Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

7Sep/200

Publicado por admin

LA PATRIA DE LA IGUALDAD  

Mónica Peralta Ramos, Guillermo Wierzba y Horacio González encabezan este manifiesto

Un capitalismo que brutaliza la condición humana

Nos encontramos ante una situación inédita: el mundo atraviesa una crisis sistémica cuyas consecuencias dramáticas emergen como fractura expuesta por la pandemia. Mientras la economía de nuestro país ha sido devastada por el neoliberalismo, la peste desnudó la desigualdad, la pobreza y la miseria en una sociedad arrasada por el paradigma antihumanista de la plus ganancia del poder económico concentrado y la opulencia obscena de la minoría que habita el vértice superior de la pirámide social. La política seguida por el gobierno de Macri destrozó a la economía real y amordazó al país a una deuda externa imposible de solventar. La pandemia agudizó la situación, develando al mismo tiempo la brutal desigualdad económica y social y el creciente poder monopólico de un grupo reducido de grandes empresas en sectores claves de la economía, profundamente insertadas en la financiarización. Pero el dislocamiento económico, político, social y cultural de la sociedad producto del capitalismo financiero global y local es tan grave que, paradójicamente, abre una hendija que permite la imaginación, la ilusión y la aventura de intentar construir otra perspectiva de vida, con otra organización de la economía y la política, luego de la crueldad que quedó evidenciada por la irrupción del Covid-19.

La situación mundial que hoy sufrimos trasciende a las crisis cíclicas que ha tenido el desarrollo capitalista a lo largo del tiempo, y no puede ser reducida a su aspecto económico y/o financiero, pues alcanza al funcionamiento de las instituciones políticas y culturales y se extiende al terreno de la geopolítica. Asimismo, es una crisis que no puede ser “purgada para empezar de nuevo”. Lo que hoy está en juego es mucho más que la destrucción —de valor, de bienes y activos, de riqueza acumulada, de excedente producido, de empleo e incluso de vidas humanas— por guerras, fenómenos que típicamente han ocurrido en todas las grandes crisis mundiales. El quiebre que hoy enfrentamos engendra situaciones catastróficas para todo tipo de vida en el planeta y es consecuencia de la propia dinámica del orden social que hoy impera en el mundo. Es pues una crisis económica y financiera pero también climática, como consecuencia de la depredación del medio ambiente. Es, además, una crisis de supervivencia donde la posibilidad de aniquilamiento de la humanidad como consecuencia de la irresponsabilidad medioambiental, de una guerra nuclear, bacteriológica o tecnológica, está a la orden del día. Es pues, una crisis civilizatoria que plantea la necesidad de un nuevo orden mundial y social.

En estas circunstancias, pensar un cambio de paradigma en nuestro país implica abordar una drástica y radical redistribución del ingreso y de la riqueza que, acompañada de cambios en la matriz productiva, permitirán encaminarnos hacia a una sociedad de iguales. Estos cambios requerirán de un desarrollo tecnológico propio y autónomo cuyo objetivo no sea cerrar la brecha con el centro. Una meta imposible sin la construcción de una vida digna, que elimine la pobreza, alimente la cultura y estimule la creatividad en la producción de nuevos bienes, con el propósito de abandonar el hiperconsumo degradante y desenfrenado del paradigma de vida de la monopolización de la riqueza y la financiarización, con el que comenzó el siglo XXI.

Hoy impera en el mundo una forma de organización social basada en un capitalismo global monopólico y financiarizado, con centro en los Estados Unidos. La Argentina habita la periferia de éste, con una tendencia al deterioro permanente, incentivada por distintos gobiernos neoliberales desde mediados de los ’70 del siglo pasado. Este régimen se ha extendido a lo largo y a lo ancho del planeta, subordinando, subsumiendo y normalizando a un estándar único a países con distintas culturas e instituciones. Este sistema maximiza ganancias y rentas por su control total sobre la vida económica, política y cultural, incluyendo en esto último a la producción de información, de ideas y hasta de sentido común. Por lo tanto, no estamos simplemente frente a un modelo financiero, industrial o mercantil; estas son fases por las que el capitalismo ha pasado a lo largo del tiempo. Hoy estas fases están contenidas en un proceso degradado, que parasita la vida humana, crea pobreza extrema, marginalidad y exclusión, a la vez que desarrolla un estilo de vida que destruye vorazmente las tradiciones culturales construidas en milenios y brutaliza la condición humana.

 

 

Liberalismo o democracia

Hoy la necesidad de romper las cadenas de la democracia liberal es acuciante. Este sistema político es un dispositivo que vela por la aristocratización del poder: la esfera política es reducida al mínimo y predomina, escindido de la misma, el reino de la economía, naturalizada su condición mercantil y privada. Gritan los grandes empresarios del club oligárquico AEA que los que deben organizar y llevar a cabo la producción son los sujetos privados, y pretenden prohibir la socialización de bienes esenciales y estratégicos. Han hecho retroceder al gobierno respecto de la expropiación de Vicentin, holding empresario que hizo un desquicio económico y perjudicó a una región del país, a productores, a sus proveedores y a la banca pública. Los empresarios de la AEA defienden a capa y espada a sus dueños y enfrentan a quienes critican repudiables y torcidas conductas empresariales, porque ubican a la gran propiedad privada de medios de producción por encima de cualquier valoración sobre el orden jurídico. Ellos han sido históricamente golpistas porque ese concepto de propiedad lo han entendido —y lo entienden— por encima de la Constitución y la democracia.

Desde que la sociedad puso fin al Terrorismo de Estado, los sectores más poderosos de la economía han acechado a los gobiernos que se sucedieron en democracia, buscando imponer sus intereses específicos por encima del interés general de la Nación. Durante el gobierno de Macri, han salido a la luz a través de la violación sistemática al Estado de Derecho, el armado de causas mediático-judiciales para destruir a la oposición y los grandes negociados económicos. Esta aventura macrista ha sido un episodio más de la estrategia del lawfare impulsada por los Estados Unidos para poner fin a los nacionalismos populares latinoamericanos, así queda expuesto en las causas de espionaje ilegal que tramitan en diferentes juzgados y eso explica la oposición salvaje del macrismo al proyecto de reforma judicial en curso. Este proyecto intenta poner fin a la estructura endogámica, corroída y oligárquica del Poder Judicial, un paso de fundamental importancia para empezar a saldar una deuda que todavía tiene nuestra democracia. Es necesario bregar por la creación de nuevos canales institucionales que permitan la participación popular en las decisiones que se toman y en el control del mandato de los que ejercen funciones en todos los territorios: desde el barrio y la empresa, a los municipios, las provincias y el Estado Nacional.

Llegó la hora en que democracia y liberalismo encontraron un punto de ruptura, que siempre estuvo latente. No hay democracia con soberanía limitada de la voluntad general de la ciudadanía. No hay democracia sin participación popular en la toma de decisiones. No hay democracia si se la limita a ser el reducto de un pequeño sector que controla la vida económica. Estos son los desafíos que enfrenta el gobierno nacional en un contexto donde los sectores económicos más poderosos y el macrismo intentan restituir el reinado del neoliberalismo.

Este sistema promueve la escisión entre las esferas de la economía y la política para otorgar preeminencia a la propiedad privada concentrada sobre la vida misma, y su éxito mediático se expresa en el fanatismo de quienes organizan movilizaciones que atacan las disposiciones dictadas en defensa de la salud de la población. La violencia política y simbólica de los medios de comunicación hegemónicos constituye la punta de lanza del  dispositivo con el que el liberalismo y su actual diseño neo persiguen la destrucción de la democracia; una demolición que opera mediante su vaciamiento para convertirla en una cáscara que contenga un dispositivo social opuesto al sentido que la define: gobierno de y para el pueblo, mandato y participación popular, autonomía ciudadana en la definición del presente y el futuro de la vida comunitaria. Ese liberalismo neo, cuando percibe el quiebre de la cáscara que falsifica el poder popular, esencia de la democracia, siempre tiene a mano los mecanismos necesarios para derribar gobiernos. Como lo hicieron en Brasil y Bolivia, y cuando no pueden lograrlo, como les ocurre en Venezuela, intentan violar la soberanía nacional mediante intervenciones externas que no excluyen la propia invasión militar.

Los medios utilizados para imponer una política de dominación y subsunción de la subjetividad fueron diversos y dirigidos a los sectores sociales enajenados de sus necesidades e intereses. En años recientes, mientras eran destruidos cotidianamente los derechos alcanzados durante los gobiernos kirchneristas, se desplegaban a través de diferentes discursos, mecanismos de inhibición y cercenamiento a las potencias del pensamiento, destructivos de la aptitud de apropiación de las experiencias vividas durante los años de gobiernos nacionales y populares. El neoliberalismo degradó al sujeto humano a sujeto de consumo, originando una brecha social con quien no tiene trabajo, o lo tiene precario. Muchas personas no perciben salarios suficientes para una vida digna y necesitan endeudarse para el vivir cotidiano. La ideología, los medios y los modos productivos construyen una subjetividad que hace sentir al sujeto subsumido por el sistema como el único responsable de lo que le acontece. Asume la situación a la que es arrojado como una consecuencia de su demérito. Así, la meritocracia y el individualismo encuentran un rumbo común. Y la propiedad privada absoluta e ilimitada su justificación sin Historia. Es el triunfo del neo liberalismo sobre la democracia.

 

 

La pandemia y el imperio de las finanzas

La economía neoliberal de la financiarización fue un factor determinante en los resultados desastrosos alcanzados en el área de la salud de la potencia mundial, con las cifras más elevadas de contagios y muertes. En Estados Unidos, el “cuidado preferencial de la economía” fracasó en el campo de las finanzas y el trabajo: en el segundo trimestre del año registró una caída del 32,9% del PBI (respecto al mismo período de 2019), lleva más de 45 millones de personas desocupadas y una alta proporción de la población debajo de la línea de la pobreza. Lo acaecido en ese país muestra con claridad el efecto negativo de las políticas generadas por el Banco Mundial en los servicios sanitarios, las que impactaron en el deterioro de su eficacia y provocaron una grave inequidad de acceso. En Latinoamérica, se desplegaron modelos imitativos al de Estados Unidos, que también se aprobaron en las Naciones Unidas. Es la prueba que demuestra que la financiarización no sólo invade las finanzas, sino que penetra en la salud, la educación y en todas las instituciones, mediante la acción y presión del Banco Mundial y el FMI, ya que sus políticas están coordinadas y comandadas desde el Tesoro norteamericano. Tampoco el BID excluyó del pregón las reformas de los sistemas sanitarios y otros que significaron un retroceso de la atención de los derechos económicos, sociales y culturales, violando el Pacto de la ONU que exige la progresividad en su cumplimiento.

En los ’90, la atención focalizada y la autogestión hospitalaria promovida desde los Estados condujeron a un progresivo desfinanciamiento de la salud pública con pérdidas de servicios indispensables y empobrecimiento de la calidad asistencial. Luego, hacia el año 2012, se incrementaron los sistemas de aseguramiento para las coberturas de salud y se creó un dispositivo con atractivo nombre: Cobertura Universal de Salud (CUS). Se desplegó el establecimiento de mercados plurales para regular la cobertura y el acceso médico, separando y acotando la función del Estado y permitiendo la intermediación financiera y la presencia de prestadores en asociaciones público privadas. Colombia fue el sitio de implantación inicial, seguido por Chile —que ya había producido cambios en el mismo sentido desde 1981 con el gobierno de Pinochet— y Perú. Argentina, inicialmente, si bien participó en las reuniones, no lo aplicó en la misma intensidad que los países mencionados.

Así, se fueron instalando progresivamente durante 20 años cambios tendientes a descentralizar el sistema sanitario con pérdida del papel del Estado Nacional y su transferencia a las provincias, así como crecientes y regresivas transformaciones promotoras de autogestión, tercerizaciones y seguros de salud. Las consecuencias fueron devastadoras: en la mayoría de los países se desfinanciaron los sistemas y servicios de salud pública, provocando su ineficacia, ineficiencia, deterioro y pérdida de capacidades colectivas para la población.

La Argentina recibió la llegada de la pandemia con una ventaja y una política pública de gran valor. Por un lado, el Covid-19 llegó con considerable retraso, lo cual permitió tomar muchas medidas basadas en las experiencias vividas en el Hemisferio Norte y, por otro lado, la invasión de la peste ocurrió con un gobierno nacional y popular recientemente ganador de elecciones presidenciales, el cual decidió priorizar el cuidado de la salud y salvar al mayor número posible de ciudadanas y ciudadanos ante la fuerte letalidad que el virus mostró en todo el planeta.

Los impactos del coronavirus no fueron iguales en todo el mundo. Aquellos países, aun los más desarrollados de Europa, con servicios muy deteriorados por las políticas neoliberales enunciadas, afrontaron impactos disímiles, según hayan implementado medidas de distanciamiento, cuarentenas, suspensión de clases en forma precoz, privilegiándolas a la preservación de las rentas y ganancias de los monopolios, o si, su comportamiento priorizó la continuidad de la actividad económica y sólo tomaron medidas cuando el número de fallecidos ya era enorme. En América del Sur sucedió algo similar, los países del Pacífico (Colombia, Perú, Ecuador y Chile) optaron por una conjeturada priorización del funcionamiento de la economía, cuidando los intereses de los grupos económicos concentrados, cuando debieron emplear las medidas preventivas — a excepción de Perú, que lo hizo desde el inicio, pero los resultados fueron igualmente desastrosos, probablemente por la precariedad de los servicios sociales y las condiciones de vida popular previas a la pandemia. Estos países presentan una dramática cantidad de fallecimientos y contagios, y sus economías entraron en crisis profundas. Brasil es un caso aparte, porque disponiendo de un sistema de salud público padece los resultados más negativos, a raíz de un gobierno que ignoró la peste y sacrificó vidas por cientos de miles para no lesionar en nivel alguno los beneficios de la burguesía brasileña, revelando la tragedia expuesta de una sociedad enferma de racismo, clasismo y sexismo.

