Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

22Nov/120

Publicado por admin

MERCADO DE CAPITALES Y CALIFICADORAS DE RIESGO

Diputados aprobó el proyecto para fijar nuevas reglas al mercado de capitales
Hoy tendrá despacho del Senado, que lo votará la próxima semana
Por Nicolás Fiorentino

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que pone fin a la autorregulación del mercado de capitales e instala a la Comisión Nacional de Valores (CNV), con facultades ampliadas, como único organismo de control de la oferta pública. La iniciativa, que consiguió amplio consenso luego de tomar algunos cambios pedidos por la oposición e incluso del Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval), será ley el próximo jueves, cuando el Senado cierre el ciclo legislativo.
Luego de un extenso debate en el que los bloques opositores solicitaron más cambios, que fueron rechazados, la Cámara baja aprobó el texto que persigue como objetivo romper con la lógica de mercado que rige en la Bolsa. Es decir, que los mismos actores bursátiles sean los que fijen sus propias reglas para jugar en el mercado de valores. Lo que, según el diputado del Frente Amplio Progresista (FAP) y economista de la CTA, Claudio Lozano, dejaba una millonaria caja “administrada sólo por gigantes empresas, sin participación de actores más pequeños”.
El diputado Carlos Heller defendió el proyecto y lo incluyó en sintonía con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), criticando la “lógica monetarista” de los mercados desregulados. El legislador de Nuevo Encuentro (NE) es, a su vez, autor del proyecto que cerraría el triunvirato de medidas de control financiero: la reforma a la Ley de Entidades Financieras, trabada desde hace tiempo en el Congreso.
El proyecto amplía las facultades de la CNV y facilita el ingreso de nuevos y pequeños actores al teatro bursátil, echando por tierra el requisito existente: ser accionista de la Bolsa donde actúa para participar, abriendo su participación con la mera inscripción ante la CNV, que deberá aprobar su ingreso. También se hará cargo del registro, supervisión y sanción de cada mercado registrado y de los agentes intermediarios.
Otro de los puntos que aborda el proyecto es el de las calificadoras de riesgo. En la reglamentación de la ley, que deberá estar lista 180 días después de publicada en el Boletín Oficial como máximo, la CNV “establecerá las formalidades y requisitos que deberán cumplir las entidades que soliciten su registro como agentes de calificación de riesgo”. Por pedido del FAP, el organismo podrá incluir dentro del registro a universidades públicas solamente, ya que la redacción original incluía a las privadas.
La ley también se enfoca en los asesores bursátiles. Se fijarán “normas mínimas de capacitación, acreditación y registro para el personal de los agentes registrados” que “desempeñen tareas vinculadas con el asesoramiento al público inversor”. A su vez, fija duros límites para “quienes hubiesen hecho uso indebido de información privilegiada proveniente de cualquier operación”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Roberto Feletti, consiguió incorporar al artículo 20 la potestad de la CNV de “designar veedores con facultad de veto” en las entidades donde, previa investigación, se hubiesen detectado “vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios y/o tenedores de títulos valores sujetos a oferta pública”.
En la reglamentación, la CNV también deberá fijar un cronograma de adecuación para que todas las Bolsas se reconviertan en sociedades anónimas, como exige la ley.
El Merval y la Bolsa de Comercio estuvieron muy lejos de lograr las modificaciones que pretendían. Apenas si consiguieron que se permita al mercado delegar en la entidad que comanda Adelmo Gabbi la constitución de un tribunal arbitral y la emisión de boletines.
Puntos claves del proyecto
Autorregulación. Se termina la autorregulación y la mutualización del sistema bursátil: la nueva norma refunda el mercado de capitales y le otorga más herramientas de control y sanción a la CNV. El proyecto que impulsó el oficialismo busca disminuir la especulación y redirigir el ahorro para financiar proyectos productivos y pymes.
Mercado para todos. La ley propone aumentar la cantidad de agentes de mercado y se elimina el actual requisito de que los agentes y operadores sean además inversores del mismo mercado del que participan, como lo hacen actualmente en el Mercado de Valores (Merval).
Sociedad anónima. Se prevé que los mercados se constituyan en sociedad anónima y que coticen en la Bolsa de valores, para lo cual regirán las mismas condiciones que rigen actualmente para las compañías que cotizan en la Bolsa. Se establece como autoridad de contralor a la CNV, con facultades para “fiscalizar y sancionar” a los que no cumplan con la legislación.
Secreto bursátil. El proyecto termina con el secreto de información bursátil cuando exista requerimiento del Banco Central de la Superintendencia de Seguros para aumentar la transparencia del mercado.
Calificadoras. Sólo las universidades públicas actúan como calificadoras de riesgo.
Garantía. Habrá un fondo de garantía bajo la figura fiduciaria u otra modalidad aprobada por la CNV.

