El debate de ideas, la construcción de fuerzas y alianzas sociales y políticas y la puja entre proyectos de país constituye la característica insoslayable de los proyectos transformadores. Esta semana se produjeron dos acontecimientos de decidida vocación transformadora:

• El tratamiento y aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de Ley sobre el aporte extraordinario y solidario de las grandes fortunas.
• La Carta del Senado de la Nación dirigida a la Directora-Gerente del Fondo Monetario Internacional.

El primero implicó la adopción de un criterio fundamental para avanzar en la consecución de la equidad tributaria. Este progreso era de orden imperativo porque la pandemia es un acontecer dramático, de carácter extraordinario, que sumada a la calamitosa situación de endeudamiento externo, al retroceso económico y la desarticulación productiva, y a la regresividad social y el aumento de la pobreza provocados por la experiencia neoliberal reciente, debe ser afrontada con el aporte del poder económico concentrado. Ese criterio recupera el rumbo  que se propone el objetivo de la igualdad, sin el cual la democracia es un imposible. Rousseau afirma en su texto Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres (Losada,1996) que “ si se ve un puñado de poderosos y ricos en la cumbre de la grandeza y la fortuna, mientras que la muchedumbre se arrastra en la oscuridad y la miseria, es porque los primeros tan sólo aprecian las cosas que poseen en la medida en que los demás están privados de ellas, y que, sin cambiar de estado dejarían de ser felices, si el pueblo dejara de ser miserable”. El filósofo de la Revolución Francesa establecía así la fusión entre la lucha para eliminar la pobreza con el objetivo de la consecución de la igualdad, la ausencia de la vocación por esta última conlleva el deseo de la perpetuación de la primera. Redistribuir entonces, resulta constitutivo de la democracia, que lleva su concepto de libertad asociado al de igualdad.

Wendy Brown en El pueblo sin atributos (Malpaso, 2017) sostiene que la democracia liberal en general no cumple con su promesa y en la mayoría de los casos la invierte de modo cruel privilegiando el formalismo, el privatismo y el individualismo. “La democracia se puede anular, se puede vaciar desde su interior y no sólo derrocarse u obstaculizarse…  ¿Qué ocurre con los elementos constitutivos de la democracia… cuando la racionalidad neoliberal satura la vida política… con la privatización de la previsión social [y] las cárceles, la conversión de cada necesidad o deseo humano en una empresa rentable, desde la preparación para ser admitido en universidades hasta los trasplantes de órganos, desde las adopciones de bebés hasta los derechos de contaminación… y [se produce] el creciente dominio del capital financiero sobre el capital productivo en la dinámica económica y la vida cotidiana”, cuando se reemplazan impuestos progresivos por regresivos y se cancela la redistribución de la riqueza como principio fundante de la vida ciudadana? Estas son cuestiones fundamentales que constituyeron el litigio en el debate parlamentario del martes y miércoles pasados. La aprobación de la Ley ha significado un hito en la defensa de la democracia,  a la que los liberales neo de Juntos por el Cambio pretenden someter a un proceso de vaciamiento.

El segundo recupera el principio de la soberanía nacional y la igualdad de trato entre naciones poderosas y las que, siendo más nuevas y periféricas, se proponen desarrollar y autodeterminar. La Carta de los senadores del Frente de Todos restablece la puja necesaria con el FMI con relación a la deuda de más de 44.000 millones de dólares que, en tiempo récord, el organismo internacional, habilitó con sus préstamos para que el gobierno de Cambiemos malgastara. La Carta advierte y denuncia que el Organismo Internacional (OI) habilitó fondos que fueron utilizados con el fin de financiar fuga de capitales, cuestión que está prohibida por su Estatuto. Ese destino prohibido fue probado por el informe del Banco Central de octubre de 2019 que estableció la correspondencia casi exacta entre los dólares ingresados por desembolsos del Fondo y la fuga de capitales del sector privado. Los senadores también señalan que en el ingreso de los desembolsos del OI fue incumplido lo prescripto por la Ley de Administración Financiera de la Argentina respecto a los estudios previos que exige que sean realizados por el Banco Central.

