Comisión de Economía

Por Jacob Goransky
La Argentina del 2003 tenía todos los rasgos propios de una posguerra, de ahí la justeza de la afirmación “salir del infierno”.

Ahora, nos quieren retrotraer al infierno es el objetivo de enarbolar el peligro de la inflación y la necesidad de enfriar la economía con un aparente rigor científico, olvidando la historia de las últimas décadas..

Hay falta total de rigor científico cuando a un fenómeno se lo caracteriza por la forma en que se manifiesta, despreciando el análisis de las causas a las que se alude cuando se lo estudia: los economistas señalan que hay inflación cuando hay “alzas generalizadas de precios”, esa es la manifestación del fenómeno, sin embargo los economistas lo asumen como su definición; ninguno considera las diferencias entre las causas que la provocan y el entorno en que se presenta.

En la teoría, se señalaron siempre los siguientes rasgos del proceso inflacionario

• Déficit fiscal;
• Emisión espuria de dinero
• Pugna distributiva- exceso de demanda por los altos salarios – y falta de equilibrio entre oferta y demanda agregada;
• Expectativas inflacionarias;
• Papel del Estado que regulaba excesivamente, dificultando el libre juego del mercado.
Destaco:
1.Desde el año 2003, no deja de haber superávit fiscal;

2.No hubo emisión espuria de dinero, las compras de dólares por el Banco Central fueron generadas por el superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y sin endeudamiento – al contrario hubo un permanente desendeudamiento de acreedores privados, del FMI, del Banco Mundial, del BID y se negociará con el Club de París.

i) Ello se evidencia en que los agregados monetarios no dejaron de subir alcanzando cifras inéditas.

En nuestra historia de inflación recurrente tuvimos siempre valores mínimos de agregados monetarios, inferiores a los de nuestros vecinos y en la híper inflacionario hubo permanente huida del peso, los ingresos se gastaban cuando eran percibidos.

ii) No hubo corridas contra el peso, hubo ahorro y creció la inversión. Ello revela confianza de los agentes económicos que se expresa en el crecimiento de la economía.

3. La “pugna distributiva” es la puja acerca de quién se queda con las ganancias generadas por años de crecimiento económico y creciente incremento de la productividad y racionalización laboral; ese es un tema que el gobierno debe atender: hasta ahora los que la reciben son, esencialmente, los sectores más concentrados, proceso que hay que revertir con una eficiente política de ingreso: administración y control de precios, en particular de los productos de consumo masivos y de los que conforman la “canasta familiar”.

En cuanto a la demanda agregada: creció la exportación y creció la demanda interna genuina por incremento de los salarios reales, bajó la pobreza, disminuyó la desocupación y la exclusión social, disminuyeron los planes asistenciales, bajando la precarización laboral, se facilitó la jubilación a más de 2 millones de personas que no estaban en condiciones de jubilarse por haber quedado desocupados faltándole años de trabajo o edad; con la Asignación Universal por hijo para más de 3,4 millones de jóvenes se facilitó, asimismo el incremento de la demanda. Sin embargo todo ello fue atendido por una oferta que creció al mismo ritmo, ocupando al comienzo capacidades de producción ociosas y las que surgieron por inversiones nuevas o mayor productividad.

4. Expectativas inflacionarias: es lo más riesgoso, las expectativas inflacionarias están generadas por los medios y responden a los intereses de sectores con gran capacidad para manipular los precios; justamente, nuestro país se caracteriza por la magnitud de oligopolización de su economía. Las expectativas se transforman en un caso de “profecía auto cumplida” cuando los precios suben.

El tema se atiende mejorando la comunicación y encorsetando a los medios y a los oligopolios.

El resultado de las políticas aplicadas es que el país crece a un ritmo desconocido en su historia

5. Rol del Estado, su papel es fundamental para aprehender la realidad y forjar un futuro posible y promisorio.

La regulación en el desenvolvimiento económico es una ley y el problema es quién la satisface. El Estado puede actuar, aún por omisión, a favor de los sectores dominantes; también puede desentenderse de la regulación dejando a los mismos su orientación (ej. Las privatizaciones del menemismo).

Veamos lo que acontece alrededor del tema y que comprende todo lo anterior:

a. Durante toda la gestión del Presidente Kirchner se intentó desvalorizar los logros con el tema de la inflación y ahora, como entonces, no hay encuentro de empresarios en el que la preocupación por un rebrote inflacionario mayor esté ausente. Se conjuga como argumentos el gasto público, la escalada salarial y el aumento de las tarifas para generar expectativas que dificulten la gestión.

Los impulsores de cambiar la estrategia del gobierno son los mismos sectores empresarios que se beneficiaron con “la Patria Contratista y la Patria Financiera de los 80 y que luego de desguazar al Estado con una rapiña no comparable a país alguno, se apropiaron de la totalidad del patrimonio público.

