Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

12Abr/170

La inflación y el discurso encubridor de “Cambiemos”

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Guillermo Wierzba * (Especial para sitio IADE-RE) | El autor desarticula el argumento oficial sobre la inflación y revela la intencionalidad de su uso: ajustar salarios a la baja y ampliar el excedente de los grupos económicos.

En los 12 años de gobiernos de signo democrático, nacional y popular se desplegaron políticas que reconstruyeron la lógica de la institucionalización de la negociación paritaria en el mercado de trabajo formal, a la vez que produjeron una disminución sustantiva de la tasa de desempleo y una suba -aunque parcial- de la tasa de trabajadores que se encuentran contenidos en ese sector formal respecto del total. Estas reformas fueron posibles tanto por un cambio de la política económica que revalorizó el papel del mercado interno como espacio de dinamización de la demanda agregada y la sanción de instrumentos legales que las habilitaron.

En el comienzo del segundo año del tercer período de carácter neoliberal que se abrió en la Argentina, el presidente Macri en su discurso de apertura de sesiones del Congreso Nacional sostuvo que la “la inflación es tóxica. Destruye el salario de los trabajadores, dificulta ahorrar, paraliza la inversión y nos impide mirar a largo plazo”.  En el típico estilo discursivo de los gobiernos del capital concentrado y las oligarquías tradicionales, el presidente argumentó sobre la necesidad de reducir la inflación como la cuestión clave de la política económica. Su intención es adjudicar a ese fenómeno el carácter de “mal absoluto” y, en consecuencia, proclamar la búsqueda de ese objetivo colocado en el lugar central de su gestión de la economía.

Hay una predilección del discurso oficial -tributario del dogma neoliberal- en designar la inflación como el impuesto de mayor regresividad. El 1 de marzo Macri decidió ir al grano argumentativo de los planes de estabilización tradicionales de las derechas restauradoras del poder oligárquico, ha dicho, como fue citado, que la inflación es la destructora del salario de los trabajadores. Sin embargo es un registro histórico que estos gobiernos de derecha han conducido siempre hacia una redistribución regresiva del ingreso y un descenso de la participación de los asalariados en el reparto del mismo.

El gobierno de Macri, siguiendo la tradición de las gestiones conservadoras y neoliberales, se empeñó en avanzar en la desarticulación de los esfuerzos estatales por construir intervenciones en la formación de precios que apunten a consagrar una distribución del ingreso que mejore la participación de los asalariados y, pese a la perorata anti inflacionaria, el primer año de este tercer ciclo neoliberal finalizó con una tasa de inflación sustantivamente superior al de todos los años de los gobiernos kirchneristas y, a la inversa que en la mayoría de ellos, el salario medio de los trabajadores descendió, haciéndolo en un registro también inédito en todo el período anterior  (por ejeneplo, una tasa del 6,5% interanual para noviembre de 2016 surge de los datos del informe de CIFRA – CTA, febrero 2017).

La lógica de la inflación en ascenso en el período de gobiernos kirchneristas estuvo determinada por la resistencia a las mejoras salariales por parte de los empresarios que defendían su tasa de ganancia,  sumada a las conductas de las grandes firmas formadoras de precios empeñadas en capturar los beneficios producidos por una etapa de importante y rápido crecimiento económico. La vigencia de paritarias libres y los dispositivos -aunque erráticos e insuficientes- de intervención y regulación de precios permitieron la suba de los salarios reales en la economía.  Fabián Amico concluye en su investigación “Los salarios reales en el largo plazo. Surgimiento de un nuevo piso estructural de las remuneraciones en Argentina” (CEFID-AR, marzo de 2015)” que en relación a su ascenso “se destaca su persistencia: no hay prácticamente comparación con otra etapa histórica ya que la década 2004-2013 es el período más largo de la historia argentina mostrando aumentos persistentes del salario real. En segundo lugar, se destaca la velocidad de crecimiento: en el lapso 2003-2013 el salario real crece a un ritmo del 4,6% anual mientras el PIB por ocupado lo hace al 2,9% anual promedio”.

En cambio, las razones de la escalada de precios del período del gobierno de Cambiemos se desencadenó por el cambio de precios relativos devenido de la devaluación, la quita de las retenciones, la suba descomunal de las tarifas de servicios públicos y la desarticulación de las políticas tendientes a la contención de los precios. O sea, una inflación que no refleja la resistencia empresaria a la suba del salario real sino la ofensiva de los dueños del poder económico por reducirlo, ampliar el excedente y apropiárselo. Ofensiva habilitada por medidas de un gobierno cuya composición y elenco de funcionarios exponen cabalmente los intereses de ese poder.

A pesar de las palabras que asignan a la inflación el carácter de destructora del salario, que declamaban la preocupación por defender los ingresos de los trabajadores, en el discurso mencionado el presidente fue recurrente en el intento por pautar la tasa de aumento salarial  -entre el 12 y el 17%- que según su criterio deberían discutir las paritarias en el sector privado requiriendo a empresarios y trabajadores poner atención sobre la misma que es la tasa de crecimiento de precios que se fijó como meta el Banco Central. O sea que, mientras enuncia el objetivo de defender el salario, el instrumento elegido sería evitar que este crezca nominalmente compensando el desfasaje del año anterior más la inflación esperada para el presente, como piso.

