Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

20Sep/200

Publicado por admin

EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Hacia la construcción de una democracia participativa

Virreyes en caída

La desilusión del pueblo argentino con el proyecto neoliberal fue una de las consecuencias contundentes de los años del gobierno de Cambiemos. Esos cuatro años no sólo provocaron la vivencia de un fracaso en las mayorías que no lo votaron y en buena parte de los que sí lo hicieron.  El fracaso podría adjudicarse al entendimiento de una gestión mal hecha de una política que habría tenido posibilidad de éxito si la gestión hubiera sido encarada con mayor eficiencia. No es lo ha ocurrido con el tercer episodio de liberalismo neo de las últimas cuatro décadas. No ha dejado una percepción de ese carácter en el balance ciudadano. Las conclusiones en el imaginario popular son de una índole diferente. Pertenecen a la desilusión definitiva respecto a una mirada sobre la política, sobre la economía, sobre la sociedad y sobre la vida. Así de devastadora fue la experiencia, conducida y gestionada en forma directa por los dueños del poder económico, sus amigos y sus serviles gerentes y asesorada por presuntuosos apologetas de la teoría ortodoxa devota del pensamiento único.

Al final de los cuatro años del gobierno de Macri se vivió una crisis descomunal, cuya causalidad en la política aplicada fue obscenamente indisimulable. Todo se derrumbó con estrépito, las alquimias teóricas, las ambiciones de extender a perpetuidad un modelo que sus ejecutores y cultores sostuvieron un bienio, hasta concluir en un naufragio sin pausa que legó un país destrozado por la ONG de la cultura de la antipolítica, aliada con los herederos de un partido centenario que abandonaron todo principio para hacerse de una porción del poder. Sólo salvaron los trapos las ganancias personales de los que ocuparon el poder, sus socios, sus allegados y sus camaradas de la plutocracia que concentra el poder económico en Argentina.

La pandemia que prosiguió al desmán que desató el gobierno del Presidente Macri fotografió la Argentina desigual, empobrecida, injustamente saqueada. Porque la valorización financiera es un patrón de acumulación sustentado en el saqueo, porque el dispositivo macroeconómico de las gestiones de la dictadura, el menemismo y sus variantes continuistas y el cambiemita, es el mecanismo de un régimen de desposesión del pueblo. De sustracción. De violación de derechos humanos.

El país discute hoy la post-pandemia. Se vuelven a evocar planes que en otras épocas fueron banderas para la construcción de otra Nación. Huerta Grande y La Falda, el de la CGT de los argentinos, el del plan trienal, el de los 26 puntos de la CGT Brasil. No es ociosa la insistencia y la repetición de estas propuestas históricas, hundidas por las dictaduras y la censura privada de los grandes medios de comunicación. Porque es indudablemente cierto que cuando la concentración económica inunda los medios masivos de noticias y opiniones, emergen nuevas lógicas de censura. De administración del tiempo que excluye el debate con los proyectos que molestan a los poderosos.

Tan cierto es esto, que se dedican ríos de tinta a la repetición de ideas, de planes, de concepciones que dejaron en ruinas la economía nacional. Como la declaración de la AEA, asociación de grandes empresarios que predican el no pago de impuestos, cantan loas a la inversión privada que nunca llega –y que si lo hace— es a costa de condiciones que les aseguran rentas y nunca para proyectos que les implicaría correr el riesgo que siempre pregonan, pero del cual huyen.

 

 

El disco rayado

El empresariado concentrado insiste en el mismo libreto. El neoliberalismo como política de Estado. Su representación más poderosa, plana y fundamentalista, la AEA, define los siguientes postulados en  unas rústicas y desviadas “Instituciones para el Desarrollo” que formulan con circunspecta y acartonada formalidad, pero carentes de rigor, inteligencia, voluntad e intuición:

  • Movilización plena de las energías del sector privado. (Es decir, exclusión del Estado como planificador, direccionador y actor directo del proceso económico.)
  • Conquistar mercados externos. (A costa de bajar los costos laborales con políticas flexibilizadoras y con metodologías de competitividad espuria, pues nada dicen de la inversión en ciencia y tecnología.)
  • Evitar los controles de precios. (Predican la definición mercantil de estos por parte de empresarios concentrados para reducir los salarios, acumular ganancias y luego fugarlas al exterior.)
  • Garantizar el derecho de propiedad. (O sea que la posesión de medios de producción no genere ningún compromiso con el uso de la misma en pos del beneficio social, sino que sea guiada a la obtención de la mayor ganancia.)
  • Vociferan contra el impuesto a las grandes fortunas, mezquinos de cualquier disposición solidaria a contribuir para paliar las consecuencias de la grave pandemia que nuestro país también sufre como parte de la comunidad mundial.

En un power-point a la moda, la UIA en “Hacia una nueva normalidad: propuestas para la reactivación productiva”, adorna con toques de estilo desarrollista su acomodamiento al mismo neoliberalismo como política de Estado:

  • Macroeconomía que fomente el ahorro local y busque gradualmente salir de los controles y las regulaciones cambiarias. (Curioso que una propuesta que se propone como productivista se inicie reivindicando la apertura de la ruta para la fuga de divisas, sin preocuparse por el cuidado de un insumo vital para el desarrollo industrial.)
  • El segundo principio esgrimido es una política cambiaria previsible que sustente la agregación de valor en la producción. (Esta formulación insinúa la devaluación como fórmula preferida para la competitividad, es el camino de la ganancia rápida y espuria en lugar de promover la genuina intervención pública y la apuesta empresaria a la innovación.)
  • La reducción de la nominalidad parece una advertencia preocupada respecto de recuperaciones del salario en la post-pandemia, temiendo que esas mejoras anulen la competitividad inducida por el precio de la divisa. Tal vez, por eso no proponen medida alguna de aumento salarial para impulsar la demanda.
  • Quejas sobre una supuesta presión tributaria excesiva.
  • La intervención del Estado es reivindicada desde el planteo de la continuidad de los auxilios con los ATP, la aplicación intensiva del REPRO, las propuestas de moratorias impositivas. Todas ayudas al empresariado. Enfoque corporativo y sectorial sin preocupaciones por un proyecto de Nación.
  • La gran ausencia del programa empresarial de la UIA es el debate sobre la distribución del ingreso.
  • El power-point dedica su propuesta núcleo a abogar por la construcción de consensos e instituciones, mediante lógicas y prácticas de diálogo. Esa propuesta no se restringe a plantearlo en el ámbito social y sectorial, sino que también pregona el encuentro constructivo entre el oficialismo y la oposición política. Nuevamente asoma la pretensión de un consensualismo del estilo “Pacto de la Moncloa”. Con un poco de reformismo pro-industrialista dentro de la globalización financiera, el documento se confiesa como la versión light de la política de Estado neoliberal. Pero very fashionable.

 

 

Embrión de consenso y movilización para un proyecto nacional y popular

El 28 de agosto un conjunto de organizaciones de empresarios nacionales pymes, organizaciones sindicales, cooperativas de trabajo y movimientos sociales con inserción productiva presentaron una cantidad de coincidencias básicas, que resultan en una importante expresión embrionaria de la construcción de un proyecto nacional. Porque la trampa de la “grieta” no es otra cosa que el intento de conservar al neoliberalismo como política de Estado y acusar a la opción nacional y popular como confrontativa. La derecha usa ese vocablo “grieta” en defensa del diagnóstico apologético del fin de la historia. Atrasan, los muchachos. Les pasó el cuarto de hora de ese clima (cuarto de siglo).

Alumbran, los vientos de cambio, con un conjunto de concepciones articuladas por organizaciones como la CTA de los Trabajadores, el sector combativo de la CGT agrupado en la Corriente Federal de los Trabajadores, las Agrupaciones Grito de Alcorta y la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas, ambas herederas de la auténtica Federación Agraria Argentina. A los que se suman toda la gama de representaciones del pequeño y mediano empresariado industrial del país: la CGERA, la agrupación José Ber Gelbard, APYME, la CEEN, la Fundación Pro Tejer, un conjunto de afluentes en el MNUP y un nutrido grupo de federaciones de cooperativas de trabajo como FACTA, CNCT, FECOOTRA Y CONARCOOP. Los mencionados son sólo una parte de múltiples participantes. Pero lo decisivo son sus formulaciones programáticas:

  • Un Estado activo, presente en la orientación, la regulación y la planificación. Atento a las necesidades sociales. Aquí se nota la raíz de la propuesta. Su carácter democrático opuesto al liberalismo neo que rechaza la planificación de la economía y deifica la asignación mercantil (a cargo de las firmas dominantes en los mercados concentrados) de la economía.
  • Promueven la inversión pública en infraestructura, con motorización del empleo, con el objetivo de revertir la errada asignación de recursos e injusta distribución del ingreso.
  • Plantean la participación de los sectores sociales y productivos populares en la toma de decisiones.
  • Expresan decididamente que la recomposición del mercado interno es el motor del desarrollo nacional.
  • Reivindican la recomposición del poder de compra de los salarios y las jubilaciones.
  • Apoyan el aporte extraordinario y solidario ante la emergencia del Covid-19, entendiéndolo como el punto de partida para una reforma impositiva de carácter progresivo, que respete una segmentación en la que la carga tributaria mayor recaiga sobre los sectores de mayores ingresos.
  • Se pronuncian por una negociación con el FMI que excluya condicionamientos que inhiban la recuperación económica y social.
  • Rechazan las tradicionales políticas de estabilización antiinflacionarias, que con fundamentaciones de raíces monetaristas o fiscalistas, proponen ajustes que conducirían al agravamiento de las condiciones recesivas.
  • Rechazan la financiarización y proponen una Reforma Financiera, que ponga al sistema al servicio de la producción .
  • Promueven la reforma de la Ley de Inversiones Extranjeras, como así también medidas que cierren la fuga de capitales, eviten la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones.
  • Descartan que las devaluaciones cambiarias sean el método clave y adecuado para evitar la escasez de divisas y advierten su sesgo regresivo en la redistribución de ingresos.
  • Reconocen el carácter de servicio público de la provisión de gas, luz, agua y combustibles.
  • Proponen una política agraria democrática que grave el latifundio y acabe con la integración vertical de las empresas monopólicas agroalimentarias y promueva la agroecología y la chacra mixta.

 

 

La misión del Consejo Económico y Social

Este acuerdo inicia una discusión respecto de la misma misión del Consejo Económico y Social. No es ocioso el debate en relación a si se trata de un organismo asesor, de un ámbito de consenso corporativo o de un espacio de participación popular como desafío para la construcción de una democracia amplia, en la que la representatividad sea un elemento indispensable pero insuficiente. Parafraseando un decir de la época: “Sin la representación electoral no se puede, pero con ella sola no alcanza”. Una lectura inadecuada y regresiva del Consejo sería la búsqueda de la aprobación de los poderes fácticos de la concentración económica en pos de un supuesto “realismo político” que inhibiría los cambios, quizá con algunas concesiones a una homeopática dosificación en la ampliación de derechos ciudadanos, que garantice hegemonía para una lógica continuista. A esto se lo denominó en la tradición del arte político “gatopardismo”: cambiar algo para que nada cambie.

El comentado y analizado proyecto de unidad entre sectores de la producción y el trabajo, cuyas ideas se exponen en este artículo, aporta a la vocación virtuosa: la construcción de una democracia participativa. Expresa la orientación que expresara el Presidente en varias oportunidades: luego de la pandemia debemos pensar en otra sociedad más igualitaria, más humanista, menos consumista. Claro que los lineamientos iniciales no completan el grado de definición que el decurso de una política transformadora demanda. Pero marcan un rumbo. Le dan un instrumento de gran valor al gobierno nacional, que fue elegido para poner fin al modelo neoliberal y que se propuso no incurrir nunca más en la lógica de endeudamiento-fuga-ajuste en que sistemáticamente nos hundieron las experiencias afines a la financiarización del país.

El agrupamiento que presentó las coincidencias básicas no debería ser un actor más, sino un espacio fundamental en una mesa donde se discuta el Proyecto de largo plazo para el país. Ese Proyecto necesariamente marcará un rumbo. Ese rumbo no tiene el carácter de destino. No se trata de despejar en el debate ninguna posibilidad única. Los caminos de un proyecto de país siempre son varios y no están exentos de contradicciones antagónicas entre ellos. El que marca las coincidencias básicas es el de la ruptura con el liberalismo neo que tuvo varios episodios. Inaugurado con el Programa de Martínez de Hoz y uno reciente –tal vez póstumo— con el descalabro de desposesión popular que terminó con el endeudamiento récord con el FMI.

Otra vez en la Argentina se organiza la posibilidad de una democracia con contenido popular y nacional, que comience a acometer las tareas de ruptura con las restricciones económicas que constituyen las condiciones de dependencia. Por supuesto, que los que suscriben las coincidencias básicas no representan la totalidad de los sectores populares que tienen esa aspiración. También se encuentra en pleno despliegue una conjunción de movimientos de los sectores más vulnerables que están construyendo su inclusión en la vida productiva a través de la economía popular. Ellos también tendrán que ser convocados con un rol clave a sentarse en el Consejo Económico y Social.

