DECLARACIÓN ANTE LOS LEVANTAMIENTOS POLICIALES Y LOS CORTES DE LUZ
diciembre 2013
Los festejos por los 30 años de democracia se vieron empañados por los recientes conflictos policiales: el levantamiento sedicioso de una policía provincial, que se inicia en la Pcia de Córdoba pero que con rapidez inusitada se transforma en un movimiento de escala nacional. Más allá de la diversidad de razones que pueden concurrir en su inicio, lo inadmisible es que las policías, que deben ejercer el control armado de la seguridad ciudadana, delegación de la potestad del monopolio de la fuerza del Estado democrático, dejen inerme a la población frente a la delincuencia y a la violencia provocada y notoriamente sincronizada. Sustraer a los gobiernos de la República, legítimamente constituidos, de su capacidad de mantener el orden público, con las consecuencias que el país entero padeció, implica un grave quiebre del orden institucional, agravado por las comprobadas circunstancias de creación de zonas liberadas a los saqueos, con sectores policiales en el aliento y hasta la participación en la generación de los desmanes y los hechos de violencia. Derivas de la corrupción y la complicidad con grupos delincuenciales y principalmente el narcotráfico, evidenciados en los sucesos antes precedentes en Córdoba y Santa Fe, que culminaron con el descabezamiento de sus policías provinciales.
Esta secuencia de alzamientos policiales provinciales y su coordinación creciente en escasos días dejó al descubierto su gran capacidad de desestabilización institucional y, por tanto, su margen para condicionar el funcionamiento democrático bajo la amenaza de abrir las puertas a un caos instigado que pone en jaque el propio entrelazamiento social, cuestión esta última que deberá ser materia de diversas reflexiones. Las policías provinciales, o gran parte de ellas, han transitado la recuperación democrática y estas tres décadas de Democracia sin mayores cambios estructurales, y su funcionamiento roza frecuentemente graves denuncias vinculadas al narcotráfico, la trata de personas, y otros delitos complejos, complicidad con poderes locales, y la comprobación de innumerables casos de gatillo fácil.
La profundización democrática que transita desde 2003 nuestro país requiere de los gobiernos provinciales en coordinación con el gobierno nacional, una estrategia que avance sistemáticamente en este sentido, ante la configuración de un diciembre atravesado por la emergencia del conflicto social.
Tan sólo faltaba la Capital Federal. En medio de la ola de calor crece el descontento de los porteños por los cortes de luz que desaprensivamente provocan las empresas distribuidoras de energía que no realizaron las inversiones en infraestructura necesarias ante un escenario de incremento de consumo energético previsible. Contradicción propia de la fuerte demanda del mercado interno por el crecimiento de la economía y la persistencia de la infraestructura extranjerizada, heredada y deteriorada. Caldo de cultivo para que los medios de comunicación, aún concentrados, estimulen la irritación y difundan multiplicados una oleada de rumores. Bastó que apareciera un puñado minúsculo de provocadores, asumiendo el rol de saqueadores, para que en la zona del Once porteño, se produjese un extendido cierre de comercios en medio de un temor que se desparramó como espesa mancha de aceite en la tarde del miércoles.
Dijimos en nuestra Carta 3 (junio de 2008), en medio de la amenaza desatada durante la 125: “Parece haber triunfado la ‘operación’ sobre la obra, el parloteo sobre el lenguaje. ‘Clima destituyente’ hemos dicho para nombrar los embates generalizados contra formas legítimas de la política gubernamental y contra las investiduras de todo tipo. Una mezcla de irresponsabilidad y de milenarismo de ocasión…”
Carta Abierta, como parte del movimiento nacional, cree necesario pronunciarse y actuar con energía en defensa de la seguridad ciudadana y la estabilidad democrática, el libre juego de la política y la subordinación plena de las fuerzas de seguridad. Es la perspectiva, ya no sólo de este modelo, lo que está en juego, sino la convivencia democrática que se deteriora frente al chantaje que otras formas del uso y no uso de las armas le imponen. Policías bravas y su asociación con la violencia en el control de los territorios, dibujan una sombra ominosa propicia para las aventuras desestabilizadoras.
