Un capitalismo que brutaliza la condición humana

Nos encontramos ante una situación inédita: el mundo atraviesa una crisis sistémica cuyas consecuencias dramáticas emergen como fractura expuesta por la pandemia. Mientras la economía de nuestro país ha sido devastada por el neoliberalismo, la peste desnudó la desigualdad, la pobreza y la miseria en una sociedad arrasada por el paradigma antihumanista de la plus ganancia del poder económico concentrado y la opulencia obscena de la minoría que habita el vértice superior de la pirámide social. La política seguida por el gobierno de Macri destrozó a la economía real y amordazó al país a una deuda externa imposible de solventar. La pandemia agudizó la situación, develando al mismo tiempo la brutal desigualdad económica y social y el creciente poder monopólico de un grupo reducido de grandes empresas en sectores claves de la economía, profundamente insertadas en la financiarización. Pero el dislocamiento económico, político, social y cultural de la sociedad producto del capitalismo financiero global y local es tan grave que, paradójicamente, abre una hendija que permite la imaginación, la ilusión y la aventura de intentar construir otra perspectiva de vida, con otra organización de la economía y la política, luego de la crueldad que quedó evidenciada por la irrupción del Covid-19.

La situación mundial que hoy sufrimos trasciende a las crisis cíclicas que ha tenido el desarrollo capitalista a lo largo del tiempo, y no puede ser reducida a su aspecto económico y/o financiero, pues alcanza al funcionamiento de las instituciones políticas y culturales y se extiende al terreno de la geopolítica. Asimismo, es una crisis que no puede ser “purgada para empezar de nuevo”. Lo que hoy está en juego es mucho más que la destrucción —de valor, de bienes y activos, de riqueza acumulada, de excedente producido, de empleo e incluso de vidas humanas— por guerras, fenómenos que típicamente han ocurrido en todas las grandes crisis mundiales. El quiebre que hoy enfrentamos engendra situaciones catastróficas para todo tipo de vida en el planeta y es consecuencia de la propia dinámica del orden social que hoy impera en el mundo. Es pues una crisis económica y financiera pero también climática, como consecuencia de la depredación del medio ambiente. Es, además, una crisis de supervivencia donde la posibilidad de aniquilamiento de la humanidad como consecuencia de la irresponsabilidad medioambiental, de una guerra nuclear, bacteriológica o tecnológica, está a la orden del día. Es pues, una crisis civilizatoria que plantea la necesidad de un nuevo orden mundial y social.

En estas circunstancias, pensar un cambio de paradigma en nuestro país implica abordar una drástica y radical redistribución del ingreso y de la riqueza que, acompañada de cambios en la matriz productiva, permitirán encaminarnos hacia a una sociedad de iguales. Estos cambios requerirán de un desarrollo tecnológico propio y autónomo cuyo objetivo no sea cerrar la brecha con el centro. Una meta imposible sin la construcción de una vida digna, que elimine la pobreza, alimente la cultura y estimule la creatividad en la producción de nuevos bienes, con el propósito de abandonar el hiperconsumo degradante y desenfrenado del paradigma de vida de la monopolización de la riqueza y la financiarización, con el que comenzó el siglo XXI.

Hoy impera en el mundo una forma de organización social basada en un capitalismo global monopólico y financiarizado, con centro en los Estados Unidos. La Argentina habita la periferia de éste, con una tendencia al deterioro permanente, incentivada por distintos gobiernos neoliberales desde mediados de los ’70 del siglo pasado. Este régimen se ha extendido a lo largo y a lo ancho del planeta, subordinando, subsumiendo y normalizando a un estándar único a países con distintas culturas e instituciones. Este sistema maximiza ganancias y rentas por su control total sobre la vida económica, política y cultural, incluyendo en esto último a la producción de información, de ideas y hasta de sentido común. Por lo tanto, no estamos simplemente frente a un modelo financiero, industrial o mercantil; estas son fases por las que el capitalismo ha pasado a lo largo del tiempo. Hoy estas fases están contenidas en un proceso degradado, que parasita la vida humana, crea pobreza extrema, marginalidad y exclusión, a la vez que desarrolla un estilo de vida que destruye vorazmente las tradiciones culturales construidas en milenios y brutaliza la condición humana.

