Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

19sep/140

Predemocráticos

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Por Guillermo Wierzba *

El Gobierno tiene entre sus temas principales a resolver: 1) el sostenimiento del nivel de reservas, en el marco de la restricción externa devenida del típico funcionamiento de economías con insuficiente integración industrial luego de períodos de intenso crecimiento, pero también causada por una significativa fuga de capitales, rasgo específico de la época de financiarización de la economía mundial, 2) garantizar la liquidación de las divisas provenientes de la producción y exportación por parte de un sector que, mientras acumula beneficios y rentas extraordinarias, especula con la retención de granos para provocar devaluaciones cambiarias en su beneficio que perjudicarían a las mayorías populares, 3) encarar el dominio de un proceso inflacionario que ejercicios empíricos y caracterizaciones de la economía heterodoxa adjudican acertadamente a las subas en el tipo de cambio y a la puja distributiva que se despliega en un escenario con un marcada concentración oligopólica de la oferta en sectores clave de la economía.

En la actitud por abordar estas cuestiones se han establecido medidas de administración y control en el mercado de cambios y ahora el Congreso aprobó un marco regulatorio con la creación de un fuero judicial para los consumidores, un observatorio de precios y una reforma de la Ley de Abastecimiento, que tiene como eje evitar el abuso de posición dominante de empresas que cuentan con altas tasas de ganancia, y determina la posibilidad de intervención pública para fijar precios máximos y márgenes de rentabilidad, explicitando como causales de corrección –y eventualmente sanción– la elevación de precios sin correlación con aumentos de costos; acopios de materias primas o productos, restricción de ventas o de la prestación de servicios que impacten sobre los precios o la atención del consumo. Es creciente también la opinión de necesarias reformas estructurales en el comercio exterior que garanticen una mayor y decisiva participación estatal en él para superar el efecto adverso que las lógicas privadas concentradas imponen a la disposición de divisas.

El camino elegido por las autoridades democráticas tiene una raíz conceptual clara: 1) la sostenibilidad de la solvencia macroeconómica y financiera que garantice la continuidad del proyecto político en curso, 2) la defensa de la capacidad de consumo popular en cantidad y calidad, y 3) la atribución del poder democrático de regular, intervenir y determinar parámetros y objetivos para la estructura de la distribución del ingreso y la riqueza.

El empresariado concentrado viene asumiendo posiciones que cuestionan la decidida participación estatal en la economía y, ahora, se ha “acuartelado” para resistir la Ley de Abastecimiento y ha amenazado con apelar a la Justicia para pedir se expida por la inconstitucionalidad de este nuevo marco normativo. Los argumentos que utilizan pertenecen a un liberalismo predemocrático. La AEA, la institución que representa a su elite, sostiene que “este proyecto constituye un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas y es claramente inconstitucional, ya que afecta el derecho de propiedad”. Esta afirmación no se sostiene, ya que el nuevo marco legal no propicia la confiscación de empresas. La pretensión de justificar la afirmación aparece luego en la misma declaración emitida por la entidad el 29 de agosto, cuando dice del proyecto que “el mismo atribuye al Poder Ejecutivo el derecho de intervenir desmesurada y discrecionalmente en la actividad y las decisiones de las empresas establecidas en el territorio nacional, lo cual implica un drástico cambio en el régimen económico de la Argentina consagrado en nuestra Constitución Nacional”.

En la lectura sesgada, recortada, arbitraria y equivocada de la Constitución, AEA interpreta que el derecho de propiedad es ilimitado tanto en su detentación como en su disposición y que tiene preeminencia sobre otros derechos consagrados taxativamente, como los derechos sociales y la fuente soberana del poder que resulta del voto popular. La reforma de 1994 otorgó rango constitucional a los pactos de derechos humanos firmados por el país en el ámbito mundial y continental; ambos sistemas sostienen la interdependencia y la no preeminencia de unos derechos sobre otros. No resulta más sagrado el derecho de propiedad (llamado “a la propiedad” por la Declaración Universal de los Derechos Humanos para subrayar no sólo la protección sino el acceso a la misma) que el del acceso a los bienes fundamentales. Tampoco ese derecho puede ser esgrimido para obstaculizar que los gobernantes elegidos por el voto popular entiendan e instrumenten políticas extramercantiles para organizar cuestiones de la economía. Justamente es la democracia donde el pueblo puede reunirse, opinar, manifestarse, debatir, organizarse en sindicatos, en instituciones sociales, donde va avanzando un clima y una creciente y sana politización que luego irrumpe en la soberanía popular (los derechos políticos) y que termina ungiendo gobiernos que procuran transformaciones sociales. Estas requieren de la democratización de la economía. Así su manejo y ordenamiento, el desarrollo de planes y el establecimiento de los dispositivos jurídicos adecuados corresponden a la voluntad popular. La garantía de los derechos esenciales y la administración de las tensiones entre unos y otros deben atender a valores permanentes que son la libertad y la dignidad humana. Los objetivos de autogobierno y justicia distributiva no pueden ser su-bordinados a la libertad empresaria de fijar los márgenes de ganancia que se le plazca, ni tampoco resulta razonable que el derecho a la no interferencia en la esfera privada impida la facultad de observación del poder democrático sobre el funcionamiento de grandes empresas que emplean numerosos trabajadores y suministran bienes y servicios que constituyen los insumos básicos para la vida cotidiana de la ciudadanía.