El Merval y la Bolsa de Valores se fusionan
El Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) firmaron ayer un memorándum de entendimiento para crear un nuevo mercado, que se denominará Bolsa Federal de Valores.
El acuerdo se alcanzó para adecuarse a las normas propuestas por el Gobierno nacional en el proyecto aprobado ayer en Diputados con el objetivo de modificar la estructura del actual Mercado de Capitales Argentino. El memorándum fue firmado por Adelmo Gabbi, presidente de la BCBA, y Mario Bagnardi, titular del Merval, por el que se “establece la creación de una nueva entidad comercial bajo la forma de una Sociedad Anónima, que pueda atender las necesidades de todas las regiones de la Nación”.
Con este fin, el Merval y la BCBA conformarán una comisión de trabajo integrada por representantes de ambas entidades que se encargará de llevar a cabo las negociaciones con las distintas Bolsas y mercados del país. Es intención de éstas sumar a esas entidades de todas las regiones de la Argentina, e incluirlas en el proyecto con el propósito de lograr la concreción de un “único mercado nacional”.Ambas entidades “entienden de suma prudencia y trascendencia asumir la responsabilidad que tienen en la conformación del Mercado de Capitales Argentino”, señalaron en un comunicado.

22Nov/120

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Las razones históricas, institucionales y políticas de la división de la CGT
Los motivos de la fractura

Por Andrés R. Schipani*

El escaso poder de la CGT sobre los sindicatos y la relación inorgánica con el PJ explican la tendencia histórica a fracturarse. En los últimos años, además, el kirchnerismo favoreció a diversos sectores e impidió la consolidación de un gremio hegemónico. La Presidenta parece decidida a confinar al sindicalismo a un rol sectorial.
El movimiento obrero argentino atraviesa actualmente su encrucijada más difícil desde la reunificación de la CGT allá por 2004: la probable división de la central obrera tras la celebración de los comicios internos el 12 de julio. En perspectiva histórica, la división no constituye, en sí misma, un hecho novedoso: la clase obrera organizada ha experimentado numerosas fracturas a lo largo de su historia. Pero a diferencia de todas las rupturas anteriores, ésta no se da en el contexto de un movimiento situado a la defensiva. Por el contrario, tiene lugar en el marco de un proceso de recuperación del poder sindical y del salario de los trabajadores formales con pocos antecedentes en la historia reciente. En este contexto, se imponen dos preguntas: ¿cuáles son los factores estructurales que explican la ruptura?, ¿en qué medida las políticas de los gobiernos kirchneristas han contribuido a fracturar la central a pesar de la mejora constante de las condiciones de vida de los trabajadores formales?

