Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

2Ene/130

Crisis y fracturas económicas, políticas y sociales de la periferia europea 1.

Impulsar el debate social
Han pasado más de cuatro años desde el inicio de la crisis y la situación económica y social, lejos de mejorar, ha empeorado y no deja de degradarse.
La gestión política de la crisis se ha encastillado en un diagnóstico equivocado e interesado sobre las causas de los problemas, y las instituciones europeas y los gobiernos nacionales persisten en la aplicación de una estrategia fracasada que descansa en recortes generalizados del gasto y la inversión públicos, reducciones salariales y “reformas” que limitan derechos y privatizan los servicios públicos fundamentales.
Estas políticas suponen una inversión del verdadero orden de prioridad de los objetivos de política económica y no se dirigen a la solución de los verdaderos problemas de la mayoría. Pero es que, además, en ninguno de los objetivos que los propios defensores de esta estrategia han definido como prioritarios (principalmente, la reducción del déficit público) se han logrado avances significativos, mientras que sus costes sociales y económicos son evidentes.
A pesar de ello, los gobiernos de los países periféricos han adquirido con las instituciones europeas, y con los intereses que representan, el firme compromiso de aplicar esa estrategia conservadora de política económica, a espaldas de la ciudadanía e incumpliendo gran parte de sus programas electorales. No parecen tener en cuenta los devastadores efectos que se están produciendo y que suponen una situación insostenible para millones de personas que han perdido sus empleos, no pueden acceder a puestos de trabajo que no existen, no cuentan con la protección social que deberían ofrecerles las instituciones públicas y han dejado de disponer de las rentas y los derechos efectivos que les permitan sentirse y ser considerados como ciudadanos y ciudadanas.
Todo esto, junto a la debilidad y escasa visibilidad de las alternativas políticas y económicas, alienta el desánimo, la desconfianza, el temor y la frustración de las sociedades. Por ello, han comenzado a ser permeables a ideologías y prácticas populistas e insolidarias que desatan y alimentan pulsiones antidemocráticas y xenófobas que pueden hacerlas cada vez más insensibles a las penalidades de una parte de sus conciudadanos.
Pero también ha alumbrado la indignación de muchas personas, masivas protestas sociales y huelgas que exigen un nuevo horizonte y otras soluciones. Nos sentimos parte del movimiento social de indignación y protesta y compartimos sus objetivos de cambiar el actual estado de cosas y construir alternativas que supongan un nuevo orden de prioridades de la política económica, para que ésta responda a las preferencias expresadas democráticamente por la ciudadanía.
Este texto pretende contribuir y servir de cauce para un debate social que permita avanzar en la reflexión colectiva sobre los problemas de muy diferente tipo, no sólo económicos, también político-sociales, que aparecen asociados a la crisis y a las políticas de austeridad y recorte que se han impuesto. La elaboración de nuevas políticas económicas no debe dejarse en las manos exclusivas de los círculos de “expertos” poseedores de un supuesto conocimiento económico universalmente válido, sino que debe partir de un proceso de debate y elección política que corresponde a la mayoría de la sociedad. Confiamos en que ese debate y un mayor conocimiento de los problemas económicos y sociales, los intereses en juego y los poderes presentes harán más fuerte al movimiento social, conseguirán la retirada de las políticas actuales y permitirán dar nuevos pasos en la construcción de una estrategia alternativa que sea técnica y políticamente viable.
2. Ganadores y perdedores
Los impactos de la crisis económica y de la errada gestión política que han impuesto los poderes efectivos de la UE han afectado de manera bien distinta a los Estados miembros; de igual modo, en cada país, la crisis y las políticas de recorte están contribuyendo de forma preocupante al aumento de la desigualdad económica.
Las consecuencias más destructivas recaen especialmente sobre las economías meridionales del continente. Lastradas por sus débiles estructuras productivas y sus elevados niveles de endeudamiento, soportan además la insoportable presión de los mercados y la rigidez de las instituciones comunitarias. Otros países europeos hacen frente a los rigores de la crisis con tejidos productivos más competitivos, menores niveles de endeudamiento y Estados del bienestar más desarrollados que suavizan el efecto de los recortes y las políticas recesivas. Además, cuentan con una posición de dominio en las instituciones europeas y aprovechan su posición como acreedores para imponer a los países con posiciones deudoras netas fuertes procesos de ajuste orientados principalmente a garantizar, por encima de cualquier consideración, aunque seguramente con muy pocas posibilidades de éxito, el pago de estas deudas.