Como se ve, una perspectiva nacional, popular y democrática en nuestro país no se nutre del Pacto de la Moncloa. Son otras las condiciones. Es otra la geografía. Pero fundamentalmente son otras las aspiraciones políticas de una ciudadanía agotada de un régimen de desposesión económica y vaciamiento de la democracia por un liberalismo horneado en la dictadura terrorista. El gobierno del Frente de Todos se plantea otra Argentina.

En esa línea de reflexión concluía Cristina Fernández de Kirchner su libro Sinceramente, reflexionando que “ante la caótica situación que vivimos hoy como país y sociedad, escucho hablar de la necesidad de un gobierno de Unidad Nacional, o de un acuerdo social y económico. Nadie puede estar en contra de esos enunciados y propósitos, pero me da la impresión que sólo refieren a acuerdos dirigenciales, superestructurales, de partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresarias, iglesias y movimientos sociales… Y está muy bien, pero… creo que con eso no alcanza. Se requiere algo más profundo y rotundo: un nuevo y verdadero contrato social con derechos pero también con obligaciones, cuantificables, verificables y sobre todo exigibles y cumplibles. Un contrato que abarque no sólo lo económico y social, sino también lo político y lo institucional. Hay que volver a ordenar todo, pero no en el viejo orden, sino en algo nuevo y distinto de lo que tuvimos… El deterioro provocado por las políticas de Mauricio Macri y Cambiemos ha sido demasiado grande, vertiginoso y profundo para pensar que solo unos pocos pueden solucionar esto. Ese nuevo contrato social exigirá también de la participación y el compromiso de la sociedad… compatriotas… Tenemos que acordar cómo vamos a convivir y en qué condiciones… porque así no va más”.

7Sep/200

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LA PATRIA DE LA IGUALDAD  

Mónica Peralta Ramos, Guillermo Wierzba y Horacio González encabezan este manifiesto

Un capitalismo que brutaliza la condición humana

Nos encontramos ante una situación inédita: el mundo atraviesa una crisis sistémica cuyas consecuencias dramáticas emergen como fractura expuesta por la pandemia. Mientras la economía de nuestro país ha sido devastada por el neoliberalismo, la peste desnudó la desigualdad, la pobreza y la miseria en una sociedad arrasada por el paradigma antihumanista de la plus ganancia del poder económico concentrado y la opulencia obscena de la minoría que habita el vértice superior de la pirámide social. La política seguida por el gobierno de Macri destrozó a la economía real y amordazó al país a una deuda externa imposible de solventar. La pandemia agudizó la situación, develando al mismo tiempo la brutal desigualdad económica y social y el creciente poder monopólico de un grupo reducido de grandes empresas en sectores claves de la economía, profundamente insertadas en la financiarización. Pero el dislocamiento económico, político, social y cultural de la sociedad producto del capitalismo financiero global y local es tan grave que, paradójicamente, abre una hendija que permite la imaginación, la ilusión y la aventura de intentar construir otra perspectiva de vida, con otra organización de la economía y la política, luego de la crueldad que quedó evidenciada por la irrupción del Covid-19.

La situación mundial que hoy sufrimos trasciende a las crisis cíclicas que ha tenido el desarrollo capitalista a lo largo del tiempo, y no puede ser reducida a su aspecto económico y/o financiero, pues alcanza al funcionamiento de las instituciones políticas y culturales y se extiende al terreno de la geopolítica. Asimismo, es una crisis que no puede ser “purgada para empezar de nuevo”. Lo que hoy está en juego es mucho más que la destrucción —de valor, de bienes y activos, de riqueza acumulada, de excedente producido, de empleo e incluso de vidas humanas— por guerras, fenómenos que típicamente han ocurrido en todas las grandes crisis mundiales. El quiebre que hoy enfrentamos engendra situaciones catastróficas para todo tipo de vida en el planeta y es consecuencia de la propia dinámica del orden social que hoy impera en el mundo. Es pues una crisis económica y financiera pero también climática, como consecuencia de la depredación del medio ambiente. Es, además, una crisis de supervivencia donde la posibilidad de aniquilamiento de la humanidad como consecuencia de la irresponsabilidad medioambiental, de una guerra nuclear, bacteriológica o tecnológica, está a la orden del día. Es pues, una crisis civilizatoria que plantea la necesidad de un nuevo orden mundial y social.

En estas circunstancias, pensar un cambio de paradigma en nuestro país implica abordar una drástica y radical redistribución del ingreso y de la riqueza que, acompañada de cambios en la matriz productiva, permitirán encaminarnos hacia a una sociedad de iguales. Estos cambios requerirán de un desarrollo tecnológico propio y autónomo cuyo objetivo no sea cerrar la brecha con el centro. Una meta imposible sin la construcción de una vida digna, que elimine la pobreza, alimente la cultura y estimule la creatividad en la producción de nuevos bienes, con el propósito de abandonar el hiperconsumo degradante y desenfrenado del paradigma de vida de la monopolización de la riqueza y la financiarización, con el que comenzó el siglo XXI.

Hoy impera en el mundo una forma de organización social basada en un capitalismo global monopólico y financiarizado, con centro en los Estados Unidos. La Argentina habita la periferia de éste, con una tendencia al deterioro permanente, incentivada por distintos gobiernos neoliberales desde mediados de los ’70 del siglo pasado. Este régimen se ha extendido a lo largo y a lo ancho del planeta, subordinando, subsumiendo y normalizando a un estándar único a países con distintas culturas e instituciones. Este sistema maximiza ganancias y rentas por su control total sobre la vida económica, política y cultural, incluyendo en esto último a la producción de información, de ideas y hasta de sentido común. Por lo tanto, no estamos simplemente frente a un modelo financiero, industrial o mercantil; estas son fases por las que el capitalismo ha pasado a lo largo del tiempo. Hoy estas fases están contenidas en un proceso degradado, que parasita la vida humana, crea pobreza extrema, marginalidad y exclusión, a la vez que desarrolla un estilo de vida que destruye vorazmente las tradiciones culturales construidas en milenios y brutaliza la condición humana.

 

 

Liberalismo o democracia

Hoy la necesidad de romper las cadenas de la democracia liberal es acuciante. Este sistema político es un dispositivo que vela por la aristocratización del poder: la esfera política es reducida al mínimo y predomina, escindido de la misma, el reino de la economía, naturalizada su condición mercantil y privada. Gritan los grandes empresarios del club oligárquico AEA que los que deben organizar y llevar a cabo la producción son los sujetos privados, y pretenden prohibir la socialización de bienes esenciales y estratégicos. Han hecho retroceder al gobierno respecto de la expropiación de Vicentin, holding empresario que hizo un desquicio económico y perjudicó a una región del país, a productores, a sus proveedores y a la banca pública. Los empresarios de la AEA defienden a capa y espada a sus dueños y enfrentan a quienes critican repudiables y torcidas conductas empresariales, porque ubican a la gran propiedad privada de medios de producción por encima de cualquier valoración sobre el orden jurídico. Ellos han sido históricamente golpistas porque ese concepto de propiedad lo han entendido —y lo entienden— por encima de la Constitución y la democracia.

Desde que la sociedad puso fin al Terrorismo de Estado, los sectores más poderosos de la economía han acechado a los gobiernos que se sucedieron en democracia, buscando imponer sus intereses específicos por encima del interés general de la Nación. Durante el gobierno de Macri, han salido a la luz a través de la violación sistemática al Estado de Derecho, el armado de causas mediático-judiciales para destruir a la oposición y los grandes negociados económicos. Esta aventura macrista ha sido un episodio más de la estrategia del lawfare impulsada por los Estados Unidos para poner fin a los nacionalismos populares latinoamericanos, así queda expuesto en las causas de espionaje ilegal que tramitan en diferentes juzgados y eso explica la oposición salvaje del macrismo al proyecto de reforma judicial en curso. Este proyecto intenta poner fin a la estructura endogámica, corroída y oligárquica del Poder Judicial, un paso de fundamental importancia para empezar a saldar una deuda que todavía tiene nuestra democracia. Es necesario bregar por la creación de nuevos canales institucionales que permitan la participación popular en las decisiones que se toman y en el control del mandato de los que ejercen funciones en todos los territorios: desde el barrio y la empresa, a los municipios, las provincias y el Estado Nacional.

Llegó la hora en que democracia y liberalismo encontraron un punto de ruptura, que siempre estuvo latente. No hay democracia con soberanía limitada de la voluntad general de la ciudadanía. No hay democracia sin participación popular en la toma de decisiones. No hay democracia si se la limita a ser el reducto de un pequeño sector que controla la vida económica. Estos son los desafíos que enfrenta el gobierno nacional en un contexto donde los sectores económicos más poderosos y el macrismo intentan restituir el reinado del neoliberalismo.

Este sistema promueve la escisión entre las esferas de la economía y la política para otorgar preeminencia a la propiedad privada concentrada sobre la vida misma, y su éxito mediático se expresa en el fanatismo de quienes organizan movilizaciones que atacan las disposiciones dictadas en defensa de la salud de la población. La violencia política y simbólica de los medios de comunicación hegemónicos constituye la punta de lanza del  dispositivo con el que el liberalismo y su actual diseño neo persiguen la destrucción de la democracia; una demolición que opera mediante su vaciamiento para convertirla en una cáscara que contenga un dispositivo social opuesto al sentido que la define: gobierno de y para el pueblo, mandato y participación popular, autonomía ciudadana en la definición del presente y el futuro de la vida comunitaria. Ese liberalismo neo, cuando percibe el quiebre de la cáscara que falsifica el poder popular, esencia de la democracia, siempre tiene a mano los mecanismos necesarios para derribar gobiernos. Como lo hicieron en Brasil y Bolivia, y cuando no pueden lograrlo, como les ocurre en Venezuela, intentan violar la soberanía nacional mediante intervenciones externas que no excluyen la propia invasión militar.

Los medios utilizados para imponer una política de dominación y subsunción de la subjetividad fueron diversos y dirigidos a los sectores sociales enajenados de sus necesidades e intereses. En años recientes, mientras eran destruidos cotidianamente los derechos alcanzados durante los gobiernos kirchneristas, se desplegaban a través de diferentes discursos, mecanismos de inhibición y cercenamiento a las potencias del pensamiento, destructivos de la aptitud de apropiación de las experiencias vividas durante los años de gobiernos nacionales y populares. El neoliberalismo degradó al sujeto humano a sujeto de consumo, originando una brecha social con quien no tiene trabajo, o lo tiene precario. Muchas personas no perciben salarios suficientes para una vida digna y necesitan endeudarse para el vivir cotidiano. La ideología, los medios y los modos productivos construyen una subjetividad que hace sentir al sujeto subsumido por el sistema como el único responsable de lo que le acontece. Asume la situación a la que es arrojado como una consecuencia de su demérito. Así, la meritocracia y el individualismo encuentran un rumbo común. Y la propiedad privada absoluta e ilimitada su justificación sin Historia. Es el triunfo del neo liberalismo sobre la democracia.

 

 

La pandemia y el imperio de las finanzas

La economía neoliberal de la financiarización fue un factor determinante en los resultados desastrosos alcanzados en el área de la salud de la potencia mundial, con las cifras más elevadas de contagios y muertes. En Estados Unidos, el “cuidado preferencial de la economía” fracasó en el campo de las finanzas y el trabajo: en el segundo trimestre del año registró una caída del 32,9% del PBI (respecto al mismo período de 2019), lleva más de 45 millones de personas desocupadas y una alta proporción de la población debajo de la línea de la pobreza. Lo acaecido en ese país muestra con claridad el efecto negativo de las políticas generadas por el Banco Mundial en los servicios sanitarios, las que impactaron en el deterioro de su eficacia y provocaron una grave inequidad de acceso. En Latinoamérica, se desplegaron modelos imitativos al de Estados Unidos, que también se aprobaron en las Naciones Unidas. Es la prueba que demuestra que la financiarización no sólo invade las finanzas, sino que penetra en la salud, la educación y en todas las instituciones, mediante la acción y presión del Banco Mundial y el FMI, ya que sus políticas están coordinadas y comandadas desde el Tesoro norteamericano. Tampoco el BID excluyó del pregón las reformas de los sistemas sanitarios y otros que significaron un retroceso de la atención de los derechos económicos, sociales y culturales, violando el Pacto de la ONU que exige la progresividad en su cumplimiento.

En los ’90, la atención focalizada y la autogestión hospitalaria promovida desde los Estados condujeron a un progresivo desfinanciamiento de la salud pública con pérdidas de servicios indispensables y empobrecimiento de la calidad asistencial. Luego, hacia el año 2012, se incrementaron los sistemas de aseguramiento para las coberturas de salud y se creó un dispositivo con atractivo nombre: Cobertura Universal de Salud (CUS). Se desplegó el establecimiento de mercados plurales para regular la cobertura y el acceso médico, separando y acotando la función del Estado y permitiendo la intermediación financiera y la presencia de prestadores en asociaciones público privadas. Colombia fue el sitio de implantación inicial, seguido por Chile —que ya había producido cambios en el mismo sentido desde 1981 con el gobierno de Pinochet— y Perú. Argentina, inicialmente, si bien participó en las reuniones, no lo aplicó en la misma intensidad que los países mencionados.

