Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

30May/120

CONGRESO DEL PENSAMIENTO NACIONAL Tandil – Abril de 2007-

Publicado por admin

Panel nro. 14: Política Agraria, Los nuevos desafíos –
En Centro Cultural Universitario, Irigoyen 662.

Expositor: Ing. Agr. Juan Carlos Pavoni, Presidente de ALTERAGRO Asoc. Civil

RESUMEN
Hablar del Pensamiento nacional en lo agropecuario del siglo XXI obliga a incursionar en una actualización del Pensamiento Estratégico que sustente el Crecimiento y Desarrollo de lo agropecuario argentino y hacerlo desde una concepción económica y social que reconozca lo nacional como esencia de su identidad política. El eje de la visión estratégica no puede entonces ser otro que, el hombre y la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales. Si el análisis histórico nos señala que el siglo XX constituyó el del quiebre del poder colonial y la resistencia al poder imperial, el presente debería concentrarse en la construcción de modelos alternativos que, basados en la fuerza de lo cultural, logren articular sistemas productivos que preserven una razonable eficiencia económica, con la mayor sustentabilidad social. La aplicación de recetas generadas en las usinas del pensamiento estratégico de los centros del poder académico, político, económico y financiero mundial, reproducidas aquí por sus voceros del orden establecido de los agronegocios, no pueden resultar más que en una nueva catástrofe para nuestro pueblo, como aquella que nos produjeron las impuestas en nuestra historia reciente por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Resulta esencial considerar que, como consecuencia del estrepitoso fracaso de las políticas macroeconómicas neoliberales de los noventa y del ascenso reciente de nuevos movimientos político-sociales en gran parte de Latinoamérica, es factible pensar en la revalorización de formas de la acción y el pensamiento político que habían sido vilipendiadas por el anterior poder político dominante. Desde allí surge con fuerza la idea de consolidar una visión integradora entre (1) el poder regulador y arbitral del estado, (2) la fuerza creadora de los movimientos sociales y sus organizaciones, (3) la iniciativa de los individuos y (4) la dinámica del mercado. Las acciones políticas concretas deberían emerger de Grupos de Trabajo organizados desde una Mesa de Consenso que formule, (1) una nueva ley tributaria agraria inspirada en la capacidad productiva potencial de la tierra, (2) la reformulación de las retenciones para que sirvan a un objetivo de promoción de determinados rubros productivos de interés nacional y a su vez como herramienta de redistribución intrasectorial que considere las diferencias de escala de producción, (3) nueva ley de tenencia y uso de la tierra que introduzca nuevas figuras para la propiedad de la misma e innove en aquellas del arrendamiento y la aparcería rural y (4) definición de los alcances estratégicos que debería tener la investigación y desarrollo de la transgénica, enfocada al crecimiento y desarrollo de la producción agropecuaria, sus objetivos, prioridades y límites.