 

 

Liberalismo o democracia

Hoy la necesidad de romper las cadenas de la democracia liberal es acuciante. Este sistema político es un dispositivo que vela por la aristocratización del poder: la esfera política es reducida al mínimo y predomina, escindido de la misma, el reino de la economía, naturalizada su condición mercantil y privada. Gritan los grandes empresarios del club oligárquico AEA que los que deben organizar y llevar a cabo la producción son los sujetos privados, y pretenden prohibir la socialización de bienes esenciales y estratégicos. Han hecho retroceder al gobierno respecto de la expropiación de Vicentin, holding empresario que hizo un desquicio económico y perjudicó a una región del país, a productores, a sus proveedores y a la banca pública. Los empresarios de la AEA defienden a capa y espada a sus dueños y enfrentan a quienes critican repudiables y torcidas conductas empresariales, porque ubican a la gran propiedad privada de medios de producción por encima de cualquier valoración sobre el orden jurídico. Ellos han sido históricamente golpistas porque ese concepto de propiedad lo han entendido —y lo entienden— por encima de la Constitución y la democracia.

Desde que la sociedad puso fin al Terrorismo de Estado, los sectores más poderosos de la economía han acechado a los gobiernos que se sucedieron en democracia, buscando imponer sus intereses específicos por encima del interés general de la Nación. Durante el gobierno de Macri, han salido a la luz a través de la violación sistemática al Estado de Derecho, el armado de causas mediático-judiciales para destruir a la oposición y los grandes negociados económicos. Esta aventura macrista ha sido un episodio más de la estrategia del lawfare impulsada por los Estados Unidos para poner fin a los nacionalismos populares latinoamericanos, así queda expuesto en las causas de espionaje ilegal que tramitan en diferentes juzgados y eso explica la oposición salvaje del macrismo al proyecto de reforma judicial en curso. Este proyecto intenta poner fin a la estructura endogámica, corroída y oligárquica del Poder Judicial, un paso de fundamental importancia para empezar a saldar una deuda que todavía tiene nuestra democracia. Es necesario bregar por la creación de nuevos canales institucionales que permitan la participación popular en las decisiones que se toman y en el control del mandato de los que ejercen funciones en todos los territorios: desde el barrio y la empresa, a los municipios, las provincias y el Estado Nacional.

Llegó la hora en que democracia y liberalismo encontraron un punto de ruptura, que siempre estuvo latente. No hay democracia con soberanía limitada de la voluntad general de la ciudadanía. No hay democracia sin participación popular en la toma de decisiones. No hay democracia si se la limita a ser el reducto de un pequeño sector que controla la vida económica. Estos son los desafíos que enfrenta el gobierno nacional en un contexto donde los sectores económicos más poderosos y el macrismo intentan restituir el reinado del neoliberalismo.

Este sistema promueve la escisión entre las esferas de la economía y la política para otorgar preeminencia a la propiedad privada concentrada sobre la vida misma, y su éxito mediático se expresa en el fanatismo de quienes organizan movilizaciones que atacan las disposiciones dictadas en defensa de la salud de la población. La violencia política y simbólica de los medios de comunicación hegemónicos constituye la punta de lanza del  dispositivo con el que el liberalismo y su actual diseño neo persiguen la destrucción de la democracia; una demolición que opera mediante su vaciamiento para convertirla en una cáscara que contenga un dispositivo social opuesto al sentido que la define: gobierno de y para el pueblo, mandato y participación popular, autonomía ciudadana en la definición del presente y el futuro de la vida comunitaria. Ese liberalismo neo, cuando percibe el quiebre de la cáscara que falsifica el poder popular, esencia de la democracia, siempre tiene a mano los mecanismos necesarios para derribar gobiernos. Como lo hicieron en Brasil y Bolivia, y cuando no pueden lograrlo, como les ocurre en Venezuela, intentan violar la soberanía nacional mediante intervenciones externas que no excluyen la propia invasión militar.

