la economía. Una empresa que genere ingresos en España, a no ser que los reinvierta, debería pagar más impuestos.
Desde Extremadura, España 29-S: Huelga General contra la dictadura de los mercados
Será una Huelga General en defensa de nuestros derechos de ciudadanía, de nuestra democracia política y de nuestra soberanía popular. Una Huelga General contra la dictadura de los mercados.
Jónatham F. Moriche |
[NOTA: este texto amplía y precisa mi intervención en el acto público "De la crisis económica a la Huelga General", convocado por Izquierda Unida de Extremadura y celebrado el jueves 16 de septiembre de 2010 en el Centro Educativo Municipal de Don Benito (Badajoz)].
Buenas tardes, conciudadanos y conciudadanas.
Permitidme comenzar expresando mi agradecimiento a Izquierda Unida de Extremadura por la convocatoria de este acto, a mis compañeros en esta mesa de intervenciones introductorias, y a todos vosotros y vosotras por vuestra asistencia y participación. También, a los trabajadores y trabajadoras de este Centro Educativo Municipal de Don Benito que nos acoge hoy.
En los últimos meses venimos asistiendo, en España como en Europa y el resto del mundo, a acontecimientos penosos para nuestra dignidad como ciudadanos y nefastos para la soberanía popular que entre todos sustentamos y deberíamos protagonizar y proteger.
Por eso, la Huelga General de la que participaremos el próximo día 29 no será sólo una huelga en defensa de derechos económicos, sociales y laborales. Será también una huelga en defensa de nuestra democracia.
Hemos visto a la gran banca saquear cantidades estratosféricas de los presupuestos públicos (700.000 millones de dólares en EEUU, 90.000 millones de euros en España) en dudosísimas operaciones de rescate, graciosamente concedidas por los Estados sin condiciones al receptor ni efecto positivo alguno sobre el bien general, y que han sido descritas en alguna ocasión y con toda justicia como un “golpe de Estado financiero”.
Hemos visto al Fondo Monetario Internacional, a los grandes fondos especulativos y a las agencias de calificación de riesgos jugar sucio y duro, de forma visiblemente planificada y concertada, contra la deuda pública de distintos países de la zona euro, como España, Grecia o Portugal, hasta poner de rodillas a sus gobiernos e imponerles brutales recortes en su Estado de Bienestar (ataques en buena medida financiados, por cierto, ¡con el dinero de los rescates bancarios concedidos por los Estados!)
Hemos visto la absoluta impunidad de los paraísos fiscales, donde se atesoran cantidades exorbitantes de dinero negro provenientes del tráfico de drogas, armas o personas y donde se comete un fraude fiscal masivo a escala planetaria, del que participan una escandalosa mayoría de las grandes empresas y bancos europeos y españoles. Evocando a Pier Paolo Pasolini, también nosotros podríamos decir aquello de “yo sé los nombres”: Iberdrola, Gas Natural, ACS, Ferrovial, BBVA, Banco Popular, BSCH, Banesto, Repsol YPF, PRISA, Inditex, Telefónica... (e inexplicablemente, también entidades públicas como el Banco Europeo de Inversiones, o el mismo Estado español, a través de su Fondo de Adquisición de Activos).
Debemos someter estos hechos, y el estado de cosas que los hace posibles, a un doble análisis, económico en primera instancia, pero también, inexcusablemente, político.
En términos puramente económicos, el neoliberalismo promueve una masiva transferencia de recursos desde las rentas del trabajo hacia las del capital, y por extensión, de unas clases sociales a otras. En 1970 el salario del director de alguna de las mayores empresas de EEUU equivalía de media a 30 veces el salario medio, en 1980 a más de 40 veces, y en 2008 a casi 500 veces. En 1980, el 1% más rico de la población de Estados Unidos era dueño del 9% de la riqueza nacional; hoy ese porcentaje se ha elevado hasta casi el 25%. En cifras del Banco de España, la renta media del 20% de los hogares españoles más humildes bajó de 8.500 euros en 2002 a 6.500 euros en 2005, (es decir, un -23,6%) mientras que para el 10% más pudiente la renta media se elevó de 102.300 a 118.100 euros (un +15%). Las rentas del trabajo han descendido, en los países de la zona euro, del 70% de la renta nacional en 1992 al 62% en 2005, mientras que el beneficio empresarial se incrementaba un 36% en la eurozona y... ¡un 73% en España! Los 16 consejeros ejecutivos de Santander, BBVA, Popular y Banesto disponen de más de 400 millones de euros en sus fondos de pensiones, mientras casi un 20% de la población vive al borde o por debajo del umbral de la pobreza y más de 600.000 personas viven de la caridad en España, según los informes de Cáritas Diocesana. Miremos hacia donde miremos, encontraremos cifras similares. A la luz del confiable Índice Gini de desigualdad social, ni una sola de las economías centrales del capitalismo escapa de esta tendencia: treinta años de neoliberalismo han sido, esencialmente, treinta años de radical empobrecimiento para la base trabajadora de la pirámide social y 30 años de fabulosa bonanza para su cúspide corporativa. Un desequilibrio tan extremo que ya no hablamos sólo de distribución de la renta, sino de nuda distribución de la vida: la expectativa de vida de un alto ejecutivo supera en 15 años a la de un desempleado de larga duración en EEUU, y en 10 años en España.
