Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

15Jul/130

Cefid/Ar

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Tenemos el agrado de invitar a Ud. al Seminario

"EL PAPEL DE LA BANCA PÚBLICA DE LA REGIÓN EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS. EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS"

Miércoles 7 de agosto

Banco de la Nación Argentina
Salón de Mármol- 1 er piso-

Entrada libre y gratuita (no requiere inscripción previa)

Consultas a: informacion@cefid-ar.org.ar

15Jul/130

Dictamen de la Procuradora sobre ley de medios: comentario

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Graciela Stutman*

Como el Dictamen de la Procuracion ya está y ahora la Corte Suprema deberá definir su posición frente a la regulación de los servicios de comunicación audiovisual establecida por la Ley 26.522, un par de consideraciones.
Sabemos que lo que la Corte debe definir es, concretamente, acerca de la continuidad del oligopolio que domina el espectro mediático argentino.
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, opinó que el supremo tribunal de justicia debería revocar el fallo de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal. Los que están en juego son el artículo 45, apartado 1, inciso c y párrafo final; apartado 2, incisos c y d y párrafo final; apartado 3, en su totalidad; y apartado 1, inciso b, en cuanto refiere a la limitación a la titularidad del registro de una señal de contenidos, y del artículo 48, segundo párrafo de la de la Ley 26.522, así como también respecto del reconocimiento anticipado de daños a Grupo Clarín, asi como confirmar la constitucionalidad de los artículos 41 y 161 de la ley.

Copio algunos fundamentos del Dictamen de Gils Carbó que vale la pena leer:

“La decisión apelada está fundada en apreciaciones que revelan un notable sesgo en la conceptualización de la libertad de expresión y del derecho de propiedad, que ignora los paradigmas de la realidad económica actual y prescinde absolutamente de la dimensión social y pública de los intereses en juego que inspiraron la sanción de la nueva ley. Además, la sentencia se aparta de las circunstancias particulares del caso al omitir toda valoración a la situación de los demandantes, cuya concentración empresarial —según veremos— pone en peligro la vigencia efectiva de derechos humanos fundamentales”.

En efecto, el conflicto a resolver por el tribunal supremo no se cierne sobre la letra muerta de los cuatro artículos de la ley impugnados por el Grupo Clarín, sino sobre los intereses de la empresa que pone en juego su aplicación.

"La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) -Ley 26.522- vino a reemplazar a la Ley de Radiodifusión -Ley 22.285-, que fue sancionada por la última dictadura cívico militar en 1980 y luego parcialmente modificada, entre otros, por el Decreto de necesidad y urgencia 1005/99 dictado por el Presidente Carlos Menem. Su objeto fue introducir una reforma estructural del sistema regulatorio de los medios de comunicación audiovisual y adecuarlo a la realidad del paradigma actual: un mercado de medios de comunicación concentrado que pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como social" continúa señalando el dictamen de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, firmado el 12 de julio de 2013.

"Tal como surge de su artículo 1 -continúa el dictamen-, la ley procura el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia de los servicios de comunicación audiovisual con el fin último de abaratar, democratizar y universalizar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación."

El Grupo Clarín impugnó la validez constitucional de los artículos que limitan la acumulación de licencias –artículos 41, 45, 48 y 161-, alegando que afectan su derecho de propiedad y de libertad de expresión.

El artículo 45 restringe la concentración de licencias, contemplando una doble limitación: por un lado, acota la cantidad de licencias y, por el otro, establece un tope en base a la cuota de mercado. A su vez, la ley procura evitar otro tipo de concentración perjudicial, como es la convergencia en un mismo sujeto de la posibilidad de distribuir un servicio de comunicación audiovisual y de controlar su contenido. También regula la tenencia cruzada de licencias para operar la televisión abierta y la televisión por cable. Sin embargo, no altera lo dispuesto por la ley anterior y permite a los medios gráficos operar licencias de servicios de comunicación audiovisual, aun cuando diversos regímenes de derecho comparado restringen la tenencia cruzada de licencias de medios gráficos con televisión abierta, como es el caso de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, y Alemania.

El artículo 161 establece un procedimiento para que los titulares de servicios de comunicación audiovisual se adecuen a los requisitos previstos en la nueva ley, especialmente a los límites dispuestos respecto a la multiplicidad de licencias. El artículo 41 reafirma el principio de intransferibilidad de las licencias, aunque reglamentando la facultad del Estado para autorizar la transferencia con límites determinados y, finalmente, el artículo 48, dice que los licenciatarios deberán acatar las normas en materia de desregulación, desmonopolización o defensa de la competencia, actualmente vigentes y así como las que se sancionen en el futuro.