Así, se fueron instalando progresivamente durante 20 años cambios tendientes a descentralizar el sistema sanitario con pérdida del papel del Estado Nacional y su transferencia a las provincias, así como crecientes y regresivas transformaciones promotoras de autogestión, tercerizaciones y seguros de salud. Las consecuencias fueron devastadoras: en la mayoría de los países se desfinanciaron los sistemas y servicios de salud pública, provocando su ineficacia, ineficiencia, deterioro y pérdida de capacidades colectivas para la población.

La Argentina recibió la llegada de la pandemia con una ventaja y una política pública de gran valor. Por un lado, el Covid-19 llegó con considerable retraso, lo cual permitió tomar muchas medidas basadas en las experiencias vividas en el Hemisferio Norte y, por otro lado, la invasión de la peste ocurrió con un gobierno nacional y popular recientemente ganador de elecciones presidenciales, el cual decidió priorizar el cuidado de la salud y salvar al mayor número posible de ciudadanas y ciudadanos ante la fuerte letalidad que el virus mostró en todo el planeta.

Los impactos del coronavirus no fueron iguales en todo el mundo. Aquellos países, aun los más desarrollados de Europa, con servicios muy deteriorados por las políticas neoliberales enunciadas, afrontaron impactos disímiles, según hayan implementado medidas de distanciamiento, cuarentenas, suspensión de clases en forma precoz, privilegiándolas a la preservación de las rentas y ganancias de los monopolios, o si, su comportamiento priorizó la continuidad de la actividad económica y sólo tomaron medidas cuando el número de fallecidos ya era enorme. En América del Sur sucedió algo similar, los países del Pacífico (Colombia, Perú, Ecuador y Chile) optaron por una conjeturada priorización del funcionamiento de la economía, cuidando los intereses de los grupos económicos concentrados, cuando debieron emplear las medidas preventivas — a excepción de Perú, que lo hizo desde el inicio, pero los resultados fueron igualmente desastrosos, probablemente por la precariedad de los servicios sociales y las condiciones de vida popular previas a la pandemia. Estos países presentan una dramática cantidad de fallecimientos y contagios, y sus economías entraron en crisis profundas. Brasil es un caso aparte, porque disponiendo de un sistema de salud público padece los resultados más negativos, a raíz de un gobierno que ignoró la peste y sacrificó vidas por cientos de miles para no lesionar en nivel alguno los beneficios de la burguesía brasileña, revelando la tragedia expuesta de una sociedad enferma de racismo, clasismo y sexismo.

Es evidente que la salud pública fue el primer blanco impactado mundialmente por el Covid-19. Pero es indiscutible que la patogenicidad del virus se complementó con políticas sanitarias y económicas antipopulares, mercantilizadas y debilitadas que desarticularon los servicios de salud y causaron un daño cuya envergadura nunca fue vista en los últimos 100 años.

 

 

La emergencia nacional

Vivimos una situación de emergencia nacional única en la historia del país. Mientras la pandemia avanza, una estructura de poder formada a lo largo de décadas de historia argentina intenta desestabilizar al gobierno surgido de las elecciones del 2019. Este tiene la legitimidad que le da el voto ciudadano para concretar un proyecto nacional y popular para poner fin al hambre, la exclusión y la fragmentación, reponiendo el objetivo de la igualdad como clave de su política. Una de las transformaciones centrales que se ha propuesto es llevar a cabo una reforma judicial que garantice el pleno funcionamiento del Estado de Derecho, sin privilegios y con justicia social, así como la ampliación y los cambios en la legislación que concurran a la construcción y vigencia de una sociedad humanista, solidaria e integrada en el marco de una república democrática, con plena participación popular, sólo posible con la reconquista y el alcance de una verdadera y definitiva independencia nacional.

La pandemia ha expuesto los niveles de desigualdad con los que convive la sociedad argentina y las severas consecuencias sociales que provoca la injusta concentración de la riqueza, dejando en evidencia la polarización extrema de ingresos, los elevados niveles de informalidad y precariedad, las necesidades insatisfechas de los barrios populares, la brecha inadmisible en las condiciones habitacionales y la inequidad en el acceso a una tecnología indispensable, que hoy debería ser masiva, pero permanece reservada a los sectores de ingresos medios y altos. Así, el virus desnuda el generalizado incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, consagrados por la Constitución Nacional que incluye el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, también, de los derechos incluidos en el artículo 14 bis.

El momento, extremadamente crítico, exhibe la desatención de los sectores vulnerabilizados por décadas de financiarización capitalista, llevada al límite por parte del último gobierno neoliberal. Su continuidad no se ha interrumpido en las cuestiones que decide el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni en otras comarcas gobernadas por Cambiemos, como la provincia de Jujuy, que ha desmanejado la pandemia en beneficio de una burguesía local de tradición represiva y explotadora, como lo son los Blaquier y el Ingenio Ledesma, mientras mantiene presa ilegalmente a la lideresa social Milagro Sala.

Nuestro país, y el mundo, necesitan un debate profundo orientado a discutir la función social de la propiedad privada y su carácter relativo, que combata el exceso de concentración de riqueza y que siente las bases de una sociedad emancipada, justa e igualitaria, desarrollando también formas de propiedad colectiva, cooperativa y comunitaria, entre ellas la de los pueblos originarios, que enriquezcan las opciones de vida económica a disposición para organizar la vida productiva. El reingreso del Estado en la vida económica, en la propiedad de recursos y empresas estratégicas, y en la prestación de servicios esenciales es urgente. Su rol en la pandemia fue determinante para contenerla, mientras el sector privado, aun el más poderoso, sólo reclamaba ayuda –oponiéndose a un imprescindible y justo impuesto a las grandes fortunas—, a veces, con el mezquino y avaro interés de no perder nada por parte de los que detentan miles de millones de dólares ahorrados en el país, o fugados en el exterior. Pero el debate no se agota abordando sólo la titularidad de la propiedad sino en la discusión que garantice la efectiva participación popular en su ejercicio y/o control.

Históricamente, los grupos de poder han condicionado a los gobiernos en democracia y han operado con tres pinzas: inflación, corridas cambiarias y fuga de capitales. Cuando no lo han podido lograr apelaron al golpe militar, al golpe “institucional” o al terrorismo de Estado. Esto ha sido permanente a lo largo de décadas y llega hasta el presente. Estos grupos económicos, extranjeros y nacionales no tienen raigambre ni sentido nacional, están ensamblados en un esquema de prebendas y regulaciones que les ha permitido sustituir inversiones por subsidios, obtener beneficios impositivos de todo tipo, remisión indiscriminada de ganancias, y si el panorama político local o internacional se complica, vaciamiento de empresas y fuga indiscriminada de capitales. El punto de referencia de estos grupos económicos concentrados ha sido, desde hace mucho tiempo, un puñado de grandes corporaciones multinacionales que dominan cadenas de valor global, en las que el país está insertado desde eslabones relativamente débiles, y el mercado financiero internacional, los grandes bancos y los fondos especulativos. Aliados a ellos, en un modelo de país reprimarizado, se confabulan ahora para profundizar un modelo elitista y dependiente, para beneficio de los grandes exportadores de granos y los grandes productores agropecuarios de la pampa húmeda a los que ahora intentan sumarse las grandes corporaciones privadas involucradas en la producción y exportación de gas y petróleo no convencional y convencional.

 

 

El odio ataca a la vida

Desde diciembre de 2019, este modelo neoliberal se ha activado para resistir cualquier intento del gobierno de cambiar el status quo.

En el ámbito de la economía, la política del gobierno ha sido atacada con presiones inflacionarias (especialmente en el rubro alimentos) a pesar de tarifas congeladas, control cambiario y salarios no recuperados. A esto se suma el bloqueo de la banca privada al otorgamiento de crédito al consumo y a las pymes, a pesar de los estímulos dados por el BCRA para reactivar la economía, y presiones que han promovido un arreglo de la deuda con los acreedores privados con la misma actitud genuflexa con que se les pagó a los buitres. El gobierno, sin embargo, resistió consiguiendo plazos y mejoras de tasas que le darán aire a su gestión. Con estas maniobras los grupos económicos más poderosos han intentado impedir que el gobierno ponga algún límite a su capacidad de formar precios y de apropiarse de mayores ingresos y rentas. También han tratado de impedir que el gobierno asumiera una actitud de firmeza frente al capital rentístico internacional. Próximamente, en la difícil negociación con el FMI, las presiones locales y extranjeras para imponer reformas previsionales y laborales que significarían más de siete décadas de retroceso social, deberán ser resistidas por el gobierno del Frente de Toda/os, que necesitará de la movilización popular masiva para imponer su convicción de progreso social, mientras también tendrá que sostenerse intransigente en su negativa a apretones fiscales que impedirían la mejora del gasto social, los salarios, el empleo y el nivel de actividad económica.

En lo judicialhan resistido los intentos de cambios, bloqueando información, cajoneando causas que puedan perjudicar al macrismo, enlazando estructuras paraestatales de persecución política e ideológica, imponiendo decisiones sobre los otros poderes del Estado impidiendo el ejercicio del gobierno, como la inaudita orden de una jueza de limitar una sesión del Senado y la impertinente medida de un juez desconociendo un DNU —es decir, un decreto del Poder Ejecutivo con rango y fuerza de Ley—, sin cuestionar su constitucionalidad, que disponía la intervención de Vicentin. El establishment obstruye, así, todo intento de reforma judicial, argumentando una supuesta impunidad de los sectores políticos que imprimen una amenaza a sus intereses.

En el ámbito de las comunicaciones, los medios concentrados distorsionan y ocultan información e invisibilizan la magnitud del deterioro social resultante de la gestión de Cambiemos. Continuando las operaciones periodísticas de la era de Macri, han fomentado el odio social hacia Cristina Fernández de Kirchner y el peronismo, y han hecho lo imposible por naturalizar la miseria heredada en el país. Las pocas manos que controlan los principales grupos de la comunicación privada comercial, hegemonizan la información mediática en un sistema de medios que, además de estar altamente concentrado, está profundamente mercantilizado, ya que las normativas de radiodifusión —con excepción del período kirchnerista, que establecía la posibilidad de un desarrollo equitativo entre el sector privado comercial, el sector privado sin fines de lucro y el Estado— privilegiaron el desarrollo del sector privado comercial, denostaron y desarmaron los medios públicos y favorecieron la extranjerización, desnacionalización y conformación de multimedios con base preeminentemente porteña.

En el ámbito políticodesde el mes de diciembre, el macrismo ha intentado bloquear prácticamente todas las iniciativas legislativas del gobierno de Alberto Fernández, pasando además a la “acción directa” al impulsar con “productores auto convocados”, y otros sectores de la población, a movilizaciones contrarias a los aumentos a las retenciones a las exportaciones agropecuarias, obstruyendo el intento oficial de intervenir a Vicentin y atacando las medidas de aislamiento que la pandemia impone.

Llegaron al extremo de utilizar la figura del Libertador José de San Martín, desvirtuando su ideario y su inquebrantable combate por la independencia nacional, valiéndose de un banderazo que apuntaba contra el pueblo y la Nación Argentina. No solo los próceres son enviados a la casa de remates donde sus frases son dadas vuelta y convertidas en su contrario. La libertad se pronuncia solo para perderla más fácilmente, el sentido libertario se esgrime para hacernos saber que debemos quedar en manos de los oligopolios y empresas que controlan nuestras comunicaciones, el llamado a proclamar que cualquier trabajo puede hacerse sin peligro participa del irresponsable cálculo del costo en vidas que está en manos de cualquier gerente de las grandes empresas, la postulación de valores primigenios como el trabajo se realiza en un vacío que ignora el contagio y manipula la justa ansiedad que tenemos por retomar actividades laborales productivas y creativas. Cuando escucharon decir primero la vida para recrear la economía, traducen como primero la economía para enseñar que es necesario seguir despreciando cuidados, protecciones y acompañamientos a los desprotegidos, que no son actos que se midan en el balance comercial. El afán de golpear en la oscuridad al gobierno democrático, pero usando palabras egregias aunque burdamente mezcladas con pensamientos delirantes, mesiánicos, mágicos y oscurantistas, no debe provocar la risa de los meramente racionalistas. Debemos responder con la razón, pero una razón sustantiva y crítica que, conociendo la historia, debe saber que en esos bocinazos de “rebeldía cheta” pueden esconderse los signos renovados de un intento severo por destruir las instituciones representativas tan trabajosamente recuperadas y defendidas por la mayoría democrática de la población. Que por eso mismo guarda en su corazón los deseos de grandes transformaciones en el país, que sabrá expresar en el momento oportuno. La amenaza tiene la gravedad que requiere la formulación y efectiva comunicación de un Proyecto, por parte del gobierno popular, destinado a movilizar la adhesión, el apoyo y la movilización que a la vez que fortalezca las definiciones y decisiones que desarmen las estructuras neoliberales heredadas, disipen esa intimidación.