Los medios utilizados para imponer una política de dominación y subsunción de la subjetividad fueron diversos y dirigidos a los sectores sociales enajenados de sus necesidades e intereses. En años recientes, mientras eran destruidos cotidianamente los derechos alcanzados durante los gobiernos kirchneristas, se desplegaban a través de diferentes discursos, mecanismos de inhibición y cercenamiento a las potencias del pensamiento, destructivos de la aptitud de apropiación de las experiencias vividas durante los años de gobiernos nacionales y populares. El neoliberalismo degradó al sujeto humano a sujeto de consumo, originando una brecha social con quien no tiene trabajo, o lo tiene precario. Muchas personas no perciben salarios suficientes para una vida digna y necesitan endeudarse para el vivir cotidiano. La ideología, los medios y los modos productivos construyen una subjetividad que hace sentir al sujeto subsumido por el sistema como el único responsable de lo que le acontece. Asume la situación a la que es arrojado como una consecuencia de su demérito. Así, la meritocracia y el individualismo encuentran un rumbo común. Y la propiedad privada absoluta e ilimitada su justificación sin Historia. Es el triunfo del neo liberalismo sobre la democracia.

 

 

La pandemia y el imperio de las finanzas

La economía neoliberal de la financiarización fue un factor determinante en los resultados desastrosos alcanzados en el área de la salud de la potencia mundial, con las cifras más elevadas de contagios y muertes. En Estados Unidos, el “cuidado preferencial de la economía” fracasó en el campo de las finanzas y el trabajo: en el segundo trimestre del año registró una caída del 32,9% del PBI (respecto al mismo período de 2019), lleva más de 45 millones de personas desocupadas y una alta proporción de la población debajo de la línea de la pobreza. Lo acaecido en ese país muestra con claridad el efecto negativo de las políticas generadas por el Banco Mundial en los servicios sanitarios, las que impactaron en el deterioro de su eficacia y provocaron una grave inequidad de acceso. En Latinoamérica, se desplegaron modelos imitativos al de Estados Unidos, que también se aprobaron en las Naciones Unidas. Es la prueba que demuestra que la financiarización no sólo invade las finanzas, sino que penetra en la salud, la educación y en todas las instituciones, mediante la acción y presión del Banco Mundial y el FMI, ya que sus políticas están coordinadas y comandadas desde el Tesoro norteamericano. Tampoco el BID excluyó del pregón las reformas de los sistemas sanitarios y otros que significaron un retroceso de la atención de los derechos económicos, sociales y culturales, violando el Pacto de la ONU que exige la progresividad en su cumplimiento.

En los ’90, la atención focalizada y la autogestión hospitalaria promovida desde los Estados condujeron a un progresivo desfinanciamiento de la salud pública con pérdidas de servicios indispensables y empobrecimiento de la calidad asistencial. Luego, hacia el año 2012, se incrementaron los sistemas de aseguramiento para las coberturas de salud y se creó un dispositivo con atractivo nombre: Cobertura Universal de Salud (CUS). Se desplegó el establecimiento de mercados plurales para regular la cobertura y el acceso médico, separando y acotando la función del Estado y permitiendo la intermediación financiera y la presencia de prestadores en asociaciones público privadas. Colombia fue el sitio de implantación inicial, seguido por Chile —que ya había producido cambios en el mismo sentido desde 1981 con el gobierno de Pinochet— y Perú. Argentina, inicialmente, si bien participó en las reuniones, no lo aplicó en la misma intensidad que los países mencionados.

Así, se fueron instalando progresivamente durante 20 años cambios tendientes a descentralizar el sistema sanitario con pérdida del papel del Estado Nacional y su transferencia a las provincias, así como crecientes y regresivas transformaciones promotoras de autogestión, tercerizaciones y seguros de salud. Las consecuencias fueron devastadoras: en la mayoría de los países se desfinanciaron los sistemas y servicios de salud pública, provocando su ineficacia, ineficiencia, deterioro y pérdida de capacidades colectivas para la población.

