Comisión de Economía

Buenos Aires, jueves 09 de septiembre de 2010
Veintitres

Por Ricardo Forster

La democracia, eso se dice, es la forma de lo diverso, el ámbito formal y material por el que circulan, o deberían circular, las voces y los cuerpos de la pluralidad. La democracia, y en el interior de una sociedad que ha padecido los horrores del terrorismo de Estado esto es más grave y urgente, es mucho más que una cuestión formal o reducible a juegos jurídico-institucionales aunque sea, por supuesto, la base sin la cual la propia democracia se desvanece y, finalmente, se transforma en un nombre vacío. Pero, y eso lo hemos experimentado después de casi tres décadas de recuperación del estado de derecho, la democracia languidece allí donde queda cristalizada en su aspecto puramente formal dejando de lado algo que la acompaña desde los albores griegos y que denominamos “el litigio por la igualdad”, es decir, el conflicto que surge entre los incontables de la historia, los desposeídos de todos los bienes, y quienes, hablando de democracia, suelen quedarse con toda la riqueza socialmente producida. Democracia e igualdad se entraman asumiendo un vínculo siempre complejo, arduo y contradictorio.

Casi treinta años de recuperación del estado de derecho nos habilitan, qué duda cabe, para interrogar/nos por los alcances y los límites de nuestro tiempo democrático. Pensar que la democracia es algo natural e indiscutible es no sólo anquilosarla sino, más grave todavía, dejarla vacía de contenidos y exhausta ante su apropiación por aquellos que nunca creyeron en las virtudes de esa invención griega. Pero suponer, como también sostienen otros, que hay que separar prolijamente la forma del contenido, cuidando la calidad institucional, la circulación de los bienes simbólicos propios de la democracia mientras se ahondan las desigualdades y crece exponencialmente un orden económico que subvierte aquello que debería ser la base del sistema, esto es, la igualdad de derechos pero también de oportunidades, es condicionar, bajo retórica liberal y bien pensante, la invención democrática como el ámbito de reparación de las inequidades y las injusticias. Los progresistas de última generación, los que fueron amasados durante los años noventa, han aprendido a invisibilizar el litigio por la igualdad arrojándolo al tacho de los desperdicios o de los conceptos anacrónicos mientras se afanan por mitologizar la dimensión “institucional y legal” de la democracia. Para ellos la cuestión urgente de lo social y de la desigualdad lejos de ser la masa crítica de una genuina república democrática suele expresar los deslizamientos hacia el peligro populista, la habilitación de la demagogia y del clientelismo. Sin decirlo han hecho suya la matriz neoliberal que en las décadas finales del siglo pasado condicionó las democracias continentales amputándoles toda referencia a lo social y al conflicto como núcleos de la politicidad democrática.

En América latina, continente que conoció de manera apabullante las distintas prácticas dictatoriales, la época signada por la recuperación de la democracia, por el aparente logro de su estabilidad, no supuso el avance de la equidad ni de la justicia distributiva sino que, por el contrario, ofreció la peor de las realidades: entre los años ’80 y ’90 lo que creció exponencialmente fue la desigualdad y la concentración de la riqueza transformando al continente sudamericano en el más desigual del planeta. Deuda profunda y esencial de un sistema político, el democrático, que habilitó la mesa para que todos participaran del banquete pero que, a la hora de la invitación efectiva, dejo a las mayorías afuera.

Lo llamativo es que en el preciso momento histórico en que varios países de la región buscan acortar las distancias entre la dimensión formal de la democracia y las deudas sociales impagas hacia las grandes mayorías populares, se alzan las voces de alerta de los “defensores” del establishment, de los adoradores de la calidad institucional que vienen a denunciar el avance prodigioso de la bestia populista, la amenaza última y más grave por la que tendrá que atravesar nuestro continente en su camino hacia la “civilización”, momento en el que por fin alcanzaremos el estatuto de “países serios” y nos desprenderemos de nuestros dictadorzuelos tan emblemáticos, de esos que provienen de la saga de los Cárdenas, de los Perón, de los Vargas y de tantos otros exponentes del macondismo latinoamericano.

