Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

10May/200

Interrupción

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Llegó la instancia para una nueva ley que rija el funcionamiento de las entidades financieras.

POR GUILLERMO WIERZBA MAY 10, 2020

Salvador Dalí

 

La globalización financiera se estableció en el discurso hegemónico de los sectores de poder como una opción modernizadora. Se estigmatizó como anacrónica la dinámica del patrón de acumulación anterior, quedando excluida su revisión crítica como así también la recuperación del espíritu y de instituciones concretas de aquel período. Esa censura fáctica fue la que en forma de descalificación ha empujado a los márgenes del debate sobre lo político, lo económico y lo social, a las virtudes del período de industrialización por sustitución de importaciones. A la vez, se ha ponderado axiomáticamente su desarticulación y reemplazo por una “nueva época” en la que se instituyó un nuevo régimen de valorización financiera, al que se adjudica, en forma tácita, a la dictadura terrorista instalada en 1976 un lugar fundante de la potencialidad de una “Argentina moderna”. Eduardo Basualdo en Estudios de historia económica argentina, caracteriza ese momento: «La instauración de un nuevo régimen de acumulación de capital no se origina en el agotamiento de la industrialización basada en la sustitución de importaciones ya que durante la década anterior (1964/1974) se había producido un crecimiento ininterrumpido del PBI interno, que había registrado una acentuada expansión industrial y se había modificado la naturaleza del ciclo corto sustitutivo, que ahora no implicaba una reducción del PBI en la etapa declinante”. El concepto decisivo de esta intervención de Basualdo es interrupción y no agotamiento, sumado a que la misma se produjo cuando cierta maduración del modelo de acumulación le había dado estabilidad al sendero de crecimiento. El autor más adelante refiere al carácter de la dictadura, ubicando su advenimiento en un período de predominio internacional en la obtención de renta, y expresa que  las dictaduras anteriores fracasaron en disciplinar a los sectores populares impulsando el desarrollo industrial. Frente a la fortaleza del tejido social argentino, esa vez el bloque de poder oligárquico eligió “la estrategia de reestablecer el orden capitalista modificando drásticamente la estructura económica y social para disolver las bases materiales de la alianza entre la clase trabajadora y la burguesía nacional” con el objetivo de eternizar las relaciones de dominación. El texto sindica a la reforma financiera de 1977 como el primer paso hacia la modificación de la estructura económico-social de la sustitución de importaciones, “ya que puso fin a tres rasgos centrales del funcionamiento del sistema financiero…: la nacionalización de los depósitos por parte del Banco Central, la vigencia de una tasa de interés controlada por esa autoridad monetaria y las escasas posibilidades de contraer obligaciones financieras con el exterior por parte del sector privado. Para Basualdo la reforma financiera introdujo un cambio de enfoque radical de la política económica, invirtiendo la subordinación que tenía el sistema financiero respecto a la expansión de la economía real y poniendo a ésta al servicio de los equilibrios y condiciones monetarias.

Esta caracterización nos permite concluir que no hubo ni agotamiento del dispositivo de acumulación, ni de la estructura social de la sustitución de importaciones, ni tampoco anacronismo de su régimen financiero. Más aun, a este se lo desarticuló porque era axial en la política de industrialización interrumpida por la dictadura, con el objetivo de destruir el ascenso de los sectores trabajadores y las mejoras de equidad en la Argentina. En 1974 el índice Gini llegó a ubicarse en 0,35 (Gaggero y Grasso, CEFID-AR, 2009). Desde el golpe militar la deuda externa se ubicó como un problema permanente y recursivo, como limitante de las posibilidades de desarrollo argentino, y el sistema financiero se constituyó en un vehículo transmisor de la fuga de capitales a la vez que contribuyó a la gestación y propagación de esa deuda. Pero además, quedó inutilizado como instrumento de política productiva por parte de los gobiernos nacionales. La versión de la historia que denuesta el apoyo estatal a la industrialización del país y aprueba la liberalización financiera de 1976, que también descalifica la mirada crítica positiva frente a las instituciones de la Argentina previa, es aprobatoria de las reformas económicas antipopulares que el régimen genocida impulsó en la economía. Los esfuerzos por demoler la reivindicación de la legislación financiera que liquidó Martínez de Hoz en 1977, constituyen la clave del respaldo a su política, muchas veces camuflados.

Hoy la Argentina enfrenta el desafío de mitigar los efectos de una crisis internacional como no la hubo en todo el siglo XX y, además, los problemas de oferta y demanda agregadas de su propia economía, provenientes de la política de aislamiento social necesaria para evitar un tendal de muertos por el coronavirus. Para emprender ese desafío se requieren instrumentos fiscales, monetarios y crediticios. La banca privada no ha acompañado ni jugado un rol positivo en la emergencia. Sólo comenzó a intervenir cuando el Estado le suprimió el riesgo aportándole su garantía. Siempre la mayoría de los bancos privados requirieron y reivindicaron la libertad de tasas y la decisión mercantil de la asignación del crédito. Siempre en los momentos complicados presionaron por el auxilio público. Esta conducta parasitaria no dejó de exponerse en la última crisis. Después de un año de obtención de abultados beneficios, mientras la economía argentina se derrumbaba por la crisis del endeudamiento, no se hicieron eco de las claras señales del Banco Central para otorgar créditos en niveles y tasas razonables atentos a la situación de emergencia. Es que los banqueros no son sensibles a señales ni inducciones. Manejan otros lenguajes.

La reforma financiera de los partidarios de la sociedad de mercado, implementada por el gobierno de Videla y sus continuadores, provocó también la concentración y extranjerización del sistema financiero argentino. Si se analizan los depósitos de las 10 entidades más importantes del sistema entre 1995 y 2001 – durante el segundo período neoliberal- los de los bancos públicos descendieron en su participación del 44.4% al 34.2%, mientras los privados nacionales lo hicieron del 38.5% al 14.4%, mientras los bancos extranjeros ascendieron del 17.1% al 51.4%. Además, las 10 principales entidades pasaron de sumar el 59% de los depósitos del sistema en 1995 a recibir el 78.9% en el 2002. (Wierzba y Golla, CEFID-AR, 2005). O sea que durante este período, en el que se profundizaron las reformas neoliberales, la concentración y extranjerización fue agudísma, y las crisis del tequila y del fin de la convertibilidad la acentuaron.

Los bancos de capital extranjero y las sucursales del exterior redujeron el coeficiente entre el saldo con el exterior y su cuota del mercado de activos, mostrándose procíclicos en los momentos claves. La concentración del sistema financiero comenzó desde la misma sanción de la Ley 21526, que redujo las entidades financieras de 725 a 245 entre 1977 y 1988, período en el cual los bancos extranjeros en el país ascendieron de 17 a 32. (Wierzba, Del Pino y Kupelian, CEFID-AR, 2010). La monetización de la economía durante los turnos neoliberales mostró los peores desempeños, sobre todo en el agregado de dinero transaccional. Los resultados exhibían que los objetivos proclamados no se cumplían, mientras sí lo hacía el que realmente se perseguía, que era destruir un sistema financiero que se había desarrollado en función del financiamiento pyme y de la producción industrial. De acuerdo al Informe de Entidades Financieras de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias de diciembre de 2019, los 10 principales Bancos Privados concentraban el 47,5% de los depósitos y la banca pública el 42,7%, correspondiendo a la Banca privada extranjera el 29,1% de los depósitos totales y a la nacional el 28,2%. La banca privada ligada durante toda la postconvertibilidad a los préstamos personales a altas tasas de interés, se dedicó durante el período macrista al financiamiento del déficit cuasifiscal del BCRA obteniendo ganancias sin exponerse a ningún riesgo. Casi la mitad de los depósitos bancarios se manejaron en pos de tan egoístas e improductivos menesteres.