El texto también denuncia que las condiciones macroeconómicas del sector externo predecían perfectamente que los préstamos que el FMI otorgaba –duplicando la proporción que le correspondía al país por su cuota reglamentaria— serían imposibles de devolver. La mayoría de la Cámara Alta le señala a la Directora Gerente del Fondo que tampoco se cumplían los requerimientos dispositivos del “tratamiento excepcional” que se le daba a la Argentina. La Carta concluye con su ítem 33 en el que los senadores del Frente de Todos solicitan a las autoridades del FMI que “se abstengan de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años” y proponen la reconsideración de los intereses, un período de gracia de cinco años y un plazo de amortización de varias décadas.

El acontecimiento de la emisión de la Carta de los senadores del FdT recupera el discurso que Néstor Kirchner pronunció cuando canceló la deuda con el FMI, en el que sostuvo que ese endeudamiento era una fuente de constantes intromisiones y exigencias opuestas al crecimiento sustentable del país. El fundador de un nuevo proyecto nacional, popular y democrático agregaba en su discurso que “el FMI desnaturalizado en sus fines había actuado en la Argentina como promotor y vehículo de políticas que provocaban pobreza y dolor en el pueblo, [apoyando] a gobiernos proclamados como alumnos ejemplares del ajuste permanente”. Pero en el caso reciente, la intromisión para la aplicación de determinadas políticas vino junto al apoyo indisimulado de una opción electoral neoliberal. De una opción vaciadora de la democracia. Mientras en otras épocas los organismos multilaterales acudían en apoyo de los derribos de gobiernos democráticos, en esta oportunidad acudieron para favorecer su corrosión desde adentro.

Esta Carta de los senadores expresa una saludable madurez y firmeza política, en su advertencia al organismo gerente y defensor del capital financiero internacional, señalándole que ese bloque de legisladores argentinos no ha sido, ni lo será, seducido con el intento de exhibir los cambios en la conducción del organismo,  como si éstos hubieran dado nacimiento a “otro FMI”. Esos senadores, por el contrario, solicitan y advierten desde la asunción de una posición soberana y no desde la “esperanza” en la bonhomía del poderoso. Muestran disposición a obrar con firmeza, a dar pelea.

Patéticos

Los discursos de la oposición en el debate respecto al “aporte de las grandes fortunas” tuvieron un carácter patético. Los ejes fueron señalar un carácter expropiatorio respecto de un exiguo porcentaje sobre los altísimos patrimonios de los 10.000 argentinos más ricos. Hay una clara tendencia a estigmatizar la progresividad tributaria caracterizándola como una lógica expropiatoria. Esto es un retroceso al liberalismo pre-rousseauniano. “Dejad a los ricos tranquilos para que generen empleos e ingresos que permitan a los pobres mejorar su condición”, fue el leit-motiv de la horrenda y monótona sinfonía que repetían uno tras otro los diputados del PRO y el radicalismo, subrayando que si se les ponen impuestos a los empresarios, estos se desaniman y no invierten y entonces no dan trabajo y aumenta la pobreza. No hay registro histórico en el que esto se haya verificado, menos en la Argentina.

Cuando el Estado gastó más y recaudó más, cuando el sistema impositivo fue más progresivo, la Argentina creció a un promedio superior al 3% anual durante décadas, en distintos momentos y contextos, mientras que cuando se destruyeron los elementos de progresividad en el sistema impositivo las consecuencias fueron inversas. También se pronunciaron discursos clasistas que se refirieron despectivamente respecto a los integrantes y militantes de los movimientos sociales que marchaban masivamente frente al Congreso, mientras destacaban como motor del progreso al espíritu de los rugbiers.