Motivos
La historia del movimiento obrero argentino está plagada de rupturas originadas en diferencias tácticas e ideológicas entre distintos sindicatos (1). Ya en 1968 tuvo lugar una disputa histórica entre la CGT oficial, liderada por el metalúrgico Augusto Vandor, y la CGT de los Argentinos, liderada por el gráfico Raimundo Ongaro. Esta disputa –como muchas de las divisiones posteriores de la CGT– tenía como eje una diferencia táctica entre quienes entendían que debía exhibirse una posición más conciliadora hacia un gobierno de turno hostil hacia los derechos de los trabajadores (Vandor), y un ala que decidió escindirse para adoptar tácticas más militantes (Ongaro). Luego de una serie de divisiones experimentadas durante los años del Proceso entre la CGT Brasil y la CGT Azopardo, a partir del gobierno de Carlos Menem la CGT atravesó un nuevo proceso de división. Por un lado, los gremios que exhibieron la resistencia más tenaz frente al proyecto neoliberal terminaron por escindirse para fundar una nueva central, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Por otro, al interior del movimiento obrero peronista la CGT se mantuvo dividida entre 1989 y 1992 en dos bandos: la CGT Azopardo, de talante más militante y liderada por el dirigente cervecero Saúl Ubaldini, y la CGT San Martín, bajo la conducción del mercantil Güerino Andreoni. Pese a que la central se unificó tras la consolidación del gobierno menemista, el fraccionalismo volvería pronto a azotar a la confederación: hacia el año 2000, Hugo Moyano fracturó la central al escindirse de la CGT oficial dirigida por Rodolfo Daer, erigiendo una “CGT disidente” con una actitud más combativa frente al gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa.
En suma, la fractura de la CGT no es un hecho anómalo. ¿Por qué la central obrera ha sido tan proclive a fracturarse? La primera razón es de orden institucional, y está vinculada a la escasa capacidad con la que cuenta la CGT para disciplinar la conducta de sus miembros. A diferencia de otras centrales sindicales, como las de Europa Occidental, en Argentina la CGT no tiene atribuciones legales para influir en las finanzas de sus sindicatos miembros ni tampoco cuenta con mecanismos para remover a liderazgos díscolos. En el sistema sindical argentino, el locus real del poder se concentra en el sindicato por rama de actividad. Son los líderes de los grandes gremios, como los de camioneros, mercantiles, metalúrgicos, construcción, etc., quienes realmente definen la política sindical. A su vez, los líderes de estos gremios nacionales tienen una enorme capacidad de control sobre la vida al interior de su organización, en virtud de una sencilla razón: los sindicatos nacionales cuentan, a diferencia de la CGT, con la capacidad de congelar las finanzas de las delegaciones rebeldes, e incluso pueden desplazar a liderazgos provinciales insubordinados.
En otras palabras, si por un lado la legislación fomenta la creación de sindicatos nacionales por rama de actividad sumamente poderosos, por el otro concibe una confederación general de trabajadores débil, con escasas herramientas de gobierno sobre la vida sindical. La consecuencia de este diseño institucional es un conjunto de líderes de sindicatos por rama de actividad con considerables incentivos para desviarse de las líneas que impone la CGT cada vez que ellas no se acomodan a sus intereses. El caso de Luis Barrionuevo es emblemático: a tono con su ávido deseo de protagonismo, el dirigente gastronómico creó en 2008 la CGT Azul y Blanca, en la coyuntura del conflicto entre el gobierno y el campo, a los efectos de exhibir su talante opositor. Y aun cuando esta central tiene una escasa capacidad de influir en la agenda dado su escaso ascendiente entre los gremios más influyentes, Barrionuevo ha logrado alcanzar una gran visibilidad mediática con un bajo costo político.
Pero esta dinámica no puede explicarse sólo a partir de factores institucionales. Existe un factor estructural detrás de las recurrentes fracturas de la CGT, y es de orden partidario. Una diferencia clave entre el sindicalismo local y otros movimientos sindicales de la región, como el brasileño o el uruguayo, es que el argentino no está vinculado de forma orgánica a ningún partido político. Aunque prácticamente la totalidad de los dirigentes se reconocen como peronistas, casi ninguno de ellos participa en las decisiones internas del PJ o compite por cargos legislativos o ejecutivos en sus listas. Este distanciamiento entre el movimiento obrero y el PJ fue una consecuencia directa del giro neoliberal emprendido en los años noventa por Menem (2), que redujo drásticamente la presencia de sindicalistas en el partido, eliminando la vieja regla del tercio (una norma informal que establecía que un tercio de los candidatos a diputados debía ser de origen gremial) y apartando a los líderes sindicales de los puestos partidarios. Desde entonces, el sindicalismo se ha convertido principalmente en un actor corporativo (3), preocupado mucho más por defender sus intereses en la estrecha arena de las relaciones industriales, que por participar de un proyecto político más amplio que defienda los intereses de la clase obrera.
La desvinculación respecto del PJ fomenta de forma significativa la división de la CGT, al limitar las oportunidades de ascenso político de los dirigentes gremiales. En efecto, el cierre del partido supone que aquellos dirigentes gremiales con ambiciones de crecer políticamente más allá de los estrechos límites de sus sindicatos no tienen a su disposición la posibilidad de iniciar una carrera como legisladores, intendentes o gobernadores. En este escenario, una y sólo una posibilidad se les abre: la Secretaría General de la CGT. Así, en un contexto en el que existe un único premio codiciado y numerosos candidatos con ambiciones de ascender, es natural que la disputa por la Secretaría General se convierta rápidamente en una lucha descarnada a todo o nada.