La penetración de grandes bancos extranjeros y la conformación a partir de ello de una intensa interrelación de los mismos con el BCRA, se desplegó durante la primera etapa de vigencia de la Carta Orgánica sancionada en la gestión Menem-Cavallo que reforzó la orientación de la reforma de 1977. A esa legislación se sumó una reorganización de la Superintendencia de Entidades Financieras y del propio Banco Central en sintonía con parámetros tomados de los acuerdos de Basilea, ámbito dominado por el establishment de la financiarización. Así se completó una contrarrevolución de las instituciones financieras que provocó una orientación del crédito ajena al desarrollo nacional, guiada por el interés de los rentistas del capital especulativo, responsable de la desposesión de sectores asalariados que se endeudaban a altas tasas en tarjetas de crédito, y que estableció una categoría de sujeto de crédito ajena a la requerida para atender a la pequeña y mediana empresa.

En realidad, la ruptura de los regímenes de leyes que dispusieron, en distintos momentos históricos, un claro dispositivo de orientación del crédito y de regulación de tasas de interés, no obedeció a la falsamente imputada ineficiencia, tantas veces declamada por los economistas apologetas de la sociedad de mercado y la economía de la financiarización. ¿Cuáles fueron las “bonanzas” de la liberalización de financiera, de la regulación de capitales por riesgo de activos, de las tasas de interés libres, de la libre movilidad internacional de flujos de divisas? Deuda externa, extranjerización y concentración de la banca, desorganización del crédito, inexistencia de una política coherente para el crédito para el desarrollo. Fueron los golpes de 1955 y 1976 los que desarticularon los sistemas financieros basados en la nacionalización de los depósitos con las legislaciones de 1946 y 1973 y provocaron estos dramáticos problemas, con consecuencias sociales regresivas.

En 2012 se sancionó una reforma de la Carta Orgánica que significó la posibilidad de tener políticas de direccionamiento de parte del crédito y de introducir regulaciones sobre tasas de interés y comisiones. Pero la historia nacional ha demostrado que el sistema financiero es un parteaguas en la definición de las líneas centrales de dos proyectos económicos enfrentados históricamente, uno nacional, popular y democrático, y otro conservador-liberal-oligárquico, que en el último período se constituyó en el eje de las políticas de valorización financiera. Las reformas financieras que se desplegaron en uno u otro sentido han modificado toda la legislación bancaria, a las leyes de entidades, a las de depósitos y las de la Carta Orgánica del banco central. (Wierzba y López, CEFID-AR,2011).

La pandemia ha puesto en evidencia el retroceso en los valores y la vida de los pueblos que provocó el despliegue neoliberal a nivel global. La desigualdad y la falta de atención de los derechos sociales, específicamente el de salud, así lo atestiguan. Tampoco se preservó el respeto al derecho de los pueblos al desarrollo. La política del terrorismo de estado en ls Argentina fue precursora del proyecto de las finanzas especulativas internacionales, y su sistema financiero un emblema de la contrarreforma.
Las circunstancias actuales y la impotencia y resistencia del sistema financiero privatizado y extranjerizado para afrontar las tareas en épocas de emergencia han sido patéticos.

El objetivo planteado por el gobierno nacional promueve la construcción de una sociedad menos individualista y consumista, y mucho más basada en la solidaridad. Existe, entonces, la oportunidad de abordar la interrupción del proyecto neoliberal en forma integral, que requiere de una reforma financiera que invierta el sistema en 180 grados. Llegó la instancia para el establecimiento de una nueva ley que rija el funcionamiento de las entidades financieras y de una reforma que profundice la ya positiva y realizada en 2012 de la Carta Orgánica. También es momento de reformular el propio Banco Central y las lógicas de funcionamiento y del tipo de regulaciones emitidas por esta entidad, para reconstruirla en función de una nueva concepción de la economía y las finanzas.

El sistema financiero deberá tener el carácter de servicio público, su rol primordial para una Argentina productiva es el direccionamiento del crédito para favorecer el desarrollo y la integración regional del país. La reforma debe prever la capacidad de reasignación de recursos del sistema, provenientes de sus depósitos, de unas entidades a otras. Esto requiere de la posibilidad de un margen amplio de manejo de encajes diferenciales, en conjunción con amplias atribuciones del Banco Central, para la provisión de líneas de redescuentos con el objetivo de movilizar los fondos prestables para encarar los proyectos estratégicos de desarrollo, promover regiones deprimidas y proveer el crédito de largo plazo para la inversión, y para la vivienda.

La regulación plena de las tasas de interés, y el eventual espacio acotado de alguna porción no regulada, debe ser una de las funciones esenciales de la autoridad monetaria en un proyecto nacional y popular.

Esta orientación sería la recuperación del papel de unas finanzas nacionales destruidas por el terrorismo de estado y los gobiernos neoliberales posteriores. A las que los exégetas pertenecientes a un mainstream económico expulsivo del debate de ideas, han adjudicado supuestas ineficiencias y anacronismos.

Desandar totalmente el proyecto de la dictadura militar y reestablecer instituciones que promuevan la participación y dirección del Estado, sostenido por las mayorías populares, sobre los pilares estratégicos de las políticas de desarrollo y de igualdad, es una necesidad. La pandemia y la crisis expusieron la tragedia de un régimen que debe cesar. Está impugnado. Ni el mundo ni Argentina serán iguales de aquí en más. Todo se discute.

3May/200

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LA PROPIEDAD DEL HUMANISMO

La pandemia en la época de la globalización

 

La dinámica inédita de la Covid-19, por su forma, intensidad y extensión, se debe a la interconexión de los distintos aspectos de la vida humana – culturales, económicos, laborales, turísticos, productivos, financieros a través del mundo. También su contagio global fue a una velocidad vertiginosa y con un alcance sin antecedentes. Las medidas sanitarias requeridas alcanzaron simultaneidad en la mayoría de las naciones. Esas decisiones también han tenido, y han de tener, un impacto convergente en el deterioro de la actividad económica, porque ante la ausencia de vacunas preventivas y la carencia de recursos médicos de alta efectividad para la cura, el dispositivo del aislamiento social es una necesidad para evitar una tragedia mayor en pérdida de vidas. Ese aislamiento social supone la limitación de la actividad económica, para evitar la aglomeración y el contacto entre personas. Los países que han privilegiado la salud y la vida a la continuidad desenfrenada de la producción, han logrado mitigar con éxito los niveles de contagio. Otros que habían  priorizado la continuidad de la acumulación y la ganancia del capital, tuvieron un impacto sanitario calamitoso por la propagación del virus, cuya magnitud los llevó a cambiar de rumbo forzosamente, en razón de la cantidad de muertes como por el colapso productivo provocado por la propia peste.

