Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

24Ene/210

DISTRIBUIR RIQUEZA

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El problema urgente de distribución de ingreso y riqueza

 

Asistimos a sustanciales debates respecto a cuál sería el problema nodal de la economía argentina. Los economistas de la corriente principal, que han respaldado el liberalismo neo, sostienen que la cuestión urgente y clave a encarar es la disminución sustancial del déficit fiscal. Otros enrolados en la heterodoxia light, que respaldaron la derechización de las socialdemocracias europeas adhiriendo a la corriente de pensamiento de Giddens y las políticas de Tony Blair, afirman que los equilibrios macroeconómicos no tienen ideología ni marcos histórico-sociales, o sea que serían de orden universal. Muchos de estos últimos coinciden con los ortodoxos al sostener que el principal problema del país es el ordenamiento fiscal.

Sin embargo, desde un enfoque crítico que observe la evolución de la economía argentina durante el último medio siglo, podrá concluirse que el problema argentino urgente y principal es la distribución del ingreso y la riqueza. Mirando la evolución de la participación de los salarios y las ganancias en el ingreso, se puede observar cual ha sido la “gran novedad” de las reformas introducidas en 1976 por la dictadura militar, cuyo despliegue continuó por décadas debido a la repetición de las políticas neoliberales en tres fases de esos cincuenta años. Así, esta identificación de la cuestión clave a resolverse en Argentina 2021 coincidiría con lo señalado por David Ricardo, el más maduro de los pensadores de la economía clásica, quien sostuvo en su obra fundamental, Principios de Economía y Tributación, que la distribución del ingreso entre las tres clases sociales de la comunidad era el principal problema de la economía política.

Los argumentos en que se apoya la corriente principal y las adyacentes son de orden praxeológico, es decir de carácter “tecnológico”, como si se tratara del proceder correcto en la economía. El análisis prescinde del devenir histórico y del origen de las condiciones que constituyen un estado de las cosas. Espacio y lugar son indiferentes, siempre hay una práctica “curativa” de los problemas económicos. Es la visión de quienes asumen que capitalismo constituye un modo histórico inamovible –una forma de organización óptima y única de la vida económica de los humanos. Que, extremada en la visión esencialista del liberalismo, estaría sujeto a condiciones de estricta vigencia de derechos de propiedad constituidos previamente, y blindados de su limitación, intervención o afectación por parte del poder democrático. Esa vigencia eterna y universal alcanzaría al mercado y, actualmente, a la financiarización misma como habitualidad sin alternativa.

 

 

La ruptura epistemológica de Marx

Martín Abeles y Roberto Lampa en La ruptura epistemológica de Marx (Revista Nueva Sociedad 277- set-oct 2018) , siguiendo a Etienne Balibar sostienen que la obra del autor de El Capital constituye una ruptura epistemológica con los economistas clásicos, refutando la tendencia que se ha afirmado entre los economistas ortodoxos que sitúan a Marx como el último de los aquellos. Siendo que Adam Smith postuló el axioma “de propensión natural de la especie humana al intercambio” que según Abeles y Lampa, el primer clásico entiende que “mediada por el mercado, no sólo redundaba en una organización racional de la reproducción social… [sino] que propiciaba un orden naturalmente justo”. Esos autores afirman que “lo interesante desde este punto de vista cognitivo es que la representación de la sociedad asumía la forma de una deducción analítica. Emulando ya entonces a las ciencias naturales”. En contraposición a este tipo de representación, Marx no razona en esta clave axiomático-deductiva sino que reconoce como central la dimensión histórica, social y relacional de la existencia humana. Para Marx ese tipo de interés individual postulado por Smith no existe sino que todo tipo de interés privado se explica y construye términos de relación social. Los autores reivindican a Keynes por discontinuar la hegemonía de la Escuela Neoclásica que concebía los fenómenos sociales “explicando el funcionamiento del sistema económico por medio de la agregación de comportamientos de agentes individuales… En lugar de investigar sistemas económicos por medio de modelos cerrados, abstractos y basados en el método axiomático, a partir de Keynes la economía política vuelve a concebir sistemas abiertos en los que el comportamiento de los actores económicos se sitúa en un contexto social”. También reivindican a Joan Robinson en su concepto “reglas del juego” como articulador de los impactos del conflicto social, el efecto de las instituciones y las disputas ideológicas en el análisis de la realidad económica y social.

 

Naturalización: el paradigma del poder

Desde el punto de vista expuesto, el gran aporte de Marx fue la iniciación de un estudio de la economía de carácter crítico que quebraba la naturalización del capitalismo, del mercado, del interés individual y del derecho de propiedad como piedra basal de la organización de la vida humana en cualquier tiempo y espacio. Esta posición abría la economía a una relación con las otras ciencias sociales como la sociología, la antropología y la historia. Abeles y Lampa ven esa apertura también en Keynes, y consideran que fue abandonada por parte de la heterodoxia posterior y contemporánea porque “su tendencia a la naturalización del sistema económico planteaba el riesgo de atribuir a las recomendaciones emanadas de sus investigaciones el mismo status objetivo, la misma pretensión de validez universal, que la corriente neoclásica presuponía en las suyas. De esta manera, la estabilización de la económica, la eliminación del desempleo, el cambio tecnológico o la reducción de la desigualdad… podrían ser concebidos más como problemas técnicos que como problemas de la sociedad”.