Frente a esto, el Decreto de Necesidad y Urgencia sancionado por el Poder Ejecutivo que declaró servicio público y esencial a la telefonía móvil y fija, internet y la TV paga constituye un paso de gran importancia para contener la ofensiva de los poderes concentrados y avanza en el otorgamiento de más derechos a la ciudadanía al poner al alcance del conjunto de la población bienes y servicios que resultan esenciales a la vida humana. Muestra que el gobierno está dispuesto a utilizar los resortes del Estado e intervenir en los mercados monopólicos para regularlos, y reconoce que el acceso al internet y las telecomunicaciones son un derecho humano y por lo tanto accesible a toda la población.

Se aproximan meses difíciles para el gobierno, en los que se multiplicarán los esfuerzos del macrismo por trabar el funcionamiento del Congreso. Asimismo, la multiplicación de anuncios agoreros sobre anarquía, ríos de sangre y golpes de Estado no deben ser banalizados. Muestran que los grupos económicos concentrados, el macrismo y la mafia enquistada en las instituciones políticas y judiciales harán lo indecible para impedir las transformaciones significativas que se necesitan para encaminarnos hacia la inclusión social y la independencia nacional. Ante esto, el principal recurso que tiene el gobierno es la organización y movilización del pueblo y la participación de sus organizaciones. Esto otorgará legitimidad y fuerza al gobierno, no solo ante las negociaciones con el FMI sino también ante los poderes fácticos que intentan desestabilizarlo para reproducir la actual estructura de poder.

 

 

El acto cultural emancipado

Las maniobras mencionadas atacan a la línea de flotación del proyecto oficial que tiene por principales objetivos erradicar el hambre e incluir socialmente. Pero, así como en los planos desplegados, nos preguntamos también por la cuestión cultural. Su abordaje en materia de política pública no surge luego de consultar los demás aspectos determinantes, tanto económicos como sociales. Si no que está antes, durante y después de ellos, como figura silenciosa y rostro indeclarado del lenguaje público, íntimo o confesional. Pero como la cultura no es solo el subsuelo enraizado e impalpable en que vivimos, sino que se plasma en obras, precisa establecerse una relación de intercambio creativo con las instituciones del Estado.

Por eso son válidas las observaciones críticas que hoy se hacen, en torno de que, a pesar de las imposibilidades reinantes, a causa de una medida sanitaria global necesaria y sostenida en el “privilegio de la vida”, no se han encontrado vías más creativas para a su vez proceder a un “privilegio del acto cultural emancipado”. Llamamos así al que surge de un parpadeo donde en un momento es válido que el Estado lo contemple con su sostén, y en otro ocurre un emergente creativo de total autonomía donde la institución pública que fuese, aun considerándose sostén de cualquier actividad cultural, se exime de valerse de ella, como si refrendara tal o cual énfasis benevolente del Estado. Ante la obra, el Estado que puede haberla sostenido, calla, observa y aprende de lo que ella significa cuando va más allá de las costumbres, normas y lógicas establecidas.

La cuestión de las industrias culturales es un factor dominante en un panorama donde antes solo parecía existir el desafío de la vinculación entre intelectuales y la clase popular-nacional, en relación con qué recursos de la lengua van a ser empleados. No solo para la comunicación, sino para evitar un comunicacionismo abrumador que congela la lengua nacional en rituales y algoritmos inconscientes, cuyo control último pertenece a las fábricas mundiales de simbologías del entretenimiento, y cuya contracara son las nuevas formas de control social.

El viejo debate entre culturas populares y obras surgidas de los géneros artísticos firmadas por autores identificados por su alta sensibilidad hacia los secretos y peligros de la época se mantiene tímidamente, así como las opciones aparentemente contrarias de construcción de centros de cultura populares o la organización de espectáculos públicos masivos. No hay lugar en estas disyuntivas para que se acentúe una dimensión en detrimento de la otra. Pero tampoco se trata de buscar equilibrios a cargo de especialistas mediáticos sino de la multiplicidad de niveles en que se realiza la pertenencia entre la vida popular y las grandes obras de la cultura.

Más importante que continuar con esta polémica, es saber que todas las posibilidades culturales están inmersas en los flujos tumultuosos de la lengua nacional, cruzada por todas clases de intervenciones, ante las que ella reacciona y se reconstituye permanentemente. En este océano lingüístico actúan los grandes medios de comunicación masivos, produciendo un efecto de aplanamiento —como se ha dicho—, porque en ellos se actúa en general con un alto control de la inteligibilidad de los discursos, cualquiera sea la argumentación que se busque. En verdad, las argumentaciones ya pertenecen a un mundo anterior, que debe ser repuesto inteligentemente, pues su reemplazo por una semiología industrializada de gestos, escenografías, conflictos guionados y personajes que “estallan” ante los dichos de otro contrincante, llevan a toda una sociedad a abandonar progresivamente los instrumentos necesarios para la autorreflexión y la elaboración de espectadores libres, capaces de discernir una opción válida ante cualquier conflicto detectable como parte de un interés cultural surgido genuinamente y no por inducción del mercado de los llamados “consumos culturales”.

Como los mencionados consumos entran en un mercado discursivo, al que podríamos denominar mercado de entes y objetos simbólicos preconstituidos, se trata de que toda emisión de cultura pública, sobre todo en la televisión masiva, no siga un único canon disponible para la recepción de los discursos, con fuerte incautación de sentimientos primordiales del espectador, con la permanencia de la regla general de comprensión básica ya trazada para todas las audiencias por los “gerentes de contenido”, que actúan con leyes de oferta y demanda que de seguir vigentes con su característico absolutismo, nunca más habrá un Borges, un Jauretche, un Cortázar, un Marechal, un Ginastera o un Berni.

¿Una política cultural debe intervenir en estos aspectos de la redefinición de las acciones colectivas individuales en una democracia? La intervención estatal, en el aspecto de los canales públicos, debe realizarse sin afectar ninguna de las libertades clásicas de la información, el secreto de las fuentes y la autonomía en el uso de cualquiera de los parámetros de difusión, pero, en cambio, sí es necesario observar cómo dilema, debate y cuestión inmediatamente política, el momento en que los medios se transforman en grandes alianzas corporativas con intereses empresariales de gran escala, siendo precisamente los medios de comunicación una de esas escalas, en la medida que el mercado de los símbolos de consumo —fuertemente entrelazados con el consumo mismo—, hacen un solo bloque con las grandes empresas alimentarias, industriales y comunicacionales. Construyen en efecto un solo bloque productivo de usos inmediatistas del arte y la lengua, del entretenimiento sutil y las informaciones manipuladas, que falsifican tanto la comunicación como la reproducción de la vida. Por eso es tan necesario que los medios públicos se destinen a equilibrar estas desigualdades trágicas que producen los oligopolios culturales, lanzando desafíos dignos del gran arte popular y clásico.

 

 

Crear, debatir, construir

Existen distintos espacios, grupos, organizaciones, movimientos que hoy (como en las distintas etapas por las que atravesó nuestro país, la región y el mundo) discuten y se organizan en torno al momento actual y sus consecuencias. Existen ámbitos de encuentro por medios remotos para sortear las restricciones de la pandemia y hay valiosos escritos ya difundidos por varios colectivos. Pensamos que es importante la reflexión y la potencia de los esfuerzos que conjuntamente puedan articular pensamiento y acción, en un debate franco y en una discusión profunda. Como un aporte más, aquí caracterizamos, opinamos y nos pronunciamos sobre algunos problemas estructurales que encuadran la situación que hoy vivimos. Es una invitación para que en este momento que atravesamos, la reflexión y discusión sistemática permita crear, imaginar y construir un lugar de iguales donde vivir, sobre la base de los desafíos producidos por los cambios ocurridos en el mundo, y la forma en que estos afectan a nuestro país, tanto en el presente como en el mundo de la post pandemia que se avecina.

3Sep/200

LA DICTADURA DE LOS ACREEDORES

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Un debate trascendental sobre la Argentina a construir para después de la pandemia

 

El debate sobre la Argentina a construir para la post pandemia constituye una cuestión central de las conversaciones e inquietudes intelectuales del presente, cuando estamos atravesando el acontecer más complicado de la peste. Esa discusión aborda planos muy diversos.

En el campo de la economía hay múltiples aspectos sometidos a la confrontación de opiniones. La particularidad del país es que el coronavirus aconteció unos tres meses luego del cambio de gobierno, que implicó una decisión popular de sustituir un modelo neoliberal por un proyecto nacional. La pandemia impregnó la vida de la economía y la sociedad antes de que pudiera desplegarse la transición. Eso colaboró con quienes esgrimen las premisas ortodoxas que dieron sustento teórico-ideológico al gobierno de Cambiemos, para que desplegaran un velo sobre sus consecuencias desastrosas. Los neoliberales desplazaron responsabilidades y endilgaron el daño causado por la política de Cambiemos,  a un  inventado mal-manejo  de la economía en pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández. Aprovecharon para reinstalarse rápidamente en la discusión y pregonar una restauración de una política económica contra la que se expresó la voluntad popular.

 

 

Liberalización financiera o financiarización

El núcleo del dispositivo restaurador es la liberalización financiera. Sus propuestas centrales son la desregulación del mercado cambiario, de la tasa de interés, de la regulación del destino del crédito, del movimiento de capitales de y hacia el país, la desarticulación de los controles de precios, la disminución de la presión fiscal, el ajuste del gasto público, la flexibilización del mercado de trabajo y la reforma privatizadora del sistema previsional. El factor común y la clave de esta visión ortodoxa es la desintervención estatal de la economía.

Los economistas que propalan este paradigma de organización económica sostienen que el mercado es un asignador de recursos que optimiza el funcionamiento de la economía. Muchos son los mismos que a mediados de los ’70 impulsaron entusiastamente estos principios y aseguraban que su implementación favorecería el desarrollo económico al “liberar las fuerzas productivas”. Otros, sus seguidores, formados en las misma premisas teóricas del mainstream.

Los economistas heterodoxos caracterizaron al despliegue de este dispositivo como financiarización. Chena, Buccella y Bosnic en su artículo Efectos de la financiarización en el cambio tecnológico en América Latina-Estudios sobre la financiarización de América Latina  (CEPAL, 2018) hacen esta interesante distinción:

“Es probable que la diferencia fundamental entre el concepto ortodoxo  de liberalización financiera y el concepto heterodoxo de financiarización se deba a que cada uno de ellos responde a dos premisas conceptuales irreconciliables entre sí: el riesgo y la incertidumbre”. Respecto de esa sustancial diferencia se apoyan en Lavoie, quien define al riesgo como “un escenario presente en el que cada opción presenta un conjunto de resultados posibles, cuyos valores son conocidos y pueden asociarse a una probabilidad matemática. Los escenarios de incertidumbre por el contrario se caracterizan porque las opciones posibles son desconocidas”. El modelo analítico de la liberalización financiera cuya evaluación es utilizada por el inversionista, requiere de una tasa de certeza y una prima de riesgo. Esto induce a un comportamiento de la conducta inversora, que aplicado a escenarios de incertidumbre, conduce a una incorrecta asignación de recursos en la economía. Esta falencia es producto de la conducta inducida por el carácter del inversor financiero, distinta a la que tenía el de sesgo productivo. Ya se verá cómo no sólo resulta incorrecta la asignación de recursos, sino que esa conducta también reduce el nivel de inversión y altera regresivamente la distribución del ingreso.

Las corrientes heterodoxas más que hacer una definición de financiarización, subrayan una cantidad de fenómenos que en concurrencia constituyen el concepto. En la introducción al texto de CEPAL citado, Abeles, Caldentey y Valdecantos citan un conjunto de características que los autores heterodoxos le asignan:

  • El predominio de una forma de gobernanza corporativa enfocada a la valorización de las acciones de las empresas.
  • El carácter cortoplacista en la toma de decisiones de inversión.
  • El poder político y económico de los rentistas y el capital financiero.
  • Un cambio en la lógica de valorización del capital que constituye una renovación del patrón de acumulación, en donde las ganancias devienen fundamentalmente de canales financieros.
  • La plétora de instrumentos financieros, como los derivados, que originan un extenso ámbito de comercialización financiera.

Estos elementos constituyen un dispositivo que permite el desacople de la economía real y la financiera, descoordinación que causa el advenimiento de sistemas financieros complejos, interconectados y frágiles. Los mismos autores señalan que entre 1980 y 2007 la tasa de crecimiento del sector financiero fue del 9,5% en los países en desarrollo, mientras que la de los otros sectores fue del 3,6%. En América Latina esta diferencia es aún mayor, anotando evidencias nocivas de la liberalización financiera.

Chena, Buccella y Bosnic exponen una de las definiciones que asoma como sustancial: la financiarización sería una nueva etapa del capitalismo que modifica en forma definitiva sus instituciones para imponer la supremacía de las finanzas.

Otra definición de estos autores sitúa a la financiarización como una puja entre el capital productivo y el capital financiero, en la que el primero predomina en la mayoría de las relaciones económicas, imponiendo sus normas y regulaciones, inclusive en el mercado de trabajo y la actividad económica.