El capitalismo no se encontraba en auge y con un despliegue sin dificultades antes de la Covid-19. Los comportamientos de la actividad productiva, la volatilidad y descenso de los niveles de los precios de los commodities (metales, hidrocarburos, productos agrarios) anunciaban el advenimiento de una situación recesiva, como así también lo insinuaban el movimiento de las bolsas de valores. El marco de inestabilidad incluía, además, la intensificación de una etapa de disputas comerciales y guerras de precios, que constituían una escena distinta al período previo de la globalización, en el que la dinámica de la apertura comercial y financiera parecía haberse convertido en una convergencia de proyectos e intereses de larga duración entre los países centrales. El mundo globalizado se construyó mediante la fragmentación y deslocalización productiva que favorecía al capital frente al trabajo, porque las actividades se establecían donde el salario era menor, y a través de la financiarización de la economía mundial: apertura indiscriminada de los mercados financieros nacionales, que favorecía el ingreso o egreso de capitales, que se adecuaban a los mecanismos de valorización de corto plazo. Estos dos fenómenos impulsaron la sociedad de mercado, debilitando (o más aun, cercenando) la posibilidad de la acción de los Estados —especialmente los del mundo periférico, dependiente y subdesarrollado— para incidir y/o definir su sendero de desarrollo mediante políticas públicas. La deslocalización productiva y la financiarización, requirieron y a la vez profundizaron dos características de esta etapa del capitalismo global:

  • un descenso del salario que se articulaba con una caída del nivel de empleo, profunda y estructural, que devino en el crecimiento exponencial del trabajo informal y la marginación social.
  • la expropiación del manejo financiero de recursos para el desarrollo, articulada con la privatización esencial del mundo de las finanzas.

Ambas transformaciones exigían la austeridad fiscal, que reducía la capacidad de llevar a cabo políticas públicas, reservando el presupuesto de los Estados para priorizar la atención de las deudas públicas contraídas con los fondos de inversión privados, que previamente lucraban con el financiamiento de aquél. El otro elemento institucional que componía estratégicamente el dispositivo era la “independencia” de los bancos centrales respecto de las políticas de los estados. Esto generalizaba un esquema financiero internacional único, con tasas de interés y destinos del crédito determinados mercantilmente, el copamiento de los sistemas financieros periféricos por la banca transnacional y el sometimiento a normativas globales de regulación, establecidas por la entente de Basilea que ha formalizado las exigencias requeridas a los bancos para responder al patrón de la financiarización.

Piketty en El capital en el siglo XXI observó que “cuando la tasa de rendimiento del capital supera de modo constante la tasa de crecimiento de la producción y del ingreso —lo que sucedía en el siglo XIX y amenaza con volverse la norma en el siglo XXI—, el capitalismo produce mecánicamente desigualdades insostenibles, arbitrarias, que cuestionan de modo radical los valores meritocráticos en los que se fundamentan nuestras sociedades democráticas”. Esta prescripción no es otra cosa que lo que admite –o más bien promueve— el neoliberalismo político y los economistas ortodoxos. La pandemia acontece en un mundo con este paradigma y este diseño, con consecuencias de desigualdad y exclusión intensas y crecientes. Estados demolidos por la lógica de la sociedad de mercado con sociedades desintegradas y fragmentadas ostentan capacidades muy reducidas.

 

 

 

Apologetas y agentes de la desposesión

La Fundación para la Libertad promovida e integrada por políticos e intelectuales de la derecha internacional emitió hace una semana un pronunciamiento afirmando que “muchos gobiernos toman medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos. En lugar de algunas entendibles restricciones a la libertad, en varios países impera un confinamiento con mínimas excepciones, la imposibilidad de trabajar y producir, y la manipulación informativa”. Así, leen el aislamiento social como confinamiento y restricción de derechos, sosteniendo la libertad de industria y comercio como prioritaria e insuspendible. Los derechos básicos que invocan, subordinan a ellas los derechos a la vida y a la salud, que la mirada humanista y solidaria no ha dudado en priorizar. Más adelante explicitan sus temores cuando escriben que “resurgen el estatismo, el intervencionismo y el populismo con un ímpetu que hace pensar en un cambio de modelo alejado de la democracia liberal y la economía de mercado”. El texto refleja el temor por el momento crítico que atraviesa el patrón de la economía global, que conjuga la unidad imposible entre liberalismo y mercado con democracia.

En realidad, la economía de mercado y el liberalismo son operadores que vacían la democracia y la limitan a una formalidad procedimental, y han sido puestos en crisis por la impotencia y el default operativo del mercado y los grandes grupos privados para lidiar con la crisis de la pandemia, haciendo necesaria la reinstalación de un rol decisivo de los estados en la conducción de la sociedad y su economía.

El Foro de Convergencia Empresarial, que agrupa cámaras y asociaciones que representan el poder económico concentrado en el país alineado en el mismo rumbo, también  caracterizó la situación como “igualmente grave para todos, afectando seriamente a grandes, pequeñas y medianas empresas, cuentapropistas, monotributistas y personas que se desempeñan en la economía informal”. O sea que la seriedad de las plumas pensantes y redactoras del texto equiparan a Techint con el vendedor ambulante que sale todos los días a probar suerte en la calle para conseguir su sustento básico. Esta es la capacidad analítica sobre la democracia liberal de mercado que tienen los mentores del escrito. “Igualmente grave” para quien despide 1.450 trabajadores porque no está dispuesto a perder un céntimo, que para los despedidos que salen a ganarse la vida como pueden una vez arrojados a la calle, a quienes Macri –integrante de la Fundación para la Libertad— llamaba emprendedores. El mismo Macri que edificó una crisis de vertiginosidad inédita. El mismo que se opone a la política sanitarista de aislamiento social. Un ícono de esta derecha mundial. Esa igualación a la que se someten los aristócratas con sectores populares no es inocente sino interesada, lo que se desnudada cuando alegan que “es fundamental seguir tomando las medidas económicas, financieras, crediticias e impositivas que aseguren el pago de los salarios en todas las unidades productivas y de servicios del sector privado y preserven la continuidad de las empresas, que serán los elementos fundamentales de la reactivación de la economía una vez que esto haya terminado, teniendo presente que no se le puede exigir al sector privado que haga políticas públicas”. O sea, que el Estado en estas circunstancias debe subsidiar a todos y con todas las herramientas, créditos baratos, sumas para abonar sueldos y exenciones impositivas. Desde Techint hasta el señor López que esa firma despidió y convirtió en un agente de la economía informal. Luego dice el Foro que hay que “generar las condiciones para que haya incentivos a la inversión privada como motor del aumento del empleo en el sector formal de la economía tales como restablecer el mercado de capitales local,  imprescindible tanto para impulsar el desarrollo como para amortiguar condiciones externas adversas, anular rápidamente las medidas de emergencia de carácter eminentemente transitorio sobre controles de precios y consensuar reglas de juego estables para los sectores más dinámicos de la economía. En este sentido los proyectos de crear nuevos impuestos al patrimonio y a las ganancias de las empresas es un antecedente sumamente negativo para recrear el clima de inversión”.

No resulta rebuscado suponer el motivo por el que acuden al Estado para que se ocupe de manejar la economía y de garantizar el orden, la propiedad y la reproducción del sistema democrático liberal de mercado, de modo que una vez superada la emergencia se retire y estimule el mercado de capitales, elimine los controles de precios y consensúe con ellos las reglas del funcionamiento económico posterior. El texto culmina criticando la implementación de imposiciones al patrimonio y a las ganancias. No se requiere gran esfuerzo para entender la resistencia de este foro del poder económico a la implementación de un impuesto a los que tienen una gran riqueza personal medida en millones de dólares. Pero su democracia liberal de mercado no es óbice para ejercer presión sobre el gobierno en pos de imponerle “la propuesta de la Academia de Ciencias de la Empresa de convocar a un grupo de expertos en economía para asesorar sobre cuáles son las áreas fundamentales para poner nuevamente en marcha nuestro sistema productivo”.

Ese grupo de expertos, a los que los operadores mediáticos refieren como economistas serios, estaría conformado por aquellos que se proponen reencaminar la democracia liberal de mercado. Régimen en el que las ganancias crecen más que el ingreso, como marcó Piketty, en el que los propietarios de grandes medios de producción acumulan sobre la base de desposeer a los sectores populares y al Estado, redistribuyendo ingresos en forma regresiva, privatizando empresas, fugando capitales de los países periféricos y otras lindezas. Leyendo a Harvey, se trata de una segunda acumulación originaria, precedida por el ajuste del sistema jurídico que la haga procedente, para consolidar la fase neoliberal del capitalismo, con modificaciones sustantivas respecto a las pasadas.

