Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

23May/210

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UNA MAYORÍA INTENSA PARA NO PERDER OTRA VEZ

La situación argentina, a la luz de lo que viene ocurriendo en la región, en especial en Chile y Colombia

POR GUILLERMO WIERZBA Y JORGE MARCHINI 
Los laberintos de la situación argentina deben sumergirse en la reflexión de lo que viene ocurriendo en la región, en especial en Chile y Colombia. La elección chilena constituyó un hecho de gran dimensión en la política de América Latina, no sólo por las perspectivas de un nuevo ciclo nacional, democrático, popular, liberador, participativo y de recuperación de la política como herramienta transformadora, sino porque reinstaló varios debates fundamentales:
  • La cuestión de la correlación de fuerzas. Chile pone en crisis su abordaje habitual. Con este se construye siempre una forma sesgada hacia la consideración realista y limitante de ese concepto. Ese enfoque, por ejemplo, nada previó dos años antes del comienzo de las movilizaciones callejeras sobre el devenir de lo que luego ocurrió.
  • Las democracias formales organizadas bajo el paradigma del republicanismo liberal asumieron formas degradadas en los últimos años de la vida política del subcontinente. Chile fue un emblema de esa perspectiva, siempre funcional al neoliberalismo que culminó en un régimen represivo sistemático al movimiento popular que se extendió por dos años.
  • El camino hacia la democratización de la vida ciudadana de la rebelión chilena no se circunscribió a la pasivización popular circunscripta a la exclusividad del acto electoral. Por el contrario la participación masiva de los cuerpos movilizados callejeramente fueron la forma de romper con el cerco de la pura y mera representatividad que finalizó en el encarcelamiento de la propia democracia sustantiva.
  • El esquema bipolar entre una derecha, heredera del régimen dictatorial, y un centro-izquierda cultivador de la lógica de la correlación de fuerzas, produjo una falsa realpolitik, donde derechas y progresismos se alternaron en el poder compartiendo el programa de la mercantilización de los bienes y servicios esenciales, sustraídos a su existencia como derechos económicos y sociales. Así fue con la salud, la educación, las jubilaciones y las tarifas de los servicios públicos.
  • Una vez que la revuelta popular se extendió y popularizó, el poder constituido asumió que las detenciones, heridas y muertes no frenarían la enérgica voluntad popular manifestada en las calles. En consecuencia recurrió al intento de encausar el descontento en los marcos de la república liberal, mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente modelada para una salida gatopardista. Le fue mal, perdieron abrumadoramente las elecciones. Tal como le ocurrió al GAN de Lanusse en 1973, la alternancia chilena fue derrotada en las urnas, que instituyeron lo que la calle ya había manifestado.
  • Mientras Chile está en este punto, Colombia vive una intensa pueblada que tiene sus parecidos con la del país trasandino pero con un republicanismo liberal que encubre una de las peores dictaduras del continente, donde los opositores y líderes sociales son perseguidos y asesinados a mansalva por el régimen.

 

 

La Argentina en ese contexto

El bloque de poder, que tiene una estructuración tan o más fuerte que el propio armado político de la derecha, está empeñado en no permitirle al gobierno del Frente de Todos realizar reforma alguna. La Sociedad Rural, la CRA, la UIA, la AEA y la Convergencia Empresarial endiosan al mercado y la propiedad privada articulados con Juntos por el Cambio, una fuerza política galvanizada como una derecha rabiosa, ideologizada y a la vez amarilla, sin discurso de ideas y con un marketing que milita la despolitización de la sociedad, como único medio para evitar el desmantelamiento de su fuerza electoral.

Esa derecha opositora tiene un fuerte maridaje con el aparato del Estado, evidenciando el papel que las repúblicas liberales tienen reservado al Poder Judicial: la limitación del poder popular para garantizar la eternización del poder social y económico de las minorías acaudaladas y privilegiadas.

El tiempo de gobierno que lleva el Frente de Todos ha exhibido cabalmente la imposibilidad para un consensualismo de reformas que sea admitido por el patronato concentrado, cuya adhesión no está en disputa alguna porque su única apuesta es a la articulación del bloque conservador sin concesión alguna para la construcción de una sociedad más justa. Su modelo “democrático” exige el adocenamiento del Frente de Todos para convertirlo en un émulo de la Concertación chilena, la socia de la reprimarización de la economía en ese país, desarraigada de las necesidades populares y hoy arrasada por el huracán popular de los jóvenes rebeldes decididos a la transformación de su país. En el presente de América Latina, un proyecto transformador o simplemente reformador está obligado a medir fuerzas, a confrontar. La palabra obligado resulta clave, porque no se trata de un rumbo escogido por un gobierno de raíces populares, sino de una decisión del establishment de no consensuar, su obsesión es impedir.

 

 

Sinrazones y evidencias del alza de precios

La argumentación monetarista de inflación por emisión y demanda no tiene sustento. Es una arcaica construcción teórica revitalizada en los centros de poder mundial con el pregón de los intelectuales orgánicos de Mont Pelerin, copiados por los vernáculos que construyeron una “comunidad académica” con los profesores y universidades cooptadas por el culto neoliberal. Menos sustento tiene en la Argentina, donde la evidencia mostró, en el crepúsculo del macrismo, como con la emisión congelada los precios revitalizaban su escalada. Y ahora en plena pandemia, luego de todo un período de caída de salarios, con niveles de pobreza que superan el 40%, y con una caída de las posibilidades fácticas de consumo por las condiciones de vida generadas por la peste, los precios siguen creciendo.

¿Pero dónde está la vanguardia del crecimiento de los precios? En los bienes esenciales. Particularmente en los alimentos. En los productos que los economistas llamamos de demanda rígida. Son tan indispensables que los sectores populares los demandan aun a precios más altos. Argentina tiene una característica particular: sus exportaciones tienen una predominancia de bienes salarios, artículos que son indispensables para la vida cotidiana. Los precios de los productos básicos (commodities agropecuarios), que son los insumos para su fabricación, han crecido estrepitosamente durante el último año. El precio de la soja subió un 76%, el del maíz un 100% y el del trigo aumentó un 30%. Estos crecimientos de precios responden a los valores en el golfo de México, o sea que son incrementos de sus precios en dólares. Es decir que si se supone que el dólar creció en Argentina emparejado con la inflación, estas subas son en términos reales, por encima de la inflación. Esta reflexión resulta necesaria porque el comportamiento de los precios internos se alinea con el crecimiento de los precios internacionales. Esa es la conducta de los productores y exportadores de esos bienes primarios. Esas alzas repercuten plenamente en las ventas internas de los bienes exportables, en los costos de los alimentos que se elaboran con ellos y en volúmenes de los márgenes de beneficios de las cadenas de comercialización. También esos impactos se expanden a los valores de los alquileres de los campos y en los de muchos servicios para la producción agropecuaria, frecuentemente valuados a precio de la soja.

 

 

Las causas de la inflación

Esta suba ha producido un impacto muy fuerte en los precios internos. Esta es la llamada inflación importada. Esta repercute fundamentalmente en los sectores populares ya que afecta una proporción mucho mayor de sus ingresos respecto a los de los sectores sociales más acomodados. Son bienes cuyo requerimiento tiene menos diferencias entre la demanda de los pobres y los ricos. Pero además, ese tipo de proceso inflacionario modifica los precios relativos entre la producción de las pymes industriales que venden en el mercado interno y la de los productores de la cadena agroalimentaria, amén de que al quedarse estos últimos con una mayor proporción del ingreso disponible por el carácter esencial de esas mercancías, restan capacidad de demanda sobre otros productos de la economía.

La cadena agroalimentaria aguas abajo, o sea los que producen bienes con los insumos granarios y oleaginosos, está altamente concentrada y es formadora de precios en el mercado local. Esas industrias agrupadas en la COPAL resisten las políticas de controles de precios que intentan desacoplar los de los alimentos de los impactos de la suba de los precios internacionales. Durante el año de pandemia y suba de precios de sus insumos han acumulado importantes beneficios. Esta es la prueba que la inflación que se vive hoy en Argentina –sustrayéndonos de los análisis teóricos por un momento- es la suma de la importada y el aumento de la cuota de ganancia de las empresas formadoras de precios. Eventualmente en algún período se pudo haber agregado inflación cambiaria, cuando la devaluación superó a la tasa de inflación. Lo que no hubo fue inflación de demanda ni de emisión. La puja distributiva fue débil, los salarios subieron por la escalera mientras los precios lo hicieron por el ascensor, fenómeno en que influyeron la pandemia, la caída del nivel de actividad y el crecimiento del desempleo.

El producto tradicional del consumo popular en Argentina es la carne vacuna. También hoy es una clave del crecimiento de los precios como resultado de la suba en el mercado mundial. A raíz del fuerte impacto en el costo de vida del pueblo originado por el comportamiento de la oferta cárnica, el gobierno argentino adoptó la prohibición de exportación de este bien.

En plena pandemia los integrantes de la Mesa de Enlace resisten la medida. No casualmente es tan difusa y confusa la línea argumental planteada en forma conjunta por la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Coninagro y Federación Agraria: que la decisión del gobierno nacional golpearía   «la oferta de un producto  valorado por los consumidores con la consecuencia inmediata de más aumentos”.  La amenaza se extiende ahora, por parte de CRA, a parar la comercialización de cereales.

La declaración de guerra de estas entidades ha ocultado el hecho que la disparada del precio de la carne vacuna en puntos de venta populares fue previa a la medida gubernamental, con un incremento del 148% desde principios de 2020.  No pueden justificar que la suba resulte de una presión de la demanda interna, porque la crisis económica y social causada por la pandemia y la política del gobierno de la alianza PRO-UCR provocó que el consumo actual por habitante sea de menos de 45 kilos anuales, los niveles históricos más bajos del país desde que se llevan registros.