Poco o nada les importa la brutal brecha entre ricos y pobres, mucho menos les interesa cuestionar la lógica depredadora del capitalismo neoliberal, para ellos el gran peligro se relaciona con el retorno de los populismos. Sus enemigos irreconciliables llevan los nombres de Chávez, Néstor y Cristina Kirchner, Evo Morales, Correa, Lugo. Atrincherados en la ardiente defensa de las instituciones democráticas, campeones de la división de los poderes, adalides de la libertad de prensa siempre amenazada, fervorosos sostenedores del libre mercado, dirigen todas sus baterías contra quienes han venido a cuestionar la marcha de América latina hacia la “madurez democrática”. Para ellos la diversidad, el pluralismo y el consenso terminan cuando tienen que describir el “horror populista”. En ese momento su arsenal retórico se nutre de los vocablos más ultrajantes y soeces arrojando a diestra y siniestra palabras como “fascismo”, “totalitarismo”, “Estado terrorista”, “autoritarismo”, “censura”, etcétera. Sus descripciones de los gobiernos caracterizados como “populistas” son intercambiables con las que se podía hacer, en otro contexto histórico, con los regímenes del fascismo histórico. Más allá del abuso del lenguaje nos encontramos ante un brutal ejercicio antidemocrático, ante una virulencia canalla que pone en cuestión la propia legitimidad de aquellos que llegaron al gobierno respetando todas y cada una de las formas democráticas.

2. Lo que no deja de sorprender es que algunas voces de prestigiosos intelectuales, otrora identificados con perspectivas progresistas, se afanen con sistemática prolijidad en cuestionar por autoritario y hasta por totalitario (¡sic!) a un gobierno que, siendo legítimo y legal (porque llegó con un importante caudal de votos y porque siempre habilitó el juego de la autonomía de los poderes), ha buscado, con más aciertos y errores, modificar el modelo económico que desde 1976 profundizó la inequidad, la injusticia y la pobreza. Juan José Sebreli, liberal de escritorio que suele invisibilizar lo que ha significado el liberalismo a lo largo de nuestra historia, las terribles dosis de violencia que supo desencadenar y las retóricas del genocidio que desplegó desde el siglo XIX hasta alcanzar una de sus cotas más altas con el proyecto cívico-militar de la dictadura videlista, se desvive por establecer relaciones “inequívocas” entre el actual “demonio populista” y el peligro de un avance totalitario.

Para el bueno de Sebreli la interpretación que desde el kirchnerismo se hace de la historia nacional, el giro que provocó en un relato hegemonizado por los vencedores de siempre, se asemeja a lo hecho por el estalinismo, es decir, por el sistemático borramiento de la verdad histórica en nombre de los intereses ideologizados de un grupo ávido de poder. La pobreza argumentativa de Sebreli, su chatura conceptual, sería memorable si no viniera a expresar el sentido común de algunos sectores del establishment económico-mediático y el estado de ánimo interpretativo-prejuicioso de franjas de la clase media atiborradas de antiguo y nuevo gorilismo. Un cualunquismo del mediopelo que suele rodearse de venerables bibliografías para hacer pasar por inteligentes lo que no son más que vulgaridades atravesadas por el prejuicio y el racismo.