El sistema de la financiarización (constituido por las derechas neoliberales y las socialdemocracias 2.0 –a la Blair) ha sido restaurador del enfoque ahistórico y pro-naturalización del capitalismo in extremis. En todas las circunstancias de crisis o situaciones dificultosas del funcionamiento de la economía, esta vertiente ha señalado al déficit fiscal como uno de los temas fundamentales a resolver mediante lo que el mainstream llama reformas estructurales. La reducción del déficit debería acometerse, de acuerdo a sus prescripciones, mediante el recorte del gasto público, mientras el aumento de los impuestos lo contraindican, porque deducen que medidas de este estilo desalentarían la inversión. Aseguran que esta acometida contra el déficit fiscal alimentaría la confianza de los agentes individuales privados para emprender sus negocios. Sobrevendría la calma de los equilibrios macroeconómicos, el tamaño de la “torta” crecerá y habría “porciones” más grandes para repartir. Las políticas posteriores a la crisis del 2008 llevadas a cabo en Europa, impulsadas por el FMI, que tuvieron este carácter, devinieron en mayor retracción económica, aumento del desempleo, debilitamiento sindical y de la capacidad de lucha de los trabajadores para defender sus ingresos. En Argentina actual, con acaso la mitad de su población sumida en niveles de pobreza, una política de consolidación fiscal, basada en este dogma con pretensión de ciencia objetiva, conduciría a una mayor concentración del ingreso, caída del PBI, derrumbe del nivel de empleo, reducción del salario real y descenso de la inversión privada.

 

 

La recuperación de la historicidad

El artículo referido cita un señalamiento de Immanuel Wallerstein respecto a que la construcción social, heredada del siglo XIX, de las distintas disciplinas científicas había perdido vigencia y constituía una barrera para el trabajo intelectual, y aseguraba que la Economía Política era la que más había exacerbado la característica de división y escisión del conocimiento, aislándose del resto de las ciencias sociales.

Seguramente la pretensión praxeológica y generalizadora, con axiomas fuertes y deducciones con resultados no verificados, y muchos incontrastables, la llevaron a un conveniente aislamiento para postularse como una disciplina teórica objetiva estimulante del perfil de pensamiento único.

En Argentina los gobiernos que adhirieron a sus postulados favorecieron a los sectores del poder económico concentrado y finalizaron con catástrofes macroeconómicas. En cambio, las experiencias nacionales, populares y democráticas que aplicaron programas de crecimiento del gasto público, fortalecimiento de las organizaciones sindicales, aumentos de salarios, expansión del consumo interno y políticas hacia el pleno empleo, tuvieron importantes tasas de crecimiento económico, mejora sustantiva de la participación de los trabajadores en el ingreso y disminución de la pobreza.

Argentina está atravesada por conflictos históricos y presentes entre bloques sociales antagónicos. En el marco de esos conflictos se despliega la posibilidad de una distribución más justa y la potencialidad de un país con transformación productiva y desarrollo. Ni el déficit fiscal, ni las políticas monetarias pueden ser discutidos en Argentina de la pandemia del 2021, convaleciente de la política ortodoxa de la Alianza Cambiemos, como se lo haría en el marco de una situación de pleno empleo en una economía en expansión. Porque en este último caso la falta de financiamiento del gasto público podría provenir sólo de problemas y resistencias al pago de impuestos por parte de sectores empresarios. En cambio en la actualidad se suma a esa resistencia el declive de la recaudación por la caída del nivel de actividad y la necesidad de un sustantivo aumento del gasto social, unidos a un estructural comportamiento de evasión y fuga por parte del poder económico concentrado. La función de la recaudación de tributos tiene como objetivo fundamental la redistribución secundaria del ingreso y no un equilibrio contable de las cuentas públicas. Argentina es un país cruzado por una disputa por la apropiación de una extraordinaria renta diferencial de la tierra, de otra entre renta financiera y los beneficios de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, además de la siempre presente entre salarios y retribuciones al capital.

 

 

Plutocracia o gobierno popular

¿Quién resuelve estos conflictos? Marx cuando discute el tema del ejército de reserva –una masa de desempleados que garantizan la inseguridad de los trabajadores en actividad para conservar sus empleos—, así como Kalecki en el siglo XX cuando refiere a la contrariedad de los grandes empresarios para apoyar políticas de pleno empleo que quitan el efecto de disciplinamiento que la amenaza de la desocupación ejerce sobre el batallar de los trabajadores para incrementar sus salarios y disminuir la tasa de ganancia, desnudan la voluntad de ese empresariado de regular el nivel de actividad para garantizar su poder en la sociedad civil y el destino de la economía. La herramienta discursiva más potente desplegada por el poder económico concentrado es sostener que la actividad económica debe quedar reservada para el sector privado, que el gasto público debe ser reducido y que los salarios sólo deben aumentar cuando crece la productividad del trabajo (o sea que la distribución del ingreso no debe variar nunca al alza). Esta sustracción de la economía de la política conduce a la plutocracia (el gobierno de los ricos). Es la lógica del Estado chico, asociada siempre al desmerecimiento de la política.

La democracia está concebida para garantizar una fuerte influencia en las decisiones por parte de los sectores populares, de los que menos tienen, de los más pobres. Sobre todo en el capitalismo, donde estos son la mayoría. Las decisiones en democracia corresponde que sean tomadas por el gobierno, también en el ámbito de la economía – incluyendo la Inversión Pública y la actividad productiva directa. Por ejemplo, resulta condenable que en nombre de la libertad, los sectores beneficiarios de la renta agraria diferencial se resistan a aceptar restricciones a la exportación dispuestas por el poder democrático ante dificultades de abastecimiento del mercado interno. Así como también correspondería un sustantivo aumento de la tasa de retenciones –que permita la socialización de parte de esa renta agraria— frente a su reciente, abultado aumento por el incremento de los precios internacionales, siendo inválido que se le anteponga una concepción de propiedad privada ilimitada en nombre de una idea oligárquica de presunta libertad. Porque el carácter de la propiedad privada sólo es definible, también, en contextos históricos, sociales y relacionales. Nunca puede ser un valor que consolide niveles inaceptables de desigualdad.

