Comisión de Economía

Por Eduardo Lucita *
Qué hacer frente a la inflación estructural
Se presentan propuestas de corto y mediano plazo para enfrentar aspectos coyunturales y raíces estructurales de la inflación en el país. La lupa se enfoca en la concentración económica y en las corporaciones que controlan los mercados y son formadoras de precios.
En el suplemento Cash del 10 de abril pasado afirmábamos que en el país hay inflación, no sólo reacomodamiento o dispersión de precios; también se decía que no es un proceso desbordado como lo fuera en los ’80 y ’90.
Se señalaba que ninguna de las variables económicas sobre las que cualquier gobierno puede operar –tipo de cambio, tarifas de servicios públicos, gasto público, emisión descontrolada, incluso la deuda– están influyendo decididamente en la coyuntura. Por el contrario, las causas hay que buscarlas en las contradicciones al interior del sistema del capital y, más allá de errores de diagnóstico y controles fallidos del gobierno nacional, son los capitalistas y no otros quienes remarcan los precios. La lupa entonces debe enfocarse en la concentración económica, en el selecto grupo de empresas y corporaciones que controlan los mercados y son formadoras de precios. En las altas tasas de ganancias de que gozan en todo este período las diversas ramas de la economía. En el déficit de oferta por la escasa inversión reproductiva y en la presión del mercado mundial, particularmente por el alza de materias primas y productos energéticos.
Si el diagnóstico es correcto, sobre estas variables debe operar el necesario programa antiinflacionario, que debe combinar una fuerte presencia del Estado con un también fuerte protagonismo social. Un programa que contemple una primera etapa destinada a frenar abruptamente el alza de precios, luego una segunda que impulse transformaciones de fondo para sostenerla.
Las políticas de intervención inmediata serían las siguientes:
- Plena vigencia de la Ley de Abastecimiento de 1974. Reponer la vigencia de esta ley es central, ya que habilita al Estado a desenvolver políticas activas de intervención en los mercados.
- Eliminación del IVA a los artículos de primera necesidad, lo que debe constituir una rebaja efectiva e inmediata de los precios de esos productos al consumidor. La pérdida de ingresos fiscales puede ser compensada revisando las políticas de subsidios y de exenciones impositivas que en conjunto más que duplican los pagos de la deuda.
- Establecimiento de precios máximos a los productos que componen la canasta familiar.
- Centros Populares de Distribución en barrios y poblaciones carecientes.
- Control de la estructura de costos, en las empresas formadoras de precios, tanto en la producción como en la distribución y comercialización. Este conocimiento permitirá al Estado transparentar las ganancias empresarias y fijar criterios de razonabilidad en los márgenes de rentabilidad, tal como lo prevé la Ley de Abastecimiento.
Estas medidas deben ir acompañadas por el impulso estatal a la participación de los ciudadanos, tanto en su carácter de productores como de consumidores. En las empresas formadoras de precios, creando Comisiones de Trabajadores que colaboren en el control de costos y márgenes de beneficio. En los barrios, Comisiones de Consumidores que garanticen que los productos lleguen a los Centros de Distribución en cantidad, calidad y a los precios establecidos.
Las Políticas de implementación gradual serían las siguientes:
- Avances en la desvinculación de los precios locales de los internacionales. Las retenciones juegan un papel pero resultan insuficientes, dada la situación de la demanda mundial y el alza del precio de los alimentos. Se trata de recuperar funciones reguladoras del Estado en el Comercio Exterior.
- Implementar una reforma tributaria que rompa con la regresividad actual. También que tienda a la eliminación o reducción gradual del IVA, que ponga el acento en las alícuotas de Ganancias; en el impuesto a los Bienes Personales, que muy pocos pagan; en las rentas financieras hoy exentas; en reponer el impuesto a la herencia; en reducir la evasión y las actividades en negro.
- Orientar la acumulación de capitales hacia el sector productivo y áreas estratégicas. Si el capital privado no proyecta grandes inversiones reproductivas, sólo acompaña tardíamente la demanda, y el sector público no radica inversión en sectores estratégicos, el desarrollo del país queda estrangulado, seguirá el crecimiento por estimulación al consumo y por exportaciones y la inflación resurgirá una y otra vez por restricción de oferta.
- Una nueva Ley de Entidades Financieras y la demorada reforma de la Carta Orgánica del BCRA son instrumentos necesarios para movilizar fondos ociosos en poder de los bancos y orientarlos a inversiones en los sectores productivos. El Estado finalmente deberá tomar en sus manos sectores estratégicos como energía y ferrocarriles, para brindar un servicio eficiente y abaratar efectivamente los costos de producción y transporte.
La inflación es un problema político y como tal debe ser enfrentado.
* Integrante del colectivo EDI – Economistas de Izquierda.