Finalmente, AEA explicita su adhesión al paradigma liberal: “La experiencia histórica internacional ha demostrado que la prosperidad económica y la eliminación de la pobreza se han alcanzado en aquellos países donde el Estado no interviene discrecionalmente en el ámbito propio de las empresas privadas”. Este paleoliberalismo sacralizador del mercado no difiere del discurso neoliberal que inaugurara Martínez de Hoz, ministro de la dictadura y presidente del Consejo Empresario Argentino, antecesor de dicha asociación. No extraña el continuismo de la escritura de la cúpula empresaria. Norberto Bobbio argumentó en El futuro de la democracia que “en contraste con lo que se dice habitualmente, la antítesis del Estado liberal no es el Estado absoluto, si por Estado absoluto se entiende el Estado en que el poder del soberano no es controlado por asambleas representativas; el poder absoluto es un poder que fluye de arriba hacia abajo. La antítesis del poder absoluto es el Estado democrático, o más bien el Estado representativo que, mediante la progresiva ampliación de los derechos políticos hasta el sufragio universal, se transforma paulatinamente en Estado democrático. El Estado benefactor está estrechamente vinculado con el desarrollo de la democracia”. Es por su ortodoxia liberal que, en nombre de lo que asume como escala de valores, la elite empresaria puede leer las políticas públicas actuales como avasallamiento de derechos mientras había reivindicado el programa de la dictadura terrorista proclamando que venía a restaurar “derechos perdidos”, mientras que en los noventa daba la bienvenida a la desarticulación del sistema previsional y otras reformas de igual clase.

Aprobada la Ley de Abastecimiento, si el Poder Judicial fuese interpelado por el requerimiento empresario a definirse sobre la constitucionalidad de la ley, deberá enfrentar una decisión crucial acerca de su lectura respecto del carácter de las reglas del juego de la sociedad en que vivimos: su disyuntiva será abogar por un régimen democrático en el que las definiciones respecto de una adecuada distribución del ingreso, la propiedad y el poder de decisión recaen en la ciudadanía o por otro predemocrático y paleoliberal que reconoce a un no delimitado derecho de propiedad un carácter liminar y preeminente sobre la voluntad popular.

* Economista, director del Cefid-Ar.

1mar/140

Quitar el velo

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PROYECTO POLITICO, DISPUTAS ECONOMICAS Y LA CUESTION SOCIAL

La puja de intereses contrapuestos, de proyectos de país antagónicos y de disputa entre sectores sociales en sociedades con estructuras de alta concentración del ingreso y de la riqueza es la cuestión política central del debate económico.