El contraste con Brasil resulta ilustrativo: muchos de los más encumbrados dirigentes de la principal organización gremial del país, la Central Única de los Trabajadores (CUT), jamás ocuparon su presidencia. El ejemplo más claro es Lula, quien luego de presidir el sindicato de trabajadores metalúrgicos de la región del ABC de San Pablo se erigió como candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores (PT) sin haber ocupando la presidencia de la CUT. Pero lo mismo puede decirse de los gremios con más peso en el mundo sindical brasileño –como los del sector bancario, petrolero, educativo, estatales o trabajadores rurales– quienes en su inmensa mayoría jamás tuvieron a uno de sus dirigentes como presidente de la CUT. La mayoría de los líderes sindicales brasileños de peso han canalizado sus ambiciones de otra manera, desarrollando exitosas carreras políticas en el PT. El contraste contribuye a iluminar la particularidad de la experiencia argentina: mientras que Moyano ha mostrado en reiteradas ocasiones su vocación de utilizar su posición institucional en la CGT como una plataforma para su carrera política, en Brasil la fuerte inserción de los sindicalistas en el PT hace innecesaria una disputa feroz por la conducción de la CUT. En otras palabras, la desindicalización del PJ ha terminado por encerrar a los sindicalistas argentinos en feroces luchas intestinas por la dirección de la central obrera. Kirchnerismo
Entonces, dos elementos heredados del pasado –uno de orden institucional y otro partidario– contribuyen a explicar la endémica tendencia del movimiento obrero organizado a fracturarse. Sin embargo, los sucesos contemporáneos no pueden comprenderse solamente a partir de esta suerte de herencia maldita. Las políticas kirchneristas han contribuido también, de forma tanto voluntaria como involuntaria, a potenciar estas tendencias.
En primer lugar, la política económica, al favorecer a una cantidad extraordinariamente diversa de sectores productivos, ha conspirado contra la emergencia de un sindicato capaz de ejercer una hegemonía indiscutida en el movimiento obrero a través de su preponderancia en la estructura económica-productiva. Históricamente, en el movimiento obrero argentino siempre existió un sindicato hegemónico que, en virtud de la centralidad económica de la rama productiva en cuestión, funcionaba como vanguardia del conjunto y lo amalgamaba. Durante la primera mitad del siglo XX, cuando la economía se basaba en la exportación de productos primarios, ese rol lo ocuparon los ferroviarios, debido a la centralidad de los ferrocarriles en el proceso de transporte de los productos agrícolas desde el campo hasta los puertos. A partir de la crisis económica de 1929, y sobre todo desde la posguerra, la matriz productiva viró hacia un modelo de desarrollo basado en la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Al favorecer este modelo la producción de bienes de capital, intermedios y de consumo durables, todos ellos intensivos en insumos metalúrgicos, la UOM pasó a ejercer el rol hegemónico. No es casual que en la historiografía sindical argentina los líderes históricos de la UOM (Augusto Vandor, José Ignacio Rucci, Lorenzo Miguel) sean identificados como los líderes del movimiento obrero durante esta etapa (4). La hegemonía metalúrgica perduró hasta principios de la década del noventa. Con la apertura de la economía y la desindustralización, la integración al Mercosur, la producción just in time y el desmantelamiento del sistema ferroviario, la creciente relevancia del transporte de cargas automotor situó a los camioneros como el nuevo sindicato hegemónico (5).
Sin embargo, ese proceso de sucesión ha quedado trunco por la propia política económica del kirchnerismo, cuya estrategia hacia la clase obrera ha encerrado una paradoja: mientras la política laboral incrementó notablemente el poder adquisitivo de los trabajadores, la política económica conspiró contra la unidad del movimiento obrero al debilitar la hegemonía del sindicato de camioneros en el terreno económico-productivo (y por transitividad, la de Moyano al frente de la CGT). La combinación de un tipo de cambio depreciado, una política macroeconómica expansiva y medidas proteccionistas parancelarias favoreció el crecimiento de una serie de industrias nacionales, como la textil, metalúrgica y otras, que difícilmente hubieran prosperado bajo políticas económicas más ortodoxas. De esta forma, los sindicatos de estas industrias comenzaron a incrementar su número de afiliados y su poder de movilización hasta el punto de erigirse, en la actualidad, en rivales de peso del propio Moyano.
Si no fuera así, ¿cómo explicar el hecho de que el dirigente de la UOM Antonio Caló sea hoy el principal rival de Moyano? Sin considerar las políticas económicas que protegieron a la producción metalúrgica local de la competencia internacional es imposible entender por qué un gremio que perdió casi 90.000 afiliados solo en los primeros años de las reformas neoliberales (6) se encuentra hoy en condiciones de ejercer el liderazgo del movimiento obrero. En resumen, el modelo económico kirchnerista acentuó la pluralidad del mundo sindical, impidiendo la consolidación de un gremio hegemónico. Desprovisto de esa conducción natural, el movimiento obrero se encuentra acéfalo, y muchos dirigentes se conciben con derecho a disputar la conducción de la CGT.
Por último, el rompecabezas sindical no puede comprenderse sin la orientación táctica que la propia Presidenta ha desplegado hacia el movimiento obrero: en particular, la enérgica oposición de Cristina Kirchner a las ambiciones político-partidarias del sindicalismo y su intención de confinar la influencia de los sindicatos al ámbito de las relaciones industriales. Desde la perspectiva de la Presidenta, la época en la que los sindicatos constituían la columna vertebral del peronismo es cosa del pasado. Es por ello que los cargos legislativos y ejecutivos del PJ quedaron reservados a los jefes territoriales y, en menor medida, a los jóvenes de La Cámpora.
El objetivo de mantener al PJ desindicalizado explica más que cualquier otro factor la disputa con Moyano. En esta empresa, la Presidenta se ha apoyado en las diferencias ideológicas existentes al interior del movimiento obrero: de un lado, Moyano y sus aliados, en general pertenecientes a gremios vinculados al sector del transporte, que buscan la resindicalización del peronismo. Del otro lado, muchos de los gremialistas enfrentados a Moyano, los llamados “gordos” y los “independientes”, que no comparten estas aspiraciones: muchos de ellos creen que el movimiento obrero debe ejercer un rol más corporativo, en el cual los sindicatos se limiten a funcionar como grupos de interés orientados a conseguir mejoras salariales y de condiciones de trabajo. Esta es la fisura interna en la que se apoyó el gobierno a la hora de enfrentar a Moyano.