16Ene/210

EL SISTEMA POLÍTICO CHINO

Publicado por admin

Jorge Molinero *
* Sociólogo (UBA 1967) y Economista Político (UBA 1970).
Ex Profesor de Historia Económica (FCE UBA).
Especial para sitio IADE-Realidad Económica
13-01-2021
Tradiciones culturales, sistema político
y modo chino de producción.
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Muchos en el mundo todavía se sorprenden por las consecuencias de los
preanunciados movimientos de Donald Trump. Ya antes de las elecciones –
cuando las encuestas marcaban una menguante ventaja para Biden – insistió
que podría haber fraude. Luego de las mismas lo reiteró, en especial para los cinco estados
más disputados, y ha mantenido el vilo a su país y al mundo al no reconocer su ajustada
derrota. No le importó que ninguna de sus denuncias pasase de las habituales
irregularidades encontradas en toda elección, razón por la cual fueron rechazadas por los
distintos jueces intervinientes y los recuentos definitivos. El último capítulo de esta serie
interminable han sido sus incendiarias declaraciones del 6 de enero que derivaron en la
movilización frente al Congreso Nacional, y el ingreso al mismo de los más exaltados,
frente a la increíble pasividad de las fuerzas de seguridad. A pesar que Trump aceptó la
proclamación formal de Biden tras la toma del Congreso - como había anticipado que haría
pero sin aceptar su derrota - los principales voceros demócratas y la prensa mayoritaria
en Estados Unidos, piden que su vicepresidente y la mayoría de su gabinete lo separe del
cargo en los pocos días que le quedan de poder. Todo suma al caos que Trump provocó
deliberadamente y que marca el inicio de una etapa muy meditada y nada improvisada por
parte del mismo, etapa que puede derivar en oscuras consecuencias.
¿Cómo es posible que esto ocurra en la potencia hegemónica, el imperio que domina al
mundo? ¿Dónde quedó el “destino manifiesto” para conducir al mundo bajo la receta de la
“democracia americana, la libre empresa, y la no intervención del Estado”?
No es nuestro tema de hoy, aunque sí en forma indirecta. Nos proponemos recorrer las
características del sistema político chino, menos conocido y glamoroso que la “democracia
americana”. Al final haremos sucintas comparaciones de ambas realidades.
Tradiciones culturales y modo de producción asiático
En el pensamiento chino siempre ha habido una recurrencia a filósofos o religiones de un
pasado remoto, que se utilizan como guía para enfrentar los desafíos de los distintos
presentes. El taoísmo, el budismo y el confucianismo son las tradiciones más extendidas.
La más respetada actualmente es la de Confucio (551 a.C.- 479 a.C.). Muchísimos centros
de su pensamiento se han abierto en China y en el extranjero en los últimos años. Sus
pensamientos van suplantando la formalidad de venerar el pensamiento de Karl Marx y el
socialismo, aunque algo de todo aquello continúa. Para Confucio las virtudes del ciudadano
son “la buena conducta en la vida” (caridad, justicia, respeto a la jerarquía, el poder y los
mayores) mientras que las del Estado son el mantenimiento de la tradición
(inmutabilidad), el estudio y la meditación. El resultado de mantener estos principios sería
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la armonía, algo muy distinto de la guerra de clases de la versión soviética del marxismo
que inspiró la lucha de Mao para salir del siglo de las humillaciones, pero sin recetas para
los desafíos actuales.
Las tres culturas filosóficas y/o religiosas que han dejado su huella en China predican
valores de alguna forma similares. La inmutabilidad habla de una sociedad donde se
repiten constantemente las mismas relaciones, se utilizan las mismas técnicas, mientras
que la armonía puede lograr esa reproducción permanente sin conflictos, dirigidos por un
gobernante (supuestamente) benevolente que haga cumplir esos preceptos.
Estos principios no son características exclusivas de la civilización china. Con sus variantes
han estado presentes en varias culturas, entre ellas la del Egipto de los faraones, que duró
por tres mil años.
¿Por qué se llegó a imponer esta filosofía de la repetición permanente y armónica de los
ciclos de vida de los pueblos y sus gobernantes “virtuosos”? ¿Qué tenían en común el
Egipto de los faraones y la China antigua?: la influencia de la forma predominante de la
producción y reproducción de los bienes materiales, caracterizado en ambas civilizaciones
por el aprovechamiento de los cursos hídricos por la canalización y fertilización de los
terrenos alcanzados. En China para el siglo V a.C. ya estaban avanzadas los canales entre
los ríos Amarillo y Yangtsé, base alimentaria de la población más extensa del mundo.
Las condiciones materiales son importantes en el moldeo de la conciencia de los pueblos, y
una parte no despreciable de la forma de pensar china deriva de esta característica que la
hizo grande a partir del juicioso y ordenado desarrollo del sistema de canales de riego, que
necesitaba de un poder político fuerte y una colaboración permanente de sus poblaciones
campesinas. Gracias al mismo se logró una de las agriculturas más productivas del mundo
por área sembrada, basada en la intensidad de mano de obra por superficie, también de las
más altas del mundo. Es el reverso de la forma de producción agraria extensiva en áreas de
secano que existen, por ejemplo, en Estados Unidos y Argentina, y por ello insistimos
sobre los distintos modos de producción y su influencia sobre la forma de pensar, tan
distinta de la nuestra.
Luego de haber sido la civilización más importante por miles de años, entre 1850 y 1950
China sufrió humillaciones y terribles retrocesos a partir de la rapiña imperialista que
comenzaron británicos con la Guerra del Opio, seguida por otras potencias imperialistas
europeas y el Japón, que recién terminaron en forma definitiva con el triunfo de la
revolución socialista de base campesina dirigida por el Partido Comunista de Mao Tsetung.
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El sistema político actual
Luego de treinta años de recuperación de la soberanía nacional y el inicio del desarrollo
económico mediante la industrialización – no exenta de grandes errores como el Gran
Salto Adelante de fines de los cincuenta y la Revolución Cultural de los sesenta – China
cambió el paradigma del modelo maoista a partir de fines de 1978 con Deng Tsiao-ping. Se
impuso un modelo económico de capitalismo de Estado con creciente participación de las
empresas privadas, llamado “Socialismo con Características Chinas”. No repetiremos aquí
las etapas conocidas sobre el crecimiento y desarrollo meteórico que en cuarenta años
llevaron a China a ser la segunda economía del mundo y desafiar por su sola presencia al
hegemón norteamericano.
El período de Mao fue de tres décadas, el de las reformas de mercado lleva cuatro. Si el
período de las “reformas” dura más que el “original” sin haberse concluido a imagen y
semejanza del neoliberalismo occidental es claramente porque hay elementos estratégicos
que el PCCh no está dispuesto a ceder, ni en lo económico ni en lo político.
Las críticas en Occidente, y en especial desde las usinas de pensamiento norteamericanas,
se centran en dos temas. A nivel económico la persistencia e importancia de las empresas
del Estado (SOE´s) y las regulaciones, controles, prohibiciones y subvenciones sobre las
empresas privadas. El Estado mantiene el control directo de sectores estratégicos y un
largo rango de industrias básicas, incluyendo las de infraestructura, transporte,
telecomunicaciones, finanzas y los medios de comunicación.
A nivel político la crítica occidental es la ausencia de “democracia representativa” (una
persona, un voto) caracterizando al sistema chino como “autoritario” o simplemente una
“dictadura” como continuación del modelo maoísta basado en la experiencia de Stalin en la
URSS. La persistencia del nombre del partido único, Partido Comunista de China,
contribuye a obscurecer diferencias significativas que se han venido articulando a partir
de los años noventa del siglo pasado.
La tradición democrática se idealiza como iniciada en Grecia, aunque tal “gobierno del
pueblo” no representase más que la fracción de ciudadanos libres, una minoría dentro de
la población ateniense. La generalización del voto universal es muchísimo más reciente en
Occidente, y hasta muy entrado el siglo XIX sólo votaban los varones mayores que
contaban con una determinada capacidad económica. No fue hasta que las luchas
populares fueron arrancando la conquista del voto que se fue extendiendo a todos los
mayores de edad, y más adelante también a las mujeres. Hoy es generalizado el sistema
formal de una persona un voto, aunque las limitaciones reales a las expresiones políticas
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vienen por otros canales. La revolución industrial que generalizó el capitalismo en
Occidente se preocupó mucho más por garantizar la propiedad privada de los medios de
producción sin limitaciones fuera de los mecanismos de mercado, que por los derechos
políticos de las mayorías que se abrieron paso sólo con prolongadas luchas sociales.
En Asia la democracia representativa no tiene tradición ni antecedentes. China ha sido
gobernada por emperadores por miles de años, y luego del siglo de humillación nacional la
principal demanda de las mayorías eran la paz y retomar una senda de crecimiento para
salir de la pobreza extrema. En 1950 el ingreso promedio anual era de 50 dólares por
habitante, con una población campesina superior al 80 % del total. Al momento actual
excede los 10.000 dólares (superior al ingreso per cápita de Argentina) y la población
agraria es algo menor al 50 %.
La base de la legitimidad política de la conducción china es el acelerado crecimiento que
ha sacado de la pobreza a cientos de millones de personas, reduciéndola a una fracción
insignificante y ha terminado con la indigencia. A medida que crece el bienestar
económico las demandas de la población van cambiando, y se suman los reclamos sobre el
sistema de salud, el previsional, las demandas sobre el medio ambiente, y contra la
corrupción, en especial a nivel distrital o de empresas, temas que ha encarado el gobierno
y son desafíos para el futuro. Todos los estudios de opinión, llevados a cabo por empresas
de prestigio internacionales, son coincidentes en que hay una alta satisfacción de la
población sobre su sistema de gobierno.
El politólogo norteamericano Daniel A. Bell1, que ha vivido más de una década en China,
describe su modelo político como de tres niveles diferentes: democrático en la base,
experimentación en el medio y meritocracia en la cumbre.
La constitución de 1982 definió el comité de residentes y autogobierno de la población en
áreas rurales y urbanas, incluyendo que los dirigentes debían ser elegidos por voto
secreto. Una ley de 1998 consolidó las practicas previas, instituyendo que los miembros
directivos de los pueblos y pequeñas ciudades debían ser elegidos por mayores de 18
años, por tres años, que la cantidad de candidatos debía exceder el de los puestos a ser
llenados, y la facultad de los electores de separar a los elegidos en caso de mala conducta.
Compiten personas, pero no partidos.
La experimentación se encuentra entre el nivel local y el central. El gobierno central
evalúa la experimentación sectorial o regional y si funciona la extiende progresivamente a
todo el país, caso contrario se descarta. Esta aproximación de ensayo y error se