Por Guillermo Wierzba *
Como ha sido frecuente en el debate sobre las cuestiones económicas, hoy se despliega un velo encubridor de lo político por parte de los economistas que adhieren a la vertiente ortodoxa. Y no sólo por parte de ellos, sino también de aquellos que, adhiriendo al pensamiento heterodoxo, se centran en una discusión sobre los instrumentos de la política económica, al subordinar y relegar la cuestión política central que subyace en lo sustancial del debate económico: la puja de intereses contrapuestos, de proyectos de país antagónicos y de disputa entre sectores sociales en sociedades con estructuras de alta concentración del ingreso y de la riqueza. La cuestión del velo es advertida por Axel Kicillof en el texto De Smith a Keynes... (Eudeba, 2010): “La producción de nuevas teorías económicas, lejos de estar exclusivamente impulsada por el afán de acceder al conocimiento verdadero o de corregir errores empíricos, formales o conceptuales de las teorías aceptadas, tiene un origen mucho más complejo y, por así decir, oscuro, pues el nacimiento de las ideas económicas se encuentra íntimamente vinculado con las necesidades de cada época histórica. De manera que la representación de la historia de la economía como una desinteresada búsqueda de la verdad está por completo desprovista de realismo”. Es precisamente la disputa de proyectos políticos contrapuestos lo que descarnadamente se expresa hoy en el forcejeo cambiario y en la confrontación por los precios de los productos esenciales. Justamente todas las presiones sobre el tipo de cambio que derivaron en su suba y que ahora persisten para seguir elevándolo (para provocar un ajuste a favor de los sectores concentrados de la economía y deteriorar el nivel de ingresos de los asalariados) provienen de las patronales agrarias que defienden la apropiación de la renta por parte de poderosos propietarios, asociados a empresas del complejo agroindustrial y a un puñado de comercializadoras que controlan el negocio exportador de granos. Este es el desafío que el Gobierno está encarando al resistir las embestidas por una escalada devaluatoria. A su vez, mediante la política de precios cuidados, el objetivo es evitar actitudes empresarias que buscan maximizar el traslado a precios de la devaluación para convertir a esta última en una herramienta de despojo de los sectores de ingresos fijos. Hay un planteo que insiste desde vertientes economicistas, especialmente ortodoxas, que profetizan el fracaso de la intervención pública en el seguimiento de precios a través de las cadenas de valor y de las políticas de administración del tipo de cambio por parte del Estado. El vaticinio es que la lógica del “mercado” se impone inevitablemente, pretendiendo una “neutralidad científica” para un planteo de orden político. Contrariamente, la intervención estatal extramercantil representa la voluntad de las instituciones elegidas por el voto popular, mientras en el mercado y, sobre todo en los que existe alta concentración (como ocurre en nuestro país), predomina la ley del más fuerte. Por eso sostener la ampliación de la esfera pública y de su potencia de intervención significa ampliación de la democracia, mientras que sentenciar la imposibilidad de modificar las decisiones de los agentes privados y las señales mercantiles es una forma de promover su restricción. El velo de lo político también está presente cuando se reclama tanto la reducción del gasto público como el de la presión tributaria. Las políticas de ajuste del gasto limitan el poder de intervención del Estado y quitan recursos para los objetivos y programas de reducción de la pobreza y la promoción de la justicia social, algunos de éxito notable como la AUH y el plan Pro.cre.ar, a las que se agregará el plan Progresar. Reducir el peso de los impuestos implica estrechar la posibilidad de financiamiento del gasto. El acento que ponen los voceros de las corrientes ortodoxas en señalar el crecimiento del gasto como determinante de la inflación y de “desequilibrios” macroeconómicos oculta el objetivo siempre presente en los economistas del establishment de pregonar planes de estabilización como medio de introducir la lógica del ajuste. Por eso otra de las batallas necesarias es la resistencia –en la que está empeñado hoy el equipo económico– a estas presiones por reducir el gasto, muchas veces concurrentes con el resucitar que ha tenido el monetarismo de viejo cuño, el que vincula el aumento del gasto con mayor emisión y señala a ésta como determinante de la inflación. Por el contrario, las teorías heterodoxas progresistas modernas afirman que los objetivos de la política fiscal son esencialmente redistributivos y de promoción del desarrollo, midiéndose su éxito en función de esas metas y no del equilibrio en las cuentas públicas, habiéndose producido una seria e interesante literatura económica al respecto. En su nota “Una nueva actitud”, Horacio González (Página/12 del 2/2/2014) hace una convocatoria al reconocimiento, como actitud autorreflexiva que no requiere autojustificaciones. El aporte del texto resulta pertinente para reconducir la discusión sobre la problemática situación económica que estamos atravesando. Una pléyade de economistas, algunos de un nunca renunciado cuño ortodoxo y otros que se reclamaban por convicción u oportunismo como heterodoxos –incluyendo algunos que ocuparon cargos durante los gobiernos de la última década–, diagnostica un final de época y recupera viejas ideas de los noventa y/o de la historia de los ajustes clásicos en los países periféricos: contención del gasto, liberalización de mercados, devaluaciones en serie, restricción de la cantidad de dinero asociada al diagnóstico monetarista de la inflación, retorno a la relación estrecha con los organismos financieros internacionales subordinándose a sus políticas. Frente a esta tendencia regresiva resulta necesario oponer otro debate que implique la reflexión sobre las carencias e insuficiencias que tuvo la gestión de la política económica de esta década. Su signo democrático, nacional y popular –es decir, su sentido esencialmente justo– no impide un recorrido autocrítico del período respecto de la característica y profundidad de la política de administración de precios y de las insuficiencias de la política de industrialización que no devino en cambios estructurales que mejoraran el resultado del balance de divisas de ese sector. También sobre las reformas institucionales de fondo no acometidas como los cambios en las leyes de inversiones extranjeras y entidades financieras (que completara la positiva reforma de la Carta Orgánica del BCRA) y de las necesarias modificaciones en el régimen de exportación de cereales que le hubieran dado al Estado una participación decisiva en ese ámbito. Introducir esta autorreflexión como debate es un desafío para desplazarlo de una estrategia simplemente defensiva respecto de las opciones restauracionistas. No se trata de una programática taxativa sino del debate ante la dificultad, incorporando a todas las opiniones que, aun con diferencias en temas específicos, se alineen con la consolidación, continuidad y profundización del proyecto. Hoy ya no se trata de un debate entre vertientes ortodoxas y heterodoxas en una disputa teórica de ideas. La razón, el sentido y la mística de los agrupamientos –también en el caso de las propias opiniones económicas– reconocen la raíz de su opción en ubicarse del lado de la defensa dramática de un proyecto de autonomía nacional, hoy atacado por poderes oligárquicos, u optar en sumarse a la prédica de esos factores de poder que proclaman y militan un fin de época
* Economista, profesor de la UBA y director del Cefid-AR.
Página 12 DOMINGO, 16 DE FEBRERO DE 2014