Es evidente que la salud pública fue el primer blanco impactado mundialmente por el Covid-19. Pero es indiscutible que la patogenicidad del virus se complementó con políticas sanitarias y económicas antipopulares, mercantilizadas y debilitadas que desarticularon los servicios de salud y causaron un daño cuya envergadura nunca fue vista en los últimos 100 años.

 

 

La emergencia nacional

Vivimos una situación de emergencia nacional única en la historia del país. Mientras la pandemia avanza, una estructura de poder formada a lo largo de décadas de historia argentina intenta desestabilizar al gobierno surgido de las elecciones del 2019. Este tiene la legitimidad que le da el voto ciudadano para concretar un proyecto nacional y popular para poner fin al hambre, la exclusión y la fragmentación, reponiendo el objetivo de la igualdad como clave de su política. Una de las transformaciones centrales que se ha propuesto es llevar a cabo una reforma judicial que garantice el pleno funcionamiento del Estado de Derecho, sin privilegios y con justicia social, así como la ampliación y los cambios en la legislación que concurran a la construcción y vigencia de una sociedad humanista, solidaria e integrada en el marco de una república democrática, con plena participación popular, sólo posible con la reconquista y el alcance de una verdadera y definitiva independencia nacional.

La pandemia ha expuesto los niveles de desigualdad con los que convive la sociedad argentina y las severas consecuencias sociales que provoca la injusta concentración de la riqueza, dejando en evidencia la polarización extrema de ingresos, los elevados niveles de informalidad y precariedad, las necesidades insatisfechas de los barrios populares, la brecha inadmisible en las condiciones habitacionales y la inequidad en el acceso a una tecnología indispensable, que hoy debería ser masiva, pero permanece reservada a los sectores de ingresos medios y altos. Así, el virus desnuda el generalizado incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, consagrados por la Constitución Nacional que incluye el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, también, de los derechos incluidos en el artículo 14 bis.

El momento, extremadamente crítico, exhibe la desatención de los sectores vulnerabilizados por décadas de financiarización capitalista, llevada al límite por parte del último gobierno neoliberal. Su continuidad no se ha interrumpido en las cuestiones que decide el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni en otras comarcas gobernadas por Cambiemos, como la provincia de Jujuy, que ha desmanejado la pandemia en beneficio de una burguesía local de tradición represiva y explotadora, como lo son los Blaquier y el Ingenio Ledesma, mientras mantiene presa ilegalmente a la lideresa social Milagro Sala.

Nuestro país, y el mundo, necesitan un debate profundo orientado a discutir la función social de la propiedad privada y su carácter relativo, que combata el exceso de concentración de riqueza y que siente las bases de una sociedad emancipada, justa e igualitaria, desarrollando también formas de propiedad colectiva, cooperativa y comunitaria, entre ellas la de los pueblos originarios, que enriquezcan las opciones de vida económica a disposición para organizar la vida productiva. El reingreso del Estado en la vida económica, en la propiedad de recursos y empresas estratégicas, y en la prestación de servicios esenciales es urgente. Su rol en la pandemia fue determinante para contenerla, mientras el sector privado, aun el más poderoso, sólo reclamaba ayuda –oponiéndose a un imprescindible y justo impuesto a las grandes fortunas—, a veces, con el mezquino y avaro interés de no perder nada por parte de los que detentan miles de millones de dólares ahorrados en el país, o fugados en el exterior. Pero el debate no se agota abordando sólo la titularidad de la propiedad sino en la discusión que garantice la efectiva participación popular en su ejercicio y/o control.

Históricamente, los grupos de poder han condicionado a los gobiernos en democracia y han operado con tres pinzas: inflación, corridas cambiarias y fuga de capitales. Cuando no lo han podido lograr apelaron al golpe militar, al golpe “institucional” o al terrorismo de Estado. Esto ha sido permanente a lo largo de décadas y llega hasta el presente. Estos grupos económicos, extranjeros y nacionales no tienen raigambre ni sentido nacional, están ensamblados en un esquema de prebendas y regulaciones que les ha permitido sustituir inversiones por subsidios, obtener beneficios impositivos de todo tipo, remisión indiscriminada de ganancias, y si el panorama político local o internacional se complica, vaciamiento de empresas y fuga indiscriminada de capitales. El punto de referencia de estos grupos económicos concentrados ha sido, desde hace mucho tiempo, un puñado de grandes corporaciones multinacionales que dominan cadenas de valor global, en las que el país está insertado desde eslabones relativamente débiles, y el mercado financiero internacional, los grandes bancos y los fondos especulativos. Aliados a ellos, en un modelo de país reprimarizado, se confabulan ahora para profundizar un modelo elitista y dependiente, para beneficio de los grandes exportadores de granos y los grandes productores agropecuarios de la pampa húmeda a los que ahora intentan sumarse las grandes corporaciones privadas involucradas en la producción y exportación de gas y petróleo no convencional y convencional.

 

 

El odio ataca a la vida

Desde diciembre de 2019, este modelo neoliberal se ha activado para resistir cualquier intento del gobierno de cambiar el status quo.

En el ámbito de la economía, la política del gobierno ha sido atacada con presiones inflacionarias (especialmente en el rubro alimentos) a pesar de tarifas congeladas, control cambiario y salarios no recuperados. A esto se suma el bloqueo de la banca privada al otorgamiento de crédito al consumo y a las pymes, a pesar de los estímulos dados por el BCRA para reactivar la economía, y presiones que han promovido un arreglo de la deuda con los acreedores privados con la misma actitud genuflexa con que se les pagó a los buitres. El gobierno, sin embargo, resistió consiguiendo plazos y mejoras de tasas que le darán aire a su gestión. Con estas maniobras los grupos económicos más poderosos han intentado impedir que el gobierno ponga algún límite a su capacidad de formar precios y de apropiarse de mayores ingresos y rentas. También han tratado de impedir que el gobierno asumiera una actitud de firmeza frente al capital rentístico internacional. Próximamente, en la difícil negociación con el FMI, las presiones locales y extranjeras para imponer reformas previsionales y laborales que significarían más de siete décadas de retroceso social, deberán ser resistidas por el gobierno del Frente de Toda/os, que necesitará de la movilización popular masiva para imponer su convicción de progreso social, mientras también tendrá que sostenerse intransigente en su negativa a apretones fiscales que impedirían la mejora del gasto social, los salarios, el empleo y el nivel de actividad económica.

En lo judicialhan resistido los intentos de cambios, bloqueando información, cajoneando causas que puedan perjudicar al macrismo, enlazando estructuras paraestatales de persecución política e ideológica, imponiendo decisiones sobre los otros poderes del Estado impidiendo el ejercicio del gobierno, como la inaudita orden de una jueza de limitar una sesión del Senado y la impertinente medida de un juez desconociendo un DNU —es decir, un decreto del Poder Ejecutivo con rango y fuerza de Ley—, sin cuestionar su constitucionalidad, que disponía la intervención de Vicentin. El establishment obstruye, así, todo intento de reforma judicial, argumentando una supuesta impunidad de los sectores políticos que imprimen una amenaza a sus intereses.

En el ámbito de las comunicaciones, los medios concentrados distorsionan y ocultan información e invisibilizan la magnitud del deterioro social resultante de la gestión de Cambiemos. Continuando las operaciones periodísticas de la era de Macri, han fomentado el odio social hacia Cristina Fernández de Kirchner y el peronismo, y han hecho lo imposible por naturalizar la miseria heredada en el país. Las pocas manos que controlan los principales grupos de la comunicación privada comercial, hegemonizan la información mediática en un sistema de medios que, además de estar altamente concentrado, está profundamente mercantilizado, ya que las normativas de radiodifusión —con excepción del período kirchnerista, que establecía la posibilidad de un desarrollo equitativo entre el sector privado comercial, el sector privado sin fines de lucro y el Estado— privilegiaron el desarrollo del sector privado comercial, denostaron y desarmaron los medios públicos y favorecieron la extranjerización, desnacionalización y conformación de multimedios con base preeminentemente porteña.

En el ámbito políticodesde el mes de diciembre, el macrismo ha intentado bloquear prácticamente todas las iniciativas legislativas del gobierno de Alberto Fernández, pasando además a la “acción directa” al impulsar con “productores auto convocados”, y otros sectores de la población, a movilizaciones contrarias a los aumentos a las retenciones a las exportaciones agropecuarias, obstruyendo el intento oficial de intervenir a Vicentin y atacando las medidas de aislamiento que la pandemia impone.

Llegaron al extremo de utilizar la figura del Libertador José de San Martín, desvirtuando su ideario y su inquebrantable combate por la independencia nacional, valiéndose de un banderazo que apuntaba contra el pueblo y la Nación Argentina. No solo los próceres son enviados a la casa de remates donde sus frases son dadas vuelta y convertidas en su contrario. La libertad se pronuncia solo para perderla más fácilmente, el sentido libertario se esgrime para hacernos saber que debemos quedar en manos de los oligopolios y empresas que controlan nuestras comunicaciones, el llamado a proclamar que cualquier trabajo puede hacerse sin peligro participa del irresponsable cálculo del costo en vidas que está en manos de cualquier gerente de las grandes empresas, la postulación de valores primigenios como el trabajo se realiza en un vacío que ignora el contagio y manipula la justa ansiedad que tenemos por retomar actividades laborales productivas y creativas. Cuando escucharon decir primero la vida para recrear la economía, traducen como primero la economía para enseñar que es necesario seguir despreciando cuidados, protecciones y acompañamientos a los desprotegidos, que no son actos que se midan en el balance comercial. El afán de golpear en la oscuridad al gobierno democrático, pero usando palabras egregias aunque burdamente mezcladas con pensamientos delirantes, mesiánicos, mágicos y oscurantistas, no debe provocar la risa de los meramente racionalistas. Debemos responder con la razón, pero una razón sustantiva y crítica que, conociendo la historia, debe saber que en esos bocinazos de “rebeldía cheta” pueden esconderse los signos renovados de un intento severo por destruir las instituciones representativas tan trabajosamente recuperadas y defendidas por la mayoría democrática de la población. Que por eso mismo guarda en su corazón los deseos de grandes transformaciones en el país, que sabrá expresar en el momento oportuno. La amenaza tiene la gravedad que requiere la formulación y efectiva comunicación de un Proyecto, por parte del gobierno popular, destinado a movilizar la adhesión, el apoyo y la movilización que a la vez que fortalezca las definiciones y decisiones que desarmen las estructuras neoliberales heredadas, disipen esa intimidación.

Frente a esto, el Decreto de Necesidad y Urgencia sancionado por el Poder Ejecutivo que declaró servicio público y esencial a la telefonía móvil y fija, internet y la TV paga constituye un paso de gran importancia para contener la ofensiva de los poderes concentrados y avanza en el otorgamiento de más derechos a la ciudadanía al poner al alcance del conjunto de la población bienes y servicios que resultan esenciales a la vida humana. Muestra que el gobierno está dispuesto a utilizar los resortes del Estado e intervenir en los mercados monopólicos para regularlos, y reconoce que el acceso al internet y las telecomunicaciones son un derecho humano y por lo tanto accesible a toda la población.

Se aproximan meses difíciles para el gobierno, en los que se multiplicarán los esfuerzos del macrismo por trabar el funcionamiento del Congreso. Asimismo, la multiplicación de anuncios agoreros sobre anarquía, ríos de sangre y golpes de Estado no deben ser banalizados. Muestran que los grupos económicos concentrados, el macrismo y la mafia enquistada en las instituciones políticas y judiciales harán lo indecible para impedir las transformaciones significativas que se necesitan para encaminarnos hacia la inclusión social y la independencia nacional. Ante esto, el principal recurso que tiene el gobierno es la organización y movilización del pueblo y la participación de sus organizaciones. Esto otorgará legitimidad y fuerza al gobierno, no solo ante las negociaciones con el FMI sino también ante los poderes fácticos que intentan desestabilizarlo para reproducir la actual estructura de poder.

 

 

El acto cultural emancipado

Las maniobras mencionadas atacan a la línea de flotación del proyecto oficial que tiene por principales objetivos erradicar el hambre e incluir socialmente. Pero, así como en los planos desplegados, nos preguntamos también por la cuestión cultural. Su abordaje en materia de política pública no surge luego de consultar los demás aspectos determinantes, tanto económicos como sociales. Si no que está antes, durante y después de ellos, como figura silenciosa y rostro indeclarado del lenguaje público, íntimo o confesional. Pero como la cultura no es solo el subsuelo enraizado e impalpable en que vivimos, sino que se plasma en obras, precisa establecerse una relación de intercambio creativo con las instituciones del Estado.