Tampoco cabe a la entidades argumentar aduciendo una caída del stock de ganado del país por razones estructurales, económicas o climáticas, ya que este se ubica en 55 millones de cabezas, por sobre el promedio de 51 millones de las últimas décadas.

Cabe entonces preguntarse dónde está el juego de la oferta y la demanda que determinaría la presión alcista de un producto tan significativo.  La producción de carne vacuna del país se estima en algo más de 3.200.000 toneladas anuales, de las cuales  900.000 toneladas  serían  para la  exportación. Entonces, ante la caída de la demanda interna: ¿se reflejó el resultado en un crecimiento del comercio exterior argentino? De acuerdo a las cifras oficiales de INDEC no.   Las ventas totales al mundo de carne vacuna han venido descendiendo de 3.945  en 2019 a 3.419 millones en 2020,  y aun continuando la caída  en el primer cuatrimestre  de este año, pasando de 1.058 a 1.046 millones de dólares en relación al mismo período del año pasado (- 1,1%). Si se sostiene la producción, cae la demanda interna y las cifras de las exportaciones son raquíticas resulta lógico preguntarse si aquí hay » gato encerrado». O, de acuerdo a un dicho popular  que recuerda cuando las familias ganaderas a principios del siglo XX subían a los barcos transatlánticos un animal con un peón para desayunar con leche fresca en la travesía, si algunos tienen  «una vaca atada».

El aumento de los precios internos se da en paralelo al crecimiento sostenido de los precios internacionales de la carne, aun siendo que los precios declarados por los exportadores a la aduana argentina llamativamente reflejan una caída de más del 9% en el primer trimestre del año.  La inferencia inmediata que surge es que las operaciones  de exportaciones cárnicas no están reflejando la realidad, lo que  debe ser investigado exhaustivamente  y controlado por el Estado por tres motivos:

  1. la magnitud que pueden tener maniobras ilegales como la subfacturación de exportaciones y el contrabando, limitando el ingreso de divisas al país y reduciendo la imprescindible recaudación fiscal para afrontar la crisis sanitaria, económica y social,
  2. la succión por canales informales de exportación de la producción, impulsando un alza de precios,
  3. la generalización de las técnicas de la alimentación por «feed-lots» , que revelaría el impacto sobre los precios de la carne del aumento de los precios de granos y oleaginosas, impacto que también ocurre con los crecientemente significativos  productores aviares y porcinos.

 

 

Las retenciones

Es un momento adecuado para destacar las tres virtudes de los derechos de exportación:

  1. Un desacople del precio internacional respecto del vigente en el mercado interno. Por ejemplo si se aplicaran retenciones que socializaran la renta diferencial producto del aumento de los precios internacionales de un año atrás hasta hoy, el impacto sobre precios internos del 100% de suba de la soja, del 76% de aumento del maíz y del 30% del trigo, no repercutiría sobre el nivel de precios internos y tampoco sobre los costos de la producción de carne. Se neutralizaría la mayor presión inflacionaria que motiva la explosiva inflación que hoy abruma la coyuntura.
  2. Lo recaudado por las retenciones mejoraría notablemente el espacio fiscal del gobierno para desarrollar las políticas públicas de emergencia, indispensables para la atención de la pandemia.
  3. Invertiría el cambio de precios relativos que favorecen la reprimarización por otra estructura que promueva la diversificación productiva

Sin embargo los productores de carnes, los grandes industriales y las organizaciones empresariales rechazan la actualización de los derechos de exportación. Por el contrario piden pagar menos impuestos.  De lo que trata el conflicto es, similar a lo ocurrido en 2008, sobre la apropiación de una renta diferencial extraordinaria devenida de los precios record y basada en excepcionales cualidades  de los  recursos naturales del país. Decía David Ricardo en Principios de Economía y Tributación:  «El aumento de la renta es siempre  efecto de la riqueza del país y la dificultad del abastecimiento de su población creciente”. Paradójicamente cuando se habla que el país puede alimentar a centenas millones de personas en el mundo, aumenta la pobreza y la indigencia, siendo el alza de  los precios de los alimentos su motivo más directo.

De la renta  diferencial se benefician los integrantes del sector empresarial de la cadena agroindustrial, tanto por las exportaciones, como por la oligopolización de los mecanismos de oferta interna. Pero la oposición conjunta de todo el gran empresariado a los derechos de exportación obedece a su opción irreductible, aun a costa de ganar menos, de resistir la intervención del Estado en la economía ampliando el empleo, el gasto social y la producción. Prefieren el “estado de confianza”, basado en el debilitamiento de lo público, la reducción del presupuesto y una tasa de desempleo que debilite el salario y la fuerza de los trabajadores

El Estado y el control social deben intervenir en forma decidida para equilibrar un mercado interno  que ya está gravemente afectado, para lo cual esa conducta empresarial impide un camino consensualista.

La palabra retenciones es entendida hoy como una palabra maldita. Pero su no aplicación implica superbeneficios de minorías y penurias para los sectores populares. Los niveles de retenciones para los precios actuales, haciendo el ejercicio de aplicar la tabla de retenciones móviles que preveía la Resolución 125  -no aprobada por la obstinada resistencia del poder económico a una más justa apropiación social de una parte razonable de la renta diferencial del suelo argentino-, un 40% para el maíz en vez del 12% vigente actualmente. Para la soja correspondería una tasa del 49.33% en vez de la del 33% que rige hoy. Para el trigo el nivel debería ser del 20% en lugar del 12% actual. Las retenciones móviles se ajustarían automáticamente hacia arriba cuando la renta diferencial aumentase y a la baja cuando fuera inversa.

Sin embargo, su aplicación hoy no está en el centro del debate. Inclusive es memorado por sectores del propio oficialismo como una gran derrota, mientras se repliegan sobre una actitud autocrítica respecto de esa medida. Sin embargo, la resolución sobre los derechos de exportación fundó la experiencia kirchnerista, galvanizó una intensa fuerza popular que adhirió a un proyecto de transformaciones, la que luego libraría otras batallas de signo nacional, igualitario y emancipador. Algunas se ganaron, otras se perdieron o quedaron a medio hacer. El Chile de la alternancia pinochetista-concertación demostró la inviabilidad del consensualismo. En esa lógica el pueblo siempre perdió. Argentina necesita hoy de la construcción de una mayoría intensa, no sólo electoral sino participativa, dispuesta a poner el alma y el cuerpo en pos de una profundización de la democracia que requiere pujar y confrontar, porque si no se pierde siempre. Los gobiernos nacionales, democráticos y populares fueron resistidos, nunca aceptados por el poder económico concentrado. No hay alquimias para evitarlo

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2May/210

RIQUEZA CONCENTRADA, POBREZA EXTENDIDA

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El poder corporativo del empresariado no debe ni puede ser usado para limitar la democracia

POR GUILLERMO WIERZBA 

El poder económico concentrado en la Argentina está empeñado en que la sociedad se discipline en función de sus intereses. Definitivamente han asumido la posición de no aceptar lo que consiste un fundamento de la vida democrática y la convivencia: la existencia de límites. Aceptarla significa reconocer los derechos de los otros sectores de la Nación. La ciudadanía está atravesando los estragos de la pandemia, con sufrimiento, miedo, cambios en las condiciones y régimen de vida. Evitar que la reciente dinámica de agudo crecimiento de los afectados por la peste, de los internados, de los que llegan a estados críticos y de los que mueren, se consolide o crezca es de orden imperativo, y demanda de restricciones que inevitablemente conducen a la necesidad de compensaciones por medio del gasto social dirigido a los sectores populares que queden afectados por su aplicación.

El país ha llegado a una situación grave de polarización social. No sólo por la pandemia sino por los cuatro años de gobierno orientado a desposeer a las mayorías humildes y trabajadoras para recomponer un patrón económico regido por una lógica de objetivo único: rentas y ganancias extraordinarias acaparadas por un puñado de poderosos. Un 42% de la población hoy es pobre. Resultaría una degradación moral que puede llegar hasta la disolución de los principios constitutivos de la condición humana si el gasto social del gobierno no alcanzara para aliviar el sufrimiento de la mitad de la población del país. No se trata sólo de que no empeore la vida de los pobres sino de que mejore. Para lograrlo en pandemia se requiere más independencia y grados de libertad del poder elegido por el pueblo y no su debilitamiento.

 

 

La reforma del impuesto a las ganancias

Pero ocurren situaciones que van en un sentido contrario. Frente a un proyecto del gobierno de modificar las tasas del impuesto a las ganancias a las empresas, las centrales del gran empresariado –o hegemonizadas por él– salieron a cuestionar la reforma. Cuando los CEOs de sus empresas gestionaban el gobierno que presidía Mauricio Macri, la alícuota de ese tributo se redujo del 35% al 25% y para alcanzar esa reducción se estableció un sendero decreciente que culminaba en 2021. Ahora el gobierno del Presidente Alberto Fernández decidió impulsar un proyecto con una regla de progresividad, que dependiendo del monto de ganancias que las empresas obtengan, hacen variar el impuesto desde un piso del 25% hasta un máximo próximo al 35%, que sólo deberían pagar un 10% de las empresas: las grandes, las que capturan grandes ganancias por período fiscal. O sea que las pequeñas empresas no se verán afectadas.

