Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

14May/120

El nuevo lugar de la banca Domingo 13 de mayo de 2012

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Por: Guillermo Wierzba. Director del Cefid-AR Opinión.
La renacionalización de YPF es un acto de reparación que contiene una dimensión cultural y que, como tal, lleva a hacer memoria y balance sobre la década de los ’90, años en los que se desplegó el proceso de privatizaciones con una profundidad y una metodología que constituyó a nuestro país en un caso referencial del despliegue neoliberal. La recuperación de la empresa petrolera se sanciona dos meses después de la nueva Ley de Carta Orgánica del Banco Central que llegó para sustituir a la del ’90, que sirvió para profundizar el dispositivo de liberalización financiera, clave institucional de aquellas políticas neoliberales. Ambas nuevas leyes, en su exposición de motivos, coinciden en un cambio doctrinario sustantivo con relación a las ideas que guiaron el marco legal que modifican: sostienen el objetivo del desarrollo con equidad, la promoción del empleo, además de la asignación de los recursos y la intervención pública en la determinación de los precios y las cantidades. La banca provincial fue una de las víctimas del proceso de privatización y fue reconvertida por la lógica del marco regulatorio completado en aquélla década, momento en que los procesos de desintermediación e innovación financiera desplegados en el Norte fueron copiados en nuestro país y en la región latinoamericana. Dos décadas antes del impacto pleno de esas tendencias, la dictadura militar ya había sancionado la regresiva Ley de Entidades Financieras que determinó un cambio de época en el sistema favorable a la financiarización global. Ya vigente esa ley, el mercado financiero presentaba, sin embargo, durante los años ochenta, características organizacionales que demostraban la resistencia de las instituciones heredadas de la etapa sustitutiva de importaciones al raudo avance del neoliberalismo. Así, ya restablecida la democracia, existía un sistema de bancos públicos que incluía una banca pública nacional y provincial que, desplegada a lo largo del país, colocaba una amplia proporción de los créditos y captaba una parte sustancial de los depósitos. Estas instituciones jugaban un papel sustantivo en la neutralización de los impactos de los shocks financieros que se producían en la economía internacional. Los bancos públicos provinciales tenían injerencia en el desarrollo productivo provincial, regional industrial y agropecuario. Además actuaban como agentes
financieros de esas jurisdicciones. Su carácter público, en conjunto con la vigencia de regulaciones que incluían límites sobre el nivel de las tasas activas y pasivas, así como la implementación de encajes diferenciales –en los momentos en los que predominaron enfoques más productivistas–, se manifestó en algunas, aunque parciales e insuficientes, políticas de direccionamiento del crédito. Existían todavía instituciones para la defensa de una potencial estrategia de desarrollo de mediano y largo plazo que incluyera, también, la dimensión regional. Es innegable la existencia de fallas de gobierno e ineficiencias que habían reducido, pero no eliminado, esas virtudes que todavía conservaba el sistema. Esas debilidades fueron un flanco que la ideología propagada por los voceros de la profundización neoliberal utilizó para fomentar los cambios legales y regulatorios, además de las privatizaciones de las entidades que se producirían a principios de los noventa. A mediados de esa década, numerosos bancos públicos fueron vendidos. Así, en lugar de corregir errores e ineficacias, se optó por privar a los estados provinciales de una herramienta que les permitía apoyar sus producciones regionales y a la vez financiarse. El proceso de desaparición y redimensiona miento de bancos provinciales (Ver Documento de Trabajo N° 33 del Cefid-ar) comenzó con el Banco de la Provincia de Corrientes en 1992 y tuvo su apogeo en 1995 por los efectos de la crisis mexicana y la creación del denominado “Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial” (Ffdp) creado por el Decreto 286795, que financiaría a los bancos sujetos a privatización y fomentaría, también, la privatización de otras empresas provinciales. Mientras tanto, por medio de otro decreto del mismo año –el 445/95– se creaba un Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria destinado al fortalecimiento de entidades privadas que habían sufrido descapitalización y pérdidas de depósitos. El instrumento preveía, también, el apoyo y estímulo de fusiones de bancos con el objetivo claro de promover la concentración del sistema. Con la ayuda del Ffdp se privatizaron 15 bancos públicos entre 1994 y 1998: el de Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Río Negro, Salta, Tucumán, San Luis, Santiago el Estero, San Juan, Mendoza, Previsión Social de Mendoza, Municipal de Tucumán, Jujuy y Santa Fe. El período incluyó la desaparición del Banco Nacional de Desarrollo y la venta del Banco Hipotecario, que luego fue desnaturalizando progresivamente en su función. Sin embargo, otros bancos públicos, especialmente el Banco de la Nación, pudieron defenderse del embate privatizador, conservándose una herramienta sustantiva para la recuperación del crédito productivo y papel contracíclico en el período posterior al colapso de 2001. El Banco de la Nación, junto al resto de la banca oficial y cooperativista que sobrevivió a la embestida neoliberal, se constituyó, así, en un instrumento clave para el proyecto productivista instalado en 2003. Repensar la potencialidad de la reconstrucción de una banca regional y de desarrollo es una tarea que despierta y reinstala el actual cambio epocal.