Por Carlos Heller *
Para comenzar a hablar de inflación hay que tener en cuenta que en la Argentina ha sido históricamente un mecanismo de licuación de los salarios; al ser más lenta la recomposición salarial, siempre fue detrás de los precios, y en ese proceso se perdió gran parte del poder de compra de los trabajadores, así como también se generaron innumerables océanos de rentabilidad en las grandes empresas.
El diagnóstico de los orígenes de la inflación excede ampliamente el ámbito económico, ya que la adopción de una u otra explicación revela ideologías y políticas bien definidas.
Por eso aún hoy es habitual encontrar entre los gurúes de la economía argentina quienes relacionan la inflación con la emisión monetaria, efecto que resulta inaplicable en un país como el nuestro con un muy bajo nivel de monetización y superávit fiscal y comercial.
En realidad, la monetización del último año ha estado acompañando las necesidades de mayores medios de pago que requiere la economía. Si no se hubiera reformulado el programa monetario, esta inflexibilidad habría derivado en una política de enfriamiento.
Generalmente esta preocupación por la expansión monetaria viene montada sobre otra mucho más habitual: el origen de la inflación se encuentra en el incremento desmesurado del gasto público.
Esta tesis también puede ser refutada con la simple observación de la realidad.
A finales de diciembre de 2008 y principios de 2009, como consecuencia de la crisis, tanto las expectativas de inflación como la inflación se frenaron, a pesar de que venía aumentando el gasto público con las políticas anticíclicas. Cuando la gente retrajo su consumo por el temor a la crisis, los empresarios redujeron su margen de ganancias y aplicaron grandes rebajas, pero al recomponerse el consumo, en gran parte gracias a medidas sociales del Gobierno, rápidamente comenzaron a aumentar algunos rubros, en especial los más sensibles.
Pero si bien los números y la realidad las refutan, tanto la tesis de la expansión monetaria como la del gasto público sirven para presentar un enfriamiento de la economía como saludable.
Y en este aspecto hay una cuestión fundamental: las consecuencias sociales sobre las clases populares de los programas de enfriamiento de la economía, o de ajuste como también suelen denominarse, siempre han sido mucho más graves que los efectos de la inflación. La inflación les quita poder de compra, pero el ajuste les quita el trabajo.
El origen de la inflación es estructural, es fruto de la puja distributiva. La capacidad de los formadores de precios de aumentar los valores de sus productos está estrechamente vinculado con una estructura de comercialización concentrada, oligopólica, que generalmente va en desmedro de los productores pequeños y medianos.
La suba se produce principalmente en alimentos y bebidas, pues con la universalización de la asignación por hijo y sobre-aguinaldo de jubilados, entre otros, se produjo una distribución del ingreso que fue a los sectores que dedican la gran mayoría de su gasto a estos rubros.
El lado político de la inflación
Centrar el origen del aumento de precios en el aumento del gasto público lleva a reducir el gasto en general, pero en especial el gasto social. La idea implícita de este análisis es: “Si aumentamos el poder de compra de la población de menores ingresos, ello repercutirá en mayor demanda, en especial de alimentos, y, por lo tanto, se generarán aumentos de precios”.
De la misma forma, el argumento sirve para intentar frenar los aumentos salariales que están discutiendo los gremios, dado que dichos aumentos se irían a precios; una idea incorrecta, pero que intenta impedir el avance hacia una mejor distribución del ingreso.
Los aumentos se originan en la capacidad que tienen las grandes empresas de formar los precios, apropiándose de gran parte del mayor poder de compra de la población. En vez de producir más, incrementan los precios y sus márgenes de rentabilidad.
Por esa cuestión, el centro del debate inflacionario hay que ponerlo en los costos de las empresas (del cual los salarios son una parte menor en términos macro, relación que siempre depende del rubro) y fundamentalmente en sus ganancias.
Si no se interviene en este aspecto, y se pone un límite a la generación de ganancias, sea con controles de precios a través de los costos de las empresas, sea a través de sistemas impositivos altamente progresivos que desalienten la generación de márgenes de rentabilidad excepcionales, será muy difícil encarar una verdadera distribución del ingreso. Gran parte de ese margen excepcional debe servir para reducir los precios y remunerar adecuadamente a los trabajadores, asegurando niveles de rentabilidad aceptables para las empresas.
Resolver el problema que aqueja actualmente a la economía argentina, donde los formadores de precios se apropian del mayor poder de compra de la población, no es una tarea fácil ni unidireccional. Se requiere revitalizar un Estado que fue desarmado en los noventa y que no fue reconstruido con la fortaleza suficiente en los últimos años de bonanza, para que afiance el poder de policía que el Estado necesariamente debe ejercitar para cumplir sus funciones. Esto debe ser realizado con especial énfasis si se desea un modelo de desarrollo centrado en una mejor distribución de los ingresos.
Y para ello hay que dar una batalla ideológica, que tiene que ver con la definición de las causas de la inflación, pero que se centra en la construcción de un modelo de país más popular y solidario.
* Diputado nacional. Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario.