 

 

 

Emancipación humana o democracia liberal

Este discurso de la Fundación para la Libertad y del Foro de Convergencia Empresarial no se construye en el ámbito abstracto de las ideas. Emerge como manifiesto en una Argentina amenazada por la coronavirus, pero con buenos resultados en su control, a partir de haber adoptado políticas que priorizaron la vida y la salud. Esas políticas fueron acompañadas por un discurso del Presidente Alberto Fernández que sentenció la necesidad de un cambio de paradigma a nivel mundial que reemplace el individualismo consumista por el predominio de un concepto de vida en solidaridad. Un discurso que restaura el valor de la igualdad, que hace casi una década promoviera como concepto sustantivo de su expresión política Cristina Fernández .

Pero también es una Argentina que desde el terrorismo de Estado evolucionó hacia la concentración del poder económico que monopoliza la oferta en sectores fundamentales de la economía y fija precios, poder favorecido durante el gobierno de Cambiemos, período en que se aceleró la polarización creciente de la riqueza.

En La cuestión judía Marx hace una lectura crítica de los valores de la democracia liberal, cuando confunde el derecho humano de la libertad con el de la propiedad privada. En el contexto político del siglo XIX, respecto del cual Piketty ve similitudes con el del siglo XXI, Marx decía que “el derecho humano de propiedad privada es… el derecho a disfrutar de su patrimonio y a disponer de él arbitrariamente, sin atender a los demás hombres, independientemente de la sociedad… sociedad que hace que encuentre en otros hombres, no la realización, sino, por el contrario, la limitación de su libertad”. Una lectura atenta del texto permite concluir que el paradigma neoliberal restaurador, y en un grado cualitativo superior, de la democracia liberal, escinde al hombre público del hombre privado. La igualdad política manifiesta la emancipación en ese único nivel, mientras la desigualdad económica limita la emancipación humana. La razón de esa limitación es el derecho de propiedad privada en su carácter absoluto: “De carácter arbitrario, sin atender a los demás hombres”. Tal como lo exhibe el discurso del Foro por la Libertad, cuando sostiene que las medidas de la protección de la salud serían confinamientos que impiden la libertad de producir (de acumular) al propietario de una industria.

La vocación por un humanismo solidario requiere detenerse en una nueva lectura de la Constitución Nacional de 1949, tratada como anacrónica por los “economistas serios” que  quieren ser impuestos como “consejeros” al Presidente Fernández. Citamos contenidos del texto que recobran absoluta vigencia para la construcción de esa sociedad humanista y solidaria en la postpandemia: “La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común… El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino… La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales… Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias… Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine”.

Junto a la vocación por la construcción de una América Latina unida, la Constitución de 1949 es una de las fuentes para la construcción de una Argentina posterior a la pandemia que se dé a la tarea de desarmar los restos del entramado neoliberal de sus esferas políticas, económicas, jurídicas y culturales.

23Dic/190

DESDOLARIZAR PARA CRECER Y DISTRIBUIR

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Las retenciones son un instrumento efectivo para combatir la pobreza

 

Las graves condiciones en que la Alianza Cambiemos dejó a la economía nacional, tuvieron como causa fundamental el financiamiento con deuda externa del déficit fiscal y la liberalización del movimiento de capitales con el exterior. El crecimiento de la fuga de capitales y del endeudamiento externo, causados por la restauración de los pilares de un régimen de valorización financiera culminaron con el inédito e irregular endeudamiento con el FMI.

El gobierno popular del Frente de Todos asumió con la urgente necesidad de resolver una deuda con una estructura de obligaciones imposible de ser abordada y con vencimientos inminentes sin los recursos para afrontarlos. Un endeudamiento que se componía de compromisos con acreedores privados, pero combinada con un peso elevado de la asumida con el FMI.

Este modelo de financiarización, produjo desindustrialización, reprimarización, recesión, desigualdad y crecimiento de la pobreza y la indigencia.

A la semana de asumir el presidente Alberto Fernández envió un proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, con medidas destinadas a atender la emergencia, muchas de las cuales conllevan el objetivo de establecer condiciones para un proyecto centrado en la reindustrialización y en la desarticulación de las lógicas neoliberales.

La actualización de los niveles de las retenciones, pero en la forma de una tasa sobre el nivel exportado, y no como monto fijo por dólar cobrado, establece  tipos de cambio diferenciales con proporciones estables entre el sector de mayor productividad de la economía argentina y el más inmaduro. La diferencia entre la nueva modalidad y la previa, facilita que los derechos de exportación adquieran más que un carácter temporal, uno de tipo estructural, lo que se constituye en una de las claves fundamentales para el desarrollo del país. Nuevamente cabe destacar la triple virtud de las retenciones. Diferenciando tipos de cambio son un instrumento que favorece una estrategia de diversificación de exportaciones, necesario para el crecimiento de éstas e indispensable para una meta que se proponga morigerar y superar la restricción externa de la economía argentina. A su vez, al disminuir el precio efectivo en pesos percibido por los exportadores del sector más competitivo que exportan bienes salarios, y/o al de otros sobre los que tienen un peso decisivo en su conformación, inducen a una reducción de los precios relativos de los alimentos. Las retenciones son, entonces, un instrumento efectivo para combatir la pobreza. En tercera instancia, tienen un impacto fiscal considerable, siendo fundamentales para afrontar el nivel crítico de déficit que dejó el gobierno de Cambiemos, ocultado por el engañoso discurso de sus funcionarios, y los del FMI, que citan los niveles del déficit primario, cuando la condición de las cuentas presupuestarias es reflejada por el déficit que incluye las obligaciones financieras. La fijación de derechos de exportación de la soja en el orden del 30%, y su posibilidad de extensión a 33%, le dan adecuada potencia a los objetivos perseguidos por la adopción de este instrumento de política económica. Adoptando las clásicas y solventes reflexiones de Marcelo Diamand, los derechos de exportación requieren ser adoptados como una herramienta permanente de un proyecto de desarrollo nacional. Urgentes para la actual emergencia, son imprescindibles para un cambio estructural. Otro argumento favorable para las retenciones es comentado por Amico en La política fiscal en el enfoque de Haavelmo y Kalecki,(dt 51 del CEFID-AR): “la recaudación de impuestos a las exportaciones implica un efecto contractivo sobre la propensión a gastar de los exportadores, pero ésta es, sin embargo, mucho menor a la propensión a gastar del Estado. En otras palabras, el efecto contractivo de los impuestos a las exportaciones es sustancialmente menor que el efecto expansivo del gasto de gobierno.” Si esa recaudación, además, se utiliza en financiar transferencias a los sectores de menores ingresos con necesidades impostergables, y por lo tanto con elevada propensión a consumir, el nivel de actividad tiende a crecer y a generar endógenamente un crecimiento de la recaudación tributaria, construyéndose una lógica fiscal virtuosa. Siendo que los impuestos se recaudan en moneda local, por imposición del Estado, el aumento de recaudación generada por esa lógica, deviene en una mayor demanda de dinero que deberá ser atendida por una emisión de moneda que los empresarios requerirán para afrontar sus obligaciones.