En el presente recurren a sembrar miedo a una corrida cambiaria, a una incesante suba de precios y defender la necesidad de “enfriar la economía”.

La historia económica del país indica lo contrario de lo presupuesto. Las consecuencias de las políticas económica seguidas fueron una creciente desigualdad y marginación social y, en lo económico, el deterioro continuado en la distribución de la renta de los asalariados, sectores de ingresos fijo y burguesía pequeña y mediana.

b. La realidad evidenció que dejar al capital y al mercado la asignación de la renta trajo como resultado hasta el 2003 ineficiencia económica y social que se multiplicó y amplió.

Esa ineficiencia se manifestó aún en momentos de auge económico, cuando las mejoras salariales conducían al incremento de la demanda ante una oferta dirigida a los sectores de mayores ingresos y se producía la “estrangulación externa”; de ello se desprende que el Gobierno también debe orientar la oferta, alentando la inversión reproductiva coherente con una política exportadora agresiva desde un mercado interno con poder de compra creciente.

c. De lo afirmado surge la trascendencia de hacer jugar un rol activo al Estado para recuperar la capacidad de gestión macroeconómica del que fue arteramente despojado, y a la que ahora se pone entre interrogantes. No caben medias tintas, la respuesta tiene que ser contundente. Resolver las necesidades populares no solo es un problema social: modificar la pirámide de ingresos, es la única posibilidad para un desarrollo inclusivo y sustentable. es la única forma de avanzar en la estrategia ya emprendida.

Por Jorge Molinero*
El Gobierno Nacional ha privilegiado mantener un crecimiento acelerado de la actividad económica como la mejor garantía de inclusión social. Gracias a ello hemos superado las secuelas de la crisis internacional que afectó también a nuestro país en 2009 (aunque en menor medida que a otros). La política activa y contracíclica del Gobierno Nacional incluyó muchas medidas para mantener el nivel de la demanda, reforzando la situación de los sectores más postergados. Para el mantenimiento de las fuentes de trabajo se creó el Repro (subsidio salarial a las empresas para que no echen), se incrementaron las obras públicas, en especial las que usan mucha mano de obra, se implementó el plan Argentina Trabaja, desde hace un año se distribuye la Asignación Universal por Hijo, la movilidad jubilatoria está garantizada por ley y en el 2010 tuvieron aumentos del 26,2 % , más que varios convenios colectivos de trabajo, convenios que por otro lado son la mejor forma de combatir la inflación y recomponer el poder adquisitivo.
Las señales del Gobierno a los empresarios ha sido y es clara: no dejaremos caer la demanda. Muchos empresarios en vez de incrementar sus inversiones en función de ello aumentan desmedidamente los precios aprovechando su posición concentrada. Esa es la inflación, la respuesta antisocial de los empresarios que quieren beneficiarse sin realizar las inversiones ante un mercado que crece.
El Indec puede medir bien o mal la inflación, pero no la produce, la inflación es la suba generalizada de los precios y eso es responsabilidad exclusiva de los empresarios concentrados, tanto de la industria como del campo, de los servicios en especial de comercialización.
Ahora resulta que son los sectores afines a quienes producen los incrementos de precios los que están ¨preocupados¨ por la inflación. Lágrimas de cocodrilo. Lo que realmente están proponiendo quienes agitan el fantasma de la inflación es la eliminación de las convenciones colectivas de trabajo, o una seria limitación al poder de negociación de los trabajadores, ese es el verdadero objetivo tras la ¨preocupación por la inflación¨
Ante eso decimos claramente: si el ¨remedio¨a la inflación es la restricción de las negociaciones salariales y el enfriamiento de la economía como medio de disciplinar al sector trabajador, es preferible pagar el precio de la inflación para mantener alta la actividad, reducir la desocupación que cayó dos puntos en el último año, y reducir con ello la marginalidad y la exclusión que son lacras infinitamente más perniciosas que una moderada inflación. Ello no quiere decir que las autoridades no redoblen sus esfuerzos para limitar los excesos en los aumentos de precios, pero las ¨soluciones¨al problema de incremento de precios no pueden venir del congelamiento salarial y el enfriamiento de la economía.
Con negociaciones colectivas en el sector formal y con reducción significativa de la tasa de desocupación (ha bajado al 7,2 % en el tercer trimestre) los asalariados tanto formales como informales no han perdido participación ante el aumento de precios, y el resto de los que reciben remuneración fija (jubilados e Asignación Universal) tienen reajustes por ley que nunca antes habían tenido. La inflación es un tema muy enervante para quien tiene que hacer sus compras todos los días, pero las armas para combatirla funcionan y a pesar de los indecibles inconvenientes que ella produce no hay caída de la demanda popular por motivos de la inflación. Si por un lado los alimentos subieron desmedidamente, nadie dice que la electricidad, el gas y el transporte público no suben sus valores desde 2002 y que son parte importante del gasto detrás de los alimentos.
Más aún, la Argentina creció durante muchos períodos de su historia con tasas de inflación del orden del 20 al 30 % anual, con la diferencia que esta inflación no está provocada por el déficit fiscal que practicamente desapareció desde 2003, sino por una demanda deliberadamente impulsada por la política económica como la vía más rápida para reducir las lacras sociales de la desocupacion, la pobreza y la exclusión.
No existe, por lo tanto, al no haber déficit fiscal ni ¨maquinita¨del Banco Central para cubrir los agujeros, la posibilidad que se espiralice la inflación hasta llegar a los límites intolerables de las hiperinflaciones que azotaron a Alfonsín (1989) y Menem (1990). Son sus herederos políticos panradicales y federales son los que hoy se dicen preocupados por el problema pero sus ¨soluciones¨ fueron y volverían a ser peor remedio que la enfermedad.
* Integrante de la Comisión de Economía de Carta Abierta