Futuro
¿Cuáles son los efectos de una ruptura de la CGT en el escenario político? La respuesta es matizada y compleja. Por un lado, en el corto plazo no parece avizorarse un panorama apocalíptico: en rigor, esta ruptura tendrá escasos efectos en la capacidad del gobierno de mantener la paz social en las relaciones industriales. Como mencionamos anteriormente, el locus real del poder sindical es el sindicato por rama de actividad, no la CGT. Una central fragmentada no va a afectar decisivamente la dinámica de las negociaciones colectivas, que siempre han estado regidas por los topes informales impuestos desde el Ministerio de Trabajo y la capacidad de presión de los sindicatos emplazados en los sectores económicos más dinámicos, y no por alguna directiva impuesta desde la CGT. Más allá de la combatividad de los camioneros, el resto de los sindicatos probablemente continuará negociando sus convenios colectivos de la misma forma que en estos últimos años, durante los cuales la paritaria del gremio de Moyano ya no ha constituido un techo para sus reclamos sectoriales.
En el largo plazo, sin embargo, la fractura provocará problemas serios en dos áreas sensibles para el kirchnerismo: el avance de pactos sociales que procuren soluciones de fondo a los problemas del país, por un lado, y el control de la protesta popular, por el otro. En relación al primer punto, es preciso mencionar que una fractura de la CGT implicaría la convivencia de cinco centrales sindicales en el país: la CGT de Moyano, la que encabezan la mayoría de los “gordos” e “independientes” y la de Luis Barrionuevo, además de la CTA afín al oficialismo liderada por Hugo Yasky y la CTA opositora de Pablo Micheli. Esta fragmentación tornará difícil el avance del tipo de pactos sociales que la Presidenta ha buscado forjar entre sindicatos, empresarios y Estado a los efectos de promover soluciones concertadas, de corte no ortodoxo, para problemas estructurales, como la inflación.