De hecho se observa que el texto de la CEPAL describe que en América Latina, ninguna actividad productiva proporciona beneficios que superen o igualen a las finanzas, salvo la prestación de servicios monopólicos o la explotación de recursos naturales. En tanto, la inversión real se redujo con el advenimiento de la financiarización, sin recuperar jamás los niveles previos a 1980. Además, los autores del texto subrayan que la distribución del ingreso ha empeorado tanto en su observación funcional (salarios y ganancias) como en la personal (comparando la población por deciles).

 

 

El Estado y no el mercado

Las características de la financiarización y las evidencias sobre sus resultados explican la coincidencia de intelectuales y economistas de diversas procedencias heterodoxas respecto a la inconveniencia de dejar el proceso de cambio tecnológico en la región en manos de grandes capitales extranjeros. El cortoplacismo, la errónea evaluación desde una lógica de riesgo y no de incertidumbre, las imposiciones de reestructuraciones institucionales, la evidencia de la caída de la tasa de inversión, la desigualdad social provocada por el régimen, hacen imperioso evitar que el perfil de investigación y desarrollo se despliegue sobre la base de un dispositivo mercantil que opera con actores privados motorizados por tipos de rentas, ganancias y plazos que deterioran la tasa de crecimiento de la economía y la construcción de igualdad.  Esos estudiosos entienden que debe ser el Estado y no el mercado quien dirija y realice los procesos de innovación tecnológica, restaurando el cálculo financiero tradicional ligado a lógica del capital productivo, que lidia mucho mejor con el concepto de incertidumbre que el del inversor privado del capitalismo financiarizado.

Ya no sólo se debe combatir el prejuicio que sostiene que el Estado investigador, inversor y productor es de calidad inferior a la del gran capital privado extranjero, sino que está en mejores condiciones de liderar un proyecto de desarrollo. Mejor dicho, está en condiciones de conducirlo mientras que el capital privado extranjero carece de esa capacidad.

Miotti señala en otro artículo del mismo libro, que los aumentos de productividad en la época del capitalismo fordista (1950-1975) se distribuían entre asalariados y capitalistas, sin alterar la distribución del ingreso. Mientras que en el tiempo de la liberalización financiera los aumentos de productividad son apropiados por los capitalistas. Así, la financiarización requiere que el consumo sea sostenido por el crédito porque los niveles salariales son insuficientes.

Kaltenbruner y Painceira señalan en Financiarización de América Latinaimplicancias de la integración financiera subordinada que “mientras que la integración financiera internacional transforma el sistema financiero nacional en las economías capitalistas emergentes, esas mismas transformaciones facilitan y profundizan aún más la integración financiera internacional… Al igual que su integración en los mercados de productos, estas relaciones financieras se han caracterizado por la dependencia, la subordinación y las jerarquías. Como destacan los estructuralistas latinoamericanos, las vulnerabilidades y limitaciones de las periferias son históricas pues necesariamente cambian y evolucionan con el tiempo en sinergia con el cambio y la evolución de los centros”. De estas reflexiones y de las conclusiones expuestas anteriormente, se desprende que la financiarización acentúa la dependencia y el desarrollo desigual. La intensa exposición de América Latina a los movimientos de capitales aumenta su vulnerabilidad y la volatilidad cambiaria, que en muchas circunstancias depende de las condiciones internacionales que se agregan a las propias de las macroeconomías locales. La profundización de la dependencia que consolidó la financiarización fue reforzada significativamente, porque las economías periféricas no pueden emitir dinero mundial.

La financiarización conduce a altas tasas de interés, que inciden en forma negativa sobre la inversión y el consumo interno. La volatilidad cambiaria y el intenso movimiento de capitales debilitan las monedas locales. La prevalencia de la deuda en moneda extranjera aunada con la debilidad de la moneda nacional lleva a que las devaluaciones requieran una generación futura de divisas para el servicio de esa deuda. La lógica de la liberalización financiera tiene sus beneficiarios en los centros de poder financiero mundial, los prestamistas de moneda mundial, cuyos beneficios superan los de cualquier actividad productiva.

Chesnai define contundentemente al predominio del capital financiero como una “dictadura de los acreedores”. El liberalismo neo es el paradigma político del poder financiero concentrado, que escinde la política de la economía como forma de garantizar el despliegue de un capitalismo rentístico que apunta contra el desarrollo de las economías periféricas. Si entendemos como pilares de ese desarrollo al crecimiento de la economía, la promoción de una mejor distribución del ingreso y al despliegue de sectores productivos no tradicionales, la liberalización financiera ofrece la negación completa de esos objetivos.

 

 

Desposesión: la acumulación primitiva no cesa

Harvey en El nuevo imperialismo (Akal, 2004) revisa la formulación de Marx, quien señaló la diferenciación entre la lógica del momento constitutivo del capitalismo, donde mediante la violencia y el despojo, ajenos a una institucionalidad legal, se conformaron los cimientos de relaciones que permitieron la posterior acumulación capitalista, efectuada con la legalidad de igualdad formal sobre la que se edificaría un régimen de desigualdad real sustantiva.

Este autor sostiene que las condiciones de acumulación merecen una reconsideración, ya que el fraude y la depredación como modo de acumulación persisten hasta el presente. Dice Harvey que “ un examen más detallado de la descripción marxiana de la acumulación primitiva … [incluye] la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por la fuerza de poblaciones campesinas, la conversión de varios tipos de propiedad (comunal, colectiva, estatal, etc.) en derechos de propiedad exclusivos… la mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas (indígenas)  de producción y consumo, los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de bienes (incluidos los recursos naturales), la trata de esclavos, la usura, la deuda nacional y más recientemente el sistema de crédito” y afirma que “todas las características de acumulación primitiva mencionadas por Marx han seguido poderosamente presentes en la geografía del capitalismo… Durante las últimas décadas se ha acelerado el desplazamiento de las poblaciones campesinas… muchos recursos que antes eran de propiedad comunal están siendo privatizados, como el agua (con frecuencia bajo la presión del Banco Mundial), se privatizan industrias nacionalizadas; las granjas familiares se ven desplazadas por las grandes empresas” y «la cesión al dominio privado de los derechos de propiedad comunales obtenidos (el derecho de pensión pública, al bienestar, a la sanidad pública nacional) ha sido una de las fechorías más sobresalientes de los planes de desposesión emprendidos en nombre de la ortodoxia neoliberal”.

Harvey también señala que los planes de ajuste estructural del FMI tienen como objetivo organizar las condiciones de desposesión por medio de los efectos de devaluaciones, evitando la ocurrencia de un colapso general.

 

 

Una batalla cultural

La Argentina reestructuró su deuda externa. El objetivo de política fundamental del proyecto nacional es cerrar el camino a otro ciclo futuro de endeudamiento. La deuda en moneda extranjera de los Estados nacionales funciona como un eslabón fundamental de la cadena que articula dependencia con desposesión. Pero la deuda es solo un eslabón de esa cadena, que incluye además todos los eslabones de la financiarización o liberalización financiera, como guste llamársela. Este régimen es hegemónico a nivel mundial, y la inserción de la economía nacional en el mismo ha impedido el desarrollo y la construcción de igualdad.

De lo expuesto se puede concluir que depositar las expectativas en políticas market friendly para atraer inversiones extranjeras, como proponen los economistas de impunidad mediática, contraviene el camino necesario para la consecución de esos objetivos. Ni siquiera la herencia del viejo desarrollismo podría ser la fuente para argumentar esa receta, porque la lógica vigente en los móviles de la inversión externa es de un orden diferente, siendo sus objetivos la ganancia previsible en términos de costo de oportunidad financiero. Tampoco el canto de sirena ortodoxo de la liberalización financiera, ni la flexibilización de las regulaciones cambiarias, traerán ninguna ventaja, sino que producirán volatilidad financiera, alza de las tasas de interés, valorización parasitaria del capital y su posterior fuga.

La flexibilización laboral y la reforma previsional son mecanismos de desposesión atentatorios contra la plena vigencia de los derechos económicos sociales y culturales, y están destinados a bajar el salario y a que los aumentos de productividad sean apropiados sólo por el capital. Además persiguen la reducción del gasto público para que las grandes fortunas no paguen impuestos, reforzando la regresividad distributiva. Las constantes presiones para extender la frontera agropecuaria mediante la expulsión de campesinos que habitan ancestralmente sus tierras practicando la agricultura familiar, también son mecanismos de desposesión atentatorios del derecho a la propiedad y de los DESC. Las privatizaciones de empresas de servicios públicos y la consecuente fijación de tarifas como si vendieran mercancías a clientes, han constituido una desposesión flagrante y violatoria de derechos esenciales de la ciudadanía. El régimen de desintervención del crédito ha sido atentatorio del derecho al desarrollo de los pueblos.

Resulta necesario para la construcción de una Argentina solidaria, humanista, igualitaria, autónoma y desarrollada desandar las reformas pro-financiarización iniciadas por la dictadura militar, continuadas por los gobiernos de Menem y De la Rúa y restauradas durante los cuatro años de gestión de la Alianza Cambiemos. No hay contradicción entre la reactivación económica y el desarrollo de largo plazo, que será necesario  encarar a la salida de la pandemia. Ni la hay entre igualdad y desarrollo. En los países de inserción periférica en la economía mundial, hoy más que nunca el desarrollo científico tecnológico  y la inversión para el desarrollo deben ser fundamentalmente desplegados por el Estado. Los servicios públicos requieren ser desmercantilizados y atendidos como derechos de ciudadanía. Un proyecto nacional necesita desplegar una batalla cultural, teórica y de ideas para desplazar la hegemonía que el liberalismo neo construyó en sus períodos de hegemonía y que se resiste, y resistirá, a abandonar.

2Ago/200

Equilibrios

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EQUILIBRIOS

Una nueva estructura productiva impondrá una nueva distribución del ingreso

El retorno en la Argentina de un gobierno de carácter democrático, nacional y popular se topó con la pandemia a pocos meses de haber asumido. Adoptó frente a la misma una actitud preocupada, que este viernes 31 de julio volvió a usar el tono severo, dramático y atento con que se había iniciado una política que se puede identificar con el lema primero la salud. También, la circunstancia de ese drástico cambio de vida y de dinámica en la economía mundial abrió el camino para que el Presidente cuestionara el capitalismo existente e hiciera una reivindicación del valor de la igualdad, objetara el hiperconsumismo y expresara la necesidad de un cambio de la lógica con que se movía la economía global contemporánea.

Transcurridos más de cuatro meses de pandemia, mientras su extensión y gravedad se intensifica a nivel mundial –y también en nuestro país—, confrontan dos perspectivas respecto del futuro de la vida económica en la Argentina.

  • Una restauradora de las condiciones previas.
  • La otra, transformadora.

Las instituciones representativas del gran empresariado argentino son tributarias de la primera. La AEA, por ejemplo, ha señalado que es “al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina”, y se pronunció en contra de la presencia del Estado en una empresa que interviene en el comercio exterior. La UIA, menos doctrinaria, pero en sintonía con la prédica antiestatista, reclama del sector público subsidios, rebajas impositivas, moratorias tributarias, pero es siempre favorable a promover flexibilizaciones laborales que mejoren la correlación de fuerzas del capital frente al trabajo.

En términos de la economía política, el tema fundamental al que se aboca es a la distribución del ingreso. Respecto de los objetivos de la igualdad y la reducción de la pobreza ese reparto resulta sustantivo. Pero para que sea factible es indispensable la intervención del Estado en la economía. La legislación, las políticas salariales testigo del sector público, el salario mínimo vital y móvil y el funcionamiento adecuado de las convenciones colectivas de trabajo persiguen una determinada distribución del ingreso. En general se puede afirmar que en el marco de gobiernos de raigambre popular se despliegan políticas distributivas que favorecen a los trabajadores y a los sectores más carenciados. En cambio, las políticas flexibilizadoras del mercado de trabajo, el debilitamiento de las organizaciones sindicales y la ausencia de la participación del Estado en la economía persiguen aumentos de la tasa de ganancia respecto de los salarios.

 

 

La restricción externa

La Argentina afronta cíclicamente sus episodios de restricción externa. Cuando la economía crece, también lo hace la industria, que requiere de insumos importados y se expande la necesidad de divisas que demanda el aparato productivo. La exportación concentrada en el tradicional sector agropecuario, que goza de ventajas naturales, depende en precios y cantidades exportadas del mercado internacional. Si sus condiciones son las habituales, entonces el impacto de la expansión tendrá un límite. Hoy existe consenso de la necesidad de expandir las exportaciones industriales con el fin de alejar lo mayor posible la restricción externa. Pero respecto de cómo hacerlo las posiciones están enfrentadas.

Lo que no está en duda es que un mayor nivel de exportaciones depende de la competitividad de la economía y de un cambio en la estructura productiva que amplíe la canasta de bienes exportables. Respecto de la primera se abre una importante discusión distributiva. La pregunta es: ¿cómo se aumenta la competitividad?

