Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

24Ene/210

DISTRIBUIR RIQUEZA

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El problema urgente de distribución de ingreso y riqueza

 

Asistimos a sustanciales debates respecto a cuál sería el problema nodal de la economía argentina. Los economistas de la corriente principal, que han respaldado el liberalismo neo, sostienen que la cuestión urgente y clave a encarar es la disminución sustancial del déficit fiscal. Otros enrolados en la heterodoxia light, que respaldaron la derechización de las socialdemocracias europeas adhiriendo a la corriente de pensamiento de Giddens y las políticas de Tony Blair, afirman que los equilibrios macroeconómicos no tienen ideología ni marcos histórico-sociales, o sea que serían de orden universal. Muchos de estos últimos coinciden con los ortodoxos al sostener que el principal problema del país es el ordenamiento fiscal.

Sin embargo, desde un enfoque crítico que observe la evolución de la economía argentina durante el último medio siglo, podrá concluirse que el problema argentino urgente y principal es la distribución del ingreso y la riqueza. Mirando la evolución de la participación de los salarios y las ganancias en el ingreso, se puede observar cual ha sido la “gran novedad” de las reformas introducidas en 1976 por la dictadura militar, cuyo despliegue continuó por décadas debido a la repetición de las políticas neoliberales en tres fases de esos cincuenta años. Así, esta identificación de la cuestión clave a resolverse en Argentina 2021 coincidiría con lo señalado por David Ricardo, el más maduro de los pensadores de la economía clásica, quien sostuvo en su obra fundamental, Principios de Economía y Tributación, que la distribución del ingreso entre las tres clases sociales de la comunidad era el principal problema de la economía política.

Los argumentos en que se apoya la corriente principal y las adyacentes son de orden praxeológico, es decir de carácter “tecnológico”, como si se tratara del proceder correcto en la economía. El análisis prescinde del devenir histórico y del origen de las condiciones que constituyen un estado de las cosas. Espacio y lugar son indiferentes, siempre hay una práctica “curativa” de los problemas económicos. Es la visión de quienes asumen que capitalismo constituye un modo histórico inamovible –una forma de organización óptima y única de la vida económica de los humanos. Que, extremada en la visión esencialista del liberalismo, estaría sujeto a condiciones de estricta vigencia de derechos de propiedad constituidos previamente, y blindados de su limitación, intervención o afectación por parte del poder democrático. Esa vigencia eterna y universal alcanzaría al mercado y, actualmente, a la financiarización misma como habitualidad sin alternativa.

 

 

La ruptura epistemológica de Marx

Martín Abeles y Roberto Lampa en La ruptura epistemológica de Marx (Revista Nueva Sociedad 277- set-oct 2018) , siguiendo a Etienne Balibar sostienen que la obra del autor de El Capital constituye una ruptura epistemológica con los economistas clásicos, refutando la tendencia que se ha afirmado entre los economistas ortodoxos que sitúan a Marx como el último de los aquellos. Siendo que Adam Smith postuló el axioma “de propensión natural de la especie humana al intercambio” que según Abeles y Lampa, el primer clásico entiende que “mediada por el mercado, no sólo redundaba en una organización racional de la reproducción social… [sino] que propiciaba un orden naturalmente justo”. Esos autores afirman que “lo interesante desde este punto de vista cognitivo es que la representación de la sociedad asumía la forma de una deducción analítica. Emulando ya entonces a las ciencias naturales”. En contraposición a este tipo de representación, Marx no razona en esta clave axiomático-deductiva sino que reconoce como central la dimensión histórica, social y relacional de la existencia humana. Para Marx ese tipo de interés individual postulado por Smith no existe sino que todo tipo de interés privado se explica y construye términos de relación social. Los autores reivindican a Keynes por discontinuar la hegemonía de la Escuela Neoclásica que concebía los fenómenos sociales “explicando el funcionamiento del sistema económico por medio de la agregación de comportamientos de agentes individuales… En lugar de investigar sistemas económicos por medio de modelos cerrados, abstractos y basados en el método axiomático, a partir de Keynes la economía política vuelve a concebir sistemas abiertos en los que el comportamiento de los actores económicos se sitúa en un contexto social”. También reivindican a Joan Robinson en su concepto “reglas del juego” como articulador de los impactos del conflicto social, el efecto de las instituciones y las disputas ideológicas en el análisis de la realidad económica y social.

 

Naturalización: el paradigma del poder

Desde el punto de vista expuesto, el gran aporte de Marx fue la iniciación de un estudio de la economía de carácter crítico que quebraba la naturalización del capitalismo, del mercado, del interés individual y del derecho de propiedad como piedra basal de la organización de la vida humana en cualquier tiempo y espacio. Esta posición abría la economía a una relación con las otras ciencias sociales como la sociología, la antropología y la historia. Abeles y Lampa ven esa apertura también en Keynes, y consideran que fue abandonada por parte de la heterodoxia posterior y contemporánea porque “su tendencia a la naturalización del sistema económico planteaba el riesgo de atribuir a las recomendaciones emanadas de sus investigaciones el mismo status objetivo, la misma pretensión de validez universal, que la corriente neoclásica presuponía en las suyas. De esta manera, la estabilización de la económica, la eliminación del desempleo, el cambio tecnológico o la reducción de la desigualdad… podrían ser concebidos más como problemas técnicos que como problemas de la sociedad”.

El sistema de la financiarización (constituido por las derechas neoliberales y las socialdemocracias 2.0 –a la Blair) ha sido restaurador del enfoque ahistórico y pro-naturalización del capitalismo in extremis. En todas las circunstancias de crisis o situaciones dificultosas del funcionamiento de la economía, esta vertiente ha señalado al déficit fiscal como uno de los temas fundamentales a resolver mediante lo que el mainstream llama reformas estructurales. La reducción del déficit debería acometerse, de acuerdo a sus prescripciones, mediante el recorte del gasto público, mientras el aumento de los impuestos lo contraindican, porque deducen que medidas de este estilo desalentarían la inversión. Aseguran que esta acometida contra el déficit fiscal alimentaría la confianza de los agentes individuales privados para emprender sus negocios. Sobrevendría la calma de los equilibrios macroeconómicos, el tamaño de la “torta” crecerá y habría “porciones” más grandes para repartir. Las políticas posteriores a la crisis del 2008 llevadas a cabo en Europa, impulsadas por el FMI, que tuvieron este carácter, devinieron en mayor retracción económica, aumento del desempleo, debilitamiento sindical y de la capacidad de lucha de los trabajadores para defender sus ingresos. En Argentina actual, con acaso la mitad de su población sumida en niveles de pobreza, una política de consolidación fiscal, basada en este dogma con pretensión de ciencia objetiva, conduciría a una mayor concentración del ingreso, caída del PBI, derrumbe del nivel de empleo, reducción del salario real y descenso de la inversión privada.

 

 

La recuperación de la historicidad

El artículo referido cita un señalamiento de Immanuel Wallerstein respecto a que la construcción social, heredada del siglo XIX, de las distintas disciplinas científicas había perdido vigencia y constituía una barrera para el trabajo intelectual, y aseguraba que la Economía Política era la que más había exacerbado la característica de división y escisión del conocimiento, aislándose del resto de las ciencias sociales.

Seguramente la pretensión praxeológica y generalizadora, con axiomas fuertes y deducciones con resultados no verificados, y muchos incontrastables, la llevaron a un conveniente aislamiento para postularse como una disciplina teórica objetiva estimulante del perfil de pensamiento único.

En Argentina los gobiernos que adhirieron a sus postulados favorecieron a los sectores del poder económico concentrado y finalizaron con catástrofes macroeconómicas. En cambio, las experiencias nacionales, populares y democráticas que aplicaron programas de crecimiento del gasto público, fortalecimiento de las organizaciones sindicales, aumentos de salarios, expansión del consumo interno y políticas hacia el pleno empleo, tuvieron importantes tasas de crecimiento económico, mejora sustantiva de la participación de los trabajadores en el ingreso y disminución de la pobreza.

Argentina está atravesada por conflictos históricos y presentes entre bloques sociales antagónicos. En el marco de esos conflictos se despliega la posibilidad de una distribución más justa y la potencialidad de un país con transformación productiva y desarrollo. Ni el déficit fiscal, ni las políticas monetarias pueden ser discutidos en Argentina de la pandemia del 2021, convaleciente de la política ortodoxa de la Alianza Cambiemos, como se lo haría en el marco de una situación de pleno empleo en una economía en expansión. Porque en este último caso la falta de financiamiento del gasto público podría provenir sólo de problemas y resistencias al pago de impuestos por parte de sectores empresarios. En cambio en la actualidad se suma a esa resistencia el declive de la recaudación por la caída del nivel de actividad y la necesidad de un sustantivo aumento del gasto social, unidos a un estructural comportamiento de evasión y fuga por parte del poder económico concentrado. La función de la recaudación de tributos tiene como objetivo fundamental la redistribución secundaria del ingreso y no un equilibrio contable de las cuentas públicas. Argentina es un país cruzado por una disputa por la apropiación de una extraordinaria renta diferencial de la tierra, de otra entre renta financiera y los beneficios de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, además de la siempre presente entre salarios y retribuciones al capital.

 

 

Plutocracia o gobierno popular

¿Quién resuelve estos conflictos? Marx cuando discute el tema del ejército de reserva –una masa de desempleados que garantizan la inseguridad de los trabajadores en actividad para conservar sus empleos—, así como Kalecki en el siglo XX cuando refiere a la contrariedad de los grandes empresarios para apoyar políticas de pleno empleo que quitan el efecto de disciplinamiento que la amenaza de la desocupación ejerce sobre el batallar de los trabajadores para incrementar sus salarios y disminuir la tasa de ganancia, desnudan la voluntad de ese empresariado de regular el nivel de actividad para garantizar su poder en la sociedad civil y el destino de la economía. La herramienta discursiva más potente desplegada por el poder económico concentrado es sostener que la actividad económica debe quedar reservada para el sector privado, que el gasto público debe ser reducido y que los salarios sólo deben aumentar cuando crece la productividad del trabajo (o sea que la distribución del ingreso no debe variar nunca al alza). Esta sustracción de la economía de la política conduce a la plutocracia (el gobierno de los ricos). Es la lógica del Estado chico, asociada siempre al desmerecimiento de la política.

La democracia está concebida para garantizar una fuerte influencia en las decisiones por parte de los sectores populares, de los que menos tienen, de los más pobres. Sobre todo en el capitalismo, donde estos son la mayoría. Las decisiones en democracia corresponde que sean tomadas por el gobierno, también en el ámbito de la economía – incluyendo la Inversión Pública y la actividad productiva directa. Por ejemplo, resulta condenable que en nombre de la libertad, los sectores beneficiarios de la renta agraria diferencial se resistan a aceptar restricciones a la exportación dispuestas por el poder democrático ante dificultades de abastecimiento del mercado interno. Así como también correspondería un sustantivo aumento de la tasa de retenciones –que permita la socialización de parte de esa renta agraria— frente a su reciente, abultado aumento por el incremento de los precios internacionales, siendo inválido que se le anteponga una concepción de propiedad privada ilimitada en nombre de una idea oligárquica de presunta libertad. Porque el carácter de la propiedad privada sólo es definible, también, en contextos históricos, sociales y relacionales. Nunca puede ser un valor que consolide niveles inaceptables de desigualdad.