Lo que el debate clarificó contundentemente fue la consolidación de la UCR como un ejemplo paradigmático de lo que Eduardo Basualdo en Sistema político y modelo de acumulación en Argentina caracterizó como transformismo argentino. Gramsci define el transformismo como “la absorción gradual pero continua y obtenida con métodos diversos según su eficacia, de los elementos activos surgidos de los grupos aliados, e incluso de aquellos adversarios que parecían enemigos irreconciliables. En este sentido la dirección política ha devenido un aspecto de la función de dominio, en cuanto la asimilación de las elites de los grupos enemigos los decapita y aniquila por un período frecuentemente muy largo”. En la UCR se ha consumado este proceso plenamente cuando se sometió a la conducción del PRO, el partido de los gerentes y grandes empresarios de la oligarquía diversificada.

El discurso de los conductores actuales del partido radical es típico del liberalismo neo, mientras desapareció del mismo cualquier vestigio de su origen popular. Repetían en la sesión, junto a sus aliados, la consigna de la reducción del gasto de la política como alternativa recaudatoria frente al  impuesto a los ricos. La reaccionaria consigna de bajar los ingresos de los legisladores encubre cuestiones de magnitud respecto a imponer  a las ganancias del capital concentrado, que constituyen una ofensa a la inteligencia ciudadana. Pero a la vez que desinforma al pueblo, ese slogan promueve la privatización del financiamiento de la actividad política. Más aun, su reducción misma como mecanismo de vaciamiento de la democracia. La idea del Estado como enemigo, como fuente de gasto e ineficiencia es propia del liberalismo y no de la democracia. Coincide con la apología de la iniciativa privada.

Junto a la UCR y el PRO convergieron la AEA, la UIA, el Foro de Convergencia Empresarial y la CRA. Los plutócratas multimillonarios dijeron desde la AEA que “el proyecto [de ley] genera un desaliento en la comunidad empresarial profunda por cuanto representa una medida que descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales». Un impuesto a las grandes fortunas es presentado como calamitoso por quienes recibieron subsidios para seguir funcionando durante la pandemia, mientras conservaban intactos sus holgados capitales. También el comunicado de la Asociación Empresaria Argentina pregona que el motor de la reactivación sería el capital privado, mientras la historia demuestra que frente a las recesiones el impulso reactivador provino siempre del gasto público. Mientras tanto, la UIA confunde las cosas diciendo que ese aporte —que se pagará en pesos— dificultará la generación de divisas y el Foro de Convergencia Empresarial prefiere dedicarse a agitar el mote de confiscatorio. Sin embargo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL,  propone “fortalecer la recaudación tributaria a través de un impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones; extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad”. Para los trogloditas del gremialismo empresarial argentino la CEPAL sería foco promotor de confiscaciones.

Prepárense

El gobierno está negociando un plan de facilidades extendidas con el FMI. Noemí Brenta en Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI (Eudeba, 2013) analiza las características de esta línea del organismo. La misma está prevista para países con dificultades de balanza de pagos resultantes de problemas macroeconómicos y estructurales, con plazos más extendidos que los préstamos denominados stand-by.  El Fondo exige al país prestatario de la línea en negociación la presentación de un programa de mediano plazo. Las características y extensión de estos programas promueven una mayor injerencia del FMI en las condiciones estructurales de la economía. A la tradicional política de reducción del déficit fiscal, el FMI agrega, en los programas de facilidades extendidas, la presión para una disminución de la presencia del Estado en la economía y para la apertura del comercio exterior, con la excusa de introducir una mayor competencia en los mercados. Sin embargo, no aconseja limitar las prácticas oligopólicas. La descripción expuesta, evidencia que la lógica injerencista de este tipo de plan no afecta sólo al diseño de la política en función del equilibrio económico de corto plazo, sino que la pretensión intervencionista se extiende sobre el perfil estructural de largo plazo de la economía.

Sin embargo, la contundente Carta del bloque mayoritario de la Cámara Alta advierte al FMI que no deberá condicionar ni exigir al país sobre el rumbo de sus políticas económicas. Se anuncia una puja. La decisión de autonomía nacional expuesta en el documento parlamentario no se condice con el diseño del programa de facilidades extendidas. A su vez, el FMI querrá resistirse a ceder y exponer un leading case que lo muestre en su mayor acreencia accediendo a un programa sin condicionalidades o acordando un programa económico ajeno a los preceptos neoliberales.