Por eso son válidas las observaciones críticas que hoy se hacen, en torno de que, a pesar de las imposibilidades reinantes, a causa de una medida sanitaria global necesaria y sostenida en el “privilegio de la vida”, no se han encontrado vías más creativas para a su vez proceder a un “privilegio del acto cultural emancipado”. Llamamos así al que surge de un parpadeo donde en un momento es válido que el Estado lo contemple con su sostén, y en otro ocurre un emergente creativo de total autonomía donde la institución pública que fuese, aun considerándose sostén de cualquier actividad cultural, se exime de valerse de ella, como si refrendara tal o cual énfasis benevolente del Estado. Ante la obra, el Estado que puede haberla sostenido, calla, observa y aprende de lo que ella significa cuando va más allá de las costumbres, normas y lógicas establecidas.

La cuestión de las industrias culturales es un factor dominante en un panorama donde antes solo parecía existir el desafío de la vinculación entre intelectuales y la clase popular-nacional, en relación con qué recursos de la lengua van a ser empleados. No solo para la comunicación, sino para evitar un comunicacionismo abrumador que congela la lengua nacional en rituales y algoritmos inconscientes, cuyo control último pertenece a las fábricas mundiales de simbologías del entretenimiento, y cuya contracara son las nuevas formas de control social.

El viejo debate entre culturas populares y obras surgidas de los géneros artísticos firmadas por autores identificados por su alta sensibilidad hacia los secretos y peligros de la época se mantiene tímidamente, así como las opciones aparentemente contrarias de construcción de centros de cultura populares o la organización de espectáculos públicos masivos. No hay lugar en estas disyuntivas para que se acentúe una dimensión en detrimento de la otra. Pero tampoco se trata de buscar equilibrios a cargo de especialistas mediáticos sino de la multiplicidad de niveles en que se realiza la pertenencia entre la vida popular y las grandes obras de la cultura.

Más importante que continuar con esta polémica, es saber que todas las posibilidades culturales están inmersas en los flujos tumultuosos de la lengua nacional, cruzada por todas clases de intervenciones, ante las que ella reacciona y se reconstituye permanentemente. En este océano lingüístico actúan los grandes medios de comunicación masivos, produciendo un efecto de aplanamiento —como se ha dicho—, porque en ellos se actúa en general con un alto control de la inteligibilidad de los discursos, cualquiera sea la argumentación que se busque. En verdad, las argumentaciones ya pertenecen a un mundo anterior, que debe ser repuesto inteligentemente, pues su reemplazo por una semiología industrializada de gestos, escenografías, conflictos guionados y personajes que “estallan” ante los dichos de otro contrincante, llevan a toda una sociedad a abandonar progresivamente los instrumentos necesarios para la autorreflexión y la elaboración de espectadores libres, capaces de discernir una opción válida ante cualquier conflicto detectable como parte de un interés cultural surgido genuinamente y no por inducción del mercado de los llamados “consumos culturales”.

Como los mencionados consumos entran en un mercado discursivo, al que podríamos denominar mercado de entes y objetos simbólicos preconstituidos, se trata de que toda emisión de cultura pública, sobre todo en la televisión masiva, no siga un único canon disponible para la recepción de los discursos, con fuerte incautación de sentimientos primordiales del espectador, con la permanencia de la regla general de comprensión básica ya trazada para todas las audiencias por los “gerentes de contenido”, que actúan con leyes de oferta y demanda que de seguir vigentes con su característico absolutismo, nunca más habrá un Borges, un Jauretche, un Cortázar, un Marechal, un Ginastera o un Berni.

¿Una política cultural debe intervenir en estos aspectos de la redefinición de las acciones colectivas individuales en una democracia? La intervención estatal, en el aspecto de los canales públicos, debe realizarse sin afectar ninguna de las libertades clásicas de la información, el secreto de las fuentes y la autonomía en el uso de cualquiera de los parámetros de difusión, pero, en cambio, sí es necesario observar cómo dilema, debate y cuestión inmediatamente política, el momento en que los medios se transforman en grandes alianzas corporativas con intereses empresariales de gran escala, siendo precisamente los medios de comunicación una de esas escalas, en la medida que el mercado de los símbolos de consumo —fuertemente entrelazados con el consumo mismo—, hacen un solo bloque con las grandes empresas alimentarias, industriales y comunicacionales. Construyen en efecto un solo bloque productivo de usos inmediatistas del arte y la lengua, del entretenimiento sutil y las informaciones manipuladas, que falsifican tanto la comunicación como la reproducción de la vida. Por eso es tan necesario que los medios públicos se destinen a equilibrar estas desigualdades trágicas que producen los oligopolios culturales, lanzando desafíos dignos del gran arte popular y clásico.

 

 

Crear, debatir, construir

Existen distintos espacios, grupos, organizaciones, movimientos que hoy (como en las distintas etapas por las que atravesó nuestro país, la región y el mundo) discuten y se organizan en torno al momento actual y sus consecuencias. Existen ámbitos de encuentro por medios remotos para sortear las restricciones de la pandemia y hay valiosos escritos ya difundidos por varios colectivos. Pensamos que es importante la reflexión y la potencia de los esfuerzos que conjuntamente puedan articular pensamiento y acción, en un debate franco y en una discusión profunda. Como un aporte más, aquí caracterizamos, opinamos y nos pronunciamos sobre algunos problemas estructurales que encuadran la situación que hoy vivimos. Es una invitación para que en este momento que atravesamos, la reflexión y discusión sistemática permita crear, imaginar y construir un lugar de iguales donde vivir, sobre la base de los desafíos producidos por los cambios ocurridos en el mundo, y la forma en que estos afectan a nuestro país, tanto en el presente como en el mundo de la post pandemia que se avecina.

23Dic/190

DESDOLARIZAR PARA CRECER Y DISTRIBUIR

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Las retenciones son un instrumento efectivo para combatir la pobreza

 

Las graves condiciones en que la Alianza Cambiemos dejó a la economía nacional, tuvieron como causa fundamental el financiamiento con deuda externa del déficit fiscal y la liberalización del movimiento de capitales con el exterior. El crecimiento de la fuga de capitales y del endeudamiento externo, causados por la restauración de los pilares de un régimen de valorización financiera culminaron con el inédito e irregular endeudamiento con el FMI.

El gobierno popular del Frente de Todos asumió con la urgente necesidad de resolver una deuda con una estructura de obligaciones imposible de ser abordada y con vencimientos inminentes sin los recursos para afrontarlos. Un endeudamiento que se componía de compromisos con acreedores privados, pero combinada con un peso elevado de la asumida con el FMI.

Este modelo de financiarización, produjo desindustrialización, reprimarización, recesión, desigualdad y crecimiento de la pobreza y la indigencia.

A la semana de asumir el presidente Alberto Fernández envió un proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, con medidas destinadas a atender la emergencia, muchas de las cuales conllevan el objetivo de establecer condiciones para un proyecto centrado en la reindustrialización y en la desarticulación de las lógicas neoliberales.

La actualización de los niveles de las retenciones, pero en la forma de una tasa sobre el nivel exportado, y no como monto fijo por dólar cobrado, establece  tipos de cambio diferenciales con proporciones estables entre el sector de mayor productividad de la economía argentina y el más inmaduro. La diferencia entre la nueva modalidad y la previa, facilita que los derechos de exportación adquieran más que un carácter temporal, uno de tipo estructural, lo que se constituye en una de las claves fundamentales para el desarrollo del país. Nuevamente cabe destacar la triple virtud de las retenciones. Diferenciando tipos de cambio son un instrumento que favorece una estrategia de diversificación de exportaciones, necesario para el crecimiento de éstas e indispensable para una meta que se proponga morigerar y superar la restricción externa de la economía argentina. A su vez, al disminuir el precio efectivo en pesos percibido por los exportadores del sector más competitivo que exportan bienes salarios, y/o al de otros sobre los que tienen un peso decisivo en su conformación, inducen a una reducción de los precios relativos de los alimentos. Las retenciones son, entonces, un instrumento efectivo para combatir la pobreza. En tercera instancia, tienen un impacto fiscal considerable, siendo fundamentales para afrontar el nivel crítico de déficit que dejó el gobierno de Cambiemos, ocultado por el engañoso discurso de sus funcionarios, y los del FMI, que citan los niveles del déficit primario, cuando la condición de las cuentas presupuestarias es reflejada por el déficit que incluye las obligaciones financieras. La fijación de derechos de exportación de la soja en el orden del 30%, y su posibilidad de extensión a 33%, le dan adecuada potencia a los objetivos perseguidos por la adopción de este instrumento de política económica. Adoptando las clásicas y solventes reflexiones de Marcelo Diamand, los derechos de exportación requieren ser adoptados como una herramienta permanente de un proyecto de desarrollo nacional. Urgentes para la actual emergencia, son imprescindibles para un cambio estructural. Otro argumento favorable para las retenciones es comentado por Amico en La política fiscal en el enfoque de Haavelmo y Kalecki,(dt 51 del CEFID-AR): “la recaudación de impuestos a las exportaciones implica un efecto contractivo sobre la propensión a gastar de los exportadores, pero ésta es, sin embargo, mucho menor a la propensión a gastar del Estado. En otras palabras, el efecto contractivo de los impuestos a las exportaciones es sustancialmente menor que el efecto expansivo del gasto de gobierno.” Si esa recaudación, además, se utiliza en financiar transferencias a los sectores de menores ingresos con necesidades impostergables, y por lo tanto con elevada propensión a consumir, el nivel de actividad tiende a crecer y a generar endógenamente un crecimiento de la recaudación tributaria, construyéndose una lógica fiscal virtuosa. Siendo que los impuestos se recaudan en moneda local, por imposición del Estado, el aumento de recaudación generada por esa lógica, deviene en una mayor demanda de dinero que deberá ser atendida por una emisión de moneda que los empresarios requerirán para afrontar sus obligaciones.

El impuesto a la compra de dólares tanto para la tenencia como para turismo al exterior, incluyendo los gastos realizados en dólares con tarjeta de crédito, es una medida virtuosa y que resulta consistente con la implementación de los derechos de exportación. Tiene una triple función también. Establece un tipo de cambio diferencial que desestimula el turismo al exterior y por lo tanto es ahorradora de divisas atacando el problema de la restricción externa. En segundo término, aumenta los recursos tributarios que aportan a construir un mayor espacio fiscal, sobre la base de los viajes al exterior que persistan a pesar de su encarecimiento en pesos. En tercer lugar, promueve la sustitución del turismo al exterior por el interior, desarrollando esa actividad que impacta en la recuperación económica y en la mejora del nivel de actividad, mientras también aporta al desarrollo de economías regionales. La significativa  tasa del 30% resulta necesaria para completar una estructura adecuada de precios diferenciales para las divisas. La compra de dólares está acotada por la vigencia de las actuales regulaciones a un máximo de 200 dólares mensuales. La regulación y límites a los movimientos de capitales y a las operaciones en el mercado de cambios, han permitido una disminución sustantiva de la fuga de capitales, exhibiendo la conveniencia de que no sólo adopte el carácter de una emergencia, sino que quede constituida en un elemento fundamental del proyecto de carácter productivo que sustituya el de valorización financiera.

Como cuarta medida de este conjunto dispositivo que se ha enunciado, se ha dispuesto la desgravación del impuesto a la renta financiera, de los depósitos en pesos en el sistema financiero nacional, lo que apunta a la desdolarización de la economía. Esta desdolarización es un objetivo clave para alejar los problemas de la restricción externa, para la que son necesarios tanto incentivos, como las regulaciones e intervenciones públicas. Las retenciones, el impuesto a la compra de divisas, las regulaciones al movimiento de capitales y cambiarias, como esta diferenciación tributaria entre depósitos en pesos respecto a los efectuados en divisas, contribuyen a construir un sendero de desdolarización. La vigencia de la obligación de liquidar las divisas de exportaciones con plazo adecuado y definido, ausente en la mayor parte del tercer gobierno neoliberal, tiene el mismo sentido. Otras medidas e incentivos de carácter interno deberán reforzar la búsqueda de la consecución de esa meta estratégica.

El aumento de la alícuota del impuesto sobre los bienes personales tiene el objetivo de mejorar el resultado presupuestario a través de una mayor imposición, con la característica de cumplir también con metas redistributivas, ya que este tributo es de una clara factura de redistribución progresiva. No es secundaria la facultad, que el proyecto establece, de aplicar hasta el doble de la tasa a los activos en el exterior, que persigue evitar la fuga de capitales.

Se ha dispuesto también el otorgamiento de un bono para diciembre y enero para los jubilados de menores ingresos, que en la práctica eleva el monto del mínimo para esos meses a más de $ 19.000. El ajuste de las jubilaciones del mes de diciembre se pagó de acuerdo a la legislación vigente. A partir del primer semestre se resolvió suspender el régimen de ajuste vigente y se dispuso un plazo de un semestre para la elaboración de un nuevo régimen de ajuste. Mientras rija esta transición el PE dispondrá aumentos por decreto que en los niveles inferiores apunta a ser mayores que la inflación. El régimen de ajuste actual fue concebido por el macrismo para reducir el ingreso de los jubilados, y comenzar el avance hacia un régimen de jubilación privada o mixto que anule o debilite el régimen de reparto. La erosión de los regímenes de reparto contribuye a la financiarización de la economía. El deterioro que el manejo de la lógica de endeudamiento y fuga produjo en Argentina, provocó un deterioro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuya activos se encuentran concentrados en títulos públicos afectados por la iliquidez e insolvencia en los pagos externos que dejó el gobierno de Cambiemos.