Algo equivalente, aunque yendo por otros caminos también trillados infatigablemente por los publicistas del establishment, viene propinando, desde las democráticas y populares páginas de La Nación, reiterada y concienzudamente, Beatriz Sarlo. Haciendo algunos malabarismos conceptuales, hundiendo el filo de su argumentación supuestamente refinada y erudita en algunos núcleos decisivos y laberínticos de nuestra historia reciente, suele culminar en lo que ya se ha transformado en un preconcepto irrevocable: todo, absolutamente todo lo que hacen los Kirchner tiene que ver con su insaciable sed de poder. Son los Nerón de la época, los enloquecidos portadores de un afán salvaje que, de la mano del oportunismo más desenfrenado e impune, los ha llevado por los desfiladeros del populismo y la demagogia, contaminando hasta envenenarla por completo a la saga de los derechos humanos. Su pragmatismo radical no conoce de límites ni de pudores, ellos sólo aspiran al poder.

En ese afán loco se apropiaron del relato de la historia transformándolo en vodevil circense durante las jornadas del Bicentenario, de la generación de los setenta, de la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de las tradiciones latinoamericanistas, del “mesianismo montonero”, y de toda urdimbre ideológico-demencial que estuviera a mano para perpetuarlos en la Casa Rosada. Conflicto por la renta agraria, reestatización del sistema jubilatorio, creación compartida de la Unasur, derogación de las leyes de impunidad y reapertura de los juicios, saneamiento de la Corte Suprema de Justicia, desendeudamiento con el FMI, recuperación salarial, paritarias, ley de servicios audiovisuales, asignación universal, matrimonio civil igualitario, denuncia de los orígenes brutales del negocio llamado “Papel Prensa”, y sigue la lista, son, para tan ilustre intelectual, la suma de una colosal operación ficcional, el pleno ejercicio de la impostura (apenas Pino Solanas se le asemeja a la hora de enarbolar esa graciosa retórica a través de la cual nada de lo que sucede tiene que ver con el orden de la realidad y mucho menos con las intenciones desplegadas por un gobierno esencial y estructuralmente impostor). Llama la atención la vacuidad y la pobreza argumentativa, el amontonamiento de palabras y descripciones supuestamente históricas para sostener una idea repetida hasta la náusea por los escribas de la derecha neoliberal, esos mismos que escriben en el mismo diario pero que lo hacen sin subterfugios neoprogresistas ni alambicamientos conceptuales. Últimamente podrían resultar intercambiables las columnas de Mariano Grondona, de Beatriz Sarlo, de Juan José Sebreli y de Joaquín Morales Solá. Dicen, con estilos diferentes, prácticamente lo mismo.

Regresando, entonces, a lo señalado al comienzo de este artículo: para ellos, escribas de la República, la democracia está amenazada, sus instituciones han sido prostituidas y, más grave todavía, la memoria del país también está amenazada de irreparable insania, de esa que han sabido desplegar, con astucia envenenada, los Kirchner. En su peculiar concepción de la democracia estaríamos deslizándonos hacia el totalitarismo. Elisa Carrió suele decir lo mismo con menor refinamiento y mayor explosión apocalíptica: es el fascismo el que gobierna la República y la última trinchera que nos queda para defender la libertad lleva el nombre del señor Magnetto y del Grupo Clarín. Patético si no fuera parte del arsenal destituyente, de ese mismo arsenal que reduce la democracia a la defensa irrestricta de los intereses corporativos.

Publicado el 5 de Septiembre de 2010

Por Cynthia Ottaviano y Juan Alonso
Tiempo Argentino accedió a expedientes secretos del Ejército: la burocracia criminal dejó expuesta la trama del despojo a Lidia Papaleo. Basada sobre las conversaciones con los directores de Clarín, La Nación y La Razón, la dictadura diseñaba “los interrogatorios” a los detenidos en los campos de exterminio. Todos los documentos.