Lunes, 3 de mayo de 2010
ENFOQUE

Por Guillermo Wierzba
El debate sobre la inflación trasciende la coyuntura e introduce una cuestión que divide aguas. Abordarlo sin la dimensión distributiva tiene la misma matriz de pensamiento que el discurso sobre la pobreza que omite la centralidad de la igualdad. Así planteados, estos debates comprometen la idea misma de democracia. El neoliberalismo arrasó con derechos conquistados e impuso un paradigma de sociedad de mercado construida sobre la noción de individuos-consumidores que redujo y desplazó al de ciudadanía. Esta sustitución significó un retroceso devenido de la sustancial remercantilización de bienes que satisfacen necesidades básicas, cuyas coberturas habían sido previamente reconocidas como derechos humanos por el desarrollo del pensamiento democrático y por los protagonismos populares que se desplegaron para alimentarlo. Así, la salud y la educación, las pensiones de vejez y otras conquistas sociales fueron degradadas a la condición de mercancías.
El sentido sustantivo de la democracia es el fundamento que subyace en la indivisibilidad de los derechos humanos. Ese criterio otorga el mismo nivel a los derechos civiles y políticos que a los económicos y sociales, sin prelación. Así como es irreductible la vigencia plena del derecho a votar y a ser elegido, del derecho a opinar, del de profesar el credo, también lo es la del derecho a la alimentación, al vestido, y a contar con un empleo digno. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al que la Constitución Nacional asigna un rango superior a las leyes, reconoce que “estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana”, a su vez legisla “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de sus condiciones de existencia”. Y sigue con que “los Estados Parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”.
Argentina transcurrió estos últimos años con tasas de inflación más altas que en la década del noventa. Sin embargo, resulta diferente la situación actual a la de los momentos iniciales del despliegue de la política económica en curso, en los que las subas de precios significaban, centralmente, reacomodamiento de precios relativos. Hoy hay puja distributiva, con una sustantiva caída estructural del desempleo y con discusión salarial en paritarias. Es decir, fuera de las lógicas mercantiles desplegadas en el marco de una explicitada política oficial de mejorar la participación de los salarios en el ingreso y acompañada por iniciativas sustantivas y concretas de reparación a los sectores más sumergidos, como la asignación universal por hijo y el plan Argentina Trabaja.
Las mejoras en los ingresos de los más humildes implican un aumento del consumo de los bienes de necesidad esencial, fundamentalmente alimentos. Como muchos de esos mercados tienen ofertas concentradas o rígidas, y también la de los insumos (aluminio, cartón, plásticos, químicos) que participan del proceso de su elaboración y comercialización, las empresas que integran las cadenas de esos sectores se apropian de las mejoras de los ingresos de los asalariados y beneficiarios de planes. Lo hacen en el mercado formando y disponiendo precios.
Economistas ortodoxos y algunos heterodoxos, referentes de la oposición política y encumbrados exponentes del empresariado concentrado se esfuerzan con denuedo en otorgarle a la cuestión de la inflación el lugar central, cuando no exclusivo, en los objetivos de la política económica. A pesar de que predican la necesidad de asunción del problema nunca sinceran el carácter de las opciones que plantean. La propuesta que emerge como predominante, entre las que promueven, es el esquema de metas de inflación. Este supone un diagnóstico que responsabiliza al aumento de la demanda como causal de la suba de precios y asume la imposibilidad de ajuste de la oferta por medio de políticas públicas. Entiende que esa supuesta presión excesiva de demanda proviene de un nivel de actividad económica que reduce el desempleo a un nivel muy bajo que incitaría a un desbordado reclamo por aumentos de salarios. Ese incremento sería convalidado por empresarios requirentes de mano de obra en una economía que crece demasiado rápido. Así, el supuesto clave del esquema es la necesidad de un nivel de desempleo que asegure la no aceleración de la inflación, o sea, una tasa lo suficientemente alta para evitar que los trabajadores pujen por mejoras salariales que recorten las ganancias empresarias.
La clave del enfoque es evitar las pujas por una mejor distribución del ingreso. Su recomendación de política es enfriar la economía, reduciendo la demanda y el nivel de actividad. La herramienta es subir la tasa de interés para deprimir la inversión y el consumo. La consecuencia perseguida es más desempleo y menores salarios. La estrategia es que con la recuperación de las ganancias empresarias y los menores costos salariales se restaurarían las condiciones para la estabilidad de precios.
Si bien no todos los “sobre-preocupados por la inflación” comulgan con esta lógica predominante, no dejan de coincidir en la necesidad de disciplinar la demanda pública y privada con racionalizaciones de gastos y contenciones salariales. Así la discusión sobre el carácter del ordenamiento del sistema de precios presenta dos vertientes:
1. La de los planes clásicos de estabilización. Reducción de la demanda para que caiga la producción y el empleo, desarticulando la capacidad negociadora de los gremios, garantizando la no afectación de las ganancias empresarias, y componiendo un marco de retroceso de la justicia distributiva. Los regímenes de metas de inflación y de devaluaciones seriales son alternativas para esta lógica que supone un orden exclusivamente mercantil.
2. La otra visión afirma el objetivo redistributivo, con intervención pública en la determinación de los precios mediante procedimientos de administración de los mismos, establecimiento de controles, creación de empresas u ofertas testigo y dispositivos de promoción de la competencia cuando sea factible. Así, la presencia de mecanismos extra-mercantiles en la formación de precios, especialmente en la de los bienes que cubren derechos sociales, persigue la meta de garantizar y afirmar el objetivo distributivo.
Queda planteada una discusión sobre las estrategias respecto de la inflación. Un abordaje democrático y transformador, respetuoso de la Constitución, requiere de la desmercantilización de derechos esenciales de los ciudadanos
* Economista, director del Cefid-AR y profesor de la UBA.