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14May/120

Soberanías

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Por Guillermo Wierzba *

La expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol está en línea con la nueva Carta Orgánica del Banco Central, el fin de las AFJP con la recuperación del sistema previsional para el Estado, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la declaración de interés público de la producción de papel para diarios.

Uno de los capítulos de la exposición de motivos del proyecto de ley que renacionaliza YPF se titula “Del modelo neoliberal al modelo de crecimiento con inclusión social”. Este no expresa solamente sus objetivos sino también los de un conjunto de leyes que se constituyeron en la base de un proyecto transformador de la Argentina. Esa exposición sostiene que: “El Estado legítimo dueño del recurso (al que se asumirá como estratégico) no puede prescindir de la administración directa de la producción y de los precios..., recuperando el control de la principal empresa del sector”. Define esta intervención como crucial en un mundo crecientemente afectado por la participación de capitales financieros especulativos que impactan en los costos de la producción mundial. El artículo 1º declara de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización.
Del mismo modo, la recientemente sancionada Carta Orgánica del BCRA dispone en su artículo 14º que la entidad tiene como función “regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos, tasa de interés, comisiones y cargos, así como orientar su destino... establecer políticas diferenciales orientadas a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales... y otorgar adelantos para la inversión productiva... como para la oferta de crédito a mediano y largo plazo”. Los objetivos que define la nueva ley del Banco Central, la estabilidad monetaria y financiera, el desarrollo con equidad y la promoción del empleo también coinciden con los de renacionalización de YPF: desarrollo económico con equidad, crecimiento del empleo, incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento sustancial de las provincias y regiones.
El año pasado se sancionó la ley que declara en su artículo 1º “de interés público la fabricación, comercialización, distribución de pasta de celulosa y de papel para diarios”, estableciendo como uno de los criterios de su marco regulatorio “el abastecimiento de todos los medios de información
gráficos que lo requieran, en condiciones igualitarias, asegurando el respeto de la igualdad en los precios de compraventa del producto y demás condiciones de contratación”.
En el mismo sentido, en el texto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se sostiene el objetivo del “de-sarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines del abaratamiento y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación”, y se asume la actividad también como de interés público, estableciendo tres tipos de prestadores: públicos, privados sin fines de lucro y privados con fines de lucro.
La ley de reestatización del sistema jubilatorio dispone que es el “Estado el que otorga los beneficios de seguridad social en forma integral e irrenunciable”, estableciendo un régimen público, solidario y de reparto, abandonando el de capitalización de ahorro individual.
La recuperación de YPF por parte del Estado nacional se suma a estas cuatro leyes que son la base de un cambio institucional sustantivo en nuestro país. Estas asumen la definición pública de cantidades, precios, condiciones de oferta, garantías de prestaciones y desmonopolización de actividades reconocidas como estratégicas y de interés público, sosteniendo el criterio de que la asignación de recursos, la fijación de planes e instrumentos de largo plazo, el diseño de las características de esas actividades serán establecidos por los representantes de la voluntad popular y no por la mano “invisible” de mercados concentrados.