La Procuradora General señaló que Grupo Clarín no había logrado acreditar que las limitaciones a la multiplicidad de licencias del artículo 45 vulneraran su derecho a la libertad de expresión, esto es, su capacidad de participar en el debate público a través de la expresión y la difusión de sus ideas, sobre todo si se considera que nadie tiene derecho a valerse de una acumulación de licencias para poder expresarse.

“El derecho que asegura los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, así como el previsto en los instrumentos internacionales citados, es a participar en condiciones equitativas en el debate público. Los actores no han demostrado que ese derecho haya sido violentado por la Ley 26.522, menos aún teniendo en cuenta los restantes medios de comunicación y de empresas vinculadas a la información que son controladas por ese grupo económico —diarios, revistas, provisión de papel, entre otros—”, dijo.

En ese sentido, Gils Carbó afirmó que el fallo de los jueces Francisco de las Carreras, María Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni a favor del Grupo constituye una declaración de inconstitucionalidad en abstracto, que no tiene conexión real con el asunto bajo estudio, porque en ningún momento se había considerado, ni mencionado, la situación de concentración de la empresa accionante.

“La sentencia diluye la faz social del conflicto al prescindir de la dimensión instrumental del derecho a la libertad de expresión, en cuanto es un medio para garantizar los bienes jurídicos esenciales de la convivencia democrática: la soberanía del pueblo y la libertad de información para que se elabore el libre consenso en una democracia. El pluralismo ínsito en la libertad de opción es claramente incompatible con la alta concentración de medios en un solo grupo empresario. En ese orden de ideas, la sentencia recurrida incurre en la falacia de acentuar el papel esencial de la libertad de expresión mientras, a renglón seguido, no garantiza la vigencia efectiva de ese derecho”, dijo la jefa de los fiscales.

Además destacó que si bien la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no reguló el mercado de medios gráficos, como han hecho las legislaciones de otros países, los camaristas no pueden desconocer el hecho de que el grupo accionante es titular de uno de los diarios que históricamente ha tenido mayor inserción en el mercado a partir de su fundación en 1945 –diario Clarín-, especialmente a partir de la última dictadura cívico militar, cuando adquirió el paquete mayoritario de acciones de la única fábrica productora de papel de diario en el país -Papel Prensa-, y que la formación de ese oligopolio vertical lo colocó en una situación de ventaja sobre sus competidores, por el control del insumo básico de la prensa escrita.

La falacia del razonamiento de la decisión apelada se pone de manifiesto a tenor de las observaciones que efectúo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 5/85, año 2008, que luego de enfatizar la dimensión individual y social de la libertad de expresión, sostuvo que no sería admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista, manifestó la Procuradora.

Por su parte, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana del año 2000 dispone en su principio 12 que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”, refiere el dictamen.

La libertad de empresa de los medios de comunicación no puede jugar en el plano del derecho constitucional un papel autónomo desligado de la efectividad del entramado de derechos, garantías y valores que la Carta Magna consagra en beneficio de toda la ciudadanía, dijo Gils Carbó ante la Corte Suprema.

En efecto, los problemas que plantean las concentraciones de medios no tienen un origen diferente a los que se suscitan ante cualquier concentración empresarial: la acumulación de poder de mercado puede asfixiar a los competidores y ser utilizado para establecer barreras a la entrada de nuevos participantes. Sin embargo, cuando las concentraciones afectan el mercado de las comunicaciones, entonces, las consecuencias sociales se manifiestan sobre un bien muy sensible desde el punto de vista de las libertades individuales, a saber, la información, agregó.

Esta no es la primera vez que Gils Carbó advierte a la Corte sobre los riesgos que entraña la concentración de medios del Grupo Clarín en nuestro país e, incluso, su desatención de entonces es en gran parte responsable por la dimensión del conflicto actual.