Ya nada será igual, nada, después de la publicación de estos documentos secretos a los que Tiempo Argentino accedió de manera exclusiva. Se trata del epílogo a una intensa labor de este colectivo de trabajo periodístico que durante seis meses investigó el robo a los Graiver de Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en alianza con la dictadura de Videla y Martínez de Hoz. Ya no quedan dudas sobre el despojo accionario. Tampoco, sobre quiénes son las víctimas y quiénes los beneficiarios en esta dolorosa historia. Pero había, sin embargo, interrogantes sobre el nivel de participación de los accionistas de los tres diarios en los crímenes de lesa humanidad que hoy investiga la justicia. Faltaba algo que uniera al implacable torturador de Lidia Papaleo de Graiver en Puesto Vasco con los impolutos ejecutivos que en la City porteña decidían silenciar las atrocidades del genocidio que se devoró a una generación de argentinos. Faltaba, es cierto.
Hasta hoy.
Los cuatro documentos clave que se publican en estas páginas fueron producidos el 7 de abril de 1977, a las 10:30 y a las 16:30; y el 9 de abril del mismo año, a las 8:40 y a las 20. Habría que remontarse al instante preciso en que un represor, oficial del Ejército Argentino, encabezaba un sumario con la leyenda “Diligencia dejando constancia”, mientras los aullidos de las víctimas flotaban en el espeso aire de un país hundido en la tragedia. Es importante situarse en la época. El terrorismo de Estado ya había desaparecido a 15 mil personas, mandado a prisión a otras 10 mil y asesinado a otras 4 mil, en apenas un año. [1] La justicia había respondido en forma negativa a más de 7 mil habeas corpus. La Junta Militar –la del golpe de 1976, la de Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti– también había declarado caducos los mandatos de la presidenta constitucional de la Nación (Isabel Martínez de Perón), de los gobernadores y vicegobernadores de las provincias; disuelto el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de Buenos Aires y los consejos municipales de provincias; removido la Corte Suprema, suspendido la discusión política y los partidos políticos, y prohibida las actividades gremiales, profesionales y estudiantiles. [2]
Para entonces, los primeros 25 cuerpos mutilados de opositores a la dictadura ya habían aparecido en las costas uruguayas, dejando la huella inicial sobre los “vuelos de la muerte”, en que a los detenidos se los arrojaba vivos al Río de la Plata desde aviones militares. También se había descubierto un cementerio lacustre en el Lago San Roque de Córdoba. Nada de eso, sin embargo, informaban Clarín, La Nación y La Razón, los diarios oficialistas del terror. Tenían sus razones. No eran, como se quieren presentar ahora, los custodios de la libertad de expresión: eran socios de los verdugos.
Junto a Videla, habían puesto en marcha la primera y única fábrica de papel para diarios de todo el país, la más importante productora de pasta de celulosa de Sudamérica. La que le habían robado, por medio de presiones y humillaciones, a los Graiver. [3] La maniobra quedó registrada en documentos secretos. La burocracia criminal era eficiente.
El primer documento que publica Tiempo Argentino, del 7 de abril de 1977, lleva la firma del “oficial Superior Preventor Oscar Gallino”. El militar estaba a cargo de la “investigación”: un eufemismo para referirse a la sucesión de tormentos que se le practicó a toda la familia Graiver en el circuito Camps. El acta que refrenda revela que, mientras Lidia Papaleo era torturada, Gallino recibía “a los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo ‘Fundador’ de Papel Prensa”.
Gallino era general de brigada. Un represor salvaje. Desde febrero hasta abril de 1976, había desempeñado el cargo de subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno (en la fábrica militar de tolueno sintético) de la zona 4 (Campo de Mayo). Entre sus medallas de combate, se contaba la cacería de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que habían intentado copar el Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo.