Pero la UIA en su documento respecto del Proyecto de Ley introduce la idea de un aumento del 10% del impuesto sin especificaciones, como un tipo de “consigna negativa”. Para luego, cuando se refiere a las pymes, sostener que la medida no alcanza porque debería ser acompañada por otras y subraya que las firmas pequeñas sólo conservan la tasa previa, sin reducción alguna. El texto dice que la Argentina tiene una presión tributaria alta (29%), para lo que recurre a compararla con países reprimarizados con economías sujetas a los paradigmas neoliberales, que aplicaron a rajatabla las recetas del Consenso de Washington, como Colombia , Chile y Ecuador (20, 21 y 20% respectivamente). El documento de la UIA omite referir a otros países de la región como Brasil, que tiene cuatro puntos más de presión tributaria que Argentina, y a Uruguay, que tiene un punto más. Tampoco menciona la presión de países de otras latitudes y desarrollos diversos como Francia, Bélgica y Finlandia, que alcanzan el 45% del PBI, o Túnez, Letonia y Lituania, que también superan el guarismo argentino.

Dice el documento de la UIA que “tanto por los efectos de la pandemia como por el estancamiento de la economía en los últimos diez años, la Argentina necesita consolidar medidas activas que: incentiven las inversiones, promuevan la producción, fomenten la agregación de valor y generen empleo formal. La modificación de la alícuota de Ganancias para empresas va en sentido contrario de estos objetivos, generando nuevos obstáculos para lograr la recuperación económica”. La institución presidida por Miguel Acevedo, de Aceitera General Deheza, y cuyas vicepresidencias incluyen a Luis Betnazza de Techint y Cristiano Ratazzi de Fiat, levanta las ideas del “ofertismo” neoliberal: para ellos los impuestos disminuyen los incentivos a la Inversión. Sin embargo, cuando se los bajaron tampoco realizaron inversiones productivas.

Afirmaciones como las que sugieren que la pandemia reclama reducciones de tributos y exige incentivos económicos para las grandes empresas –como las que presiden los directivos de la UIA mencionados– constituyen dichos y hechos de gravedad, tanto si son observados desde una perspectiva ética o con la preocupación sobre las ideas que circulan entre las clases poderosas del país. Que la entidad que se reclama de los industriales exhiba a Chile como referencia comparativa de la recaudación tributaria desautoriza a su dirección como representativa de la misión que la UIA pretendería encarnar. El país transcordillerano tiene una economía reprimarizada, con una desigualdad estructural aguda, mientras la pandemia ha demostrado la incapacidad de su modelo para desarrollar un sistema de salud que supere la precarización. Peor aún es compararse con el Ecuador de Lenin Moreno, en que los muertos por la peste llegaron a acumularse en las calles.

La inversión privada que requiere el país está asociada al impulso de la demanda y no a la especulación con rentas y ganancias extraordinarias. Y en pandemia se deben recaudar más impuestos. Los enriquecidos deberían pensar que es un momento de interrupción de su acumulación de riqueza. En seguir produciendo aun sin ganar. La prioridad es atender la emergencia.

Con el nuevo esquema para el tributo a las ganancias propuesto por el gobierno nacional las empresas que ganen hasta 5 millones de pesos pagarán el 25%; de ahí hasta los 20 millones tributarán hasta una alícuota en escala que llega al 30%, compuesta por un monto fijo y una tasa, y las que superen esa suma tendrán una escala, construida del mismo modo, que llega hasta el 35%. Es una reforma con una tasa menos exigente que la general del 35% que había en 2015. Los dividendos distribuidos pagarán una tasa del 7%, inferior al 10% que regía en ese año.

Es decir que la reforma del impuesto a las ganancias tiene un ingrediente positivo porque introduce una lógica de progresividad, pero las tasas para las empresas son menos exigentes en relación a la que regía en el período de los gobiernos nacional-populares de la etapa 2003-2015.

Los números exhibidos más arriba demuestran lo mal informado que está el presidente de la AEA, Jaime Campos, cuando afirma que “el sector privado está sometido a una carga tributaria muy elevada y creciente, y lo que corresponde en pandemia sería plantear una estrategia definida de baja de tributos”. Los mismos conceptos que en la UIA, en boca de quien preside la entidad continuadora de la CEA, en la que Martínez de Hoz preparaba su plan desindustrializador y antipopular que aplicaría como ministro durante el terrorismo de Estado. Pareciera que la estrategia de “captura institucional” de la UIA por parte de la AEA estaría en pleno despliegue.

 

 

La cuestión del límite

Es el mismo clima alarmante en que muchos de los grandes empresarios judicializan su obligación de realizar el aporte solidario a las grandes fortunas, presos de una conducta y una concepción de vida antihumanista.

Pero no es sólo esto: hoy se evidencia que el poder económico no está dispuesto a conciliar ni disciplinarse con otra política que la de las reformas liberalizadoras y desintervencionistas de la economía. Son ejemplos la insólita resistencia a la intervención de Vicentín, grupo sobre el cual ha quedado evidenciada cada vez más su conducta fraudulenta, y también el griterío contra cualquier intento de subir la tasa de retenciones, elevación que con los precios internacionales de hoy se hace indispensable para poder evitar la suba permanente de los bienes-salario que soportan los sectores populares.

El tema de los precios condensa la dinámica del poder del gran empresariado. En medio del drama del coronavirus, aumentan incesante y desmedidamente, empobreciendo a la población. Resisten las regulaciones con maniobras que afectan el abastecimiento, con estrategias de diferenciación de productos que sólo persiguen el objetivo de eludir dichas regulaciones del Estado, y también juegan a la excusa de argüir la responsabilidad “del otro”. Asimismo las empresas proveedoras de servicios públicos monopólicos claman por aumentos de tarifas luego de gozar durante el gobierno de Cambiemos de permanentes privilegios y superganancias.

Esta conducta del gran empresariado es la contracara del 42% de pobreza. La pobreza no se explica sin esa acumulación de riqueza. La distribución del ingreso es un imperativo de la hora. La pandemia y la pobreza exigen que el presupuesto tenga un sesgo decididamente marcado en esa dirección. Su tamaño debería ser mayor, el gasto más grande y la presión tributaria más intensa. El déficit fiscal nunca debería operar como una razón para reducir el gasto social. Habría hoy que revisar las cuentas para garantizar que el gasto en épocas de drama social como el actual sea, en términos reales, superior a los años de normalidad.

El gobierno democrático tiene el derecho a ejercer el poder del Estado. Ese poder se nutre de la construcción de consensos, de la disposición del aparato estatal que le permita crear las condiciones para la construcción de esos consensos, y también de la potestad para obligar a cumplir con lo dispuesto por las autoridades de fuente popular. Los impuestos se deben pagar, los aportes de emergencia también, así como imperioso es el cumplimiento efectivo de las regulaciones de precios. El poder corporativo del empresariado no debe ni puede ser utilizado para limitar la democracia, mucho menos en la instancia que vivimos.

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28Mar/210

HABLAR FUERTE

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La economía masacrada y las palabras de Cristina Fernández de Kirchner

POR GUILLERMO WIERZBA  

Eduardo Basualdo sigue esta línea reflexiva en Sistema Político y Modelo de Acumulación en la Argentina, afirmando que los sectores dominantes detentadores del poder real asaltaron el gobierno con el objetivo de “destruir la identidad nacional de los sectores populares que se expresa en el peronismo, arrasando con la alianza social policlasista que se había conformado durante [la referida] sustitución de importaciones” y agrega que “ la dictadura interrumpe la industrialización e impone un comportamiento nuevo que está basado en la valorización financiera”. Cristina Fernández lo confirma pedagógicamente comparando la cultura del trabajo y la producción, centrada en las preocupaciones y el esfuerzo por acceder a la vivienda digna, a la educación, al empleo y a la disposición de niveles de vida crecientes, con el modelo plutócrata que expulsó de esas posibilidades a los sectores populares. Concurrentemente las conductas productivas fueron reemplazadas por las especulativas. El dólar y su precio, el plazo fijo y la tasa de interés, fueron el nuevo eje del debate económico y la inquietud cotidiana.

 

 

El programa que nunca abandonaron

Martínez de Hoz, quien fuera el superministro de economía del gobierno de la masacre, fue el exponente emblemático de los sectores civiles y del poder económico instigadores del golpe, de la política y de la transformación económica que se llevó a cabo. Previamente había sido Presidente del CEA (Consejo Empresario Argentino) que hoy luce con la cara lavada en la institución que lo sucede, la AEA (Asociación Empresaria Argentina). En el CEA, Martínez de Hoz había concebido los instrumentos con los que diseñó la imposición de un nuevo modelo económico. La Sociedad Rural y la UIA también respaldaron a los golpistas. En 1980, en un discurso de balance de su gestión el Ministro terrorista de Estado reivindicaba doce puntos centrales de las transformaciones emprendidas:

  • La libertad de precios y la eliminación de todos los controles sobre los mismos.
  • La libertad de transacciones cambiarias articulada con la eliminación de los controles de cambios.
  • La libertad del Comercio Exterior.
  • La libertad de exportaciones, mediante la eliminación de prohibiciones y de impuestos a las exportaciones.
  • La libertad de importaciones, terminando con los controles, las prohibiciones y las cuotificaciones.
  • La libertad de la tasa de interés y la aplicación de una reforma financiera desreguladora de la actividad.
  • La eliminación de las tarifas políticas en la fijación de los valores de los servicios públicos.
  • La reducción del déficit fiscal y su financiamiento no inflacionario, acompañado por la reducción del gasto público y su racionalización.
  • La eliminación de los subsidios y los proteccionismos distorsivos sobre actividades específicas.
  • La libertad de contratación salarial, con el sólo límite de la existencia de un salario mínimo.
  • La libertad a la Inversión extranjera.
  • La privatización de empresas estatales.