Estas profundas reformas implican al régimen de propiedad de las esferas referidas, ya sea afectando su propia titularidad, el derecho a su administración, o la regulación sobre su disposición. La nueva institucionalidad repara derechos conculcados por la contrarrevolución neoliberal y configura otros nuevos.
La estatización de la parte mayoritaria de las acciones de YPF significa la recuperación de la dirección del Estado nacional sobre la empresa y el restablecimiento de su rol fundamental en la producción de hidrocarburos y conlleva la decisión soberana de recurrir al instrumento constitucional de la expropiación, sobre la base de tasación previa, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17º de la Constitución Nacional.
La recuperación de la empresa es un hecho histórico que galvaniza el respaldo popular al proyecto político en curso porque:
1. YPF nacional es un símbolo de soberanía, así como su privatización provocó desazón por representar la prueba de una etapa política en la que se cedía vertiginosamente el patrimonio nacional.
2. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al asumir la necesidad de su recuperación, decidió afrontar los costos que la misma decisión implicaba con el valor que detentan los liderazgos políticos que son capaces de lidiar con los poderes e intereses de una economía internacional con alto grado de concentración y Estados centrales que expresan a las corporaciones y reducen los derechos de los pueblos.
Habiéndose cumplido con el dispositivo constitucional, la entente mediática opositora calificó la medida como confiscatoria y adujo el requerimiento de excepcionalidad de cualquier disposición expropiatoria, requisito con el que coincidió el empresariado concentrado que agrupa la AEA. Pero la norma constitucional no prescribe excepcionalidad sino utilidad pública. El enfoque que subraya la centralidad del derecho de propiedad, invocado con carácter irrestricto, es el que conduce a investir cualquier expropiación como acto confiscatorio y a sustituir la exigencia de utilidad pública por la de excepcionalidad. Este posicionamiento establece la primacía de determinados derechos humanos sobre otros, violando la doctrina sobre los mismos construida pacientemente desde la Declaración Universal de posguerra, y amparándose en una maniobra oportunista que descansa en la ausencia de la especificación de un derecho empresario, que debería escindirse del derecho de propiedad, surgido previamente, en otras condiciones y con otros fines, que le otorgaron el carácter de derecho humano. Por esto mismo, la discusión sobre el derecho de propiedad atraviesa la política y la academia. La Declaración Universal lo reconoce como derecho “a la propiedad”, otorgándole un alcance social sustantivo, pues refiere no sólo a la defensa, sino que exige el “acceso”, asumiendo una crítica a la concentración de la disposición de bienes en unos pocos.
Novoa Monreal sostiene que la doctrina moderna sobre el derecho de propiedad requiere que sea ejercido respetando los intereses generales del Estado, la utilidad pública y las necesidades colectivas, pues considera que el propietario tiene la cosa en nombre de la sociedad y la forma de su utilización debe ser concordante con los intereses generales, teniendo el propietario la obligación de concurrir al bien colectivo. No es precisamente lo que hizo Repsol, ni tampoco las prácticas empresarias que abusan de su posición dominante para capturar rentas colectivas o esterilizar mejoras del salario real, ni las empresas extranjeras que remiten el total de sus utilidades eximiéndose de destinarlas a la reinversión productiva, ni Papel Prensa cuando practicaba discriminación de precios en favor de sus empresas periodísticas controlantes.
La ampliación del despliegue de los derechos humanos, en su forma integral, tuvo como hitos las nuevas leyes enunciadas y políticas como la Asignación Universal por Hijo, el fortalecimiento de la negociación salarial colectiva, el aumento del presupuesto educativo y decisiones de autodeterminación como la desarticulación del proyecto del ALCA y el desendeudamiento con el FMI
* Economista, director del Cefid-AR y profesor de la UBA

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