Isaac Grober*

Confrontando con la orientación neoliberal se rebaten aquí sus mitos teóricos y de política económica, para terminar demostrando que la inflación es un mecanismo de apropiación monopólica de la riqueza social. El necesario enfrentamiento contra la inflación, más que técnico es político: ganar en correlación de fuerzas es el requisito para salir airoso. Propuestas en consonancia.

Definimos la inflación como aumento reiterado y generalizado de precios y lo diferenciamos de la variación puntual, aislada de la de unos u otros productos y/o servicios, alzas que pueden manifestarse sin que por ello se las encuadre como proceso inflacionario

Al abordar el tema de las causas de la inflación centraremos el examen de este fenómeno al que vive la economía argentina desde el año 2003. Circunscripto a este período, aislamos el campo sometido a examen y hacemos más comprensible la esencia de la ilustración al evitar la introducción de variables como el de las abruptas variaciones del tipo de cambio y su efecto sobre el costo de las importaciones o el de la saturación de la capacidad productiva de ramas vitales de la economía que, obligadas por ello a operar en forma ineficiente, descargarían su efecto sobre los costos de producción y los precios. Como ninguno de casos acuso existencia durante estos siete últimos años, tampoco puede pensarse que sean causales de peso del fenómeno inflacionario desde el 2003 para acá.

Adentrándonos ahora al por qué de la inflación y pasando revista a las explicaciones de los economistas y exponentes del pensamiento neoliberal, encontraremos que todos ellos coinciden en atribuirla al exceso de demanda de bienes y servicios por sobre la oferta.

Así, asentados en la “natural” ley de la oferta y la demanda quieren explicar el ritmo de los precios e inducir soluciones. Omiten que para su formulación teórica esa ley parte del supuesto de que todos los que acuden al mercado, tanto oferentes como demandantes, son entes atomizados, no hay monopolios ni oligopolios y ninguno de esos entes, aisladamente, tiene capacidad de incidir en los precios.

Para explicar causas, el neoliberalismo razona como si estuviéramos en los albores del capitalismo, época en la que nacen estas herramientas teóricas del análisis económico: si aumenta la demanda sin el correlativo aumento de la oferta, suben los precios y viceversa. Los precios son – según la ortodoxia y su visión del mundo real de hoy – función del juego de la oferta y la demanda.

RESTRICCIONES DE LA OFERTA

En cuanto a la oferta, la primera falacia de su razonamiento radica en su generalización, porque no diferencia la envergadura del ofertante ni el sector o rama desde el que actúa.