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THE CHINA MODEL. Political Meritocracy and the Limits of Democracy. Princeton University Press 2015.
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desprendió totalmente de los supuestos ideológicos de la etapa previa, y fue una
característica especial que impulsó Deng Tsiao-ping (“no importa si el gato es blanco o
negro, sino que cace ratones”).
Existe una vieja tradición de origen confuciano, que es la de acceder al servicio público
mediante rigurosos exámenes. La meritocracia en tiempos imperiales reducía los
potenciales servidores públicos para puestos ejecutivos a aquellos que sabían leer y
escribir, conocían los textos tradicionales, en especial de Confucio, entre otros requisitos.
En síntesis, no más del 1 % de la población de aquellos períodos, donde meritocracia eran
los instruidos dentro de la elite económica y política existente.
Basados en esa tradición, el sistema actual de examen para la carrera de funcionario
público se complementa con rigurosos exámenes para ingreso a la universidad y al partido
(nada fácil ingresar, Xi Jinping lo intentó varias veces antes de ser admitido en su
juventud). Las materias que componen los duros test incluyen ciencias, economía, política,
historia, formación filosófica y evaluación de los valores morales del postulante.
Para llegar a posiciones políticas importantes habrá que haber pasado por años de
experiencia y sucesivos test en los niveles de pueblos, ciudades, departamento, provincia y
ministerios. En promedio se necesitan veinte años desde haber ingresado para aspirar a
viceministro.
Dada la superposición entre la estructura del Estado y la del Partido, se necesitan más
años para llegar al Comité Central (370 miembros), al Politburó (25 miembros) o la cima
del Comité Permanente del Politburó-CPP (7 miembros). Es en este último nivel que se
concentra el poder que se delega en el Presidente del Estado y Secretario General del
PCCh, que hoy detenta Xi Jinping. Si la mayoría de CPP decide que Xi actúa mal tienen el
poder para removerlo.
Aun hay una considerable distancia entre los postulados teóricos y la realidad, tanto en el
nivel de base como en las condiciones de ascenso en la burocracia política. Los intereses
creados, el patronazgo, la corrupción (compra de puestos) existen pero según Bell ello
afecta más a los niveles inferiores e intermedios que a los altos, y de hecho es hacia Pekín
que se dirigen los reclamos sobre las inconductas en los niveles inferiores. La percepción
generalizada de la población es que sus dirigentes nacionales son bien intencionados y
cumplen adecuadamente la misión que se espera de ellos, en esta etapa llevar adelante el
“sueño chino” de ser un país medianamente próspero ahora y estar en la vanguardia del
desarrollo económico, científico y tecnológico para el centenario de la RPC en 2049.
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La principal virtud del sistema actual, con todas sus falencias y distancias con la teoría, es
que hay una continuidad de varias décadas de las líneas de gobierno, que los cambios son
graduales y consentidos por experimentación realizada por dirigentes cada vez más
capacitados. Es imposible pensar que llegue a la conducción del país un político sin
experiencia administrativa, como Barack Obama, o un arribista como Donald Trump que lo
logró por audacia, oratoria cautivante y fortuna personal.
Existen preguntas sin respuestas claras para el futuro. La meritocracia en la cima puede
concentrar los candidatos dentro de la fracción más favorecida por lazos personales o
fortuna familiar, que puede dar tanto apoyos de profesores extra para los exámenes como
dinero para lograr ascensos. En el caso de los partidos políticos norteamericanos (y en la
mayoría de los partidos en Occidente), los sectores económicos más poderosos terminan
por colonizarlos, independientemente de sus orígenes de clase, etnia o ideologías. En
China hace menos de dos décadas que se permite la afiliación a empresarios. Son los
valores morales que pueda mantener el PCCh - en mezcla de confucianismo y poco de
marxismo - lo que permite mantener el control sobre los intereses creados de la
burocracia y las nuevas burguesías. Hace un par de años el gobierno reveló que Jack Ma, el
multimillonario fundador y principal accionista de Alibaba y ANT, es afiliado al PCCh.
Ahora el gobierno nacional ha frenado a Jack Ma, al no autorizar a que ANT haga su oferta
pública inicial (OPI) y ha iniciado acciones para contrarrestar el poder monopólico de
Alibaba, en especial por su incursión en el área financiera en funciones neurálgicas que el
Estado no delega en privados.
Luego de un año de pandemia endémica China sale golpeada pero victoriosa en su control
del virus. Su crecimiento económico se redujo pero continúa positivo (alrededor del 2 %
para 2020) y el Banco Mundial prevé que será del 7,9 % en 2021. Su Plan Quinquenal es
detallado hasta 2025, y sucesivos planes generales cubren el horizonte hasta 2049. Su
sistema político no es atractivo para el mundo, pocos países podrían emularlo en ese
aspecto, y tampoco se ha propuesto exportarlo. Pero dentro de sus propios parámetros
está logrando avances que consolidan su estabilidad y confianza en el futuro.
Mientras tanto, Estados Unidos ha sufrido un retroceso económico por su mala política
frente al Covid, con caída del orden del 4 % en 2020. Su recuperación es una seria
incógnita por el agravamiento de nuevos casos que superan los 220.000 diarios, aun con el
inicio de la vacunación. A ello le suma el caos político en que lo ha sumido la actitud de
Tump. No se pueden prever ni los eventos hasta el próximo 20 de enero. Estados Unidos es
el país más importante del mundo, por el tamaño de su economía, por adelanto científico y
tecnológico y por la superioridad militar que garantiza su hegemonía. Pero su imagen
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política se ha deteriorado y enfrenta un período de convulsión interna con imprevisibles
consecuencias que no podremos evitar en el resto del mundo.