El impuesto a la compra de dólares tanto para la tenencia como para turismo al exterior, incluyendo los gastos realizados en dólares con tarjeta de crédito, es una medida virtuosa y que resulta consistente con la implementación de los derechos de exportación. Tiene una triple función también. Establece un tipo de cambio diferencial que desestimula el turismo al exterior y por lo tanto es ahorradora de divisas atacando el problema de la restricción externa. En segundo término, aumenta los recursos tributarios que aportan a construir un mayor espacio fiscal, sobre la base de los viajes al exterior que persistan a pesar de su encarecimiento en pesos. En tercer lugar, promueve la sustitución del turismo al exterior por el interior, desarrollando esa actividad que impacta en la recuperación económica y en la mejora del nivel de actividad, mientras también aporta al desarrollo de economías regionales. La significativa  tasa del 30% resulta necesaria para completar una estructura adecuada de precios diferenciales para las divisas. La compra de dólares está acotada por la vigencia de las actuales regulaciones a un máximo de 200 dólares mensuales. La regulación y límites a los movimientos de capitales y a las operaciones en el mercado de cambios, han permitido una disminución sustantiva de la fuga de capitales, exhibiendo la conveniencia de que no sólo adopte el carácter de una emergencia, sino que quede constituida en un elemento fundamental del proyecto de carácter productivo que sustituya el de valorización financiera.

Como cuarta medida de este conjunto dispositivo que se ha enunciado, se ha dispuesto la desgravación del impuesto a la renta financiera, de los depósitos en pesos en el sistema financiero nacional, lo que apunta a la desdolarización de la economía. Esta desdolarización es un objetivo clave para alejar los problemas de la restricción externa, para la que son necesarios tanto incentivos, como las regulaciones e intervenciones públicas. Las retenciones, el impuesto a la compra de divisas, las regulaciones al movimiento de capitales y cambiarias, como esta diferenciación tributaria entre depósitos en pesos respecto a los efectuados en divisas, contribuyen a construir un sendero de desdolarización. La vigencia de la obligación de liquidar las divisas de exportaciones con plazo adecuado y definido, ausente en la mayor parte del tercer gobierno neoliberal, tiene el mismo sentido. Otras medidas e incentivos de carácter interno deberán reforzar la búsqueda de la consecución de esa meta estratégica.

El aumento de la alícuota del impuesto sobre los bienes personales tiene el objetivo de mejorar el resultado presupuestario a través de una mayor imposición, con la característica de cumplir también con metas redistributivas, ya que este tributo es de una clara factura de redistribución progresiva. No es secundaria la facultad, que el proyecto establece, de aplicar hasta el doble de la tasa a los activos en el exterior, que persigue evitar la fuga de capitales.

Se ha dispuesto también el otorgamiento de un bono para diciembre y enero para los jubilados de menores ingresos, que en la práctica eleva el monto del mínimo para esos meses a más de $ 19.000. El ajuste de las jubilaciones del mes de diciembre se pagó de acuerdo a la legislación vigente. A partir del primer semestre se resolvió suspender el régimen de ajuste vigente y se dispuso un plazo de un semestre para la elaboración de un nuevo régimen de ajuste. Mientras rija esta transición el PE dispondrá aumentos por decreto que en los niveles inferiores apunta a ser mayores que la inflación. El régimen de ajuste actual fue concebido por el macrismo para reducir el ingreso de los jubilados, y comenzar el avance hacia un régimen de jubilación privada o mixto que anule o debilite el régimen de reparto. La erosión de los regímenes de reparto contribuye a la financiarización de la economía. El deterioro que el manejo de la lógica de endeudamiento y fuga produjo en Argentina, provocó un deterioro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuya activos se encuentran concentrados en títulos públicos afectados por la iliquidez e insolvencia en los pagos externos que dejó el gobierno de Cambiemos.

Por lo tanto, el objetivo central del gobierno popular que tiene un programa contrario a una reforma que modifique el carácter estructural del régimen previsional, es garantizar la permanencia del régimen de reparto y evitar su cambio por uno de capitalización o su mixtura con uno de este carácter. Esta es una cuestión central en términos de entender la importancia que tiene la recuperación de la sustentabilidad del sistema. A esto apunta el dispositivo de emergencia adoptado. La vigencia de un régimen de reparto público es clave para el desmonte del régimen de valorización financiera. Esto es fundamental, y es el centro de las medidas tomadas, cuidando los ingresos de los sectores con jubilaciones más bajas. En términos de los debates controversiales con relación al período de transición, resulta imperioso atender las necesidades de los sectores de menores remuneraciones por su situación de emergencia. Siendo la lógica de la medida esta emergencia y no el ajuste, son injustificadas las dudas respecto a que al final del período de regularización, los recursos globales destinados a atender las jubilaciones – o sea, el monto destinado globalmente a la atención de éstas-, será igual o mayor en términos reales al vigente al 31 de diciembre. El achatamiento de la pirámide es un objetivo de justicia necesaria ya que la estructura de 1 a 7 entre la jubilación máxima y mínima no responde a los criterios de solidaridad de un régimen de reparto, pero el sustento fundamental del achatamiento debería fundarse en el crecimiento de las jubilaciones inferiores, apuntando a conservar una tasa de sustitución (percepción del jubilado en relación a su sueldo cuando se encontraba activo) adecuada en toda la escala. Lo urgente y primordial  es recuperar la solvencia intertemporal del régimen de reparto mediante una gestión adecuada de los activos del FGS.

Una medida desdolarizadora clave es la suspensión de los ajustes tarifarios y el comienzo de la reestructuración de los criterios para su conformación. Los estudios académicos demuestran la alta sensibilidad del presupuesto de las familias de menores ingresos a los niveles tarifarios, como así también la del nivel de actividad económica frente a la misma variable. En  Fiscalidad y Equidad en Argentina: un enfoque de equilibrio general” (dt 47 CEFID-AR), Ramos y Serino -coordinados por Gaggero- sostienen que “es importante señalar que una reforma que incluya la eliminación de subsidios  a los combustibles y el transporte puede afectar la dinámica macroeconómica , por la vía de su incidencia sobre los precios, el consumo privado y el empleo, principalmente de empleados asalariados”. Esta conclusión del año 2012 se verificó en la práctica con el fuerte impacto regresivo socialmente y contractivo de la economía que se verificó con la política tarifaria y de eliminación de subsidios del macrismo. El inicio de su revisión recorrerá, con seguridad, un camino inverso.

El aumento de los impuestos dispuesto por el conjunto de medidas de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, en tanto sean volcados a atender las necesidades de los sectores de menores recursos, proveerán a la expansión de la economía. Siendo los impuestos de carácter progresivo, los sectores que tributan tienen una propensión marginal a consumir marcadamente inferior a los que recibirán las transferencias para gastar, siendo esta la condición expansiva de un régimen de gastos financiados con impuestos.

El argumento que adjudica a los impuestos un carácter contractivo y entiende su eliminación como expansiva es erróneo. Esa corriente del pensamiento económico (el ofertismo) es promotora de una distribución regresiva del ingreso, como prueban las experiencias que han adoptado sus recetas. En realidad, la recaudación en impuestos progresivos, las retenciones, el impuesto a la compra de dólares o el de bienes personales retiran recursos de sectores con altos ingresos que si se revierten en gasto social a los deciles más populares devienen en un impulso del nivel de actividad. También es inexacto que la reducción de la tasa de ganancia se traduce en disminuciones de la inversión. La existencia de ganancia es una condición necesaria para la inversión, pero el nivel de ésta depende de la demanda y no de esa tasa de ganancia. Por lo tanto, los impuestos progresivos son reactivadores y no depresores de la producción. Crecimiento y distribución van articulados con ese tipo de articulación y conceptualización de la estructura tributaria. Sentido que impregna la ley en tratamiento actual por el Congreso.