CONTENIDO

El título que nos convoca, nos invita a incursionar en una actualización al siglo XXI del Pensamiento Estratégico que sustenta el CRECIMIENTO Y DESARROLLO de lo agropecuario argentino y hacerlo, desde una concepción económica y social, que reconoce lo nacional como esencia de su identidad política. En otras palabras HABLEMOS DEL PENSAMIENTO NACIONAL EN LO AGROPECUARIO DEL SIGLO XXI.
Partiendo de que Crecimiento refiere a lo cuantitativo y Desarrollo a lo cualitativo, deberíamos concentrarnos tanto en el pensamiento de lo productivo como en la salvaguarda de lo social, estableciendo como inalienable que, el centro de toda la estrategia es el hombre y la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales.
El sostenido avance de la producción agraria Argentina ya no es un fenómeno explicado solamente por la excelencia de sus recursos naturales, sino el producto de una sofisticación tecnológica en pocas partes igualada, aunque no obstante ello, quede sin explicación –por ejemplo- su coexistencia con la desnutrición infantil.
Digno es reconocer que el desarrollo capitalista a nivel mundial, sin la exclusión nacional –con la lógica excepción del Peronismo entre el 45 y el 55- lejos de considerar al hombre como el eje de la cuestión económica, puso el énfasis en el capital –o en todo caso en el hombre capitalista- otorgándole la mayor fuerza al crecimiento de la riqueza, antes que al desarrollo del bienestar humano.
Si el siglo XIX consolidó los dominios coloniales, el siglo XX fue el del quiebre del Poder Colonial y su reemplazo por el de la expansión Imperial-Capitalista, enancado –durante su etapa temprana- en los millones de muertos producto de las dos guerras mundiales que devastaron la fuerza productiva del capital humano, mientras en su actual etapa tardía, recurriendo al concepto de la globalización de los mercados, se sustenta en el enorme poder de la concentración del capital financiero y en el no menos poderoso atributo de contar con los mayores recursos tecnológicos de la historia de la humanidad. Este ciclo de la economía capitalista mundial, constituye la etapa expansiva por excelencia del sistema, en la cual instala –verborragicamente- el concepto de la sustentabilidad de los sistemas productivos, para simular un intento de corrección de lo que es -a todas luces- el talón de Aquiles de esta etapa.
Si el siglo pasado se instaló en la resistencia al poder imperial, éste debería concentrarse en la construcción de modelos alternativos que basados en la fuerza de lo cultural, logren articular sistemas productivos que preserven una razonable eficiencia económica, con la mayor sustentabilidad social.
Sin duda que dichos modelos, deberían contemplar la convivencia de diferentes tipos de propiedad de los medios de producción, sin excluir a ninguno de ellos e inclusive innovando en las formas asociativas de posible implementación.
Consecuencia del estrepitoso fracaso de las políticas macroeconómicas neoliberales de los noventa y del ascenso reciente de nuevos movimientos político-sociales en gran parte de Latinoamérica, es factible pensar en la revalorización de formas de acción política que habían sido vilipendiadas por el anterior poder político dominante. Así surge con fuerza la idea de consolidar una visión integradora entre el poder regulador y arbitral del estado, la fuerza creadora de los movimientos sociales y sus organizaciones, la iniciativa de los individuos y la dinámica del mercado (considerado éste como conglomerado de organizaciones que expresan un indiscutido poder, derivado de su capacidad económica).
En lo específicamente referido a las políticas agrarias, se debería ejercitar el diseño de las estrategias productivas desde los siguientes enunciados:
ü No debemos quedar atrapados entre las propuestas del modelo concentrador –manejado por los grandes intereses económicos trasnacionales- y aquellas románticas de un ecologismo estéril, ambos incapaces de sustentar propuestas de desarrollo económico, dotadas de condiciones capaces de mejorar la productividad y –en simultaneo- otorgar equidad a la distribución de los resultados.
ü El país requiere de modelos de desarrollo agropecuario, adaptados a las particularidades económicas y sociales regionales y dentro de ellas a las escalas de producciones vigentes y/o deseables. Un modelo alternativo de producción agropecuario, debe basarse en la producción de más y mejores alimentos y asegurar el acceso a los mismos de toda la población, rural y urbana. Esta es la clave de la sustentabilidad económica y social del modelo productivo.
ü El incremento de la producción agropecuaria, no puede realizarse a costa de la degradación de los recursos (humanos, edáficos, genéticos, ambientales, etc.) ni atentando contra la biodiversidad por el uso de sistemas productivos de alto impacto pero gran vulnerabilidad.
ü La bioconservación debe realizarse desde un enfoque racional, que armonice la producción con la productividad, destinada la primera a una población cuantitativa y cualitativamente creciente, que a su vez demanda de la segunda para el logro de una mejor calidad de vida.
ü La decisión estratégica de qué, cuánto, cómo, dónde y cuándo producir, hace a nuestra soberanía política y no debe quedar en manos del mercado –manejado oligopolicamente por los sectores concentrados- sino responder a una elección autónoma y democrática, de un modelo consensuado de desarrollo económico y social.
ü Es absolutamente imprescindible el desarrollo de programas locales de investigación, que determinen la real incidencia sobre la sustentabilidad de la producción, de diferentes modelos alternativos, adecuados a diferentes ambientes, estructuras y escalas de producción.
ü La incorporación de insumos de alto impacto en los modelos productivos (caso transgénicos y agroquímicos), deben contar previamente con investigaciones oficiales nacionales e independientes, acerca de su incidencia inmediata y peligros potenciales, sobre la biodiversidad y la salud de la población. Esto debe lograrse en plazos razonables que balanceen la necesidad de su incorporación con la preservación de la salud de la población y la calidad medioambiental.
ü Las estrategias de investigación y desarrollo de los institutos oficiales, deben responder no a las motivaciones del mercado, sino a las demandas de la sociedad. Para ello debe articularse la participación de sus organizaciones intermedias en las direcciones de los mismos, rompiendo viejos moldes instituidos por el orden establecido, que partiendo de Asociaciones corporativas, representan no los intereses del colectivo social, sino los económicos sectoriales.
ü Ejecutar la revisión y reordenamiento de la legislación que otorga beneficios impositivos a las empresas ligadas a la producción y comercialización de carnes, con el objetivo de beneficiar efectivamente a las empresas que lo necesiten para expandir sus actividades con generación de empleos. Adicionalmente debería contemplarse que dichos beneficios no vayan a parar a las empresas concentradas, sino a aquellas de nivel Pymes y Cooperativas que deberían contar con el apoyo preferencial de un Instituto de Promoción de Asociación de Pymes y Cooperativas en Cadenas de Valor Agregado.
ü Gestionar como de particular interés nacional, el apoyo económico-financiero del estado a la Agricultura Familiar y Campesina y su inserción en el desarrollo de proyectos agroindustriales que apuntalen el crecimiento y desarrollo de las economías regionales.
ü Por último, la utilización de las producciones agropecuarias con destinos diferentes a las de la alimentación humana (específicamente los Biocombustibles en la actualidad), podrá ejecutarse solo bajo regulaciones estrictas que determinen precios diferenciales para los distintos usos, de manera que todos aquellos productos que constituyen “bienes salario” no sufran distorsiones de precios, que incidan sobre el poder adquisitivo de los trabajadores e indirectamente en su participación en la distribución del ingreso.