La Argentina recibió la llegada de la pandemia con una ventaja y una política pública de gran valor. Por un lado, el Covid-19 llegó con considerable retraso, lo cual permitió tomar muchas medidas basadas en las experiencias vividas en el Hemisferio Norte y, por otro lado, la invasión de la peste ocurrió con un gobierno nacional y popular recientemente ganador de elecciones presidenciales, el cual decidió priorizar el cuidado de la salud y salvar al mayor número posible de ciudadanas y ciudadanos ante la fuerte letalidad que el virus mostró en todo el planeta.

Los impactos del coronavirus no fueron iguales en todo el mundo. Aquellos países, aun los más desarrollados de Europa, con servicios muy deteriorados por las políticas neoliberales enunciadas, afrontaron impactos disímiles, según hayan implementado medidas de distanciamiento, cuarentenas, suspensión de clases en forma precoz, privilegiándolas a la preservación de las rentas y ganancias de los monopolios, o si, su comportamiento priorizó la continuidad de la actividad económica y sólo tomaron medidas cuando el número de fallecidos ya era enorme. En América del Sur sucedió algo similar, los países del Pacífico (Colombia, Perú, Ecuador y Chile) optaron por una conjeturada priorización del funcionamiento de la economía, cuidando los intereses de los grupos económicos concentrados, cuando debieron emplear las medidas preventivas — a excepción de Perú, que lo hizo desde el inicio, pero los resultados fueron igualmente desastrosos, probablemente por la precariedad de los servicios sociales y las condiciones de vida popular previas a la pandemia. Estos países presentan una dramática cantidad de fallecimientos y contagios, y sus economías entraron en crisis profundas. Brasil es un caso aparte, porque disponiendo de un sistema de salud público padece los resultados más negativos, a raíz de un gobierno que ignoró la peste y sacrificó vidas por cientos de miles para no lesionar en nivel alguno los beneficios de la burguesía brasileña, revelando la tragedia expuesta de una sociedad enferma de racismo, clasismo y sexismo.

Es evidente que la salud pública fue el primer blanco impactado mundialmente por el Covid-19. Pero es indiscutible que la patogenicidad del virus se complementó con políticas sanitarias y económicas antipopulares, mercantilizadas y debilitadas que desarticularon los servicios de salud y causaron un daño cuya envergadura nunca fue vista en los últimos 100 años.

 

 

La emergencia nacional

Vivimos una situación de emergencia nacional única en la historia del país. Mientras la pandemia avanza, una estructura de poder formada a lo largo de décadas de historia argentina intenta desestabilizar al gobierno surgido de las elecciones del 2019. Este tiene la legitimidad que le da el voto ciudadano para concretar un proyecto nacional y popular para poner fin al hambre, la exclusión y la fragmentación, reponiendo el objetivo de la igualdad como clave de su política. Una de las transformaciones centrales que se ha propuesto es llevar a cabo una reforma judicial que garantice el pleno funcionamiento del Estado de Derecho, sin privilegios y con justicia social, así como la ampliación y los cambios en la legislación que concurran a la construcción y vigencia de una sociedad humanista, solidaria e integrada en el marco de una república democrática, con plena participación popular, sólo posible con la reconquista y el alcance de una verdadera y definitiva independencia nacional.

La pandemia ha expuesto los niveles de desigualdad con los que convive la sociedad argentina y las severas consecuencias sociales que provoca la injusta concentración de la riqueza, dejando en evidencia la polarización extrema de ingresos, los elevados niveles de informalidad y precariedad, las necesidades insatisfechas de los barrios populares, la brecha inadmisible en las condiciones habitacionales y la inequidad en el acceso a una tecnología indispensable, que hoy debería ser masiva, pero permanece reservada a los sectores de ingresos medios y altos. Así, el virus desnuda el generalizado incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, consagrados por la Constitución Nacional que incluye el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, también, de los derechos incluidos en el artículo 14 bis.

El momento, extremadamente crítico, exhibe la desatención de los sectores vulnerabilizados por décadas de financiarización capitalista, llevada al límite por parte del último gobierno neoliberal. Su continuidad no se ha interrumpido en las cuestiones que decide el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni en otras comarcas gobernadas por Cambiemos, como la provincia de Jujuy, que ha desmanejado la pandemia en beneficio de una burguesía local de tradición represiva y explotadora, como lo son los Blaquier y el Ingenio Ledesma, mientras mantiene presa ilegalmente a la lideresa social Milagro Sala.