Nótese el significado que los liberales neo le otorgan a la palabra libertad, a la que deliberadamente dejan asociada a las liberalizaciones y el endiosamiento mercantil, mientras construían una sociedad represiva, con un Estado que operaba desdoblado con una cara legal y otro rostro clandestino, que violaba sistemáticamente el derecho a la vida, los derechos políticos y los económicos y sociales. En ese balance, Martínez de Hoz destacaba que la subsidiaridad del Estado y la apertura de la economía eran los pilares del nuevo modelo productivo argentino. En su libro Bases para una Argentina moderna, escrito en 1981, define que el Estado dejará de afectar la asignación de recursos abandonando sobreprotecciones arancelarias, cuotificaciones de cualquier carácter, tipos de cambio diferenciales, precios máximos y cualquier clase de regulaciones. También afirma que los conceptos de sustitución de importaciones, ahorro de divisas, fomento de las industrias de mayor valor agregado son criterios de industrialización que excluyen el parámetro fundamental de la competitividad, lamentándose que se encuentren profundamente arraigados y provocando posturas irracionales que dificultan el proceso de industrialización. El libro se lo prologó el genocida Videla, quien adjudica a los principios que enuncia Martínez de Hoz su inspiración en la defensa de la libertad, “que es el bien más preciado que Dios ha conferido al hombre”.

 

 

El cepo de la deuda externa

La política del Terrorismo de Estado condujo a un endeudamiento externo sin antecedentes. Cristina Fernández apuntó con precisión en su discurso del 24 de marzo que los instigadores y copartícipes del golpe de 1976 fueron los mismos que luego llegaron por la vía electoral al poder en el año 2015, y volvieron a lograr un nuevo récord de endeudamiento. Acompañó esta reflexión explicitando que los Estados Unidos habían sido complacientes con el golpe, que luego apoyaron al enemigo de la Argentina en la guerra de las Malvinas, y que recientemente se comprometieron en respaldar a los burócratas del FMI favoreciendo el otorgamiento de un nivel de préstamos insostenible para la Argentina, que sólo sirvió para financiar la fuga, y cuya instrumentación violó tanto la Ley argentina como el dispositivo normativo del organismo internacional.

Revisando los doce puntos expuestos como instrumentos del programa económico de la dictadura, también se encuentra una notable y profunda coincidencia con el programa llevado adelante por el gobierno de Cambiemos. La AEA hoy reivindica el mismo ideario, las mismas faenas y se pronuncia enfáticamente por esos principios. Lo mismo ocurre con la mayoría de los dirigentes de otras grandes organizaciones empresariales, coinciden con resistir la desarticulación del modelo económico impuesto por el gobierno de la masacre. Es un designio que no podrían conseguir si se lograra recuperar consolidadamente el sentido común y la cultura popular del trabajo y la producción, desplazando la lógica miserable de la especulación. La articulación de las asociaciones de los grandes empresarios con los medios de comunicación concentrados constituye una necesidad clave para evitar esa revitalización ciudadana.

Una muy grave herencia de la dictadura y del gobierno de Cambiemos es la deuda externa. En el caso del último gobierno, más pesada aún por la fuerte dependencia articulada con el FMI, una institución de la decadente arquitectura financiera internacional, que se resiste a flexibilizar plazos, tasas y montos, flexibilización imprescindible para una reestructuración de la deuda, sustentable con las posibilidades de desarrollo nacional y que aleje la amenaza de un agudo empobrecimiento de las mayorías populares.

El vocero del FMI Gerry Rice sostuvo el jueves 25 de marzo que los términos que se negocian en el acuerdo con la Argentina son los mismos que se aplican uniformemente a todos los países. Doble vara, como sostuvo Cristina Fernández el 24 de marzo, porque al momento de otorgarlo se autorizaron criterios especiales y excepcionales, con el fin de intervenir en los asuntos internos argentinos, en procura del fondeo de la reelección del gobierno del poder económico que representaba la Alianza Cambiemos.

Es que esta arquitectura financiera está constituida por organismos que han sido penetrados y luego configurados por los intereses y las lógicas de la financiarización. Lo actuado por el FMI en la Argentina tal vez sea la muestra más grosera de la crisis y decrepitud de esa arquitectura financiera, que se agravaría sino se flexibilizan las condiciones para la refinanciación de la acreencia más voluminosa que tiene el organismo. Si se la pretende enclaustrar en el diseño de un préstamo de facilidades extendidas de formato habitual, se exhibiría la falta de disposición del Fondo a evitar arrojar al país deudor a la recesión y el retroceso. Más aun, porque se sumarán a esa insustentabilidad los intentos por imponer las siempre regresivas e inconvenientes condicionalidades.

 

 

Haciendo trampa

El poder concentrado siempre se ha negado a que el poder democrático participe de las definiciones y dirección de la actividad económica. Los organismos internacionales de crédito han buscado y bregado por debilitar a los Estados para evitar que estos pongan fin a la financiarización. Han actuado favoreciendo a los rentistas y fondos de inversión. Estimularon negocios como la privatización de las jubilaciones y de la salud, cuyas consecuencias quedaron expuestas durante la pandemia. Para promover estos objetivos poco loables han presionado denodadamente por la reducción del déficit fiscal, y para lograrlo impulsaron el achique del gasto público.

Es así que la corporación de los economistas que juegan el rol de intelectuales orgánicos de la minoría plutocrática del poder concentrado y las finanzas transnacionalizadas, se esmeran por plantear que los problemas de crisis y endeudamiento de las economías dependiente-periféricas tienen su génesis en el déficit fiscal y no el déficit externo. Así el ex ministro Hernán Lacunza, el que dispuso la rareza de defaultear deuda en moneda propia, agudizando la crisis en lugar de aliviarla, reaccionó frente al discurso de Cristina Fernández arguyendo que el déficit es la causa y la deuda la consecuencia. Profetizó que gastar es fácil y ahorrar es difícil, una verdadera desfachatez para el administrador de una política que arrojó a la pobreza a millones de argentinos, abandonando el poder con una tasa superior al 35% de la población en esa condición, cuando el coronavirus era todavía desconocido. Continúa Lacunza, ocurrente pero falseando: “La deuda la genera el que gasta más de lo que tiene, no el que la documenta”, usando la errónea homologación entre déficit en pesos y déficit en divisas, y entre la economía de una nación y la de una empresa. Las empresas no pueden crear moneda, el Estado sí puede hacerlo. El Estado argentino puede crear pesos, pero no dólares. Dos cuestiones tan simples de explicar así como tan ocultadas por la economía ortodoxa.

La idea que se repite para que el cansancio de escucharla termine por conseguir su readmisión por la ciudadanía es que el gobierno de Macri tomó la deuda externa, que culminó en su corrida en búsqueda del amparo del FMI, por la necesidad de financiar el déficit fiscal en pesos. Lacunza hace trampa. Porque el déficit en pesos el país lo puede cubrir con emisión de moneda propia. Mucho más sano que ir a buscar dólares para vendérselos a los capitales internacionales deseosos de fugar y usar los pesos de esa venta para cubrir el déficit fiscal. Si se evitan esos despropósitos y maniobras, el déficit externo es de orden estructural al subdesarrollo y no una cuestión de disciplina fiscal. Cambiar deuda en moneda soberana por deuda en divisas constituye lisa y llanamente una política que provoca dependencia en lugar de promover el desarrollo. Luciano Laspina es otro economista de la derecha opositora que dice una cosa por otra cuando afirma que Cambiemos se hizo cargo de las deudas del gobierno anterior. Toda la deuda tomada con el FMI fue dilapidada por la rauda fuga de capitales que, en connivencia con el mismo FMI, el gobierno de Macri propició.

 

 

Hablar fuerte

En el texto que Rodolfo Walsh escribió en la Carta Abierta a la Junta Militar, refiriéndose a la represión genocida expresaba: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada…  Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%… Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales”. La herencia económica que dejó la alianza PRO-UCR, sumada a las dramáticas condiciones económico-sociales develadas y expandidas por la pandemia del Covid-19 en un mundo injusto y desigual, deben prevenir respecto a que la dramática descripción de la vida social que con precisión expuso Walsh sobre la época del Terrorismo de Estado, no se reitere con las instituciones republicanas funcionando, como consecuencia de las presiones e imposiciones de la misma plutocracia y del mismo organismo financiero internacional que determinaron la política económica de aquél período. La lideresa del Frente de Todos seguramente ha advertido ese riesgo. Por eso habló fuerte en el 45° aniversario del inicio de dolores irreparables para el pueblo argentino.

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31Ene/210

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ASIMETRÍAS

El acuerdo Mercosur-Unión Europea tiene el mismo perfil que el ALCA enterrado en 2005

POR GUILLERMO WIERZBA Y JORGE MARCHINI  

En noviembre de 2005 aconteció un hecho fundamental de un largo camino inconcluso en pos de la construcción de la Unidad Latinoamericana. Ese hito fue la detención, en la IV Cumbre de las Américas llevada a cabo en Mar de Plata, del avance hacia la consumación del ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas), con la recordada participación de los presidentes Kirchner, Lula y Chávez.

En su discurso Néstor Kirchner apuntó a una cuestión crucial que atraviesa como tema clave a los acuerdos de libre comercio desplegados por la hegemonía de las políticas del neoliberalismo a nivel mundial: la desconsideración de las asimetrías en los tratados celebrados entre los países centrales y los periféricos. En su discurso, el entonces Presidente argentino afirmó que «la igualdad es un concepto valioso y necesario pero sólo aplicable a los que son iguales». «Igual tratamiento para los diferentes; igual tratamiento entre países poderosos y débiles; igual tratamiento entre economías altamente desarrolladas y economías emergentes no sólo es una mentira sino que, además, resulta una trampa mortal», advirtió. Esa igualdad tramposa era lo que pretendía el acuerdo de libre comercio rechazado por los líderes que se dispusieron a dar un nuevo impulso al proyecto latinoamericanista.