Por Alejandro Rofman

A lo que generalmente se dice de las causas de la inflación, yo agregaría otro factor que fue muy bien descripto, ya hace años, en un sonado artículo del economista liberal Javier Villanueva: la puja distributiva entre los formadores de precios. En una economía tan afecta al impulso remarcador antes que al inversor o a la contención de precios o al aumento de la oferta frente a la mayor demanda la mayor parte del empresariado argentino (de cualquier tamaño, aquí no hay distinción) reacciona, en general, remarcando precios tenga o no tenga oferta para satisfacer dicho incremento de la capacidad adquisitiva de la población. Pero esa remarcación tiene un alto componente de captación del excedente por parte del empresario 1 que no quiere que el mercado sea total o parcialmente cubierto por el empresario 2 y desea obtener más beneficios cuando ve que el vecino aumenta el precio. Es una verdadera puja distributiva del excedente, por imitación y por deseo de mayor ganancia, entre los mismos formadores de precios. La situación se complica más si en la oferta solo aparecen dos o tres oferentes. O se coaligan directa o indirectamente para aumentar los precios o pujan entre ellos a ver quien se queda con la mayor parte del mercado Es lo que le pasó entre otras cosas a la cooperativa El Hogar Obrero en 1989 Cuando la hiper-inflación, el Hogar Obrero decidió no remarcar precios en exceso para cooperar con el gobierno de Alfonsín. Como todos los demás aumentaron perdió la batalla porque los demás sobrevivieron y la cooperativa quebró. Se quedó sin capital de trabajo porque cuando quiso volver a comprar bienes en el mercado estaba descapitalizada. La puja distributiva la fundió Si hubiera imitado a sus competidores, con el salto de los precios que era incontrolable, no hubiera perdido porción del mercado y se hubiera seguido capitalizando.

La puja distributiva tiene entonces componentes explícitos que se utilizan para captar excedentes y mecanismos de contagio para autodefensa y no quedar afuera sin capital.

¿Soluciones? Son difíciles pero no imposibles si hay una política integral, que puede resultar útil, aunque sea en parte:

1 Premios y castigos desde el Estado para los formadores de precios. Hay mil formas de implementarlos si se planifican con tiempo y se explicitan (como el pago de mayor dinero por Kw. consumido, si se excede una cifra de consumo).

2. Prever variaciones futuras de precios en el mercado y preparar planes para compensar el consumo de lo que va a subir. Caso carne de vaca actual. Los técnicos sabían que iba a haber a esta altura mayor faltante y el precio del kilo vivo iba a subir. Con dos o tres meses de anticipación y acompañado de una fortísima campaña de esclarecimiento habría que haber convenido con establecimientos avícolas mayor oferta al mismo precio (o con el cerdo que tiene un ciclo reproductivo mucho más corto que la vaca) y convencido a la sociedad mediante la campaña mediática de no consumir carne vacuna y desplazarse al pollo o, en ultima instancia, al cerdo hasta que el precio se regularice. Lo mismo con muchas verduras u hortalizas estacionales como el tomate que sube en primavera antes de la recolección en verano. Con tiempo se debe proponerle a la sociedad que no compre tomate y compre otra verdura u hortaliza en reemplazo que se sepa será abundante (papa. ahora, por ejemplo)

3. Llevar la estrategia del Mercado de Abasto que hoy ofrece en La Matanza productos alimenticios sin intermediarios a precios remunerativos para los que venden y de la mitad del mercado normal para los que compran, implantando Mercados Populares en zonas densas habitadas por sectores de bajos ingresos Cuando los comerciantes minoristas de esos barrios protesten ofrecerles esos productos para que los vendan a los mismos precios.