27Dic/200

LA PALABRA ESPERADA

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En 16 minutos la lideresa del FdT sentó los lineamientos básicos de la política económica

El viernes 17 de diciembre, una semana antes de la llegada al país de las primeras trescientas mil dosis de la vacuna Sputnik V, en un acto en La Plata, la lideresa del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, pronunció el discurso con más definiciones desde que hace un año asumiera el nuevo gobierno encabezado por el Presidente Alberto Fernández. En su mensaje subrayó el carácter absolutamente imprevisto del despliegue de la pandemia mundial que, señaló, tuvo consecuencias desarticuladoras en todos los países del mundo. Advirtió sobre la existencia de ámbitos científicos en los que se alerta respecto a repeticiones de fenómenos del mismo carácter, cuya ocurrencia tendría una frecuencia mayor a la que la humanidad vivió en el siglo XX. Planteó dos planos que considera sobresalientes, respecto de los desafíos de política que el gobierno deberá emprender para enfrentar la pandemia y su etapa posterior. Esos dos planos son:

  • La salud, y
  • La economía.

 

Un sistema integrado de salud

Respecto del sistema de salud, la Vicepresidenta enunció la necesidad de repensarlo todo. Destacó la manera en que se trabajó en la emergencia construyendo hospitales y la finalización de obras no concluidas por el gobierno de Cambiemos a pesar de haber tenido un grado de avance muy maduro las obras sin terminar. Planteó la necesidad de pensar y definir un nuevo concepto de salud, partiendo de los datos duros que muestran que la Argentina se destaca por tener mayores recursos tecnológicos y humanos, sumados a una mayor inversión respecto de los que cuentan los otros países de la región. Su conclusión fue el deber del Estado, en conjunto con la sociedad, para debatir, estudiar y construir un “Sistema Integrado de Salud” que dé término a una asignación de recursos ineficiente e injustamente distribuidos, producto de su concentración indebida.

En un documento recientemente publicado por la CEPAL con el título La salud como desafío productivo y tecnológico. Capacidades locales y autonomía sanitaria en la Argentina pospandemia, hay contundentes pruebas cuantitativas respecto de lo afirmado por Cristina Fernández y el grado de profundidad y dramaticidad de las ineficiencias y grado de concentración que deforma la asignación de los recursos para la salud. El informe señala que la Argentina destina a ese fin un volumen de recursos que equivalen al 9,4 % del PBI. Esos recursos tienen distintos orígenes, ya que el sistema se divide en tres subsistemas desintegrados, o con un escasísimo nivel de interacción no planificada sino resuelta por lógicas mercantiles. Los sistemas son los siguientes:

  • El Sistema público, que atiende al 35% de la población. Se financia con recursos generales provenientes de impuestos de ese orden o de asignación específica. Realiza el 28,7% del gasto en salud y el gasto per cápita es de 786 dólares anuales, considerando lo erogado en el año 2019. El correspondiente al total del sistema de salud es de 952 dólares anuales.
  • El Sistema de Obras Sociales, que se subdivide en dos subsistemas: uno de carácter nacional y otro de carácter provincial, al que debe agregarse el PAMI. Los dos primeros se financian con aportes de los empleadores y asalariados públicos y privados, mientras que el PAMI lo hace con recursos mixtos provenientes de los trabajadores activos y aportes de los jubilados a los que se suman también recursos provenientes del Tesoro Nacional. Atiende al 63% de la población. Realiza el 41,8% del gasto en salud. El gasto per cápita es de 765 dólares anuales.
  • El sector privado que se financia con aportes de los que optan por contratarlo de manera voluntaria. Atiende al 14% de la población. Realiza el 29,5% del gasto total en salud. El gasto per cápita es de 2.079 dólares anuales. El financiamiento que era exclusivamente privado, a cargo de sus usuarios voluntarios, fue modificado en la década neoliberal de 1990. Durante la presidencia de Menem se dispuso la posibilidad de la libre elección de obra social (Decreto 9/1993), y además se incluyó la opción de destinar aportes y contribuciones al sistema de medicina prepaga (EMP). Lo que impulsó el “descreme” del sistema de seguridad social, ya que los asalariados mejor remunerados que tenían aportes y contribuciones sociales altas, migraron al sistema EMP trasladando esos aportes y contribuciones del sistema de seguridad social al privado, desfinanciando al primero y fortaleciendo la rentabilidad del segundo. Ese decreto quitó los elementos de solidaridad al esquema de seguridad social y se alineó con el mismo tipo de concepción que la reforma jubilatoria adoptada en la misma década. La reversión de ésta última reforma durante los doce años de gobiernos nacionales, populares y democráticos parecen constituir un antecedente que debería completarse con la reforma del sistema de salud, con el objetivo de revertir los regresivos cambios de los ’90.

Resulta claro que esta lógica fragmentadora de la salud llevó a su mercantilización y a la pérdida de la lógica de la solidaridad, al dejar de ser concebida como un derecho humano. En realidad ninguno de los ciudadanos debería estar sujeto a diferencias en cuanto a la atención de su salud, y el carácter del servicio debería contemplar el objetivo de tender a la igualdad en su provisión que respete el carácter de derecho esencial. La propia diferenciación del sistema de seguridad social respecto del sistema público conllevaba el establecimiento de desigualdades, pero estas adquirieron una tendencia perversa y sistémica a partir del decreto de 1993; que también acentuó la diferencia entre obras sociales con mayores y con menores recursos, desigualdades que se generaron, además, en los propios cambios en el empleo y en los salarios relativos entre las  actividades, como producto de las reformas desindustrializadoras y del estancamiento económico. Pero la transferencia de recursos al EMP desde los servicios sociales, tuvo el claro objetivo de construir las bases para la subsunción de las obras sociales por el sistema privado, que incluía la tercerización de servicios. Por otra parte, el sistema público en lugar de garantizar el acceso universal a la salud, fue conceptualmente concebido para ser utilizado como política focalizada a los sectores más vulnerables, informalizados  o excluidos de la posibilidad de acceder a los otros regímenes.

En el informe de CEPAL se puede observar la distribución de médicos por habitante por provincia, que arroja una concentración ineficiente de los servicios de salud. En CABA la cantidad de médicos por cada mil habitantes es de 16,6, proporción que contrasta con las provincias del Norte argentino, las que tienen menos de 2.7 médicos por cada mil habitantes, salvo Tucumán y Corrientes cuya proporción está entre 2.7 y 3.7.  En este rango se ubica  la provincia de Buenos Aires, sobre la que el informe provee el guarismo global pero sería interesante la diferenciación entre el Conurbano y el interior de la provincia, ya que la misma se acerca a representar el 40% de la población del país. La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro tienen más de 4,7 médicos cada mil habitantes, las demás provincias del Centro y Sur del país participan del rango entre 2,7 y 3,7.

El mismo informe suministra información sobre el peso de la pobreza por provincia, con resultados que se asocian inversamente a la densidad médica por habitante. Esto prueba lo ineficiente e injusto del sistema. CABA, Neuquén y Santa Cruz tiene niveles de pobreza inferiores al 30% de la población. Mientras Misiones, Tucumán, Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero tienen más del 40% de población en situación de pobreza. En la provincia de Buenos Aires la proporción se ubica entre el 35 y el 40; nivel que comparte con Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, La Rioja, Catamarca y Mendoza. Mientras Chubut, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, San Luis, San Juan y Tierra del Fuego tienen una proporción entre el 30 y el 35%.

CEPAL relevó que la mortalidad infantil tiene sus niveles más altos en Corrientes, Formosa y Tucumán con más del 11 por mil, mientras que en CABA, Chubut, Neuquén, Santiago del Estero y Catamarca se ubica por debajo del 8. En tanto que Chaco, La Rioja, Jujuy, La Rioja y San Juan registran una proporción que va entre 10 y 11 por mil, y el resto de las provincias está en el tramo entre 8 y 10 por mil. También hay una asociación inversa con la relación médicos por habitante, con algunas excepciones cuyas causas merecerían un análisis.

Las desigualdades que exhibe el acceso a la salud en la Argentina no son independientes de la fragmentación del sistema. La coexistencia de un régimen público, con uno contributivo (obras sociales) y otro privado, dotados de capacidades de financiamiento y gasto muy diferentes, concurrente con la descentralización de la gestión de los servicios de salud entre los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial e incluso municipal) no sólo reproducen las desigualdades esbozadas anteriormente. Además dificultan una mayor y mejor articulación de los objetivos sociales de una política de ampliación del acceso efectivo a la salud, con las decisiones de  promoción de la autonomía sanitaria y el despliegue de una política que impulse el desarrollo productivo y tecnológico nacional. Corresponde hacer notar que, en un sentido inverso al del liberalismo neo, durante los años de gobierno nacional y popular se desplegó un movimiento que culminó en dispositivos legales hacia la producción pública de medicamentos. Una política que debe convertirse en fundamental para la desmercantilización de la salud pública.

El gráfico que se presenta a continuación muestra el carácter focalizado de la medicina pública para atender la pobreza, con el perfil asistencialista propio de la mirada neoliberal. En el mismo se exhibe el porcentaje de la población no cubierto por los subsistemas privados y de seguridad social, quedando a cargo por default de éstos la medicina pública. En contraste obsérvese la sobrecobertura de la CABA por dichos subsistemas.

 

 

 

Reactivación productiva con distribución del ingreso

La lideresa del Frente de Todos se refirió a la perspectiva que en el año 2021 comience una reactivación de la economía. Pero puso el acento en la necesidad de que ese crecimiento se reparta en consonancia con el objetivo de la justicia social. En lenguaje popular dijo que “los beneficios del crecimiento no se los deben quedar 3 ó 4 vivos”. Es una referencia concreta a la necesidad de garantizar que la decisión y acción del gobierno elegido por el pueblo debe definir el carácter de la reactivación, y su direccionamiento a que los resultados se distribuyan atendiendo al valor de la igualdad. Cristina Fernández advirtió que el poder económico no puede pretender la posesión, y menos se le puede conceder, de la facultad del establecimiento de las definiciones de la política económica que impulse y acompañe el crecimiento. La Vicepresidenta fue enfática en señalar la necesidad de alinear salarios, jubilaciones, los precios –especialmente los de los alimentos— y las tarifas. Planteando que los precios de los alimentos deben ser accesibles para los sectores populares. Además explicitó su conocimiento y convicción de que la economía argentina es movilizada por la demanda, y que el consumo se acerca a significar el 70% de la demanda agregada. Es inequívoca al señalar estas reflexiones y postulados, que el alineamiento de las variables que destaca supone la recuperación de los salarios y las jubilaciones. También al plantear que el Estado debe establecer mecanismos efectivos para garantizar el acompasamiento de la evolución de precios y tarifas con la mejora real de los ingresos fijos populares, que garanticen un impulso del consumo y la demanda. Son ideas que perfilan un proyecto nacional basado en el esquema wage led growth (crecimiento impulsado por salarios).