 

 

Profesor de la UBA , ex director del CEFID-AR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  1. Luis Juan Dice

    Estimado Guillermo:
    Excelente análisis.
    Parafraseando la canción “tratando de crecer”: desdolarizar y desmonopolizar… es la tarea, es la tarea.
    Si me permite, una digresión.
    Resulta sumamente interesante el análisis de lo sucedido en Bolivia a partir de la asunción de Evo Morales, por lo que significó dicho período para el bienestar de las inmensas mayorías. Algo que el Imperio, por el éxito obtenido, no podía permitir que se extendiera como modelo de referencia, más allá de la cuestión central respecto del control de los recursos naturales, en todo su patio trasero: América para los americanos, es decir, ellos.
    En una entrevista de La Jornada de México a García Linera en febrero/2012, se le pregunta respecto de los 6 años que llevaban gobernando Bolivia. Transcribo algunos párrafos:
    “La descolonización es un proceso de desmontamiento de las estructuras institucionales, sociales culturales y simbólicas que subsumen la acción cotidiana de los pueblos a los intereses, a las jerarquías y a las narrativas impuestas por poderes territoriales externos. La colonialidad es una relación de dominación territorial que se impone a la fuerza y con el tiempo se “naturaliza” inscribiendo la dominación en los comportamientos “normales”, en las rutinas diarias, en las percepciones mundanas de los propios pueblos dominados. Por tanto desmontar esa maquinaria de dominación requiere mucho tiempo. En particular el tiempo que se necesita para modificar la dominación convertida en sentido común, en hábito cultural de las personas. En Bolivia, el hecho fundamental que hemos vivido ha sido que aquellas personas, mayoría demográfica antes y hoy, los indígenas, los indios, a quienes la brutalidad de la invasión y los sedimentos centenarios de la dominación habían establecido en el propio sentido común de las clases dominantes y las clases dominadas, que estaban predestinados a ser campesinos, obreros de bajo oficio, artesanos informales, porteros o meseros, hoy son ministros y ministras, diputados, senadores, directores de empresas públicas, redactores de constituciones, máximos magistrados de la justicia, gobernadores; presidente.”
    “Y no solo eso: las formas organizativas comunales, agrarias, sindicales del movimiento indígena contemporáneo, con sus formas de deliberación asambleistica, de rotación tradicional de cargos, en algunos casos, de control común de medios de producción, son hoy los centros de decisión de la política y buena parte de la economía en Bolivia. Hoy, para influir en los presupuestos del Estado, para saber la agenda gubernamental no sirve de nada codearse con altos funcionarios del Fondo Monetario, del BID, de la Embajada norteamericana o europeas. Hoy los circuitos del poder estatal pasan por los debates y decisiones de las asambleas indígenas, obreras y barriales. Los sujetos de la política y la institucionalidad real del poder se ha trasladado al ámbito plebeyo e indígena. Los llamados anteriormente “escenarios de conflicto” como sindicatos y comunidades, hoy son los espacios del poder factico del Estado. Y los anteriormente condenados a la subalternidad silenciosa, hoy son los sujetos decisores de la trama política.”
    “Este hecho de la apertura del horizonte de posibilidad histórica de los indígenas, de poder ser agricultores, obreros, albañiles, empleadas pero también cancilleres, senadores, ministras o jueces supremos, es la mayor revolución social e igualitaria acontecida en Bolivia desde su fundación.”Indios en el poder”, es la frase seca y despectiva con la que las señoriales clases dominantes desplazadas anuncian la hecatombe de estos 6 años.”
    “Como caracterizar el modelo económico puesto en marcha?. Básicamente postneoliberal y de transición postcapitalista. Se ha recuperado el control de los recursos naturales que estaban en manos extranjeras, para colocarlas en manos del Estado dirigido por el movimiento indígena (gas, petróleo, parte de los minerales, agua, energía eléctrica); en tanto que otros recursos como la tierra fiscal, el latifundio y los bosques ha pasado a control de comunidades y pueblos indigeno-campesinos.”
    “Hoy el Estado es el principal generador de riqueza del país y esa riqueza no es valorizada como capital (“valor que se autovaloriza” Marx); es redistribuida en la sociedad a través de bonos, rentas y beneficios sociales directos de la población, además del congelamiento de las tarifas de los servicios básicos, los combustibles y la subvención de la producción agraria. Intenta priorizar la riqueza como valor de uso, por encima del valor de cambio. En ese sentido, el Estado no se comporta como un “capitalista colectivo” propio del Capitalismo de Estado, sino como un redistribuidor de riquezas colectivas entre las clases laboriosas y en un potenciador de las capacidades materiales, técnicas y asociativas de los modos de producción campesinos, comunitarios y artesanales urbanos. En esta expansión de lo comunitario agrario y urbano, depositamos nuestra esperanza de transitar por el postcapitalismo, sabiendo que también esa es una obra universal y no de un solo país.”
    “…¿Hay un papel activo de Washington para sabotear la transformación boliviana en curso?”, pregunta Luis Hernández Navarro -el entrevistador-.
    “El gobierno norteamericano nunca ha aceptado con las naciones latinoamericanas puedan definir su destino porque siempre ha considerado que formamos parte del área de influencia política para su seguridad territorial, y somos su centro de acopio de riquezas, naturales y sociales. Cualquier disidencia a este enfoque colonial, coloca a la nación insurgente, en la mira de ataque. La soberanía de los pueblos es el enemigo número uno de la política norteamericana. Eso ha pasado con Bolivia en estos 6 años. Nosotros no tenemos nada contra el gobierno norteamericano ni contra el pueblo norteamericano. Pero no aceptamos que nadie, absolutamente nadie de afuera nos tenga que venir a decir lo que tenemos que hacer, decir o pensar. Y cuando como gobierno de movimientos sociales comenzamos a sentar las bases materiales de la soberanía estatal al nacionalizar el gas; cuando rompimos con la vergonzante influencia de las embajadas en las decisiones ministeriales; cuando definimos una política de cohesión nacional enfrentando abiertamente las tendencias separatistas latentes en oligarquías regionales, la embajada norteamericana no solo apoyo financieramente a las fuerzas conservadoras, sino que las organizo y dirigió políticamente, en una brutal injerencia en asuntos internos. Eso nos obligo a expulsar al embajador norteamericano y luego a la DEA. Desde entonces los mecanismos de conspiración se han vuelto más sofisticados: se usan oeneges, se infiltran a través de terceros en las organizaciones indígenas, dividen y proyectan liderazgos paralelos en el campo popular, como quedo recientemente demostrado mediante el flujo de llamadas desde la propia embajada a algunos dirigentes indígenas de la marcha del TIPNIS, el año pasado.”
    “En todo caso, nosotros buscamos relaciones diplomáticas respetuosas, pero también estamos atentos a repeler las intervenciones extranjeras de “alta” o “baja” intensidad.”
    “…Se ha dicho que Bolivia sigue siendo un abastecedor de materias primas en el mercado internacional y que el modelo de desarrollo en práctica (que algunos analistas han calificado como extractivista) no cuestiona este papel. ¿Es esto cierto? ¿Se trata de una fase transitoria de acumulación que se acompaña de una redistribución de la renta?” (pregunta el periodista)
    “Ni el extractivismo ni el no-extractivismo, ni el industrialismo son una vacuna contra la injusticia, la explotación y la desigualdad. En si mismos, no son ni modos de producir ni modos gestionar la riqueza. Son sistemas técnicos de procesar la naturaleza mediante el trabajo. Y dependiendo de cómo se use esos sistemas técnicos, de cómo se gestione la riqueza así producida, se podrá tener regímenes económicos con mayor o menor justicia, con explotación o son explotación del trabajo.”
    “Los críticos del extractivismo confunden el sistema técnico con el modo de producción, y sobre esa confusión asocian extractivismo con capitalismo, olvidando que hay sociedades no-extractivistas, bajo la forma de industriales, plenamente capitalistas. Puede haber sociedades extractivistas capitalistas, como no capitalistas, pre capitalistas, post capitalistas. E igual, puede haber sociedades no extractivistas capitalistas, no capitalistas, post-capitalistas.”
    “El extractivismo no es un destino; puede ser un punto de partida para su superación. Ciertamente en el extractivismo se condensa toda una distribución territorial de la división del trabajo mundial, distribución colonial. Pero para romper esa subordinación colonial no es suficiente llenarse la boca de injurias contra el extractivismo, dejar de producir y hundir en mayor miseria al pueblo, para que luego regrese la derecha y mediante el extractivismo satisfaga parcialmente las necesidades básicas de la población. Esta es precisamente la trampa conservadora de los críticos del extractivismo. En su liturgia conservacionista, mutilan a las fuerzas revolucionarias y a los gobiernos revolucionarios de los medios materiales para satisfacer las necesidades de la población, para generar riqueza y distribuirla con justicia, y crear sobre ello una nueva base material no extractivista que preserve y amplié los beneficios de la población laboriosa.”
    “Como toda emancipación, la emancipación del extractivismo tiene que partir de el pues es el único medio técnico que se dispone hoy, ahora; para con ello distribuir la riqueza material pero de otra manera a la precedente. De esta manera, inicialmente se satisfacer necesidades urgentes de la población, se elevan los beneficios sociales de las clases laboriosas y se crean las condiciones culturales, educativas y materiales para construir una nuevo soporte tecnológico de producción de la riqueza no extractivista. No es un proceso simple; requiere años, tal vez décadas. Lo importante es reorientar el sentido de la producción, sin olvidar sin embargo que hoy hay que satisfacer también las necesidades básicas apremiantes que precisamente han llevado a la población a asumir la construcción del poder del Estado. Eso es lo que estamos haciendo en Bolivia.