No habrá un acuerdo sin una ardua disputa. El histórico discurso con que Néstor Kirchner canceló la deuda con el FMI, resulta una referencia obligada y emblemática de la mirada que tiene el Frente de Todos sobre el organismo, similar a la de Perón. La cultura del nacionalismo popular argentino está muy prevenida de evitar el retorno del injerencismo fondomonetarista. Habrá que prepararse para un período de una sociedad activa y movilizada en apoyar una actitud gubernamental que necesita conservar la plena autonomía para construir el proyecto nacional encomendado por la voluntad popular.

Ese proyecto nacional no tiene atajos. No es el neoliberal. Tampoco la repetición de experimentos que ignoraron que el carácter bimonetario de la economía argentina exige una enérgica regulación para impedir la fuga de capitales y garantizar la adecuada liquidación de divisas de las exportaciones. Sin embargo, en algunos ámbitos resuena el canto de sirena del atajo que fue expuesto en los lineamientos económicos que fundamentaron el Plan Austral en la segunda mitad de la década del ’80. Estos lineamientos sostenían la existencia de un “ajuste positivo”, apoyado en la expansión de la inversión y de las exportaciones, augurando que el aumento de bienes vendidos al exterior permitirían el pago de los intereses de la deuda y el aumento de las importaciones. Para sostener esta política se fomentaba el aumento del ahorro a expensas del consumo. Ese “ahorro” terminó siendo el combustible para la fuga de capitales y la concentración del ingreso. La experiencia terminó en una gran crisis externa e interna.

El proyecto nacional exige que lo solicitado por la Carta sea aceptado por el FMI y posibilite una enérgica recuperación del salario, el direccionamiento del crédito para reactivar las pymes, y en consecuencia el aumento del empleo.  Que también quede habilitada la mejora de las remuneraciones de todos los sectores de ingresos fijos. Este rumbo abrirá el camino a la reactivación del mercado interno y la sustitución de importaciones.

Simultáneamente, como enseña María da Conceicao Tavares, el Estado deberá llevar a cabo una activa política de inversiones en infraestructura y en actividades productivas de sectores estratégicos que amplíen el gasto autónomo y alejen la restricción externa. Es el camino de construcción de un país que persiga el desarrollo y la igualdad. El pago de la deuda debe organizarse subordinando su estructuración a estos objetivos. Ni puede ser prioritario ni simultáneo a ese logro.

El FMI deberá comprender que para cobrar créditos voluminosos mal concedidos se necesita paciencia, es el costo de un intento de inmiscuirse en la política del país en el que no obtuvo los resultados que buscó. Los grupos concentrados locales deberán advertir y asumir que existe una firme decisión política de cerrar los canales para la constitución de activos externos y que los negocios posibles, y también de buena rentabilidad, provendrán del ejercicio de la actividad productiva en el marco del diseño socioeconómico decidido por la voluntad del pueblo, y defendido por su participación.

El martes próximo está previsto el tratamiento en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley de Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas con el que se espera recaudar el 1,1% del PBI y se aplicaría sobre 9298 personas, cuyas fortunas superen los 200 millones de pesos, calculados de acuerdo a los criterios definidos por los organismos fiscales. El aporte determinado así, aunque obligatorio, asumió esa denominación por la resistencia de los potenciales contribuyentes a asumirlo como un impuesto. El debate llevó largos meses con la resistencia de las organizaciones del empresariado concentrado, apoyada por las siguientes (sin)razones:

• que lesionaba el derecho de propiedad;
• que se sumaba a una insoportable presión fiscal ya vigente;
• en indefendibles argumentos técnicos de doble imposición;
• en que constituía un desestímulo a la inversión privada, presunto factor dinámico de la reactivación post pandemia.

(Sin)razones a las que debe sumarse la construcción mediática permanente de la condición que la aplicación sería por única vez.