Nuestro país, y el mundo, necesitan un debate profundo orientado a discutir la función social de la propiedad privada y su carácter relativo, que combata el exceso de concentración de riqueza y que siente las bases de una sociedad emancipada, justa e igualitaria, desarrollando también formas de propiedad colectiva, cooperativa y comunitaria, entre ellas la de los pueblos originarios, que enriquezcan las opciones de vida económica a disposición para organizar la vida productiva. El reingreso del Estado en la vida económica, en la propiedad de recursos y empresas estratégicas, y en la prestación de servicios esenciales es urgente. Su rol en la pandemia fue determinante para contenerla, mientras el sector privado, aun el más poderoso, sólo reclamaba ayuda –oponiéndose a un imprescindible y justo impuesto a las grandes fortunas—, a veces, con el mezquino y avaro interés de no perder nada por parte de los que detentan miles de millones de dólares ahorrados en el país, o fugados en el exterior. Pero el debate no se agota abordando sólo la titularidad de la propiedad sino en la discusión que garantice la efectiva participación popular en su ejercicio y/o control.

Históricamente, los grupos de poder han condicionado a los gobiernos en democracia y han operado con tres pinzas: inflación, corridas cambiarias y fuga de capitales. Cuando no lo han podido lograr apelaron al golpe militar, al golpe “institucional” o al terrorismo de Estado. Esto ha sido permanente a lo largo de décadas y llega hasta el presente. Estos grupos económicos, extranjeros y nacionales no tienen raigambre ni sentido nacional, están ensamblados en un esquema de prebendas y regulaciones que les ha permitido sustituir inversiones por subsidios, obtener beneficios impositivos de todo tipo, remisión indiscriminada de ganancias, y si el panorama político local o internacional se complica, vaciamiento de empresas y fuga indiscriminada de capitales. El punto de referencia de estos grupos económicos concentrados ha sido, desde hace mucho tiempo, un puñado de grandes corporaciones multinacionales que dominan cadenas de valor global, en las que el país está insertado desde eslabones relativamente débiles, y el mercado financiero internacional, los grandes bancos y los fondos especulativos. Aliados a ellos, en un modelo de país reprimarizado, se confabulan ahora para profundizar un modelo elitista y dependiente, para beneficio de los grandes exportadores de granos y los grandes productores agropecuarios de la pampa húmeda a los que ahora intentan sumarse las grandes corporaciones privadas involucradas en la producción y exportación de gas y petróleo no convencional y convencional.

 

 

El odio ataca a la vida

Desde diciembre de 2019, este modelo neoliberal se ha activado para resistir cualquier intento del gobierno de cambiar el status quo.

En el ámbito de la economía, la política del gobierno ha sido atacada con presiones inflacionarias (especialmente en el rubro alimentos) a pesar de tarifas congeladas, control cambiario y salarios no recuperados. A esto se suma el bloqueo de la banca privada al otorgamiento de crédito al consumo y a las pymes, a pesar de los estímulos dados por el BCRA para reactivar la economía, y presiones que han promovido un arreglo de la deuda con los acreedores privados con la misma actitud genuflexa con que se les pagó a los buitres. El gobierno, sin embargo, resistió consiguiendo plazos y mejoras de tasas que le darán aire a su gestión. Con estas maniobras los grupos económicos más poderosos han intentado impedir que el gobierno ponga algún límite a su capacidad de formar precios y de apropiarse de mayores ingresos y rentas. También han tratado de impedir que el gobierno asumiera una actitud de firmeza frente al capital rentístico internacional. Próximamente, en la difícil negociación con el FMI, las presiones locales y extranjeras para imponer reformas previsionales y laborales que significarían más de siete décadas de retroceso social, deberán ser resistidas por el gobierno del Frente de Toda/os, que necesitará de la movilización popular masiva para imponer su convicción de progreso social, mientras también tendrá que sostenerse intransigente en su negativa a apretones fiscales que impedirían la mejora del gasto social, los salarios, el empleo y el nivel de actividad económica.