 

El falso argumento

La corriente principal del pensamiento económico de la época atribuye a la oposición a los tratados de libre comercio adoptar la opción por modelos proteccionistas reacios al comercio internacional. Esta oposición entre libre comercio y proteccionismo no constituye el centro del debate frente a los mencionados acuerdos. Es una construcción falaz. El tema en discusión radica en el derecho al desarrollo de los pueblos consagrado el 4 de diciembre de 1986 por la Asamblea General de las Naciones Unidas: “El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él”.

El intercambio igual entre desiguales conduce hacia el subdesarrollo. Sólo sería un comercio internacional justo aquél que construya una lógica de intercambios que combinara liberalizaciones y restricciones que condujeran a favorecer la industrialización y complejización de los procesos productivos en las economías periféricas. Que, a su vez, les permitiera y garantizara su participación en ese comercio con productos que contengan una creciente incorporación de ciencia y tecnología. Que además estimulara la diversificación productiva de esas naciones en desarrollo, favoreciendo la articulación del crecimiento de su PBI con mayores oportunidades de empleo, en un sendero de su intensa calificación, acompañada con una elevación de los salarios que consagren sustantivas mejoras de la distribución del ingreso y la riqueza.

La experiencia de los tratados de libre comercio firmados por gobiernos neoliberales de los países dependientes con los del centro muestran que los resultados fueron inversos: reprimarización agraria y/o minera, y/o industrialización de maquila, movilizada por bajos salarios. Todos procesos de concentración del ingreso, la producción y la propiedad, con precarización social y profundización de la desigualdad. Avanzar por este camino de libre comercio es lo que se pretendió con el ALCA y, también, mediante los convenios concretados bilateralmente entre Estados Unidos y los países periféricos.

 

Un acuerdo que profundiza la dependencia

El acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) que actualmente se negocia con un recuperado dinamismo tiene el mismo perfil que el que se desplomó en Mar del Plata. Mariana Vázquez lo define como «un acuerdo de asociación birregional», es decir «que además de su pilar comercial contiene acuerdos sobre diálogo político y cooperación» (Observatorio del Sur, mimeo 2020) y enumera sus características principales:

“1) Es un acuerdo ´de nueva generación´, es decir que contempla un espectro de temas mucho más amplio que el del comercio de bienes (ejemplos: compras públicas, servicios, propiedad intelectual, normas laborales y medioambientales), que limitan la soberanía regulatoria de los Estados.

2) Se trata de un acuerdo desequilibrado y asimétrico, es decir entre regiones con profundas asimetrías de desarrollo, productivas y de capacidades públicas.

3) Se trata de una relación comercial con un componente importante de dependencia: a modo de ejemplo, mientras que la Unión Europea vende 1,3% de sus exportaciones al Mercosur, este vende un 21% de las suyas al bloque europeo”.

El sustento fundamental del acuerdo es la apertura de los mercados de los países integrantes del Mercosur a los países de la UE. Los impactos que se producirán en caso de que se implemente el acuerdo no serán sólo sobre la matriz productiva sino sobre la soberanía regulatoria de los Estados del Mercosur, sobre el espacio de estos para implementar medidas económicas de carácter sustancial, incluyendo la restricción de aquéllas destinadas a construir una política de comercio exterior que armonice desequilibrios internos de sus macroeconomías. Con la firma de este acuerdo el Mercosur retrocede de su objetivo avanzado de constituirse en un mercado común, ampliando el espacio para las producciones de sus países integrantes. Y no sólo eso sino que también desarticula su carácter de Unidad Arancelaria respecto de su relación con uno de los bloques más significativos y poderosos de la economía mundial.

Sería de un cortoplacismo absolutamente contraindicado que en Argentina se entienda que sería útil avanzar y acelerar este acuerdo, bajo la suposición de que su puesta en marcha abriría el camino para una mayor condescendencia de los países centrales en las condiciones de refinanciación de la deuda con el FMI. Esa es la circunstancia que los economistas de la corriente ortodoxa asociada con el establishment económico, de quienes son intelectuales orgánicos, aprovechan en pos de meter presión para consumar el tratado de libre comercio. Dieciséis años después del entierro del ALCA, otro centro del poder mundial aspira a lograr un tratado del mismo carácter, apurándolo cuando asoma la posibilidad de un retroceso de la oleada neoliberal en Sudamérica.

 

¿Por qué apura Europa?

La noticia pasó desapercibida pero puede ser de enorme significación estratégica. La semana pasada el Parlamento Europeo decidió confirmar la redacción de su resolución sobre Política Exterior y Seguridad para el presente año. Esta incluye una mención especial a las negociaciones en relación al acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con el Mercosur.

En forma específica el documento en su parágrafo 47 “subraya la importancia de impulsar y finalizar la revisión de los acuerdos globales con Chile y México, así como el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, y destaca que se trata de aliados y socios clave de la UE”.

Esta redacción, aparentemente neutra y simpática, reflejó en realidad un cambio sustantivo de la posición europea, cuyo Parlamento en octubre pasado definía que «no se puede ratificar el acuerdo entre la UE y el Mercosur en estado actual».

La última decisión europea desarticula la ilusión que manejaron muchos movimientos sociales, como también referentes de opinión y políticos que especulaban con la idea de que la Unión Europea no iba a avanzar hacia la firma del acuerdo ya que comprometía temas ambientales y laborales que imaginaban como irreductibles. No comprendían, o tal vez algunos lo hicieron cínicamente, que la supuesta intransigencia europea servía para imponer mayores exigencias hacia los países del Mercosur en las negociaciones. La estrategia de la UE le resultó exitosa (menos apertura y más discrecionalidad para limitar el ingreso de productos mercosureños a Europa).

Por más que la matriz de ideas de este tipo de tratados sea el liberalismo neo, en la realidad operan fuertemente los intereses por sobre la pureza del dogma. Así, el proteccionista sector agrícola europeo, que es contrario en un principio al acuerdo con el Mercosur, siendo secundario dentro del capitalismo europeo, sería neutralizado por el capital concentrado con mayores garantías de protección y/o más subsidios.

¿Qué ocurre ahora? Pues el interés de los europeos por una rápida confirmación del acuerdo Mercosur-UE. Ejemplo de ello, y es de suponer no casuales, son las declaraciones en las últimas horas del Comisionado para Asuntos Exteriores de la UE, el socialista español Josep Borrell, para «poner toda la presión sobre América Latina», coincidente con la publicación de un estudio de impacto, algo que significativamente no hicieron ni para la economía en general ni para sectores específicos los países del Mercosur. Ese estudio de impacto muestra que el crecimiento de las exportaciones europeas al Mercosur, de concretarse el acuerdo, serían significativamente mayores que las importaciones, y ello aun para productos tan sensibles como los lácteos.

Durante 2018 y 2019 se había construido cierto consenso de oposición ante el principio de acuerdo asimétrico firmado. Resulta imperioso recuperar, profundizar y ampliar ya ese consenso. El debate y la crítica al acuerdo Mercosur-UE han perdido centralidad y dinamismo. A ello contribuyen varios factores:

  1. Las negociaciones siguen siendo secretas, y no se han dado a conocer significativas concesiones brindadas por los negociadores del Mercosur (entre otras: discrecionalidad europea para determinar limitaciones sanitarias, liberalidad en la certificación de origen) a cambio de muy poco (algunos permisos para superar indicaciones geográficas).
  2. En Argentina avanzaron algunas posiciones que, aun reconociendo que la experiencia de otros acuerdos de libre comercio vigentes entre la Unión Europea y países latinoamericanos ahondaron los déficits en balanzas comerciales (Chile, México, Perú, Ecuador), sostienen sin fundamento ni verificación que la posición europea en organismos multilaterales será «muy comprensiva y benevolente» si se ratifica el acuerdo.
  3. Los sectores económicos y sociales de los países del Mercosur potencialmente afectados por un acuerdo desventajoso (economías regionales, industrias, servicios ) no han hecho seguimiento del tema, tanto por ignorancia de sus potenciales consecuencias como por una ilusión sin sustento de que «es la hora de abrirse al mundo». Esto ocurre cuando justamente el panorama internacional, atravesado por la pandemia y la crisis de las economías, es muy delicado. Lo que crece, contrariamente a esas impresiones, son las tendencias proteccionistas y disputas geopolíticas entre las economías centrales. Como ha reconocido con sinceridad y sin romanticismo Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea, «es necesario vencer la resistencia a un acuerdo que garantizaría a la Unión Europea el acceso privilegiado al bloque comercial más grande de América del Sur, por delante de China y Estados Unidos».

Afirma con lucidez un empresario pyme, Raúl Hutín, secretario de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) de Argentina: «No nos cerramos al mundo ni escapamos de la competencia. Pero para que sea equitativa se deben dar condiciones similares entre las partes, cosa que hoy está lejísimos de suceder. De no considerarse los distintos grados de desarrollo, como ocurre en la vida, el más grande se impone sin más sobre el más chico. El libre comercio sin contemplar desigualdades en el punto de partida genera mayores desequilibrios».