4feb/140

Una visión alternativa para 2014

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Una visión alternativa para 2014
En una nota publicada por La Nación se conjetura "estancamiento con inflación" para este año, sin que se alcancen los motivos en que se afirman esos supuesto. Pero, claramente, existen miradas antagónicas...
Por:
Alejandro Rofman
En general, la formulación de predicciones económicas es altamente problemática. El que las formula debería incorporar opciones diferenciadas según el perfil de las políticas públicas que podrían orientar el desenvolvimiento económico de un país en un período determinado. Si su análisis no tiene ese perfil es porque su predicción está orientada por un único pensamiento económico que es el de quien efectúa el citado pronóstico. Entonces, quien así formula su visión a futuro no se atreve –por múltiples razones– a incorporar otras miradas en el escenario por venir porque no las considera ni posibles ni legítimas ni viables. De este modo, la referida predicción más bien es una expresión de deseos antes que un análisis objetivo. Ello por cuanto una proyección plausible debería abrir escenarios alternativos según el perfil de la política económica que se aplique.
En la nota periodística que sobre este tema ayer se publicó en La Nación, en donde cuatro consultores coinciden en conjeturar que este año habrá estancamiento con inflación, no se alcanza a reconocer cuales son los supuestos para afirmar lo antedicho. Entonces, es prácticamente imposible identificar si el curso de acción estimado es factible o solamente es un dibujo de lo que para el analista es deseable.
Los pronósticos enunciados en la nota estiman que en el 2014 se podría verificar crecimiento económico nulo o, incluso, retroceso conviviendo con una aceleración del curso inflacionario. En nuestra opinión ello podría ocurrir si la orientación de la política fuera como la del Plan de la dictadura a partir del 2 de abril de 1976. Entonces, el objetivo fue estabilizar la economía y se resolvió congelar los salarios, devaluar fuertemente la moneda y decretar libertad de precios. Por supuesto, ello tenía que concluir en una fuerte caída de la capacidad de consumo, incremento del desempleo y penurias sociales significativas. Pero si en 1976 se hubiera adoptado una legislación tributaria progresiva aumentando impuestos a los que más ingresos y riqueza percibían o detentaban, creando subsidios con esos recursos para defender el salario real disminuyendo el impacto de la devaluación y fijando políticas para crear nuevo empleo el resultado habría sido diferente. El tejido social no se habría quebrado ni el derrumbe hubiera envuelto a la producción y el empleo nacional. El país emergente en poco tiempo habría sido más igualitario y su población, en especial la de menores ingresos, habría capeado el temporal satisfactoriamente. Si la política económica hubiese tenido otro perfil, con nuevos tributos para allegar fondos para favorecer a los exportadores tradicionales pero sin implantar subsidios para preservar precios la economía habría tenido un desempeño satisfactorio pero con redistribución regresiva del ingreso.
Los cuatro expositores, como adscriben férreamente al modelo económico neoliberal de no intervención del Estado, predicen un año en donde son exitosos los que tienen más poder, como ocurrió en 1976, en 1989 y en el 2001-2002, con la consecuencia inevitable del ajuste con altísimo costo social.
Podríamos seguir imaginando otros escenarios a futuro con otras mezclas de políticas económicas ya sean favorecedoras del capital o del ingreso de los que menos tienen.
En nuestra concepción la actual coyuntura económica complicada se puede superar con una estrategia económica, que continúe y profundice la vigente desde el año 2003, contrapuesta, por supuesto, a la que constituye el imaginario subyacente en los cuatro pronosticadores. La visión que postulamos propone un profundo cambio en el esquema tributario, gravando rentas y riquezas elevadas, lo que supondría una contribución necesaria y justa a un proceso de impulso a la actividad productiva, al empleo y a nuevas políticas sociales que fortalezcan la provisión de bienes públicos a bajo o nulo costo (salario indirecto). El proceso inflacionario se puede controlar aceptablemente con el acceso masivo a alimentos a través de la eliminación de la intermediación y el estímulo a la agricultura alternativa de generación de bienes para las necesidades básicas de la población. La adecuación salarial indispensable para hacer frente a aquellos incrementos de precios que son imposibles de eliminar puede mantener el nivel de demanda necesario para estimular el crecimiento. El mayor ingreso estatal está en condiciones de sostener la inversión pública en petróleo, gas, fuentes de energía no convencionales e infraestructura para sostener la producción y ofrecer bienes públicos en abundancia.
No pretendemos avanzar en un Plan Económico detallado pero sí marcar que dependerá de la orientación de la política económica el balance final del desarrollo de nuestra economía y de quienes serán los favorecidos por la misma.
Claro que si se augura estancamiento con inflación es porque se postula adoptar la vía del ajuste, a través de la caída del gasto público y la sacrosanta libertad de los mercados con el consiguiente y doloroso costo social . «

