La economía heterodoxa que persigue la transformación del patrón económico y la economía crítica sostienen, con fundamento, que la construcción de un Proyecto Nacional es impensable sin una distribución del ingreso definida a priori. La primera pone el acento en el papel central de la demanda efectiva para el crecimiento del PBI, con especial atención al rol del consumo (el consumo privado en la Argentina representa el 65% de la demanda agregada. Esta es la suma del consumo público más el privado, de la inversión pública más la privada y de las exportaciones).  Esos economistas heterodoxos valoran el crecimiento del salario real y de los ingresos populares como incentivo fundamental para la demanda. El otro componente central, para esa corriente, es el gasto autónomo, que en países como el nuestro posee como elemento más dinámico a la Inversión pública.

Para los economistas críticos el tema de la igualdad social es el objetivo clave de un Proyecto Nacional transformador. El crecimiento de los niveles salariales y los ingresos fijos de los sectores populares es fundamental para avanzar hacia ese objetivo. A su vez, proponen que el papel del Estado debe ser creciente en la economía para ampliar la esfera de la decisión ciudadana y restringir el ámbito del reino del mercado, en el que la economía queda excluida de las decisiones de las autoridades elegidas por el pueblo, a merced de las voluntades del capital concentrado.

El doctor Lavagna

En una breve proclama alusiva al inicio del año nuevo, el ex Ministro de Economía de dos gobiernos de políticas sustancialmente diferentes, el de Eduardo Duhalde y el de Néstor Kirchner, emitió la proclama Llegó la hora. No hay más excusas. Allí, Roberto Lavagna manifiesta que “El fracaso de las políticas populistas por un lado, o de ajuste por el otro, más la parálisis derivada de la pandemia, han llevado la realidad socioeconómica a niveles insostenibles como lo exponen las cifras de pobreza e indigencia”. Una lectura atenta debe reparar en la indiferenciación de los dos tipos de políticas a las que RL responsabiliza de la pobreza y la indigencia. Nada expresa el doctor respecto al retroceso económico y social durante el neoliberalismo macrista, ni de la desarticulación de políticas que Lavagna reivindicó, como el control sobre el movimiento de capitales.

Esa declaración fue hecha inmediatamente después que el gobierno anunciara medidas e intenciones respecto de la necesidad de alinear precios, salarios, jubilaciones y tarifas. La hace, entonces, en un momento en el cual su intervención puede interpretarse como una respuesta cuestionadora a la participación del Estado en la economía. En  su libro Construyendo la oportunidad. Como aprender del pasado para pensar el futuro (Sudamericana, 2015), uno se encuentra con un epígrafe curioso que habla de un período en que los argentinos hicieron el esfuerzo y crearon la oportunidad (2002-2005), que no responde a un gobierno determinado sino a su propia gestión ministerial, sucedido por otro transcurrido entre 2007 y 2015 en el cual habrían cedido al “encantamiento del facilismo”. En la página 353 del texto presenta sus prevenciones respecto de los pactos sociales entre empresarios y sindicatos, resistiéndose a las ideas sobre una mayor intervención estatal en la economía. Dice que “en el peronismo derrocado en 1976 hubo mucho de eso, lo que llevó a la crisis y ayudó a abrir la negra puerta conservadora del régimen militar autoritario”. Esta adaptación de “los dos demonios” a la economía se manifiesta en el título del Capítulo XIII del libro, “Populismo, Conservadurismo o Heterodoxia -Ortodoxia Sustentable”.  Para Lavagna la política de ingresos sólo puede constituir un elemento útil cuando hay consistencia macroeconómica (en otra parte del libro afirma que esa consistencia se obtiene con políticas monetarias y fiscales). En la página 351 reivindica que “se usaron coordinadamente la política fiscal, como centro, y las políticas monetarias y de ingresos, como complemento (precios y salarios)” para desacelerar la inflación. Este tipo de reflexiones son típicas de los economistas del mainstream, muy reacios al papel del Estado en la economía. Ya desde 2005 la preocupación de Lavagna era el tema salarial. En la página 396 refiere a un alerta sobre la relación entre salarios y precios efectuado por el Banco Central que presidía Martín Redrado. Programáticamente se define en la página 52 del libro en la que afirma que si se le hubiera preguntado hubiera contestado con seguridad que se “identificaba mucho más con la política económica de Frondizi que con la de Gelbard, sobre la que había escrito un trabajo“, que marcaba las “incoherencias macroeconómicas” de aquél programa de 1973-1974.