Es la vieja y falsa promesa de los gobiernos antipopulares: mejores sueldos mañana provendrán de admitir su descenso hoy, la mejora de la tasa de ganancia presente garantizaría mejores ingresos fijos mañana. En el año 2016 los funcionarios de Cambiemos estrenaron su política de comunicación anunciando una tasa de inflación esperada del 20% o apenas superior al mismo y ésta terminó orillando el doble de lo prometido. La subestimación del índice, si hubiera sido consensuada para la negociación paritaria -con ajustes salariales aun inferiores a los que se produjeron- habría significado un mayor retroceso del salario medio real y una caída del PIB aún mayor a la que se produjo (3,8% para el tercer trimestre de 2016 acelerando el 2,4% del primer semestre; CIFRA- CTA – informe febrero 2017). Por su parte la caída del empleo, los despidos y la desocupación también hubieran sido agravadas respecto de la dinámica crítica que tuvieron: entre diciembre de 2015 y febrero de 2016 se despidieron 249.153 trabajadores, correspondiendo el     60,85% al sector privado y el 30,15% al público (CEPA, documento de trabajo Nº8, 2017).

Los primeros meses del presente año arrojaron incrementos de precios que descolocan y desmienten la posibilidad de que se verifique en la realidad la inflación, objetivo del Banco Central, coincidiendo con la conducta del año pasado. Queda explícita, entonces, la metodología intencionada que se utiliza desde el BCRA de fijar una tasa de inflación meta inferior a la razonablemente esperada, comportamiento que persigue el fin de ajustar salarios a la baja, refrendado por el presidente. Fue lo no dicho en el discurso de Macri, pero resulta de las políticas y el tipo de comunicación elegida: bajar el salario, aumentar la tasa de ganancia y, sobre todo, incrementar la renta agraria y financiera que constituyen ingresos de los sectores privilegiados y “elegidos” por el gobierno neoliberal de la tercera fase, como lo fueron también en las dos primeras. Entonces el discurso de Macri no busca explicitar sino encubrir su programa y su diseño de país, encubrimiento siempre necesario para los gobiernos que defienden intereses minoritarios pero que necesitan construir hegemonía y consenso para mantenerse en el poder, conquistando densidad electoral.

Pero no sólo hay discurso encubridor, también hay abandono de la sustancialidad republicana, cuando se incumple con lo legislado buscando interpretaciones que contradicen el sentido de la ley o intentan construir el condicionamiento de otros poderes del Estado, o directamente omiten o parcializan la aplicación de dispositivos legales en su sustancia. Son ejemplos de estas conductas la no convocatoria a la paritaria nacional docente, el intento de modificar el índice de ajuste jubilatorio dispuesto por ley mediante una resolución de menor jerarquía y la aplicación del Banco Central a priorizar con exclusividad  la consecución de una meta inflacionaria obviando que los fines dispuestos por la Carta Orgánica aprobada en el año 2012 son de carácter múltiple y definen que la entidad debe ocuparse también del empleo y el desarrollo con equidad social. Todas estas políticas afectan o intentaron/intentan hacerlo negativamente a los sectores de ingresos fijos. La primera busca fracturar la negociación salarial para debilitar a los docentes en su lucha por un aumento que recomponga sus ingresos, la segunda hubiera implicado una caída en el ajuste a los jubilados, la tercera importa el mantenimiento de tasas de interés elevadas.

Las tasas de interés altas significan un beneficio directo a la renta financiera, en una economía en la que se han eliminado, desde este mismo gobierno, los controles al ingreso y egreso de capitales. Esas tasas estimulan la entrada de capitales especulativos con una conducta destinada a la obtención de altas ganancias en el corto plazo sin actividad productiva alguna. Por otro lado, el enfoque teórico de aplicar altas tasa de interés para bajar la inflación sostiene que ésta es causada por excesos de demanda que no pueden ser atendidos por la oferta y que ese supuesto desequilibrio debe ser corregido deprimiendo la demanda agregada, o sea el consumo y la inversión, mediante un ajuste que enfríe la economía. Ese enfriamiento provocaría una caída en el nivel de empleo que debilitaría, por la precarización laboral, el poder de negociación sindical y permitiría la contracción de los salarios reales.

Así el enfoque de Metas de Inflación aplicado por el BCRA desnuda el carácter encubridor de un discurso que proclama una lucha contra ésta bajo la advocación del beneficio a los trabajadores. La lógica de este régimen que enamora a Sturzenegger explica los enunciados y preparativos para el intento de introducir reformas institucionales en el mercado de trabajo de carácter “flexibilizador”, eufemismo que designa -a la vez que encubre- la vocación por precarizar la legislación laboral.  El discurso neoliberal del gobierno va por la recuperación de la condición de pensamiento “único y objetivo” en el debate económico. Cabe evocar, para quitarle ese velo de “neutralidad”, la caracterización del economista y revolucionario ruso Nicolai Bujarin quien adjudicó a la economía marginalista (reconocible hoy con el nombre de economía neoclásica) el carácter de “economía política del rentista” y afirmó, ya hace más de un siglo, en un texto concluido en 1914, que: “La evolución capitalista ha asistido en las últimas décadas a una rápida acumulación. Como resultado del desarrollo de las diferentes formas de crédito, la plusvalía acumulada es apropiada a menudo por individuos que no tienen a menudo ninguna relación con la producción. El número de estos individuos crece continuamente, al punto de llegar a conformar una clase social: la de los rentistas”. Esta evocación de un texto ya centenario es para develar el fin que los neoclásicos han perseguido, y en buena parte logrado cuando se constituyeron en soporte teórico de los gobiernos neoliberales, de ser reconocidos como portadores de la verdad objetiva en el ámbito del pensamiento económico. Ambición que desnudaron claramente con el cercenamiento del nombre de la disciplina cuando mutaron el de Economía Política por “La Economía” a secas.