29oct/130

Las consecuencias económicas de Massa

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Por Eric Calcagno
Las metas de inflación se inscriben en una visión conservadora en lo social y neoliberal en lo económico.
En 2008, Joseph Stiglitz comentaba en "el fracaso de las metas de inflación", que "los banqueros centrales son un club cerrado, dado a las tendencias y a las modas. A principios de los ochenta, cayeron bajo el encanto del monetarismo, una teoría económica simplista promovida por Milton Friedman. Luego del descrédito del monetarismo –con alto costo para los países que sucumbieron a este– la búsqueda comenzó para un nuevo mantra. La respuesta vino bajo la forma de las 'metas de inflación', que sostiene que cuando cualquier aumento de precio excede una meta fijada, las tasas de interés deben subir."
En estos momentos, cuando el establishment local parece haber encontrado su candidato (luego de anteriores intentos fallidos), que fue coronado por la tapa del día lunes del diario Clarín, quizá convenga averiguar qué significan las metas de inflación, ya que Sergio Massa las ha establecido como eje de su proyecto económico. No es un tema nuevo: las metas de inflación tienen desde hace tiempo firmes partidarios en la Argentina. Veamos sus implicancias y consecuencias.
Ya en julio de 2004, escribíamos en Le Monde Diplomatique: "El establishment económico local e internacional, estructurado en torno al sector financiero, parece tan insaciable como multiforme. Después de cada derrota adopta nuevas apariencias para asegurar la apropiación y evasión del excedente económico, así en dictadura, con la política de Martínez de Hoz, como en democracia, a través del "uno a uno" de Cavallo. En ambos casos, el enemigo proclamado y excluyente es la suba de precios.
Todos los medios de política económica, en especial un nivel elevado de desocupación, bajos salarios, apreciación cambiaria y altas tasas de interés, confluyen. Ahora que esos modelos cayeron, aparece el mismo objetivo con nuevos instrumentos: son las "metas de inflación" y la "independencia hegemónica del Banco Central".
Así, primero había que trabajar sobre metas monetarias; cuando fracasaron, surgieron las metas de tipo de cambio; con su descalabro, sobrevienen ahora las metas de inflación. En síntesis, siempre se buscó un "ancla" que definiera las expectativas de los actores, que se presumió virtuosa y beneficiosa para todos. Con los resultados que conocemos. Las metas de inflación se inscriben en una visión conservadora en lo social y neoliberal en lo económico.
En el escamoteo de las decisiones políticas, sus partidarios la presentan como un ejemplo de "regla versus discrecionalidad", lo que significa hacer adoptar un determinado interés sectorial, que define la regla, al resto de la sociedad, que siempre puede estar tentada por el populismo político. Nunca se sabe. Por eso, este sistema abdica cualquier política económica y deja el manejo económico en manos del establishment, cuyo interés discrecional se define como "regla". Esa es la meta.
Otro argumento esgrimido es el buen funcionamiento de las "metas de inflación" en otros países. Serios. Hablamos de Canadá, Australia, Reino Unido, Suecia, Israel, México, Colombia, Perú, por ejemplo, que siguieron el ejemplo de Nueva Zelanda que desde 1990 tiene metas de inflación y cuyo principal exponente regional es Chile. Por desgracia, el índice Gini que mide las desigualdades sociales se ha deteriorado, con mayores inequidades en Nueva Zelanda y en Suecia, como se puede ver en una publicación de la OCDE de 2011, Divided We Stand, Why Inequality Keeps Rising. Las metas de inflación, según sus partidarios, promueven el crecimiento económico. Quizá el tema es saber si ese crecimiento no es el apropiado para los sectores más pudientes de la sociedad en desmedro del conjunto. Tanto, que propugna "una tasa de desempleo que no acelere la inflación", ya que en esa visión, la principal causa de la inflación son los salarios. Este sistema funciona con desocupación…
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha referido al tema hace poco, al afirmar que "tenemos metas de crecimiento y no metas de inflación". No sólo aporta al debate sobre cuáles son las decisiones políticas que deben ser luego instrumentadas, sino que establece con pertinencia la diferencia entre objetivos y medios. Porque las "metas de inflación" se basan en la falacia de conferir a los instrumentos la jerarquía de objetivos. Con este criterio, no interesan el crecimiento económico, el bienestar de la población, la homogeneidad social, la industrialización, la elevación de la productividad, la soberanía nacional.
Un instrumento –las metas de inflación– convertido en el principal objetivo. En particular, la ocupación y la tasa de interés no deben ser las que mejor convengan al desarrollo del país y al bienestar general, sino las que se atengan a la "regla". En los hechos, parece ser más un elemento de distribución regresiva del ingreso en nombre de la lucha contra la inflación.
En conclusión, citemos a Jeffrey Frankel, un economista estadounidense, que escribía en mayo de 2012 sobre la fascinación de los banqueros centrales por las metas de inflación, tanta y tan perdurable que no vieron la crisis mundial de 2008: "Es con tristeza que anunciamos la muerte de las metas de inflación. Este régimen de política monetaria, conocido como RMI, evidentemente falleció en septiembre de 2008. La falta de un anuncio oficial hasta ahora atestigua la estima en que era considerada, su utilidad como ornamento de credibilidad para bancos centrales y el miedo de que quizás no existan buenos candidatos para sucederla como ancla para la política monetaria." Cuidémonos pues de la novedad, que no es más que ignorancia del pasado, de sus gravosas consecuencias económicas, así como de la satisfacción del establishment por sus voceros políticos.
Fuente: Opinión 29 de octubre 2013