Pero el neoliberalismo no es sólo una doctrina económica. También es una doctrina política, y una radicalmente antagónica de la democracia. El correlato necesario de una desigualdad económica tan abismal no puede ser sino una también abismal desigualdad política, de todo punto incompatible con cualquier forma, por atenuada que esta sea, de democracia política. Como en alguna ocasión afirmó Margaret Thatcher, “la economía es el método, pero el objetivo es cambiar el alma”. Por eso, el neoliberalismo ha impulsado, desde su emergencia a comienzos de la década de 1970, una masiva transferencia de soberanía desde el Estado y sus instituciones políticas hacia los actores económicos privados. Promoviendo la desregulación de las actividades económicas, el desarme fiscal del Estado, la privatización de los bienes públicos y comunales o la constitución de enormes corporaciones transnacionales y cárteles oligopólicos, el neoliberalismo ha conseguido desplazar el centro de gravedad de los procesos de toma de decisiones desde los parlamentos hacia los mercados, restando casi cualquier valor a nuestros votos y convirtiendo a los gobiernos en poco más que torvos capataces de las decisiones tomadas para su propio beneficio por una clase corporativa absolutamente descomprometida con la democracia y el bienestar colectivo.
Ya a mediados de los años 80, Michael Useem, en su estudio El círculo interno, hablaba de una “expansión sin precedentes de la actividad política de las empresas”, y de una “movilización política de los negocios”... Una década más tarde, el periodista y director de Le Monde Diplomatique Ignacio Ramonet acuñaba el concepto de “dictadura de los mercados”: una dictadura del gran dinero y de la clase que lo posee y maneja. Una dictadura que con esta crisis no sólo no parece estar tambaleándose, sino que, muy al contrario, consolida sus posiciones y refuerza su poderío, allá donde las sociedades y los gobiernos se dejan amedrentar por sus amenazas. Este ha sido el caso de nuestro país, que se ha venido comportando con la mansedumbre de un Estado-vasallo ante las injerencias despóticas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, agencias de calificación como Standard & Poor’s o medios de comunicación como el Financial Times.
En consecuencia de todo lo anterior, la Huelga General del 29 de septiembre no será, o no debería ser, sólo una huelga contra una serie de medidas tan injustas e ineficaces como el abaratamiento del despido, el retraso en la edad de jubilación o el recorte presupuestario en servicios públicos de cobertura universal garantizada. Se trata, o debería tratarse, de una Huelga General en defensa de nuestros derechos de ciudadanía, de nuestra democracia política y de nuestra soberanía popular. Una Huelga General contra la dictadura de los mercados.
Las clases trabajadoras y la democracia política de este país tienen hoy ante sí el decisivo reto de ganar la Huelga General del 29 de septiembre. Pero tanto esta convocatoria de huelga promovida por los compañeros y compañeras de UGT y CCOO, como el paquete de medidas antisociales del gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero que la han provocado, forman parte de un escenario más amplio y complejo, al que la izquierda social, sindical y política debe dar una respuesta de largo alcance más allá de este urgente movimiento defensivo que constituye la Huelga General. Coreaban hace unos días en Cáceres los compañeros y compañeras de UGT y CCOO el lema “Zapatero dimisión”. Aún siendo un lema justo, es también un lema insuficiente, que les invito a completar así, respetando la rima consonante propia de estas ocasiones reivindicativas: “Zapatero dimisión, Botín expropiación”.