Veamos: el exceso de oferta por sobre la demanda tiene efecto deprimente sobre los precios sólo y por razones obvias, en el caso de productos perecederos y en general también en el caso de oferentes o etapas corporizadas en las pymes. Téngase presente que éstas son empresas de una acotada dimensión como para soportar el peso de los gastos fijos ante la caída de ventas. Más aún, si se deprime la demanda y por tanto las ventas, las pymes podrán contener el avance y hasta reducir los precios, pero lo normal es que en el ciclo siguiente reduzcan la producción y por tanto la oferta.

Pero las empresas concentradas de la producción y de la comercialización, por tener clientela cautiva y dominio del mercado – lugar común en la estructura argentina – no tienen necesidad de sujetarse a esa misma regla en relación a los precios. Tampoco tienen necesidad de bajarlos, ni lo hacen, por el hecho de realizar inversiones y aumentar la oferta. Más aún, cartelizan el mercado y los precios con sus escasos competidores de peso equiparable, si los tienen.

En general y a este nivel, ni la mayor inversión ni el aumento de la oferta aseguran la contención de los precios. Suena por eso risible argumentos como que la falta de reglas claras y de incentivos y el clima hostil hacia los negocios, tan en boga cuando se trata de endosar su propia responsabilidad al gobierno, son causas de la insuficiente inversión generadora de riqueza como freno a la inflación.

EL EXCESO DE DEMANDA

El crecimiento del gasto público es para el neoliberalismo el responsable del crecimiento de la demanda y con ello, el otro motor de la inflación.

Caen en la volteada la obra pública, los salarios estatales, los aumentos a los jubilados, la asignación universal por hijo, los subsidios directos e indirectos al consumo popular y la intervención directa del estado cuando sustituye a la gestión privada como operador económico, gastos éstos que terminan siendo financiados, según acusan los ideólogos neoliberales, con déficit fiscal, con emisión monetaria, con uso “indebido” de reservas internacionales, etc. Por eso, simplificando, el manejo monetario “imprudente” es para ellos determinante de la inflación.

Va de suyo que el mayor gasto público dinamiza la demanda agregada y por tanto al mercado interno. Sin embargo surge el interrogante de por qué debe potenciarse la suba de precios por el sólo hecho de una mayor demanda sin la existencia de cuellos de botella en áreas vitales de la estructura de la oferta que fuercen una producción ineficiente y por tanto a costo más alto.

En otras palabras, si no existe crecimiento de costos, por qué la mayor presión de demanda, por qué la mayor disponibilidad de dinero en manos del público y de las empresas, se debe traducir en crecimiento de precios.

Y acá la respuesta que queda es una y única: el mayor poder de compra en el mercado, que en principio se expresa como mayor demanda, como avidez por adquirir los bienes y servicios, es la condición para hacer realidad la apropiación privada de la riqueza social por parte del vendedor, apropiación que se hace viable a través de la suba de precios.

Este instinto por la apropiación privada de la riqueza social, es propia del capitalismo y de todos los empresarios, cualquiera sea su nivel. En la competencia por subsistir, hay que crecer, hay que ser más, ganar más, tener más capital. La diferencia está en quien reúne las condiciones económicas para traducirlo en hechos. Y las mismas razones que expusimos al analizar la posibilidad de variar los precios con los cambios de oferta, esto es las restricciones que enfrentan las pymes para “comandar” la suba de precios, se reproducen aquí cuando examinamos la posibilidad de asumir esa iniciativa en correlación con el crecimiento de la demanda. En general las pymes reaccionan como reflejo y resultado de lo que a ellas les impone como proveedor o demandante el capital concentrado, verdadero formador de precios y apropiador principal de la riqueza social. Más sencillo, la inflación es uno de los mecanismos para la obtención de una ganancia extraordinaria y su resultado termina siendo la apropiación monopólica del producto social.

Que ni el crecimiento de la demanda ni la menor oferta son por sí mismas las responsables de las alzas lo prueba el ritmo de los precios del 2009. Fue un año con caída del crecimiento por efecto de la crisis mundial, con mayor desempleo y del empleo informal, con reducción de ventas, con aumento de la capacidad ociosa y significativas bajas en los precios internacionales de muchos insumos. Sin embargo los índices de inflación, tanto oficiales como los de consultoras privadas fueron los más elevados desde el 2003 en adelante.

Lo preocupante de este enfoque es la política económica “correctiva” que de ella se deriva: reducir en parte el gasto público y en parte recurrir al endeudamiento, deprimiendo el mercado interno , el nivel de ocupación y las condiciones de vida de la mayoría del estamento popular, incluidas amplias porciones de las capas medias. Es el conocido ajuste, el enfriamiento de la economía. Es el camino a la crisis que se termina expresando en destrucción de fuerzas productivas, en exclusión, más pobreza y desigualdad y en mayor concentración.