24sep/130

¿Ficciones?

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Por Roberto Follari *
Buenos Aires, agosto de 2017. “La Policía Federal junto a la Metropolitana dispersan a palos y balas una manifestación contra el ajuste y el nuevo aumento de las tarifas domiciliarias (gas, electricidad, agua). El gobierno nacional impuesto en las elecciones de 2015 insiste en que no se puede subsidiar tarifas y que éstas deben ser rentables. Las empresas del gobierno deben cumplir con la competición en el mercado o deben volver a manos privadas. Ya se lo hizo con Aerolíneas Argentinas en 2016, y esa clase de medidas ha desatado la protesta. No se sabe el número de muertos, algunos informes dicen que son ocho, otros que serían no menos de diez. Hay heridos en hospitales, y el jefe de policía ha declarado que no se admitirán nuevas manifestaciones y que, si es necesario, se pedirá al Ejecutivo la declaración del estado de sitio.
”Ya se ha logrado acallar la protesta que se lanzó cuando se dejaron de realizar juicios a quienes hubieran violado derechos humanos en la dictadura; el gobierno ha sostenido la decisión de mirar al futuro y cerrar las heridas del pasado. Acorde con ello, se estudian medidas encuadradas en la idea de una amplia reconciliación nacional, entre las cuales no se descarta un nuevo indulto, como el de Menem en 1989, que deje libres a todos los detenidos por delitos de lesa humanidad durante el gobierno que finalizó en 2015, cuyas políticas reabrieron heridas innecesarias y dividieron inútilmente a la ciudadanía nacional.
”La devaluación de un 40 por ciento de la moneda nacional encarada por el nuevo gobierno nos puso en situación de competitividad con los vecinos del Mercosur, especialmente con Brasil, y ha causado el beneplácito de los productores pampeanos y de la Sociedad Rural Argentina. Las quejas por los abruptos aumentos de precios que ello produjo se han visto largamente compensadas por las ventajas para la balanza comercial nacional, que esperablemente se derramarán luego hacia todos los sectores que componen la sociedad.
”El nuevo presidente ha apoyado decididamente la política de Estados Unidos en su decisión de atacar militarmente a Irán, dado el peligro que este país representa para la comunidad internacional. Esto es parte del retorno de la Argentina a un protagonismo mundial que había perdido en la década anterior, cuando nos relacionábamos con países secundarios y que poco importan en el concierto mundial. Ya Argentina no pierde su tiempo con países como Ecuador, Bolivia o Venezuela, y ahora es aplaudida por las grandes potencias, que si bien no consultan a nuestro país para sus decisiones, seguramente aciertan en cuáles son nuestros intereses estratégicos, ligados a los del gran capitalismo internacional, símbolo de prosperidad y de democracia.”
Relaciones carnales donde deciden por nosotros desde Washington, vuelta a la deuda externa permanente, devaluación de la moneda, la Sociedad Rural gobernando el país, tarifas altas, represión abierta de toda protesta, liquidación de políticas de derechos humanos, abandono de la solidaridad con los países vecinos, eliminación de las paritarias, congelamiento de salarios, nuevo corralito... ¿Será ciencia ficción? ¿No es lo que en gran parte tendremos, por ejemplo, si Macri fuera presidente? ¿Y no es acaso cierto que no sólo Macri sino algunos otros candidatos, como Massa, nos llevarían a parecidas situaciones?
De todos nosotros depende el futuro nacional. Ojalá encontremos caminos para mantener o mejorar lo logrado, no para atrasar el reloj de la historia. Volver a las colas en los consulados para escapar del país es una posibilidad funesta que debemos evitar. Y que es la que tendremos si, por ejemplo, en vez de enfrentar a los fondos buitre se decidiera hacer caso al juez Griesa y su decisión judicial en Estados Unidos. En ese caso, Argentina tendría automáticamente unos 40 mil millones de dólares que pagar, y de ese knock-out no nos levantaríamos más.
Mucho es lo que se juega en nuestras decisiones electorales. Dependerá de cada uno apostar a opciones que no repitan el pasado, disfrazadas ahora de simpatía, de candidaturas sonrientes y conciliadoras, y de una pretendida y falsa mirada al futuro.
* Doctor en Filosofía, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo.