A un año de la asunción del nuevo gobierno la Vicepresidenta, en un discurso de 16 minutos, expuso lineamientos fundamentales para el próximo año, los que reivindican la política llevada a cabo en el período 2003-2015, que consiguió la mejora del nivel de vida popular, y expresó: “Por eso volvimos”, adjudicándole a la unidad un carácter concurrente y complementario con la memoria popular sobre aquél período. Dijo, textualmente luego, que “si no se sabe cómo se llegó, es posible que no se sepa cómo ir”.

En el Informe de Coyuntura de CIFRA-CTA n° 32, elaborado por Pablo Manzanelli, Daniela Calvo y Cecilia Garriga, se calcula que el PBI cayó en los tres primeros trimestres del año un 11% con relación al mismo período del año anterior, siendo la sima el segundo trimestre, que registra respecto de su igual de 2019 una caída del 19%. El informe dice que “la economía argentina contabilizó, prácticamente, 10 trimestres de caída del PIB, situándose en la actualidad 15,3% por debajo del primer trimestre de 2018 y es un 14% inferior al producto bruto del tercer trimestre de 2015”. Lo expresado ilustra que el profundo descenso del año de pandemia se acopló a cuatro años de retroceso que el país experimentó en el transcurso del gobierno de Cambiemos. Durante los tres primeros trimestres de 2020 los únicos sectores que crecieron fueron la construcción (2.3%) y la intermediación financiera (4,6%). Este último guarismo más que un hecho positivo, resulta lo contrario y hace necesario reflexionar sobre una profunda reforma institucional imperiosa en su funcionamiento, regulación y definición de objetivos y actores.

El informe de CIFRA-CTA dice que los salarios cayeron entre noviembre de 2015 y septiembre de 2020 un 15,5% en el sector privado y un 26,5% en el sector público.  Respecto del crecimiento de los precios durante el año alcanzó, midiendo los primeros once meses de 2020 respecto del mismo período de 2019, un 35,8%, mientras la devaluación del tipo de cambio legal fue del 35,7%. Esto demostraría la importante influencia de la variación cambiaria sobre el nivel de precios, lo que probaría lo desaconsejable de ceder a los reclamos devaluacionistas de grupos y sectores empresarios. Además sería demostrativo de las consecuencias regresivas sobre los salarios de una política export led growth (crecimiento impulsado por las exportaciones). También probaría contundentemente que los precios se ajustan por el dólar oficial y no por las cotizaciones de los reducidos mercados marginales. Pero resulta de importancia subrayar que los alimentos y bebidas aumentaron mucho más que la tasa media de crecimiento de precios, lo hicieron en un 47,5% y la indumentaria en un 56%, lo que indica que la inflación para los sectores populares fue mucho más alta que para el conjunto de la población. Estas verificaciones indican hasta qué punto el alineamiento de precios, salarios, tarifas y jubilaciones que promueve Cristina Fernández, significa una enérgica mejora de los ingresos de los sectores populares. Mejora que debe ser acompañada por un conocimiento profundo y una intervención adecuada en las cadenas de valor, persiguiendo el objetivo de tomar los caminos necesarios para que los precios se ajusten a la obtención de tasas de ganancia empresariales acordes a la recuperación del nivel de vida que los sectores populares vienen perdiendo desde 2015.

Otra información de relevancia constatada por el informe elaborado por Manzanelli, Calvo y Garriga se refiere a las irregularidades en la liquidación de exportaciones de oleaginosas y cereales, ya que pese a la obligación de liquidar las divisas, mientras el total exportado es de 23.298 dólares durante el año 2020, lo liquidado asciende a 18 286 millones. Faltan liquidar más de 5.000 millones, lo que demuestra las irregularidades existentes en el sector.

La reticencia a liquidar divisas en las cadenas de oleaginosas y cereales, y sus presiones devaluacionistas, deberían ser enfrentadas con energía. La baja de retenciones para favorecer una mayor liquidación no produjo los efectos deseados. Mientras tanto los precios internacionales de estos commodities siguen subiendo, lo que exigirá proceder a un aumento de esas retenciones, aún a niveles superiores a los que regían con anterioridad a la rebaja ineficaz. Esa exigencia se motiva en la necesidad de evitar que los precios de los alimentos aceleren su crecimiento por la típica asociación automática con el comportamiento del mercado internacional. En una propuesta que va en la misma dirección, Cristina Fernández también expuso sobre la necesidad de establecer cupos a la exportación de alimentos que aseguren que un volumen razonable de los mismos sean reservados para el mercado interno, a precios razonables «para la mesa de los argentinos”.

Los dieciséis minutos de exposición de la lideresa del Frente de Todos incluyeron lineamientos básicos de una política económica que asume que los acuerdos de deuda deberán realizarse sobre la base de su subordinación al cumplimiento del objetivo de reactivación productiva con justicia social, sustentado en el crecimiento del mercado interno. Los plazos, intereses y organización de las amortizaciones con el FMI deberán también alinearse con, y detrás, de la prioridad que constituye la  recuperación de los niveles de vida de los sectores populares y el fortalecimiento del aparato productivo nacional

20Dic/200

EL SALARIO DEL MIEDO

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La reactivación pospandemia, el proyecto de país y las pujas entre sectores económicos y clases sociales

 

El debate respecto a la reactivación de la economía en la pospandemia, que aborda el camino para recuperar el retroceso en los cuatro años de neoliberalismo a los que se le suma el tiempo de las restricciones impuestas por la peste, lleva a una discusión que comprende tópicos teóricos, proyectos de país y pujas entre sectores económicos y clases sociales. Supone, también, la definición de cuál será el bloque de poder que hegemonizará la etapa. Pero, además, suma reflexiones que hacen a la sustentabilidad de largo plazo de una estrategia de desarrollo.

 

 

Alternativas contrapuestas

No resulta lo mismo, en ninguno de los sentidos mencionados, que la reactivación tenga como base una redistribución del ingreso progresiva, que si el impulso proviene de un aumento de las exportaciones o del endeudamiento de las familias. Si el objetivo que se persigue es un desarrollo nacional autónomo, Engelbert Stockhammer y Giorgos Gouzoulis plantean como fundamental que la estrategia de crecimiento esté impulsada por los salarios como por el rol del Estado en la economía. (Cap. I de El Imperio de las Finanzas, Deuda y Desigualdad, Comp. Chena y Biscay, Miño Dávila, 2019). Desde mediados de la década del ’70 en las experiencias tempranas, y más generalizadamente entrada la década del ’80 del siglo pasado, el neoliberalismo trajo consigo una fuerte caída de la participación de los salarios en el ingreso, instalando un paradigma cuya centralidad estuvo en el crecimiento de la desigualdad y en pérdida de poder social de los sectores mayoritarios de la población. La Argentina fue una de las experiencias tempranas. Ese proyecto hegemónico, en las dos últimas décadas del siglo pasado, produjo estancamiento económico, un profundo descenso del salario real, el crecimiento de la pobreza y la fragmentación de la clase trabajadora.

En ese período las características citadas se dieron tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Los dos fallidos modelos de crecimiento que dominaron las propuestas de política económica fueron:

  • El impulsado por la deuda (debt led growth). Este modelo se caracterizó por sostener permanentemente el consumo mediante el endeudamiento de las familias con salarios disminuidos, pero con acceso al crédito personal para solventar su demanda. La inconsistencia del modelo tuvo su momento clave en la crisis de las hipotecas en Estados Unidos que luego se extendió a otros países, crisis demostrativa de una deuda creciente de las familias y de una fragilización de sus economías.
  • El modelo alternativo fue el del patrón de crecimiento estimulado por las exportaciones (export led growth), que descansa también en la deuda como motor de su despliegue, porque el país que exporta puede hacerlo a expensas del endeudamiento de los países que así abandonan su desarrollo nacional. El caso alemán fue un ejemplo del primer vértice y el caso griego del segundo. El debilitamiento del último provoca problemas en el primero.

Ambos modelos afectan negativamente el nivel de los salarios. En el primero en beneficio del capital financiero que opera en el crédito familiar, el segundo en el descenso del salario para ganar competitividad exportadora espuria.

Estos dos paradigmas estuvieron ligados a la financiarización de la economía internacional que significó la desregulación del comercio internacional y de las finanzas globales, lo que se tradujo en la desregulación del ingreso y salida de capitales, política adoptada en casi todas las economías. También se promovió la deslocalización productiva, que se desempeñó como una amenaza a las economías con mercados de trabajo más organizados y mejores salarios. Las dos opciones buscaban un cambio sustantivo de la correlación de fuerzas a favor del capital.

Otros aspectos fueron la reducción del gasto social de los Estados, considerado como un factor que se asocia a la existencia de mejores salarios, las privatizaciones de empresas públicas y la drástica reducción del papel del Estado en la economía. También se promocionó  la reducción de impuestos como estímulo a la producción, relación causa-efecto que nunca funcionó.

Dicen los autores mencionados que “el salario real cumple una doble función en la economía: es a la vez un costo de producción para las firmas y la principal fuente de ingresos de los hogares. Un incremento en los salarios en la economía puede crear dos efectos de crecimiento opuestos, un efecto negativo en la inversión y un efecto positivo en el consumo”. Pero en la abrumadora mayoría de los casos el aumento del salario real y su impacto en el consumo, resulta mayor que la eventual existencia de un impacto negativo en la inversión. Luego, generalizadamente, como consecuencia posterior (de segunda vuelta), el crecimiento del PBI causa, también, un aumento en la tasa de inversión.

En una economía en la que se valoriza el rol del mercado interno, el salario supone no sólo un costo para las empresas sino la capacidad para realizar las ventas de las mercancías producidas. En cambio para una economía conducida por las exportaciones, el salario es sólo un costo. Además en los países de economías chicas, en su relación con el tamaño del mercado internacional, sus exportaciones dependen de los precios y cantidades que se les paguen y demanden. No tienen posibilidades de influir sobre esas variables. Esa es la cuestión por la cual alimentar un sueño en el que el crecimiento y la solución al problema de la falta de dólares (restricción externa) se puedan resolver poniendo el centro en las exportaciones, constituye una falacia teórica. Lo es más aun cuando la formación de activos externos (fuga de capitales) no es sólo una práctica del capital financiero especulativo internacional, sino también el comportamiento habitual de los grupos concentrados ligados a la exportación. La diferencia entre un Proyecto Nacional basado en el aumento de salarios y el crecimiento del mercado interno y otro que propone poner el centro en las exportaciones y se opone a una sustancial mejora de la distribución del ingreso, será un tema peliagudo en los debates de un Consejo Económico y Social. Porque:

  • La UIA está enrolada en la estrategia export led growth.
  • La AEA está más consustanciada con el modelo debt led growth (corazón de la financiarización).
  • El Espacio Producción y Trabajo propone y milita la recuperación rápida del salario y del mercado interno.