Las altas tasas de interés y el escandaloso pago a los fondos buitre constituyen muestras de los beneficios que el gobierno de Macri ha otorgado a la escoria de esa clase de rentistas a la que ya se refería Bujarin, y que hoy opera a nivel global apropiándose de los recursos de las naciones más pobres y de las clases populares. Lo dicho por el discurso presidencial, citado al principio,  también encubre, cuando se refiere a los efectos de la inflación sobre el ahorro y la inversión, que la política que lleva a cabo el gobierno remunera altamente a la inversión especulativa y provoca el desestímulo de la productiva al deprimir la demanda agregada, produciendo la caída del PIB e impactando también en la erosión del tamaño del mismo para el futuro porque, como se demuestra en enfoques de la economía heterodoxa, las caídas en el producto del presente importan una afectación en las potencialidades de su nivel futuro.

* Economista.

26Ene/160

La situación del país

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Por E. Raúl Zaffaroni

La situación del país es insólita, pero en modo alguno desesperante: el campo popular superó momentos mucho peores. Además, toda Latinoamérica sufre esta etapa avanzada del colonialismo corporativo. Por suerte, frente a las horribles tragedias de nuestros hermanos, hasta el presente no llevamos la peor parte ni mucho menos.
No obstante, no dramatizar no significa subestimar el panorama argentino actual, que es de caos institucional (gobierno por decretos-leyes, incluso en materia penal y tributaria; despidos masivos e indiscriminados de funcionarios; distribución centralizante de la coparticipación federal; designación de jueces supremos por decreto; clarísima usurpación de competencias del Congreso; amenaza a la autonomía del Ministerio Público; desbaratamiento del AFSCA;  supresión de toda disidencia en los medios de comunicación; endeudamiento e inflación; devaluación acelerada del salario real; extorsión manifiesta al sindicalismo; y un largo etcétera).  El Poder Judicial complica más las cosas: los jueces cercanos al campo popular son estigmatizados como militantes ; los que consienten y legitiman el caos institucional, son los imparciales o políticamente impolutos. En poco tiempo se acentuará el desprestigio del Poder Judicial, cuyo grueso lo compone una masa silenciosa que, dentro de todo, hace bastante bien las cosas. Es muy posible que en el futuro sea el chivo expiatorio, sobre el que recaiga la totalidad de la responsabilidad de este caos institucional.Si bien las cuestiones institucionales no provocan movilizaciones masivas, las tropelías institucionales preanuncian siempre atropellos de otro orden que, por otra parte, se advierten discursivamente sin tapujos.A este caos institucional se suma la torpeza política, con una tónica general que no puede menos que recordar la prepotencia de la revolución fusiladora.  La prisión de Milagro Sala es ordenada por una justicia manipulada impúdicamente con tal grado de descaro, que ni siquiera al recordado Menem se le pudo achacar. No se trata sino de una clarísima muestra de grosería política revanchista. Al escándalo de pretender que la protesta configurasedición, se suma el injustificado requerimiento previo de fuerzas federales que ha costado 43 vidas. (En perspectiva regional no es descabellado calcular 43 + 43 = 86, pues tanto a los normalistas de Ayotzinapa como a nuestros gendarmes los podemos poner a la cuenta de los virreinatos del colonialismo avanzado). El papelón internacional de la Argentina con este caso es considerable y nos afecta a todos los ciudadanos.La exigencia transnacional de intervención de Fuerzas Armadas con pretexto de combate al narcotráfico, conforme a la experiencia regional, pone en riesgo la Defensa Nacional, pero implica también una intimidación pública, de la que forma parte el renacimiento de procedimientos policiales archivados hace años.   Torpeza política, control de medios, movilización de fuerzas federales, riesgo para las Fuerzas Armadas de la Nación, intimidación pública, manipulación judicial y caos institucional generalizado, forman un cocktail de alto y peligroso poder embriagante, debilitante de frenos inhibitorios.Frente a esto, muchos ciudadanos –y en particular los más jóvenes- preguntan: ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer?No soy la persona indicada para proporcionar esa respuesta, dado que no es jurídica ni institucional, sino política y, por ende,  esa naturaleza indica que deben proporcionarla los políticos.Pero los políticos del campo popular aún están shockeados. No saben bien qué hicieron mal. Creo que no han hecho nada demasiado mal; quizá no admitieron que algunas tazas molestas se podían reacomodar en el armario.No contaron con la versión local de monopolio mediático propio de nuestra región (no tolerado por ninguna de las democracias del mundo desarrollado) y que, como parte de las corporaciones transnacionales, aprovecharía ese flanco para estafar a alguna gente, haciéndole creer que el cambio se limitaría a remover algunas tazas de una posición que les resultaba antipática. El error táctico fue no moverse con la rapidez necesaria para mostrar que no venían a cambiar de posición las tacitas, sino a romper el armario.Pero nuestros políticos parece que comienzan a reaccionar, como crecientemente se les reclama; la reunión de gobernadores es prometedora. En breve volverán a ser protagónicos si dejan de pasarse facturas y postergan el internismo, que es el cáncer de los partidos del campo popular, como lo demuestra el espejo del radicalismo.Sería suicida distraerse con el internismo y alejarse del Pueblo, pues pelearían por un armazón vacío: toda estrategia y táctica popular debe priorizar la respuesta al Pueblo. Pero en tanto terminen de salir del estupor y asuman la función natural de conducción y orientación, debe primar la prudencia.  Nuestro Pueblo no está indefenso. La pretensión de una construcción mediática de realidad única, está condenada al fracaso. La tecnología comunicacional actual no es la de 1955 ni la de 1976. Además, no faltará en el propio campo mediático empresarial quien aproveche la demanda de al menos el 50% del mercado: si medio mercado (con perspectivas de aumentar) demanda galletitas, alguien las ofrece.  Las plazas no cesarán; en este caso no es verdad que la gente se cansa. Las cesantías masivas en la administración de miles de funcionarios, los convierte mecánicamente en militantes. Y dentro de escasos meses se sumarán las otras víctimas de este descalabro de concentración de riqueza y de crecimiento de lo único que harán crecer: el coeficiente de Gini, o sea la desigualdad social.  Esa militancia necesita conducción, orientación y también contención de los políticos, ante todo porque debemos cuidar la vida de nuestra gente. Deben conducir porque debe contenerse a cualquiera que se descontrole y detectar a los provocadores. Ni la menor violencia debe salir del campo popular, porque la están esperando para reprimir, y para la represión son todavía más torpes que en lo político, que es decir.     No debe olvidarse que la violencia nunca fue propia del campo popular, sino de sus enemigos : los sucesivos virreinatos destrozaron la modesta vivienda de Yrigoyen, anularon la elecciones de Pueyrredón-Guido, fusilaron en las dictaduras de 1930 y 1955, derogaron una Constitución por bando militar, convocaron a una Constituyente sin Congreso, bombardearon la Ciudad de Buenos Aires y ametrallaron a los trabajadores, destituyeron jueces masivamente, sancionaron el decreto 4161, proscribieron partidos mayoritarios,
impusieron penas validas del estado de sitio, anularon las elecciones de 1962, encarcelaron a presidentes electos por voto popular, sometieron civiles a juicios militares, asesinaron y desaparecieron a decenas de miles de personas, robaron bebés, se autoamnistiaron, y hoy provocan el caos institucional.A toda costa se debe impedir cualquier pretexto que permita legitimar la represión. La protesta debe canalizarse orgánicamente, con conducción y contención, agotando todas las medidas legales, ocupando todos los espacios de libertad que tenemos por ley y Constitución.La
lucha no violenta es de valientes, no de timoratos ni medrosos, porque no evita la violencia de los otros, sino que la deja en descubierto y los deslegitima y debilita. Se trata de la vieja técnica oriental: la defensa consiste en usar la fuerza del contrincante para debilitarlo.Los defensores de la violencia suelen ironizar respecto de Gandhi, recordando que los ingleses victimizaron a miles de personas en la India, que luchaban pacíficamente. La idealización de la violencia, en la que se nos educa desde niños, les impide calcular el tiempo que hubiese durado y los millones que hubiesen perecido si la lucha por la independencia de la India hubiese sido violenta. ¿O se olvidan que los colonialismos son impiedosos?Pero la lucha contra el caos requiere orden y organización: La organización vence al tiempo, decía Perón. Es menester conducción y organización, para que todo ciudadano, dentro de sus posibilidades, se convierta en creativo, en pensador, en jurista, en difusor, en síntesis, en político. En breve serán pocos los que digan Yo no entiendo ni quiero saber de política.La política es el gobierno de la polis, y a poco andar -y por
el camino que adopta este virreinato- todo ciudadano se drá cuenta de que quienes fomentan la antipolítica y se proclaman apolíticos, en realidad quieren ejercer el monopolio de la política, o sea, del gobierno; más que nunca su torpeza va mostrando una opción bien férrea : o nos gbernamos nosotros o nos gobiernan otros.  Insisto en que no soy la persona indicada, pero de momento me permito sugerir: (a) Nada de violencia. (b) Ocupación de todos los espacios legales y constitucionales para reclamar, denunciar y protestar. (c) No asumir ningún riesgo inútil. (d) Reclamar de los políticos que despierten de su schock. (e) Contención de quien se descontrole y separación urgente de los provocadores. (f) Utilización de todos los espacios de comunicación. (g) Postergación de todo internismo. (h) Privilegio de la función de conducción y orientación popular. (i) Generosidad con los errores ajenos y corrección de los propios. (j) La fuerza se vence usando las neuronas, o sea, lo que a la fuerza le falta: la
razón.Hace muchos años, había un busto de Evita en la columnata de entrada al Cementerio de la Chacarita. La dictadura de 1955 lo retiró. El día de difuntos, la gente pasaba y cada uno dejaba una flor en el lugar en que había estado el busto, hasta que se formó una montaña de flores. Aprendamos la lección popular: enterremos la prepotencia del caos institucional bajo una montaña de flores