Antes de que Ramón Camps diseñara bajo las órdenes de Videla, el “Operativo Amigo” –complemento del despojo accionario de Papel Prensa–, que culminó con toda la familia Graiver en la mesa de torturas, mantuvo una reunión en la Casa Rosada con el máximo dictador, los jefes del Estado Mayor, el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el ministro del Interior y el jefe de la Policía Federal. (Los detalles de la designación de Gallino quedaron impresos en la página 18 y 19 del libro de Camps, El poder en las sombras, publicado por RO. CA, en 1983.)
En ese cónclave de la cúpula del aparato represivo que azotó al país hasta 1983, se decidió –con la anuencia de Videla– que Gallino reunía los requisitos necesarios para convertirse en el “oficial instructor”, es decir, en el interrogador del caso Graiver.
Vale aclarar que los interrogatorios, en aquel tiempo, se hacían a punta de picana. No había abogados defensores, sólo electricidad que recorría el cuerpo de personas indefensas. La defensa de la familia secuestrada en los campos de exterminio quedó a cargo de un teniente coronel, puesto a dedo por el propio Gallino.
Con ese tan eficaz como implacable jefe de torturadores se reu-nían, según los documentos que se reproducen por primera vez, “los directores de Clarín, La Nación y La Razón”. Dicho así, con la frialdad del papel sumarial, también se oculta algo. ¿Quiénes integraban el directorio de esos diarios para la fecha en que la que los represores vejaban sexualmente a Lidia Papaleo de Graiver? Tiempo Argentino fue a buscar la respuesta al Boletín Oficial. Allí, para la Historia, quedaron registrados los nombres de los que participaban en las amigables tertulias con Gallino: Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralta Ramos. [4]
En el otro documento, el del 9 de abril de 1977, es decir, producido dos días después de la reunión antes mencionada, Gallino volvió a dejar asentado que se reunió con “el secretario de Industria, Raymundo Podestá, los presidentes de los directorios de La Nación, Clarín y La Razón, que son los adquirentes del paquete accionario del ‘Grupo Fundador’ de Papel Prensa, que representa el 26 por ciento del total del paquete accionario”. ¿Cuál era el objeto de esas reuniones? Gallino lo dice: “Producir sendos informes.” ¿Para qué servían esos “sendos informes”? También Gallino responde a eso. Da escalofríos reproducir su respuesta: “Se preparan los interrogatorios a tomar el once de abril de 1977.” Lo dice el represor, el oficial preventor, el jefe de los torturadores de Puesto Vasco. Magnetto, Mitre y Peralta Ramos se reunían con el represor para “producir sendos informes” sobre Papel Prensa y luego, el militar Gallino elaboraba las preguntas que debían soportar los Graiver en los camastros de tortura.
Otro documento secreto del Ejército Argentino revela cómo Gallino interrogaba a Isidoro Graiver. Le interesaba conocer los detalles del vínculo con su cuñada Lidia Papaleo, la minuta de las transacciones comerciales y, principalmente, obtener la información que necesitaran para destrozar a su grupo económico. Lo mismo ocurrió con Eva Gitnach de Graiver, la mamá de David, a quien sentaron frente al Consejo de Guerra para interrogarla: “¿Participó en la venta de acciones de Papel Prensa?” “Sí”, contestó. “La llevaron a firmar la venta, pero no participó en las reuniones previas en que se decidió dicha venta.
–Preguntado: ¿Actuó en el movimiento pro liberación de Cuba?
–Contestó: No sabe qué es.” [5]
¿Cómo era el proceso? Todo quedó por escrito. Gallino se reu-nía con Mitre, Magnetto y Peralta Ramos. Con ellos armaban las preguntas. El Consejo de Guerra Especial Estable número 2, del Comando Zona 1 (a cargo del I Cuerpo de Ejército, con asiento en Palermo, y jurisdicción sobre casi toda la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y La Pampa), les “tomaba declaraciones” a los prevenidos, es decir, interrogaba a los secuestrados (los Graiver y sus empleados). Se realizaba una “prevención sumarial”, es decir, un expediente, como resultado del interrogatorio tomado por “el Oficial Superior Preventor” (sí, Gallino). Y ese material, mientras quedaba registrado en el expediente del Ejército Argentino, también era remitido al juzgado que llevara adelante la causa, para blanquearlo –cuando la ocasión se presentara– ante el fuero judicial. En el caso de los Graiver, el operativo de “legalización” lo hizo el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Número 6, a cargo de Hugo Molteni (Secretaría Número 11, Ana Benaventano). [6] Así de ilegal, así de perverso.