En lo judicial, han resistido los intentos de cambios, bloqueando información, cajoneando causas que puedan perjudicar al macrismo, enlazando estructuras paraestatales de persecución política e ideológica, imponiendo decisiones sobre los otros poderes del Estado impidiendo el ejercicio del gobierno, como la inaudita orden de una jueza de limitar una sesión del Senado y la impertinente medida de un juez desconociendo un DNU —es decir, un decreto del Poder Ejecutivo con rango y fuerza de Ley—, sin cuestionar su constitucionalidad, que disponía la intervención de Vicentin. El establishment obstruye, así, todo intento de reforma judicial, argumentando una supuesta impunidad de los sectores políticos que imprimen una amenaza a sus intereses.

En el ámbito de las comunicaciones, los medios concentrados distorsionan y ocultan información e invisibilizan la magnitud del deterioro social resultante de la gestión de Cambiemos. Continuando las operaciones periodísticas de la era de Macri, han fomentado el odio social hacia Cristina Fernández de Kirchner y el peronismo, y han hecho lo imposible por naturalizar la miseria heredada en el país. Las pocas manos que controlan los principales grupos de la comunicación privada comercial, hegemonizan la información mediática en un sistema de medios que, además de estar altamente concentrado, está profundamente mercantilizado, ya que las normativas de radiodifusión —con excepción del período kirchnerista, que establecía la posibilidad de un desarrollo equitativo entre el sector privado comercial, el sector privado sin fines de lucro y el Estado— privilegiaron el desarrollo del sector privado comercial, denostaron y desarmaron los medios públicos y favorecieron la extranjerización, desnacionalización y conformación de multimedios con base preeminentemente porteña.

En el ámbito político, desde el mes de diciembre, el macrismo ha intentado bloquear prácticamente todas las iniciativas legislativas del gobierno de Alberto Fernández, pasando además a la “acción directa” al impulsar con “productores auto convocados”, y otros sectores de la población, a movilizaciones contrarias a los aumentos a las retenciones a las exportaciones agropecuarias, obstruyendo el intento oficial de intervenir a Vicentin y atacando las medidas de aislamiento que la pandemia impone.

Llegaron al extremo de utilizar la figura del Libertador José de San Martín, desvirtuando su ideario y su inquebrantable combate por la independencia nacional, valiéndose de un banderazo que apuntaba contra el pueblo y la Nación Argentina. No solo los próceres son enviados a la casa de remates donde sus frases son dadas vuelta y convertidas en su contrario. La libertad se pronuncia solo para perderla más fácilmente, el sentido libertario se esgrime para hacernos saber que debemos quedar en manos de los oligopolios y empresas que controlan nuestras comunicaciones, el llamado a proclamar que cualquier trabajo puede hacerse sin peligro participa del irresponsable cálculo del costo en vidas que está en manos de cualquier gerente de las grandes empresas, la postulación de valores primigenios como el trabajo se realiza en un vacío que ignora el contagio y manipula la justa ansiedad que tenemos por retomar actividades laborales productivas y creativas. Cuando escucharon decir primero la vida para recrear la economía, traducen como primero la economía para enseñar que es necesario seguir despreciando cuidados, protecciones y acompañamientos a los desprotegidos, que no son actos que se midan en el balance comercial. El afán de golpear en la oscuridad al gobierno democrático, pero usando palabras egregias aunque burdamente mezcladas con pensamientos delirantes, mesiánicos, mágicos y oscurantistas, no debe provocar la risa de los meramente racionalistas. Debemos responder con la razón, pero una razón sustantiva y crítica que, conociendo la historia, debe saber que en esos bocinazos de “rebeldía cheta” pueden esconderse los signos renovados de un intento severo por destruir las instituciones representativas tan trabajosamente recuperadas y defendidas por la mayoría democrática de la población. Que por eso mismo guarda en su corazón los deseos de grandes transformaciones en el país, que sabrá expresar en el momento oportuno. La amenaza tiene la gravedad que requiere la formulación y efectiva comunicación de un Proyecto, por parte del gobierno popular, destinado a movilizar la adhesión, el apoyo y la movilización que a la vez que fortalezca las definiciones y decisiones que desarmen las estructuras neoliberales heredadas, disipen esa intimidación.