En la proclama de fin de 2020 Lavagna  propone “poner a la creación del trabajo privado como objetivo central protegiendo derechos adquiridos pero incorporando a la mayoría que hoy está excluida, sin derecho alguno, a formas modernas de empleo”. Debería decir las cosas por su nombre. El ex Ministro propone la existencia de dos mercados de trabajo, el que conservaría la legislación vigente –los formalizados actuales- y otro que sería para los trabajadores informales y todos los que se incorporen en el futuro. Las llamadas formas modernas, no pueden leerse de otra manera que como más precarias y menos protegidas. Es una propuesta de flexibilización laboral con estilo gradualista ma non troppo.

La percepción del ex Ministro autodenominado de centro-progresista en relación a los excluidos por el neoliberalismo, sonaba más a prejuiciosa y prevenida que a sensible. Frente a las elecciones de 2005, que lo desvelaban en sus preocupaciones, le preocupaban «las presiones y pedidos de todos los sectores. En el caso de los piqueteros, los actos eran cada vez más descontrolados. Claramente el gobierno había perdido el control de la calle” (p.397). En cambio destaca su reunión con los que llama “empresarios de peso” como Rocca, Pagani y Fortabat, con quienes habló de inversión, empleo y productividad.(p. 352), respecto de los que no menciona conductas abusivas en el uso de su poder económico para la fijación de los precios.

En el inicio del gobierno de Néstor Kirchner,   el Ministerio de Planificación anunció que contrataría al área de economía y tecnología de FLACSO para que apoyara la tarea  de la creada Unidad de Renegociación de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), que tenía como misión el análisis del cumplimiento de los compromisos de inversiones que durante los noventa habían asumido las empresas. En la página 59 de su libro, RL caracteriza que “esta elección estaba relacionada con cierta posición ideológica cargada de prejuicios” e hizo saber que el Ministerio de Economía se apoyaría en la AGN y la SIGEN, fundándose en un “claro mensaje…hay que analizar datos objetivos y evitar tomas de posición ideológicas propias de quienes redactan papers sin contacto con el mundo real, para impedir que compliquen la ya difícil negociación”. Lavagna, que sí había tenido contacto con el “mundo real” cuando departía con los “empresarios de peso” como Rocca, Pagani y Fortabat, no se empachó en disparar descalificaciones respecto del equipo de investigaciones más calificado del país en el análisis de los grupos económicos, que produjo los trabajos mejor fundados y con mayor respaldo estadístico de la academia argentina sobre ese tema.

En la proclama se refiere a la necesidad de “bajar los costos de funcionamiento del sistema político”, propone a tal efecto reducir los concejos deliberantes, reducir el número de miembros de las Cámaras del poder legislativo y establecer poderes legislativos provinciales unicamerales. No repara en la existencia de las constituciones nacional y provinciales, cuya reforma debería proponer requiriendo asambleas constituyentes. Esta propuesta es devaluatoria de la política, porque el Estado debería agrandarse y mejorarse para un Proyecto democrático, nacional y popular. Su reducción es la consigna para despolitizar la sociedad y para que las grandes corporaciones empresarias como la AEA, la UIA, la SR, CRA, el Consejo Agroindustrial pasen a tener un protagonismo exclusivo y excluyente sobre las decisiones políticas. Es un proyecto desdemocratizador. Sostener, como lo hace RL, que serviría para reconciliar a la sociedad con la política conlleva el prejuicio de la inutilidad de la actividad y participación ciudadana. En la misma línea está la propuesta de evitar que el empleo público siga creciendo allí donde no debe, sin definir los lugares donde debe seguir creciendo.

Otro de sus infundados pregones es que “cuanto más reglas menos inversiones, cuanto más intervenciones menos productividad”. Esto no suena ni por asomo heterodoxo, es bien de la ortodoxia. La Argentina se debe la modificación de la ley de Inversiones extranjeras para evitar los efectos perniciosos de mucha Inversión Extranjera Directa  que, en su tendencia general, funciona como capital financiero más que como aporte productivo.

Esta proclama efectuada ante las políticas perseguidas por el gobierno popular de alinear precios, salarios, jubilaciones y tarifas, significan un pronunciamiento dirigido a confrontar con esa política. La crítica a Gelbard, la descalificación de FLACSO, su alergia a los hoy movimientos sociales (herederos de los piqueteros), su propuesta de reducción del sistema político, su intención flexibilizadora tienen ese signo. Desconfiado del pacto social y promotor de reformas en el régimen jubilatorio, cuando se acaba de sancionar una Ley respecto al mismo que garantiza una evolución progresiva de las jubilaciones, revela que Lavagna impulsa un proyecto político ajeno al nacionalismo popular democrático. Distante a la propuesta neoliberal del capital financiero, independiente a los dictados de los organismos internacionales de crédito, su perspectiva lo convierte en un referente para los que promueven una economía con un modelo tirado por las exportaciones, con salarios bajos. A gusto de la UIA y los grandes grupos del empresariado local. Vale aclararle al doctor que la reducción del salario real en los cuatro años de neoliberalismo no fue la traducción de la pérdida de productividad del trabajo, por lo tanto su recuperación no debe ser puesta en dependencia de su asociación con la mejora de esa productividad.