La supremacía del derecho de propiedad

El empresariado concentrado consustanciado con el pregón neoliberal ha introducido un atraso cultural de más de dos siglos en la vida de la Humanidad. Su concepto de propiedad privada absoluta es pre-democrático y proviene de un rústico enfoque liberal. Jorge Gaggero en La progresividad tributaria. Su origen, apogeo y extravío (dt 23, 2008, CEFID-AR) expone la propuesta jacobina, que ya en 1793 supera “la visión meramente ‘republicana’ de la tributación establecida en 1791, e introduce la noción de progresividad, ligándola de modo directo a la limitación del derecho de propiedad”. Decía el artículo de la Convención Constituyente de 1793 fundador de ese concepto que: “Los ciudadanos cuyas rentas no excedan lo necesario de su subsistencia deben ser dispensados de contribuir a los gastos públicos. Los otros deben soportarlos progresivamente según la magnitud de su fortuna”. Los convencionales liderados por Robespierre creaban, así, la base doctrinaria que permitiría un siglo más tarde el establecimiento del impuesto a la renta y el despliegue de los tributos sobre el patrimonio y la herencia.

Cuatro artículos de los convencionales jacobinos cita Gaggero en esa investigación de imperdible consulta actual, que constituyen la doctrina abolicionista de la concepción absoluta de la propiedad privada:

1. «La propiedad es el derecho de cada ciudadano a gozar y disponer de la porción de bienes que le sea garantizada por ley”.
2. “El derecho de propiedad está limitado, como todos los otros, por la obligación de respetar los derechos ajenos”.
3. “No puede perjudicar a la seguridad, libertad ni existencia de nuestros semejantes”.
4.  “Toda posesión o tráfico que viole este principio es ilícito e inmoral”

El artículo fundador de la progresividad tributaria deslegitima la idea de la proporcionalidad contributiva y dispone el carácter redistributivo de los impuestos. El tercer artículo de limitación del derecho de propiedad privada, antepone a la misma otros derechos básicos que hacen a la existencia humana. Refuta con 217 años de anticipación a quienes hoy realizan banderazos esgrimiendo el derecho a hacer funcionar sus establecimientos privados a riesgo de expandir la pandemia poniendo en peligro la salud comunitaria.

Jaques Roux, autor del Manifiesto de los rabiosos, proclama que “la libertad no es sino un fantasma vacío cuando una clase de hombres puede reducir al hambre a la otra. La libertad no es sino un fantasma vacío cuando, gracias al monopolio, el rico ejerce el derecho de vida y muerte sobre sus semejantes”. Roux transmitía la desilusión y frustración de los sans-culottes parisinos, los pobres que participaron de la Revolución Francesa y que poco tiempo después tuvieron que padecer un aumento de precios, la carestía y el hambre. Los sans-culottes se encaminan así a luchar por la igualdad efectiva que supere la simple igualdad ante la Ley. Una felicidad colectiva que termine con el despilfarro de una minoría y la indigencia de los más. Reclaman la igualdad de medios, una repartición equitativa de la riqueza y de la propiedad (ref. Angelo Papacchini, Filosofía y Derechos Humanos, Univ. Del Valle, 2003). Conceptos que invitan a su consideración a la hora de reflexionar sobre la firmeza de la actitud a tener frente a los ricos y el FMI cuando se defienda la amplitud del gasto social (que en el marco actual del estado de la pandemia requeriría repensar la decisión de discontinuar el IFE).

A los empresarios de la AEA, a los políticos de Juntos por el Cambio, les parece que el aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas atenta al buen respeto del derecho de propiedad. Así, Macri, Rodríguez Larreta, Negri, Morales y demás dan testimonio junto a Magnetto, Rocca, Pagani, Galperín, Campos y Cía. de su adhesión a Hayek y Friedman. Ellos son los teólogos seguidos de una pléyade de intelectuales del capital concentrado, dispuestos a sacrificar la democracia en el altar del liberalismo, tal como reza el artículo 5 de la Constitución chilena actual, cuyo sostenimiento es un tributo del establishment político trasandino al pinochetismo: “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes». (La cursiva me corresponde.) Derechos esenciales por encima de la soberanía popular, es la forma encubridora con que se escribe la supremacía del derecho de propiedad respecto de la voluntad popular. Una Constitución liberal divorciada de la democracia. El formateo de los empresarios poderosos del país y de los referentes de la UCR y el PRO responde al modelo chileno hoy desprestigiado y en quiebra.

