Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

30Sep/140

Cefid/ar

Publicado por admin

Tenemos el agrado de invitar a Ud. a la presentación del Documento de Trabajo N° 54
"CRECIMIENTO Y BRECHA DE INFRAESTRUCTURA"
Autores:

Norberto E. Crovetto, Guillermo Hang, Claudio Casparrino
Martes 7 de octubre, 17:30hs

en nuestra sede
San Martín 627 6to piso

Comentarios a cargo de:

Patricio Narodowski - Profesor de teoría económica y coyuntural, UNLP -

Haroldo Montagú - Lic. en Economía, UBA -

Demián Panigo - Investigador CONICET -

Entrada libre y gratuita (no requiere inscripción previa)

Consultas a: informacion@cefid-ar.org.ar

21Sep/140

Estos planes siempre concluyen con un desastre

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Alejandro Rofman
Se avecina un año electoral en donde se deberá seleccionar la nueva conducción política del Poder Ejecutivo y el control del Congreso Nacional. Las agrupaciones opositoras todavía no han perfilado qué proyecto de país pretenden instalar si logran alcanzar la presidencia. Pero, en algunos sectores de la vida política nacional, han comenzado a aparecer propuestas aisladas que permiten entrever cuál es el perfil de sociedad a la que aspiran sus exponentes principales. Es el caso de la derecha, que se expresó a través de quienes conducen el PRO
Así, su probable candidato a presidente, el Ing. Mauricio Macri, ha afirmado que entre sus decisiones iniciales figuran la de derogar el pago de Impuesto a las Ganancias a los sueldos más elevados de la pirámide salarial y la de dejar sin efecto todas las retenciones a las exportaciones, incluyendo la soja, aunque en este caso en un proceso de varios años. Además, su principal asesor económico, el diputado Dr. Sturzenegger, se manifestó favorable a una devaluación del peso en un 50 por ciento.
Estas propuestas revelan desde ya el perfil del proyecto de la derecha. Consiste en un singular ajuste, como era costumbre en la Argentina previa al 2003, con la consiguiente caída del salario real por la devaluación significativa, la fuerte retracción de la actividad económica por la reducción del consumo y la disminución de la producción y el empleo como efecto de dicha caída. Los sectores de más altos ingresos resultarían beneficiados, pues los grandes exportadores recibirían más ganancias por las ventas al mercado mundial (pools de siembra o empresarios agropecuarios de gran tamaño). El Estado se desfinanciaría por cobrar menos, afectando seguramente las políticas sociales, como es habitual en los gobiernos amigos del ajuste. Los precios de los productos de la canasta familiar crecerían debido a la eliminación de las retenciones. Los perceptores de elevados sueldos (ejecutivos de empresas poderosas) serían los favorecidos con el aumento de sus ingresos reales.
Seamos claros, estaríamos volviendo a los '90. Es valioso que ya se sepa, en forma clara y de boca de sus voceros más conspicuos, qué piensa la derecha del futuro país y cómo, quienes viven de ingresos fijos –como la gran mayoría– van a subsidiar al pequeño segmento más privilegiado de la sociedad. La historia ya la conocemos y siempre concluye con un desastre –como en el 2001-02– que lo terminan pagando los que menos tienen.

19Sep/140

Predemocráticos

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Por Guillermo Wierzba *

El Gobierno tiene entre sus temas principales a resolver: 1) el sostenimiento del nivel de reservas, en el marco de la restricción externa devenida del típico funcionamiento de economías con insuficiente integración industrial luego de períodos de intenso crecimiento, pero también causada por una significativa fuga de capitales, rasgo específico de la época de financiarización de la economía mundial, 2) garantizar la liquidación de las divisas provenientes de la producción y exportación por parte de un sector que, mientras acumula beneficios y rentas extraordinarias, especula con la retención de granos para provocar devaluaciones cambiarias en su beneficio que perjudicarían a las mayorías populares, 3) encarar el dominio de un proceso inflacionario que ejercicios empíricos y caracterizaciones de la economía heterodoxa adjudican acertadamente a las subas en el tipo de cambio y a la puja distributiva que se despliega en un escenario con un marcada concentración oligopólica de la oferta en sectores clave de la economía.