21ago/130

Progresismo a la carta

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20.08.2013 | Respuesta a Vilma Ibarra
Por Martín Sabatella
De lo que se trata es de pegarle "por izquierda" al gobierno, o al menos que eso parezca, Clarín mediante.
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Luego de exhumar algún apego a las instituciones y a la transparencia de parte de Carrió y Macri, la ex legisladora Vilma Ibarra se ocupa de ejemplificar, con mi nombre y el de la fuerza en la que milito (y donde ella militó hasta 2011), una supuesta "Deserción progresista del kirchnerismo", según el título que lleva su nota en el Clarín del domingo. Antes de adentrarme en el necesario debate sobre el rol del progresismo en esta década de cambios profundos, debo decir que aburre por reiterado el recurso de tocar timbre en lo de Magnetto para denunciar aquello que se defendió hasta el momento inmediato anterior a perder una banca o un contrato en el Estado. Tampoco escapa a nuestra ex compañera la inminencia de una definición judicial sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; sus respetables críticas son a un funcionario nacional que afronta con orgullo la tarea encomendada por la presidenta de aplicar integralmente esa norma, tal cual lo dispuso el Congreso de la Nación. Menos aún le es ajeno a Ibarra, que llegó a ser diputada en 2007 en la lista del Frente para la Victoria, que esas críticas tienen cabida en el medio, insignia de la escuadra Clarín. Cada cual se pone al servicio de los intereses que más le preocupan, así que prefiero ir al fondo de la cuestión antes de perderme en interpretar quién dice qué, por qué canales y con qué propósitos. El llamado progresismo es un universo ambiguo y turbio que siempre me resulta incómodo por confuso y contradictorio. La sombrilla "progre" protege de la intemperie ideológica a variados pensamientos, populares y antipopulares, marxistas y liberales, entre otros. Con algunos de ellos compartimos nuestra preocupación por enfrentar la desigualdad, terminar con cualquier tipo de discriminación, garantizar los derechos civiles y sociales, transparentar el ejercicio de la función pública, recuperar el rol del Estado como actor de un desarrollo equitativo o ampliar nuestra Democracia. Pero cuando esas consignas, que todos pronunciamos con denuedo, deben traducirse en acciones concretas, las coincidencias se achican y las contradicciones emergen. Las dificultades de ser coherentes entre lo que se piensa, se dice y se hace no son sólo temporales, sino también geográficas. Muchos "progresistas" de nuestro país se llenaron y se llenan la boca exaltando procesos políticos y sociales como el de Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia o Hugo Chávez en Venezuela. Otros, ni siquiera eso, y llaman a votar a Capriles. Los primeros se muestran defensores de gobiernos a los que suelen mencionar como prototipos revolucionarios, ignorando sus complejidades y ocultando que, al interior de esos países, voces "progres" levantan sus dedos con acusaciones similares a las que aquí les prodigan ellos y ellas a nuestro proyecto nacional. Al mismo tiempo, los próceres latinoamericanos contemporáneos que decoran las paredes de los locales de la "progresía" local, abrazan a Cristina como su referente argentina, porque reconocen en ella, como reconocieron en Néstor, a grandes luchadores por la justicia social, la paz, la libertad, la democracia y la integración de nuestro continente. Las categorías suelen ser imprecisas y en la vaguedad habitan las contradicciones. En la Argentina de hoy, cuando se dice progresismo, levantan la mano, entre muchos y muchas, Binner, Donda, Stolbizer, Carrió, Alfonsín, Prat-Gay, Solanas, Lavagna u Ocaña, sin espantarse de viajar en el mismo bondi con favorecedores de la concentración económica, empleados del JP Morgan, devaluadores, destructores de la industria nacional, endeudadores compulsivos o productores de desempleo masivo. De lo que se trata es de pegarle "por izquierda" al gobierno, o al menos que eso parezca, Clarín mediante. Los autodefinidos centroizquierdistas sepultan a luz del sol aquella máxima de Norberto Bobbio acerca de que la izquierda no naturaliza la desigualdad, como sí lo hace la derecha. Bajo la marca de un decentismo indocumentado babean "progresismo" personas que apoyaron y tuvieron cargos en gobiernos corruptos, violentos e impopulares y otros que, al frente de "inmaculadas" gestiones municipales y provinciales, no pusieron en práctica ni una cuarta parte de los mecanismos de transparencia y participación que nosotros sí implementamos al frente del municipio de Morón. Necesitan para tanta incoherencia los favores de la prensa del establishment que paga con centímetros de gráfica y minutos de aire el servicio de los denunciantes siniestros. Mutua conveniencia. La integración de nuestra fuerza al kirchnerismo fue tan natural como anticipada. Basta repasar qué