El propio mapa institucional y político europeo está siendo sometido a una profunda reconfiguración, impulsada principalmente por el gobierno conservador de Alemania. Este país lidera las posiciones de otros países del “Norte”, abandera los intereses de los grandes bancos acreedores, de la burocracia comunitaria, de las grandes empresas transnacionales y de las instituciones monetarias y financieras internacionales.
También se aprecia, desde la perspectiva de los grupos sociales y de las empresas, un desigual reparto de los costes. Esta perspectiva, deliberadamente ocultada por el discurso dominante, tiene sin embargo una importancia crucial.
Por un lado, un amplio segmento de la población se empobrece, la juventud observa con extremada preocupación cómo se cercena su horizonte laboral y profesional (se habla ya sin reservas de una generación perdida) y muchas pequeñas y medianas empresas se ven privadas del crédito necesario para funcionar, acometer nuevos proyectos de inversión o, simplemente, sobrevivir en unos mercados que experimentan una continua contracción.
La crisis también afecta de forma específica a las mujeres. Particularmente, a través de la intensificación de su trabajo. Por una parte, ante pérdida de poder adquisitivo, los hogares aumentan el trabajo doméstico y de cuidados produciendo aquellos bienes y servicios que en épocas anteriores a la crisis se adquirían en el mercado. Por otra, los recortes en servicios esenciales del Estado del Bienestar no se limitan a ahorrar gasto público, sino que están transfiriendo cargas del estado a las familias, como los cuidados sanitarios generales y aquellos destinados a personas mayores. Pero cuando decimos familias, decimos, fundamentalmente, mujeres, y esto no es nuevo. El estudio de crisis anteriores muestra que la salida de la misma siempre se ha acompañado de una intensificación del trabajo de las mujeres y con un retroceso en las situaciones de equidad e igualdad conseguidas en épocas de bonanza.
La población inmigrante, por su parte, se ha convertido en una de las principales pagadoras de esta crisis: ha sido expulsada del mercado laboral con mayor intensidad que la población autóctona como consecuencia, por un lado, de la fuerte participación en sectores afectados especialmente por la crisis (caso de la construcción en España) y, por otro, de la precariedad e inseguridad laboral padecidas crónicamente; y ha visto recortada las redes de solidaridad que la protegen de los riesgos sociales y la enfermedad.
En el otro extremo, los que están situados en la cúspide de la pirámide económica y social no sólo han resistido mejor los embates de una crisis de la que, en buena medida, son principales responsables, sino que ésta ha creado el escenario adecuado para abrirles nuevas oportunidades: mercados que son capturados por grupos empresariales que se benefician de las debilidades financieras o de la quiebra de sus competidores; procesos de desregulación y concentración; bancos que reciben ingentes recursos y apoyos del sector público; privatizaciones de empresas y servicios públicos en condiciones muy favorables para los inversores; posibilidades para las empresas de reducir los salarios, despedir trabajadores, alargar la jornada de trabajo o cambiar cualquier otra de las condiciones de trabajo, etc.
Conviene destacar aquí al sistema bancario, que ha estado en el origen de la crisis y sigue estando presente en su desarrollo, sin que sus principales accionistas, gestores y directivos de órganos de supervisión y control se hayan hecho responsables de su pésima gestión o hayan asumido los costes económicos y penales correspondientes. Más allá de una pérdida coyuntural en el valor de las acciones, el sistema bancario ha visto recompensados su excesivo endeudamiento y la nula calidad de sus valoraciones sobre los proyectos de inversión de alto riesgo que financiaban, con un apoyo ilimitado del BCE y de los respectivos gobiernos nacionales que ha acabado agravando la situación de las cuentas públicas. Los planes de rescate bancarios han aportado y siguen aportando financiación pública en condiciones extremadamente generosas sin que medie ningún compromiso o control que contribuyan a la recuperación del crédito y la actividad económica.
3. Crítica de la estrategia conservadora de política económica frente a la crisis
Las políticas económicas que se han recetado e impuesto a las poblaciones de los países periféricos de la eurozona parten de un diagnóstico erróneo e interesado de las causas de la crisis, en el que el despilfarro y la ineficiencia del sector público ocupan un papel esencial. A esta causa determinante se añade un pretendido consumo excesivo de sociedades que, según la argumentación convencional, habrían vivido por encima de sus posibilidades, provocando insostenibles niveles de endeudamiento y desequilibrios de las cuentas exteriores. Ahora deberían pagar sus excesos, sufriendo la reducción de los niveles de protección social que existían antes de la crisis, teniendo acceso a menos y peores bienes públicos y trabajando más horas por menos salario –los que conserven sus empleos-.