17Ene/160

EL CURA EDUARDO DE LA SERNA, DE CURAS EN OPCCION POR LOS POBRES, PIDE DIFUSION DE ESTA CARTA:

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Ante esta hora crucial del país, transcurridos los primeros 30 días de gobierno de la Alianza Cambiemos, sentimos amenazada nuestra paz social, en serio riesgo de vida del pueblo trabajador y en especial de los pobres. Observamos una actitud de revancha de clase, superioridad intelectual, cinismo y discriminación en las intervenciones públicas de muchos funcionarios –incluyendo al Presidente –en referencia a los militantes, el gobierno anterior, la clase trabajadora, el costo de la vida y los despedidos.
 
Percibimos un notable desprecio por las instituciones, con procedimientos en algunos casos ilegales y en muchos casos antidemocráticos, con una fuerte indiferencia por el acuerdo y el consenso que representa el debate parlamentario, llevándose por delante –por ejemplo- la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, construida federalmente y aprobada por ambas cámaras del Congreso y ratificada por la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo es posible que una ley aprobada con tanto consenso sea eliminada por un caprichoso DNU –Decreto de Necesidad y Urgencia-
 
Se ha instalado con prepotencia un gobierno de facto donde las fuerzas de seguridad evitan que se cumpla la ley y se intenta poner por decreto –con manifiesta parcialidad- a dos Jueces de la Corte Suprema, justamente encargados de administrar justicia imparcial. Se camina por una delgada línea –a un paso de la inmoralidad- designando en muchos ministerios empresarios que hasta ayer trabajaban en las empresas que hoy deben controlar. Atender “los dos lados del mostrador” puede llevar a un conflicto de intereses, a un abuso de la posición dominante altamente peligrosos.
 