Desde esta concepción estratégica, la acción concreta debería concentrarse en:
1. Constituir en la órbita del estado una mesa de consenso para encuadrar políticas de estado de coyuntura y estrategias de mediano y largo plazo, de la que participen todos aquellos sectores de la producción, el comercio y el trabajo, que compartan la visión política enunciada en este marco del Pensamiento Nacional.
2. Desde la misma Mesa de Consenso, abocarse a la organización de Grupos de Trabajo en torno a la siguiente agenda:
ü Nueva ley tributaria agraria que establezca un impuesto base, que reconozca el potencial productivo desde la digitalización de la aptitud agrícola del suelo y clima, expresada en un índice de productividad por potrero. Ello conformaría lo que antiguamente se dio en llamar Renta Potencial de la Tierra.
ü Reformulación de las Retenciones a la producción primaria de origen agropecuario, aplicando a las mismas un concepto de herramienta de promoción de determinados rubros productivos de interés nacional, que contemple las diferencias de aptitud económica y valor estratégico de las diferentes producciones y los diferentes cultivo/productos y actúe para corregir los desequilibrios que introducen las leyes del mercado. También como un concepto redistributivo intrasectorial que considere las diferencias de escala de producción. (Cuando se organice la digitalización de la aptitud productiva del clima y suelo de cada potrero y en la totalidad de la tierra agrícola del país, se podrán categorizar las zonas de producción de acuerdo con sus capacidades productivas y considerarlas como variable de corrección de las asimetrías mostradas por las mismas.)
ü Nueva ley de Tenencia y Uso de la Tierra, que introduzca nuevas figuras para la propiedad de la misma (que debería excluir a las sociedades anónimas nacionales y extranjeras, así como las personas físicas extranjeras que no acrediten un mínimo de determinada cantidad de años, de radicación en el país). De igual manera se debería innovar en las figuras del arrendamiento y la aparcería, que deberían excluir el contrato accidental por un año, llevar el contrato mínimo a tres años e incentivar los períodos mayores con beneficios fiscales para el propietario y para los arrendatarios que utilicen determinadas técnicas de conservación de los recursos.
ü Definir -coordinadamente con la SECYT- los alcances estratégicos que debería tener el desarrollo de la transgénica enfocada al crecimiento y desarrollo de la producción agropecuaria. Objetivos, prioridades y límites.