En el año 2008, Gils Carbó, como fiscal general de la Cámara Comercial, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia donde planteó la nulidad absoluta de la fusión de las empresas Multicanal SA y Cablevisión SA, en el marco del caso “Cablevisión SA s/acuerdo preventivo extrajudicial”

El dictamen de la Procuradora hace una mención, muy lavada, sobre este punto. Aquel proceso judicial estaba plagado de irregularidades e incumplimientos normativos de raigambre federal -competencia por excelencia del Tribunal Supremo- relativos a la violación de normas del mercado de valores y a la Ley de Protección de Bienes y Patrimonio Cultural. Aún así, la Corte resolvió no intervenir en el fraude denunciado, invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil que le permite desestimar cualquier recurso sin expresar fundamento alguno. Eso significó la homologación definitiva de la fusión de las empresas Multicanal y Cablevisión y la consolidación del Grupo Clarín como oligopolio mediático.

Ya en otras oportunidades la Corte manifestó que los derechos que protegen la propiedad y la libertad de comercio -artículos 17 y 14 de la Constitución Nacional no son absolutos, sino que se encuentran sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio -artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional-. Asimismo, el análisis de la razonabilidad de esa reglamentación, no puede prescindir de la naturaleza de los derechos involucrados y del interés comunitario existente, apuntó Gils Carbó.

Sería extremadamente costoso para los ministros de nuestra Corte apartarse de los lineamientos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las legislaciones extranjeras más avanzadas en materia de regulación de servicios audiovisuales -que fueron el sustento de ley en discusión-, dijo una fuente cercana a la Procuración que citamos. Sería virtualmente imposible declarar la inconstitucionalidad de las normas que limitan la existencia de oligopolios mediáticos, esto es, al control de la información, en nombre de los valores promovidos por nuestra Carta Magna. Más aún sabiendo que en una instancia superior, el tribunal de justicia internacional podría rebatir su resolución, derrumbando así el prestigio cosechado a lo largo de sus carreras, agregó la fuente que cito de un link especializado.

¿Qué hará la Corte? ¿Còmo conjugará el mantener el buen nombre que aún hoy todavía posee -en razón de su actuación en los casos de delitos de lesa humanidad, comunidades originarias, derechos laborales y previsionales, entre otros- y a su vez mantener la protección comercial que le ha facilitado al Grupo, por lo menos, en los últimos cinco años?

*Abogada integrante de Carta Abierta

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15Jul/130

Capital-Trabajo: el origen de la crisis actual

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Vicenç Navarro. Le Monde diplomatique/Rebelión, 13-7-2013. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=171031