La economía ha priorizado los intereses de los sectores productivos más ricos que tienen fortunas en dólares, las recetas ortodoxas de los organismos financieros y el absolutismo de mercado por encima del pleno empleo, la valorización del salario y la contención social. Se recurre a la consabida y fracasada receta del ajuste. Se alienta la especulación financiera y los capitales golondrinas perjudicando así la producción- y obviamente el trabajo nacional, la pequeña y mediana empresa. Hablar de pobreza 0 y la promesa de “mantener lo que se hizo bien”, es una mentira. Se recurre al endeudamiento externo que sólo beneficia a los prestamistas y se pagará con el trabajo de los pobres. Se pretende arreglar con los Fondos Buitres cuando la ONU apoyó con el voto de 136 paises que Argentina no cediera en las presiones de esos miserables para no comprometer los intereses del país. Se sacrifica la integración latinoamericana, vital para la soberanía de nuestros pueblos, y se reinstala una relación dependiente con EEUU, eterno verdugo de nuestros sueños.
 
Se ajusta por el salario, hay despidos masivos y compulsivos, sin revelar los criterios de selección y sin decir cómo se crearán nuevos puestos de trabajo. Se extorsiona con el  miedo a perder el empleo para desalentar las negociaciones paritarias. Se camina por la cornisa de la persecución ideológica hurgando en las redes sociales de los trabajadores, avasallando la privacidad y estigmatizando a los despedidos. Se habla desde un pretendido limbo político donde lo ideal es “no tener ideología” algo que lisa y llanamente es una mentira para absolutizar la propia ideología y eliminar cualquier otra. Se ha implantado una suerte de totalitarismo informativo donde detrás de la máscara de la pluralidad se han callado las voces opositoras y los medios – recordando una frase del BBeato Oscar Romero- “están vendidos y no dicen la verdad” DDHH como el derecho a la información, el derecho al salario digno son ignorados. Vivimos un estado policial rodeados de mentiras, amenazas, extorsiones. Esto no es una verdadera democracia por más que los gobernantes sean legítimos.
 
Hablamos en defensa de los pobres y desde el Pueblo de Dios, y nos duele una vez más el silencio de los Obispos que parecen desconectados del sufrimiento de los trabajadores y no perciben que la calidad democrática está en peligro.
 
Grupo de Curas en Opción por los Pobres – Enero 2016
19Sep/140

Predemocráticos

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Por Guillermo Wierzba *

El Gobierno tiene entre sus temas principales a resolver: 1) el sostenimiento del nivel de reservas, en el marco de la restricción externa devenida del típico funcionamiento de economías con insuficiente integración industrial luego de períodos de intenso crecimiento, pero también causada por una significativa fuga de capitales, rasgo específico de la época de financiarización de la economía mundial, 2) garantizar la liquidación de las divisas provenientes de la producción y exportación por parte de un sector que, mientras acumula beneficios y rentas extraordinarias, especula con la retención de granos para provocar devaluaciones cambiarias en su beneficio que perjudicarían a las mayorías populares, 3) encarar el dominio de un proceso inflacionario que ejercicios empíricos y caracterizaciones de la economía heterodoxa adjudican acertadamente a las subas en el tipo de cambio y a la puja distributiva que se despliega en un escenario con un marcada concentración oligopólica de la oferta en sectores clave de la economía.

En la actitud por abordar estas cuestiones se han establecido medidas de administración y control en el mercado de cambios y ahora el Congreso aprobó un marco regulatorio con la creación de un fuero judicial para los consumidores, un observatorio de precios y una reforma de la Ley de Abastecimiento, que tiene como eje evitar el abuso de posición dominante de empresas que cuentan con altas tasas de ganancia, y determina la posibilidad de intervención pública para fijar precios máximos y márgenes de rentabilidad, explicitando como causales de corrección –y eventualmente sanción– la elevación de precios sin correlación con aumentos de costos; acopios de materias primas o productos, restricción de ventas o de la prestación de servicios que impacten sobre los precios o la atención del consumo. Es creciente también la opinión de necesarias reformas estructurales en el comercio exterior que garanticen una mayor y decisiva participación estatal en él para superar el efecto adverso que las lógicas privadas concentradas imponen a la disposición de divisas.

El camino elegido por las autoridades democráticas tiene una raíz conceptual clara: 1) la sostenibilidad de la solvencia macroeconómica y financiera que garantice la continuidad del proyecto político en curso, 2) la defensa de la capacidad de consumo popular en cantidad y calidad, y 3) la atribución del poder democrático de regular, intervenir y determinar parámetros y objetivos para la estructura de la distribución del ingreso y la riqueza.

El empresariado concentrado viene asumiendo posiciones que cuestionan la decidida participación estatal en la economía y, ahora, se ha “acuartelado” para resistir la Ley de Abastecimiento y ha amenazado con apelar a la Justicia para pedir se expida por la inconstitucionalidad de este nuevo marco normativo. Los argumentos que utilizan pertenecen a un liberalismo predemocrático. La AEA, la institución que representa a su elite, sostiene que “este proyecto constituye un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas y es claramente inconstitucional, ya que afecta el derecho de propiedad”. Esta afirmación no se sostiene, ya que el nuevo marco legal no propicia la confiscación de empresas. La pretensión de justificar la afirmación aparece luego en la misma declaración emitida por la entidad el 29 de agosto, cuando dice del proyecto que “el mismo atribuye al Poder Ejecutivo el derecho de intervenir desmesurada y discrecionalmente en la actividad y las decisiones de las empresas establecidas en el territorio nacional, lo cual implica un drástico cambio en el régimen económico de la Argentina consagrado en nuestra Constitución Nacional”.