30May/120

LA RECUPERACION DEL CONTROL DE YPF UNA DECISIÓN ESTRATÉGICA

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Se debe recuperar el carácter estratégico del tema energético, en todas las etapas de producción y comercialización. La autoridad pública debe asumir la definición e implementación de las políticas y el planeamiento estratégico del sector eléctrico y de hidrocarburos, con participación del sector privado, pero con el objetivo de que la Argentina recupere su renta petrolera y consolide la ventaja competitiva de contar con energía barata.

Plan Fénix
Propuestas para el desarrollo con equidad
Diciembre de 2002

La expropiación del paquete accionario mayoritario de YPF, en manos de la empresa multinacional Repsol, es una de las medidas de mayor alcance adoptadas por el Estado argentino en los últimos años. Ello es así por su significación política y económica y porque atañe a un sector altamente estratégico, como es el de los hidrocarburos. Desde el Plan Fénix, consideramos necesario dar a conocer nuestra postura.

La privatización de YPF constituyó uno de los avances más profundos dentro del proceso de reformas estructurales neoliberales, implementadas en la década del ’90. Ningún país fue hasta donde llegó la Argentina, en cuanto al des-involucramiento estatal en materia de hidrocarburos y en la implantación de la errada noción de que éstos debían ser tratados como una mercancía más. Fue en tal sentido una manifestación extrema del enseñoramiento del mercado en la vida de los argentinos. La privatización de YPF fue vista por sus propiciadores como una operación audaz, porque iba más allá de lo logrado en materia de reformas neoliberales por cualquier otro país.

Desde fines del siglo XIX, cuando se conforma el sector energético como articulación entre la generación eléctrica centralizada y los hidrocarburos, se demostró que estos eran un recurso absolutamente neurálgico en la vida de los países, por la virtual imposibilidad de su reemplazo. Ni el potente desarrollo industrial que se observó en el Siglo XX en parte del mundo, ni los conflictos bélicos de gran escala (como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Vietnam) habrían sido posibles sin el petróleo; no es casualidad que más de un conflicto haya sido generado por éste. Es muy probable que para los relatos históricos futuros, el siglo pasado y el presente constituyan “la era del petróleo”.

La Argentina desarrolló tempranamente sus recursos hidrocarburíferos, aunque durante décadas el suministro interno fue a la zaga de las necesidades de consumo. A partir de 1922, el desarrollo de reservas estuvo principalmente a cargo del Estado, encarnado en la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

El autoabastecimiento energético, muchas veces enunciado como un objetivo estratégico, fue alcanzado recién en la década del ‘60, mediante una discutida apertura al capital extranjero, que iría a sufrir vicisitudes diversas. Lo que resultó evidente, en todo este largo período de crecimiento gradual y con altibajos del sector petrolero, fue que la Argentina distaba de ser un país de gran potencial hidrocarburífero.

En este contexto, el Estado fue el único agente realmente interesado en la prospección de nuevas reservas. Entre los muchos descubrimientos, uno solo –el del yacimiento de Loma de la Lata, identificado por YPF– produjo un salto importante en la disponibilidad de gas, lo que permitió una inusual participación de este hidrocarburo en la matriz energética.

La privatización de la década del ’90 no consistió solamente en la venta de nuestra empresa emblema, YPF; abarcó también la transferencia al sector privado de amplias áreas en explotación, mediante la concesión de las mismas o la mera reconversión de convenios de explotación en regímenes de libre disponibilidad del petróleo, a favor de las empresas contratistas. Por otro lado, el valor de venta de YPF fue corregido a la baja, por una auditoría ad-hoc que redujo fuertemente las reservas comprobadas.

Consumada la transferencia al sector privado, la producción creció por la “fácil” expansión de reservas que permitió el trabajo de prospección de YPF realizado con anterioridad a la privatización. Este aumento junto con la des-industrialización producida en la década del 90, hicieron que la Argentina se mostrara excedentaria en producción petrolera, lo que permitió exportar cerca del 40 % de la misma. La producción alcanzó 49 millones de metros cúbicos en 1997. Asimismo, se construyeron ductos con el solo propósito de exportar gas; el volumen vendido al exterior llegó a representar más del 20% de la producción total de este fluido.