En la extensísima literatura escrita sobre las causas de la crisis actual, pocos autores se han centrado en el conflicto capital-trabajo (lo que solía llamarse “lucha de clases”). Una posible causa de ello es la atención que ha tenido la crisis financiera como supuesta causa única de la recesión. Eso ha desviado a los analistas del contexto económico y político que determinó y configuró la crisis financiera así como la económica, la social y la política. En realidad no se puede analizar cada una de ellas y la manera como están relacionadas sin referirse a tal conflicto capital/trabajo. Como bien dijo Marx: "La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases”. Y las crisis actuales son un claro ejemplo de ello.
Durante el periodo que siguió a la Segunda Guerra Mundial, el conflicto renta del capital versus renta del trabajo se apaciguó gracias a un pacto entre los dos adversarios. Este pacto determinó que los salarios, incluyendo el salario social (con aumento de la protección social basada en el desarrollo de los servicios públicos del Estado del Bienestar) evolucionaran con el aumento de la productividad. Consecuencia de ello: las rentas del trabajo subieron considerablemente, alcanzando su máximo (a los dos lados del Atlántico Norte) en la década de 1970 (la participación de los salarios, en términos de compensación por empleado, en EEUU fue del 70% del PIB; en los países que serían más tarde la UE-15, este porcentaje era el 72,9%; en Alemania un 70,4%; en Francia un 74,3%; en Italia un 72,2%; en el Reino Unido un 74,3% y en España un 72,4%). 1
A finales de la década de 1970 y principios de los años 1980, este pacto social se rompió como consecuencia de la rebelión del capital ante los avances del mundo del trabajo. La respuesta del capital fue el desarrollo de una cultura económica nueva basada en el liberalismo, pero con una mayor agresividad. Es lo que llamamos el neoliberalismo, cuyo objetivo es recuperar el terreno perdido mediante el debilitamiento del mundo del trabajo2. A partir de entonces, el crecimiento de la productividad no se tradujo tanto en el incremento de las rentas del trabajo, sino en el aumento de las rentas del capital. Y esta respuesta, mediante el desarrollo de las políticas neoliberales (que constituían un ataque frontal a la población trabajadora), fue muy exitosa: las rentas del trabajo descendieron en la gran mayoría de países citados anteriormente. En EEUU pasaron a representar en 2012 el 63,6% del PIB; en los países de la UE-15 el 66,5%; en Alemania el 65,2%; en Francia el 68,2%; en Italia el 64,4%; en el Reino Unido el 72,7%; y en España el 58,4%. El descenso de las rentas del trabajo durante el periodo 1981-2012 fue de un 5,5% en EEUU, un 6,9% en la UE-15, un 5,4% en Alemania, un 8,5% en Francia, un 7,1% en Italia, un 1,9% en el Reino Unido y un 14,6% en España, siendo este último país donde tal descenso fue mayor.3
Tales políticas fueron iniciadas en 1979 en el Reino Unido la Primera Ministra Margaret Thatcher y en 1980en Estados Unidos por el presidente Ronald Reagan. También fueron aceptadas como “inevitables y necesarias” por el gobierno socialista de François Mitterrand en Francia en 1983, al sostener que su programa de clara orientación keynesiana (con el cual había sido elegido en 1980) no podía aplicarse debido a la europeización y globalización de la economía, postura sostenida por la corriente dominante dentro de la socialdemocracia europea conocida como Tercera Vía (en España, a partir de 1982, por los gobiernos socialistas de Felipe González).
La aplicación de estas políticas neoliberales, definidas como “socio-liberales” caracterizaron las políticas de los gobiernos socialdemócratas en la UE. Todas ellas tenían como objetivo facilitar la integración de las economías de los países de la UE en el mundo globalizado, aumentando su competitividad a base de estimular las exportaciones a costa de la reducción de la demanda doméstica, reduciendo los salarios. Una consecuencia de estas políticas fue que el aumento de la productividad no repercutió en el aumento salarial, sino en el aumento de las rentas del capital.
Para alcanzar este objetivo, el desempleo fue un componente clave para disciplinar al mundo del trabajo. En todos estos países, el desempleo aumentó enormemente. Pasó de ser un 4,8% en EEUU en 1970 a un 9,6% en 2010. En los países de la UE-15 pasó de un 2,2% a un 9,6%; en Alemania de un 0,6% a un 7,1%; en Francia de un 1,8% a un 9,8%; en Italia de un 4,9% a un 8,4%; en el Reino Unido de un 1,7% a un 7,8% y en España de un 2,4% a un 20,1%, siendo este crecimiento mayor en este último país.4
Esta polarización de las rentas, con gran crecimiento de las rentas de capital a costa de las rentas del trabajo, es el origen de las crisis económicas y financieras. La disminución de las rentas del trabajo creó un gran problema de escasez de demanda privada. Pero esta pasó desapercibida como consecuencia de varios hechos. Uno de ellos fue la reunificación alemana en 1990 y el enorme gasto público que la acompañó (a fin de incorporar el Este de Alemania al Oeste y facilitar la expansión de la Alemania Occidental en la Oriental), que se financió principalmente a base de aumentar el déficit público de Alemania, pasando de estar en superávit en 1989 (0,1% del PIB) a tener déficit cada año desde entonces y alcanzando un 3,4% de déficit en 1996. Alemania siguió, pues, una política de estímulo a través del gasto público, que (como resultado de su tamaño y centralidad) benefició a toda la economía europea.5