En la lectura sesgada, recortada, arbitraria y equivocada de la Constitución, AEA interpreta que el derecho de propiedad es ilimitado tanto en su detentación como en su disposición y que tiene preeminencia sobre otros derechos consagrados taxativamente, como los derechos sociales y la fuente soberana del poder que resulta del voto popular. La reforma de 1994 otorgó rango constitucional a los pactos de derechos humanos firmados por el país en el ámbito mundial y continental; ambos sistemas sostienen la interdependencia y la no preeminencia de unos derechos sobre otros. No resulta más sagrado el derecho de propiedad (llamado “a la propiedad” por la Declaración Universal de los Derechos Humanos para subrayar no sólo la protección sino el acceso a la misma) que el del acceso a los bienes fundamentales. Tampoco ese derecho puede ser esgrimido para obstaculizar que los gobernantes elegidos por el voto popular entiendan e instrumenten políticas extramercantiles para organizar cuestiones de la economía. Justamente es la democracia donde el pueblo puede reunirse, opinar, manifestarse, debatir, organizarse en sindicatos, en instituciones sociales, donde va avanzando un clima y una creciente y sana politización que luego irrumpe en la soberanía popular (los derechos políticos) y que termina ungiendo gobiernos que procuran transformaciones sociales. Estas requieren de la democratización de la economía. Así su manejo y ordenamiento, el desarrollo de planes y el establecimiento de los dispositivos jurídicos adecuados corresponden a la voluntad popular. La garantía de los derechos esenciales y la administración de las tensiones entre unos y otros deben atender a valores permanentes que son la libertad y la dignidad humana. Los objetivos de autogobierno y justicia distributiva no pueden ser su-bordinados a la libertad empresaria de fijar los márgenes de ganancia que se le plazca, ni tampoco resulta razonable que el derecho a la no interferencia en la esfera privada impida la facultad de observación del poder democrático sobre el funcionamiento de grandes empresas que emplean numerosos trabajadores y suministran bienes y servicios que constituyen los insumos básicos para la vida cotidiana de la ciudadanía.

Finalmente, AEA explicita su adhesión al paradigma liberal: “La experiencia histórica internacional ha demostrado que la prosperidad económica y la eliminación de la pobreza se han alcanzado en aquellos países donde el Estado no interviene discrecionalmente en el ámbito propio de las empresas privadas”. Este paleoliberalismo sacralizador del mercado no difiere del discurso neoliberal que inaugurara Martínez de Hoz, ministro de la dictadura y presidente del Consejo Empresario Argentino, antecesor de dicha asociación. No extraña el continuismo de la escritura de la cúpula empresaria. Norberto Bobbio argumentó en El futuro de la democracia que “en contraste con lo que se dice habitualmente, la antítesis del Estado liberal no es el Estado absoluto, si por Estado absoluto se entiende el Estado en que el poder del soberano no es controlado por asambleas representativas; el poder absoluto es un poder que fluye de arriba hacia abajo. La antítesis del poder absoluto es el Estado democrático, o más bien el Estado representativo que, mediante la progresiva ampliación de los derechos políticos hasta el sufragio universal, se transforma paulatinamente en Estado democrático. El Estado benefactor está estrechamente vinculado con el desarrollo de la democracia”. Es por su ortodoxia liberal que, en nombre de lo que asume como escala de valores, la elite empresaria puede leer las políticas públicas actuales como avasallamiento de derechos mientras había reivindicado el programa de la dictadura terrorista proclamando que venía a restaurar “derechos perdidos”, mientras que en los noventa daba la bienvenida a la desarticulación del sistema previsional y otras reformas de igual clase.

Aprobada la Ley de Abastecimiento, si el Poder Judicial fuese interpelado por el requerimiento empresario a definirse sobre la constitucionalidad de la ley, deberá enfrentar una decisión crucial acerca de su lectura respecto del carácter de las reglas del juego de la sociedad en que vivimos: su disyuntiva será abogar por un régimen democrático en el que las definiciones respecto de una adecuada distribución del ingreso, la propiedad y el poder de decisión recaen en la ciudadanía o por otro predemocrático y paleoliberal que reconoce a un no delimitado derecho de propiedad un carácter liminar y preeminente sobre la voluntad popular.

* Economista, director del Cefid-Ar.

1Mar/140

Quitar el velo

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PROYECTO POLITICO, DISPUTAS ECONOMICAS Y LA CUESTION SOCIAL

La puja de intereses contrapuestos, de proyectos de país antagónicos y de disputa entre sectores sociales en sociedades con estructuras de alta concentración del ingreso y de la riqueza es la cuestión política central del debate económico.