Así, con el enfoque neoliberal se Identifica el efecto – aumento de la demanda por efecto del crecimiento del gasto público – con la causa de la inflación, mientras que ignoran olímpicamente a la causa y al beneficiario real: la concentración y el manejo monopólico del mercado, que en períodos de expansión se apropia vía precios de la riqueza social y lo hace vía mayor concentración cuando por las políticas de ajuste que propicia se desemboca en la recesión.

OTRAS CAUSAS, OTROS MITOS Y LAS REALIDADES

Con el descrédito hacia los índices del INDEC, ha recobrado impulso la vieja teoría que pretende que las expectativas, exacerbadas ahora por la falta de datos ciertos y creíbles sobre la evolución de los precios, son responsables de la inflación.

Pero la remarcación de precios, amplificando los saltos para cubrir riesgos, el “como no saben, se cubren y suben, por las dudas”, no es más que una ratificación de la existencia de la puja por la distribución de la riqueza, convertida ahora en la teorización de un pretexto para endilgar a la gestión gubernamental la responsabilidad de las alzas.

Esto, más allá del significativo costo político por la falta de credibilidad de la información estadística oficial y sus efectos negativos sobre otros aspectos de la vida económica y política, tampoco tiene mayor relevancia ni fáctica ni explicativa de la magnitud de las variaciones y sus causas. De lo contrario deberíamos suponer que de regularizarse la situación del INDEC se desaceleraría el índice de precios al consumidor por la mejora de las expectativas.

Del mismo tenor es la pretensión de atribuir las alzas de precios a los ajustes salariales, capacidad que se le atribuye con mayor énfasis y no por casualidad, en períodos previos a las convocatorias a paritarias. Y el mito debiera desaparecer si se hiciera carne en la conciencia – como está demostrado – que la incidencia del costo laboral en el costo total representa por lo general menos del 10 %, ponderación que se minimiza más todavía en los estamentos más concentrados, sumado al hecho de que tales ajustes tienden en general a recuperar la inflación pasada. No obstante se ajustan preventivamente los precios antes de las paritarias y luego otra vez con los acuerdos ya firmados. Primero, porque el costo salarial va a aumentar y después porque ya aumentó.

Pero lo que sí no es mito es el uso de los precios con finalidades políticas, sea para condicionar la política del gobierno, sea para ponerlo de rodillas, para desgastarlo ante la opinión pública y si es necesario y las condiciones lo permiten, para voltearlo. Hoy diríamos, acortando el discurso, causa destituyente de la inflación. Ejemplo incontrastable de ello es, por ser el más notorio pero no un caso aislado ni exclusivo, la hiperinflación que obligó al acortamiento del gobierno de Alfonsín, sucedido por el menemato con la partitura neoliberal a pleno bajo la dirección intelectual del FMI y con Cavallo como primer violín.

PROPUESTAS

Por lo analizado hemos concluido en afirmar que la inflación es la apropiación monopólica del producto social, apropiación de la que resultan tributarios el grueso de las clases y capas sociales.

Es por lo mismo – se sea consciente o no – una contradicción o conflicto objetivo entre la fracción económicamente más concentrada y el resto de la sociedad y su resolución o al menos el camino para enfrentarla, más que técnico es político: obliga a emprender medidas regulatorias y de acción directa del estado de neto corte antimonopólico, pero cuyo alcance y profundidad y también su éxito está condicionado a la correlación de fuerzas.

Una primera y vital política regulatoria debe apuntar a asignar al costo de producción local el carácter de patrón de referencia para la fijación de precios dentro del mercado interno. No alcanza el método aislado de la “apretada” y de medidas de acción burocrática .

Dentro de este orden, las empresas tanto de producción como de comercialización que por su envergadura y actividad ocupan espacios estratégicos y dominantes en el mercado y quieran o puedan acceder por ejemplo a créditos a tasas subsidiadas o a medidas promocionales y de fomento, deben tener condicionado el mantenimiento de esos beneficios al cumplimiento de compromisos de abastecimiento al mercado interno, sujetos a parámetros de precio, cantidad y calidad. Y para quienes no recurran a la obtención de ventajas promocionales o también como medida adicional, poner en vigencia una sobretasa impositiva al impuesto a las ganancias o crear un nuevo impuesto, gravámenes de los que esas empresas quedarían liberadas en la medida que satisfagan plenamente aquellos compromisos.

Derivado de aquella primera política regulatoria debe también contemplarse el desacople de los precios internos respecto de los internacionales para los productos que Argentina exporta y que también consume, como es el caso de los agropecuarios y los energéticos.