El segundo hecho fue el enorme endeudamiento de la población. Los créditos baratos concedidos por el sistema bancario retrasaron el impacto que el descenso de las rentas del trabajo tuvo en la reducción de la demanda. Este endeudamiento fue facilitado en Europa por la creación del euro, que tuvo como consecuencia la tendencia a hacer confluir los intereses de los países de la Eurozona con los de Alemania. La sustitución del marco alemán y la de todas las monedas de la Eurozona por el euro, tuvo como consecuencia la “alemanización” de los intereses monetarios. España es un claro ejemplo. El precio del crédito nunca había sido tan bajo, facilitando el enorme endeudamiento de las familias (y empresas) españolas, pasando así desapercibida la enorme pérdida de capacidad adquisitiva de la población trabajadora.
Por otra parte, la gran acumulación de capital (resultado de que la mayor parte del aumento de riqueza de los países, causado por el aumento de la productividad, sirviera predominantemente a aumentar las rentas del capital en lugar de las rentas del trabajo) explica el aumento de las actividades especulativas, incluyendo la aparición de las burbujas, de las cuales las inmobiliarias fueron las más comunes, aunque no las únicas. La rentabilidad era mucho más elevada en el sector especulativo que en el productivo, el cual estaba algo estancado, como resultado de la disminución de la demanda. El crecimiento del capital financiero fue la característica de este periodo a los dos lados del Atlántico Norte, crecimiento resultante del endeudamiento y de las actividades especulativas. Este crecimiento se basaba, en parte, en la necesidad de endeudarse, debido al continuo descenso del crecimiento anual de los salarios en todos estos países, una situación especialmente acentuada en los países de la UE-15 (los más ricos). Así, tal crecimiento anual medio en los países de la Eurozona descendió de un 3,5% en el periodo 1991-2000 a un 2,4% en el periodo 2001-2010; en Alemania de un 3,2% a un 1,1% y en España de un 4,9% a un 3,6%.6
Los establishments financieros y políticos de la Unión Europea creyeron que la crisis financiera estaba creada y originada por el colapso del banco estadounidense Lehman Brothers y se limitaría al sector bancario de EEUU. Thomas Palley, una de las mentes económicas más claras de EEUU y más desconocidas en Europa, cita al que era Ministro de Finanzas alemán, el socialista Peer Steinbrück (candidato del SPD a la cancillería en las elecciones del próximo 22 de septiembre) que profetizó que aquello –resultado de las debilidades del sistema financiero estadounidense- significaría el fin del estatus de EEUU como gran poder financiero. Este colapso del dólar, según él, beneficiaría al euro.
La gran ironía de estas predicciones es que quien al final salvó a la banca alemana fue el Federal Reserve Board (FRB), el Banco Central de EEUU. El modelo alemán basado en la exportación hizo a la banca alemana enormemente vulnerable a ser contaminada. Los bancos alemanes estaban masivamente intoxicados con los productos especulativos (subprimes) de la banca estadounidense. Grandes bancos (como el Sachsen LB, el IKB Deutsche Industriebank, el Deutsche Bank, el Commerzbank, el Dresdner Bank o el Hypo Real Estate) así como las Cajas (como BayernLB, WestLB y DZ Bank) entraron en el periodo 2007-2009 en una enorme crisis de solvencia, teniendo que ser todos rescatados, muchos de ellos, por cierto, con la ayuda del Reserva Federal de EEUU.
La orientación económica, basada en la exportación (algo típico del modelo liberal), había contagiado profundamente al capital financiero alemán, como resultado de sus inversiones financieras tanto en la banca estadounidense (llena de productos tóxicos) como en los países periféricos llamados PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España) y más tarde GIPSI (con la incorporación de Italia), llenas de actividades especulativas de tipo inmobiliario. En realidad la crisis financiera alemana y europea era incluso peor que la estadounidense y, cuando la enorme burbuja especulativa explotó (al paralizarse la banca alemana), apareció con toda crudeza el enorme problema del endeudamiento causado por la reducción de la demanda, ella misma provocada por la bajada de la renta del trabajo.
Una de las causas de ello es la arquitectura del sistema de gobierno del euro, resultado del dominio del capital financiero en su gobernanza. Tal sistema de gobierno es producto de un diseño neoliberal que se basa, en parte, en la diferencia de comportamientos entre el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal y, en parte, en el distinto tipo de modelo exportador de EEUU y la Eurozona (multipolar en EEUU y centrado en la propia Eurozona en el caso europeo).
El BCE no es un banco central. La Reserva Federal sí lo es. El BCE no presta dinero a los Estados y no los protege frente a la especulación de los mercados financieros. De ahí que los Estados periféricos estén tan desprotegidos, pagando unos intereses claramente abusivos que han dado pie a la enorme burbuja de la deuda pública de estos países. Esto no ocurre en EEUU. La Reserva Federal protege al Estado norteamericano. California tiene una deuda pública tan preocupante como lo es la griega, pero esto no es una situación asfixiante para su economía. Sí lo es en Grecia.