Ideas para el Consejo Agroindustrial

Juan Llach y Ricardo Rozemberg, el primero viceministro de Menem y ministro de De La Rúa, desarollaron en 2019 la misma propuesta que Lavagna. En el trabajo para CERA, cuyo nombre evidencia “el proyecto tirado por las exportaciones” Aportes para la Estrategia Nacional Exportadora de la Argentina (julio de 2019) dicen: “Para dejar atrás este muy mal desempeño en materia de crecimiento, la economía argentina necesita una estrategia con protagonismo de las exportaciones que, comparada con la historia de los últimos 75 años, implica un giro copernicano. Se trata, en esencia, de que las exportaciones y la inversión –los dos componentes de la demanda global más vinculados al ahorro- lideren el crecimiento de la economía, permitiendo así un crecimiento del consumo más sostenible”. Aquí se ve expresamente el orden que plantean los economistas del empresariado para el impulso de la demanda agregada:

1. exportaciones,
2. inversiones y
3. consumo.

A la inversa que en el Proyecto Nacional democrático, nacional y popular, la idea es el tipo de cambio siempre alto, la tasa de ganancia atractiva y sin intervención estatal, y el consumo (que implica fundamentalmente el salario) como variable de ajuste.

Pero Lavagna tiene un perfil más industrialista. Llach y Rozemberg no ocultan su apuesta a los sectores concentrados de la pampa húmeda ligados a las exportaciones tradicionales. Pregonan abiertamente que “Tanto como para dar una idea del tipo de apertura que estamos pensando, la Argentina debería aspirar como mínimo a lograr un coeficiente de apertura del orden del 40%, como los que tienen hoy Australia (41,89%), la India (41,07%) o Uruguay (39,99%). La economía argentina es la segunda más cerrada del mundo. Su coeficiente de apertura en 2017, era de sólo 25,02%, ocupando así el puesto 168 en el mundo, superado sólo por Brasil (24,12% y ranking 169)”. El coeficiente de apertura es la suma de las exportaciones y las importaciones dividida por el PBI. Cuanto más abierta una economía más importa. En cambio el aumento de las exportaciones depende de la demanda internacional, que con el grado de desarrollo argentino se dirige fundamentalmente a los granos, oleaginosas y los commodities elaborados con estos insumos. Ese estilo de apertura significa profundizar la primarización.

Estos autores, plantean luego su propuesta para reducir el déficit fiscal promoviendo la eliminación de “impuestos distorsivos”, los que según ellos afectan la Inversión y las exportaciones. Enumeran algunos y luego van derecho al grano, sosteniendo que “El caso más nítido de reducción de los precios al productor es el de las (mal) llamadas retenciones a las exportaciones, de muy frecuente uso en la Argentina y muy poco utilizadas, o con alícuotas sustancialmente menores, en otros países». En síntesis, afirman, las ‘víctimas preferidas’ de los impuestos distorsivos son las exportaciones y, en segundo lugar, la inversión, para concluir adhiriendo a la “reducción de los derechos de exportación hasta su eliminación”.

Las retenciones

Sin embargo las retenciones en una economía como la Argentina son una política virtuosa e imprescindible en un Proyecto Nacional de desarrollo e igualdad porque:

1. Desacoplan el precio nacional del internacional de los bienes exportables, que en el caso nacional están ligados a los bienes de consumo popular. Al hacerlo, impiden el impacto de redistribución regresiva del ingreso que las subas del precio internacional provocan. Por eso resulta necesario el ajuste de la alícuota actual a una tasa superior a la vigente, ante la actual suba de los precios internacionales.
2. Descuentan la diferencia de productividad entre los sectores industriales y los de producción primaria (o los asociados a ésta) permitiendo una mayor diversificación productiva y un mejor y más intenso desarrollo industrial, y aumentando la ocupación y las demandas científico-tecnológicas del aparato productivo.
3. Son una alternativa para financiar el déficit fiscal progresivamente. Hoy en tiempos de pandemia, que parece ir hacia su nivel más intenso, sería imperioso no desaprovechar el aumento de los precios de los commodities agroindustriales para incrementar las retenciones.

En realidad los costos de producción no han variado, el aumento es percibido por los participantes de la cadena agroindustrial exportadora en carácter de un incremento de la renta diferencial del insumo principal de esa actividad: la tierra.