El compromiso social

Gaggero describe en su trabajo citado cómo la progresividad tributaria, que el industrialista Alejandro Bunge propulsó y el peronismo construyó como sistema, fue derrumbada a partir del Rodrigazo y terminada de destruir por la dictadura hasta llevar el impuesto a las ganancias a un promedio del 1% sobre el PBI para el período 1975-1990. En 2001, el sistema tributario argentino mostraba un contraste patético respecto al que rigió entre 1945 y 1960. El período de destrucción de la progresividad tributaria coincidió con el cuarto de siglo final del milenio concluido, en el que el producto per cápita disminuyó en el país, la economía se desindustrializó y se liquidó al Estado como empresario. Como se ve, no hay sino evidencia en contrario que pruebe que la progresividad tributaria erosione la potencialidad de la economía, como tampoco que la actividad empresarial estatal desplace a la actividad privada.

Tilly, citado por Gaggero, afirma que “los esfuerzos para hacerse con los recursos para la guerra crearon estructuras de Estado que nadie había pensado formar”. La secuencia adoptada por las naciones durante la modernidad planteaba conflictos bélicos que se debían financiar con recursos de los ricos, que se justificaban como la contraparte necesaria del aporte de los pobres que ponían sus cuerpos para combatir. Es la legitimidad con que nació el impuesto a las ganancias, mientras se pensaba que finalizada la contienda todo volvería a la normalidad. La tributación era aceptada como extraordinaria, pero no lo fue así porque el desarrollo del devenir mundial produjo, después de la Primera y Segunda Guerra, procesos de democratización y de sindicalización que demandaron mayores recursos públicos.

La pandemia ofrece un escenario comparable. En nuestro país, por ejemplo, el raudo despliegue de la enfermedad provino de la gran cantidad de argentinos de sectores sociales pudientes que regresaron del exterior. Por eso la peste se expandió al principio en CABA y la Zona Norte del Gran Buenos Aires, donde ellos residen. Sin embargo, la alta contagiosidad del coronavirus hizo que se propagara a todo el territorio nacional, siendo siempre los sectores de menores recursos quienes peor la llevan ya que, por ejemplo, no tienen las mismas posibilidades de sostener las condiciones de aislamiento que los argentinos que han regresado de recorridos por otros lugares del mundo. El aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas no es más que un símil de las prácticas que se llevaron a cabo durante y luego de las tragedias bélicas. La Argentina proviene, además, del empobrecimiento provocado por los años de neoliberalismo, en los cuales se enriquecieron los sectores concentrados, mediante los procedimientos de valorización financiera de la dinámica deuda-fuga. Los ricos deben financiar la calamidad de la peste y la depredación de los años de estancamiento, acumulación financiera y raudo endeudamiento con el FMI.

Después de las guerras mundiales las clases dominantes cedieron derechos adquiridos que consideraban hasta ese momento como de carácter absoluto. En Occidente se construyó una lógica de compromiso social, claro que en un mundo bipolar en el que se vivía el “peligro de la amenaza comunista”. Ese fue el clima internacional en que avanzaron los esquemas de imposición directa.

Hace un año, el pueblo argentino votó a un gobierno popular para que lleve adelante un proyecto de mayor igualdad y desarrollo económico. El aporte por única vez es un acto de mezquindad menos uno. Las condiciones de los menos de 10.000 muy ricos que van a erogar esa tributación merece su continuidad posterior en el marco de una reforma tributaria, que reinstale al impuesto a las ganancias como centro del esquema tributario, acompañado por una mayor densidad contributiva del tributo a los bienes personales y la implementación de un significativo impuesto a la herencia.