También se reconoce un papel, menor, a las debilidades e incoherencias en el diseño institucional de la eurozona, que no habría permitido gestionar los problemas y, en ocasiones, habría contribuido a agravarlos. Esos problemas de diseño deben ser solucionados, se añade, reforzando la unidad bancaria, progresando en la homogeneidad y disciplina fiscal y, como colofón, admitiendo en última instancia fórmulas de mutualización de la deuda pública que aplaquen la inestabilidad financiera, pero que no supongan incentivos para que los países periféricos vuelvan a despilfarrar los recursos que les prestan.
A partir de este diagnóstico, que no compartimos en absoluto, se ha impuesto un paquete de medidas que establecen como prioridad absoluta la consolidación fiscal a corto plazo, hasta conseguir un equilibrio estricto y permanente de las cuentas públicas. Al tiempo, se promueven devaluaciones internas –eufemismo técnico para referirse a las reducciones salariales y de las condiciones laborales- con el objetivo de abaratar las exportaciones y convertir al sector exterior en motor de la reactivación económica. Sin olvidarnos del interés que tiene esta medida de recorte salarial en sí mismo para empresarios y grupos de interés que tan claramente la apoyan.
Los hipotéticos avances en la consolidación fiscal y en la mejora de las exportaciones netas se verían recompensados por el mantenimiento de planes de rescate europeos, condicionados eso sí al estricto cumplimiento de unos objetivos presupuestarios predeterminados, mientras se rediseña la eurozona con el fin de reforzar la capacidad de las instituciones comunitarias para ejercer el poder de control previo, decisión y gestión de la política presupuestaria y económica de los Estados miembros.
Nada permite sustentar este diagnóstico interesado ni las políticas económicas que se derivan de él, como tampoco los pretendidos efectos expansivos que tendrían en el futuro las medidas de austeridad.
Primero, porque ni la corrección del déficit público ni la competitividad ganada a costa de las condiciones de vida de la mayoría pueden ser los objetivos centrales de la política económica. Al contrario, el corazón de estas políticas debe ser ahora mismo la creación de empleo decente y sostenible, y puede lograrse con otras políticas económicas.
Segundo, porque los datos muestran también de forma concluyente que ni siquiera se han alcanzado los objetivos que dicen perseguir quienes proponen estas medidas.
Los déficits públicos no se están reduciendo al ritmo y en los tiempos esperados. La deuda pública y la deuda externa siguen creciendo, y la deuda privada no se reduce significativamente. La inestabilidad de los mercados financieros no se aplaca si no es por actuaciones del BCE –siempre tardías, siempre insuficientes, siempre condicionadas a nuevos recortes- cuyos efectos apenas duran días o semanas.
El crecimiento de las exportaciones netas es antes el fruto de la caída de la demanda doméstica que de la mejora de la oferta productiva; y en último término no ha permitido compensar el hundimiento generalizado del gasto y la inversión de agentes económicos públicos y privados ni evitar la recesión.
Además, los impactos negativos sobre el crecimiento potencial, fruto del recorte de las inversiones en innovación, educación o incorporación de nuevas tecnologías, de la destrucción de capacidad productiva y de las consecuencias del paro de larga duración, supondrán una restricción añadida a la futura reactivación económica.
Finalmente, los efectos sociales más perniciosos de la crisis toman la forma de desempleo, pobreza y exclusión de los sectores más vulnerables y agudizan una desigualdad que está en el origen de la crisis y que no ha hecho más que aumentar desde su estallido.
Tercero, porque podemos ofrecer un diagnóstico que se ajusta mejor a lo que realmente ha ocurrido. Pero antes de exponerlo, podemos preguntarnos cómo es posible explicar, a pesar de toda la evidencia en contra, la obstinación por perseverar en estas políticas.
La persistencia en el error es, en primer término, la expresión de un “fundamentalismo teórico” que, lejos de haberse debilitado, ocupa una posición prominente tanto en los círculos académicos como en los centros políticos de decisión. El planteamiento que defienden es así de rotundo y de simplista: la austeridad obtenida a cualquier precio –el del deterioro de las condiciones de vida de la mayoría, no se olvide- es la antesala del crecimiento económico. ¿Cómo es posible que quienes se encuentran instalados y atrapados en este bucle teórico no hayan encontrado en el fiasco de las políticas aplicadas en los últimos años los datos y argumentos que recomienden revisar sus hipótesis y enunciados?
Pero no se trata sólo, ni principalmente, de convicciones ideológicas o de apriorismos académicos más o menos fundados. Hay más, mucho más. Una alianza de poderes y elites sociales y económicas minoritarios que obtienen beneficios y nuevas oportunidades en la actual situación de crisis y aspiran a conseguir nuevos espacios de acumulación y mecanismos que garanticen mayores tasas de rentabilidad mediante una redistribución más regresiva de la renta y una apropiación a bajo precio de activos públicos y privados.