El pregón de los liberales neo, los “libertarios” y los “desarrollistas de baja intensidad” incluye el debilitamiento de las organizaciones sindicales, y la implementación de  los regímenes de flexibilización laboral. La Argentina tiene una paradoja, conserva una de las estructuras sindicales más importantes del mundo y sin embargo su cúpula actual se muestra proclive a acordar con los exponentes de los modelos basados en la conservación de los salarios reales heredados de las épocas de la financiarización. Un elemento adicional de esa contradicción de conducta son los acercamientos con la AEA y la UIA, que tienen posiciones cuestionadoras respecto al importante avance que la Argentina construyó en su régimen de convenios colectivos de trabajo. Sus modelos de crecimiento se contraponen con ese régimen legal y con las leyes laborales que los sostienen y protegen.

La idea de Wolfgang Stolper y Paul Samuelson respecto a que el intercambio internacional tiende a reducir la brecha salarial entre las economías desarrolladas y las periféricas y dependientes, ya que el factor más abundante en cada país resultaría el beneficiado – el trabajo en los segundos y el capital en los primeros— fue desmentida por la realidad, pues la apertura comercial amplió esa brecha. También se incrementaron las ventajas tecnológicas de los países centrales frente a los subdesarrollados. Estos comportamientos comprobados contraindican los tratados de librecomercio, razón por la cual sería un grave retroceso la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Stockhammer y Gouzoulis señalan que el proceso de crecimiento debt led growth, “con ratios de deuda en constante aumento, se vuelve insostenible; la expansión económica en dicho escenario se torna dependiente del acceso a fuentes de financiamiento externas…Ratios de deuda crecientes están asociados con mayores pagos de deuda futuros por parte de las firmas y los hogares, lo cual obstaculiza la demanda y termina desencadenando crisis financieras”.

 

 

 

El significado de la financiarización

Costas Laspavitsas define a la financiarización como modificaciones de carácter estructural en las relaciones, prácticas y necesidades financieras de los agentes económicos clave: bancos, hogares y corporaciones no financieras. En las economías periféricas y dependientes, el proceso se acentúa debido a la mayor incidencia de la economía internacional en ellas, y a la forma específica subordinada con que se integran,

La institucionalidad generada por la financiarización constituye un tema no menor. Se pierde el peso de las características de los entes y regulaciones nacionales y penetran instituciones de orden global y regulaciones de formato internacional que se convierten en ineludibles, lo que deviene en la conformación de cuadros profesionales y técnicos con una mentalidad formateada por los centros financieros internacionales.

En la Argentina las finanzas y los bancos se han modificado profundamente en las dos primeras etapas neoliberales. La liberalización de las tasas de interés y la desregulación financiera condujeron a una integración subordinada en el sistema financiero internacional, que luego devino en la adaptación del Banco Central al perfil diseñado por los organismos internacionales de crédito y, además, en la adopción de las regulaciones de Basilea. Estas últimas reparan en la lógica de control de solvencia microeconómica de las entidades y son ajenas y hostiles a la regulación de la orientación del crédito. De manera permanente se suman obligaciones y normas que los bancos deben cumplir, innecesarias para un desarrollo financiero proproductivo y que además encarecen  el crédito por los requerimientos de insumos, personal y tecnología ajena a la buena administración bancaria en el país. El banco central resulta penetrado por estas lógicas y por un staff permanente dedicado a un estilo de control de las entidades finacieras que aplica acríticamente lo que Basilea recomienda. Un verdadero ejemplo de colonización institucional.

Durante los años de neoliberalismo, la Argentina también sufrió en la transformación de su sistema financiero, el raudo crecimiento de los créditos personales que rondan, por épocas un poco más y por épocas un poco menos, el 50% del total del crédito. Resultan las entidades, entonces, un vehículo de la financiarización de las familias que reemplaza el consumo que debería ser sostenido por el salario por otro basado en el endeudamiento. En los sectores más humildes que no tienen acceso al crédito bancario, las familias económicamente más vulnerables recurren a instituciones parabancarias y poco controladas que les prestan a tasas usurarias a los que menos recursos perciben, hipotecando su futuro. En el sistema formal, las entidades más volcadas al negocio del crédito personal son las privadas, especialmente las de origen extranjero. Estas firmas ocupan un lugar de liderazgo en la obtención de ganancias, que paradojalmente tienen su origen en salarios que no alcanzan y un hiperconsumismo estimulado por las propias estrategias de los bancos. La liberalización del crédito sirvió al enriquecimiento de las finanzas y desorganizó toda la política del crédito para el desarrollo.

La inversión extranjera directa (IED) también es una opción inválida para la recuperación del crecimiento en el marco de una política de desarrollo e igualdad. En realidad es una forma de la financiarización. La producción por vía de ese tipo de inversiones se entremezcla con actividades de orden especulativo y financiero. Más, la mayor parte de las inversiones de las multinacionales en la época del liberalismo neo tiene fines especulativos, porque invierten en instrumentos financieros hacia los cuales trasvasan el excedente de las actividades productivas. Constituyen esas inversiones extranjeras directas el paradigma de la fusión entre la globalización de la producción y la financiarización de las economías. Son un elemento que introduce vulnerabilidad en las economías periférico-dependientes. En la actividad  de las multinacionales abundan las transferencias por bienes intangibles –patentes y marcas— que constituyen una vía de valorización financiera.

La necesidad de modificar la lógica de la IED impone la modificación de la Ley de Inversiones Extranjeras y, así, dar inicio a un camino de reversión de las decenas de convenios bilaterales de Inversión que impiden un rumbo genuino para los acuerdos organizados y dirigidos a incluir las inversiones externas que la decisión política considere necesarias y facilitadoras del desarrollo.

 

 

 

El crecimiento impulsado por salarios y otros lineamientos

El proyecto para el desarrollo nacional, imprescindiblemente debe recurrir a una política de recuperación basada en el crecimiento de los salarios, en la lógica wage led growth (crecimiento impulsado por salarios). El incremento de la demanda que habrá de provocar salarios más altos impulsará el crecimiento del producto y la inversión. La vía para alejar y resolver los problemas de restricción externa se construiría con:

  • En el corto plazo, controles a los movimientos de capitales y controles cambiarios. Con disposiciones administrativas y regulaciones de precio y cantidades. También con el establecimiento de un organismo y/o empresa testigo que tenga el objetivo de intervenir, regular y regularizar el comercio exterior, hoy dominado por prácticas nocivas para el buen manejo de la macroeconomía y la salud fiscal del país. La liberalización de estas regulaciones y la eliminación de instituciones en estos ámbitos ha constituido un auténtico y profundo fracaso en términos de eficiencia.
  • En el largo plazo, será decisivo el aumento del gasto autónomo del Estado en infraestructura y áreas estratégicas para la producción de bienes y servicios que ocupen lugares relevantes y núcleo de las cadenas de valor. Muchas de las cuales pueden estimularse y organizarse internamente, o en el marco de la reorganización de la unidad regional, con un rol destacado de la integración económica. Para hacer factible este camino será necesario un aumento de gran volumen del presupuesto en ciencia y tecnología por parte del Estado, con objetivos enmarcados en un plan de desarrollo. Parte de este crecimiento del papel del Estado debe financiarse con una reforma tributaria progresiva, resistida por quienes impulsan los modelos de liberalización y reducción de costos, en lugar de ésta lógica sistémica y planificada de crecimiento.
  • Los dos puntos anteriores tienen que articularse en una política que combine el estímulo a la demanda que concurre a sustituir importaciones con una política de oferta, fruto de un plan de participación y dirección de la economía por parte del Estado Nacional.
  • Una regulación del sistema financiero cuyo centro sea la dirección del crédito para el desarrollo y para el funcionamiento adecuado de las pequeñas y medianas empresas. También para las grandes, porque su endeudamiento en el exterior debería ser autorizado y fiscalizado por el banco central para evitar su uso con fines especulativos. Lo fundamental del endeudamiento externo al que se recurra debería ser tomado por el Estado Nacional, nunca para sus gastos corrientes, sino para obras específicas. Se deberían quitar del Sistema Financiero los esquemas que facilitan la fuga de capitales.
  • El estímulo de las exportaciones como parte de este modelo integral de desarrollo nacional, pero nunca como centro de la dinámica de desarrollo, o de resolución de la restricción externa. Porque esa estrategia no resuelve el crecimiento permanente y profundiza la desigualdad.

En  Aspectos políticos sobre pleno empleo, Michal Kalecki señaló que las razones de la oposición de los “líderes industriales” al pleno empleo obtenido mediante el gasto gubernamental tiene uno de sus pilares en la resistencia a la interferencia gubernamental en el problema del empleo como tal, y otra en la resistencia a la dirección del gasto gubernamental (inversión pública y subsidio al consumo). Esa resistencia se basa en sostener que la  función social de la doctrina del “financiamiento sano” es hacer el nivel del empleo dependiente del estado de la confianza. Los líderes del poder económico concentrado promueven, entonces, el equilibrio fiscal a obtenerse mediante la reducción de impuestos y, más aún, del gasto social, como forma de control de los salarios y del empleo. Porque salarios altos y empleo alto le resta espacio de poder a la economía concentrada. Por eso se oponen a un Estado con alto gasto público que garantice un nivel de actividad hacia el desarrollo y crecientes niveles de igualdad. Lo hacen aún a costa de sus beneficios, porque un Estado con poco gasto no puede promover el empleo y este queda dependiente de la decisión privada. Estado grande o chico, nivel de empleo alto o bajo, salarios justos o miserables, determinan la relación entre poder político y poder económico. El rumbo que tomen estas cuestiones facilitará o dificultará la construcción de un bloque político para sostener los cambios enumerados como una alternativa de lineamientos para la estrategia del gobierno nacional, democrático y popular.

22Nov/200

Se armó

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La contribución sobre las grandes fortunas y la carta de los Senadores al FMI inauguran una etapa

 

El debate de ideas, la construcción de fuerzas y alianzas sociales y políticas y la puja entre proyectos de país constituye la característica insoslayable de los proyectos transformadores. Esta semana se produjeron dos acontecimientos de decidida vocación transformadora:

  • El tratamiento y aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de Ley sobre el aporte extraordinario y solidario de las grandes fortunas.
  • La Carta del Senado de la Nación dirigida a la Directora-Gerente del Fondo Monetario Internacional.