En esta etapa que se denomina de «revisión legal» resulta imprescindible que tanto los gobiernos de raíz nacional, popular y democrática como los movimientos sociales y la dirigencia política que promueve una transformación de las economías del Mercosur en favor de los pueblos, generen acciones y movilizaciones que promuevan el final del secretismo y la transparencia de todo lo que se está negociando y resolviendo respecto del acuerdo. El carácter del debate requiere de la metodología de la democracia participativa. El conocimiento de lo que eventualmente se vaya a acordar no puede quedar reservado a ámbitos de expertos. El predominio de una lógica de ese tipo constituiría una concesión a los ideales meritocráticos de la antipolítica declamada por los falsos “libertarios” y las distintas expresiones del status quo neoliberal. Resulta primaria la sola enunciación de la constitución de mercados de gran tamaño como automáticamente beneficiosa. Si se llega a ello por el mal camino se ahondarían los desequilibrios y la dependencia de los países periféricos, y también la brecha respecto a las potencias y los centros de poder mundial.

 

La Unidad Latinoamericana.

Enraizada en ideas y proyectos vigentes dese las constituciones de los estados de América Latina hasta la actualidad, desde principios de siglo se expandieron las institucionalidades que propendían a construir una América Latina unida con un proyecto de desarrollo, de independencia, de igualdad y emancipatorio. La UNASUR, la CELAC, el Banco del Sur, la profundización del Mercosur, el mecanismo del Sucre, el Fondo del Sur, otros acuerdos de intercambio con monedas locales que apuntaban en esa dirección, fueron creados y puestos en funcionamiento con esos objetivos. Este tipo de acuerdo Mercosur-UE, en avance, consumaría un retroceso que completaría el debilitamiento o desaparición de esas instituciones acontecida durante el quinquenio último de hegemonía neoliberal.

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24Ene/210

DISTRIBUIR RIQUEZA

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El problema urgente de distribución de ingreso y riqueza

POR GUILLERMO WIERZBA  
El mundo prometido a Juanito Laguna, 1962 , Antonio Berni
 

Asistimos a sustanciales debates respecto a cuál sería el problema nodal de la economía argentina. Los economistas de la corriente principal, que han respaldado el liberalismo neo, sostienen que la cuestión urgente y clave a encarar es la disminución sustancial del déficit fiscal. Otros enrolados en la heterodoxia light, que respaldaron la derechización de las socialdemocracias europeas adhiriendo a la corriente de pensamiento de Giddens y las políticas de Tony Blair, afirman que los equilibrios macroeconómicos no tienen ideología ni marcos histórico-sociales, o sea que serían de orden universal. Muchos de estos últimos coinciden con los ortodoxos al sostener que el principal problema del país es el ordenamiento fiscal.

Sin embargo, desde un enfoque crítico que observe la evolución de la economía argentina durante el último medio siglo, podrá concluirse que el problema argentino urgente y principal es la distribución del ingreso y la riqueza. Mirando la evolución de la participación de los salarios y las ganancias en el ingreso, se puede observar cual ha sido la “gran novedad” de las reformas introducidas en 1976 por la dictadura militar, cuyo despliegue continuó por décadas debido a la repetición de las políticas neoliberales en tres fases de esos cincuenta años. Así, esta identificación de la cuestión clave a resolverse en Argentina 2021 coincidiría con lo señalado por David Ricardo, el más maduro de los pensadores de la economía clásica, quien sostuvo en su obra fundamental, Principios de Economía y Tributación, que la distribución del ingreso entre las tres clases sociales de la comunidad era el principal problema de la economía política.

Los argumentos en que se apoya la corriente principal y las adyacentes son de orden praxeológico, es decir de carácter “tecnológico”, como si se tratara del proceder correcto en la economía. El análisis prescinde del devenir histórico y del origen de las condiciones que constituyen un estado de las cosas. Espacio y lugar son indiferentes, siempre hay una práctica “curativa” de los problemas económicos. Es la visión de quienes asumen que capitalismo constituye un modo histórico inamovible –una forma de organización óptima y única de la vida económica de los humanos. Que, extremada en la visión esencialista del liberalismo, estaría sujeto a condiciones de estricta vigencia de derechos de propiedad constituidos previamente, y blindados de su limitación, intervención o afectación por parte del poder democrático. Esa vigencia eterna y universal alcanzaría al mercado y, actualmente, a la financiarización misma como habitualidad sin alternativa.

 

 

La ruptura epistemológica de Marx

Martín Abeles y Roberto Lampa en La ruptura epistemológica de Marx (Revista Nueva Sociedad 277- set-oct 2018) , siguiendo a Etienne Balibar sostienen que la obra del autor de El Capital constituye una ruptura epistemológica con los economistas clásicos, refutando la tendencia que se ha afirmado entre los economistas ortodoxos que sitúan a Marx como el último de los aquellos. Siendo que Adam Smith postuló el axioma “de propensión natural de la especie humana al intercambio” que según Abeles y Lampa, el primer clásico entiende que “mediada por el mercado, no sólo redundaba en una organización racional de la reproducción social… [sino] que propiciaba un orden naturalmente justo”. Esos autores afirman que “lo interesante desde este punto de vista cognitivo es que la representación de la sociedad asumía la forma de una deducción analítica. Emulando ya entonces a las ciencias naturales”. En contraposición a este tipo de representación, Marx no razona en esta clave axiomático-deductiva sino que reconoce como central la dimensión histórica, social y relacional de la existencia humana. Para Marx ese tipo de interés individual postulado por Smith no existe sino que todo tipo de interés privado se explica y construye términos de relación social. Los autores reivindican a Keynes por discontinuar la hegemonía de la Escuela Neoclásica que concebía los fenómenos sociales “explicando el funcionamiento del sistema económico por medio de la agregación de comportamientos de agentes individuales… En lugar de investigar sistemas económicos por medio de modelos cerrados, abstractos y basados en el método axiomático, a partir de Keynes la economía política vuelve a concebir sistemas abiertos en los que el comportamiento de los actores económicos se sitúa en un contexto social”. También reivindican a Joan Robinson en su concepto “reglas del juego” como articulador de los impactos del conflicto social, el efecto de las instituciones y las disputas ideológicas en el análisis de la realidad económica y social.

 

Naturalización: el paradigma del poder

Desde el punto de vista expuesto, el gran aporte de Marx fue la iniciación de un estudio de la economía de carácter crítico que quebraba la naturalización del capitalismo, del mercado, del interés individual y del derecho de propiedad como piedra basal de la organización de la vida humana en cualquier tiempo y espacio. Esta posición abría la economía a una relación con las otras ciencias sociales como la sociología, la antropología y la historia. Abeles y Lampa ven esa apertura también en Keynes, y consideran que fue abandonada por parte de la heterodoxia posterior y contemporánea porque “su tendencia a la naturalización del sistema económico planteaba el riesgo de atribuir a las recomendaciones emanadas de sus investigaciones el mismo status objetivo, la misma pretensión de validez universal, que la corriente neoclásica presuponía en las suyas. De esta manera, la estabilización de la económica, la eliminación del desempleo, el cambio tecnológico o la reducción de la desigualdad… podrían ser concebidos más como problemas técnicos que como problemas de la sociedad”.

El sistema de la financiarización (constituido por las derechas neoliberales y las socialdemocracias 2.0 –a la Blair) ha sido restaurador del enfoque ahistórico y pro-naturalización del capitalismo in extremis. En todas las circunstancias de crisis o situaciones dificultosas del funcionamiento de la economía, esta vertiente ha señalado al déficit fiscal como uno de los temas fundamentales a resolver mediante lo que el mainstream llama reformas estructurales. La reducción del déficit debería acometerse, de acuerdo a sus prescripciones, mediante el recorte del gasto público, mientras el aumento de los impuestos lo contraindican, porque deducen que medidas de este estilo desalentarían la inversión. Aseguran que esta acometida contra el déficit fiscal alimentaría la confianza de los agentes individuales privados para emprender sus negocios. Sobrevendría la calma de los equilibrios macroeconómicos, el tamaño de la “torta” crecerá y habría “porciones” más grandes para repartir. Las políticas posteriores a la crisis del 2008 llevadas a cabo en Europa, impulsadas por el FMI, que tuvieron este carácter, devinieron en mayor retracción económica, aumento del desempleo, debilitamiento sindical y de la capacidad de lucha de los trabajadores para defender sus ingresos. En Argentina actual, con acaso la mitad de su población sumida en niveles de pobreza, una política de consolidación fiscal, basada en este dogma con pretensión de ciencia objetiva, conduciría a una mayor concentración del ingreso, caída del PBI, derrumbe del nivel de empleo, reducción del salario real y descenso de la inversión privada.

 

 

La recuperación de la historicidad

El artículo referido cita un señalamiento de Immanuel Wallerstein respecto a que la construcción social, heredada del siglo XIX, de las distintas disciplinas científicas había perdido vigencia y constituía una barrera para el trabajo intelectual, y aseguraba que la Economía Política era la que más había exacerbado la característica de división y escisión del conocimiento, aislándose del resto de las ciencias sociales.

Seguramente la pretensión praxeológica y generalizadora, con axiomas fuertes y deducciones con resultados no verificados, y muchos incontrastables, la llevaron a un conveniente aislamiento para postularse como una disciplina teórica objetiva estimulante del perfil de pensamiento único.

En Argentina los gobiernos que adhirieron a sus postulados favorecieron a los sectores del poder económico concentrado y finalizaron con catástrofes macroeconómicas. En cambio, las experiencias nacionales, populares y democráticas que aplicaron programas de crecimiento del gasto público, fortalecimiento de las organizaciones sindicales, aumentos de salarios, expansión del consumo interno y políticas hacia el pleno empleo, tuvieron importantes tasas de crecimiento económico, mejora sustantiva de la participación de los trabajadores en el ingreso y disminución de la pobreza.