banderas levantamos desde nuestros inicios en la vida política para ver en qué lugar del mapa debíamos estar y con quién. Quienes crecimos en los '80 enfrentamos al menemismo desde que este se presentó como el garante de la impunidad de los asesinos de la dictadura y como el proceso que venía a completar el plan de destrucción de la industria nacional, dependencia de los organismos financieros internacionales, transferencia brutal de ingresos de los sectores trabajadores hacia el capital especulativo y masificación de la pobreza, la miseria y el desempleo. Confluimos, en aquellos primeros años de resistencia al neoliberalismo de Menem, con otros y otras que habían resistido la proscripción del peronismo, que habían reverdecido en la primavera camporista, que habían sufrido la persecución de López Rega y la dictadura y, también, con quienes se habían ilusionado con que la recuperación de la Democracia quebraría definitivamente el plan genocida de exclusión social diseñado en los '70 en Washington para toda Latinoamérica. Nos frustramos con la trágica experiencia de la Alianza, que escondió sus propósitos continuistas bajo el ropaje de un progresismo con vocación de poder, alzando las mismas banderas que nosotros siempre levantamos. Mantuvimos altas esas banderas en Morón, demostrando que sí era posible llevar adelante una gestión rupturista, transformadora, honesta, eficiente y a favor de las grandes mayorías populares, sin canjearle al establishment principios por gobernabilidad. Nos dimos a la tarea de construir una nueva fuerza política nacional. Mientras atravesábamos la enorme crisis social, política y económica que estalló a fines de 2001, fortalecimos con un inmenso respaldo popular nuestra gestión en Morón y dimos nacimiento al Encuentro por la Democracia y la Equidad, que luego se ampliaría como Frente Nuevo Encuentro. A la par, en 2003, surgió en el país un proceso político sorprendente liderado por un presidente inesperado, Néstor Kirchner, que empezó a levantar y a traducir en políticas públicas concretas los principios, los ideales, los sueños que justificaban nuestra lucha cotidiana. ¿Cómo no estar junto a ese dirigente y miles de compañeros y compañeras en la apertura de la ESMA o en la anulación de las leyes de impunidad luego de décadas de pelear por la verdad y la justicia y de haber abierto, en Morón, la primera Casa de la Memoria y la Vida en el predio en el que se había asentado el centro de detención y torturas Mansión Seré? ¿Cómo no acompañar y festejar la apuesta fuerte a la Patria Grande luego de haber luchado por la comunión latinoamericana y de ser promotores de espacios de unidad regional como la Red de Mercociudades que tuve el orgullo de integrar y conducir? ¿Cómo renegar de nuestra trayectoria enfrentando el más importante proceso de desendeudamiento que recuperó la soberanía económica nacional? ¿Cómo no respaldar la implementación de la Asignación Universal por Hijo, la reestatización del sistema previsional o la urbanización de barrios populares, si convivimos diariamente con las víctimas de la exclusión, la marginación y la injusticia y trabajamos a brazo partido para paliar con recursos municipales las consecuencias de aquella tragedia social? ¿Cómo no estar al lado de Néstor y Cristina bancando la democratización de la palabra frente a explotadores de medios que crecieron y se enriquecieron durante la dictadura y el menemismo y aplastaron con su hegemonía el derecho a la comunicación y la libertad de expresión de millones de argentinos? ¿Cómo no poner el cuerpo para defender las retenciones a las ganancias extraordinarias de grandes empresarios de los agronegocios que se llenaron y se llenan de dinero mientras ostentan los niveles más altos de empleo en negro? ¿Desde qué presunta concepción "progresista", desde qué plaza y al lado de qué corporaciones se nos puede objetar que metamos los pies en el barro de la historia para estar junto a los que luchan a favor de los castigados, de los desposeídos, de los ninguneados y humillados? Que se pongan el sayo "progre" los que asumieron que su rol histórico es constituirse en lo más transgresor que les permite el sistema para mantener la injusta matriz económica y productiva. Es todo suyo. Nosotros ingresamos al kirchnerismo con nuestros ideales, nuestra experiencia y nuestro compromiso, desde nuestras plenas convicciones, poniendo el cuerpo sin más cálculo que el de aportar a este movimiento plural, diverso y complejo, pero sobre todo transformador y popular. Ingresamos sin bajar una sola de nuestras banderas, a compartir con otros y con otras, el proyecto que lidera Cristina y que define al campo nacional, popular y democrático del siglo XXI. Afuera resisten quienes se niegan a perder sus privilegios y, también, el puñado de enmascarados que los asisten con denuncias no probadas y con la impunidad que les concede su pacto lastimoso con quienes arruinaron el país hasta el 2003. -