El primero implicó la adopción de un criterio fundamental para avanzar en la consecución de la equidad tributaria. Este progreso era de orden imperativo porque la pandemia es un acontecer dramático, de carácter extraordinario, que sumada a la calamitosa situación de endeudamiento externo, al retroceso económico y la desarticulación productiva, y a la regresividad social y el aumento de la pobreza provocados por la experiencia neoliberal reciente, debe ser afrontada con el aporte del poder económico concentrado. Ese criterio recupera el rumbo  que se propone el objetivo de la igualdad, sin el cual la democracia es un imposible. Rousseau afirma en su texto Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres (Losada,1996) que “ si se ve un puñado de poderosos y ricos en la cumbre de la grandeza y la fortuna, mientras que la muchedumbre se arrastra en la oscuridad y la miseria, es porque los primeros tan sólo aprecian las cosas que poseen en la medida en que los demás están privados de ellas, y que, sin cambiar de estado dejarían de ser felices, si el pueblo dejara de ser miserable”. El filósofo de la Revolución Francesa establecía así la fusión entre la lucha para eliminar la pobreza con el objetivo de la consecución de la igualdad, la ausencia de la vocación por esta última conlleva el deseo de la perpetuación de la primera. Redistribuir entonces, resulta constitutivo de la democracia, que lleva su concepto de libertad asociado al de igualdad.

Wendy Brown en El pueblo sin atributos (Malpaso, 2017) sostiene que la democracia liberal en general no cumple con su promesa y en la mayoría de los casos la invierte de modo cruel privilegiando el formalismo, el privatismo y el individualismo. “La democracia se puede anular, se puede vaciar desde su interior y no sólo derrocarse u obstaculizarse…  ¿Qué ocurre con los elementos constitutivos de la democracia… cuando la racionalidad neoliberal satura la vida política… con la privatización de la previsión social [y] las cárceles, la conversión de cada necesidad o deseo humano en una empresa rentable, desde la preparación para ser admitido en universidades hasta los trasplantes de órganos, desde las adopciones de bebés hasta los derechos de contaminación… y [se produce] el creciente dominio del capital financiero sobre el capital productivo en la dinámica económica y la vida cotidiana”, cuando se reemplazan impuestos progresivos por regresivos y se cancela la redistribución de la riqueza como principio fundante de la vida ciudadana? Estas son cuestiones fundamentales que constituyeron el litigio en el debate parlamentario del martes y miércoles pasados. La aprobación de la Ley ha significado un hito en la defensa de la democracia,  a la que los liberales neo de Juntos por el Cambio pretenden someter a un proceso de vaciamiento.

El segundo recupera el principio de la soberanía nacional y la igualdad de trato entre naciones poderosas y las que, siendo más nuevas y periféricas, se proponen desarrollar y autodeterminar. La Carta de los senadores del Frente de Todos restablece la puja necesaria con el FMI con relación a la deuda de más de 44.000 millones de dólares que, en tiempo récord, el organismo internacional, habilitó con sus préstamos para que el gobierno de Cambiemos malgastara. La Carta advierte y denuncia que el Organismo Internacional (OI) habilitó fondos que fueron utilizados con el fin de financiar fuga de capitales, cuestión que está prohibida por su Estatuto. Ese destino prohibido fue probado por el informe del Banco Central de octubre de 2019 que estableció la correspondencia casi exacta entre los dólares ingresados por desembolsos del Fondo y la fuga de capitales del sector privado. Los senadores también señalan que en el ingreso de los desembolsos del OI fue incumplido lo prescripto por la Ley de Administración Financiera de la Argentina respecto a los estudios previos que exige que sean realizados por el Banco Central.

El texto también denuncia que las condiciones macroeconómicas del sector externo predecían perfectamente que los préstamos que el FMI otorgaba –duplicando la proporción que le correspondía al país por su cuota reglamentaria— serían imposibles de devolver. La mayoría de la Cámara Alta le señala a la Directora Gerente del Fondo que tampoco se cumplían los requerimientos dispositivos del “tratamiento excepcional” que se le daba a la Argentina. La Carta concluye con su ítem 33 en el que los senadores del Frente de Todos solicitan a las autoridades del FMI que “se abstengan de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años” y proponen la reconsideración de los intereses, un período de gracia de cinco años y un plazo de amortización de varias décadas.

El acontecimiento de la emisión de la Carta de los senadores del FdT recupera el discurso que Néstor Kirchner pronunció cuando canceló la deuda con el FMI, en el que sostuvo que ese endeudamiento era una fuente de constantes intromisiones y exigencias opuestas al crecimiento sustentable del país. El fundador de un nuevo proyecto nacional, popular y democrático agregaba en su discurso que “el FMI desnaturalizado en sus fines había actuado en la Argentina como promotor y vehículo de políticas que provocaban pobreza y dolor en el pueblo, [apoyando] a gobiernos proclamados como alumnos ejemplares del ajuste permanente”. Pero en el caso reciente, la intromisión para la aplicación de determinadas políticas vino junto al apoyo indisimulado de una opción electoral neoliberal. De una opción vaciadora de la democracia. Mientras en otras épocas los organismos multilaterales acudían en apoyo de los derribos de gobiernos democráticos, en esta oportunidad acudieron para favorecer su corrosión desde adentro.

Esta Carta de los senadores expresa una saludable madurez y firmeza política, en su advertencia al organismo gerente y defensor del capital financiero internacional, señalándole que ese bloque de legisladores argentinos no ha sido, ni lo será, seducido con el intento de exhibir los cambios en la conducción del organismo,  como si éstos hubieran dado nacimiento a “otro FMI”. Esos senadores, por el contrario, solicitan y advierten desde la asunción de una posición soberana y no desde la “esperanza” en la bonhomía del poderoso. Muestran disposición a obrar con firmeza, a dar pelea.

 

 

Patéticos

Los discursos de la oposición en el debate respecto al “aporte de las grandes fortunas” tuvieron un carácter patético. Los ejes fueron señalar un carácter expropiatorio respecto de un exiguo porcentaje sobre los altísimos patrimonios de los 10.000 argentinos más ricos. Hay una clara tendencia a estigmatizar la progresividad tributaria caracterizándola como una lógica expropiatoria. Esto es un retroceso al liberalismo pre-rousseauniano. “Dejad a los ricos tranquilos para que generen empleos e ingresos que permitan a los pobres mejorar su condición”, fue el leit-motiv de la horrenda y monótona sinfonía que repetían uno tras otro los diputados del PRO y el radicalismo, subrayando que si se les ponen impuestos a los empresarios, estos se desaniman y no invierten y entonces no dan trabajo y aumenta la pobreza. No hay registro histórico en el que esto se haya verificado, menos en la Argentina.

Cuando el Estado gastó más y recaudó más, cuando el sistema impositivo fue más progresivo, la Argentina creció a un promedio superior al 3% anual durante décadas, en distintos momentos y contextos, mientras que cuando se destruyeron los elementos de progresividad en el sistema impositivo las consecuencias fueron inversas. También se pronunciaron discursos clasistas que se refirieron despectivamente respecto a los integrantes y militantes de los movimientos sociales que marchaban masivamente frente al Congreso, mientras destacaban como motor del progreso al espíritu de los rugbiers.

Lo que el debate clarificó contundentemente fue la consolidación de la UCR como un ejemplo paradigmático de lo que Eduardo Basualdo en Sistema político y modelo de acumulación en Argentina caracterizó como transformismo argentino. Gramsci define el transformismo como “la absorción gradual pero continua y obtenida con métodos diversos según su eficacia, de los elementos activos surgidos de los grupos aliados, e incluso de aquellos adversarios que parecían enemigos irreconciliables. En este sentido la dirección política ha devenido un aspecto de la función de dominio, en cuanto la asimilación de las elites de los grupos enemigos los decapita y aniquila por un período frecuentemente muy largo”. En la UCR se ha consumado este proceso plenamente cuando se sometió a la conducción del PRO, el partido de los gerentes y grandes empresarios de la oligarquía diversificada.

El discurso de los conductores actuales del partido radical es típico del liberalismo neo, mientras desapareció del mismo cualquier vestigio de su origen popular. Repetían en la sesión, junto a sus aliados, la consigna de la reducción del gasto de la política como alternativa recaudatoria frente al  impuesto a los ricos. La reaccionaria consigna de bajar los ingresos de los legisladores encubre cuestiones de magnitud respecto a imponer  a las ganancias del capital concentrado, que constituyen una ofensa a la inteligencia ciudadana. Pero a la vez que desinforma al pueblo, ese slogan promueve la privatización del financiamiento de la actividad política. Más aun, su reducción misma como mecanismo de vaciamiento de la democracia. La idea del Estado como enemigo, como fuente de gasto e ineficiencia es propia del liberalismo y no de la democracia. Coincide con la apología de la iniciativa privada.

Junto a la UCR y el PRO convergieron la AEA, la UIA, el Foro de Convergencia Empresarial y la CRA. Los plutócratas multimillonarios dijeron desde la AEA que “el proyecto [de ley] genera un desaliento en la comunidad empresarial profunda por cuanto representa una medida que descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales». Un impuesto a las grandes fortunas es presentado como calamitoso por quienes recibieron subsidios para seguir funcionando durante la pandemia, mientras conservaban intactos sus holgados capitales. También el comunicado de la Asociación Empresaria Argentina pregona que el motor de la reactivación sería el capital privado, mientras la historia demuestra que frente a las recesiones el impulso reactivador provino siempre del gasto público. Mientras tanto, la UIA confunde las cosas diciendo que ese aporte —que se pagará en pesos— dificultará la generación de divisas y el Foro de Convergencia Empresarial prefiere dedicarse a agitar el mote de confiscatorio. Sin embargo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL,  propone “fortalecer la recaudación tributaria a través de un impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones; extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad”. Para los trogloditas del gremialismo empresarial argentino la CEPAL sería foco promotor de confiscaciones.

 

 

Prepárense

El gobierno está negociando un plan de facilidades extendidas con el FMI. Noemí Brenta en Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI (Eudeba, 2013) analiza las características de esta línea del organismo. La misma está prevista para países con dificultades de balanza de pagos resultantes de problemas macroeconómicos y estructurales, con plazos más extendidos que los préstamos denominados stand-by.  El Fondo exige al país prestatario de la línea en negociación la presentación de un programa de mediano plazo. Las características y extensión de estos programas promueven una mayor injerencia del FMI en las condiciones estructurales de la economía. A la tradicional política de reducción del déficit fiscal, el FMI agrega, en los programas de facilidades extendidas, la presión para una disminución de la presencia del Estado en la economía y para la apertura del comercio exterior, con la excusa de introducir una mayor competencia en los mercados. Sin embargo, no aconseja limitar las prácticas oligopólicas. La descripción expuesta, evidencia que la lógica injerencista de este tipo de plan no afecta sólo al diseño de la política en función del equilibrio económico de corto plazo, sino que la pretensión intervencionista se extiende sobre el perfil estructural de largo plazo de la economía.