Es en parte lo que está en vigencia por vía de retenciones a la exportación y los subsidios otorgados para evitar la remarcación de precios o tarifas. Pero aún así, tanto las retenciones como los subsidios toman hasta ahora como referencia los precios internacionales y no los costos locales de producción.

Para este objetivo una acción más definitoria es la reimplantación de las Juntas Nacionales de Carnes y de Granos con capacidad de concentrar la comercialización y distribución de la producción agropecuaria, fijando precios rentables para los productores atendiendo a su región y tamaño y preverse la participación de los auténticos productores en la dirección de esas Juntas.

Con el mismo espíritu debe repotenciarse una empresa estatal de hidrocarburos para así tener cabal dominio sobre el nivel de las reservas y con condiciones de reinvertir en beneficio de otros emprendimientos y por ende a favor de la sociedad la renta extraordinaria derivada de la explotación y comercialización de los recursos.

Finalmente y con el título de requisito esencial, el combate contra la inflación requiere un respaldo de masas organizadas y militante. No es posible enfrentar con éxito a los monopolios para acotarles parte de su renta extraordinaria con simples acuerdos de precio y acciones burocráticas. Es imprescindible la acción vigilante de las comisiones sindicales internas en las grandes empresas, que son los que mejores condiciones reúnen para supervisar anormalidades en la producción y el abastecimiento y que contratando profesionales pueden investigar los costos. Hay experiencia internacional que lo avala.

Debe reestructurarse también el régimen de comercialización interna que con la estructura y operatoria actuales terminan confiscando al productor y al consumidor. Es necesario repotenciar la organización cooperativa de producción y en particular la de comercialización de productos agrarios y la de sus insumos.

Operando de este modo contra la inflación, también daremos paso a una profundización de nuestra democracia, haciendo escuela para elevarla desde su actual carácter esencialmente delegativo vía representación, en democracia de gestión participativa.

* ISAAC GROBER Contador Público y Magister en Economía Miembro del Consejo Editorial de la Asociación Civil-Cultural Tesis 11

Por José Pierri*

04-05-2010 / 

El aumento de los precios de los productos de la canasta familiar es quizás la principal cuestión de discusión y crítica al Gobierno por una parte considerable de la población. Como se suele decir “la única verdad es la realidad” y negarse a admitirla lleva a extraviar el juicio.

Ahora bien: cuál es la causa o el “culpable” del fenómeno maldito para la mayoría de la población y aquel que beneficia a otros. (Debe recordarse que en economía, generalmente cada vez que un sector económico se ve perjudicado otro se ve beneficiado. )

Hay variadas explicaciones del fenómeno inflacionario. La ortodoxa lo atribuye al aumento de la demanda vía la emisión monetaria, el aumento del gasto público o de los salarios. Otra interpretació n entiende los aumentos de precios como resultado de la estructura económica del país (insuficiencia de la oferta para abastecer los aumentos de demanda), en tanto otros la explican por las expectativas (cultura arraigada de aumentos de precios) o por la estructura dependiente del país (señala que la inflación se provoca por los reiterados aumentos del tipo de cambio debido a la crónica insuficiencia de divisas externas y endeudamiento que caracterizó a nuestro país).

En la actualidad queda descartado que el aumento de precios actual se origine en las corridas hacia el dólar. Es claro que el valor de la moneda norteamericana está sostenido por el Estado. De no existir esa intervención los ingresos en moneda nacional de los exportadores de materias primas disminuirían y muy posiblemente bajarían los precios internos de los productos de origen agrario acompañando al de los precios obtenidos en el exterior. En ese sentido el pedido de un dólar de más de $4 significaría una especie de mayor subsidio a la gran mayoría de las exportaciones agrarias y un estímulo a la inflación, salvo en el caso las ventas externas de soja y sus derivados, que debido a las altas retenciones a su exportación, no llegaría a estar beneficiada en forma neta por las políticas públicas.

Cabe entonces preguntarse por qué aumentan los precios de los alimentos en mayor proporción que el de productos industriales o los de importación. Quizás la clave haya que buscarla en la historia de la producción y precios de los productos de origen agropecuario en nuestro país, en particular de la carne vacuna, y su relación con los mercados internacionales.

En numerosas ocasiones en la historia nacional, en gobiernos de las más diversas orientaciones, se atribuyó al precio de la carne y de otros alimentos ser el principal factor de desestabilizació n económica. Ya en 1817 durante el directorio de Juan Martín de Pueyrredón, se produjo un grave proceso inflacionario producto del monopolio de abasto a la ciudad de Buenos Aires por parte de los pocos establecimientos saladeros dedicados a la exportación.