La visión conservadora y resignada respecto de la estructura económica argentina entiende como la herramienta central de estímulo de las exportaciones, lo que habitualmente se llama competitividad espuria. La competitividad espuria radica en depreciar el tipo de cambio para bajar el salario en dólares y disminuir el costo empresario. Como se observó en la historia argentina, esas devaluaciones provocan inflación y el descenso de los ingresos en dólares se resuelve en una baja del salario real en pesos. O sea que el aumento de la competitividad de la economía se lograría bajando los salarios. Pablo Gerchunoff, un economista actualmente devenido en vocero refinado del establishment, se las ingenió para plantear un dilema de la economía argentina distinguiendo entre un tipo de cambio de equilibrio macroeconómico y otro de equilibrio social. Una forma elíptica de sostener que el nivel de vida culturalmente ganado por los asalariados argentinos era incompatible con la estabilidad macroeconómica. Su dilema le abre el camino para tratar de consensuar corporativamente un salario menor al socialmente requerido por los trabajadores, aunque buscándole la vuelta para que sea un poco más alto que el que se supondría de equilibrio macroeconómico.

Los empresarios argentinos frecuentemente se quejan de problemas de productividad del trabajo en la economía nacional. Sin mayores honduras, la productividad del trabajo resulta de la cantidad de unidades producidas por trabajador ocupado en un tiempo determinado para una planta productiva. El peor de los sentidos comunes que utiliza el empresariado local en su argumentación es que la productividad depende del esfuerzo de los trabajadores. Sin embargo, en los procesos productivos y, mucho más en los de alta complejidad de la contemporaneidad, la productividad depende de la dotación y modernidad de los equipos y máquinas con que la producción se lleva a cabo y de la potencialidad de la tecnología empleada. Estas cuestiones no son responsabilidad de los trabajadores sino de los empresarios. Depende de sus decisiones de inversión.

La gran pregunta es con cuál modelo económico-social se alcanza un progresivo, genuino y estable aumento de la productividad real de la economía. Aquélla que no facilita competitividad espuria, sino efectiva. Esa productividad es la que proviene de la Inversión.

 

 

La alternativa es entre bajar el salario y, por lo tanto, incrementar la tasa de ganancia, o aumentar el salario, ensanchando el tamaño del mercado interno y, así, con una menor tasa de ganancia, mantener un nivel de beneficios importante por la dimensión de la masa de ganancias. Es una elección de política fundamental, porque la respuesta a esta pregunta arroja claridad respecto a si la inversión empresarial se relaciona más con el nivel de demanda de la economía o con la tasa de beneficio.

 

 

Para el gran empresariado argentino esta reflexión adquiere una vuelta más de complejidad en la época de la financiarización. Las organizaciones empresariales han hecho ya su elección. Promueven salarios bajos, poca intervención estatal, flexibilización laboral, tipo de cambio alto y liberalismo económico. Sin embargo se observa que la tasa de inversión en los períodos en que ha regido este tipo de política ha sido más que modesta, la reprimarización de la economía intensa y el crecimiento del producto nulo o descendente, como ocurrió en el período de Macri.

El fenómeno que explica la relación entre el entusiasmo liberalizador y los magros resultados en diversificación productiva, crecimiento y competitividad debe encontrarse en la financiarización de ese empresariado. Sería inexplicable, si no, por qué la UIA en su último documento-powerpoint ha solicitado, en un momento más que inadecuado, la liberalización progresiva del mercado de cambios. El comportamiento del gran empresariado es la obtención de un volumen de ganancias relativamente importante en el corto plazo, para su dolarización, especulación financiera y el destino de buena parte de ellas a la fuga de capitales y constitución de activos externos. Los grandes empresarios no constituyen una burguesía nacional, con la perspectiva de mediano plazo puesta en construir un mercado interno poderoso. El tipo de cambio Gerchunoff les viene como anillo al dedo. Su presencia en la economía argentina está fuertemente atada al endeudamiento externo para la fuga.

 

 

La cuestión de la igualdad

Pero hay una cuestión adicional que radica en la contradicción de esa macroeconomía y proyecto de país con el objetivo central de esta etapa histórica para una Argentina desarrollada y autónoma. Es la cuestión de la igualdad. De la cual la distribución del ingreso es fundamental. Tanto la funcional (entre propietarios de medios de producción y asalariados) como la personal (entre los deciles pobres, medios y ricos de la población). Esta etapa histórica de nuestro país, que eligió un gobierno democrático, nacional y popular, no podrá ofrecer crecimiento –por lo menos hasta que la pandemia y sus efectos posteriores se retiren—, ni de la producción, ni de las exportaciones. ¿Qué puede resolver hoy, entonces, un gobierno de ese carácter? Más igualdad. Reducir la miseria. Reestructurar el diseño productivo. ¿Se trata simplemente de redistribuir ingresos y riqueza? No sólo. Eso mejorará algunas condiciones de vida, pero para otras hay que cambiar la matriz productiva. Esta ya no habrá de tener el perfil para atender el sobreconsumo de los sectores medios altos y altos, sino que deberá ser mucho más rica en bienes públicos (aquéllos cuyo uso es para todos: plazas, transporte público, infraestructura recreativa gratuita y/o accesible, acceso a la cultura, y en general todos los servicios que atienden al respeto de los derechos humanos).

Ese cambio de estructura productiva cambiará la demanda. Ya no habrá tantos bienes y servicios novedosos con insumos importados abundantes –como los automóviles  o equipos electrónicos de alta gama— para la demanda de los sectores de altos ingresos. En cambio habrá más bienes y servicios para los masivos sectores populares. La nueva estructura productiva impondrá una nueva distribución del ingreso. Y esa estructura productiva no será un efecto de la financiarización que desnacionaliza la vida nacional. Más bien será el resultado de decisión democrática del pueblo. Para lo cual se requerirá una gran inversión en ciencia y tecnología. Esta perspectiva nos remite al espíritu más vigente que nunca de Oscar Varsavsky, respecto a sus pensamientos en tecnología quien en su texto Estilos Tecnológicos reflexionaba: “Nuestro punto de partida es que a pesar de esa base innegable y a pesar de las cosas interesantes que cada año tiene para ofrecernos, ese ‘estilo tecnológico’ de los países dominantes tiene demasiado de mito. No es el único posible ni el más adecuado para construir una sociedad nueva y mejor. No puede ser rechazado en bloque pero menos aún aceptado en bloque, tanto en sus resultados como en sus métodos y modalidades. Tampoco alcanza con la actitud del comprador inteligente, que elige lo que le conviene: cuando empezamos planteando nuestros propios objetivos, encontramos que esa tecnología no tiene respuesta para muchísimos de los problemas prácticos que esos objetivos nos obligan a resolver, y debemos entonces adoptar una decidida actitud creativa y construir nuestro propio estilo tecnológico”.

Estas miradas sobre las cuestiones distributivas, de autonomía tecnológica y de perfil productivo no imaginan que un cambio estructural para la construcción de un modelo nacional y popular haya de provenir de un decisión burocrático-estatal sino que, como afirma Martín Abeles en el número extraordinario por el 40 aniversario de la revista FIDE, dependerá de “la existencia o no de un actor social capaz de orientar en esa dirección. En ese sentido, el problema no pasa por la conformación de una agenda estatal y un equipo de gobierno esclarecido en materia de desarrollo industrial y tecnológico, sino por la demanda de un cambio estructural proveniente de los actores sociales”. Frente a la resistencia a la intervención pública que se ha expresado por parte de los sectores defensores del viejo régimen prepandemia, se evidencia la necesidad de fortalecer una creciente organización política de las mayorías populares que necesitan y desean un cambio que las favorezca y para el cual el papel del Estado resulta fundamental, como ha quedado demostrado en las circunstancias del drama actual que vivimos.

26Jul/200

ATRACCIÓN FATAL

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Desde el remoto 1968, el programa del 1° de mayo interpela a la CGT de hoy

La AEA es una especie de club social de los empresarios más ricos y poderosos del país. No tiene un mecanismo que formalice representaciones como, por ejemplo, existe en la UIA. Sus opiniones son emanadas desde los que se auto-consideran el poder económico del país. En la semana transcurrida ese club del poder económico mantuvo una reunión con parte de los dirigentes de la CGT, en función de intercambiar ideas para un consenso social. Una de las coincidencias reconocidas como fruto de la reunión fue «la necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía”. En momentos en que el gobierno nacional se plantea el objetivo de una reforma tributaria en pos de establecer un sistema impositivo progresivo que reemplace el regresivo hoy vigente, los dirigentes sindicales y los grandes empresarios acuerdan en la necesidad de reducir el peso de la recaudación sobre el PBI. Este es un objetivo del neoliberalismo, un elemento central del discurso de la ortodoxia económica. Es un planteo, típico de la década de los ’90, que supone equivocada y aviesamente que la baja de impuestos estimula la inversión. Sin embargo, ensayos no faltaron para poner en práctica políticas de este carácter que nunca arrojaron resultados positivos. La reunión no concluyó, porque tampoco incluyó nada respecto del impuesto a las grandes fortunas. Una medida imprescindible que está en el umbral del parlamento y es resistida por los que más tienen.

En la supuesta conveniencia de semejante reunión, esta no hubiera sido para cincidir con Bulgheroni, Galperín, Paolo Rocca, Pérez Companc y Luis Pagani una falsa necesidad de reducir impuestos, sobre todo los que pesan sobre ese empresariado concentrado. Los mencionados participantes de la mesa por Zoom son parte de las diez familias más ricas de la Argentina. Tal vez la charla hubiera sido productiva si los sindicalistas participantes hubieran compelido públicamente a los multimillonarios a abonar ese impuesto. No fue ese el objetivo, sino no más bien un espíritu inverso.

Daer, Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Lingieri y Caló no se juntaron con las organizaciones de pymes, sufrientes por la pandemia y necesitadas del apoyo estatal. Lo hicieron con los grandes empresarios transnacionalizados, entre los cuales –según la reciente publicación de Forbes—, estaban los cinco multimillonarios más ricos de Argentina..

En ese desafortunado encuentro, en lugar de exigirles a los que han concentrado fortunas inmensas en los años de estancamiento de la Argentina que se avengan a contribuir con la grave situación que la pandemia provocó, les concedieron el marco para que reclamen por menos impuestos. Cuando se habla de reforma tributaria y más igualdad, esos dirigentes sindicales y aristócratas patronales piden pagar menos. Y los sindicalistas concurrentes escuchan y avalan.

Entre los cinco multimillonarios, junto a otros presentes en el cónclave digital, participaron varios de los que figuraban en los listados de fugadores de capitales publicados por Horacio Verbitsky  —con fuente en  la investigación sobre fuga de capitales del Banco Central—, incluyendo a algunos que lo hicieron personalmente y a otros que procedieron a través de sus empresas. Paradojas de la historia, toda la deuda que se renegocia ahora financió la fuga durante el período de Macri. Muchos de los asistentes fueron actores no menores de aquella. También habitan en el grupo quienes hoy son tenedores directos o indirectos de títulos de la deuda y ahora reclaman por un entendimiento para arreglar con los acreedores –de los cuales son parte— y claman evitar el default porque quieren cobrar y bien. El sindicalismo conservador ni siquiera observa un tono de exigencia para que los acreedores se avengan a la aceptación de una oferta del gobierno nacional, mucho más que razonable para los tenedores de bonos. Lo afirmado en el encuentro más bien pinta a una presión sobre el gobierno nacional para que arregle de cualquier manera.

En la peor circunstancia del despliegue de la peste, Héctor Daer se pronunció respecto a que no era momento para continuar con el parate económico. Un discurso inverso al que privilegia a la salud, con palabras expresadas en la semana en que los casos de coronavirus escalaron.

La otra generalidad planteada en la reunión se refirió a bregar por el aumento de la producción y las exportaciones, Ninguna referencia a cambios en la estructura productiva, a diversificación de su matriz. Pero tampoco a la recuperación salarial, mermada por las quitas producidas por las decisiones empresariales durante la pandemia, cuando tampoco se respetaron las leyes antidespido sancionadas por el gobierno nacional. Ni se habló de humanismo, ni de reducción de la desigualdad, ni de la urgencia de resolver la pobreza.

En cambio ocupó un lugar la conversación sobre «el rol de las empresas privadas y sus cadenas de valor en el desarrollo y la necesidad de emerger de la actual crisis». La evidencia, en cambio, muestra que el Estado fue el único actor que protagonizó las acciones necesarias para mitigar los daños producidos por el virus. Mientras los miembros del club AEA fueron perceptores de subsidios y actores de campañas contra el pago del impuesto a las fortunas. Precisamente Clarín es un conglomerado empresario hegemónico en la Asociación Empresaria Argentina y protagonizó un rol opositor durante la grave y excepcional situación que vivimos.

La historia del movimiento sindical y de los trabajadores argentinos tiene hitos de signo inverso al de los integrantes de la cúpula sindical que se reunieron con el vértice más poderoso de los capitalistas de la financiarización. Siendo los momentos históricos de orden distinto, cabe reseñar programas y momentos ejemplares que la historia nunca hunde definitivamente, sino que habitan en la cultura, en la memoria, con potencialidad de resurgir.