Sin embargo, la contundente Carta del bloque mayoritario de la Cámara Alta advierte al FMI que no deberá condicionar ni exigir al país sobre el rumbo de sus políticas económicas. Se anuncia una puja. La decisión de autonomía nacional expuesta en el documento parlamentario no se condice con el diseño del programa de facilidades extendidas. A su vez, el FMI querrá resistirse a ceder y exponer un leading case que lo muestre en su mayor acreencia accediendo a un programa sin condicionalidades o acordando un programa económico ajeno a los preceptos neoliberales.

No habrá un acuerdo sin una ardua disputa. El histórico discurso con que Néstor Kirchner canceló la deuda con el FMI, resulta una referencia obligada y emblemática de la mirada que tiene el Frente de Todos sobre el organismo, similar a la de Perón. La cultura del nacionalismo popular argentino está muy prevenida de evitar el retorno del injerencismo fondomonetarista. Habrá que prepararse para un período de una sociedad activa y movilizada en apoyar una actitud gubernamental que necesita conservar la plena autonomía para construir el proyecto nacional encomendado por la voluntad popular.

Ese proyecto nacional no tiene atajos. No es el neoliberal. Tampoco la repetición de experimentos que ignoraron que el carácter bimonetario de la economía argentina exige una enérgica regulación para impedir la fuga de capitales y garantizar la adecuada liquidación de divisas de las exportaciones. Sin embargo, en algunos ámbitos resuena el canto de sirena del atajo que fue expuesto en los lineamientos económicos que fundamentaron el Plan Austral en la segunda mitad de la década del ’80. Estos lineamientos sostenían la existencia de un “ajuste positivo”, apoyado en la expansión de la inversión y de las exportaciones, augurando que el aumento de bienes vendidos al exterior permitirían el pago de los intereses de la deuda y el aumento de las importaciones. Para sostener esta política se fomentaba el aumento del ahorro a expensas del consumo. Ese “ahorro” terminó siendo el combustible para la fuga de capitales y la concentración del ingreso. La experiencia terminó en una gran crisis externa e interna.

El proyecto nacional exige que lo solicitado por la Carta sea aceptado por el FMI y posibilite una enérgica recuperación del salario, el direccionamiento del crédito para reactivar las pymes, y en consecuencia el aumento del empleo.  Que también quede habilitada la mejora de las remuneraciones de todos los sectores de ingresos fijos. Este rumbo abrirá el camino a la reactivación del mercado interno y la sustitución de importaciones.

Simultáneamente, como enseña María da Conceicao Tavares, el Estado deberá llevar a cabo una activa política de inversiones en infraestructura y en actividades productivas de sectores estratégicos que amplíen el gasto autónomo y alejen la restricción externa. Es el camino de construcción de un país que persiga el desarrollo y la igualdad. El pago de la deuda debe organizarse subordinando su estructuración a estos objetivos. Ni puede ser prioritario ni simultáneo a ese logro.

El FMI deberá comprender que para cobrar créditos voluminosos mal concedidos se necesita paciencia, es el costo de un intento de inmiscuirse en la política del país en el que no obtuvo los resultados que buscó. Los grupos concentrados locales deberán advertir y asumir que existe una firme decisión política de cerrar los canales para la constitución de activos externos y que los negocios posibles, y también de buena rentabilidad, provendrán del ejercicio de la actividad productiva en el marco del diseño socioeconómico decidido por la voluntad del pueblo, y defendido por su participación.

15Nov/200

LA PROPIEDAD DE LA DEMOCRACIA

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El martes se trata en Diputados la Contribución Extraordinaria sobre las mayores fortunas

 

El martes próximo está previsto el tratamiento en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley de Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas con el que se espera recaudar el 1,1% del PBI y se aplicaría sobre 9298 personas, cuyas fortunas superen los 200 millones de pesos, calculados de acuerdo a los criterios definidos por los organismos fiscales. El aporte determinado así, aunque obligatorio, asumió esa denominación por la resistencia de los potenciales contribuyentes a asumirlo como un impuesto. El debate llevó largos meses con la resistencia de las organizaciones del empresariado concentrado, apoyada por las siguientes (sin)razones:

  • que lesionaba el derecho de propiedad;
  • que se sumaba a una insoportable presión fiscal ya vigente;
  • en indefendibles argumentos técnicos de doble imposición;
  • en que constituía un desestímulo a la inversión privada, presunto factor dinámico de la reactivación post pandemia.

(Sin)razones a las que debe sumarse la construcción mediática permanente de la condición que la aplicación sería por única vez.

 

 

La supremacía del derecho de propiedad

El empresariado concentrado consustanciado con el pregón neoliberal ha introducido un atraso cultural de más de dos siglos en la vida de la Humanidad. Su concepto de propiedad privada absoluta es pre-democrático y proviene de un rústico enfoque liberal. Jorge Gaggero en La progresividad tributaria. Su origen, apogeo y extravío (dt 23, 2008, CEFID-AR) expone la propuesta jacobina, que ya en 1793 supera “la visión meramente ‘republicana’ de la tributación establecida en 1791, e introduce la noción de progresividad, ligándola de modo directo a la limitación del derecho de propiedad”. Decía el artículo de la Convención Constituyente de 1793 fundador de ese concepto que: “Los ciudadanos cuyas rentas no excedan lo necesario de su subsistencia deben ser dispensados de contribuir a los gastos públicos. Los otros deben soportarlos progresivamente según la magnitud de su fortuna”. Los convencionales liderados por Robespierre creaban, así, la base doctrinaria que permitiría un siglo más tarde el establecimiento del impuesto a la renta y el despliegue de los tributos sobre el patrimonio y la herencia.

Cuatro artículos de los convencionales jacobinos cita Gaggero en esa investigación de imperdible consulta actual, que constituyen la doctrina abolicionista de la concepción absoluta de la propiedad privada:

  1. «La propiedad es el derecho de cada ciudadano a gozar y disponer de la porción de bienes que le sea garantizada por ley”.
  2. “El derecho de propiedad está limitado, como todos los otros, por la obligación de respetar los derechos ajenos”.
  3. “No puede perjudicar a la seguridad, libertad ni existencia de nuestros semejantes”.
  4.  “Toda posesión o tráfico que viole este principio es ilícito e inmoral”

El artículo fundador de la progresividad tributaria deslegitima la idea de la proporcionalidad contributiva y dispone el carácter redistributivo de los impuestos. El tercer artículo de limitación del derecho de propiedad privada, antepone a la misma otros derechos básicos que hacen a la existencia humana. Refuta con 217 años de anticipación a quienes hoy realizan banderazos esgrimiendo el derecho a hacer funcionar sus establecimientos privados a riesgo de expandir la pandemia poniendo en peligro la salud comunitaria.

Jaques Roux, autor del Manifiesto de los rabiosos, proclama que “la libertad no es sino un fantasma vacío cuando una clase de hombres puede reducir al hambre a la otra. La libertad no es sino un fantasma vacío cuando, gracias al monopolio, el rico ejerce el derecho de vida y muerte sobre sus semejantes”. Roux transmitía la desilusión y frustración de los sans-culottes parisinos, los pobres que participaron de la Revolución Francesa y que poco tiempo después tuvieron que padecer un aumento de precios, la carestía y el hambre. Los sans-culottes se encaminan así a luchar por la igualdad efectiva que supere la simple igualdad ante la Ley. Una felicidad colectiva que termine con el despilfarro de una minoría y la indigencia de los más. Reclaman la igualdad de medios, una repartición equitativa de la riqueza y de la propiedad (ref. Angelo Papacchini, Filosofía y Derechos Humanos, Univ. Del Valle, 2003). Conceptos que invitan a su consideración a la hora de reflexionar sobre la firmeza de la actitud a tener frente a los ricos y el FMI cuando se defienda la amplitud del gasto social (que en el marco actual del estado de la pandemia requeriría repensar la decisión de discontinuar el IFE).

A los empresarios de la AEA, a los políticos de Juntos por el Cambio, les parece que el aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas atenta al buen respeto del derecho de propiedad. Así, Macri, Rodríguez Larreta, Negri, Morales y demás dan testimonio junto a Magnetto, Rocca, Pagani, Galperín, Campos y Cía. de su adhesión a Hayek y Friedman. Ellos son los teólogos seguidos de una pléyade de intelectuales del capital concentrado, dispuestos a sacrificar la democracia en el altar del liberalismo, tal como reza el artículo 5 de la Constitución chilena actual, cuyo sostenimiento es un tributo del establishment político trasandino al pinochetismo: “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes». (La cursiva me corresponde.) Derechos esenciales por encima de la soberanía popular, es la forma encubridora con que se escribe la supremacía del derecho de propiedad respecto de la voluntad popular. Una Constitución liberal divorciada de la democracia. El formateo de los empresarios poderosos del país y de los referentes de la UCR y el PRO responde al modelo chileno hoy desprestigiado y en quiebra.

 

 

 

El compromiso social

Gaggero describe en su trabajo citado cómo la progresividad tributaria, que el industrialista Alejandro Bunge propulsó y el peronismo construyó como sistema, fue derrumbada a partir del Rodrigazo y terminada de destruir por la dictadura hasta llevar el impuesto a las ganancias a un promedio del 1% sobre el PBI para el período 1975-1990. En 2001, el sistema tributario argentino mostraba un contraste patético respecto al que rigió entre 1945 y 1960. El período de destrucción de la progresividad tributaria coincidió con el cuarto de siglo final del milenio concluido, en el que el producto per cápita disminuyó en el país, la economía se desindustrializó y se liquidó al Estado como empresario. Como se ve, no hay sino evidencia en contrario que pruebe que la progresividad tributaria erosione la potencialidad de la economía, como tampoco que la actividad empresarial estatal desplace a la actividad privada.

Tilly, citado por Gaggero, afirma que “los esfuerzos para hacerse con los recursos para la guerra crearon estructuras de Estado que nadie había pensado formar”. La secuencia adoptada por las naciones durante la modernidad planteaba conflictos bélicos que se debían financiar con recursos de los ricos, que se justificaban como la contraparte necesaria del aporte de los pobres que ponían sus cuerpos para combatir. Es la legitimidad con que nació el impuesto a las ganancias, mientras se pensaba que finalizada la contienda todo volvería a la normalidad. La tributación era aceptada como extraordinaria, pero no lo fue así porque el desarrollo del devenir mundial produjo, después de la Primera y Segunda Guerra, procesos de democratización y de sindicalización que demandaron mayores recursos públicos.