En fin, para seguir discutiendo y conversando. Recuerdo la política anti-inflacionaria de Illia, que no llego ni por las tapas a lo que yo digo, pero que tuvo un gran mérito :Organizó en la secretaria de Comercio que dirigía el inflexible Grinspun, una sección de costos que sabia a la perfección cuanto costaba realmente cada bien de primera necesidad en el mercado. Las dirigían dos íntimos amigos míos, del entonces Partido Socialista Argentino y destacados economistas: Leopoldo Portnoy y Rubén Visconti (este ultimo sigue siendo el indiscutido profesor titular de Costos, con sus 85 años, en la F. de Cs. Económicas de la U.N. de Rosario y un destacado militante kirchnerista)

Algo de lo que yo digo también se intentó en la primera presidencia de Perón, con los productos ” flor de ceibo”, con el defecto de que se vendían junto a los otros productos y los comerciantes, como los “flor de ceibo” tenían precios máximos, no los ofrecían, para que la gente comprara los que no tenían precios fijos.

Por Roberto Páez González
1. La inflación es un fenómeno monetario que consiste en la elevación general del nivel de los precios.
2. Algunos especialistas [1], mencionaron que “está asociada con un cambio de precios relativos impulsado por el precio de la carne” y que “eso se da con una inflación de arrastre, que en condiciones de recesión ya estaba en el 15%. El año pasado hubo 15% de inflación y este año los convenios se están firmando al 24%”. Por su parte el ministro Boudou habló de “tensión de precios” y otros comentaristas, de “deslizamientos”.
3. Posiblemente quepa, además de la cuestión de definición científica, referirse a la índole semántica del tema, a la “sensación inflacionaria”, del mismo modo como muchos argentinos están acostumbrados a hablar de “sensación térmica”. Ahora bien, la sensación térmica es una consulta entre vecinos que utilizan sus propios cuerpos como termómetros, los que funcionan parecido, más allá de algunas pequeñas variaciones por influencias psicológicas u otras, de repercusión menor. En cambio, en el caso de la inflación no es difícil admitir que entran en juego poderosos aparatos -de evaluación y difusión- ya a través de la versión oficial gubernamental, ya a través de la maquinaria mediática que tiende a reflejar intereses económicos y políticos contrarios al gobierno. También existen otros medidores, como los de los sindicatos, cámaras patronales, etc.
4. Cabría no olvidar que los fenómenos inflacionarios tienen diversas repercusiones y reflejos en los variados ámbitos: provinciales, sectoriales… y otros asuntos, como el de la inflación importada, que quedan aquí sin desarrollo.
5. Paro hay que subrayar que la inflación no nos deja indiferentes, no es un fenómeno monetario frente al cual los actores sociales y políticos tengan un comportamiento neutro.
6. Con relación a las causas del fenómeno monetario llamado inflación, corresponde señalar que no estamos en las fases iniciales de su estudio. En la Argentina, y especialmente desde 1955, se registraron diversos períodos de inflación baja, alta y desbocada, conjugadas con varios modelos de política cambiaria (ejemplos: tipos de cambio múltiples, la tablita, el 1 a 1, flotación administrada) y se desarrollaron varias escuelas de interpretación: liberal, monetarista, estructuralista, neoliberal, etcétera, de modo que no estamos en los pinitos interpretativos.
7. No son las causas habitualmente citadas por estas escuelas las que potencian la inflación actual, salvo la inflación por espectativas, cuya instalación se puede –razonablemente- endilgar a la intervención tendenciosa de los medios y a la prédica desgastante de la oposición política. La conflictividad política es una concausa.
8. Algunos de los rasgos descriptos por esas interpretaciones -elaboradas por lo general antes de 2003- concuerdan con aspectos parciales de la realidad de hoy, pero dichas escuelas no rinden cuenta de la especificidad del momento económico, financiero y político actual, que es en lo que habría que volcarse para ver de qué manera conjugar tanto los aspectos relacionados con la inflación realmente existente, como con su incómodo subproducto de sensación de malestar que se le asocia.
9. El índice del INDEC puede ser cuestionado o suscitar disconformismo como ocurre en otros países. Puede ser reformado (como lo fue recientemente), también como en otros países. Pero solamente desempeña un valor indicativo. El gobierno ha instigado un índice bajo para hacer frente a la parte de la deuda externa indexada y es natural que los acreedores perjudicados influyan harto críticamente contra ese indicador.
10. Pero esa ventaja relativa tiene un coste político porque la “sensación inflacionaria” es más alta que el guarismo del INDEC, lo que hace pensar que el gobierno no dice la verdad. En efecto, las negociaciones salariales por porcentajes que duplican el índice o las compras en los supermercados y otras confirman, más bien, los dichos opositores y el clima de carrera de precios y salarios que Argentina ya experimentó muchas veces.