Por Guillermo Wierzba *
Como ha sido frecuente en el debate sobre las cuestiones económicas, hoy se despliega un velo encubridor de lo político por parte de los economistas que adhieren a la vertiente ortodoxa. Y no sólo por parte de ellos, sino también de aquellos que, adhiriendo al pensamiento heterodoxo, se centran en una discusión sobre los instrumentos de la política económica, al subordinar y relegar la cuestión política central que subyace en lo sustancial del debate económico: la puja de intereses contrapuestos, de proyectos de país antagónicos y de disputa entre sectores sociales en sociedades con estructuras de alta concentración del ingreso y de la riqueza. La cuestión del velo es advertida por Axel Kicillof en el texto De Smith a Keynes... (Eudeba, 2010): “La producción de nuevas teorías económicas, lejos de estar exclusivamente impulsada por el afán de acceder al conocimiento verdadero o de corregir errores empíricos, formales o conceptuales de las teorías aceptadas, tiene un origen mucho más complejo y, por así decir, oscuro, pues el nacimiento de las ideas económicas se encuentra íntimamente vinculado con las necesidades de cada época histórica. De manera que la representación de la historia de la economía como una desinteresada búsqueda de la verdad está por completo desprovista de realismo”. Es precisamente la disputa de proyectos políticos contrapuestos lo que descarnadamente se expresa hoy en el forcejeo cambiario y en la confrontación por los precios de los productos esenciales. Justamente todas las presiones sobre el tipo de cambio que derivaron en su suba y que ahora persisten para seguir elevándolo (para provocar un ajuste a favor de los sectores concentrados de la economía y deteriorar el nivel de ingresos de los asalariados) provienen de las patronales agrarias que defienden la apropiación de la renta por parte de poderosos propietarios, asociados a empresas del complejo agroindustrial y a un puñado de comercializadoras que controlan el negocio exportador de granos. Este es el desafío que el Gobierno está encarando al resistir las embestidas por una escalada devaluatoria. A su vez, mediante la política de precios cuidados, el objetivo es evitar actitudes empresarias que buscan maximizar el traslado a precios de la devaluación para convertir a esta última en una herramienta de despojo de los sectores de ingresos fijos. Hay un planteo que insiste desde vertientes economicistas, especialmente ortodoxas, que profetizan el fracaso de la intervención pública en el seguimiento de precios a través de las cadenas de valor y de las políticas de administración del tipo de cambio por parte del Estado. El vaticinio es que la lógica del “mercado” se impone inevitablemente, pretendiendo una “neutralidad científica” para un planteo de orden político. Contrariamente, la intervención estatal extramercantil representa la voluntad de las instituciones elegidas por el voto popular, mientras en el mercado y, sobre todo en los que existe alta concentración (como ocurre en nuestro país), predomina la ley del más fuerte. Por eso sostener la ampliación de la esfera pública y de su potencia de intervención significa ampliación de la democracia, mientras que sentenciar la imposibilidad de modificar las decisiones de los agentes privados y las señales mercantiles es una forma de promover su restricción. El velo de lo político también está presente cuando se reclama tanto la reducción del gasto público como el de la presión tributaria. Las políticas de ajuste del gasto limitan el poder de intervención del Estado y quitan recursos para los objetivos y programas de reducción de la pobreza y la promoción de la justicia social, algunos de éxito notable como la AUH y el plan Pro.cre.ar, a las que se agregará el plan Progresar. Reducir el peso de los impuestos implica estrechar la posibilidad de financiamiento del gasto. El acento que ponen los voceros de las corrientes ortodoxas en señalar el crecimiento del gasto como determinante de la inflación y de “desequilibrios” macroeconómicos oculta el objetivo siempre presente en los economistas del establishment de pregonar planes de estabilización como medio de introducir la lógica del ajuste. Por eso otra de las batallas necesarias es la resistencia –en la que está empeñado hoy el equipo económico– a estas presiones por reducir el gasto, muchas veces concurrentes con el resucitar que ha tenido el monetarismo de viejo cuño, el que vincula el aumento del gasto con mayor emisión y señala a ésta como determinante de la inflación. Por el contrario, las teorías heterodoxas progresistas modernas afirman que los objetivos de la política fiscal son esencialmente redistributivos y de promoción del desarrollo, midiéndose su éxito en función de esas metas y no del equilibrio en las cuentas públicas, habiéndose producido una seria e interesante literatura económica al respecto. En su nota “Una nueva actitud”, Horacio González (Página/12 del 2/2/2014) hace una convocatoria al reconocimiento, como actitud autorreflexiva que no requiere autojustificaciones. El aporte del texto resulta pertinente para reconducir la discusión sobre la problemática situación económica que estamos atravesando. Una pléyade de economistas, algunos de un nunca renunciado cuño ortodoxo y otros que se reclamaban por convicción u oportunismo como heterodoxos –incluyendo algunos que ocuparon cargos durante los gobiernos de la última década–, diagnostica un final de época y recupera viejas ideas de los noventa y/o de la historia de los ajustes clásicos en los países periféricos: contención del gasto, liberalización de mercados, devaluaciones en serie, restricción de la cantidad de dinero asociada al diagnóstico monetarista de la inflación, retorno a la relación estrecha con los organismos financieros internacionales subordinándose a sus políticas. Frente a esta tendencia regresiva resulta necesario oponer otro debate que implique la reflexión sobre las carencias e insuficiencias que tuvo la gestión de la política económica de esta década. Su signo democrático, nacional y popular –es decir, su sentido esencialmente justo– no impide un recorrido autocrítico del período respecto de la característica y profundidad de la política de administración de precios y de las insuficiencias de la política de industrialización que no devino en cambios estructurales que mejoraran el resultado del balance de divisas de ese sector. También sobre las reformas institucionales de fondo no acometidas como los cambios en las leyes de inversiones extranjeras y entidades financieras (que completara la positiva reforma de la Carta Orgánica del BCRA) y de las necesarias modificaciones en el régimen de exportación de cereales que le hubieran dado al Estado una participación decisiva en ese ámbito. Introducir esta autorreflexión como debate es un desafío para desplazarlo de una estrategia simplemente defensiva respecto de las opciones restauracionistas. No se trata de una programática taxativa sino del debate ante la dificultad, incorporando a todas las opiniones que, aun con diferencias en temas específicos, se alineen con la consolidación, continuidad y profundización del proyecto. Hoy ya no se trata de un debate entre vertientes ortodoxas y heterodoxas en una disputa teórica de ideas. La razón, el sentido y la mística de los agrupamientos –también en el caso de las propias opiniones económicas– reconocen la raíz de su opción en ubicarse del lado de la defensa dramática de un proyecto de autonomía nacional, hoy atacado por poderes oligárquicos, u optar en sumarse a la prédica de esos factores de poder que proclaman y militan un fin de época
* Economista, profesor de la UBA y director del Cefid-AR.
Página 12 DOMINGO, 16 DE FEBRERO DE 2014