La pandemia ofrece un escenario comparable. En nuestro país, por ejemplo, el raudo despliegue de la enfermedad provino de la gran cantidad de argentinos de sectores sociales pudientes que regresaron del exterior. Por eso la peste se expandió al principio en CABA y la Zona Norte del Gran Buenos Aires, donde ellos residen. Sin embargo, la alta contagiosidad del coronavirus hizo que se propagara a todo el territorio nacional, siendo siempre los sectores de menores recursos quienes peor la llevan ya que, por ejemplo, no tienen las mismas posibilidades de sostener las condiciones de aislamiento que los argentinos que han regresado de recorridos por otros lugares del mundo. El aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas no es más que un símil de las prácticas que se llevaron a cabo durante y luego de las tragedias bélicas. La Argentina proviene, además, del empobrecimiento provocado por los años de neoliberalismo, en los cuales se enriquecieron los sectores concentrados, mediante los procedimientos de valorización financiera de la dinámica deuda-fuga. Los ricos deben financiar la calamidad de la peste y la depredación de los años de estancamiento, acumulación financiera y raudo endeudamiento con el FMI.

Después de las guerras mundiales las clases dominantes cedieron derechos adquiridos que consideraban hasta ese momento como de carácter absoluto. En Occidente se construyó una lógica de compromiso social, claro que en un mundo bipolar en el que se vivía el “peligro de la amenaza comunista”. Ese fue el clima internacional en que avanzaron los esquemas de imposición directa.

Hace un año, el pueblo argentino votó a un gobierno popular para que lleve adelante un proyecto de mayor igualdad y desarrollo económico. El aporte por única vez es un acto de mezquindad menos uno. Las condiciones de los menos de 10.000 muy ricos que van a erogar esa tributación merece su continuidad posterior en el marco de una reforma tributaria, que reinstale al impuesto a las ganancias como centro del esquema tributario, acompañado por una mayor densidad contributiva del tributo a los bienes personales y la implementación de un significativo impuesto a la herencia.

El poder concentrado mediático opera por medio de comunicadores que repiten graves inexactitudes o directamente falsedades. Por ejemplo, afirman que la Argentina tiene una presión tributaria insoportable. No es ni insoportable, ni excesiva. Parte de la reforma debe apuntar a subir la presión tributaria. La discusión es otra, es porqué los guarismos indican que los que más impuestos pagan no son los que más pueden. Estos hoy aprovechan las guaridas fiscales y el asesoramiento de los facilitadores para pagar menos. El peso de los impuestos a las transacciones debe disminuir, tanto el IVA, como el de ingresos brutos, el de los débitos, etc. A la vez que debería intensificarse su diferenciación por productos (gravando más los suntuarios y menos los esenciales) con el consiguiente control sobre los precios que impida que las mejoras sean absorbidas por eslabones de la cadena y garantice su percepción por el consumidor final. Los impuestos directos deben mudar hacia estructuras decididamente progresivas. La presión tributaria debe ser mayor porque el gasto social también debe crecer, en lugar de descender como pretende el discurso del mainstream. Un gran plan de viviendas, la mejora de las condiciones de salud, el aumento de los salarios reales del sector público y de las jubilaciones así lo requieren. Estas condiciones preceden cualquier acuerdo con el FMI respecto de la deuda originada en el pésimo manejo como organismo de crédito multilateral que tuvo en la concesión de crédito a Argentina.

 

 

El Estado en la economía

El gasto autónomo deberá crecer en el próximo período para lograr una reactivación de la actividad productiva. La inversión pública constituye una herramienta fundamental para llevar a cabo ese crecimiento. Esa inversión podrá volcarse a través de la modernización de la infraestructura pero también mediante emprendimientos empresarios que desarrollen nuevos sectores que promuevan el surgimiento de articulaciones con pymes cuyo crecimiento en número e importancia permitirán el aumento del empleo y la mejora de las condiciones de vida de la población.

Es imprescindible la actividad pública en el comercio exterior, en su regulación, control, estímulo y participación. No deben repetirse el despliegue de condiciones especulativas sobre las reservas que debiliten los grados de libertad para hacer política económica por parte de los gobiernos populares. Se debe tomar debida nota respecto de la débil reacción de los grandes exportadores frente a una baja de retenciones coincidente con una suba del precio internacional de los productos exportables. No merece prestarse atención al reclamo de AEA de prescindencia del Estado en la actividad económica y menos en el comercio exterior.

Fabian Amico dice en La Política Fiscal en Havelmo y Kalecki (dt 51, 2013, CEFID-AR) que no resulta tan obvio que la ideología prevaleciente rechace sólo la política de déficit fiscal, también rechazaría la suba del gasto financiado con impuestos. Los grandes empresarios no quieren que el Estado influya sobre el nivel de actividad y empleo –y menos que tenga empresas propias— porque esta influencia socava el poder del sector privado para definir el estado del ciclo económico. “Sin dudas, estas razones no confesadas, están detrás de las ácidas críticas al ‘populismo’ fiscal, al gasto ‘excesivo’ y al peso ‘insoportable’ de la carga tributaria».

Esta coerción económica resulta del privilegio del poder concentrado. Es la reconformación —con otra formalida— de lo que fueran las condiciones del privilegio político, no sólo ejercidas en forma directa por los grandes empresarios en la disposición de sus medios de producción sino, y principalmente, a través del mercado. La consecuencia es el chantaje que viven los gobiernos populares por parte del poder económico, que hoy se hace sentir en la Argentina, y es la expresión de un explosivo malestar entre la democracia y el liberalismo. La concentración económica y la dinámica de la financiarización encuentran en la esfera económica sustraída de la decisión popular el espacio para el vaciamiento de la democracia. Los chilenos han llegado al colmo de escribir un texto constitucional que legaliza este atropello, texto que hoy se derrumba por la movilización popular. En la Argentina asoma la necesidad de fortalecer un bloque democrático que frene los constantes atropellos del liberalismo neo.

8Nov/200

LA FOTOGRAFÍA INOLVIDABLE

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Quince años del NO AL ALCA

 

Esta semana se cumplieron quince años de la Cumbre de las Américas que en Mar del Plata tuvo la potencia para cerrar el camino a que los Estados Unidos consiguieran el mayor avance hacia el destino que persiguen hace más dos siglos: la consolidación del objetivo panamericanista con su hegemonía continental a través de la conformación del ALCA. Imposibilitó su concreción la asunción al poder de un conjunto de corrientes populares en países de América Latina. Los liderazgos de Kirchner, Lula, Chávez, Evo y Tabaré impidieron ese objetivo imperial. La evocación de la efeméride excede las consideraciones políticas y merece un encuadre de los aspectos económicos de los significados de ese hecho histórico, también la referencia a sus raíces y la valoración presente de los rumbos a impulsar en América Latina. Particularmente en Argentina como reacción a la desastrosa y tramposa situación provocada por la alianza del gobierno de Cambiemos y el FMI para inhibir la potencia transformadora del gobierno popular.

Más de tres años antes de la realización de la reunión de Mar del Plata, la Secretaría de relaciones internacionales de la CTA, que esta semana recordó el evento de 2005 con un seminario internacional, editó un texto de Enrique Arceo en el que se presentaba crudamente el carácter del ALCA y las condiciones internacionales en que acontecía su imposición. Señalaba el autor que “el ALCA procura consolidar en América Latina el tipo de dominación a través del mercado que Estados Unidos busca implantar en el conjunto de la economía mundial. La liberalización de la economía mundial que ha tenido lugar en el último cuarto de siglo no es un fenómeno resultante de la estructura espontánea de las estructuras económico-sociales o una consecuencia de la revolución tecnológica… El mercado es una construcción social y opera necesariamente sobre la base de un conjunto de reglas que reflejan una determinada correlación de fuerzas. La liberalización no es… un desplazamiento de las regulaciones nacionales por las fuerzas incontrolables del mercado, sino su reemplazo por otro tipo de regulación… El ALCA es un claro ejemplo de establecimiento de nuevas normas a ser observadas por las naciones a fin que el capital opere en toda América como un mercado único”.

En la época llamada del “capitalismo de oro” o de “las economías del bienestar”, el financiamiento era predominantemente público, de carácter bilateral o mediante la intermediación de organismos multilaterales de crédito dirigidos por los estados. No estaban restringidos los controles al movimiento internacional de capitales. Existía una regulación interestatal de las políticas cambiarias que impedían su flexibilidad significativa. La inexistencia de un mercado de capitales privados acotaba el financiamiento de los déficits porque la única fuente para resolverlos era el FMI y el Banco Mundial, que lo hacían con reglas estrictas. El único país que podía hacerlo sin límite eran los Estados Unidos, porque imprimían el dólar. Este era el país con exclusividad de moneda completa. El dólar cumplía con las cinco funciones del dinero definidas por Marx:

  1. Unidad de cuenta (los precios se piensan siempre en dólares);
  2. Medio de transacción (las operaciones se realizan en dólares);
  3. Medio de pago (las cancelaciones de deudas y cobros de acreencias se hacen en dólares);
  4. Reserva de valor (los ahorros se realizan en dólares);
  5. Dinero Universal (de aceptación irrestricta para las operaciones internacionales de todo tipo).

 

 

Unidad Latinoamericana o panamericanismo rastrero

La ruptura de la convertibilidad del dólar con el oro, sobrevino por la insolvencia potencial que afrontaba Estados Unidos para cubrir sus déficits, debida al peso creciente de otras economías y al elevadísimo nivel del gasto militar. El surgimiento de nuevas potencias industriales y la acumulación de capital de los países petroleros habían llevado a los Estados Unidos a reemplazar una política administrada del manejo monetario acoplada a un diseño institucional de la gobernanza global por otro de regulación mercantil. Esta fue una decisión deliberada y constituyó el punto de origen del neoliberalismo. Las relaciones entre las monedas pasó a ser flexible y el riesgo de cambio, privado. Las tasas de interés pasaron a ser libres, fijadas por la oferta y la demanda. Los organismos multilaterales restringieron, hasta la insignificancia, los controles al movimiento internacional de capitales. Así, las empresas norteamericanas —siempre con la tecnología de punt— podían deslocalizar producciones y segmentarlas, destinando a los países de menores salarios los eslabones de menor complejidad de fabricación, dejando los de superior desarrollo para los países centrales con mayor disposición del financiamiento privado. Porque la novedad del neoliberalismo fue el cambio de fuente de financiamiento de los déficits: el financiamiento privado y los mercados de capitales reemplazaron a los estatales y sus regulaciones institucionales. La tasa de interés trepó “tan alto como lo necesario para restaurar el valor del dólar”. La llave del cambio regulatorio del capitalismo mundial hacia la financiarización fue que la tasa de interés norteamericana sustituyó a la convertibilidad del dólar como el instrumento de poder de acción de la política económica global.

A su vez, las teorías apologéticas de la libertad de tasas y el financiamiento privado se pregonaron como panacea del desarrollo de los países periféricos, a los que se les hizo adoptar la apertura a la entrada y salida de capitales, con mercados financieros muy rentables (altas tasas) para valorizar el capital especulativo, que no sirvieron para otra cosa que para concentrar el poder económico y destruir la capacidad de crecimiento de sus economías. Este rumbo sólo estancó su desarrollo y aumentó su dependencia tecnológica, alimentando los procesos de fuga de capitales y endeudamiento, que siempre terminaba afrontando el Estado descargando —la mayoría de las veces— su peso en los cuerpos y vidas de los sectores populares.