En esta época de supremacía del mercado y de precios bajos, la producción petrolera argentina representaba cerca de 1/3 de la de Venezuela, y nuestro país exportaba más petróleo que Ecuador. No faltó quien especulara con la entrada de la Argentina en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Todo un símbolo de la pérdida de vocación industrial y de una aclamada reprimarización económica.

Este sueño no solo fue breve sino, además, un mal negocio. El cenit del superávit hidrocarburífero se produjo cuando el barril de petróleo valía 17 dólares. La producción de petróleo comenzó a declinar paulatinamente ya en 1999; la de gas hizo lo propio a partir de 2007, al tiempo que un silencioso shock multiplicó gradualmente el precio internacional del crudo en seis veces, a partir de 2004. Hasta 2010, sin embargo, la Argentina mantuvo un superávit energético, decreciente en cantidades pero de gran magnitud en divisas.

En 1999 se produce la adquisición, facilitada por el Estado, de una parte mayoritaria del paquete accionario de YPF por parte de Repsol, una empresa estatal española devenida en mutlinacional. Sus actividades se concentraban en el refinamiento y la distribución de combustibles (o sea, en el llamdo downstream según la jerga del sector) que importaba de otros países, pues España casi no tenía producción propia.

Repsol invirtió en esta operación unos 13.000 millones de dólares, en parte aportados por las instituciones de crédito españolas que eran sus accionistas controlantes. De esos 13.000 millones sólo 4.000 ingresaron a la Argentina; el resto se pagó a accionistas de la YPF privatizada anteriormente, a través de las Bolsas del mundo. Esta inversión se justificaba porque parte de la estrategia de crecimiento de España se basaba en el desarrollo de “campeones nacionales” con capacidad de competir en el mercado internacional. Repsol completaba la tríada de “campeones nacionales” junto con ENDESA de España y Telefónica de España.

La absorción de YPF constituyó la oportunidad para Repsol de acceder a la producción de crudo en gran escala, con el fin de constituirse como empresa integrada. Pero, el interés por el petróleo argentino no era duradero; para competir a nivel internacional necesitaba una base de producción diversificada geográficamente y, de ser posible, tener producción en países “petroleros” donde la productividad y la “renta petrolera” son mucho más altas que en la Argentina.

Fue así que inició un gradual retiro de nuestro país, en busca de horizontes que consideraba más promisorios, particularmente en las cuencas del norte africano o en acuerdos de bajo riesgo en otros países que habían invertido en exploración a través de sus empresas estatales. También incrementó su pasivo total por operaciones especulativas en su país de origen.

En este contexto, se facilitó, luego en 2008 y con anuencia oficial, la entrada de un socio local, que no aportó capital efectivo ni experiencia empresaria pertinente. La casi totalidad de su participación se produjo a través de un financiamiento (brindado por la propia Repsol y por consorcios bancarios), que requería ineludiblemente la distribución de utilidades para el repago. Este mecanismo desfinanció a la empresa y llevó a la no reinversión en la Argentina de las cuantiosas rentas obtenidas por YPF. Se trató de una mecánica conveniente para ambos socios y enormemente gravosa para el país: Repsol, mayoritario, remitía al exterior sus utilidades para invertir en otros países (a favor de la matriz, no de su filial argentina) y el nuevo socio local pagaba, de esta forma, las cuotas de su deuda.

Por otro lado, el Gobierno Nacional produjo algunas modificaciones importantes en el marco que regula la actividad. En primer lugar, se puso en operaciones en 2007 lo dispuesto en la Constitución de 1994, en la que se reconoce el dominio originario de los recursos hidrocarburíferos a las provincias (con excepción de la plataforma continental). A partir de ello, se renovaron con bastante liberalidad, concesiones provinciales a YPF y a otras empresas que explotan campos de petróleo y gas; se produjo además un amplio llamado de varias provincias a empresas dispuestas a realizar actividades de exploración.

Además, se instituyeron en 2008 los planes “Petróleo Plus” y “Gas Plus”, por los que se estipuló que la producción de hidrocarburos procedente de reservas nuevas sería remunerada al precio internacional pleno, y ya no al valor de referencia para el consumo interno.