Expresamos nuestro rechazo a la tentación del uso de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) para intervenir en la política de seguridad interior. Ello está interdicto y debe seguir estándolo, en la legislación nacional construida por amplias mayorías democráticas. Esta política se enfrenta a la sostenida en el hemisferio por los Estados Unidos, que buscan fusionar las FFAA latinoamericanas con las policiales y convertirlas en una fuerza de represión ocupante de su propio territorio, asesorada por las agencias del propio gobierno de Washington.
Resulta imprescindible ir a fondo en la investigación de lo sucedido y la actuación de la Justicia. Se impone una pronta reestructuración y depuración de las policías provinciales, emprendida y abandonada en distintas oportunidades en la Pcia. de Buenos Aires. El estado actual de estas instituciones constituye una rémora del pasado dictatorial, incompatible con el proceso de democratización transcurrido en estos 30 años que legítimamente quisimos festejar. El Acuerdo para una Seguridad Democrática es una vía a reabrir por su carácter convocante del conjunto de la sociedad argentina.
Desafío pendiente que se presenta ante el gobierno nacional y los provinciales, oficialismo y oposición, para enfrentar a quienes por acción, omisión o conspiración, se niegan a ir a fondo en la democratización profunda y real de nuestra sociedad. Ésta debe constituir una “política de Estado”, como cierta rutina política nombra a cualquier tipo de acuerdo inter-partidario. Derechos humanos, valores democráticos, participación popular, se entrelazan como parte de los elementos constitutivos de esta tarea inaplazable a la que convocamos y de la cual nos sentimos parte en su debate y desarrollo.
Cefid/ar
Tenemos el agrado de invitar a Ud. a la presentación del Documento de Trabajo N° 50
"LA UNIDAD Y LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE AMÉRICA LATINA:
SU HISTORIA, EL PRESENTE Y UN ENFOQUE SOBRE UNA OPORTUNIDAD INÉDITA"
Autores:
Guillermo Wierzba, Jorge Marchini, Romina Kupelian y María Andrea Urturi
Jueves 12 de diciembre 17:30hs
en nuestra nueva sede
San Martín 627 6to piso
Comentarios a cargo de:
Borón Atilio - Profesor UBA y Director del PLED ( Programa
Latinoamericano de Educación a Distancia en ciencias
sociales del CCC)
Follonier Rafael - Coordinador general de la Unidad Presidenta
Secretario del ex Presidente Nestor Kirchner en la
UNASUR
Porta Fernando - Profesor-investigador de la UNQ y UBA
Entrada libre y gratuita (no requiere inscripción previa)
Consultas a: informacion@cefid-ar.org.ar
Discurso pronunciado por Sebastián Rey (representante por la minoría de la facultad de derecho) en la Asamblea de la UBA para elegir rector 5/12/2013
Mi nombre es Sebastián Rey y represento a la minoría de graduados de la Facultad de Derecho que forma parte del Frente Unidos y Organizados, desde donde apoyamos la candidatura a Rector de Federico Schuster.
Brevemente haré referencia a dos cuestiones que consideramos deberían ser discutidas por esta Asamblea Universitaria: qué proyecto de universidad quiere cada candidato a Rector y democratización de la Universidad, cuestión que otras Universidades Nacionales están discutiendo y llevando adelante y la UBA se resiste.
El candidato a rector Alberto Barbieri, actual vicerrector y decano de la Facultad de Cs. Económicas, implica la continuidad del statu quo de la UBA expresado en un modelo que promueve la privatización de las facultades como prestadoras de servicios y no como productoras de conocimientos con un fin que trascienda los intereses individuales. Nada indica que su gestión en el rectorado sea diferente de lo que hizo en Económicas, donde desarrolló una política eufemísticamente llamada de “generación de recursos propios”, que consiste en financiarse a partir de actividades comerciales privadas. Paradójicamente esta es la idea de autonomía universitaria que propone desde la década del 90 hasta la actualidad el Banco Mundial. A nadie en esta Asamblea parece hacerle ruido esta contradicción.