Del corto período del capitalismo regulado de posguerra se pasó irreversiblemente al capitalismo financiero como sistema mundial, porque ni Wall Street ni los Estados Unidos querrán nunca volver a regular las ganancias, que hoy consiguen con los métodos  de la financiarización y la desposesión de los estados dependientes y de los asalariados. El capitalismo regulado y movilizado por la ganancia productiva era menos rentable y más conflictivo para el capital rentista concentrado. Los desarrollos teóricos corrieron por parte de las universidades de los países centrales donde circulaban como espejitos de colores las bondades de la desregulación. Sumaban a la modelización interesada el elogio  de la desaparición de las empresas públicas y el financiamiento de los déficits fiscales a tasas elevadísimas, demonizando la emisión y la inflación como las causas de todas las enfermedades de las economías periféricas. Sin embargo, las tasas de interés altas tuvieron como resultado más claro la destrucción del consumo interno y de los crecientes pero inmaduros desarrollos industriales de los países desposeídos por esta política.

“El ALCA constituye desde la óptica norteamericana un instrumento decisivo para consolidar la hegemonía de Estados Unidos sobre América Latina y erradicar definitivamente en ella cualquier proyecto de desarrollo autónomo”, decía Enrique Arceo. También significaba una herramienta de la disputa de los norteamericanos con los capitales de otro origen, pues su implementación permitía que los Estados Unidos pasaran de tener del 21% al 31% del PBI mundial. La adopción del ALCA hubiera implicado el final del funcionamiento del Mercosur dentro de todo el territorio americano, sólo hubiera podido subsistir hacia afuera del mismo. Desindustrialización y pobreza.

El No al ALCA en la Cumbre de Mar del Plata significó la salvación del apasionante proyecto de Unidad Latinoamericana. El Panamericanista ALCA, que en lo político-militar se ha expresado por la OEA, el TIAR, el PROSUR, el Grupo de Lima, la Escuela de las Américas y el cipayismo de Luis Almagro, desde hace dos siglos viene sosteniendo el programa de la Doctrina Monroe: “(Toda) América para los (Norte) Americanos”, que justificaba intervenir en otros países de la región en defensa de los intereses estadounidenses. En sucesivos conclaves se creó la Oficina Comercial de las Repúblicas  Americanas con el  objetivo de proteger los intereses norteamericanos frente a los británicos en el siglo XIX, creándose en 1890 la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. En el siglo XX se firmó un convenio de cooperación que nunca entró en vigencia porque Estados Unidos siempre se negó a establecer relaciones compensadas. En América Latina Estados Unidos reservó la preeminencia de los objetivos político militares frente a los económicos, que en la posguerra ocuparían un lugar central en Europa.  Finalmente el ALCA era su gran objetivo hegemónico en la época de la globalización.

Se debe concluir que el lawfare en Argentina y Ecuador, el golpe en Bolivia, los derribos institucionales en Paraguay y Brasil y la organización permanente de conspiraciones contra Venezuela, fueron provocados no sólo por las oligarquías locales y los intereses de la hegemonía militar coyuntural estadounidense, sino que existía el proyecto estratégico de un sometimiento “definitivo” de la región a condiciones de dependencia y subdesarrollo. Por eso resulta pertinente citar al peruano José Carlos Mariátegui en sus Textos básicos (FCE,1995), caracterizando que “el panamericanismo se apoya en los intereses del orden burgués, el iberoamericanismo debe apoyarse en las muchedumbres que trabajan por crear un orden nuevo. El iberoamericanismo oficial será siempre un ideal académico, burocrático, impotente, sin raíces de vida. Como ideal de los núcleos renovadores, se convertirá, en cambio, en un ideal beligerante, activo, multitudinario”. La Unión Latinoamericana como meta del movimiento de masas.

 

 

La tragedia del dólar

En un mundo donde rige la flexibilidad cambiaria, en el que se impone un paradigma de libertad cambiaria como comportamiento de normalidad y de liberalización financiera, las condiciones de profundización de la dependencia tienen una herramienta central en la moneda. Hay un solo país que es estrictamente unimonetario. El resto de las naciones se ha visto sometida a una lógica de estabilidad monetaria ligada a los respetos de alineamiento con la financiarización, tasas de interés sensiblemente más altas que la superpotencia central, salarios flexibilizados que le permitan abaratar costos de los procesos de menor tecnología. Las razones de inestabilidad económica modélica –ligadas al debilitamiento de la moneda— han provenido de:

  • La inflación, atribuible a la puja distributiva donde el capital no ha podido disciplinar al trabajo y a la actividad sindical a su gusto, a pesar de la concentración empresaria.
  • Expectativas que acentuaban la fragilidad financiera debido a la ausencia de “reglas claras” , que significan la previsibilidad completa de un esquema macroeconómico único que responda a los diseños previstos por la potencia central, y que en nuestro país incluyen como eje a la Carta Orgánica del BCRA que reemplazó el kirchnerismo, a la Ley de Entidades Financieras —sancionada por la dictadura y aún vigente—, a regulaciones bancarias (normas de Basilea) que dejan el sistema a merced de una élite internacional que lo (des-auto)regula en función de la privatización del crédito y la obtención de superganancias, rigiéndolo por un dispositivo de riesgos especulativos que excluyen el fomento a las pequeñas y medianas empresas. También suponen un presupuesto equilibrado con políticas ofertistas que bajen los impuestos, y más aún el gasto social.
  • Una naturalización del capitalismo, con asignación de recursos mercantiles, en el que la actividad económica debe ser llevada a cabo por parte del sector privado.

Estos principios condenan al subdesarrollo y la dependencia a los países periféricos y llevan a la constitución permanente de activos externos en el/los países que son gendarmes del capital. Cuanto más autonomía económica se promueve, más movimiento de capitales hay hacia el exterior. El bimonetarismo deviene de estas tres imposiciones de política.

La Unidad Latinoamericana antidependentista había dado nacimiento a la UNASUR, un MERCOSUR con objetivos más democráticos, el ALBA, el SUCRE y la CELAC. Debe destacarse, también, al Consejo Sudamericano de Defensa —con una concepción antagónica a la lógica de la Escuela de las Américas— y, particularmente, al Banco del Sur y el Fondo del Sur, proyectos de instituciones financieras cuya función debía ser la restauración del crédito público para el desarrollo, con el objetivo de largo plazo de disminuir la dependencia de los capitales privados.

Con acierto Cristina Fernández ha señalado el carácter extremo del bimonetarismo argentino, el modo en que este rasgo estructural del mundo neoliberal se ha acentuado en la Argentina. En efecto, en nuestro país el peso conserva sólo íntegramente la segunda y la tercer función de la moneda enunciadas por Marx, salvo para los inmuebles. La primera rige para todos los bienes que consumen los sectores populares, pero para las clases acomodadas los artículos de alto valor, tienen al dólar funcionando como unidad de cuenta. En cambio la cuarta función es claramente de ejercicio bimonetario. La quinta, como es de rigor sólo corre plenamente para la superpotencia occidental, el peso no la posee. La acentuación del bimonetarismo, especialmente en la moneda como reserva de valor, es un castigo de los “mercados” a la no aceptación plena de los tres puntos que se enumeraron como constitutivos del diseño de hegemonía del dispositivo del capital financiero.

El futuro de la dignidad nacional exige la defensa de la Unidad Latinoamericana frente al panamericanismo rastrero. También construir una estrategia de defensa de la moneda propia porque es un instrumento constitutivo de la Nación y que nos permite tener nuestra política económica. También recuperar la idea de la decisiva participación del Estado, en la investigación y desarrollo científico, en las finanzas, en el comercio exterior y en las empresas de tecnología estratégica. Esta no es una cuestión ideológica sino objetiva si se evalúa las necesidades de un política de desarrollo e igualdad, que impida los chantajes y condicionamientos del capitalismo financiero.

Decía Juan Perón en La Hora de los Pueblos (1968) que “el anacronismo mayor sucede aquí, como en nuestros países latinoamericanos, en el hecho que la desunión provocada por el propio imperialismo, resulta el peor enemigo. Como aquí todavía existe el mito de la inversión de capitales y la radicación de industrias yanquis –indudablemente más adelantadas en el aspecto tecnológico— es inútil que un país aislado intente hacerles frente, porque como para USA es indiferente el lugar, si un gobierno les crea dificultades, negocia con otro y aun se permite jugar a uno contra el otro para alcanzar las condiciones”. Perón tenía clara la Unidad Latinoamericana, como Bolívar, Monteagudo, Ugarte e Ingenieros. En referencia a la Alianza para el Progreso, otro megaproyecto panamericanista del cipayismo, decía Perón: “Los proyectos para la entrega han sido muchos y muy variados, a veces se cubre con el desarrollo, otros con la ayuda para el progreso, también con la privatización de las empresas estatales, a veces con el aporte de capitales o de las inversiones extranjeras”.

En referencia a las actitudes complaciente de la dirigencia de la CGT, a las entrevistas con la AEA –en las que convino una declaración en defensa de la actividad privada y la reducción de impuestos—, vale recordar las páginas de 77 y 78 de la edición de la Editorial Norte de Madrid del texto citado en donde se refiere al intento del imperialismo de copar a la dirigencia sindical argentina, utilizando la AFL CIO y la CIOLS creadas, según Perón, con el objetivo de combatir a la Federación Sindical Mundial. En otra parte del texto Perón se refiere a La Tragedia del Dólar refiriéndose a las restricciones que Johnson impuso a las empresas norteamericanas en Europa, acompañadas por una política de restricción monetaria, castigando la decisión de De Gaulle de expulsar de su territorio a las fuerzas de la OTAN. Perón advertía de represalias similares que respecto de desequilibrios económicos podían acontecer en América Latina.

El reciente acontecimiento electoral de la superpotencia, con lamentables ribetes en su transparencia y calidad del debate, ha permitido la aparición de opiniones de economistas y relacionistas internacionales locales con respecto al comportamiento que debía tener la Argentina frente al nuevo gobierno norteamericano. La mayoría de las cuales se referían a arreglar rápido con el FMI, confrontar con Venezuela, ajustar fiscalmente y no acercarse demasiado a China. Opiniones generalizadas en Junto para el Cambio, el periodismo concentrado mediático. Con intelectuales de esta calaña iríamos derecho a una creciente dolarización de la economía, provocando  mayor pobreza y mayor poder del capital frente al trabajo.

El cruce de la frontera del Presidente Alberto Fernández con Evo Morales, el día siguiente al que el Presidente electo por el Movimiento al Socialismo asuma el poder, será una fotografía inolvidable de la historia nacional. Una cachetada a los proyectos de sometimiento al Imperio.