Estas medidas, que fueron presentadas con la intención de alentar con fondos fiscales la actividad privada para exploración y desarrollo de nuevas reservas, no fueron eficaces en los hechos –debido a errores de diseño y a fallas en los controles estatales– para contrarrestar la caída tendencial en la producción. Hoy la Argentina produce un 32% menos de petróleo y un 12% menos de gas, con relación a los valores máximos alcanzados en el pasado inmediato (en 1998 y 2004, respectivamente). El año 2011 vio acentuarse la contracción en la producción de petróleo con relación a años anteriores: la producción cayó un 6%, en tanto la reducción del quinquenio anterior había sido de 1,6% anual. La producción de gas también se contrajo 3,4%, frente a una tasa anual de reducción de 1,7% en el quinquenio anterior.

El déficit del comercio de hidrocarburos ascendió en 2011 a 3.124 millones de dólares, frente a un superávit de 1.979 millones de dólares en 2010. Señalamos que concurrió a este resultado un incremento entre ambos años del 39% en el precio del crudo y del 65% en el del gas natural licuado, lo que contribuyó a ampliar la brecha del déficit. El año 2011 mostró precios internacionales extraordinariamente elevados para los hidrocarburos.

La expropiación parcial del capital de YPF por parte del Estado podría ser leída como una respuesta a la negativa evolución de la producción, ya que se trata del principal operador del sector. En el caso del gas, su participación se redujo entre 2007 y 2011, del 29% al 23%; en el del petróleo, del 37% al 34%.

Esta decisión estatal es el primer paso para corregir el grosero error estratégico, cuando no las consecuencias de una dilapidación impune, realizado a costa del patrimonio público acumulado por varias generaciones de argentinos, a la sombra de la política de privatización. Por otro lado, la decisión implica un quiebre sustancial con la política sectorial seguida hasta hoy, que apostaba a la expansión de reservas y la producción a través de la iniciativa privada, en un marco de regulación/negociación de precios y “libre disponibilidad” de los hidrocarburos.

El ingreso del Estado como empresario de magnitud en el sector representa un cambio estructural significativo. Esta presencia estatal debe ser celebrada, en cuanto abre la posibilidad de una gestión contrapuesta a una óptica puramente mercantil.

YPF ha sido un nombre con una larga tradición y un símbolo de orgullo nacional. Durante su extensa gestión como empresa estatal, además de ser titular de la mayor parte de los yacimientos, se hizo cargo de las funciones regulatorias y de la promoción de la ocupación territorial en regiones lejanas y despobladas de nuestra geografía y del desarrollo de su infraestructura económica y social.

Para lograrlo, YPF contó con un personal capacitado y comprometido y generó un sentimiento de lealtad y permanencia no solo en ellos, sino también extendido a sus familias y a la comunidad. Las acciones llevadas a cabo por YPF no se limitaron a mejorar las condiciones materiales de los trabajadores y sus familias, sino que incidió también en la educación, los hábitos y las costumbres. Se desarrollaron barrios y se promovieron actividades sociales. Se plasmó así lo que se llamó el espíritu ypefiano, que se mantuvo hasta la privatización en los ’90.

El contexto ha cambiado considerablemente desde entonces. La adjudicación de la competencia originaria sobre los recursos naturales a las provincias y la asignación de áreas de exploración y explotación a un amplio conjunto de empresas privadas, conforman un marco más complejo del que enfrentó YPF en su historia previa, cuando detentaba el cuasi-monopolio de la explotación de hidrocarburos. Al recuperarse ahora el control estatal de YPF, estas nuevas circunstancias demandan la definición de un nuevo modelo de gestión para el futuro. En particular, deberá definirse si continuará operando bajo las pautas actuales, o si se le asignarán más importantes atribuciones, emulando el modelo estatal que supo encarnar.

Por otro lado, la actividad hidrocarburífera ya ha cumplido más de un siglo en nuestro país. Ello genera un interrogante central, que deberá ser encarado abiertamente, y se refiere a las perspectivas en cuanto a la prospección de nuevas reservas. Esta es una cuestión que solo la geología y una gestión eficaz podrán responder. Por el momento, sólo las reservas de shale gas y shale oil, de explotación compleja y costosa, con grandes dudas sobre su impacto en el medio ambiente, son la única promesa firme. Si este fuera el caso, más necesaria todavía será una gestión que sólo un Estado técnica y políticamente preparado podrá afrontar.