Porque, si bien hay capataces más brutales e ineptos que otros, de casi nada nos servirá cambiar a quien sostiene el látigo mientras se mantenga incólume quien detenta la propiedad y se cobra los frutos de la finca. Ningún gobierno que podamos votar será bueno mientras tenga que convivir con la monstruosa concentración de poder que hoy manejan las contadas y selectas manos de la gran clase corporativa, la patronal empresarial y bancaria, los grupos privados de comunicación... Tampoco mientras se mantengan engrasadas las “puertas giratorias” que convierten a altos directivos en ministros y viceversa, consolidando los vínculos envenenados entre intereses privados y representación democrática, que tienen como consecuencia no sólo la extensión epidémica de la corrupción legalmente tipificada y punible, sino también la generalizada “corrupción por pasiva” de instituciones de control político del mercado tan absoluta, palpable y culposamente ineficaces como la Securities and Exchange Commision (SEC) estadounidense o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española.
Así que esta Huelga General no debería ser sólo una acción defensiva de derechos adquiridos, sino una acción ofensiva contra un estado de cosas en el cual no cabe sino, más deprisa o más despacio, de un modo u otro, perder derechos. No debería ser sólo una Huelga General contra las decisiones de este o cualquier otro gobierno títere de la dictadura de los mercados, sino contra los mercados mismos, y más concretamente, contra la que es hoy su principal arma contra la clase trabajadora española, europea y mundial: el sistema financiero. Según cifras del Banco Internacional de Pagos de Basilea, lo más parecido a una entidad reguladora que existe hoy en el far west financiero global, los derivados, estructurados, seguros contra impago y demás artificios del gran juego especulativo globalizado suman la increíble cifra del 1076% del PIB planetario, lo que equivale a decir que por cada euro de la economía productiva real, la clase corporativa dispone de diez euros de capital ficticio para distorsionar a su antojo la realidad económica por medio de la especulación, y para sojuzgar políticamente a sociedades y gobiernos mediante el artificio de la deuda. El sistema financiero es, parafraseando a Mao Zedong, el cuartel general que habremos de bombardear si queremos posicionarnos activamente del lado de la democracia en su confrontación con la dictadura de los mercados (el simil del bombardeo puede resultar algo violento, pero, ¿no fue el director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, quien habló de “dinamitar los paraísos fiscales”? Para una vez que el FMI dice algo útil, no se lo vamos a despreciar).
Es preciso pasar a la ofensiva, y pasar a la ofensiva equivale a atacar, frontalmente y sin mediaciones, al mercado financiero, a la especulación y al fraude. Existen herramientas para ello, y esta Huelga General debe servirnos también para ponerlas en el primer plano del debate público. Según un informe coordinado por Joseph Stiglitz para la Fundación Ideas, la aplicación de una tasa de entre el 0,01 y el 0,05% a las transacciones financieras y subir del 19 al 25% la tributación de sus beneficios en España dejaría 7.400 millones de euros en las arcas públicas. Según el sindicato Gestha de inspectores de Hacienda, un trabajo riguroso que redujera del 23% el 13% el fraude fiscal en España aportaría casi 25.000 millones a las arcas públicas (en este punto hay que recordar que varios cientos de inspectores han sido retirados en los últimos años de la vigilancia de las grandes fortunas españolas, ¿por qué?). La cantidad que añadiríamos a este monto con la supresión de las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), las menos conocidas SOCIMI (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario) y otras artimañas de distracción fiscal para los más ricos es hoy desconocida. No se trata sólo de dotar al Estado de medios para sufragar el coste generado por nuestros derechos adquiridos, como la sanidad, la educación o la cobertura al desempleo, y de reducir la brutal brecha de desigualdad económica que hoy separa a las clases trabajadoras de las élites corporativas, sino de devolver a las manos de la mayoría trabajadora la soberanía popular que el gran dinero nos ha arrebatado.
Quisiera concluir con unas palabras del sociólogo brasileño Boaventura de Sousa Santos, sin duda más precisas y expresivas que las mías: “En esta crisis, la lucha de clases regresa bajo una nueva forma: esta vez es el capital financiero quien declara la guerra al trabajo. Y, o se crean las condiciones para que el capital productivo se desvincule relativamente del capital financiero, o el futuro es el fascismo”. Es contra ese futuro sombrío, contra ese fascismo de cuello blanco de la dictadura de los mercados, y en defensa de la soberanía popular, la democracia y sus instituciones, que llamamos a la movilización en la jornada de Huelga General del 29 de septiembre de 2010.
Muchas gracias por vuestra atención.
Vegas Altas del Guadiana, Extremadura Sur, septiembre de 2010
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