Por lo tanto, el objetivo central del gobierno popular que tiene un programa contrario a una reforma que modifique el carácter estructural del régimen previsional, es garantizar la permanencia del régimen de reparto y evitar su cambio por uno de capitalización o su mixtura con uno de este carácter. Esta es una cuestión central en términos de entender la importancia que tiene la recuperación de la sustentabilidad del sistema. A esto apunta el dispositivo de emergencia adoptado. La vigencia de un régimen de reparto público es clave para el desmonte del régimen de valorización financiera. Esto es fundamental, y es el centro de las medidas tomadas, cuidando los ingresos de los sectores con jubilaciones más bajas. En términos de los debates controversiales con relación al período de transición, resulta imperioso atender las necesidades de los sectores de menores remuneraciones por su situación de emergencia. Siendo la lógica de la medida esta emergencia y no el ajuste, son injustificadas las dudas respecto a que al final del período de regularización, los recursos globales destinados a atender las jubilaciones – o sea, el monto destinado globalmente a la atención de éstas-, será igual o mayor en términos reales al vigente al 31 de diciembre. El achatamiento de la pirámide es un objetivo de justicia necesaria ya que la estructura de 1 a 7 entre la jubilación máxima y mínima no responde a los criterios de solidaridad de un régimen de reparto, pero el sustento fundamental del achatamiento debería fundarse en el crecimiento de las jubilaciones inferiores, apuntando a conservar una tasa de sustitución (percepción del jubilado en relación a su sueldo cuando se encontraba activo) adecuada en toda la escala. Lo urgente y primordial  es recuperar la solvencia intertemporal del régimen de reparto mediante una gestión adecuada de los activos del FGS.

Una medida desdolarizadora clave es la suspensión de los ajustes tarifarios y el comienzo de la reestructuración de los criterios para su conformación. Los estudios académicos demuestran la alta sensibilidad del presupuesto de las familias de menores ingresos a los niveles tarifarios, como así también la del nivel de actividad económica frente a la misma variable. En  Fiscalidad y Equidad en Argentina: un enfoque de equilibrio general” (dt 47 CEFID-AR), Ramos y Serino -coordinados por Gaggero- sostienen que “es importante señalar que una reforma que incluya la eliminación de subsidios  a los combustibles y el transporte puede afectar la dinámica macroeconómica , por la vía de su incidencia sobre los precios, el consumo privado y el empleo, principalmente de empleados asalariados”. Esta conclusión del año 2012 se verificó en la práctica con el fuerte impacto regresivo socialmente y contractivo de la economía que se verificó con la política tarifaria y de eliminación de subsidios del macrismo. El inicio de su revisión recorrerá, con seguridad, un camino inverso.

El aumento de los impuestos dispuesto por el conjunto de medidas de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, en tanto sean volcados a atender las necesidades de los sectores de menores recursos, proveerán a la expansión de la economía. Siendo los impuestos de carácter progresivo, los sectores que tributan tienen una propensión marginal a consumir marcadamente inferior a los que recibirán las transferencias para gastar, siendo esta la condición expansiva de un régimen de gastos financiados con impuestos.

El argumento que adjudica a los impuestos un carácter contractivo y entiende su eliminación como expansiva es erróneo. Esa corriente del pensamiento económico (el ofertismo) es promotora de una distribución regresiva del ingreso, como prueban las experiencias que han adoptado sus recetas. En realidad, la recaudación en impuestos progresivos, las retenciones, el impuesto a la compra de dólares o el de bienes personales retiran recursos de sectores con altos ingresos que si se revierten en gasto social a los deciles más populares devienen en un impulso del nivel de actividad. También es inexacto que la reducción de la tasa de ganancia se traduce en disminuciones de la inversión. La existencia de ganancia es una condición necesaria para la inversión, pero el nivel de ésta depende de la demanda y no de esa tasa de ganancia. Por lo tanto, los impuestos progresivos son reactivadores y no depresores de la producción. Crecimiento y distribución van articulados con ese tipo de articulación y conceptualización de la estructura tributaria. Sentido que impregna la ley en tratamiento actual por el Congreso.

 

 

Profesor de la UBA , ex director del CEFID-AR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  1. Luis Juan Dice

    Estimado Guillermo:
    Excelente análisis.
    Parafraseando la canción “tratando de crecer”: desdolarizar y desmonopolizar… es la tarea, es la tarea.
    Si me permite, una digresión.
    Resulta sumamente interesante el análisis de lo sucedido en Bolivia a partir de la asunción de Evo Morales, por lo que significó dicho período para el bienestar de las inmensas mayorías. Algo que el Imperio, por el éxito obtenido, no podía permitir que se extendiera como modelo de referencia, más allá de la cuestión central respecto del control de los recursos naturales, en todo su patio trasero: América para los americanos, es decir, ellos.
    En una entrevista de La Jornada de México a García Linera en febrero/2012, se le pregunta respecto de los 6 años que llevaban gobernando Bolivia. Transcribo algunos párrafos:
    “La descolonización es un proceso de desmontamiento de las estructuras institucionales, sociales culturales y simbólicas que subsumen la acción cotidiana de los pueblos a los intereses, a las jerarquías y a las narrativas impuestas por poderes territoriales externos. La colonialidad es una relación de dominación territorial que se impone a la fuerza y con el tiempo se “naturaliza” inscribiendo la dominación en los comportamientos “normales”, en las rutinas diarias, en las percepciones mundanas de los propios pueblos dominados. Por tanto desmontar esa maquinaria de dominación requiere mucho tiempo. En particular el tiempo que se necesita para modificar la dominación convertida en sentido común, en hábito cultural de las personas. En Bolivia, el hecho fundamental que hemos vivido ha sido que aquellas personas, mayoría demográfica antes y hoy, los indígenas, los indios, a quienes la brutalidad de la invasión y los sedimentos centenarios de la dominación habían establecido en el propio sentido común de las clases dominantes y las clases dominadas, que estaban predestinados a ser campesinos, obreros de bajo oficio, artesanos informales, porteros o meseros, hoy son ministros y ministras, diputados, senadores, directores de empresas públicas, redactores de constituciones, máximos magistrados de la justicia, gobernadores; presidente.”
    “Y no solo eso: las formas organizativas comunales, agrarias, sindicales del movimiento indígena contemporáneo, con sus formas de deliberación asambleistica, de rotación tradicional de cargos, en algunos casos, de control común de medios de producción, son hoy los centros de decisión de la política y buena parte de la economía en Bolivia. Hoy, para influir en los presupuestos del Estado, para saber la agenda gubernamental no sirve de nada codearse con altos funcionarios del Fondo Monetario, del BID, de la Embajada norteamericana o europeas. Hoy los circuitos del poder estatal pasan por los debates y decisiones de las asambleas indígenas, obreras y barriales. Los sujetos de la política y la institucionalidad real del poder se ha trasladado al ámbito plebeyo e indígena. Los llamados anteriormente “escenarios de conflicto” como sindicatos y comunidades, hoy son los espacios del poder factico del Estado. Y los anteriormente condenados a la subalternidad silenciosa, hoy son los sujetos decisores de la trama política.”
    “Este hecho de la apertura del horizonte de posibilidad histórica de los indígenas, de poder ser agricultores, obreros, albañiles, empleadas pero también cancilleres, senadores, ministras o jueces supremos, es la mayor revolución social e igualitaria acontecida en Bolivia desde su fundación.”Indios en el poder”, es la frase seca y despectiva con la que las señoriales clases dominantes desplazadas anuncian la hecatombe de estos 6 años.”
    “Como caracterizar el modelo económico puesto en marcha?. Básicamente postneoliberal y de transición postcapitalista. Se ha recuperado el control de los recursos naturales que estaban en manos extranjeras, para colocarlas en manos del Estado dirigido por el movimiento indígena (gas, petróleo, parte de los minerales, agua, energía eléctrica); en tanto que otros recursos como la tierra fiscal, el latifundio y los bosques ha pasado a control de comunidades y pueblos indigeno-campesinos.”
    “Hoy el Estado es el principal generador de riqueza del país y esa riqueza no es valorizada como capital (“valor que se autovaloriza” Marx); es redistribuida en la sociedad a través de bonos, rentas y beneficios sociales directos de la población, además del congelamiento de las tarifas de los servicios básicos, los combustibles y la subvención de la producción agraria. Intenta priorizar la riqueza como valor de uso, por encima del valor de cambio. En ese sentido, el Estado no se comporta como un “capitalista colectivo” propio del Capitalismo de Estado, sino como un redistribuidor de riquezas colectivas entre las clases laboriosas y en un potenciador de las capacidades materiales, técnicas y asociativas de los modos de producción campesinos, comunitarios y artesanales urbanos. En esta expansión de lo comunitario agrario y urbano, depositamos nuestra esperanza de transitar por el postcapitalismo, sabiendo que también esa es una obra universal y no de un solo país.”
    “…¿Hay un papel activo de Washington para sabotear la transformación boliviana en curso?”, pregunta Luis Hernández Navarro -el entrevistador-.
    “El gobierno norteamericano nunca ha aceptado con las naciones latinoamericanas puedan definir su destino porque siempre ha considerado que formamos parte del área de influencia política para su seguridad territorial, y somos su centro de acopio de riquezas, naturales y sociales. Cualquier disidencia a este enfoque colonial, coloca a la nación insurgente, en la mira de ataque. La soberanía de los pueblos es el enemigo número uno de la política norteamericana. Eso ha pasado con Bolivia en estos 6 años. Nosotros no tenemos nada contra el gobierno norteamericano ni contra el pueblo norteamericano. Pero no aceptamos que nadie, absolutamente nadie de afuera nos tenga que venir a decir lo que tenemos que hacer, decir o pensar. Y cuando como gobierno de movimientos sociales comenzamos a sentar las bases materiales de la soberanía estatal al nacionalizar el gas; cuando rompimos con la vergonzante influencia de las embajadas en las decisiones ministeriales; cuando definimos una política de cohesión nacional enfrentando abiertamente las tendencias separatistas latentes en oligarquías regionales, la embajada norteamericana no solo apoyo financieramente a las fuerzas conservadoras, sino que las organizo y dirigió políticamente, en una brutal injerencia en asuntos internos. Eso nos obligo a expulsar al embajador norteamericano y luego a la DEA. Desde entonces los mecanismos de conspiración se han vuelto más sofisticados: se usan oeneges, se infiltran a través de terceros en las organizaciones indígenas, dividen y proyectan liderazgos paralelos en el campo popular, como quedo recientemente demostrado mediante el flujo de llamadas desde la propia embajada a algunos dirigentes indígenas de la marcha del TIPNIS, el año pasado.”
    “En todo caso, nosotros buscamos relaciones diplomáticas respetuosas, pero también estamos atentos a repeler las intervenciones extranjeras de “alta” o “baja” intensidad.”
    “…Se ha dicho que Bolivia sigue siendo un abastecedor de materias primas en el mercado internacional y que el modelo de desarrollo en práctica (que algunos analistas han calificado como extractivista) no cuestiona este papel. ¿Es esto cierto? ¿Se trata de una fase transitoria de acumulación que se acompaña de una redistribución de la renta?” (pregunta el periodista)
    “Ni el extractivismo ni el no-extractivismo, ni el industrialismo son una vacuna contra la injusticia, la explotación y la desigualdad. En si mismos, no son ni modos de producir ni modos gestionar la riqueza. Son sistemas técnicos de procesar la naturaleza mediante el trabajo. Y dependiendo de cómo se use esos sistemas técnicos, de cómo se gestione la riqueza así producida, se podrá tener regímenes económicos con mayor o menor justicia, con explotación o son explotación del trabajo.”
    “Los críticos del extractivismo confunden el sistema técnico con el modo de producción, y sobre esa confusión asocian extractivismo con capitalismo, olvidando que hay sociedades no-extractivistas, bajo la forma de industriales, plenamente capitalistas. Puede haber sociedades extractivistas capitalistas, como no capitalistas, pre capitalistas, post capitalistas. E igual, puede haber sociedades no extractivistas capitalistas, no capitalistas, post-capitalistas.”
    “El extractivismo no es un destino; puede ser un punto de partida para su superación. Ciertamente en el extractivismo se condensa toda una distribución territorial de la división del trabajo mundial, distribución colonial. Pero para romper esa subordinación colonial no es suficiente llenarse la boca de injurias contra el extractivismo, dejar de producir y hundir en mayor miseria al pueblo, para que luego regrese la derecha y mediante el extractivismo satisfaga parcialmente las necesidades básicas de la población. Esta es precisamente la trampa conservadora de los críticos del extractivismo. En su liturgia conservacionista, mutilan a las fuerzas revolucionarias y a los gobiernos revolucionarios de los medios materiales para satisfacer las necesidades de la población, para generar riqueza y distribuirla con justicia, y crear sobre ello una nueva base material no extractivista que preserve y amplié los beneficios de la población laboriosa.”
    “Como toda emancipación, la emancipación del extractivismo tiene que partir de el pues es el único medio técnico que se dispone hoy, ahora; para con ello distribuir la riqueza material pero de otra manera a la precedente. De esta manera, inicialmente se satisfacer necesidades urgentes de la población, se elevan los beneficios sociales de las clases laboriosas y se crean las condiciones culturales, educativas y materiales para construir una nuevo soporte tecnológico de producción de la riqueza no extractivista. No es un proceso simple; requiere años, tal vez décadas. Lo importante es reorientar el sentido de la producción, sin olvidar sin embargo que hoy hay que satisfacer también las necesidades básicas apremiantes que precisamente han llevado a la población a asumir la construcción del poder del Estado. Eso es lo que estamos haciendo en Bolivia.