Argentina está atravesada por conflictos históricos y presentes entre bloques sociales antagónicos. En el marco de esos conflictos se despliega la posibilidad de una distribución más justa y la potencialidad de un país con transformación productiva y desarrollo. Ni el déficit fiscal, ni las políticas monetarias pueden ser discutidos en Argentina de la pandemia del 2021, convaleciente de la política ortodoxa de la Alianza Cambiemos, como se lo haría en el marco de una situación de pleno empleo en una economía en expansión. Porque en este último caso la falta de financiamiento del gasto público podría provenir sólo de problemas y resistencias al pago de impuestos por parte de sectores empresarios. En cambio en la actualidad se suma a esa resistencia el declive de la recaudación por la caída del nivel de actividad y la necesidad de un sustantivo aumento del gasto social, unidos a un estructural comportamiento de evasión y fuga por parte del poder económico concentrado. La función de la recaudación de tributos tiene como objetivo fundamental la redistribución secundaria del ingreso y no un equilibrio contable de las cuentas públicas. Argentina es un país cruzado por una disputa por la apropiación de una extraordinaria renta diferencial de la tierra, de otra entre renta financiera y los beneficios de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, además de la siempre presente entre salarios y retribuciones al capital.

 

 

Plutocracia o gobierno popular

¿Quién resuelve estos conflictos? Marx cuando discute el tema del ejército de reserva –una masa de desempleados que garantizan la inseguridad de los trabajadores en actividad para conservar sus empleos—, así como Kalecki en el siglo XX cuando refiere a la contrariedad de los grandes empresarios para apoyar políticas de pleno empleo que quitan el efecto de disciplinamiento que la amenaza de la desocupación ejerce sobre el batallar de los trabajadores para incrementar sus salarios y disminuir la tasa de ganancia, desnudan la voluntad de ese empresariado de regular el nivel de actividad para garantizar su poder en la sociedad civil y el destino de la economía. La herramienta discursiva más potente desplegada por el poder económico concentrado es sostener que la actividad económica debe quedar reservada para el sector privado, que el gasto público debe ser reducido y que los salarios sólo deben aumentar cuando crece la productividad del trabajo (o sea que la distribución del ingreso no debe variar nunca al alza). Esta sustracción de la economía de la política conduce a la plutocracia (el gobierno de los ricos). Es la lógica del Estado chico, asociada siempre al desmerecimiento de la política.

La democracia está concebida para garantizar una fuerte influencia en las decisiones por parte de los sectores populares, de los que menos tienen, de los más pobres. Sobre todo en el capitalismo, donde estos son la mayoría. Las decisiones en democracia corresponde que sean tomadas por el gobierno, también en el ámbito de la economía – incluyendo la Inversión Pública y la actividad productiva directa. Por ejemplo, resulta condenable que en nombre de la libertad, los sectores beneficiarios de la renta agraria diferencial se resistan a aceptar restricciones a la exportación dispuestas por el poder democrático ante dificultades de abastecimiento del mercado interno. Así como también correspondería un sustantivo aumento de la tasa de retenciones –que permita la socialización de parte de esa renta agraria— frente a su reciente, abultado aumento por el incremento de los precios internacionales, siendo inválido que se le anteponga una concepción de propiedad privada ilimitada en nombre de una idea oligárquica de presunta libertad. Porque el carácter de la propiedad privada sólo es definible, también, en contextos históricos, sociales y relacionales. Nunca puede ser un valor que consolide niveles inaceptables de desigualdad.

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27Dic/200

LA PALABRA ESPERADA

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En 16 minutos la lideresa del FdT sentó los lineamientos básicos de la política económica

POR GUILLERMO WIERZBA  

El viernes 17 de diciembre, una semana antes de la llegada al país de las primeras trescientas mil dosis de la vacuna Sputnik V, en un acto en La Plata, la lideresa del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, pronunció el discurso con más definiciones desde que hace un año asumiera el nuevo gobierno encabezado por el Presidente Alberto Fernández. En su mensaje subrayó el carácter absolutamente imprevisto del despliegue de la pandemia mundial que, señaló, tuvo consecuencias desarticuladoras en todos los países del mundo. Advirtió sobre la existencia de ámbitos científicos en los que se alerta respecto a repeticiones de fenómenos del mismo carácter, cuya ocurrencia tendría una frecuencia mayor a la que la humanidad vivió en el siglo XX. Planteó dos planos que considera sobresalientes, respecto de los desafíos de política que el gobierno deberá emprender para enfrentar la pandemia y su etapa posterior. Esos dos planos son:

  • La salud, y
  • La economía.

 

Un sistema integrado de salud

Respecto del sistema de salud, la Vicepresidenta enunció la necesidad de repensarlo todo. Destacó la manera en que se trabajó en la emergencia construyendo hospitales y la finalización de obras no concluidas por el gobierno de Cambiemos a pesar de haber tenido un grado de avance muy maduro las obras sin terminar. Planteó la necesidad de pensar y definir un nuevo concepto de salud, partiendo de los datos duros que muestran que la Argentina se destaca por tener mayores recursos tecnológicos y humanos, sumados a una mayor inversión respecto de los que cuentan los otros países de la región. Su conclusión fue el deber del Estado, en conjunto con la sociedad, para debatir, estudiar y construir un “Sistema Integrado de Salud” que dé término a una asignación de recursos ineficiente e injustamente distribuidos, producto de su concentración indebida.

En un documento recientemente publicado por la CEPAL con el título La salud como desafío productivo y tecnológico. Capacidades locales y autonomía sanitaria en la Argentina pospandemia, hay contundentes pruebas cuantitativas respecto de lo afirmado por Cristina Fernández y el grado de profundidad y dramaticidad de las ineficiencias y grado de concentración que deforma la asignación de los recursos para la salud. El informe señala que la Argentina destina a ese fin un volumen de recursos que equivalen al 9,4 % del PBI. Esos recursos tienen distintos orígenes, ya que el sistema se divide en tres subsistemas desintegrados, o con un escasísimo nivel de interacción no planificada sino resuelta por lógicas mercantiles. Los sistemas son los siguientes:

  • El Sistema público, que atiende al 35% de la población. Se financia con recursos generales provenientes de impuestos de ese orden o de asignación específica. Realiza el 28,7% del gasto en salud y el gasto per cápita es de 786 dólares anuales, considerando lo erogado en el año 2019. El correspondiente al total del sistema de salud es de 952 dólares anuales.
  • El Sistema de Obras Sociales, que se subdivide en dos subsistemas: uno de carácter nacional y otro de carácter provincial, al que debe agregarse el PAMI. Los dos primeros se financian con aportes de los empleadores y asalariados públicos y privados, mientras que el PAMI lo hace con recursos mixtos provenientes de los trabajadores activos y aportes de los jubilados a los que se suman también recursos provenientes del Tesoro Nacional. Atiende al 63% de la población. Realiza el 41,8% del gasto en salud. El gasto per cápita es de 765 dólares anuales.
  • El sector privado que se financia con aportes de los que optan por contratarlo de manera voluntaria. Atiende al 14% de la población. Realiza el 29,5% del gasto total en salud. El gasto per cápita es de 2.079 dólares anuales. El financiamiento que era exclusivamente privado, a cargo de sus usuarios voluntarios, fue modificado en la década neoliberal de 1990. Durante la presidencia de Menem se dispuso la posibilidad de la libre elección de obra social (Decreto 9/1993), y además se incluyó la opción de destinar aportes y contribuciones al sistema de medicina prepaga (EMP). Lo que impulsó el “descreme” del sistema de seguridad social, ya que los asalariados mejor remunerados que tenían aportes y contribuciones sociales altas, migraron al sistema EMP trasladando esos aportes y contribuciones del sistema de seguridad social al privado, desfinanciando al primero y fortaleciendo la rentabilidad del segundo. Ese decreto quitó los elementos de solidaridad al esquema de seguridad social y se alineó con el mismo tipo de concepción que la reforma jubilatoria adoptada en la misma década. La reversión de ésta última reforma durante los doce años de gobiernos nacionales, populares y democráticos parecen constituir un antecedente que debería completarse con la reforma del sistema de salud, con el objetivo de revertir los regresivos cambios de los ’90.

Resulta claro que esta lógica fragmentadora de la salud llevó a su mercantilización y a la pérdida de la lógica de la solidaridad, al dejar de ser concebida como un derecho humano. En realidad ninguno de los ciudadanos debería estar sujeto a diferencias en cuanto a la atención de su salud, y el carácter del servicio debería contemplar el objetivo de tender a la igualdad en su provisión que respete el carácter de derecho esencial. La propia diferenciación del sistema de seguridad social respecto del sistema público conllevaba el establecimiento de desigualdades, pero estas adquirieron una tendencia perversa y sistémica a partir del decreto de 1993; que también acentuó la diferencia entre obras sociales con mayores y con menores recursos, desigualdades que se generaron, además, en los propios cambios en el empleo y en los salarios relativos entre las  actividades, como producto de las reformas desindustrializadoras y del estancamiento económico. Pero la transferencia de recursos al EMP desde los servicios sociales, tuvo el claro objetivo de construir las bases para la subsunción de las obras sociales por el sistema privado, que incluía la tercerización de servicios. Por otra parte, el sistema público en lugar de garantizar el acceso universal a la salud, fue conceptualmente concebido para ser utilizado como política focalizada a los sectores más vulnerables, informalizados  o excluidos de la posibilidad de acceder a los otros regímenes.