Frente a esto, el Decreto de Necesidad y Urgencia sancionado por el Poder Ejecutivo que declaró servicio público y esencial a la telefonía móvil y fija, internet y la TV paga constituye un paso de gran importancia para contener la ofensiva de los poderes concentrados y avanza en el otorgamiento de más derechos a la ciudadanía al poner al alcance del conjunto de la población bienes y servicios que resultan esenciales a la vida humana. Muestra que el gobierno está dispuesto a utilizar los resortes del Estado e intervenir en los mercados monopólicos para regularlos, y reconoce que el acceso al internet y las telecomunicaciones son un derecho humano y por lo tanto accesible a toda la población.

Se aproximan meses difíciles para el gobierno, en los que se multiplicarán los esfuerzos del macrismo por trabar el funcionamiento del Congreso. Asimismo, la multiplicación de anuncios agoreros sobre anarquía, ríos de sangre y golpes de Estado no deben ser banalizados. Muestran que los grupos económicos concentrados, el macrismo y la mafia enquistada en las instituciones políticas y judiciales harán lo indecible para impedir las transformaciones significativas que se necesitan para encaminarnos hacia la inclusión social y la independencia nacional. Ante esto, el principal recurso que tiene el gobierno es la organización y movilización del pueblo y la participación de sus organizaciones. Esto otorgará legitimidad y fuerza al gobierno, no solo ante las negociaciones con el FMI sino también ante los poderes fácticos que intentan desestabilizarlo para reproducir la actual estructura de poder.

 

 

El acto cultural emancipado

Las maniobras mencionadas atacan a la línea de flotación del proyecto oficial que tiene por principales objetivos erradicar el hambre e incluir socialmente. Pero, así como en los planos desplegados, nos preguntamos también por la cuestión cultural. Su abordaje en materia de política pública no surge luego de consultar los demás aspectos determinantes, tanto económicos como sociales. Si no que está antes, durante y después de ellos, como figura silenciosa y rostro indeclarado del lenguaje público, íntimo o confesional. Pero como la cultura no es solo el subsuelo enraizado e impalpable en que vivimos, sino que se plasma en obras, precisa establecerse una relación de intercambio creativo con las instituciones del Estado.

Por eso son válidas las observaciones críticas que hoy se hacen, en torno de que, a pesar de las imposibilidades reinantes, a causa de una medida sanitaria global necesaria y sostenida en el “privilegio de la vida”, no se han encontrado vías más creativas para a su vez proceder a un “privilegio del acto cultural emancipado”. Llamamos así al que surge de un parpadeo donde en un momento es válido que el Estado lo contemple con su sostén, y en otro ocurre un emergente creativo de total autonomía donde la institución pública que fuese, aun considerándose sostén de cualquier actividad cultural, se exime de valerse de ella, como si refrendara tal o cual énfasis benevolente del Estado. Ante la obra, el Estado que puede haberla sostenido, calla, observa y aprende de lo que ella significa cuando va más allá de las costumbres, normas y lógicas establecidas.

La cuestión de las industrias culturales es un factor dominante en un panorama donde antes solo parecía existir el desafío de la vinculación entre intelectuales y la clase popular-nacional, en relación con qué recursos de la lengua van a ser empleados. No solo para la comunicación, sino para evitar un comunicacionismo abrumador que congela la lengua nacional en rituales y algoritmos inconscientes, cuyo control último pertenece a las fábricas mundiales de simbologías del entretenimiento, y cuya contracara son las nuevas formas de control social.

El viejo debate entre culturas populares y obras surgidas de los géneros artísticos firmadas por autores identificados por su alta sensibilidad hacia los secretos y peligros de la época se mantiene tímidamente, así como las opciones aparentemente contrarias de construcción de centros de cultura populares o la organización de espectáculos públicos masivos. No hay lugar en estas disyuntivas para que se acentúe una dimensión en detrimento de la otra. Pero tampoco se trata de buscar equilibrios a cargo de especialistas mediáticos sino de la multiplicidad de niveles en que se realiza la pertenencia entre la vida popular y las grandes obras de la cultura.