A la luz de estos datos es absurdo que se acuse a los países periféricos de haber causado la crisis debido a su falta de disciplina fiscal. España e Irlanda estaban en superávit en sus cuentas del Estado durante todo el periodo 2005-2007. Eran los discípulos predilectos de la escuela neoliberal, dirigida por la Comisión Europea, siendo el Ministro Pedro Solbes, que había sido Comisario de Asuntos Económicos de la UE, el arquitecto de tal ortodoxia. En realidad, Alemania, durante el periodo 2002-2007, tuvo déficits públicos mayores que la supuestamente indisciplinada España.
No fue su inexistente falta de disciplina, sino la falta de un Banco Central que apoyara su deuda pública lo que causó el crecimiento de los intereses de la deuda pública, provista por los bancos alemanes entre otros, que se beneficiaron de la elevada prima de riesgo. El fin primordial de las medidas de recortes del gasto público, incluyendo el gasto público social, es pagar los intereses a la banca alemana, entre otros. El enorme sacrificio de los países GIPSI no tiene nada que ver con la explicación que se da en los medios y otros fórums de difusión del pensamiento neoliberal que atribuyen los recortes a la necesidad de corregir sus excesos, sino a pagar a una banca que controla el BCE que, en lugar de proteger a los Estados, los debilita para que tengan que pagar mayores cantidades a la banca. La evidencia de ello es abrumadora. El famoso rescate a la banca española es, en realidad, el rescate a la banca europea, incluyendo la alemana, la cual tiene invertidos más de 200.000 millones de euros en activos financieros españoles.
Una variación de esta explicación es el argumento de que el problema de la Eurozona es el grado del diferencial de competitividad, con alta competitividad en el centro –Alemania y Países Bajos- y reducida competitividad en el sur –GIPSI-. Este diferencial explica que los primeros tengan balanzas de comercio exterior positivas (exportan más que importan), mientras que los segundos las tengan negativas (es decir, importan más de lo que exportan). De ahí que la solución pase por un mayor crecimiento de la competitividad de los segundos. Y la mejor manera es bajar los salarios (lo que se llama devaluación doméstica).
Pero tal explicación tiene serios problemas. En primer lugar, ni Irlanda ni Italia tenían balanzas comerciales negativas cuando la crisis se inició. Es más, el crecimiento del componente negativo de la balanza de pagos en los países GIPSI se debió predominantemente al aumento de las importaciones, resultado del endeudamiento, no del descenso de la productividad o competitividad. Y ahora la mejora de su balanza comercial se debe a su escasa demanda. En ambos casos, poco que ver con cambios en la competitividad. En realidad, la productividad laboral estandarizada por actividad económica no es sustancialmente diferente en España que en Alemania. El problema, pues, no puede explicarse por un diferencial de competitividad, sino por un diferencial de demanda, acentuado a nivel europeo por un problema estructural, resultado del descenso de las rentas del trabajo. El motor de la economía de la eurozona se basa en el modelo exportador alemán, cuyo éxito se basa en la moderación salarial alemana (con salarios muy por debajo del nivel que les corresponde por el nivel de productividad), en la imposibilidad de los países periféricos de poder reducir el precio de su moneda (beneficiando a Alemania con ello), en la enorme concentración de euros, la movilidad de capitales de la periferia al centro y el dominio de las estructuras financieras, a través de la enorme influencia sobre el BCE que no actúa como un Banco Central. Ver la balanza de pagos como resultado de una diferencia de productividad es profundamente erróneo.
En realidad, Alemania debería actuar como motor estimulante de la economía, no mediante el aumento de sus exportaciones (basadas en bajos salarios), sino en un crecimiento de su demanda doméstica, incrementando sus salarios y su escasa protección social. El trabajador alemán tiene más en común con los trabajadores de los países GIPSI que con su establishment financiero y exportador. Y en los países periféricos deberían seguirse también políticas de estímulo, revirtiendo las políticas de austeridad que están contribuyendo a la recesión, además del malestar de las clases populares; políticas a las que se opondrán los agentes del capital, pues éstos verán reducidos sus ingresos. Así de claro. Marx, después de todo, llevaba razón.

1 ECFIN. European Comission Statistical Annex. Table 32. Autum 2011
2 Breve Historia del Neoliberalismo, David Harvey, 2007
3 ECFIN, European Commission. Statistical Annex, Table 32, Autumn 2012
4 ECFIN. European Comission. Statistical Annex. Autum 2011
5 Para una expansión de este y otros puntos citados en esta sección se aconseja la lectura del excelente artículo “Europe’s crisis without end. The consequences of neoliberalism run amok” de Thomas I. Palley – una de las mentes económicas más claras de EEUU y más desconocidas en Europa- en IMK Working Paper. March 2013. no. 111
6 Thomas I. Palley op. cit.