En el informe de CEPAL se puede observar la distribución de médicos por habitante por provincia, que arroja una concentración ineficiente de los servicios de salud. En CABA la cantidad de médicos por cada mil habitantes es de 16,6, proporción que contrasta con las provincias del Norte argentino, las que tienen menos de 2.7 médicos por cada mil habitantes, salvo Tucumán y Corrientes cuya proporción está entre 2.7 y 3.7.  En este rango se ubica  la provincia de Buenos Aires, sobre la que el informe provee el guarismo global pero sería interesante la diferenciación entre el Conurbano y el interior de la provincia, ya que la misma se acerca a representar el 40% de la población del país. La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro tienen más de 4,7 médicos cada mil habitantes, las demás provincias del Centro y Sur del país participan del rango entre 2,7 y 3,7.

El mismo informe suministra información sobre el peso de la pobreza por provincia, con resultados que se asocian inversamente a la densidad médica por habitante. Esto prueba lo ineficiente e injusto del sistema. CABA, Neuquén y Santa Cruz tiene niveles de pobreza inferiores al 30% de la población. Mientras Misiones, Tucumán, Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero tienen más del 40% de población en situación de pobreza. En la provincia de Buenos Aires la proporción se ubica entre el 35 y el 40; nivel que comparte con Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, La Rioja, Catamarca y Mendoza. Mientras Chubut, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, San Luis, San Juan y Tierra del Fuego tienen una proporción entre el 30 y el 35%.

CEPAL relevó que la mortalidad infantil tiene sus niveles más altos en Corrientes, Formosa y Tucumán con más del 11 por mil, mientras que en CABA, Chubut, Neuquén, Santiago del Estero y Catamarca se ubica por debajo del 8. En tanto que Chaco, La Rioja, Jujuy, La Rioja y San Juan registran una proporción que va entre 10 y 11 por mil, y el resto de las provincias está en el tramo entre 8 y 10 por mil. También hay una asociación inversa con la relación médicos por habitante, con algunas excepciones cuyas causas merecerían un análisis.

Las desigualdades que exhibe el acceso a la salud en la Argentina no son independientes de la fragmentación del sistema. La coexistencia de un régimen público, con uno contributivo (obras sociales) y otro privado, dotados de capacidades de financiamiento y gasto muy diferentes, concurrente con la descentralización de la gestión de los servicios de salud entre los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial e incluso municipal) no sólo reproducen las desigualdades esbozadas anteriormente. Además dificultan una mayor y mejor articulación de los objetivos sociales de una política de ampliación del acceso efectivo a la salud, con las decisiones de  promoción de la autonomía sanitaria y el despliegue de una política que impulse el desarrollo productivo y tecnológico nacional. Corresponde hacer notar que, en un sentido inverso al del liberalismo neo, durante los años de gobierno nacional y popular se desplegó un movimiento que culminó en dispositivos legales hacia la producción pública de medicamentos. Una política que debe convertirse en fundamental para la desmercantilización de la salud pública.

El gráfico que se presenta a continuación muestra el carácter focalizado de la medicina pública para atender la pobreza, con el perfil asistencialista propio de la mirada neoliberal. En el mismo se exhibe el porcentaje de la población no cubierto por los subsistemas privados y de seguridad social, quedando a cargo por default de éstos la medicina pública. En contraste obsérvese la sobrecobertura de la CABA por dichos subsistemas.

 

 

 

Reactivación productiva con distribución del ingreso

La lideresa del Frente de Todos se refirió a la perspectiva que en el año 2021 comience una reactivación de la economía. Pero puso el acento en la necesidad de que ese crecimiento se reparta en consonancia con el objetivo de la justicia social. En lenguaje popular dijo que “los beneficios del crecimiento no se los deben quedar 3 ó 4 vivos”. Es una referencia concreta a la necesidad de garantizar que la decisión y acción del gobierno elegido por el pueblo debe definir el carácter de la reactivación, y su direccionamiento a que los resultados se distribuyan atendiendo al valor de la igualdad. Cristina Fernández advirtió que el poder económico no puede pretender la posesión, y menos se le puede conceder, de la facultad del establecimiento de las definiciones de la política económica que impulse y acompañe el crecimiento. La Vicepresidenta fue enfática en señalar la necesidad de alinear salarios, jubilaciones, los precios –especialmente los de los alimentos— y las tarifas. Planteando que los precios de los alimentos deben ser accesibles para los sectores populares. Además explicitó su conocimiento y convicción de que la economía argentina es movilizada por la demanda, y que el consumo se acerca a significar el 70% de la demanda agregada. Es inequívoca al señalar estas reflexiones y postulados, que el alineamiento de las variables que destaca supone la recuperación de los salarios y las jubilaciones. También al plantear que el Estado debe establecer mecanismos efectivos para garantizar el acompasamiento de la evolución de precios y tarifas con la mejora real de los ingresos fijos populares, que garanticen un impulso del consumo y la demanda. Son ideas que perfilan un proyecto nacional basado en el esquema wage led growth (crecimiento impulsado por salarios).

A un año de la asunción del nuevo gobierno la Vicepresidenta, en un discurso de 16 minutos, expuso lineamientos fundamentales para el próximo año, los que reivindican la política llevada a cabo en el período 2003-2015, que consiguió la mejora del nivel de vida popular, y expresó: “Por eso volvimos”, adjudicándole a la unidad un carácter concurrente y complementario con la memoria popular sobre aquél período. Dijo, textualmente luego, que “si no se sabe cómo se llegó, es posible que no se sepa cómo ir”.

En el Informe de Coyuntura de CIFRA-CTA n° 32, elaborado por Pablo Manzanelli, Daniela Calvo y Cecilia Garriga, se calcula que el PBI cayó en los tres primeros trimestres del año un 11% con relación al mismo período del año anterior, siendo la sima el segundo trimestre, que registra respecto de su igual de 2019 una caída del 19%. El informe dice que “la economía argentina contabilizó, prácticamente, 10 trimestres de caída del PIB, situándose en la actualidad 15,3% por debajo del primer trimestre de 2018 y es un 14% inferior al producto bruto del tercer trimestre de 2015”. Lo expresado ilustra que el profundo descenso del año de pandemia se acopló a cuatro años de retroceso que el país experimentó en el transcurso del gobierno de Cambiemos. Durante los tres primeros trimestres de 2020 los únicos sectores que crecieron fueron la construcción (2.3%) y la intermediación financiera (4,6%). Este último guarismo más que un hecho positivo, resulta lo contrario y hace necesario reflexionar sobre una profunda reforma institucional imperiosa en su funcionamiento, regulación y definición de objetivos y actores.

El informe de CIFRA-CTA dice que los salarios cayeron entre noviembre de 2015 y septiembre de 2020 un 15,5% en el sector privado y un 26,5% en el sector público.  Respecto del crecimiento de los precios durante el año alcanzó, midiendo los primeros once meses de 2020 respecto del mismo período de 2019, un 35,8%, mientras la devaluación del tipo de cambio legal fue del 35,7%. Esto demostraría la importante influencia de la variación cambiaria sobre el nivel de precios, lo que probaría lo desaconsejable de ceder a los reclamos devaluacionistas de grupos y sectores empresarios. Además sería demostrativo de las consecuencias regresivas sobre los salarios de una política export led growth (crecimiento impulsado por las exportaciones). También probaría contundentemente que los precios se ajustan por el dólar oficial y no por las cotizaciones de los reducidos mercados marginales. Pero resulta de importancia subrayar que los alimentos y bebidas aumentaron mucho más que la tasa media de crecimiento de precios, lo hicieron en un 47,5% y la indumentaria en un 56%, lo que indica que la inflación para los sectores populares fue mucho más alta que para el conjunto de la población. Estas verificaciones indican hasta qué punto el alineamiento de precios, salarios, tarifas y jubilaciones que promueve Cristina Fernández, significa una enérgica mejora de los ingresos de los sectores populares. Mejora que debe ser acompañada por un conocimiento profundo y una intervención adecuada en las cadenas de valor, persiguiendo el objetivo de tomar los caminos necesarios para que los precios se ajusten a la obtención de tasas de ganancia empresariales acordes a la recuperación del nivel de vida que los sectores populares vienen perdiendo desde 2015.

Otra información de relevancia constatada por el informe elaborado por Manzanelli, Calvo y Garriga se refiere a las irregularidades en la liquidación de exportaciones de oleaginosas y cereales, ya que pese a la obligación de liquidar las divisas, mientras el total exportado es de 23.298 dólares durante el año 2020, lo liquidado asciende a 18 286 millones. Faltan liquidar más de 5.000 millones, lo que demuestra las irregularidades existentes en el sector.

La reticencia a liquidar divisas en las cadenas de oleaginosas y cereales, y sus presiones devaluacionistas, deberían ser enfrentadas con energía. La baja de retenciones para favorecer una mayor liquidación no produjo los efectos deseados. Mientras tanto los precios internacionales de estos commodities siguen subiendo, lo que exigirá proceder a un aumento de esas retenciones, aún a niveles superiores a los que regían con anterioridad a la rebaja ineficaz. Esa exigencia se motiva en la necesidad de evitar que los precios de los alimentos aceleren su crecimiento por la típica asociación automática con el comportamiento del mercado internacional. En una propuesta que va en la misma dirección, Cristina Fernández también expuso sobre la necesidad de establecer cupos a la exportación de alimentos que aseguren que un volumen razonable de los mismos sean reservados para el mercado interno, a precios razonables «para la mesa de los argentinos”.

Los dieciséis minutos de exposición de la lideresa del Frente de Todos incluyeron lineamientos básicos de una política económica que asume que los acuerdos de deuda deberán realizarse sobre la base de su subordinación al cumplimiento del objetivo de reactivación productiva con justicia social, sustentado en el crecimiento del mercado interno. Los plazos, intereses y organización de las amortizaciones con el FMI deberán también alinearse con, y detrás, de la prioridad que constituye la  recuperación de los niveles de vida de los sectores populares y el fortalecimiento del aparato productivo nacional

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