10Ene/210

LA DIFERENCIA

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Roberto Lavagna impulsa un proyecto político ajeno al nacionalismo popular democrático.

La economía heterodoxa que persigue la transformación del patrón económico y la economía crítica sostienen, con fundamento, que la construcción de un Proyecto Nacional es impensable sin una distribución del ingreso definida a priori. La primera pone el acento en el papel central de la demanda efectiva para el crecimiento del PBI, con especial atención al rol del consumo (el consumo privado en la Argentina representa el 65% de la demanda agregada. Esta es la suma del consumo público más el privado, de la inversión pública más la privada y de las exportaciones).  Esos economistas heterodoxos valoran el crecimiento del salario real y de los ingresos populares como incentivo fundamental para la demanda. El otro componente central, para esa corriente, es el gasto autónomo, que en países como el nuestro posee como elemento más dinámico a la Inversión pública.

Para los economistas críticos el tema de la igualdad social es el objetivo clave de un Proyecto Nacional transformador. El crecimiento de los niveles salariales y los ingresos fijos de los sectores populares es fundamental para avanzar hacia ese objetivo. A su vez, proponen que el papel del Estado debe ser creciente en la economía para ampliar la esfera de la decisión ciudadana y restringir el ámbito del reino del mercado, en el que la economía queda excluida de las decisiones de las autoridades elegidas por el pueblo, a merced de las voluntades del capital concentrado.