En la actitud por abordar estas cuestiones se han establecido medidas de administración y control en el mercado de cambios y ahora el Congreso aprobó un marco regulatorio con la creación de un fuero judicial para los consumidores, un observatorio de precios y una reforma de la Ley de Abastecimiento, que tiene como eje evitar el abuso de posición dominante de empresas que cuentan con altas tasas de ganancia, y determina la posibilidad de intervención pública para fijar precios máximos y márgenes de rentabilidad, explicitando como causales de corrección –y eventualmente sanción– la elevación de precios sin correlación con aumentos de costos; acopios de materias primas o productos, restricción de ventas o de la prestación de servicios que impacten sobre los precios o la atención del consumo. Es creciente también la opinión de necesarias reformas estructurales en el comercio exterior que garanticen una mayor y decisiva participación estatal en él para superar el efecto adverso que las lógicas privadas concentradas imponen a la disposición de divisas.

El camino elegido por las autoridades democráticas tiene una raíz conceptual clara: 1) la sostenibilidad de la solvencia macroeconómica y financiera que garantice la continuidad del proyecto político en curso, 2) la defensa de la capacidad de consumo popular en cantidad y calidad, y 3) la atribución del poder democrático de regular, intervenir y determinar parámetros y objetivos para la estructura de la distribución del ingreso y la riqueza.

El empresariado concentrado viene asumiendo posiciones que cuestionan la decidida participación estatal en la economía y, ahora, se ha “acuartelado” para resistir la Ley de Abastecimiento y ha amenazado con apelar a la Justicia para pedir se expida por la inconstitucionalidad de este nuevo marco normativo. Los argumentos que utilizan pertenecen a un liberalismo predemocrático. La AEA, la institución que representa a su elite, sostiene que “este proyecto constituye un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas y es claramente inconstitucional, ya que afecta el derecho de propiedad”. Esta afirmación no se sostiene, ya que el nuevo marco legal no propicia la confiscación de empresas. La pretensión de justificar la afirmación aparece luego en la misma declaración emitida por la entidad el 29 de agosto, cuando dice del proyecto que “el mismo atribuye al Poder Ejecutivo el derecho de intervenir desmesurada y discrecionalmente en la actividad y las decisiones de las empresas establecidas en el territorio nacional, lo cual implica un drástico cambio en el régimen económico de la Argentina consagrado en nuestra Constitución Nacional”.

En la lectura sesgada, recortada, arbitraria y equivocada de la Constitución, AEA interpreta que el derecho de propiedad es ilimitado tanto en su detentación como en su disposición y que tiene preeminencia sobre otros derechos consagrados taxativamente, como los derechos sociales y la fuente soberana del poder que resulta del voto popular. La reforma de 1994 otorgó rango constitucional a los pactos de derechos humanos firmados por el país en el ámbito mundial y continental; ambos sistemas sostienen la interdependencia y la no preeminencia de unos derechos sobre otros. No resulta más sagrado el derecho de propiedad (llamado “a la propiedad” por la Declaración Universal de los Derechos Humanos para subrayar no sólo la protección sino el acceso a la misma) que el del acceso a los bienes fundamentales. Tampoco ese derecho puede ser esgrimido para obstaculizar que los gobernantes elegidos por el voto popular entiendan e instrumenten políticas extramercantiles para organizar cuestiones de la economía. Justamente es la democracia donde el pueblo puede reunirse, opinar, manifestarse, debatir, organizarse en sindicatos, en instituciones sociales, donde va avanzando un clima y una creciente y sana politización que luego irrumpe en la soberanía popular (los derechos políticos) y que termina ungiendo gobiernos que procuran transformaciones sociales. Estas requieren de la democratización de la economía. Así su manejo y ordenamiento, el desarrollo de planes y el establecimiento de los dispositivos jurídicos adecuados corresponden a la voluntad popular. La garantía de los derechos esenciales y la administración de las tensiones entre unos y otros deben atender a valores permanentes que son la libertad y la dignidad humana. Los objetivos de autogobierno y justicia distributiva no pueden ser su-bordinados a la libertad empresaria de fijar los márgenes de ganancia que se le plazca, ni tampoco resulta razonable que el derecho a la no interferencia en la esfera privada impida la facultad de observación del poder democrático sobre el funcionamiento de grandes empresas que emplean numerosos trabajadores y suministran bienes y servicios que constituyen los insumos básicos para la vida cotidiana de la ciudadanía.