Podría llegar a pensarse, incluso, que tras las pretensiones estabilizadoras, existe algo parecido a una “agenda oculta” cuyo objetivo final no sería otro que ofrecer al mercado y a los intereses privados el sector social público. Lo cierto es que si esa agenda estuvo alguna vez oculta, hoy no lo está.
La crisis, en suma, ha terminado por convertirse en la excusa perfecta para redefinir el modelo social, cuestionando derechos y alterando la geografía interna y externa de los diferentes ámbitos económicos (más mercado, menos estado, refuncionalización de la esfera doméstica, etc.) con la intención de que todo ello sirva de impulso a un nuevo ciclo de acumulación. Un modelo social que ejerce despiadadamente la violencia económica sobre los más débiles, enalteciendo el mérito, combatiendo cualquier principio de igualdad de oportunidades y los mecanismos de redistribución y solidaridad instituidos. Un modelo de capitalismo de principios del siglo XXI que parece inspirarse en los peores rasgos del capitalismo liberal e imperialista de finales del siglo XIX, y que aspira a redefinir los fundamentos del orden social exclusivamente en términos de propiedad y mercados.
4. Un diagnóstico alternativo de la crisis económica de la eurozona
Una lectura estructural de la crisis nos muestra que ésta es fruto de la combinación de los procesos de mundialización y financiarización con una clara impronta neoliberal que se vienen desarrollando desde hace décadas. El resultado es un modelo de crecimiento desequilibrado, caracterizado por un peso creciente de la esfera financiera, asimetrías productivas entre regiones, una mayor desigualdad en la distribución de la renta, unas condiciones sociales, laborales y ambientales cada vez más degradadas, y el recurso a la deuda como motor de la demanda, lo que se refleja también en los desequilibrios por cuenta corriente. En suma: un modelo insostenible caracterizado por múltiples fracturas económicas y sociales.
Desencadenada en Estados Unidos por factores sobradamente conocidos, la crisis financiera mostró pronto su naturaleza global y afectó también de forma inmediata al sistema bancario europeo, que dio muestras de la excesiva vulnerabilidad a la que le habían conducido los procesos de desregulación, la debilidad de los órganos de supervisión y control y un sistema de incentivos que permitía asumir máximos riesgos colectivos con mínimas responsabilidades personales para los directivos, y que favorecía el incumplimiento de unos requisitos elementales en las tareas de auditoría o calificación de riesgos. Las consecuencias de estos problemas se dejaron notar de forma muy rápida entre aquellos agentes más endeudados (principalmente privados) y, junto a unas políticas económicas contraproducentes, han provocado grandes pérdidas de empleo y renta entre la mayoría de la población.
En su transcurso, la crisis recorre fases diferenciadas. En la primera, todos los esfuerzos se concentraron en salvar el sistema financiero al coste que fuese y sin mayores condicionamientos. En la segunda, la presión se desplazó hacia evitar la depresión, utilizando para ello el gasto público, aunque con escasa coordinación y unos resultados relativamente satisfactorios en tanto en cuanto no se entró en depresión y se llegó a esbozar una precaria recuperación. En la tercera fase, sin embargo, pasan a primer plano los problemas de deuda soberana que la propia crisis genera, se renuncia a una regulación financiera estricta y, especialmente en la eurozona, se da prioridad absoluta a la reducción del déficit público, arrostrando las consecuencias que puedan derivarse.
Fijando la atención en la UE, puede decirse que, tras la superficie de una convergencia aparente que aproximaba niveles medios de renta por habitante de los Estados miembros, la crisis desveló una Europa fracturada en la que las diferencias en las estructuras y especializaciones productivas se habían agrandado y los muy graves desequilibrios macroeconómicos que sufrían las economías periféricas contrastaban con la saneada situación de los países que constituían el centro de la UE. De igual modo, las desigualdades de rentas, patrimonios y condiciones laborales entre los diferentes grupos sociales y en el seno de las propias clases trabajadoras se habían agrandado, aunque ese efecto aparecía también velado por el crecimiento de la renta media por habitante.
En realidad, este crecimiento de la renta media estaba sustentado en unas bases frágiles donde el endeudamiento, facilitado por la financiarización de las economías, la reducción de los tipos de interés y la propia moneda única, jugaba un papel fundamental. La demanda interna de los países de la periferia fue impulsada por el crédito procedente de las economías del norte de Europa y este proceso se realimentó con la aparición de burbujas y la especulación en los mercados de activos.