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Una visión alternativa para 2014

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Una visión alternativa para 2014
En una nota publicada por La Nación se conjetura "estancamiento con inflación" para este año, sin que se alcancen los motivos en que se afirman esos supuesto. Pero, claramente, existen miradas antagónicas...
Por:
Alejandro Rofman
En general, la formulación de predicciones económicas es altamente problemática. El que las formula debería incorporar opciones diferenciadas según el perfil de las políticas públicas que podrían orientar el desenvolvimiento económico de un país en un período determinado. Si su análisis no tiene ese perfil es porque su predicción está orientada por un único pensamiento económico que es el de quien efectúa el citado pronóstico. Entonces, quien así formula su visión a futuro no se atreve –por múltiples razones– a incorporar otras miradas en el escenario por venir porque no las considera ni posibles ni legítimas ni viables. De este modo, la referida predicción más bien es una expresión de deseos antes que un análisis objetivo. Ello por cuanto una proyección plausible debería abrir escenarios alternativos según el perfil de la política económica que se aplique.
En la nota periodística que sobre este tema ayer se publicó en La Nación, en donde cuatro consultores coinciden en conjeturar que este año habrá estancamiento con inflación, no se alcanza a reconocer cuales son los supuestos para afirmar lo antedicho. Entonces, es prácticamente imposible identificar si el curso de acción estimado es factible o solamente es un dibujo de lo que para el analista es deseable.
Los pronósticos enunciados en la nota estiman que en el 2014 se podría verificar crecimiento económico nulo o, incluso, retroceso conviviendo con una aceleración del curso inflacionario. En nuestra opinión ello podría ocurrir si la orientación de la política fuera como la del Plan de la dictadura a partir del 2 de abril de 1976. Entonces, el objetivo fue estabilizar la economía y se resolvió congelar los salarios, devaluar fuertemente la moneda y decretar libertad de precios. Por supuesto, ello tenía que concluir en una fuerte caída de la capacidad de consumo, incremento del desempleo y penurias sociales significativas. Pero si en 1976 se hubiera adoptado una legislación tributaria progresiva aumentando impuestos a los que más ingresos y riqueza percibían o detentaban, creando subsidios con esos recursos para defender el salario real disminuyendo el impacto de la devaluación y fijando políticas para crear nuevo empleo el resultado habría sido diferente. El tejido social no se habría quebrado ni el derrumbe hubiera envuelto a la producción y el empleo nacional. El país emergente en poco tiempo habría sido más igualitario y su población, en especial la de menores ingresos, habría capeado el temporal satisfactoriamente. Si la política económica hubiese tenido otro perfil, con nuevos tributos para allegar fondos para favorecer a los exportadores tradicionales pero sin implantar subsidios para preservar precios la economía habría tenido un desempeño satisfactorio pero con redistribución regresiva del ingreso.
Los cuatro expositores, como adscriben férreamente al modelo económico neoliberal de no intervención del Estado, predicen un año en donde son exitosos los que tienen más poder, como ocurrió en 1976, en 1989 y en el 2001-2002, con la consecuencia inevitable del ajuste con altísimo costo social.
Podríamos seguir imaginando otros escenarios a futuro con otras mezclas de políticas económicas ya sean favorecedoras del capital o del ingreso de los que menos tienen.
En nuestra concepción la actual coyuntura económica complicada se puede superar con una estrategia económica, que continúe y profundice la vigente desde el año 2003, contrapuesta, por supuesto, a la que constituye el imaginario subyacente en los cuatro pronosticadores. La visión que postulamos propone un profundo cambio en el esquema tributario, gravando rentas y riquezas elevadas, lo que supondría una contribución necesaria y justa a un proceso de impulso a la actividad productiva, al empleo y a nuevas políticas sociales que fortalezcan la provisión de bienes públicos a bajo o nulo costo (salario indirecto). El proceso inflacionario se puede controlar aceptablemente con el acceso masivo a alimentos a través de la eliminación de la intermediación y el estímulo a la agricultura alternativa de generación de bienes para las necesidades básicas de la población. La adecuación salarial indispensable para hacer frente a aquellos incrementos de precios que son imposibles de eliminar puede mantener el nivel de demanda necesario para estimular el crecimiento. El mayor ingreso estatal está en condiciones de sostener la inversión pública en petróleo, gas, fuentes de energía no convencionales e infraestructura para sostener la producción y ofrecer bienes públicos en abundancia.
No pretendemos avanzar en un Plan Económico detallado pero sí marcar que dependerá de la orientación de la política económica el balance final del desarrollo de nuestra economía y de quienes serán los favorecidos por la misma.
Claro que si se augura estancamiento con inflación es porque se postula adoptar la vía del ajuste, a través de la caída del gasto público y la sacrosanta libertad de los mercados con el consiguiente y doloroso costo social . «