El doctor Lavagna

En una breve proclama alusiva al inicio del año nuevo, el ex Ministro de Economía de dos gobiernos de políticas sustancialmente diferentes, el de Eduardo Duhalde y el de Néstor Kirchner, emitió la proclama Llegó la hora. No hay más excusas. Allí, Roberto Lavagna manifiesta que “El fracaso de las políticas populistas por un lado, o de ajuste por el otro, más la parálisis derivada de la pandemia, han llevado la realidad socioeconómica a niveles insostenibles como lo exponen las cifras de pobreza e indigencia”. Una lectura atenta debe reparar en la indiferenciación de los dos tipos de políticas a las que RL responsabiliza de la pobreza y la indigencia. Nada expresa el doctor respecto al retroceso económico y social durante el neoliberalismo macrista, ni de la desarticulación de políticas que Lavagna reivindicó, como el control sobre el movimiento de capitales.

Esa declaración fue hecha inmediatamente después que el gobierno anunciara medidas e intenciones respecto de la necesidad de alinear precios, salarios, jubilaciones y tarifas. La hace, entonces, en un momento en el cual su intervención puede interpretarse como una respuesta cuestionadora a la participación del Estado en la economía. En  su libro Construyendo la oportunidad. Como aprender del pasado para pensar el futuro (Sudamericana, 2015), uno se encuentra con un epígrafe curioso que habla de un período en que los argentinos hicieron el esfuerzo y crearon la oportunidad (2002-2005), que no responde a un gobierno determinado sino a su propia gestión ministerial, sucedido por otro transcurrido entre 2007 y 2015 en el cual habrían cedido al “encantamiento del facilismo”. En la página 353 del texto presenta sus prevenciones respecto de los pactos sociales entre empresarios y sindicatos, resistiéndose a las ideas sobre una mayor intervención estatal en la economía. Dice que “en el peronismo derrocado en 1976 hubo mucho de eso, lo que llevó a la crisis y ayudó a abrir la negra puerta conservadora del régimen militar autoritario”Esta adaptación de “los dos demonios” a la economía se manifiesta en el título del Capítulo XIII del libro, “Populismo, Conservadurismo o Heterodoxia -Ortodoxia Sustentable”.  Para Lavagna la política de ingresos sólo puede constituir un elemento útil cuando hay consistencia macroeconómica (en otra parte del libro afirma que esa consistencia se obtiene con políticas monetarias y fiscales). En la página 351 reivindica que “se usaron coordinadamente la política fiscal, como centro, y las políticas monetarias y de ingresos, como complemento (precios y salarios)” para desacelerar la inflación. Este tipo de reflexiones son típicas de los economistas del mainstream, muy reacios al papel del Estado en la economía. Ya desde 2005 la preocupación de Lavagna era el tema salarial. En la página 396 refiere a un alerta sobre la relación entre salarios y precios efectuado por el Banco Central que presidía Martín Redrado. Programáticamente se define en la página 52 del libro en la que afirma que si se le hubiera preguntado hubiera contestado con seguridad que se “identificaba mucho más con la política económica de Frondizi que con la de Gelbard, sobre la que había escrito un trabajo“, que marcaba las “incoherencias macroeconómicas” de aquél programa de 1973-1974.

En la proclama de fin de 2020 Lavagna  propone “poner a la creación del trabajo privado como objetivo central protegiendo derechos adquiridos pero incorporando a la mayoría que hoy está excluida, sin derecho alguno, a formas modernas de empleo”. Debería decir las cosas por su nombre. El ex Ministro propone la existencia de dos mercados de trabajo, el que conservaría la legislación vigente –los formalizados actuales- y otro que sería para los trabajadores informales y todos los que se incorporen en el futuro. Las llamadas formas modernas, no pueden leerse de otra manera que como más precarias y menos protegidas. Es una propuesta de flexibilización laboral con estilo gradualista ma non troppo.

La percepción del ex Ministro autodenominado de centro-progresista en relación a los excluidos por el neoliberalismo, sonaba más a prejuiciosa y prevenida que a sensible. Frente a las elecciones de 2005, que lo desvelaban en sus preocupaciones, le preocupaban «las presiones y pedidos de todos los sectores. En el caso de los piqueteros, los actos eran cada vez más descontrolados. Claramente el gobierno había perdido el control de la calle” (p.397). En cambio destaca su reunión con los que llama “empresarios de peso” como Rocca, Pagani y Fortabat, con quienes habló de inversión, empleo y productividad.(p. 352), respecto de los que no menciona conductas abusivas en el uso de su poder económico para la fijación de los precios.

En el inicio del gobierno de Néstor Kirchner,   el Ministerio de Planificación anunció que contrataría al área de economía y tecnología de FLACSO para que apoyara la tarea  de la creada Unidad de Renegociación de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), que tenía como misión el análisis del cumplimiento de los compromisos de inversiones que durante los noventa habían asumido las empresas. En la página 59 de su libro, RL caracteriza que “esta elección estaba relacionada con cierta posición ideológica cargada de prejuicios” e hizo saber que el Ministerio de Economía se apoyaría en la AGN y la SIGEN, fundándose en un “claro mensaje…hay que analizar datos objetivos y evitar tomas de posición ideológicas propias de quienes redactan papers sin contacto con el mundo real, para impedir que compliquen la ya difícil negociación”. Lavagna, que sí había tenido contacto con el “mundo real” cuando departía con los “empresarios de peso” como Rocca, Pagani y Fortabat, no se empachó en disparar descalificaciones respecto del equipo de investigaciones más calificado del país en el análisis de los grupos económicos, que produjo los trabajos mejor fundados y con mayor respaldo estadístico de la academia argentina sobre ese tema.