4Nov/190

Un fuerte retroceso del neoliberalismo

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Aleja ndro Rofman

Las recientes situaciones en la Argentina marcan lo que ya parece imparable. Un importante avance de los pueblos de América Latina – que se expresaron simultáneamente del mismo enfático modo – en diversos países. Haremos especial mención al caso argentino por lo que nos toca acompañando con estas líneas el regocijo generalizado en los sectores populares por el regreso del proyecto nacional y democrático al poder político.

La revuelta masiva inicial en Ecuador, con las marchas callejeras multitudinarias y los paros generales obligaron al gobierno de ese país a dejar sin efecto medidas de ajuste regresivas impuestas por el FMI. En Chile, la reacción fue mucho más importante en volumen de ciudadanxs incorporadxs a la repulsa pública de un sistema económico con fuertes desigualdades sociales y elevado castigo al ingreso de los que menos tienen. En Chile aún persisten las masivas protestas, pese a los cambios ofrecidos por el gobierno. La marcha del millón de chilenos solo en Santiago de los días anteriores es reveladora de la importancia que para la mayoría de la sociedad implicó decirle basta al neoliberalismo en ese país. En Bolivia, la ratificación de Evo Morales a la presidencia también constituyó un signo revelador de la conciencia colectiva del pueblo boliviano frente al intento de la derecha de recuperar el poder. Simultáneamente han seguido desarrollándose en Haití y en Colombia manifestaciones concretas, ya sea en la calle en el primer caso y en las urnas en el segundo, el repudio a las políticas regresivas de corte neoliberal. Y en Bogota se eligio alcaldesa a una militante social y feminista

En nuestro país, la experiencia neoliberal que se reinstaló en el 2015 y produjo una fenomenal caída de ingresos, empleo y beneficios sociales a la mayoría del pueblo fue ampliamente derrotada en las elecciones del 27 de Octubre. La fórmula presidencial del Frente de todos, que va a resultar favorecida por una mayoría en torno al 50% cuando el escrutinio definitivo termine, manifestó así claramente la aspiración colectiva de un retorno muy esperado a una política de desarrollo integral, con inclusión social y avances significativos en la calidad de vida de la población, en sus dimensiones económicas, políticas, sociales y culturales.

Este renacer de un horizonte preñado de fundadas esperanzas de que otra vez se va a gobernar para las mayorías del país es una evidencia concreta que otra Argentina es posible. La constitución de un frente político y social muy amplio, respaldado por organizaciones sociales de activa militancia y fundado en un objetivo central y excluyente: Derrotar al neoliberalismo y recuperar la alegría de una sociedad más justa y equitativa, es el principal resultado del urnazo. La naturaleza y densidad del voto popular quedó plasmado en las 18 provincias del sur y el norte del país que marcaron diferencias notorias en la voluntad popular acordes con el nivel de ingreso y de necesidades insatisfechas de sus pobladores. Así se derrotó al frente gobernante incluso en dos provincias donde sus gobiernos locales pertenecen a esa posición política. La franja del centro del país especialmente la ciudad de Buenos Aires y Córdoba reflejó la presencia dominante en ambas jurisdicciones del segmento poblacional favorecido por la política conservadora del Macrismo y atrapado por un mensaje cultural de odio profundamente regresivo, con amplio eco en los medios de comunicación afines. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, es preciso hacer algunas puntualizaciones valiosas. El porcentaje del electorado que apoyó la fórmula del Frente de todos fue similar en primera vuelta al resonante triunfo de Cristina en el 2011. Pero aquella victoria en esta ciudad se dio porque la oposición fue fragmentada,En el caso del 27 de Octubre, con el mismo porcentaje el frente que aglutinó a los sectores progresistas del distrito tuvo, en la vereda opuesta, una fuerte concentración de apoyo a los candidatos del oficialismo Macrista que así lograron imponerse a nivel global. Dentro de la ciudad, todo el sur que se recuesta en el Riachuelo (Boca, Barracas, Lugano, etc.) le dio la victoria por más del 50% al Frente de todos. Y hubo barrios dentro del resto de la ciudad, donde también la fórmula presidencial Fernandez-Fernandez se impuso, como en los casos de la Chacarita y la Paternal. Ello revela que la composición social de la ciudad tuvo su correlato en el comportamiento electoral. En Córdoba, el distrito donde la formula gobernante fue ampliamente favorecida, el impacto de la presencia de “La patria sojera “ y su capacidad de arrastre, y la defección de los sectores del Peronismo afines al gobernador dieron cuenta del resultado final. En Santa fé y Entre Ríos, la paridad del escrutinio provisorio deberá ser revalidada en el definitivo, que no se conoce aún al momento de cerrar este texto.

Esta verdadera epopeya del pueblo argentino que en su mayoría sufrió un grave deterioro en su bienestar, es la respuesta que la mayoría aspiramos se convierta en permanente: Nunca más al neoliberalismo degradante, saqueador, basado en la especulación financiera y en la pobreza e indigencia en franco asenso. De aquí en más, el esfuerzo será reconstruir el tan dañado tejido productivo y social, tarea a la que todos deberemos prestar un fuerte apoyo. tes eleccion

 

4Nov/190

UN TRISTE FINAL DE FIESTA

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Alejandro Rofman

El mundo del trabajo en la Argentina ha experimentado en el final de fiesta del gobierno de Cambiemos un muy triste comportamiento Asi como el actual Presidente afirmo a poco de asumir que”… se lo debería juzgar por su capacidad de reducir la pobreza al final de su mandato”,sería necesario emitir un juicio concluyente sobre su desempeño en el terreno laboral, a poco de cerrarse su mandato presidencial

Los datos revelados por las estadísticas oficiales permiten anticipar un juicio profundamente negativo,en una cuestión central de toda gestión política a nivel nacional. La cantidad de trabajadores registrados, es decir que trabajaron cumpliendo la patronal todas las obligaciones derivadas de la legislación social , y el salario medio de los trabajadores se desplomaron en el tramo más cercano al cierre del cuatrienio y exhibieron niveles inferiores a los datos del 2015.