En 1957, el programa de La Falda del movimiento obrero promovía, entre otras prioridades:

  1. Control estatal del comercio exterior sobre las bases de la forma de un monopolio estatal.
  2. Liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exportación.
  3. Política de alto consumo interno; altos salarios, mayor producción para el país con sentido nacional.
  4. Desarrollo de la industria liviana adecuada a las necesidades del país.
  5. Incremento de una política económica tendiente a lograr la consolidación de la industria pesada, base de cualquier desarrollo futuro.
  6. Política energética nacional; para ello se hace indispensable la nacionalización de las fuentes naturales de energía y su explotación en función de las necesidades del desarrollo del país.

Para entender la orientación no se requiere la adhesión literal a la puntuación, pero la lectura es valiosa para una reelaboración capaz de conservar el sentido de lo postulado a pesar del cambio epocal. No es ese el sentido que habita en el señor Acuña.

El 1° de mayo de 1968, en su escrito programático, la CGT  de los Argentinos convocaba “a los empresarios nacionales para que abandonen la suicida política de sumisión a un sistema cuyas primeras víctimas resultan ellos mismos. Los monopolios no perdonan, los bancos extranjeros no perdonan, la entrega no admite exclusiones ni favores personales. Lealmente les decimos: fábrica por fábrica los hemos de combatir en defensa de nuestras conquistas avasalladas, pero con el mismo vigor apoyaremos cada empresa nacional enfrentada con una empresa extranjera. Ustedes eligen sus alianzas: que no tengan que llorar por ellas”. Aquí el sentido brota por todas partes. Un texto de valor actual, impecable “Ustedes eligen sus alianzas: que no tengan que llorar por ellas».

En 1986, en el programa de la CGT de 26 puntos, sobresalían la reivindicación de reformas aun no resueltas: “Colocar el sistema financiero al servicio del país mediante un Banco Central que actúe como orientador del crédito, privilegiando las actividades productivas, a través de una ley de entidades financieras de prioritario tratamiento por el Congreso de la Nación para poner coto a un sistema financiero dirigido aun por la ley 21526, de la dictadura, que desestabilizó a todo el sistema productivo a través de la especulación y concentración del crédito”.

Pero las referencias a un movimiento obrero de orden diferente no sólo late en la posibilidad histórica, sino que resuena en conductas, ideas y escritos actuales.

En el documento de la Juventud Trabajadora de la CTA se reivindica que “el Estado debe intervenir en la política económica como agente regulador, en defensa del interés colectivo, nacional… apoyamos la intervención de Vicentin e incentivamos al gobierno a profundizar la regulación sobre el mercado cerealero”. “Es imprescindible avanzar en una reforma tributaria que modifique el marcado signo regresivo del actual sistema. En esa línea, no puede demorarse más el tratamiento parlamentario del tributo a las grandes fortunas. A su vez, es saludable que el gobierno nacional esté evaluando la implementación de un ingreso ciudadano universal”.

También La Corriente Federal de los trabajadores plantea que “los Estados Nacionales constituyen la única posibilidad de respuesta organizada a la pandemia y la crisis, aún con años de sufrir ‘la deconstrucción’ de casi medio siglo de políticas neoliberales. Esta realidad viene a confirmar lo que ya sabíamos: la necesidad de importantes e impostergables reformas del propio Estado, de la matriz productiva, de los sistemas tributario y financiero, de los servicios públicos, de la seguridad social –salud y previsión–, sin olvidar la promoción de un nuevo paradigma empresario para que la economía esté al servicio del hombre”.

Sostener la situación de gravísima pandemia que vivimos hoy y organizar el futuro post pandemia exige tres grandes transformaciones de la vida nacional, que no pueden ser sólo de economía sino que obligatoriamente abrevan en la economía política:

  • Una vía de profunda y radical redistribución del ingreso y la riqueza, que reduzca la desigualdad, amplíe la demanda de los sectores populares y garantice la participación popular,
  • Un fuerte aumento de la inversión en ciencia y tecnología que apoye un perfil de desarrollo autónomo y garantice una progresiva ruptura de la dependencia en estos vitales insumos.
  • Pensar un sendero que no se reduzca a un cierre imposible de la brecha con el mundo central, sino que se aplique a una imagen-objetivo de país de carácter propio y autónomo, readaptar el estilo de consumo y la orientación productiva con fuertes tonos culturales que permitan la toma de distancia con las lógicas, vicios y degradaciones de la financiarización.

Estos presupuestos implican elecciones de las alianzas, tal como se lee en documento del 1° de mayo de 1968. En esa lectura el signo de las conversaciones de Daer, Acuña y Cía, resulta necesario advertir, conduce al llanto. El encuentro con la AEA es un lugar inconveniente para los dirigentes sindicales. La AEA es el club empresario que sucedió al CEA, donde Martínez de Hoz abrevó, a la vez que inculcó, el pregón neoliberal que se estableció por décadas, llevado a los hechos en los años de reconversiones regresivas sociales y económicas durante el terrorismo de Estado

Desde el remoto 1968, el programa del 1° de mayo interpela a la CGT de hoy

Estamos transcurriendo el peor momento de la pandemia. La cantidad de muertos, infectados y la ocupación de los establecimientos de salud están en pleno ascenso. Cuando el Covid-19 apareció en la Argentina hubo opiniones mayoritarias que defendieron las políticas públicas de cuarentena, enfrentando a quienes actuaban en defensa de la continuidad de sus ganancias y la reproducción permanente del sistema de financiarización en el país. Porque estos últimos combatían las disposiciones de aislamiento social. En esa instancia, cuando habían quedado al desnudo, y no sólo en el país, las desigualdades y la defección de los gobiernos neoliberales en la protección de la salud y otros derechos humanos fundamentales, el Presidente reivindicó la necesidad de construir un mundo mejor, con más igualdad, reducción del consumismo y atendiendo a los valores de la solidaridad. Primero la vida, fue la consigna con la que defendió con firmeza la reducción del nivel de producción con el fin de salvar vidas humanas. La Asociación Empresaria Argentina fue una de las voces que más rápido manifestó preocupaciones respecto de la supuesta necesidad de restauración de las condiciones que permitan la continuidad de la acumulación de ganancias.

La AEA es una especie de club social de los empresarios más ricos y poderosos del país. No tiene un mecanismo que formalice representaciones como, por ejemplo, existe en la UIA. Sus opiniones son emanadas desde los que se auto-consideran el poder económico del país. En la semana transcurrida ese club del poder económico mantuvo una reunión con parte de los dirigentes de la CGT, en función de intercambiar ideas para un consenso social. Una de las coincidencias reconocidas como fruto de la reunión fue «la necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía”. En momentos en que el gobierno nacional se plantea el objetivo de una reforma tributaria en pos de establecer un sistema impositivo progresivo que reemplace el regresivo hoy vigente, los dirigentes sindicales y los grandes empresarios acuerdan en la necesidad de reducir el peso de la recaudación sobre el PBI. Este es un objetivo del neoliberalismo, un elemento central del discurso de la ortodoxia económica. Es un planteo, típico de la década de los ’90, que supone equivocada y aviesamente que la baja de impuestos estimula la inversión. Sin embargo, ensayos no faltaron para poner en práctica políticas de este carácter que nunca arrojaron resultados positivos. La reunión no concluyó, porque tampoco incluyó nada respecto del impuesto a las grandes fortunas. Una medida imprescindible que está en el umbral del parlamento y es resistida por los que más tienen.

En la supuesta conveniencia de semejante reunión, esta no hubiera sido para cincidir con Bulgheroni, Galperín, Paolo Rocca, Pérez Companc y Luis Pagani una falsa necesidad de reducir impuestos, sobre todo los que pesan sobre ese empresariado concentrado. Los mencionados participantes de la mesa por Zoom son parte de las diez familias más ricas de la Argentina. Tal vez la charla hubiera sido productiva si los sindicalistas participantes hubieran compelido públicamente a los multimillonarios a abonar ese impuesto. No fue ese el objetivo, sino no más bien un espíritu inverso.

Daer, Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Lingieri y Caló no se juntaron con las organizaciones de pymes, sufrientes por la pandemia y necesitadas del apoyo estatal. Lo hicieron con los grandes empresarios transnacionalizados, entre los cuales –según la reciente publicación de Forbes—, estaban los cinco multimillonarios más ricos de Argentina..

En ese desafortunado encuentro, en lugar de exigirles a los que han concentrado fortunas inmensas en los años de estancamiento de la Argentina que se avengan a contribuir con la grave situación que la pandemia provocó, les concedieron el marco para que reclamen por menos impuestos. Cuando se habla de reforma tributaria y más igualdad, esos dirigentes sindicales y aristócratas patronales piden pagar menos. Y los sindicalistas concurrentes escuchan y avalan.

Entre los cinco multimillonarios, junto a otros presentes en el cónclave digital, participaron varios de los que figuraban en los listados de fugadores de capitales publicados por Horacio Verbitsky  —con fuente en  la investigación sobre fuga de capitales del Banco Central—, incluyendo a algunos que lo hicieron personalmente y a otros que procedieron a través de sus empresas. Paradojas de la historia, toda la deuda que se renegocia ahora financió la fuga durante el período de Macri. Muchos de los asistentes fueron actores no menores de aquella. También habitan en el grupo quienes hoy son tenedores directos o indirectos de títulos de la deuda y ahora reclaman por un entendimiento para arreglar con los acreedores –de los cuales son parte— y claman evitar el default porque quieren cobrar y bien. El sindicalismo conservador ni siquiera observa un tono de exigencia para que los acreedores se avengan a la aceptación de una oferta del gobierno nacional, mucho más que razonable para los tenedores de bonos. Lo afirmado en el encuentro más bien pinta a una presión sobre el gobierno nacional para que arregle de cualquier manera.

En la peor circunstancia del despliegue de la peste, Héctor Daer se pronunció respecto a que no era momento para continuar con el parate económico. Un discurso inverso al que privilegia a la salud, con palabras expresadas en la semana en que los casos de coronavirus escalaron.

La otra generalidad planteada en la reunión se refirió a bregar por el aumento de la producción y las exportaciones, Ninguna referencia a cambios en la estructura productiva, a diversificación de su matriz. Pero tampoco a la recuperación salarial, mermada por las quitas producidas por las decisiones empresariales durante la pandemia, cuando tampoco se respetaron las leyes antidespido sancionadas por el gobierno nacional. Ni se habló de humanismo, ni de reducción de la desigualdad, ni de la urgencia de resolver la pobreza.

En cambio ocupó un lugar la conversación sobre «el rol de las empresas privadas y sus cadenas de valor en el desarrollo y la necesidad de emerger de la actual crisis». La evidencia, en cambio, muestra que el Estado fue el único actor que protagonizó las acciones necesarias para mitigar los daños producidos por el virus. Mientras los miembros del club AEA fueron perceptores de subsidios y actores de campañas contra el pago del impuesto a las fortunas. Precisamente Clarín es un conglomerado empresario hegemónico en la Asociación Empresaria Argentina y protagonizó un rol opositor durante la grave y excepcional situación que vivimos.

La historia del movimiento sindical y de los trabajadores argentinos tiene hitos de signo inverso al de los integrantes de la cúpula sindical que se reunieron con el vértice más poderoso de los capitalistas de la financiarización. Siendo los momentos históricos de orden distinto, cabe reseñar programas y momentos ejemplares que la historia nunca hunde definitivamente, sino que habitan en la cultura, en la memoria, con potencialidad de resurgir.

En 1957, el programa de La Falda del movimiento obrero promovía, entre otras prioridades:

  1. Control estatal del comercio exterior sobre las bases de la forma de un monopolio estatal.
  2. Liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exportación.
  3. Política de alto consumo interno; altos salarios, mayor producción para el país con sentido nacional.
  4. Desarrollo de la industria liviana adecuada a las necesidades del país.
  5. Incremento de una política económica tendiente a lograr la consolidación de la industria pesada, base de cualquier desarrollo futuro.
  6. Política energética nacional; para ello se hace indispensable la nacionalización de las fuentes naturales de energía y su explotación en función de las necesidades del desarrollo del país.

Para entender la orientación no se requiere la adhesión literal a la puntuación, pero la lectura es valiosa para una reelaboración capaz de conservar el sentido de lo postulado a pesar del cambio epocal. No es ese el sentido que habita en el señor Acuña.

El 1° de mayo de 1968, en su escrito programático, la CGT  de los Argentinos convocaba “a los empresarios nacionales para que abandonen la suicida política de sumisión a un sistema cuyas primeras víctimas resultan ellos mismos. Los monopolios no perdonan, los bancos extranjeros no perdonan, la entrega no admite exclusiones ni favores personales. Lealmente les decimos: fábrica por fábrica los hemos de combatir en defensa de nuestras conquistas avasalladas, pero con el mismo vigor apoyaremos cada empresa nacional enfrentada con una empresa extranjera. Ustedes eligen sus alianzas: que no tengan que llorar por ellas”. Aquí el sentido brota por todas partes. Un texto de valor actual, impecable “Ustedes eligen sus alianzas: que no tengan que llorar por ellas».

En 1986, en el programa de la CGT de 26 puntos, sobresalían la reivindicación de reformas aun no resueltas: “Colocar el sistema financiero al servicio del país mediante un Banco Central que actúe como orientador del crédito, privilegiando las actividades productivas, a través de una ley de entidades financieras de prioritario tratamiento por el Congreso de la Nación para poner coto a un sistema financiero dirigido aun por la ley 21526, de la dictadura, que desestabilizó a todo el sistema productivo a través de la especulación y concentración del crédito”.