En la proclama se refiere a la necesidad de “bajar los costos de funcionamiento del sistema político”, propone a tal efecto reducir los concejos deliberantes, reducir el número de miembros de las Cámaras del poder legislativo y establecer poderes legislativos provinciales unicamerales. No repara en la existencia de las constituciones nacional y provinciales, cuya reforma debería proponer requiriendo asambleas constituyentes. Esta propuesta es devaluatoria de la política, porque el Estado debería agrandarse y mejorarse para un Proyecto democrático, nacional y popular. Su reducción es la consigna para despolitizar la sociedad y para que las grandes corporaciones empresarias como la AEA, la UIA, la SR, CRA, el Consejo Agroindustrial pasen a tener un protagonismo exclusivo y excluyente sobre las decisiones políticas. Es un proyecto desdemocratizador. Sostener, como lo hace RL, que serviría para reconciliar a la sociedad con la política conlleva el prejuicio de la inutilidad de la actividad y participación ciudadana. En la misma línea está la propuesta de evitar que el empleo público siga creciendo allí donde no debe, sin definir los lugares donde debe seguir creciendo.

Otro de sus infundados pregones es que “cuanto más reglas menos inversiones, cuanto más intervenciones menos productividad”. Esto no suena ni por asomo heterodoxo, es bien de la ortodoxia. La Argentina se debe la modificación de la ley de Inversiones extranjeras para evitar los efectos perniciosos de mucha Inversión Extranjera Directa  que, en su tendencia general, funciona como capital financiero más que como aporte productivo.

Esta proclama efectuada ante las políticas perseguidas por el gobierno popular de alinear precios, salarios, jubilaciones y tarifas, significan un pronunciamiento dirigido a confrontar con esa política. La crítica a Gelbard, la descalificación de FLACSO, su alergia a los hoy movimientos sociales (herederos de los piqueteros), su propuesta de reducción del sistema político, su intención flexibilizadora tienen ese signo. Desconfiado del pacto social y promotor de reformas en el régimen jubilatorio, cuando se acaba de sancionar una Ley respecto al mismo que garantiza una evolución progresiva de las jubilaciones, revela que Lavagna impulsa un proyecto político ajeno al nacionalismo popular democrático. Distante a la propuesta neoliberal del capital financiero, independiente a los dictados de los organismos internacionales de crédito, su perspectiva lo convierte en un referente para los que promueven una economía con un modelo tirado por las exportaciones, con salarios bajos. A gusto de la UIA y los grandes grupos del empresariado local. Vale aclararle al doctor que la reducción del salario real en los cuatro años de neoliberalismo no fue la traducción de la pérdida de productividad del trabajo, por lo tanto su recuperación no debe ser puesta en dependencia de su asociación con la mejora de esa productividad.

Ideas para el Consejo Agroindustrial

Juan Llach y Ricardo Rozemberg, el primero viceministro de Menem y ministro de De La Rúa, desarollaron en 2019 la misma propuesta que Lavagna. En el trabajo para CERA, cuyo nombre evidencia “el proyecto tirado por las exportaciones” Aportes para la Estrategia Nacional Exportadora de la Argentina (julio de 2019) dicen: “Para dejar atrás este muy mal desempeño en materia de crecimiento, la economía argentina necesita una estrategia con protagonismo de las exportaciones que, comparada con la historia de los últimos 75 años, implica un giro copernicano. Se trata, en esencia, de que las exportaciones y la inversión –los dos componentes de la demanda global más vinculados al ahorro- lideren el crecimiento de la economía, permitiendo así un crecimiento del consumo más sostenible”. Aquí se ve expresamente el orden que plantean los economistas del empresariado para el impulso de la demanda agregada:

  1. exportaciones,
  2. inversiones y
  3. consumo.

A la inversa que en el Proyecto Nacional democrático, nacional y popular, la idea es el tipo de cambio siempre alto, la tasa de ganancia atractiva y sin intervención estatal, y el consumo (que implica fundamentalmente el salario) como variable de ajuste.

Pero Lavagna tiene un perfil más industrialista. Llach y Rozemberg no ocultan su apuesta a los sectores concentrados de la pampa húmeda ligados a las exportaciones tradicionales. Pregonan abiertamente que “Tanto como para dar una idea del tipo de apertura que estamos pensando, la Argentina debería aspirar como mínimo a lograr un coeficiente de apertura del orden del 40%, como los que tienen hoy Australia (41,89%), la India (41,07%) o Uruguay (39,99%). La economía argentina es la segunda más cerrada del mundo. Su coeficiente de apertura en 2017, era de sólo 25,02%, ocupando así el puesto 168 en el mundo, superado sólo por Brasil (24,12% y ranking 169)”. El coeficiente de apertura es la suma de las exportaciones y las importaciones dividida por el PBI. Cuanto más abierta una economía más importa. En cambio el aumento de las exportaciones depende de la demanda internacional, que con el grado de desarrollo argentino se dirige fundamentalmente a los granos, oleaginosas y los commodities elaborados con estos insumos. Ese estilo de apertura significa profundizar la primarización.

Estos autores, plantean luego su propuesta para reducir el déficit fiscal promoviendo la eliminación de “impuestos distorsivos”, los que según ellos afectan la Inversión y las exportaciones. Enumeran algunos y luego van derecho al grano, sosteniendo que “El caso más nítido de reducción de los precios al productor es el de las (mal) llamadas retenciones a las exportaciones, de muy frecuente uso en la Argentina y muy poco utilizadas, o con alícuotas sustancialmente menores, en otros países». En síntesis, afirman, las ‘víctimas preferidas’ de los impuestos distorsivos son las exportaciones y, en segundo lugar, la inversión, para concluir adhiriendo a la “reducción de los derechos de exportación hasta su eliminación”.