20Jul/190

Perspectiva del conflicto China-Estados Unidos

Publicado por admin

Jorge Molinero * (Especial para sitio IADE-RE) | "Si China logra superar al menos tres décadas sin una guerra importante o bloqueos de insumos críticos, podrá lograr la paridad tecnológica y la capacidad militar que le garantice un futuro no subordinado”.

En marzo de 2018 Donald Trump anunció un unilateral incremento de los aranceles de importación de acero (25 %) y aluminio (10 %) para todo el mundo, aduciendo un tema de seguridad nacional. En realidad, la medida estaba dirigida básicamente contra China. Países como la Argentina y Brasil fueron de los primeros eximidos de tales aranceles y acuerdos posteriores liberaron a la mayoría de los países. China contraatacó anunciando aranceles a productos estadounidenses.

A partir de esos anuncios -no implementados hasta la fecha- comenzó el minué interminable de las amenazas recíprocas y las negociaciones para evitar lo que formalmente está caratulado como una guerra comercial. El 2018 terminó con un incremento del comercio mundial, incluidos incrementos en las exportaciones de EUA y China, pero la desaceleración de su crecimiento se ha visto en los últimos meses, aun sin la vigencia de las sanciones recíprocas.

Al momento actual (fines de febrero de 2019) existen febriles negociaciones -pactadas en diciembre en la reunión entre Trump y Xi durante la Cumbre del G 20 en Buenos Aires- para lograr acuerdos antes de la fecha tope del 1º de marzo.

Nosotros alertábamos el año pasado[1] que el conflicto excedía largamente los motivos comerciales (prácticas desleales con precios, copia de patentes, transferencia forzada de tecnología, etc.) aducidos por Estados Unidos. Al motivo original declarado de la seguridad nacional se le fueron agregando sectores y complejidades que superan ampliamente los planteos originales, develando el verdadero sentido de la disputa.

En los últimos años han proliferado los trabajos sobre el desarrollo de China y específicamente sobre la disputa con los Estados Unidos. En nuestro país hay excelentes artículos que han profundizado el tema, destacándose los de Enrique Arceo[2] y Gabriel Merino[3]. El presente escrito es un anticipo -focalizado en algunos puntos- de un trabajo más extenso que se publicará en la revista Realidad Económica en los próximos meses.[4]

Los orígenes de la verdadera disputa

Cuando se disolvió la Unión Soviética y el campo socialista (fin de 1991), los intelectuales orgánicos del sistema anunciaron “el fin de la historia” (Francis Fukuyama) y se profundizaron las políticas neoliberales que habían comenzado una década atrás con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. El capital financiero[5] había vuelto a la indisputada hegemonía de las distintas fracciones del capital tras el largo interregno del New Deal y el Estado de Bienestar de la posguerra. De allí en más tenemos en el nivel mundial el capitalismo “normal”, prácticamente sin regulaciones financieras o de otro tipo, sin los temores de una revolución social que cambie la hegemonía de clase, volviendo a actuar como antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. En el nivel político y militar, desde 1945 la hegemonía de los Estados Unidos, la super potencia imperial, y en el nivel económico la hegemonía del capital financiero sobre las demás fracciones del capital y sobre las clases asalariadas. 

Previamente a ello se habían cimentado los cambios políticos en China que cambiarían el curso de su historia -y la de muchos otros- con resultados que fueron más allá de las expectativas de sus impulsores originales.

A partir de los acuerdos entre Mao Tse-tung y Nixon-Kissinger en 1972 comenzó el acercamiento de sus países basados sobre el antisovietismo de ambas partes. Tras la muerte de Mao en 1976, asume el liderazgo Deng Tsiao-ping en 1978, desarrollando la política de “modernización” con una creciente participación de las empresas privadas. La apertura del mercado estadounidense a las exportaciones baratas de China tuvo las consecuencias esperadas por Kissinger y la clase dirigente de EUA: aislar a la Unión Soviética de China, introducir el capitalismo en este país y utilizar la baratura de los bienes producidos en el mismo para morigerar las demandas de los trabajadores en Occidente. Este proceso se logró de varias maneras, desde la producción por empresas chinas bajo especificaciones de las empresas estadounidenses, hasta la producción de empresas internacionales en China, sean estas de EUA o de otros orígenes.

Luego de la disolución de la Unión Soviética y la desaparición del campo socialista parecía que lo único que debía hacer el capital era fijar  las “reglas de la gobernanza” en el nivel mundial por medio de las instituciones supranacionales creadas al efecto (ONU, BM, FMI, OMC, CIADI y otros organismos bajo su control): libre tránsito de mercancías con la reducción progresiva y acelerada de las tarifas arancelarias, la eliminación de limitaciones al ingreso y salida del capital internacional, arreglos internacionales de disputas, reconocimiento amplio a derechos de propiedad intelectual (patentes), etc., todo bajo la supervisión “benévola” de las fuerzas de la ley y el orden mundial. El super imperialismo soñado por Karl Kautsky allá por 1914. El triunfo arrollador del capitalismo en esos años fue desmantelando no sólo las estructuras de propiedad estatal en los ex países socialistas sino la intervención del Estado en defensa de las clases trabajadoras en los países capitalistas, con retrocesos en muchos de los derechos que se habían logrado en la época de las políticas keynesianas conscientes (posguerra) o intuitivas (New Deal).

La libre movilidad de las mercancías y capitales que pregona el neoliberalismo le permitiría controlar el incremento de los salarios reales en el centro con la competencia de las importaciones de países con mano de obra barata. Ese cambio de política económica necesitó del desarrollo de determinadas fuerzas productivas que lo facilitaran y aceleraran, y ello vino de la mano de los cambios en el transporte marítimo, y el desarrollo de la informática y las comunicaciones electrónicas.

Los barcos superportacontenedores son capaces de desplazar mercaderías en una escala muy superior a la que se lograba hace sesenta años. Al momento del invento del contenedor por Malcom Mc Lean en 1956 los primeros buques portacontenedores llegaron a transportar 500 a 800 TEU[6] y al momento actual llegan a los 18.000 TEU (Triple E). Las exportaciones de mercaderías pasaron de USD 316.900 millones en 1970 a USD 17.706.706 millones en 2017, 55 veces más grande en dólares corrientes, lo que a dólares constantes sería alrededor de 10 veces más importante.

El avance de la computación ha superado en muchos grados de magnitud el salto fenomenal del transporte, lo que unido a los avances en la comunicación (Internet, telefonía celular internacional, transporte de datos por las redes, etc.) termina por configurar el soporte material para los cambios económicos que el neoliberalismo pudo implementar en el mundo desde los ochenta.

Eran necesarias nuevas factorías que bombardearan los salarios altos de los países desarrollados con mercancías baratas en una dimensión muy superior a la conocida hasta entonces. Ese proceso estaba en marcha y provenía del lejano Oriente.

En este esquema todo era ganancia para el capital de los países centrales, pero en un momento comenzaron los temores de que China no ocupase el lugar que se le había asignado en el “concierto internacional”, pretendiendo tocar trompeta cuando le habían asignado “con-trabajo”. En la segunda mitad de la primera década del siglo XXI comienzan las voces de alarma en EUA sobre el avance de China, en la época de Hu Jintao, bastante antes de que Xi Jinping asumiera el liderazgo del Estado, el Partido y el Comité Militar en marzo de 2013.

El caso de Shenzhen y Zhongguancun, el Silicon Valley chino

Cuando Bill Gates fundó Microsoft (1975) la China de Mao se estaba sacudiendo las consecuencias de la Revolución Cultural. Cuando Sergei Brin y Larry Page fundan Google en 1998, apenas el 0,2 % de los chinos estaban conectados a Internet, contra el 30 % de los estadounidenses. Pero en estos últimos 20 años, en el segmento de la computación y las comunicaciones China se calzó las botas de siete leguas y la distancia se ha acortado increíblemente, y en algunos sectores ya ostentan la delantera. Al momento actual los internautas chinos triplican a los de Estados Unidos y el nivel        e-compras más que duplica al de este país. China dispone así de una masa crítica de datos (Big Data) que le permite encontrar soluciones informáticas más eficientes que a otros actores. Es de hacer notar que los desarrollos de punta en comunicación-computación están indisolublemente unidos a las ventajas en el sector militar. Los microchips más avanzados, los algoritmos más sofisticados, siempre tienen la posibilidad dual con determinadas modificaciones, de su utilización civil o militar. Los grandes titulares de la disputa iniciada en marzo de 2018 hoy los acapara Huawei, no los gigantes tradicionales del acero, el aluminio o el petróleo, aparentemente más ligados a la seguridad nacional.

Las principales empresas de Silicon Valley fracasaron en China (eBay, Google, Airbnb, Uber, Amazon y otras). No fue la intervención del Estado chino quien dificultó su expansión, opinión dominante en los estadounidenses.  El desplazamiento de sus empresas estuvo basado en la capacidad de adaptación de las empresas chinas a las necesidades propias de su mercado, en vez de aceptar los “paquetes cerrados” de EUA, pensados para su propio mercado y su propia cultura.

Los monstruos sagrados de Silicon Valley fueron derrotados por Alibaba, Baidu, Tencent, Didi, Meituan, Dianping, Nuomi y la discutida Huawei, hoy en el ojo de la tormenta, entre otros. Son todas empresas privadas que crecieron y se expandieron fuertemente aprovechando la sinergia entre el avance del software, con una alta concentración en Zhongguancun (“yong-guan-sun”) uno de los distritos de la norteña ciudad de Pekin, y el hardware, con las fábricas más competitivas del mundo en Shenzhen, provincia de Guandong (Cantón), al sur de China. Los avances en Inteligencia Artificial (AI por sus siglas en inglés) y robotización están emparejando y hasta superando la tecnología de Estados Unidos en varios de subsectores de este campo. El crecimiento de nuevas empresas (start-up) ha sido meteórico en ambas localidades. El nivel de competencia no pide ni da cuartel, haciendo empalidecer las reglas de la competencia del Silicon Valley.

Zhongguancun recibió el impulso de la promoción del Estado en la presente década, con la paciente y continua labor de Guo Hong, el funcionario que diseñó e implementó la “calle de la informática” y otorga las ayudas iniciales a los muchísimos emprendedores que se aventuran al horizonte sin límites que es el software de aplicaciones comerciales. [7] Los éxitos han sido resonantes.

Shenzhen es una ciudad de 12 millones de habitantes, en el delta del Río de las Perlas, cuando hace cuarenta años no era más que la colección de pequeños pueblos agrarios. Es la sede de muchas de las empresas de informática y comunicación que han transformado a esa ciudad en la más importante productora del mundo en este sector (40 % del total, según New York Times). Es quizá la mayor concentración de trabajadores industriales del planeta. En ella se producen las más afamadas marcas, desde Apple hasta Huawei, dos modelos diferentes de negocio.

Apple es una empresa estadounidense, que desarrolló toda su tecnología en el Silicon  Valley y contrata la producción de sus teléfonos y computadoras en Shenzhen con la empresa FoxConn, subsidiaria de la taiwanesa Hon Hai Precision Industries, que en 2010 llegó a contar con 430.000 personas[8], mientras que Huawei es una empresa privada china, líder mundial en el desarrollo y producción de tecnologías de comunicación e información y la tercera empresa de telefonía inteligente, detrás de Samsung (coreana) y Apple. Todas producen en Shenzhen.

La principal diferencia es que el desarrollo de Huawei se piensa y hace en China, resultado del vibrante intercambio y retroalimentación permanente entre los distritos software y hardware del país. La incorporación masiva de profesionales especializados a Huawei es la base de su éxito comercial mundial. Han demostrado un alto grado de refinamiento con el avanzado desarrollo de la quinta generación de teléfonos inteligentes (5G), tiene 180.000 empleados, 36 centros de innovación y 14 centros de Investigación y Desarrollo. Son sus profesionales parte de esa masa crítica, junto a los millones de campesinos devenidos obreros industriales, que puede revertir la delantera tecnológica americana e implementarla en productos accesibles a escala planetaria.

Esa masa creciente de profesionales, tanto en software como en la implementación productiva y distributiva, son el yacimiento vibrante y fuertemente competitivo que también abastece las demandas de desarrollos en el área de defensa y militar. El caso del ataque de EUA a Huawei es paradigmático, acusado de robar desarrollos estadounidenses, obligar a transferencias de tecnología para acceder como proveedor de la empresa china y acusándolos que el software de sus teléfonos inteligentes les permite obtener datos personales de sus usuarios. En esta ofensiva el gobierno de Estados Unidos logró el apoyo de gobiernos amigos, como los casos de la detención de la gerente de finanzas e hija del fundador de esa empresa en Canadá, o la negativa a utilizar el sistema Huawei en Australia. Esos países están recibiendo las reacciones de China (condena a muerte a un dealer de drogas canadiense, prohibición de comprar carbón en Australia, su primera fuente de exportación).