Más importante que continuar con esta polémica, es saber que todas las posibilidades culturales están inmersas en los flujos tumultuosos de la lengua nacional, cruzada por todas clases de intervenciones, ante las que ella reacciona y se reconstituye permanentemente. En este océano lingüístico actúan los grandes medios de comunicación masivos, produciendo un efecto de aplanamiento —como se ha dicho—, porque en ellos se actúa en general con un alto control de la inteligibilidad de los discursos, cualquiera sea la argumentación que se busque. En verdad, las argumentaciones ya pertenecen a un mundo anterior, que debe ser repuesto inteligentemente, pues su reemplazo por una semiología industrializada de gestos, escenografías, conflictos guionados y personajes que “estallan” ante los dichos de otro contrincante, llevan a toda una sociedad a abandonar progresivamente los instrumentos necesarios para la autorreflexión y la elaboración de espectadores libres, capaces de discernir una opción válida ante cualquier conflicto detectable como parte de un interés cultural surgido genuinamente y no por inducción del mercado de los llamados “consumos culturales”.

Como los mencionados consumos entran en un mercado discursivo, al que podríamos denominar mercado de entes y objetos simbólicos preconstituidos, se trata de que toda emisión de cultura pública, sobre todo en la televisión masiva, no siga un único canon disponible para la recepción de los discursos, con fuerte incautación de sentimientos primordiales del espectador, con la permanencia de la regla general de comprensión básica ya trazada para todas las audiencias por los “gerentes de contenido”, que actúan con leyes de oferta y demanda que de seguir vigentes con su característico absolutismo, nunca más habrá un Borges, un Jauretche, un Cortázar, un Marechal, un Ginastera o un Berni.

¿Una política cultural debe intervenir en estos aspectos de la redefinición de las acciones colectivas individuales en una democracia? La intervención estatal, en el aspecto de los canales públicos, debe realizarse sin afectar ninguna de las libertades clásicas de la información, el secreto de las fuentes y la autonomía en el uso de cualquiera de los parámetros de difusión, pero, en cambio, sí es necesario observar cómo dilema, debate y cuestión inmediatamente política, el momento en que los medios se transforman en grandes alianzas corporativas con intereses empresariales de gran escala, siendo precisamente los medios de comunicación una de esas escalas, en la medida que el mercado de los símbolos de consumo —fuertemente entrelazados con el consumo mismo—, hacen un solo bloque con las grandes empresas alimentarias, industriales y comunicacionales. Construyen en efecto un solo bloque productivo de usos inmediatistas del arte y la lengua, del entretenimiento sutil y las informaciones manipuladas, que falsifican tanto la comunicación como la reproducción de la vida. Por eso es tan necesario que los medios públicos se destinen a equilibrar estas desigualdades trágicas que producen los oligopolios culturales, lanzando desafíos dignos del gran arte popular y clásico.

 

 

Crear, debatir, construir

Existen distintos espacios, grupos, organizaciones, movimientos que hoy (como en las distintas etapas por las que atravesó nuestro país, la región y el mundo) discuten y se organizan en torno al momento actual y sus consecuencias. Existen ámbitos de encuentro por medios remotos para sortear las restricciones de la pandemia y hay valiosos escritos ya difundidos por varios colectivos. Pensamos que es importante la reflexión y la potencia de los esfuerzos que conjuntamente puedan articular pensamiento y acción, en un debate franco y en una discusión profunda. Como un aporte más, aquí caracterizamos, opinamos y nos pronunciamos sobre algunos problemas estructurales que encuadran la situación que hoy vivimos. Es una invitación para que en este momento que atravesamos, la reflexión y discusión sistemática permita crear, imaginar y construir un lugar de iguales donde vivir, sobre la base de los desafíos producidos por los cambios ocurridos en el mundo, y la forma en que estos afectan a nuestro país, tanto en el presente como en el mundo de la post pandemia que se avecina.