Las retenciones

Sin embargo las retenciones en una economía como la Argentina son una política virtuosa e imprescindible en un Proyecto Nacional de desarrollo e igualdad porque:

  1. Desacoplan el precio nacional del internacional de los bienes exportables, que en el caso nacional están ligados a los bienes de consumo popular. Al hacerlo, impiden el impacto de redistribución regresiva del ingreso que las subas del precio internacional provocan. Por eso resulta necesario el ajuste de la alícuota actual a una tasa superior a la vigente, ante la actual suba de los precios internacionales.
  2. Descuentan la diferencia de productividad entre los sectores industriales y los de producción primaria (o los asociados a ésta) permitiendo una mayor diversificación productiva y un mejor y más intenso desarrollo industrial, y aumentando la ocupación y las demandas científico-tecnológicas del aparato productivo.
  3. Son una alternativa para financiar el déficit fiscal progresivamente. Hoy en tiempos de pandemia, que parece ir hacia su nivel más intenso, sería imperioso no desaprovechar el aumento de los precios de los commodities agroindustriales para incrementar las retenciones.

En realidad los costos de producción no han variado, el aumento es percibido por los participantes de la cadena agroindustrial exportadora en carácter de un incremento de la renta diferencial del insumo principal de esa actividad: la tierra.

Esta semana hubo un intento de paro nacional por una parte de los integrantes del sector, como resistencia a una medida que tendía a preservar la provisión del mercado interno. La argumentación que se extiende respecto a que el Estado no debe intervenir en la economía es una expresión antidemocrática. El Estado es gobernado por la elección y la participación ciudadana. El derecho de propiedad es de carácter relativo y nunca puede prevalecer a la decisión ciudadana. Si no la democracia se convierte en una ficción.

Lo mismo ocurre con el aumento necesario en la tasa de retenciones. Tal vez muchos de los que amenazaron con el lockout patronal hayan, también, especulado con esa medida para disuadir el posible ajuste a los derechos de exportación.

El diario El Cronista del día 7 de enero previó un aumento de 7079 millones de dólares de las retenciones a recaudar sobre las exportaciones de soja y sus derivados para la campaña 2020/21 respecto de la anterior, y un aumento de la liquidación de divisas para el mismo período de 22.500 millones de dólares. En el día 9 de enero el precio del poroto subió a u$s506 en la Bolsa de Chicago, y el maíz – también en alza- a u$s 195.

Si se hubiera aprobado la Ley que sancionaba la Resolución 64 que ajustaba la Resolución 125 de retenciones móviles, adecuándola con diferenciaciones, la alícuota correspondiente a un valor de la soja de u$s 500 era del 43% , hoy está 10 puntos debajo de ese porcentaje. Las retenciones móviles hubieran evitado la disputa permanente respecto del nivel de los derechos de exportación, y también hubieran favorecido una asignación más justa y productiva de la renta diferencial. El hecho de su sanción apresurada sin atender al debate y la participación política de los sectores involucrados impidió construir el consenso que, seguramente, hubiese logrado, con un manejo más dúctil, su implementación. Pero el contenido de fondo de la medida era de justicia social y desarrollo nacional.

Producción y Trabajo

Este espacio emitió esta semana un documento que promueve un plan integrado de obra pública, que incluya viviendas e infraestructura básica barrial.  También propone la realización de grandes obras de infraestructura imprescindibles para el desarrollo nacional.  Señala que “Para dinamizar el Mercado Interno, es sabido, es necesario recuperar el poder adquisitivo de las remuneraciones, incluidas las jubilaciones que no son sino salarios diferidos. A su vez advierten que si de los aumentos nominales de salarios se apropian los grandes formadores de precios, el efecto deseado se anularía. Particularmente refieren al impacto negativo que se produciría si los ajustes de los sectores de ingresos fijos fuesen absorbidos por los agentes que dominan las cadenas de alimentos, el ajuste de tarifas y los beneficios del sector financiero. Plantean dos reformas: la tributaria –de carácter progresivo- y la financiera que sustraiga al sistema de las lógicas de la financiarización internacional y lo ponga al servicio de la producción.

Respecto a las negociaciones con el FMI requieren que debe ratificarse firmemente la oposición a ajustes que atenten contra las prioridades de: atender la emergencia sanitaria y social, recuperar el trabajo y potenciar el mercado interno, como bases esenciales  para la imprescindible reactivación económica.

También subrayan  “que se hace necesario un estricto control de los costos de los insumos difundidos, para evitar distorsiones en los precios de las distintas cadenas de valor, estableciendo precios de referencia. Junto a un seguimiento público y transparente de la estructura de costos de producción y comercialización de los principales bienes y servicios que necesitan las familias y los sectores productivos, para detectar los aumentos injustificados. Sin este control de costos se hace imposible ordenar la economía y las finanzas nacionales”.

El Consejo Económico y Social

Es inminente la constitución del Consejo Económico y Social para cuya presidencia el gobierno nominó a Gustavo Béliz. Este deberá lidiar con tres proyectos diferenciados, que representan a quiénes quieren un programa de salarios bajos, reformas laborales y concentración de esfuerzos en el apoyo a grandes grupos exportadores, otros que apuntan a continuar con la lógica neoliberal reforzando el respaldo a las cadenas de los productos de las exportaciones tradicionales, y un tercero de carácter nacional y popular que reivindica las políticas del 2003 al 2015, basadas en los objetivos de igualdad social, soberanía nacional e independencia económica. Béliz deberá convocar a todos ellos y a los movimientos sociales. Concluye una semana en la  que la denominada “gran democracia del norte” demostró cuánto se profundizó su vaciamiento en el período neoliberal de cuatro décadas que creó una sociedad desigual, con una fractura social de dimensiones inéditas, en el marco de una impresionante concentración del ingreso y la riqueza. La energía e intransigencia que ponga el gobierno nacional y popular en sostener sus objetivos programáticos y en el mantenimiento de los principios de los movimientos populares argentinos definirá la profundización de la vida democrática, sin esas actitudes pende la amenaza de igualar la corrosión del sistema que ejemplifica el estado de la vida política estadounidense.