La maquinaria asesina se entrelazaba con la económica. Además de controlar el movimiento, la información y hasta a los vendedores de Papel Prensa, a quienes tenían secuestrados, Gallino tuvo tiempo de abrir una cuenta en el banco para depositar los millones del botín de guerra. No sólo torturaban: además se quedaban con la plata de las víctimas.
Así quedó establecido en una carta que el propio Gallino le envió al entonces presidente del Banco Central de la República Argentina. “Una investigación de carácter reservado, que por orden de las autoridades superiores del Ejército, se encuentra a mi cargo”, [7] empezó explicando. Se refería a la causa Graiver. Y por ese motivo, aseguraba, necesitaba la apertura de una cuenta a su nombre, en la que se depositaran los cheques y se aceptaran los títulos y bonos. Fue el 13 de abril de 1977. Pretendía que los “resultantes de amortización y rentas sean depositados en la cuenta”.
Hasta ese momento, los Graiver estaban desaparecidos. Por eso, Gallino no podía explicar cuál era la investigación a su cargo. Sabía que, en poco tiempo más, la Junta ordenaría los papeles y haría coincidir las fechas y los pedidos con sus delitos.
Por eso, para terminar la carta, Gallino advierte que “una vez promulgada la Ley correspondiente a la investigación señalada se incluirá en la cuenta el número de la misma”. Primero se ejecutaba, y después se hacía encajar una ley a medida del despojo. ¿Esta es la “seguridad jurídica” que esgrimen los diarios oficialistas del terror?
El general de brigada Gallino se depositó $ 2.130.000 en efectivo y, en cheques (entre ellos del Banco Comercial de La Plata), $ 1.042.356,26; un total de $ 3.173.356, 26. Y hay más: les arrebató a los Graiver más dinero en efectivo, por U$S 21.071, 37; títulos y acciones en diferentes empresas. Para el ’77, una hectárea en la región de La Pampa Húmeda –la zona más rica del planeta en materia de ganadería y agricultura– valía en promedio U$S 3300.
Al día siguiente, el acta secreta de la Junta Militar en el “Item 1, Papel Prensa SA”, devela la estrategia final de la dictadura y los tres diarios: “Evitar que la suma correspondiente a las acciones ingrese al Grupo Graiver o a su sucesión.” [8]
El 12 de abril secuestraron a Rafael Ianover, el último eslabón del grupo. Ya toda la familia estaba en el limbo de las desapariciones y el entramado empresario desarticulado. La Junta Militar sabía que tenía que evitar que el dinero producto de la venta terminara siendo administrado por el juez de la sucesión, abierta tras la misteriosa muerte de David Graiver. ¿Cómo podían lograr que la justicia no interviniera? Determinando un poder superior al judicial: el del secuestro y la interdicción (privación de un derecho civil). Así lo hicieron el 19 de abril. La Junta Militar reconoció, finalmente, tener detenidos a los Graiver y su entorno. Se les aplicó el artículo 2 del acta del 18 de junio de 1976, incisos “a”, “d” y “e”: perdían la ciudadanía y se les prohibía “administrar y disponer de sus bienes, hasta tanto justifiquen la legitimidad de la adquisición de los mismos”. La CO.NA.RE.PA, Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, lo haría en su lugar. El delirio del régimen llegó al paroxismo ese día, cuando la imputación fue realizada a dos personas ya fallecidas: David (cabeza del grupo) y Jorge Rubinstein (su mano derecha).
Todo esto parece surrealista. Inexplicable. Pero así ocurrió. La contundencia de los documentos elaborados por la burocracia asesina es inapelable. Se sabía que los represores no tuvieron límites y llegaron a los más bajo de la condición humana.
Pero no descendieron a esos infiernos en soledad.
Acá están las pruebas.