Aunque este funcionamiento de la economía ofrecía para algunos sectores máxima rentabilidad a corto plazo, impulsaba también la desindustrialización, alentaba el despilfarro de materiales y recursos energéticos y, al menos en el caso español, destruía paisajes y medio ambiente y convivía o era parte esencial de numerosos casos de corrupción política y económica. Supuestamente, el funcionamiento ideal de los mercados que aparece en algunos razonamientos convencionales debería haber garantizado una óptima asignación de los recursos y ofrecer señales claras a los agentes económicos para que tomasen las decisiones adecuadas. Pero una visión menos idealizada de lo que ocurrió nos muestra, sin embargo, la expansión de sectores que se caracterizan por su escasa productividad, bajo valor añadido, mínima densidad tecnológica y nulas exigencias de cualificación laboral en la mayor parte de la fuerza de trabajo que emplean.
El crédito empujó a la demanda interna de la periferia por encima de la renta disponible de los hogares y, más aún, por encima de la oferta de bienes industriales imprescindibles, que debían ser importados para sostener el crecimiento. Así, se fue acumulando un exceso de endeudamiento de los agentes económicos privados y déficits exteriores crecientes que sobrepasaron los límites de lo sostenible. A la vez, los países del centro basaron su crecimiento en las exportaciones que su propio ahorro financiaba, aplicando deliberadamente políticas de restricción salarial y contención de su demanda interna. Ambos modelos son mutuamente dependientes.
Esta explicación de los desequilibrios externos en el seno de la eurozona es contraria a la visión asimétrica sobre las responsabilidades en el origen de la crisis que ha acabado imponiéndose, y que recaería principalmente sobre los países actualmente endeudados. Una visión más ajustada a la realidad no puede obviar que, sin las políticas mercantilistas de países como Alemania y la orientación marcadamente exportadora de su crecimiento, no pueden entenderse los abultados déficits comerciales de los países del sur del continente.
A partir de 2008 comienza la corrección progresiva del excesivo endeudamiento privado de los países periféricos al que había conducido la lógica y el normal funcionamiento de la eurozona. Es entonces, y no antes, cuando el sector público intenta compensar parte de la debilidad de la demanda interna, inducida por el desendeudamiento privado y la paralización de los flujos financieros, con un incremento del gasto público que de hecho no pudo ser mantenido, porque los efectos recesivos de la crisis y las reformas fiscales llevadas a cabo antes de ella reducen drásticamente su capacidad recaudatoria. Junto a ello, el aumento del paro y de los costes de financiación de la deuda pública, no contrarrestados a tiempo por el BCE, exigían mayores desembolsos públicos. Es a partir de entonces, no antes de la crisis, cuando aparecen los actuales desequilibrios de las cuentas públicas.
En cambio, las políticas mercantilistas de los países del centro, el aumento de las disparidades en las especializaciones productivas y la ampliación de las desigualdades sociales y territoriales, que explican el endeudamiento, son ya anteriores a la crisis, revelando la dimensión estructural de los problemas de nuestras economías. La consolidación de una Europa fracturada es la expresión de estas deficiencias, que deben ser abordadas de forma inmediata, aunque su solución requiera tiempo y el esfuerzo cooperativo y solidario de todos los Estados miembros.
Este diagnóstico, que sometemos al escrutinio y al examen de todas las personas y colectivos que deseen participar en el debate, está abierto a los matices, correcciones y argumentos críticos que nos aporten todos los que deseen intervenir en la discusión. Nuestra pretensión no es tanto la de convencer como la de conocer mejor y destacar de forma colectiva los rasgos esenciales de la crisis y los objetivos prioritarios que cuentan con mayor respaldo social. También pretendemos aportar criterios de actuación para superarla, capaces de alumbrar un programa alternativo de políticas económicas.

5. Prioridades y criterios de actuación para una nueva política económica
La oposición a las políticas de recortes –en el gasto presupuestario, en los salarios, en los bienes públicos, en los derechos- debe acompañarse por propuestas alternativas que no sólo sean eficaces para revertir el círculo vicioso de la recesión en la que nos encontramos –lo urgente- sino que además favorezcan los intereses de la mayoría, preserven la cohesión social y resuelvan los problemas más profundos que afectan a las economías periféricas de la eurozona –lo necesario-.
No es nuestra intención, sin embargo, establecer aquí un programa exhaustivo de medidas concretas que podrían ser adoptadas, sino más bien proponer un debate en torno a lo que deberían ser las prioridades y criterios de actuación fundamentales para construir una nueva estrategia de política económica en nuestros países y en el conjunto de la UE.