Finalmente, AEA explicita su adhesión al paradigma liberal: “La experiencia histórica internacional ha demostrado que la prosperidad económica y la eliminación de la pobreza se han alcanzado en aquellos países donde el Estado no interviene discrecionalmente en el ámbito propio de las empresas privadas”. Este paleoliberalismo sacralizador del mercado no difiere del discurso neoliberal que inaugurara Martínez de Hoz, ministro de la dictadura y presidente del Consejo Empresario Argentino, antecesor de dicha asociación. No extraña el continuismo de la escritura de la cúpula empresaria. Norberto Bobbio argumentó en El futuro de la democracia que “en contraste con lo que se dice habitualmente, la antítesis del Estado liberal no es el Estado absoluto, si por Estado absoluto se entiende el Estado en que el poder del soberano no es controlado por asambleas representativas; el poder absoluto es un poder que fluye de arriba hacia abajo. La antítesis del poder absoluto es el Estado democrático, o más bien el Estado representativo que, mediante la progresiva ampliación de los derechos políticos hasta el sufragio universal, se transforma paulatinamente en Estado democrático. El Estado benefactor está estrechamente vinculado con el desarrollo de la democracia”. Es por su ortodoxia liberal que, en nombre de lo que asume como escala de valores, la elite empresaria puede leer las políticas públicas actuales como avasallamiento de derechos mientras había reivindicado el programa de la dictadura terrorista proclamando que venía a restaurar “derechos perdidos”, mientras que en los noventa daba la bienvenida a la desarticulación del sistema previsional y otras reformas de igual clase.

Aprobada la Ley de Abastecimiento, si el Poder Judicial fuese interpelado por el requerimiento empresario a definirse sobre la constitucionalidad de la ley, deberá enfrentar una decisión crucial acerca de su lectura respecto del carácter de las reglas del juego de la sociedad en que vivimos: su disyuntiva será abogar por un régimen democrático en el que las definiciones respecto de una adecuada distribución del ingreso, la propiedad y el poder de decisión recaen en la ciudadanía o por otro predemocrático y paleoliberal que reconoce a un no delimitado derecho de propiedad un carácter liminar y preeminente sobre la voluntad popular.

* Economista, director del Cefid-Ar.

12Sep/140

CEFID/AR

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Tenemos el agrado de invitar a Ud. a la presentación del Documento de Trabajo N° 54
"CRECIMIENTO Y BRECHA DE INFRAESTRUCTURA"
Autores:
Norberto E. Crovetto, Guillermo Hang, Claudio Casparrino

Martes 23 de septiembre, 17:30hs
en nuestra sede
San Martín 627 6to piso

Comentarios a cargo de:
Patricio Narodowski - Profesor de teoría económica y coyuntural, UNLP -
Haroldo Montagú - Lic. en Economía, UBA -
Demián Panigo - Investigador CONICET -

Entrada libre y gratuita (no requiere inscripción previa)
Consultas a: informacion@cefid-ar.org.ar

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2Sep/140

CEFID/AR

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Tenemos el agrado de informarle que ya se encuentra publicado en nuestra página, el Documento de Trabajo N° 55 "Racionamiento de crédito en un marco de dinero pasivo y preferencia por la liquidez de los bancos" cuyos autores son Rodrigo López y Pablo Mareso. Para visualizar el documento haga click aquí.

Si Ud. llegara a tener dificultades para acceder desde el link, lo invitamos a visitar nuestro sitio (www.cefid-ar.org.ar) donde en la categoría: Publicaciones - Documentos de Trabajo, encontrará el documento.