De este modo, mediante el arancelamiento de cursos, la quita de contenidos de los planes de estudios para ofrecerlos en posgrados pagos, el manejo de contratos de pasantías precarizadas a los estudiantes y convenios con el Banco Santander Río (que tiene cajeros dentro de Facultades como Económicas y Derecho), la Universidad gestionada por Barbieri se ha convertido en un espacio de negocios para privados, atentando contra su carácter público.
Como organización del campo nacional y popular, entendemos que la universidad debe tener un rol social activo, en el que se garantice el acceso y la permanencia de las clases populares y que apunte a la formación de profesionales con pensamiento crítico al servicio de las necesidades del pueblo que la sostiene. La investigación universitaria no puede estar dirigida únicamente a saciar las vanidades personales de los profesores universitarios. Es imprescindible que la Universidad busque soluciones a los problemas actuales del pueblo argentino y, en especial, de los menos favorecidos en lugar de relacionarse con las grandes corporaciones y empresas.
Por otra parte, el candidato Barbieri no se ha manifestado en relación con la democratización de los órganos de gobierno y su apertura a la sociedad. Compartimos muchos de los reclamos de los estudiantes de la izquierda orgánica que se retiraron de la Asamblea.
Actualmente, la máxima autoridad de nuestra universidad es definida por sólo 236 personas lo que determina una elección profundamente antidemocrática para una institución que nuclea a más de 300.000 personas entre estudiantes, docentes, graduados y no docentes.
Por otra parte, en la Asamblea Universitaria, existe una subrepresentación del conjunto de los docentes de la universidad, donde los profesores regulares tienen el 52% del total de los votos, dejando sin voz a los miles de auxiliares docentes, JTPs y profesores interinos que en una proporción mucho menor pueden integrar el claustro de graduados. Como si esto fuera poco, el estatuto universitario no contempla la participación de los trabajadores no docentes cuya integración con voz y voto al gobierno de la UBA resulta impostergable.
Asimismo, se debe poner en crisis la interpretación que desde la UBA se ha dado al principio constitucional de autonomía universitaria. ¿Autonomía con respecto a quién? ¿Al Poder Ejecutivo y al Legislativo? Seamos sinceros y reconozcamos que acá hay radicales, peronistas, socialistas y partidos de izquierda que sostienen las ideas de sus partidos. Es decir, no se busca una autonomía de los partidos políticos sino del pueblo. La universidad pide fondos al estado pero luego no le rinde cuentas de lo que hace con ellos, porque el acierto o desacierto de sus decisiones es únicamente refrendado por la propia comunidad académica. Es decir, 40 millones de argentinos y argentinas la financian para que 13 decanos y 1 rector decidan cuál va a ser el modelo de universidad que el país necesita.
En esta última década, el proyecto nacional y popular ha impulsado grandes debates que los argentinos nos merecíamos pero nadie se animaba a iniciar para no enfrentarse a las corporaciones. Se ampliaron las voces a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.Se abrió el debate hacia la democratización dela justicia. Estamos convencidos de que llegó el momento de iniciar una discusión en serio sobre la democratización de las Universidades Nacionales.
Queremos poner en discusión la representación e integración de los Consejos Directivos, Consejo Superior y la elección de Decanos y Rector.
Estamos dispuestos a iniciar un debate sin prejuicios y analizar las diferentes y variadas experiencias que existen a nivel nacional e internacional en cuanto a la designación de las autoridades de universidades estatales, que van desde la elección por voto directo de la comunidad universitaria y el voto ponderado de los claustros hasta la designación por voto popular.
Por eso impulsamos la convocatoria a Asamblea Universitaria para discutir este y todos los demás temas que el Estatuto de la UBA requiera se modifiquen, en los términos del artículo 90 inciso b, es decir, con la sola firma de 79 asambleístas. Ya tenemos la firma de 50. Convocamos a los estudiantes y graduados de la izquierda que se ha retirado de la Sesión pidiendo la reforma del estatuto que acompañen con su firma y también a quienes apoyan la candidatura de Barbieri pero consideran que la Universidad merece darse esta discusión de cara al pueblo.
Porque consideramos que solo alguien con un profundo sentido democrático y pluralista puede conducir a la UBA durante los tiempos de debate que se avecinan es que proponernos a Federico Schuster como Rector.
Muchas gracias,