La cantidad de asalariados registrados en agosto ultimo según el Ministerio de Produccion fue de 6.096.000 empleos formales, datos que suponen una caída del 2,3 % según el registro de doce meses antes. En un año se perdieron 140.400 puestos de trabajo. Encbeza esta lista la industria manufacturera, con una caída de 154.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2015.

Si nos remitimos a la remuneración del mundo del trabajo en el año que se cerró entre agosto del añpo actual y el mismo mes de 2018 la caída en términos de poder adquisitivo de los salarios totales del sector privado fue del 7,8 % En el sector publico y en el sector `privado registrado la caída fue del 6,8 & y 6,2 % respectivamente. Lo más triste consistió en que la reducción del salario real entre las asalariados no registrados( en negro),según fuentes oficiales, fue de nada menos que el 12,8 % entre ambos agostos La estadística oficial consigna que desde que asumió el ing Macri la presidencia hasta agosto de este año pàra toda la actividad laboral la perdida de valor del salario alcanzo el 19 %.

Este último aspecto es crucial para juzgar la gestión publica del cuatrienio Nos pregu ntamos.QUIEN LE DEVUELVE A LOS TRABAJADORES ACTIVOS(LAS PERDIDAS DE INGRESO TAMBIEN ALCANZA A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS) LO QUE DEJARON DE PERCIBIR EN RELACION AL AUMENTO DEL COSTO DE VIDA?. HAY RESPONSABLES DE ESTA ALARMANTE DISMINUCION DE INGRESOS ¿ QUEDARAN IMPUNES? SE LES REINTEGRARA LO PERDIDO A LOS QUE FUERON PERJUDICADOS POR LAS POLITICAS IMPLANTADAS EN ESTE CERCANO PERIODO QUE AHORA AFORTUNADAMENTE SE CIERRA?

No debe sorprender entonces el voto popular del 27 de octubre que consagro con prácticamente la mitad del electorado una opcion política cuyo principal objetivo será desterrar el modelo neoliberal que primó en la Argentina desde 2015 a 2019 y reemplazarlo por otro que afiirme el mercado interno y el consumo, eleve el poder adquisitivo de todas las remuneraciones y reconstruya el tejido productivo y social hoy tan dañado

 

2Sep/190

El comienzo del final

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Alejandro Rofman

Así titula el Banco Nacional Popular Paribas, un informe lapidario
sobre la situación financiera de nuestro país difundido este jueves
29, en simultáneo con informes parecidosemitidos por diversos
organismos y medios de difusión internacionales (como Forbes,
Finantial Times, Bloomberg, etc.) El BNP es uno de los bancos más
grandes de Francia y del mundo. Forbes la revista más prestigiosa de
economía y finanzas de Estados Unidos descree que la Argentina pueda
pagar y Bloomberg afirma que el default es solo cuestión de tiempo. El
BNP asegura que las medidas del gobierno no resuelven los problemas de
insolvencia en el tiempo. Y recuerda que la economía argentina tiene
una deuda pública que alcanza al 110 % de su Producto Bruto (dicho sea
de paso, era solo del 36% a fines del 2015). Y el banco cierra su
informe diciendo: “No se ven elementos que puedan mejorar la
situación. La perspectiva es mas devaluación y controles sobre el tipo
de cambio”. A ello se suma, la calificación de D, o sea default, que
impuso anoche la calificadora más importante del mundo a nuestra deuda
pública, llamada Standard y Poor.

Esta catástrofe que está ahora en proceso no proviene como miente el
presidente Macri del resultado democrático de las PASO. Viene de
antes. Se genera por su gestión de gobierno. Un dato concluyente:
Desde Enero del 2016 la deuda nuevacontraída por el Estado Nacional
fue de 107.625.000 de dólares. Según el Banco Central, a Junio de este
año la fuga de capitales alcanzó a 106.779.000 de dólares. Osea, la
deuda contraída solo sirvió para financiar la salida de dólares. Un
despropósito mayúsculo. Estamos ahora endeudos en relación al Producto
Bruto tres veces más que en el 2015 solo para financiar salidas de
dólares de nuestra economía para ahorro particular o de empresas,
salidas de fondos golondrinas, pago de intereses y saldo de divisas
turísticas. Lo dramático de esta situación se agudizó desde que el
gobierno argentino en Marzo del 2018 se encontró con que todos los
centros financieros internacionales no le prestaban más porque iba
camino de la insolvencia. Entonces acudió, para recibir dólares, al
FMI, porque resultó incapaz de generar ingresos en esa moneda por vías
genuinas. En el acuerdo con el fondo se comprometía al gobierno
Argentino a lograr crecimiento económico, a aumentar el empleo para
bajar la pobreza, reducir la inflación y bajar el nivel de la deuda.
En Junio de este año se cumplió el primer ciclo anual de vigencia del
acuerdo, dos veces incumplido y reestructurado. Y a ese momento, mucho
antes de las PASO , durante el citado año la economía cayó el 1,7%, la
deuda había subido 29 puntos porcentuales del PBI, el desempleo
aumentó a 10,1%, la pobreza creció a más del 32% y la inflación se
disparó al 53.9%. Un verdadero desastre, que llevó al incumplimiento
por tercera vez en estos días del acuerdo con el Fondo que ahora se
tendrá que renegociar nuevamente. El FMI desembolsó ya 44.500.
millones de dólares de los 57.000. que presó (bajo el compromiso de no
financiar fuga de capitales con dicho préstamo, tal cual lo establece
el artículo 6 de la carta orgánica del FMI compromiso que este
organismo no hizo cumplir). La frutilla del postre fue el default
técnico que se produjo ayer Jueves 29, debido a que el gobierno
argentino decidió reestructurar el plan de pagos de la deuda a futuro
en un monto de 101.000. de dólares. ¿Qué nos espera? Nada bueno,
diríamos lo contrario: pésimo. Un panorama de desastre está abierto
por culpa no de la impericia del actual gobierno sino por el
endeudamiento injustificado y la apertura financiera total del sector
externo que torna a la primera dimensión impagable y al segundo
postulado de la política Macrista el gran negocio para que sus
integrantes fuguen los recursos fuera del Banco Central

El panorama social es francamente desalentador con millones de
personas que pasan hambre en el país que produce alimentos e insumos
para los bienes alimenticios diez veces más de los necesarios para una
satisfacción de las necesidades básicas de la población. Fenómeno del
cual todos somos testigos pero con muy pocos responsables, que no son
precisamente los que padecen el referido hambre. La UCA acaba de
revelar que el 13% de los menores de 17 años padecieron en el año 2018
de carencia severa de alimentación, casi el doble que lo que el
organismo de esa Universidad comprobó que ocurría 5 años antes. Y esta
universidad informó que una tercera parte de los niños y adolescentes
entre 0 y 17 años tuvo algún tipo de carencia en su alimentación
durante dicho año. Este daño social y de salud que no puede
prolongarse mucho tiempo más es la otra cara de esta política
económica y social que la sociedad argentina rechazó con amplia
mayoría en las elecciones de hace dos semanas. Todo indicaría que el
27 de Octubre esa mayoría ( prácticamente el 70% de la población
argentina ) volverá a manifestarse incluso en forma más amplia, para
dejar atrás estos 4 años muy dramáticos para los sectores de ingresos
medios del país.