Esto se justifica, de hecho, por lo que entendemos que es la primera condición que debe cumplirse: recuperar el verdadero sentido de la democracia también en la formulación de la política económica. Para nosotros, esto tiene un sentido muy preciso. En primer lugar, el proceso de elaboración de un programa económico no es un problema exclusivamente técnico reservado a especialistas (economistas) aun cuando sea necesaria la intervención de éstos para proporcionar coherencia y viabilidad a las medidas concretas y a la relación entre esas medidas y los objetivos que se pretenden. La definición de las prioridades y el establecimiento de la jerarquía de valores que inspira a cualquier programa económico es un proceso esencialmente social y político que requiere información, discusión y acuerdo por parte de la ciudadanía. Movimientos como el 15-M en España y otros a lo largo de toda Europa representan, sin duda, una señal en esta dirección: la participación en la formulación de un consenso social básico en torno a los objetivos de la política económica forma parte del concepto mismo de ciudadanía.
En segundo lugar, la ciudadanía europea debe recuperar la capacidad de decisión efectiva sobre la orientación deseable de nuestras economías. Nos oponemos, por tanto, a la apropiación de las decisiones fundamentales que han realizado instituciones europeas poco transparentes y nada responsables políticamente o algunos gobiernos con evidente capacidad de presión, que bajo una apariencia tecnocrática imponen a los países en dificultades, aprovechando su debilidad, unas medidas que cuentan con la clara oposición de la ciudadanía y que favorecen a grupos muy concretos.
En tercer lugar, entendemos que la transparencia en las medidas económica que van a adoptarse es exigible siempre, pero especialmente en momentos tan críticos como los actuales. No es aceptable bajo ningún concepto lo que está ocurriendo: que gobiernos elegidos con un programa electoral pasen a aplicar inmediatamente, sin solución de continuidad, medidas que contradicen de manera fundamental lo que se sometió al voto ciudadano. El compromiso con el programa presentado y el aumento del control democrático sobre este cumplimiento deberían formar parte esencial del cambio en la situación actual que proponemos.
Sentado lo anterior, la política económica de los países con elevados niveles de deuda (pública, privada y externa) se enfrenta ahora mismo a la restricción fundamental que impone la falta de financiación, reflejada particularmente por la crisis de los mercados de deuda soberana y la situación de las primas de riesgo. A nuestro juicio, la crisis económica no se resume en una crisis de deuda soberana, pero es imprescindible resolverla para salir de la recesión y, a la vez, para comenzar a desatar el nudo de los problemas de fondo que tienen nuestras economías.
En este sentido, la intervención del BCE, actuando como un auténtico banco central en todas sus funciones, incluida la de prestamista en última instancia y apoyo a la política fiscal, resulta imprescindible para estabilizar en un nivel aceptable el coste de financiación de la deuda. Por ello, hacemos una crítica sin ambages del papel que está jugando el BCE desde el inicio de la crisis. Tras negar inicialmente su responsabilidad en los problemas de los mercados de deuda soberana, pasó después a realizar algunas intervenciones discontinuas e ineficaces, para acabar asumiendo finalmente un aparente compromiso de intervención ilimitada en los mercados secundarios, aunque sujeta a una fuerte condicionalidad macroeconómica. Rechazamos esta actuación al menos por dos razones. En primer lugar, porque una institución con escaso contenido democrático acaba decidiendo las políticas económicas nacionales y garantizando su aplicación por parte de los respectivos gobiernos: es difícil encontrar un ejemplo más descarnado del incumplimiento de los principios que hemos señalado en los párrafos anteriores. En segundo lugar, porque sabemos que las condiciones impuestas supondrán básicamente un mayor rigor en los ajustes y reformas que caracterizan las políticas actuales, cuando lo que necesitan los países con problemas de financiación es, precisamente, lo contrario: utilizar estos recursos para adoptar las medidas de política económica necesarias para generar empleos y actividades económicas sostenibles.
Concretando más, podemos señalar algunas de las prioridades que debería plantearse un programa alternativo de política económica:
1ª. Las políticas de recortes, mal llamadas de austeridad, deben abandonarse y dejar paso a otras políticas centradas en la creación de empleo. No existe nada parecido a una “austeridad expansiva” y las políticas de austeridad son parte del problema, no herramientas que faciliten la salida de la crisis. Ni el equilibrio de las finanzas públicas puede ser, como ahora, la máxima prioridad de las políticas económicas, ni el camino para resolver los problemas actuales de déficit y endeudamiento público son los recortes, sino la recuperación de una senda de crecimiento suficiente. Invirtiendo la condicionalidad actual, es el BCE el que debe someter su actuación a este objetivo, favoreciendo este abandono de las políticas recesivas mediante intervenciones en los mercados de deuda para reducir el coste de financiación de los países con dificultades.