Pero las referencias a un movimiento obrero de orden diferente no sólo late en la posibilidad histórica, sino que resuena en conductas, ideas y escritos actuales.

En el documento de la Juventud Trabajadora de la CTA se reivindica que “el Estado debe intervenir en la política económica como agente regulador, en defensa del interés colectivo, nacional… apoyamos la intervención de Vicentin e incentivamos al gobierno a profundizar la regulación sobre el mercado cerealero”. “Es imprescindible avanzar en una reforma tributaria que modifique el marcado signo regresivo del actual sistema. En esa línea, no puede demorarse más el tratamiento parlamentario del tributo a las grandes fortunas. A su vez, es saludable que el gobierno nacional esté evaluando la implementación de un ingreso ciudadano universal”.

También La Corriente Federal de los trabajadores plantea que “los Estados Nacionales constituyen la única posibilidad de respuesta organizada a la pandemia y la crisis, aún con años de sufrir ‘la deconstrucción’ de casi medio siglo de políticas neoliberales. Esta realidad viene a confirmar lo que ya sabíamos: la necesidad de importantes e impostergables reformas del propio Estado, de la matriz productiva, de los sistemas tributario y financiero, de los servicios públicos, de la seguridad social –salud y previsión–, sin olvidar la promoción de un nuevo paradigma empresario para que la economía esté al servicio del hombre”.

Sostener la situación de gravísima pandemia que vivimos hoy y organizar el futuro post pandemia exige tres grandes transformaciones de la vida nacional, que no pueden ser sólo de economía sino que obligatoriamente abrevan en la economía política:

  • Una vía de profunda y radical redistribución del ingreso y la riqueza, que reduzca la desigualdad, amplíe la demanda de los sectores populares y garantice la participación popular,
  • Un fuerte aumento de la inversión en ciencia y tecnología que apoye un perfil de desarrollo autónomo y garantice una progresiva ruptura de la dependencia en estos vitales insumos.
  • Pensar un sendero que no se reduzca a un cierre imposible de la brecha con el mundo central, sino que se aplique a una imagen-objetivo de país de carácter propio y autónomo, readaptar el estilo de consumo y la orientación productiva con fuertes tonos culturales que permitan la toma de distancia con las lógicas, vicios y degradaciones de la financiarización.

Estos presupuestos implican elecciones de las alianzas, tal como se lee en documento del 1° de mayo de 1968. En esa lectura el signo de las conversaciones de Daer, Acuña y Cía, resulta necesario advertir, conduce al llanto. El encuentro con la AEA es un lugar inconveniente para los dirigentes sindicales. La AEA es el club empresario que sucedió al CEA, donde Martínez de Hoz abrevó, a la vez que inculcó, el pregón neoliberal que se estableció por décadas, llevado a los hechos en los años de reconversiones regresivas sociales y económicas durante el terrorismo de Estado

28Jun/200

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LA ÚLTIMA VEZ

La redistribución debe ser previa al crecimiento, para definir el perfil productivo

 

Objetivos

Cuando comenzaron las negociaciones para la reestructuración de la deuda con los acreedores privados el Presidente Alberto Fernández estableció tres objetivos clave:

  • No someterse a la elaboración de un plan económico que implicase políticas de ajuste.
  • Que sea un plan sustentable, en el marco de lo planteado en el punto anterior, lo que significa no realizar un arreglo que lleve a futuras refinanciaciones por ser incumplible, y que no altere un sendero de desarrollo de la economía nacional.
  • Dejar las bases construidas para que se cierren los ciclos de endeudamiento de la economía argentina.

Este tercer objetivo merece una detenida reflexión, pues supone un cambio de época. Los ciclos de endeudamiento han sido el rasgo característico de la época del neoliberalismo. Deuda y fuga. En ritmo vertiginoso y catastrófico, los gobiernos que promovieron la apertura financiera, las políticas de consolidación y ajuste fiscal y la libertad de mercado como funcionamiento predominante de la actividad económica, provocaron el estancamiento, la regresividad distributiva y el endeudamiento. Mientras que aquéllos que asumieron con la vocación de disminuir la desigualdad y construir una Argentina con producción diversificada, tuvieron que lidiar con los compromisos externos contraídos por el bloque concentrado y financiarizado.

El giro del debate que pretenden hacer los economistas ortodoxos, los cuales respaldaron las políticas de liberalización y desintervención estatal, persigue enmascarar el verdadero problema que tiene el actual gobierno nacional y popular. Maniobran la discusión respecto al origen del endeudamiento, a su total improductividad, y sin ninguna contrapartida en términos de algún activo que lo justifique. Esta deuda es un pasivo sin existencia de ninguna obra, bienestar popular o ampliación del aparato productivo. ¿Dónde están las divisas que se deben? Se fugaron. Sin embargo, el enmascaramiento desplaza el debate sobre lo ocurrido:  si el gobierno negocia bien o mal la reestructuración del endeudamiento que dejó el neoliberalismo de Cambiemos. Para ellos el arreglo resulta un tema excluyente, y lo argumentan sobre la base de recomponer el acceso a los mercados internacionales de crédito. ¿Para qué? Para volver a endeudarse y vivir otro ciclo de apertura y fuga. Por eso desesperan en rogar al gobierno que no sea firme frente a los acreedores, y postulan que lo único conveniente es acceder a sus demandas.

 

 

El Estado

Las preocupaciones del Frente de Todos pasan por otros meridianos: cómo reconstruir una política de crecimiento autónomo, desarrollo, construcción de igualdad. Este proyecto requiere de la intervención del Estado, que ponga fin a la autorregulación mercantil.

La etapa histórica es diferente, pero hay una discusión necesaria en términos del proyecto que hizo posible varias fases de industrialización del país: la sustitución de importaciones. No para su reiteración, sino para pensar desde esa experiencia concreta la construcción de un proyecto económico social hacia el futuro.

María da Conceicao Tavares en su valioso texto De la sustitución de importaciones al capitalismo financiero, describe que durante la primera etapa de la sustitución de importaciones, la expansión de la economía residía en tres frentes: una mayor utilización de la capacidad instalada productiva, la producción de mercancías relativamente independientes del sector externo y la puesta en funcionamiento de empresas que producían bienes que previamente se importaban.

La dinámica descripta puede seguir hasta el límite del aprovechamiento máximo de los recursos internos. Ese aprovechamiento está condicionado a la existencia de divisas que sostengan la importación de bienes intermedios y maquinarias que participan en la producción de los bienes que sustituyeron a otros que antes se importaban. Dice Tavares que “la pauta de importaciones tiende a perder toda su flexibilidad, antes que el proceso de desarrollo haya adquirido suficiente autonomía por el lado de la diversificación de la estructura productiva» y advierte que «el proceso podría seguir mediante una selección rigurosa de divisas”. La autora hace una lectura crítica del proyecto de desarrollo por sustitución de importaciones de carácter piramidal, que comienza sustituyendo los bienes de consumo para avanzar “aguas arriba” hasta la producción de bienes de capital. La restricción externa sobrevendría previa e inevitablemente. Para Tavares la continuidad de una política de sustitución requiere de una posibilidad de previsión y decisión autónomas que sólo le son posibles al Estado, a algunos empresarios innovadores, o a la asociación de ambos. Pero advierte que en el caso de las inversiones de base, estas deben producirse —para evitar la restricción externa— con cierta simultaneidad con las distintas etapas de sustitución, y que las mismas requieren de decisiones gubernamentales, ya sea que el Estado las emprenda en forma directa, ya sea que las delegue en el sector privado.

Estas reflexiones de la intelectual brasileña llevan a desechar la idea de la inversión privada sin direccionamiento estatal como posibilidad de desarrollo, y más aún, del posible rol de los movimientos de capital financiero de corto plazo para financiarla. Privada, pública o mixta, las mismas surgen de la dirección del Estado del proceso económico.

En el régimen de sustitución de importaciones no sólo resulta necesario el impulso de la demanda mediante una mejora en la distribución del ingreso, ni tampoco alcanza  combinarla con una dinámica de crecimiento, sino que requiere de la dirección estatal que modifica los tiempos y los escalones del proceso productivo. Esa intervención no sólo requiere ser hecha en función de dilatar los problemas de falta de divisas, ni tampoco solamente para impulsar las industrias más complejas productoras de bienes de capital, sino también para garantizar una distribución del ingreso que resuelva un significativo cierre de la brecha de desigualdad, lo que provoca una producción de bienes de orden diferente a la de una sociedad con el ingreso concentrado. La redistribución debe ser previa al crecimiento porque si no el perfil productivo queda definido con carácter desajustado si la primera se efectúa con posterioridad. Los bienes que se producen para una distribución no son los mismos que para otra, ni cualitativa, ni cuantitativamente.

Al revés de como dicen los liberales para justificar las políticas de austeridad, no se trata de agrandar la torta para después distribuirla, sino lo contrario: distribuir mejor la tortita chica, para garantizar el crecimiento. Después habrá una torta más grande. Usando el lenguaje de la gente de a pie, como en estas épocas se acostumbra decir, para evitar el uso del concepto de pueblo, sancionado como anacrónico por los creyentes en el fin de la historia. La prioridad de la obsesión por el crecimiento, como variable fundamental del estudio de la economía, no se corresponde con la tradición clásica. Decía el economista más eminente de los fundadores de la disciplina, David Ricardo, que “determinar las leyes que regulan esta distribución (de rentas, beneficios y salarios) es el problema principal de la economía política”.

Los clásicos no omitían la real discusión que ocupa a la sociedad respecto de la economía: la disputa del ingreso. El modelo de crecimiento depende de quién tenga la hegemonía de poder para elegir uno u otro tipo de desenvolvimiento económico. En épocas de la financiarización, la valorización financiera es la forma mediante la cual, con la apertura financiera, el capital especulativo promueve las liberalizaciones para garantizar un vertiginoso ida y vuelta de fondos que extraen rentas con consecuencias de estancamiento económico y redistribución regresiva de ingresos y riquezas.

 

 

Final del juego

El valor del objetivo de establecer las condiciones que cierren el camino a nuevos ciclos de endeudamiento es el instituir las bases de una legalidad que evite que la Argentina vuelva a sufrir las políticas ortodoxas de fuga-deuda-cinturón fiscal. Esa institucionalidad tiene como insumo indispensable las otras dos condiciones que Fernández destacó. También depende de reconstruir una política de desarrollo. Esa política implica la recuperación de estrategias de sustitución de importaciones, engarzadas con otros dispositivos, en los cuales el papel estatal es más relevante.

Cuarenta años después del texto de Tavares, las condiciones de un proyecto nacional, popular y democrático de desarrollo no devienen sólo de su crítica, que planteaba la necesidad de la autonomía de la inversión en la industria de base respecto de la demanda sobre la misma, que implica la decisión estatal de organizarla. El desarrollo tecnológico, que se da en el contexto de una gran disparidad entre el centro y la periferia, acentuó las condiciones de dependencia de las naciones del segundo carácter. Dependencia es otra palabra que intentó ser archivada en el anticuario cuando hoy adquiere una vigencia dramática. Su determinación  mutó desde la posesión, por parte de los países centrales, de la industria de base —que ocupaba ese lugar hace unas décadas— al dominio de la tecnología por esas naciones desarrolladas. La deslocalización productiva primarizó y maquilizó la industria de los países subdesarrollados. El capital privado concentrado no resuelve esta situación en esos países periféricos. Su perspectiva es la reproducción de las especializaciones que sostienen la condición dependiente. Sus empresas articulan, en cadenas globales, las producciones nacionales en los eslabones más atrasados tecnológicamente. A su vez, se engarzan en la valorización financiera y las maniobras de precios de transferencia y fuga de capitales.

Más que ayer, hoy la condición del desarrollo tecnológico propio requiere de un complejo científico-tecnológico estatal con un presupuesto y un programa que se plantee la transformación productiva. Ese objetivo requiere de una participación decisiva del Estado en la decisión de lo que se va a producir en el futuro. El desarrollo con estas características no deviene como resultado de la autorregulación del mercado.

La apertura indiscriminada es incompatible con estos objetivos de independencia. Los dólares resultarán indispensables para emprender ese cometido de autonomía nacional. Una nueva gestión como la de Macri rifaría en cuatro años el esfuerzo que se podría emprender en veinte.

De allí la necesidad de una reforma institucional de fondo en los textos legales que evite que se produzca lo que ocurrió entre 2015 y 2019. Cambio en el régimen financiero, modificación en la legislación de inversiones extranjeras, régimen cambiario y de movimiento de capitales regulado, intervención del Estado en el comercio exterior, reforma tributaria. La pandemia ha revelado la injusticia neoliberal y tiene la conducción efectiva del gobierno de la grave coyuntura, abriendo la posibilidad para una organización adecuada de las transformaciones imprescindibles para hacer realidad la postulación más drástica de Fernández para salir del default en que dejó el gobierno UCR-PRO al país: que la presente reestructuración ponga fin a los ciclos de endeudamiento de la Argentina contemporánea.