Ante la pobre respuesta a las políticas de incentivo ensayadas en el pasado, y dada la importancia que revisten los hidrocarburos para el desarrollo nacional, se deben celebrar –sin duda alguna– las oportunidades que se abren con la recuperación del control estatal de YPF. Se trata de un hecho precursor importante y trascendente para que el país asuma el control de sus recursos estratégicos, poniéndolos al servicio del desarrollo y de la equidad. Un primer paso, al que deberán seguir otros no menos trascendentes.

Deben subrayarse los inmensos desafíos que se perfilan, los que exigirán un complejo conjunto de políticas: la promoción de la eficiencia en el uso de la energía, la diversificación hacia fuentes renovables y no convencionales, la prospección criteriosa y ambientalmente sustentable, la adecuada apropiación y reinversión de la renta hidrocarburífera, y su potencial aporte en términos de desarrollo tecnológico, entre otras.

YPF, nuevamente en manos estatales, podrá ser un instrumento eficaz para el logro de estos fines, en la medida en que su efectivo control sea parte de un plan global y estratégico que abarque a la totalidad del sector energético y se integre con una estrategia nacional de desarrollo. Los argentinos debemos tener conciencia de que nada nos será dado “por añadidura”; de nuestro esfuerzo, de nuestra inteligencia práctica y de nuestros aciertos dependerá nuestro futuro.

Plan Fénix
Mayo de 2012

30May/120

El momento con menos hambre

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El fundador de Red Solidaria, Juan Carr, aseguró ayer que se registra en la actualidad el momento “con menos hambre en la Argentina” y adjudicó este avance al programa Hambre Cero.
Declaraciones de Jun Carr reproducidas por:
Tiempo Argentino
“En 1980 entré a la Universidad de Buenos Aires (UBA) con el objetivo de trabajar en la producción de alimentos para los más postergados. Desde entonces, vengo monitoreando el hambre y puedo decir que es el momento en que a menos hambre hay en nuestro país”, dijo Carr a Télam.
En este sentido, informó que “de cada 23 personas, una no tiene la comida garantizada”, mientras que en América Latina el número es de uno cada 14, y en el mundo, uno de cada siete. “O sea que estamos el doble mejor que América Latina y mejor que nunca en el mundo con el tema del hambre”, sintetizó.
Para el dirigente, el logro es mérito del Estado Nacional, provincial y de las municipalidades y también del mundo del campo que “genera como nunca” y de las instituciones privadas que “asisten el tema del hambre”.
“Es el momento en que más cerca están los números del sector público y privado en cuanto al hambre y desnutrición, es decir que todos vemos lo mismo: el proceso viene bien”, dijo.
Según Carr, “tanto para el sector público como para el privado, el hambre puede terminar en unos años. Es un lugar de encuentro para los dos ámbitos, sobre todo en la última década”, agregó.
Carr explicó que la tarea de asistencia se da desde tres lugares: pesando y midiendo a los chicos y adolescentes; con la provisión clásica de alimentos, y mejorando la dieta.
El dirigente social aclaró que los datos no hablan de índice de pobreza e indigencia sino de “personas con hambre” y en esa línea explicó que “en los años 1998/1999 en el país había entre 20 y 24 menores de dos años que fallecían por causas relacionadas a la desnutrición”, mientras que ahora se registran “tres o cuatro muertes por día por esas causas”.
“El número de víctimas bajó mucho y estudios privados y públicos coinciden en la mejora, que no aún no se puede celebrar porque todavía falta, pero sí se refleja el cambio”, agregó.
Para Carr, sólo resta un esfuerzo en lo vinculado a la distribución de los alimentos: “Falta ese gran encuentro entre las comunidades religiosas, educativas y los gobiernos.”
“Necesitamos que se unan para una mejor distribución, porque la comida está. Si se logra esa mesa, el Hambre Cero es inminente en todo el país”, afirmó.
El fundador de Red Solidaria adelantó que el objetivo es “ir declarando algunas localidades como ‘ciudad con Hambre Cero’. Es algo simbólico.”
La importancia de lograr el Hambre Cero está estrechamente vinculada al futuro, opinó Carr, y ejemplificó: “El 47% de los chicos que nacen terminan el secundario; si terminamos con el hambre, podríamos lograr duplicar esa cifra.