Al mismo tiempo que Shenzhen es el principal centro abastecedor de electrónica del mundo, China es el principal importador de microchips avanzados, con un monto anual en el entorno de los USD 300.000 millones (aprox. 13 % de sus importaciones).

El plan Made in China 2025 -que prevé lograr una integración nacional de las tecnologías de punta del 40 % en 2020 y el 70 % en 2025- es uno de los blancos de la ofensiva estadounidense y que logren ese avance en el crítico sector de los microchips es inaceptable para los Estados Unidos. En las negociaciones comerciales recíprocas próximas a su fecha límite (1º de marzo si no hay prórrogas) los estadounidenses están demandando el desarme del esquema promocional del Plan Made in China 2025, que incluye los microchips avanzados que desarrollan tanto Huawei como otras empresas comerciales y también el sector militar. Consideran que es competencia desleal el esfuerzo promocional del Plan, sin querer recordar que el 60 % de todo el gasto en Investigación y Desarrollo que se realiza en empresas privadas, institutos y universidades estadounidenses está subvencionado o asistido financieramente por su Departamento de Defensa.

¿Por qué los microchips desvelan a EUA? Como dice The Economist [9]: “Es porque los chips de computación son el fundamento de la economía digital y la seguridad nacional. Los autos son computadoras con ruedas, los bancos son computadoras que mueven dinero. Los ejércitos pelean con chips tanto como con acero. Las empresas de EUA y sus aliados, como Corea del Sud y Taiwán, dominan las áreas más avanzadas de esta industria. China, en contraste, queda detrás en el mundo de oferta de chips de última generación. Ellos importan más semiconductores (microchips) que petróleo”. De allí los temores por los avances del plan Made in China 2025 que entre otros objetivos tiene el independizarse progresivamente de la importación de los microchips avanzados, generando aquellos que servirán tanto a su desarrollo económico como a la seguridad nacional y defensa militar.

La trampa de Tucídides

El historiador norteamericano Graham Allison[10], catedrático universitario y asesor de distintos gobiernos de EUA, indica que la disputa actual entre Estados Unidos y China reitera la oposición entre Esparta y Atenas, cuando la primera era dominante y la segunda el desafiante en ascenso. El general ateniense Tucídides fue además un muy buen historiador de las guerras del Peleponeso, en las que participó, y basado en sus escritos Allison analiza los casos de oposición entre un país líder establecido y una potencia emergente. En la mayoría de los casos de la historia la guerra fue la que dirimió la disputa. Mencionemos apenas los más recientes.

Estados Unidos pasó a ser la potencia hegemónica (1945) casi 70 años después de haber llegado a ser la economía más importante (circa 1880). La potencia desplazada fue el Imperio Británico, que pensó durante un tiempo hacer oposición militar a ese ascenso, de lo que desistió por lo desproporcionado de la aventura, dado el crecimiento imparable de Estados Unidos. A esa salida pacífica contribuyeron los lazos de sangre, lengua y cultura entre la madre patria y su gigante vástago. Analiza los dos intentos para predominar de Alemania y sus sucesivas derrotas en ambas guerras mundiales. El enfrentamiento entre EUA y la Unión Soviética se resolvió con una Guerra Fría de presión extraordinaria del gasto de defensa de ambos países, hasta el colapso e implosión del sistema socialista, sin una guerra directa entre las potencias.

Una diferencia importante con las anteriores disputas de hegemonía es la misma globalización neoliberal que posibilitó el crecimiento de China. La elevadísima interdependencia de las distintas ramas industriales entre ambos países hace que el costo de las sanciones estadounidenses lastime tanto a los intereses chinos como a los suyos propios. En EUA hay dos bandos, con Trump en la posición belicosa de la defensa de la supremacía imperial americana al costo de una parcial desintegración industrial con China, y el poderoso sector liberal que se ha beneficiado de la globalización sin limitaciones con los menores costos chinos. Mientras tanto China tiene la masa crítica, el impulso y la decisión política como para superar el tamaño de la economía americana sin que sus gastos militares ahoguen su desarrollo. Estos se encuentran en el entorno del 2 % de su PBI, frente al 6 % de EUA y el 17 % de la URSS en sus momentos más críticos. Al mismo tiempo está buscando denodadamente superar la distancia tecnológica, en especial en aquellas áreas relacionadas con la defensa[11].

La disputa central no es la oposición entre sistemas, como lo fue hasta la disolución de la URSS, sino entre la potencia imperial hegemónica desde 1945, base del capitalismo financiero privado en el nivel mundial, y el capitalismo de Estado del país que se ve a sí mismo retomando la posición central que tuvo por más de 2000 años. Para lograr retomar esa posición “en algún momento de la segunda parte de este siglo” como indican los chinos con su pensamiento de largo plazo, utilizan las mismas armas que el resto de los que pugnaban por la primacía, pero con algunas singularidades.

Por un lado, su expansión externa se fortalece por el desarrollo de la Nueva Ruta de la Seda, que anuda lazos comerciales y de inversiones en infraestructura con muchos países, incluida su ex rival Rusia, buscando disolver antiguas disputas entre viejos vecinos y lograr nuevos socios regionales, cambiando sus alianzas internacionales.

En el nivel interno el control del capital financiero está casi exclusivamente en manos del Estado, al igual que las industrias básicas, la infraestructura, las llamadas industrias estratégicas y -no menos importante- la prensa y la educación. Estado que es políticamente controlado por el Partido Comunista que se autodefine como el representante de toda la sociedad por sobre las clases sociales que la forman (incluida la burguesía industrial que esa misma dirigencia creó). Todo ello en nombre de un “socialismo con características chinas” que prioriza la jerarquía, el orden y la armonía entre las clases. A su vez, el Partido Comunista domina a las fuerzas armadas, que en sus estatutos le deben obediencia, no al Estado[12]. Las derivaciones de estos puntos, muy intrincadas desde todo punto de vista, están más allá de la extensión limitada del presente artículo, y sobre ellos volveremos en otro trabajo.

Si China logra superar al menos tres décadas sin una guerra importante o bloqueos de insumos críticos como los que impuso EUA a Japón antes de Pearl Harbor, podrá lograr la paridad tecnológica y la capacidad militar que le garantice un futuro no subordinado. Si no logra evitar el conflicto armado, Graham Allison deberá anotar otra muesca en el revólver del cowboy. En ese hipotético caso -la lógica lo indica- es difícil que haya ganador y hasta sobrevivientes sobre la Tierra.

 

* Licenciado en Sociología y en Economía Política (UBA) | 07-03-2019.

 


 Jorge Molinero. EUA-China. Poder económico y poder 2018): http://www.iade.org.ar/noticias/eeuu-y-china-poder-economico-y-poder-militar

Jorge Molinero. Estados Unidos y China: ¿Guerra comercial o disputa de hegemonía? (marzo 2018) http://www.iade.org.ar/noticias/estadmilitar (Mayoos-unidos-y-china-guerra-comercial-...

[2] Enrique Arceo: China ¿El nuevo poder hegemónico? Realidad Económica Nro. 319. Oct. nov. 2018.

[1] Merino, Gabriel E. y Trivi, Nicolás (2019): "La Nueva Ruta de la Seda y la disputa por el poder mundial", en Bogado, L, Caubet, M y Staiano, F. (Eds.), China: una nueva estrategia geopolítica y global. La iniciativa de la franja y la ruta, La Plata: EDULP.  

[4] Jorge Molinero. Capital Financiero y Potencias Emergentes.

[5] Capital financiero entendido como la unión entre el gran capital industrial y el sector financiero y bancario, la oligarquía del poder del capital sobre las distintas fracciones no integradas y concentradas. No es posible escindir intereses diferenciados en la cúpula.

[6] La unidad de medida TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit) es el contenedor de 20 pies, si bien la mayoría de la carga se hace en contenedores de 40 pies (o sea 2 TEU).

[7] Kai-Fu Lee (2018). AI Superpowers. China, Silicon Valley. Houghton Mifflin Harcourt, Boston-NY

[8] John Smith. Imperialism in the Twenty-First Century (2016) Monthly Review Press. USA.

[9] The Economist. 1.12.2018. Chip War. https://www.economist.com/leaders/2018/12/01/chip-wars-china-america-and-silicon-supremacy

[10] Graham Allison (2018). Destined for War. Can America and China escape Thucydides´s Trap. Mariner Books. Houghton Mifflin Harcourt, Boston-NY.

[11] New York Times 2.9.2018. With Ships and Missiles, China Is Ready to Challenge U.S. Navy in Pacific. https://www.nytimes.com/2018/08/29/world/asia/china-navy-aircraft-carrie...

[12] Andrei A. Kokoshin (2016) CHINA MILITARY REFORM. https://www.belfercenter.org/publication/2015-military-reform-peoples-re...

7Abr/180

LA RECESIÓN  Y EL DESEMPLEO SE ACENTÚAN ¿ HASTA CUANDO?

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LA RECESIÓN  Y EL DESEMPLEO SE ACENTÚAN ¿ HASTA CUANDO?

Alejandro Rofman

Los datos oficiales y los de los entes empresarios  de diverso origen dan cuentan que el derrumbe económico en el mes de junio se acentuó sensiblemente y que, además, la reducción de los puestos de trabajo siguió aumentando, tal cual lo indican estadÍsticas del Gobierno Nacional

En pocas palabras: en junio el retroceso industrial fue del 8,2 %,el mayor en los últimos 16 meses, -según la consultora de las grandes empresas ,FIEL- y del 6,4 % según el INDEC actual.   La vez, la caída de las ventas del comercio minorista fue del 9 % en relación siempre al mismo mes del año pasado , según la central empresarial CAME, y la construcción pública y privada cedió nada menos que el 19,6 % frente al mes de junio del 2015. En términos de empleo, el gobierno reconoció que en el mes de mayo pasado se produjo una reducción de 59.840 puestos de trabajo formales, lo que implica  una disminución anual del 1 % del total de los trabajadores en relación de dependencia que están registrados. Falta el dato del empleo informal y del empleo público .Este dato proviene de la Subsecretaria de Políticas, EstadÍsticas y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación En cuanto a datos laborales por sector de actividad está disponible la información oficial de los trabajadores de la Construcción que en el mes de mayo del 2015 sumaban  según el registro oficial 451 000 empleos mientras que en mayo de este año eran 389.000 plazas de trabajo, lo que significan 62.000 empleos menos, un 13,8 % de disminución. Finalmente ,es importante remarcar que en términos de consumo de materiales para la construcción se presentan bajas del 38,4 %  en vidrios para la actividad y tubos de acero sin costura ,28 % en artículos sanitarios de cerámica,27,6 % en asfalto y 24,4 % en hierro redondo para  hormigón armado cotejando junio de este año con igual mes del año anterior

En cuanto al d ato agregado total, es decir el Producto Bruto del mes de junio, no hay todavía información oficial pero sí de consultoras privadas, que estiman una caída del mes de junio de este año en relación al del año pasado de entre 3,1 al 3,8%

Estas   estadísticas todas de origen oficial  son francamente desalentadoras. No solamente por lo dificultoso que va a hacer remontar dicho escenario recesivo sino por  lo dificultoso que siempre resulta, en tiempos de recesión, conseguir para los cesanteados , un nuevo empleo

Nos preguntamos, por qué ocurrió lo que aquí describimos, cuando va a invertirse la tendencia y cuales son las políticas públicas necesarias para que ello ocurra y si las mismas están programadas para que se tornen efectivas  en el corto plazo

El otro escenario cercano en que se verificó un retroceso significativo fue el de los años 1998 al 2002 inclusive. Las políticas del gobierno de Néstor Kirchner que comenzaron con el inicio de su Presidencia tuvieron un claro y definido objetivo. Sólo se podía superar  cuatro años de retroceso productivo entre 1998 y 2001  y una fuerte caída de la actividad económica con aumento del desempleo  ,la pobreza y la indigencia a niveles nunca vistos entre 2002 y principios del 2003 si se ponía en marcha un plan inmediato para expandir el consumo de la población, muy deprimido, que permitiese incrementar la producción y el empleo. Y esa tesitura fue la que acompañó el tramo inicial de la presidencia de Néstor Kirchner con aumentos por sobre los niveles inflacionarios del salario y la jubilación mínima y el reinicio de las convenciones colectivas de trabajo para que los sueldos y los salarios creciesen en forma rápida superando siempre los índices inflacionarios Es decir, aumentar el poder adquisitivo de la población habida cuenta que en la Argentina contemporánea aproximadamente el 85 % de lo que se produce va a consumo interno y solo el 15 % va a exportación. El mejor desempeño de las arcas fiscales de basó en los impuestos sobre el incremento de ventas internas y en las  retenciones a las exportaciones de cereales y oleaginosas de  quienes los producían y vendían favorecidos con los aumentos de precios internacionales y la fuerte devaluación del 2002. Estos recursos adicionales se usaron para mejorar las remuneraciones de los empleados públicos y para estimular la construcción financiada por el Estado nacional .La regla de oro se implantó y se mantuvo todo el periodo de las tres presidencias entre 2003 y 2015: más ingresos reales en los bolsillos de los consumidores, en especial de los trabajadores, para que haya reactivación económica  ,creación de puestos laborales y,por ende, caída sustancial de la pobreza y la indigencia