El poder concentrado mediático opera por medio de comunicadores que repiten graves inexactitudes o directamente falsedades. Por ejemplo, afirman que la Argentina tiene una presión tributaria insoportable. No es ni insoportable, ni excesiva. Parte de la reforma debe apuntar a subir la presión tributaria. La discusión es otra, es porqué los guarismos indican que los que más impuestos pagan no son los que más pueden. Estos hoy aprovechan las guaridas fiscales y el asesoramiento de los facilitadores para pagar menos. El peso de los impuestos a las transacciones debe disminuir, tanto el IVA, como el de ingresos brutos, el de los débitos, etc. A la vez que debería intensificarse su diferenciación por productos (gravando más los suntuarios y menos los esenciales) con el consiguiente control sobre los precios que impida que las mejoras sean absorbidas por eslabones de la cadena y garantice su percepción por el consumidor final. Los impuestos directos deben mudar hacia estructuras decididamente progresivas. La presión tributaria debe ser mayor porque el gasto social también debe crecer, en lugar de descender como pretende el discurso del mainstream. Un gran plan de viviendas, la mejora de las condiciones de salud, el aumento de los salarios reales del sector público y de las jubilaciones así lo requieren. Estas condiciones preceden cualquier acuerdo con el FMI respecto de la deuda originada en el pésimo manejo como organismo de crédito multilateral que tuvo en la concesión de crédito a Argentina.

El Estado en la economía

El gasto autónomo deberá crecer en el próximo período para lograr una reactivación de la actividad productiva. La inversión pública constituye una herramienta fundamental para llevar a cabo ese crecimiento. Esa inversión podrá volcarse a través de la modernización de la infraestructura pero también mediante emprendimientos empresarios que desarrollen nuevos sectores que promuevan el surgimiento de articulaciones con pymes cuyo crecimiento en número e importancia permitirán el aumento del empleo y la mejora de las condiciones de vida de la población.

Es imprescindible la actividad pública en el comercio exterior, en su regulación, control, estímulo y participación. No deben repetirse el despliegue de condiciones especulativas sobre las reservas que debiliten los grados de libertad para hacer política económica por parte de los gobiernos populares. Se debe tomar debida nota respecto de la débil reacción de los grandes exportadores frente a una baja de retenciones coincidente con una suba del precio internacional de los productos exportables. No merece prestarse atención al reclamo de AEA de prescindencia del Estado en la actividad económica y menos en el comercio exterior.

Fabian Amico dice en La Política Fiscal en Havelmo y Kalecki (dt 51, 2013, CEFID-AR) que no resulta tan obvio que la ideología prevaleciente rechace sólo la política de déficit fiscal, también rechazaría la suba del gasto financiado con impuestos. Los grandes empresarios no quieren que el Estado influya sobre el nivel de actividad y empleo –y menos que tenga empresas propias— porque esta influencia socava el poder del sector privado para definir el estado del ciclo económico. “Sin dudas, estas razones no confesadas, están detrás de las ácidas críticas al ‘populismo’ fiscal, al gasto ‘excesivo’ y al peso ‘insoportable’ de la carga tributaria».

Esta coerción económica resulta del privilegio del poder concentrado. Es la reconformación —con otra formalida— de lo que fueran las condiciones del privilegio político, no sólo ejercidas en forma directa por los grandes empresarios en la disposición de sus medios de producción sino, y principalmente, a través del mercado. La consecuencia es el chantaje que viven los gobiernos populares por parte del poder económico, que hoy se hace sentir en la Argentina, y es la expresión de un explosivo malestar entre la democracia y el liberalismo. La concentración económica y la dinámica de la financiarización encuentran en la esfera económica sustraída de la decisión popular el espacio para el vaciamiento de la democracia. Los chilenos han llegado al colmo de escribir un texto constitucional que legaliza este atropello, texto que hoy se derrumba por la movilización popular. En la Argentina asoma la necesidad de fortalecer un bloque democrático que frene los constantes atropellos del liberalismo neo.