Esta semana hubo un intento de paro nacional por una parte de los integrantes del sector, como resistencia a una medida que tendía a preservar la provisión del mercado interno. La argumentación que se extiende respecto a que el Estado no debe intervenir en la economía es una expresión antidemocrática. El Estado es gobernado por la elección y la participación ciudadana. El derecho de propiedad es de carácter relativo y nunca puede prevalecer a la decisión ciudadana. Si no la democracia se convierte en una ficción.

Lo mismo ocurre con el aumento necesario en la tasa de retenciones. Tal vez muchos de los que amenazaron con el lockout patronal hayan, también, especulado con esa medida para disuadir el posible ajuste a los derechos de exportación.

El diario El Cronista del día 7 de enero previó un aumento de 7079 millones de dólares de las retenciones a recaudar sobre las exportaciones de soja y sus derivados para la campaña 2020/21 respecto de la anterior, y un aumento de la liquidación de divisas para el mismo período de 22.500 millones de dólares. En el día 9 de enero el precio del poroto subió a u$s506 en la Bolsa de Chicago, y el maíz – también en alza- a u$s 195.

Si se hubiera aprobado la Ley que sancionaba la Resolución 64 que ajustaba la Resolución 125 de retenciones móviles, adecuándola con diferenciaciones, la alícuota correspondiente a un valor de la soja de u$s 500 era del 43% , hoy está 10 puntos debajo de ese porcentaje. Las retenciones móviles hubieran evitado la disputa permanente respecto del nivel de los derechos de exportación, y también hubieran favorecido una asignación más justa y productiva de la renta diferencial. El hecho de su sanción apresurada sin atender al debate y la participación política de los sectores involucrados impidió construir el consenso que, seguramente, hubiese logrado, con un manejo más dúctil, su implementación. Pero el contenido de fondo de la medida era de justicia social y desarrollo nacional.

Producción y Trabajo

Este espacio emitió esta semana un documento que promueve un plan integrado de obra pública, que incluya viviendas e infraestructura básica barrial.  También propone la realización de grandes obras de infraestructura imprescindibles para el desarrollo nacional.  Señala que “Para dinamizar el Mercado Interno, es sabido, es necesario recuperar el poder adquisitivo de las remuneraciones, incluidas las jubilaciones que no son sino salarios diferidos. A su vez advierten que si de los aumentos nominales de salarios se apropian los grandes formadores de precios, el efecto deseado se anularía. Particularmente refieren al impacto negativo que se produciría si los ajustes de los sectores de ingresos fijos fuesen absorbidos por los agentes que dominan las cadenas de alimentos, el ajuste de tarifas y los beneficios del sector financiero. Plantean dos reformas: la tributaria –de carácter progresivo- y la financiera que sustraiga al sistema de las lógicas de la financiarización internacional y lo ponga al servicio de la producción.

Respecto a las negociaciones con el FMI requieren que debe ratificarse firmemente la oposición a ajustes que atenten contra las prioridades de: atender la emergencia sanitaria y social, recuperar el trabajo y potenciar el mercado interno, como bases esenciales  para la imprescindible reactivación económica.

También subrayan  “que se hace necesario un estricto control de los costos de los insumos difundidos, para evitar distorsiones en los precios de las distintas cadenas de valor, estableciendo precios de referencia. Junto a un seguimiento público y transparente de la estructura de costos de producción y comercialización de los principales bienes y servicios que necesitan las familias y los sectores productivos, para detectar los aumentos injustificados. Sin este control de costos se hace imposible ordenar la economía y las finanzas nacionales”.

El Consejo Económico y Social

Es inminente la constitución del Consejo Económico y Social para cuya presidencia el gobierno nominó a Gustavo Béliz. Este deberá lidiar con tres proyectos diferenciados, que representan a quiénes quieren un programa de salarios bajos, reformas laborales y concentración de esfuerzos en el apoyo a grandes grupos exportadores, otros que apuntan a continuar con la lógica neoliberal reforzando el respaldo a las cadenas de los productos de las exportaciones tradicionales, y un tercero de carácter nacional y popular que reivindica las políticas del 2003 al 2015, basadas en los objetivos de igualdad social, soberanía nacional e independencia económica. Béliz deberá convocar a todos ellos y a los movimientos sociales. Concluye una semana en la  que la denominada “gran democracia del norte” demostró cuánto se profundizó su vaciamiento en el período neoliberal de cuatro décadas que creó una sociedad desigual, con una fractura social de dimensiones inéditas, en el marco de una impresionante concentración del ingreso y la riqueza. La energía e intransigencia que ponga el gobierno nacional y popular en sostener sus objetivos programáticos y en el mantenimiento de los principios de los movimientos populares argentinos definirá la profundización de la vida democrática, sin esas actitudes pende la amenaza de igualar la corrosión del sistema que ejemplifica el estado de la vida política estadounidense.