11. Sin duda, nadie se puede presentar a decir que no hay razones para la recomposición salarial. Este es un tema que no está suficientemente bien instalado en la opinión pública, ya que la resistencia empresarial –aunque sea inconfesada- es un motor de la inflación por la puja redistributiva. Los patrones tienen que asumir responsabilidades dentro del modelo social, y entre otras las de apoyar una política de pleno empleo, de puestos de trabajo legales, de recomposición salarial, de modernización social de las empresas conforme a concepciones de nuestra época.
12. Desde luego, las políticas que el gobierno impulsa para sostener la demanda genera desajustes porque por el lado de la oferta hay retraso de inversiones y en muchos casos el comportamiento patronal es de aumentar los precios en vez de aumentar la producción. También la capacidad instalada, ociosa a causa de las recesiones desde el 97 y en depresión desde el 2001 fue paulatinamente dejando lugar a la necesidad de nuevas adaptaciones e inversiones.
13. También se debe destacar el papel desempeñado por las grandes empresas en la formación de precios y tomar en cuenta que dos tercios de las quinientas más grandes son empresas de capital extranjero. El Estado debe poder -tanto con las nacionales como con las extranjeras- llegar a acuerdos de cooperación antiinflacionaria. Es un rubro.
14. Existe otro clásico que es el de los bienes salario. Existe la tendencia a aumentar los precios de los bienes que son requeridos simultáneamente por el mercado interno y por la demanda exterior, que suelen ser productos habituales del consumo masivo. El tema roza -y se superpone- al de la soberanía alimentaria, por cuanto el coste de oportunidad de producir, por ejemplo, trigo en vez de soja –que tenía mejores precios internacionales, sobre todo antes del gran incendio de Rusia- incitaba a la producción de soja en desmedro de la materia prima del pan.
15. Por cierto, existe consenso para no sustituir producción local por importaciones, lo que a veces estimula márgenes de libertad de precios para bienes de la oferta local. No parece una de las virtudes suficientes del modelo vigente el impulso de la oferta local y su adaptación a las nuevas necesidades. Esto debería ser objeto de una política de incentivos, pero también de una intervención ostensible del Estado como locomotora económica, a través de empresas públicas y cooperativas.
16. No es posible ignorar –y no se debe aceptar ignorar- que la formación de precios se establece en función de relaciones de fuerzas –económicas y a veces extraeconómicas- porque está claro que los que pueden comprar grandes cantidades de determinados bienes detentan una capacidad, un poder del que no cualquiera dispone y -lo mismo- ejerce ese poder en la fase de venta. Eso permite que el comerciante que vende un producto de consumo final le cuelgue un cartelito con el precio que hay que pagar para llevárselo. Nadie le va a poder hacer solito una revolución, sino que se aplica aquéllo de que “tiene que hacer como la comadreja: si quiere lo paga y si no lo deja”.
17. No son eficaces los mecanismos de coerción legal, como los controles de precios, porque no son capaces de limitar los precios -que aumentan por simple voracidad o en forma especulativa- de una manera duradera, porque su aplicación no es estricta y si lo es conduce al desabastecimiento por falta real de mercancía o por el desaprovisionamiento como contraofensiva.
18. Por eso el terreno principal de la lucha se debe dar en dos niveles: contra las teorías y supercherías, en el terreno de la opinión y contra los aumentos de precios incitando a comprar los productos con buenos precios (un papel importante para una oficina del consumidor), acuerdos ad hoc con fabricantes y distribuidores (negociaciones directas del Estado con grupos empresarios, fabricantes y distribuidores), pacto social para la recomposición salarial, reequilibramiento del sistema productivo con desarrollo industrial, nueva política agropecuaria. Pero esto último involucra todo un programa.
19. Para llegar a un pacto social, el Estado y los trabajadores deben estar en fuerza. A ningún sector empresario se le ocurre entregar ventajas si no es así. Por eso mismo, es preciso entender en las visiones conflictivas distintos enfoques en vistas de un acuerdo societal que debería establecer la vía argentina para las próximas décadas. Por consiguiente, dicho pacto social recién podría ponerse en marcha con la reelección de Cristina Fernández, después de terminar triunfalmente su primer mandato.
20. El principal problema es político. Frente a la crisis global y sistémica, como ha señalado Aldo Ferrer, “desde América Latina, no podemos cambiar el mundo, pero contamos con la capacidad necesaria para decidir cómo estamos en ese mundo” [2]. Combatir la inflación no es para nosotros volver a atarse al carro del Consenso de Washington. Queremos una moneda para alcanzar las metas de la justicia social, la unidad sudamericana y la democracia participativa. Es la traducción de esas metas en términos monetarios lo que nos interesa. El nuevo desarrollismo sólo puede tener lugar como expresión de un desarrollo que no sea el desarrollo del subdesarrollo, ni un desarrollo excluyente, sino un desarrollo con inclusión social: un desarrollo social.
[1] Frenkel, iEco (Clarín) 18.04.10.
[2] Aldo Ferrer: El nuevo desarrollismo, BAE, 04.11.10