2ª. Mantener y reforzar el gasto social y productivo de las administraciones públicas es esencial para garantizar la cohesión social y la modernización productiva. El acceso universal a los servicios básicos del Estado del Bienestar (educación, sanidad, pensiones y servicios sociales) debe entenderse como un derecho de ciudadanía incuestionable, y sólo el sector público puede garantizar este acceso en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Por otro lado, los problemas de especialización productiva y baja capacidad competitiva en sectores con alto valor añadido requieren inversiones públicas en distintos ámbitos, como la educación, la tecnología, la innovación o las infraestructuras. Ninguno de estos dos objetivos pueden subordinarse al cumplimiento mecánico de reglas de equilibrio presupuestario que carecen de fundamento económico.
3ª. Deben garantizarse los ingresos públicos necesarios a través de reformas fiscales progresivas que incidan en las operaciones financieras especulativas, las rentas del capital, los gravámenes sobre la riqueza y la persecución del fraude fiscal. En gran medida, las actuales dificultades del sector público no tienen su origen en unas políticas de gasto demasiado laxas, sino en la propia recesión y en las estrategias seguidas antes de la crisis para disminuir la capacidad recaudatoria de las Administraciones públicas, especialmente reduciendo la contribución relativa de las empresas y las rentas más altas. Esta tendencia debe ser revertida, para lo que se requiere una actuación coordinada a nivel internacional que evite la competencia fiscal y la existencia de paraísos fiscales.
4ª. Hay que dar solución a la situación actual de sobreendeudamiento del sector privado, que está lastrando no sólo la situación macroeconómica, sino las propias perspectivas de futuro de una parte importante de la población, atrapada en la trampa de la deuda. Es preciso analizar con urgencia soluciones como moratorias indefinidas en su pago o restructuraciones significativas. Ahogar a los deudores es injusto, supone condenar a toda la Unión al estancamiento permanente y, de hecho, impide cualquier posibilidad de cobro por parte de los acreedores.
5ª. Entre los objetivos básicos que debe perseguir el nuevo modelo de crecimiento económico con el que se salga de la crisis debe tener un lugar destacado la idea de sostenibidad, tanto ecológica como social. Sostenibilidad ecológica, que significa satisfacer las necesidades humanas de las generaciones actuales sin poner en peligro la satisfacción de las necesidades de las generaciones venideras. Por ello, el diseño de cualquier plan de estímulo económico debe tener presente su impacto ecológico, priorizando aquellas inversiones que favorecen la sostenibilidad o el uso de energías alternativas y eficientes. Y sostenibilidad social, que significa una cohesión social y la garantía de empleos suficientes y decentes: estables, con condiciones laborales dignas y con salarios suficientes y justos para mujeres y hombres. Es decir, un reparto equitativo de rentas, tiempos y trabajos. Las reformas laborales que se han aprobado recientemente, además de ser ineficaces desde el punto de vista de la creación de empleo, caminan exactamente en la dirección contraria, generalizando la precariedad y la devaluación salarial.
6ª. Debe resolverse la acumulación de desequilibrios por cuenta corriente en el interior de la propia zona euro, pero bajo un enfoque completamente distinto al que ha acabado imponiéndose. Las medidas de recorte de la renta y los salarios en los países deudores son socialmente indeseables y, además, ineficaces. No pueden eliminarse de forma duradera los desequilibrios por cuenta corriente sin una expansión de la demanda interna y un mayor crecimiento salarial en los países con superávit, salvo a costa de profundizar la recesión. Es preciso entender que no puede generalizarse a todos los países una estrategia de crecimiento basada en las exportaciones, si todos ellos aplican al mismo tiempo medidas de austeridad que agravan los problemas de falta de demanda global. ¿De dónde va a surgir la demanda con capacidad de pago para adquirir ese incremento de las exportaciones?
7ª. Es prioritario avanzar en una regulación pública estricta y transparente que impida la repetición de los problemas actuales derivados de los excesos financieros, a la vez que restablece lo antes posible el acceso al crédito. La crisis económica no es sólo financiera, pero sí tiene una innegable dimensión relacionada con este ámbito. El proceso de desregulación del sector ha incidido en la gestación de la crisis, y su peso creciente en el conjunto de la economía ha agravado sus impactos sobre la economía real. Los problemas de solvencia de las entidades bancarias y la falta de crédito, por otra parte, se retroalimenta con la crisis económica. Los rescates bancarios que se están llevando a cabo detraen recursos públicos sin apenas condiciones o penalizaciones para sus responsables, pero no resuelven las consecuencias macroeconómicas de esta misma falta de crédito.