¿Cuáles son las perspectivas en la Argentina actual? La política oficial descansa en la b aja del costo laboral con el salario no como un derecho social y un estímulo a la demanda sino para favorecer las exportaciones de grandes grupos económicos y la contracción del gasto público a fin de b ajar el déficit fiscal, supuestamente generador de la inflación. Este eje central de la política económica se alimenta también de la eliminación de partes de los subsidios a los consumos populares que cercena la capacidad de consumo de gran parte de la población y con la eliminación de las retenciones a los productos agroexportables amén de la devaluación. Entonces, recesión económica, la pérdida de plazas laborales y el aumento de la pobreza ( según la Universidad Católica Argentina) es un efecto deseado y no producto del error, el mal cálculo o la herencia recibida

Las políticas en marcha  se encaminan a acentuar las tendencias regresivas  y no a superarlas Son medidas pro-cíclicas, incapaces de revertir la generalizada caída del nivel de vida de los sectores populares

Desde la esfera oficial, el planteo es que se va a volver a crecer hacia fines de año o principios del próximo basando esa premisa en dos procesos simultáneos: la baja de la inflación y en el impulso a la obra pública  proveniente de financiamiento via toma de créditos en el exterior

Veamos la viabilidad de este enfoque. La baja de la inflación puede ser beneficiosa en tanto el aumento salarial  correspondiente sea superior a los índices inflacionarios mensuales o anuales. Este año según el ministro Prat Gay la inflación será de 42 % y el promedio de incremento salarial gira en torno al 32 % según los convenios colectivos de trabajo firmados .Son 10 puntos de porcentual perdidos por los trabajadores Será la primera vez, después del kirchnerismo que el cotejo dará negativo para los asalariados,  El segundo planteo, el de las obras públicas en ciernes con recursos externos tiene serios inconvenientes temporales Sin duda insuflar dinero y crear trabajo en el área de la construcción nadie discute para alentar la expansión económica La inversión pública depende de un proceso  extendido en el tiempo imposible de acortar, pues se debe licitar cada emprendimiento, y los plazos respectivos para poner en marcha las construcciones planeadas .no son nunca de menos de un año ,y las licitaciones todavía no han aparecido Mientras , el salario seguirá deprimido por la caída del poder adquisitivo de la mayoría de la población durante gran parte del 2017, Estamos así, frente a un panorama que no se compadece con lo prometido por el Presidente( acaba de estimar un crecimiento del 3 % para el año próximo lo que no se justifica por todo lo dicho) frente a una caída de al menos  el 1,5 % para 2016 que estima  el informe de julio  de las Naciones Unidas a través de la CEPAL.  Además, consultores privados calculan que el desempleo ya creció en torno a los 2 puntos de porcentual, lo que supone  llegar al 8 % de la P.E. Por otra parte ,una reactivación de la obra pública tiene un impacto  sólo parcial en el escenario económico. Resulta clave, entonces, la recuperación del salario real , lo que es imposible que ocurra en gran parte del 2017,pues los nuevos convenios se efectivizan recién a partir de la mitad del año.

La única opción factible para que a partir del inicio del año que viene se verifiquen aumentos singulares en el desempeño de las variables económicas y sociales  consiste en repetir la receta exitosa que N. Kirchner puso en práctica en el año 2003.Más ingresos a los sectores populares mayoritarios en el país, que supone más consumo, más producción, más empleo y menos pobreza como efectos concretos de una política contra-cíclica Pero para eso no parecen dispuestos los actuales gobernantes por sus intereses empresariales, que defienden sus representantes en el Poder Politico ni por convicción ideológica

Si la remuneración de la  fuerza de trabajo es una barrera para aumentar la tasa de ganancia en lugar de una herramienta obligada de una política para elevar el nivel de vida de la población pocas esperanzas nos quedan para avizorar un cambio de tendencia en el corto o mediano plazo y una vuelta a un proyecto de sociedad donde se prioriza la valorización de dicha fuerza de trabajo como un objetivo irrenunciable.

2Ene/180

APERTURA Y ACUERDOS COMERCIALES

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JORGE MOLINERO Carta Abierta

El gobierno nacional se ha embarcado en un proceso de apertura comercial y financiera, tratando de convencer a la opinión pública que son beneficiosas para el país, y que nos “sacarán del aislamiento” que según ellos fue la característica de la época kirchnerista.

El 22 de diciembre La Nación se lamentaba que no se haya podido cerrar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, debido a los “persistentes reparos de la UE (sobre volúmenes de cuotas de algunos productos agrícolas y de biocombustibles, la cuestión de la propiedad intelectual, las compras gubernamentales y ciertos temas de servicios financieros y marítimos)”(1).

Los negociadores europeos querían todo a su favor sin conceder más que migajas a los sectores primarios que serían los principales beneficiarios, al tiempo que el sector industrial el más afectado. Nosotros diríamos que gracias a sus “reparos” se ha dilatado la firma de un tratado que traería muchos mas perjuicios que beneficios. Pero el gobierno insistirá en marzo con el acuerdo de marras, al tiempo que propone avanzar en otros acuerdos, no sólo con la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) con los que tenemos distintos acuerdos previos, sino con Canadá, Singapur y Corea del Sur. La lista se ha restringido ahora que el tratado general de EEUU con los países asiáticos ha sido bombardeado por un Donald Trump devenido en proteccionista, mientras la “antorcha del libre comercio” pasa a las manos de China. ¿Por qué la apertura irrestricta y los acuerdos de libre comercio no son beneficiosos para países como la Argentina? Un poco de historia nos puede ayudar a comprenderlo.

La teoría y la práctica de los países hoy desarrollados

Desde el inicio de la Economía Política en Gran Bretaña, la teoría convencional del comercio exterior dice que la competencia perfecta será de mutuo beneficio para las partes, por lo que se deben eliminar las restricciones al comercio internacional. El neoliberalismo - la teoría económica que abrazan los economistas en los países centrales y muchos en los periféricos como el nuestro - caracteriza a los mercados como estructuras auto-reguladas que atienden todas las necesidades económicas, utilizando eficientemente los recursos y generando pleno empleo para “todas las personas que realmente quieran trabajar”. En esta difundida teoría de los países dominantes la pobreza, el desempleo y las crisis económicas periódicas se deben a factores externos que limitan el libre accionar del mercado, como los sindicatos y la acción del Estado.

Para superar el atraso y la pobreza - sigue la saga oficial del neoliberalismo - hay que crear estructuras amigables con el mercado (“market friendly”): recortar la fortaleza sindical para que los empresarios puedan tomar y echar personal a voluntad, privatizar las empresas públicas, eliminar las regulaciones estatales a la actividad económica interna y abrir los mercados al capital y las mercancías externas.

Sin embargo, desde que el capital financiero y su expresión ideológica neoliberal retomaron el control de la política económica en el mundo, a partir de los años 80, la pobreza y el hambre aumentó en los países ya pobres, al tiempo que se concentraba la riqueza tanto en países centrales como periféricos. En Latinoamérica fueron décadas perdidas para el crecimiento hasta que en la década pasada varios países de la región se embarcaron en un proceso diferente de acumulación y crecimiento que puso foco en la reducción de la dependencia financiera, aumento del consumo interno y reducción de la pobreza.

Sólo un puñado de países asiáticos, siguiendo reglas diferentes a las del manual neoliberal, crecieron fuertemente. A la salida de la Segunda Guerra Japón retomó su crecimiento, para ser seguido más adelante por Corea, Singapur, Hong Kong y Taiwán, y en los ochenta por China que está llamada a cambiar las relaciones de poder a nivel mundial en las próximas décadas. El crecimiento de la India es más tardío y está varios pasos por detrás de China, pero su importancia es, como ésta, la magnitud de su población.

En la mayoría de esos países el crecimiento acelerado y la reducción de la pobreza no se logró con apertura comercial irrestricta y menos aún con apertura financiera. El caso de China es el más exitoso por llevar casi 40 años de alto crecimiento (en un promedio cercano al 10 % anual acumulativo, pasando al 6 % en los últimos años) sin ningún año de las crisis periódicas que asolan a los países capitalistas desarrollados. Su Producto Bruto es el segundo a nivel mundial en dólares corrientes, detrás de EEUU, y el primero en Paridad de Poder de Compra. Ello lo ha logrado con un estricto control de los flujos financieros, con esa actividad casi 100 % en manos del Estado, al igual que las empresas de servicios públicos y las consideradas estratégicas (defensa, energía, comunicaciones, etc.) y un muy estudiado sistema de promoción de las exportaciones y de las inversiones externas. Esto incluye transferencia de tecnología del inversor internacional y un saldo externo positivo de las empresas a radicar allá (las exportaciones comprometidas deben ser mayores a las importaciones de insumos, bienes de capital y repatriación de utilidades y regalías). Ninguna de estas políticas son las recomendadas por las recetas neoliberales en que se apoya el gobierno de Cambiemos.

Pero no sólo China y los asiáticos no respetaron esas recetas para lograr su desarrollo. Los países europeos y Estados Unidos, en su momento, también las contravinieron en la etapa en que consolidaban su propio crecimiento industrial. Gran Bretaña, el primer país industrial, apeló a la alta intervención estatal. Desde el siglo XIV promovía la manufactura de prendas de lana, con derechos de exportación (sí, las “odiadas” retenciones) a la exportación de lana en bruto y con promociones a la mano de obra europea especializada en tal industria. Más adelante, cuando su industria textil de algodón dio origen a la revolución industrial alrededor de 1780 se fueron articulando distintas intervenciones del Estado para lograr su supremacía, entre las cuales muy significativas y poco mencionadas son las de tipo militar. La subyugación de la India por la armada británica derivó en la “libre exportación de algodón en bruto” a la metrópoli, al tiempo que se reprimía la actividad de la hilandería y tejedurías nativas, incluyendo el corte de los dedos a las hábiles trabajadoras indias. La etapa del imperialismo clásico se desarrolló alrededor de 1875 con la conquista militar de continentes enteros para explotar sus recursos y obligarlos a importar productos industriales de sus metrópolis europeas. Parafraseando a Von Clausewitz diríamos que la guerra (y la conquista) no es sino la continuación de las transacciones económicas (políticas decía él), por otros medios.

Tanto Estados Unidos como Alemania - los principales desafiantes de la supremacía británica - así como Japón, Suecia y otros hoy desarrollados fueron fuertemente proteccionistas, el primero hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Luego, una vez que hubieron consolidado su rol de economía industrial desarrollada comenzaron a predicar (y obligar por distintos medios, como vimos) al resto del mundo a practicar el libre comercio y la movilidad irrestricta de capitales. Como decía el economista coreano Ha-Joon Chang (2), es “pateando la escalera” que les permitió llegar arriba como impiden que otros puedan llegar.

 

La etapa actual y el plan de Cambiemos

La situación idílica del “todos ganan” que describe la teoría económica neoliberal no logró el desarrollo de aquellos que la siguieron sino que los encadenó a la especialización primaria cercenando las potencialidades de un desarrollo industrial con mayor grado de autonomía. A contrapelo de estas evidencias, el gobierno de Cambiemos procedió a la apertura tanto de capitales como de mercancías, y los resultados fueron una caída de la actividad muy fuerte en 2016 seguida con una recuperación parcial en 2017.

En el sector externo la situación se deterioró claramente en estos dos años. Por un lado las exportaciones no crecieron a pesar de la fuerte devaluación inicial y la quita de retenciones. El anémico saldo comercial positivo de 2016 se transformó en un saldo fuertemente negativo en 2017, que terminará por superar los 8.500 millones de dólares. Es que en 2017 hemos asistido a un proceso inverso de revaluación del peso que encarece las exportaciones y facilita las importaciones. El principal cambio externo que Cambiemos no quiere registrar es que la economía mundial no tiene la fuerte expansión que la caracterizó desde los primeros años del milenio hasta mediados de 2012. En ese momento en donde cayeron abruptamente los precios de las commodities, a lo que se suma la retracción de exportaciones industriales a Brasil, nuestro principal cliente. Entre 2011 y 2015/2016, la caída de las exportaciones argentinas fue muy fuerte (más del 30 %)

COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO – AÑOS SELECCIONADOS

(MILLONES DE DÓLARES)

 

EXPORTACIÓN

IMPORTACIÓN

SALDO

2002

25.650 8.989 16.661

2011

82.981 73.961 9.020

2015

56.788 59.757 - 2.969

2016

57.733 55.609 2.124
ENE/NOV 2017 53.881 61.538 - 7.657

 

Fuente: Indec.

La eliminación de la administración del comercio exterior (control de las importaciones) derivó en 2017 en un incremento significativo de las importaciones agravado por el retraso cambiario que se acentuó este año. Ese “agujero negro” del sector externo se financia con mayor endeudamiento que en vez de utilizarse para hacer inversiones en infraestructura o en actividades productivas que promuevan exportaciones o sustituyan importaciones, se utiliza para la especulación financiera con Lebac e instrumentos similares, capital golondrina que volverá a salir cuando este “esquema Ponzi” no aguante más (la corrida cambiaria de fin de año puede ser un anticipo). Las elevadas tasas de interés atraen a la especulación al tiempo que conspiran contra la inversión productiva. Las inversiones externas directas no superan los 2.000 millones de dólares (básicamente reinversión parcial de altas utilidades de empresas extranjeras), mientras la inversión de portafolio (especulativa) se acerca a los 14.000 millones de dólares. El endeudamiento con mercado de divisas abierto, una vez más ha sido el vehículo de la descontrolada fuga de capitales (en 10 meses de 2017 totalizan U$S 38.262 millones).