Por Jacob Goransky
El encuestador Lic. Ricardo Rouvier señaló que, si bien en los indicadores “generales” de preocupación, los precios no ocupaban un lugar destacado, si lo era en gran medida en los decibeles más bajos y más numerosos de la población, en el que los precios de los artículos de consumo masivo eran lo principal.
De ellos, los esenciales son los alimentos y los medicamentos, sobre ambos vengo haciendo propuestas en diferentes ámbitos sin repercusión alguna.
Habida cuenta de lo que día a día se manifiesta como problema – la suba de precios y la “inflación”- están vinculados a los temas planteados, propongo:
Mercado de Abasto Central
1. Vengo destacando de hace años la ineficiencia del Mercado Central como Mercado Abastecedor, hay una organización muy enquistada que imposibilita ser desbaratada, que existe desde que se fundó y que jamás nadie pudo enfrentar con éxito, ni el dictador Onganía con el ejército; como viene de décadas está ramificada desde la compra en origen de los productos hasta la venta.
La propuesta de vender al público, con un descuento importante, directamente en el Mercado de Abasto, es inconducente.
Hay que desbaratar la organización que dirige el Mercado de Abasto, no hay otro camino posible y nunca un gobierno tuvo un apoyo como el presente para tomar las medidas necesarias.
2. Multiplicar las Ferias Francas en la Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y en todos los centros urbanos de importancia, como existen en las grandes ciudades europeas;
3. Hay en el gobierno quiénes piensan que favorecer la concentración facilita el control y la competencia; la experiencia en el país y en el extranjero indican lo contrario.
Las cadenas de Comercialización (Carrefour, Disco, Coto y otras), hacen abuso de posición dominante (monopolio u oligopolio), para la compra de productos a proveedores e imponer los precios al público; gran parte de la suba de precios actual tiene que ver con ello.
La Cartelización entre los Híper y Súper, se da de otra manera: aunque pujen en ciertos ámbitos y productos, la magnitud de la concentración y su poderío económico y financiero indica que no hay posibilidades que entren nuevos “jugadores” al sistema. En la teoría se estudia – aunque los economistas se olvidan de la teoría cuando necesitan defender los intereses a los que finalmente se subordinan -: es lo que se denomina “costo de entrada” que, al ser muy altos (como es el caso de los Híper), dificulta la aparición de nuevos empresarios y consecuentemente la competencia, dando lugar al abuso de “posición dominante”.
La Cartelización en esos establecimientos se manifiesta en que al apropiarse del plus valor de proveedores y fabricantes que los abastecen, deterioran los ingresos de los sectores que priorizan el consumo de alimentos; ello agudiza la contradicción entre oferta y demanda, que es lo que el gobierno debe atender.
Es necesario considerar, asimismo, la relación de las cadenas de comercialización y los Bancos a través de las tarjetas de crédito. El ciudadano consumidor es llevado paso a paso, con la facilidad que le otorga su uso, a la cadena de comercialización, privilegiando el monto de la cuota al mejor precio.
Medicamentos
1. El país tiene laboratorios públicos en los que se pueden fabricar todas las drogas necesarias para abastecer los requerimientos de Hospitales, Centros de Salud, Obras Sociales y aún de prepagas; es contradictorio que nuestra Presidenta apoye con una magnitud importante de dinero a laboratorios públicos, y no se avance en un control de los precios de los medicamentos; son más caros los envases y el Marketing que la droga, eso es conocido
Sería de gran utilidad investigar y controlar la distribución y comercialización de los medicamentos, en particular la relación entre Laboratorios, droguerías, y su comercialización.