8ª. La salida de la crisis de las economías periféricas requiere solucionar los problemas de la economía real, impulsar la modernización de la oferta productiva y promover un cambio sustancial de las especializaciones exportadoras. La solución de la crisis de la deuda soberana, el abandono de las políticas de austeridad y la recuperación de tejido económico viable y sostenible son condiciones necesarias para salir de la actual situación de recesión, pero no son suficientes para superar las debilidades y carencias productivas estructurales que caracterizan a las economías periféricas. Sin un mayor peso del sector manufacturero y un salto en la gama de la producción industrial, el crecimiento de la economía española seguirá dependiendo en gran medida de las importaciones de bienes de capital y tecnología. Esto debe ser compatible con un cambio del modelo energético que favorezca a las energías renovables, aliente el ahorro y la eficiencia energética y limite la producción y el consumo de energías que supongan mayores riesgos, dependencia externa, costes directos que no se incorporan a los precios y externalidades negativas.

No se nos ocultan las dificultades a las que se enfrentan las propuestas que acabamos de formular, pero creemos que no son de carácter técnico, sino político.
Para empezar, el propio diseño institucional de la unión monetaria impulsa y facilita la aplicación de las políticas de recorte presupuestario, los problemas derivados de la inadecuada intervención del BCE, la devaluación interna y la competencia salarial como mecanismo para asegurar la competitividad, las políticas mercantilistas, las reformas regresivas de los Estados de Bienestar y del mercado de trabajo, o las presiones sobre los países rescatados. Podríamos decir que, en alguna medida, todo esto forma parte de “la lógica del euro” tal y como está concebido actualmente, y los mecanismos legales y políticos establecidos para modificar este status quo hacen que su reversión sea, como mínimo, difícil.
A esto se suma, por otra parte, que las instituciones que podrían servir como punto de apoyo para aplicar políticas alternativas en el ámbito de la UE –un presupuesto comunitario ampliado, una Comisión Europea que pudiera coordinar la recuperación de la demanda o unas políticas salariales más favorables, el BCE, los fondos de cohesión interterritoriales- presentan un carácter escasamente democrático.
Por tanto, por difícil que pueda parecer ahora mismo, debemos reclamar una profunda refundación democrática de Europa y un cambio sustancial en el diseño institucional de la zona euro. Y debemos exigir a los gobiernos nacionales que sitúen los intereses de la mayoría de la población por encima de cualquier otra consideración.
Este planteamiento no supone un repliegue nacional, pero sí la búsqueda de soluciones cooperativas en el conjunto de la UE que resuelvan los problemas actuales de la ciudadanía y le permitan recuperar su “soberanía democrática". Pero, por eso mismo, tampoco coincide con la reivindicación, mecánica, de “más Europa”, como si el fortalecimiento de las atribuciones políticas de las instituciones europeas conllevase la solución de la crisis económica. Sobre todo cuando las propuestas concretas que se conocen no incluyen ni suponen mayor transparencia o mayor control de la ciudadanía, ni apuntan a planteamientos federales de relación entre socios soberanos vinculados por objetivos y políticas comunes que benefician al conjunto. Más bien al contrario: conducen a una Europa más regresiva, donde las transferencias de recursos, además de limitadas, estén sometidas al cumplimiento de estrictos compromisos presupuestarios, y donde el euro opere al servicio de las economías más ricas.
Por supuesto, el cambio sustancial de rumbo que aquí se propone contará también con la activa resistencia de las elites económicas y sociales que sostienen el actual estado de cosas. Sin embargo, lejos de caer en el pesimismo y la resignación, la experiencia de movimientos como el 15-M, el seguimiento mayoritario de las protestas y huelgas sindicales convocadas en toda Europa el pasado 14 de noviembre y, en suma, la indignación y la movilización ciudadana, son un acicate para denunciar los efectos negativos de la estrategia conservadora frente a la crisis y los intereses que esconde, y para perseverar en la construcción de una alternativa que debe ser económica, pero también social y política. Se hace necesario acumular masa crítica ciudadana capaz de vencer esa resistencia. Este texto quiere contribuir a alentar ese esfuerzo cívico y democrático, apelando a todas aquellas personas interesadas a debatir abiertamente su contenido.

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Este documento es el resultado del debate que ha tenido lugar hasta ahora alrededor del Encuentro Europeo “Juventud, periferia económica europea y fractura social” celebrado en Madrid los días 22 y 23 de noviembre de 2012. Ha sido organizado por econoNuestra, ICEI, Economía Alternativa, Unione degli Studenti, LINK-Coordinamento Universitario y FUHEM Ecosocial, e impulsado por otros movimientos y colectivos sociales. Pueden consultarse todas las aportaciones a este debate, que continúa abierto, en http://www.economy4youth.com/manifiesto/

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