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2015 2016 2017

TASA LEBAC PROM. ANUAL 27,22 % 30,91 % 25,83 %

STOCK LEBAC (MILL. $) 345.124 630.310 1.177.230

INTERESES LEBAC/PBI 1,3 % 1,9 % 2,3 %

FUENTE: FIDE

Con la política económica actual nos encaminamos hacia el mismo tipo de problemas que tuvo la Convertibilidad en su etapa final, una apertura indiscriminada que solo se mantiene con mayor endeudamiento hasta que los acreedores externos (incluidos argentinos que ya blanquearon sus dólares en el exterior) entienden que ha terminado el juego de las Lebac o los Bonos del Tesoro y se retiren en masa, provocando una devaluación descontrolada.

No es que este gobierno de ricos no sepa como termina esta historia repetida. El país que quedará será de una alta desocupación para disciplinar la actividad sindical y lograr salarios reales mucho más bajos. Otra vez el encadenamiento de nuestra soberanía a una pesada deuda externa que cristalizará una distribución del ingreso más regresiva, con aumento de la pobreza y la marginalidad. Esos son sus objetivos escondidos detrás de los globos amarillos y las declaraciones de futuros brillantes.

 

 

  1. La Nación. 22-12-2017: “El Mercosur culpa a Europa por la falta de avances en el acuerdo”
  2. Ha-Joon Chang. “Kicking away the Ladder” (Pateando la escalera). Anthem Press, 2002
12Abr/170

La inflación y el discurso encubridor de “Cambiemos”

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Guillermo Wierzba * (Especial para sitio IADE-RE) | El autor desarticula el argumento oficial sobre la inflación y revela la intencionalidad de su uso: ajustar salarios a la baja y ampliar el excedente de los grupos económicos.

En los 12 años de gobiernos de signo democrático, nacional y popular se desplegaron políticas que reconstruyeron la lógica de la institucionalización de la negociación paritaria en el mercado de trabajo formal, a la vez que produjeron una disminución sustantiva de la tasa de desempleo y una suba -aunque parcial- de la tasa de trabajadores que se encuentran contenidos en ese sector formal respecto del total. Estas reformas fueron posibles tanto por un cambio de la política económica que revalorizó el papel del mercado interno como espacio de dinamización de la demanda agregada y la sanción de instrumentos legales que las habilitaron.

En el comienzo del segundo año del tercer período de carácter neoliberal que se abrió en la Argentina, el presidente Macri en su discurso de apertura de sesiones del Congreso Nacional sostuvo que la “la inflación es tóxica. Destruye el salario de los trabajadores, dificulta ahorrar, paraliza la inversión y nos impide mirar a largo plazo”.  En el típico estilo discursivo de los gobiernos del capital concentrado y las oligarquías tradicionales, el presidente argumentó sobre la necesidad de reducir la inflación como la cuestión clave de la política económica. Su intención es adjudicar a ese fenómeno el carácter de “mal absoluto” y, en consecuencia, proclamar la búsqueda de ese objetivo colocado en el lugar central de su gestión de la economía.

Hay una predilección del discurso oficial -tributario del dogma neoliberal- en designar la inflación como el impuesto de mayor regresividad. El 1 de marzo Macri decidió ir al grano argumentativo de los planes de estabilización tradicionales de las derechas restauradoras del poder oligárquico, ha dicho, como fue citado, que la inflación es la destructora del salario de los trabajadores. Sin embargo es un registro histórico que estos gobiernos de derecha han conducido siempre hacia una redistribución regresiva del ingreso y un descenso de la participación de los asalariados en el reparto del mismo.

El gobierno de Macri, siguiendo la tradición de las gestiones conservadoras y neoliberales, se empeñó en avanzar en la desarticulación de los esfuerzos estatales por construir intervenciones en la formación de precios que apunten a consagrar una distribución del ingreso que mejore la participación de los asalariados y, pese a la perorata anti inflacionaria, el primer año de este tercer ciclo neoliberal finalizó con una tasa de inflación sustantivamente superior al de todos los años de los gobiernos kirchneristas y, a la inversa que en la mayoría de ellos, el salario medio de los trabajadores descendió, haciéndolo en un registro también inédito en todo el período anterior  (por ejeneplo, una tasa del 6,5% interanual para noviembre de 2016 surge de los datos del informe de CIFRA – CTA, febrero 2017).

La lógica de la inflación en ascenso en el período de gobiernos kirchneristas estuvo determinada por la resistencia a las mejoras salariales por parte de los empresarios que defendían su tasa de ganancia,  sumada a las conductas de las grandes firmas formadoras de precios empeñadas en capturar los beneficios producidos por una etapa de importante y rápido crecimiento económico. La vigencia de paritarias libres y los dispositivos -aunque erráticos e insuficientes- de intervención y regulación de precios permitieron la suba de los salarios reales en la economía.  Fabián Amico concluye en su investigación “Los salarios reales en el largo plazo. Surgimiento de un nuevo piso estructural de las remuneraciones en Argentina” (CEFID-AR, marzo de 2015)” que en relación a su ascenso “se destaca su persistencia: no hay prácticamente comparación con otra etapa histórica ya que la década 2004-2013 es el período más largo de la historia argentina mostrando aumentos persistentes del salario real. En segundo lugar, se destaca la velocidad de crecimiento: en el lapso 2003-2013 el salario real crece a un ritmo del 4,6% anual mientras el PIB por ocupado lo hace al 2,9% anual promedio”.

En cambio, las razones de la escalada de precios del período del gobierno de Cambiemos se desencadenó por el cambio de precios relativos devenido de la devaluación, la quita de las retenciones, la suba descomunal de las tarifas de servicios públicos y la desarticulación de las políticas tendientes a la contención de los precios. O sea, una inflación que no refleja la resistencia empresaria a la suba del salario real sino la ofensiva de los dueños del poder económico por reducirlo, ampliar el excedente y apropiárselo. Ofensiva habilitada por medidas de un gobierno cuya composición y elenco de funcionarios exponen cabalmente los intereses de ese poder.

A pesar de las palabras que asignan a la inflación el carácter de destructora del salario, que declamaban la preocupación por defender los ingresos de los trabajadores, en el discurso mencionado el presidente fue recurrente en el intento por pautar la tasa de aumento salarial  -entre el 12 y el 17%- que según su criterio deberían discutir las paritarias en el sector privado requiriendo a empresarios y trabajadores poner atención sobre la misma que es la tasa de crecimiento de precios que se fijó como meta el Banco Central. O sea que, mientras enuncia el objetivo de defender el salario, el instrumento elegido sería evitar que este crezca nominalmente compensando el desfasaje del año anterior más la inflación esperada para el presente, como piso.

Es la vieja y falsa promesa de los gobiernos antipopulares: mejores sueldos mañana provendrán de admitir su descenso hoy, la mejora de la tasa de ganancia presente garantizaría mejores ingresos fijos mañana. En el año 2016 los funcionarios de Cambiemos estrenaron su política de comunicación anunciando una tasa de inflación esperada del 20% o apenas superior al mismo y ésta terminó orillando el doble de lo prometido. La subestimación del índice, si hubiera sido consensuada para la negociación paritaria -con ajustes salariales aun inferiores a los que se produjeron- habría significado un mayor retroceso del salario medio real y una caída del PIB aún mayor a la que se produjo (3,8% para el tercer trimestre de 2016 acelerando el 2,4% del primer semestre; CIFRA- CTA – informe febrero 2017). Por su parte la caída del empleo, los despidos y la desocupación también hubieran sido agravadas respecto de la dinámica crítica que tuvieron: entre diciembre de 2015 y febrero de 2016 se despidieron 249.153 trabajadores, correspondiendo el     60,85% al sector privado y el 30,15% al público (CEPA, documento de trabajo Nº8, 2017).

Los primeros meses del presente año arrojaron incrementos de precios que descolocan y desmienten la posibilidad de que se verifique en la realidad la inflación, objetivo del Banco Central, coincidiendo con la conducta del año pasado. Queda explícita, entonces, la metodología intencionada que se utiliza desde el BCRA de fijar una tasa de inflación meta inferior a la razonablemente esperada, comportamiento que persigue el fin de ajustar salarios a la baja, refrendado por el presidente. Fue lo no dicho en el discurso de Macri, pero resulta de las políticas y el tipo de comunicación elegida: bajar el salario, aumentar la tasa de ganancia y, sobre todo, incrementar la renta agraria y financiera que constituyen ingresos de los sectores privilegiados y “elegidos” por el gobierno neoliberal de la tercera fase, como lo fueron también en las dos primeras. Entonces el discurso de Macri no busca explicitar sino encubrir su programa y su diseño de país, encubrimiento siempre necesario para los gobiernos que defienden intereses minoritarios pero que necesitan construir hegemonía y consenso para mantenerse en el poder, conquistando densidad electoral.

Pero no sólo hay discurso encubridor, también hay abandono de la sustancialidad republicana, cuando se incumple con lo legislado buscando interpretaciones que contradicen el sentido de la ley o intentan construir el condicionamiento de otros poderes del Estado, o directamente omiten o parcializan la aplicación de dispositivos legales en su sustancia. Son ejemplos de estas conductas la no convocatoria a la paritaria nacional docente, el intento de modificar el índice de ajuste jubilatorio dispuesto por ley mediante una resolución de menor jerarquía y la aplicación del Banco Central a priorizar con exclusividad  la consecución de una meta inflacionaria obviando que los fines dispuestos por la Carta Orgánica aprobada en el año 2012 son de carácter múltiple y definen que la entidad debe ocuparse también del empleo y el desarrollo con equidad social. Todas estas políticas afectan o intentaron/intentan hacerlo negativamente a los sectores de ingresos fijos. La primera busca fracturar la negociación salarial para debilitar a los docentes en su lucha por un aumento que recomponga sus ingresos, la segunda hubiera implicado una caída en el ajuste a los jubilados, la tercera importa el mantenimiento de tasas de interés elevadas.

Las tasas de interés altas significan un beneficio directo a la renta financiera, en una economía en la que se han eliminado, desde este mismo gobierno, los controles al ingreso y egreso de capitales. Esas tasas estimulan la entrada de capitales especulativos con una conducta destinada a la obtención de altas ganancias en el corto plazo sin actividad productiva alguna. Por otro lado, el enfoque teórico de aplicar altas tasa de interés para bajar la inflación sostiene que ésta es causada por excesos de demanda que no pueden ser atendidos por la oferta y que ese supuesto desequilibrio debe ser corregido deprimiendo la demanda agregada, o sea el consumo y la inversión, mediante un ajuste que enfríe la economía. Ese enfriamiento provocaría una caída en el nivel de empleo que debilitaría, por la precarización laboral, el poder de negociación sindical y permitiría la contracción de los salarios reales.

Así el enfoque de Metas de Inflación aplicado por el BCRA desnuda el carácter encubridor de un discurso que proclama una lucha contra ésta bajo la advocación del beneficio a los trabajadores. La lógica de este régimen que enamora a Sturzenegger explica los enunciados y preparativos para el intento de introducir reformas institucionales en el mercado de trabajo de carácter “flexibilizador”, eufemismo que designa -a la vez que encubre- la vocación por precarizar la legislación laboral.  El discurso neoliberal del gobierno va por la recuperación de la condición de pensamiento “único y objetivo” en el debate económico. Cabe evocar, para quitarle ese velo de “neutralidad”, la caracterización del economista y revolucionario ruso Nicolai Bujarin quien adjudicó a la economía marginalista (reconocible hoy con el nombre de economía neoclásica) el carácter de “economía política del rentista” y afirmó, ya hace más de un siglo, en un texto concluido en 1914, que: “La evolución capitalista ha asistido en las últimas décadas a una rápida acumulación. Como resultado del desarrollo de las diferentes formas de crédito, la plusvalía acumulada es apropiada a menudo por individuos que no tienen a menudo ninguna relación con la producción. El número de estos individuos crece continuamente, al punto de llegar a conformar una clase social: la de los rentistas”. Esta evocación de un texto ya centenario es para develar el fin que los neoclásicos han perseguido, y en buena parte logrado cuando se constituyeron en soporte teórico de los gobiernos neoliberales, de ser reconocidos como portadores de la verdad objetiva en el ámbito del pensamiento económico. Ambición que desnudaron claramente con el cercenamiento del nombre de la disciplina cuando mutaron el de Economía Política por “La Economía” a secas.

Las altas tasas de interés y el escandaloso pago a los fondos buitre constituyen muestras de los beneficios que el gobierno de Macri ha otorgado a la escoria de esa clase de rentistas a la que ya se refería Bujarin, y que hoy opera a nivel global apropiándose de los recursos de las naciones más pobres y de las clases populares. Lo dicho por el discurso presidencial, citado al principio,  también encubre, cuando se refiere a los efectos de la inflación sobre el ahorro y la inversión, que la política que lleva a cabo el gobierno remunera altamente a la inversión especulativa y provoca el desestímulo de la productiva al deprimir la demanda agregada, produciendo la caída del PIB e impactando también en la erosión del tamaño del mismo para el futuro porque, como se demuestra en enfoques de la economía heterodoxa, las caídas en el producto del presente importan una afectación en las potencialidades de su nivel futuro.

* Economista.