El 31 de mayo de ese año, el director supremo ordenó el cierre de los saladeros respondiendo a la fuerte agitación popular por el aumento del precio de la carne. La cuestión de la inflación llevó a Pueyrredón a señalar en marzo de 1818: “La carestía y escasez de carne que se experimentan desde hace algún tiempo en esta capital, en medio de la abundancia de ganados, al paso que interesan mi sensibilidad a favor de las clases menos pudientes, tienen en tortura mi espíritu por no alcanzar el origen cierto que las produce”. Como se ve el tema provocaba polémica.

Más cercano en el tiempo, durante la presidencia de Arturo Frondizi, cuando en 1959 se modificó estructuralmente el negocio –siguiendo sugerencias del FMI– al abandonarse los subsidios directos a los frigoríficos (aún en su mayoría extranjeros) , vigentes desde la Segunda Guerra Mundial. Ese año, el precio del kilo vivo se disparó acompañando la fuerte devaluación de la moneda. La Sociedad Rural Argentina (SRA) ya planteaba en sus anales las dificultades para los ingresos del sector ganadero provocadas por el aumento del consumo: “Entiende la Sociedad Rural Argentina que el país debe exportar más y que la disminución de nuestros saldos para ese destino se debe al incremento demográfico y al mayor poder de compra interno”.

En 1961, la SRA se animaba a solicitar la reedición de un tratado similar al Roca-Runciman: “Creemos que luego de la misión que se acaba de enviar, debería organizarse para dentro de treinta días, otra de mayor relieve, de una jerarquía similar a la recordada misión Roca, integrada por ganaderos y figuras relacionadas con los intereses argentino- británicos”. Como tantas veces a comienzos del siglo XX, la política económica debería encuadrarse siguiendo los intereses ganaderos.

A partir de esta situación, la gestión desarrollista, con el objeto de disminuir los precios internos impuso derechos de exportación para la carne vacuna, luego también vigentes en distintos gobiernos. En 1960 y 1961 se elevaron a más del 20%, en época de Illia se mantuvieron debajo del 10% y fluctuaron entre el 13 y 16% entre 1966 y 1973.

Illia impuso mediante los decretos 3.286 y 3.289/64, precios máximos y vedas semanales en el consumo de carne con el propósito de frenar los incrementos de valor del producto más sensible para medir el aumento general de precios. A pesar a esas medidas el precio del novillo en Liniers se mantuvo por encima del índice de 1960.

Krieger Vasena, ministro del gobierno militar del general Juan Carlos Onganía, con similar objetivo de combatir el aumento se precios, aprobó el decreto 17.198/67 que estableció derechos de exportación para la carne vacuna del orden del 16 al 20 por ciento. Las altas retenciones se rebajarían a un valor menor al 10% a mediados de ese año, cuando, producto de la fuerte devaluación de la libra, el brote aftósico en Gran Bretaña y el cierre de importaciones de carne argentina disminuyó el precio de la carne.

En los casos precedentes la cuestión del precio de la carne vacuna, los derechos de exportación impuestos a sus ventas externas fueron una constante en diversos gobiernos, aun de muy diferente orientación económica e ideológica. La carne siempre fue el principal componente de la canasta familiar y orientador de los demás precios de origen agrario.

La tendencia al aumento del precio de la carne en este último año se explica por hechos nuevos del comercio mundial que profundizan los reclamos y expectativas por mayores precios internos por parte de ese sector agroindustrial. La Argentina accedió en el 2003 al mercado de carne sin aftosa, el de mayores precios, y la extraordinaria rentabilidad de la producción sojera también opera en el sentido de lograr mayores ingresos por parte de los productores ganaderos.

De acuerdo a datos de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, los alimentos han duplicado sus precios desde el 2002, con tasas anuales de crecimiento superiores al 20% durante el 2007 y el 2008.
La excepcional perspectiva para la producción agraria es una principal razón estructural del incremento de precios internos actual. Al igual que en el pasado, los precios internacionales a los que pueden acceder los productos agrarios, influyen decisivamente sobre sus valores internos.

Lo que queda por determinar es la validez de permitir, sin ninguna “anestesia”, que esos precios se impongan en el mercado interno en el que rigen precios muy inferiores a los internacionales en energía, transporte y en el costo de la mano de obra.

La historia argentina muestra innumerables ejemplos en los que los más diversos gobiernos actuaron controlando los precios internos de la carne vacuna y otros alimentos, alternando prácticas de subsidios y extracción de ingresos al sector. Todos aquellos que creemos en la necesidad de un desarrollo equilibrado del conjunto de la economía nacional y aspiramos a solucionar con urgencia la situación de pobreza –que incluye el tema del hambre y el costo de los alimentos– de un tercio de los argentinos entendemos que es válida la acción del Estado para disminuir el precio de los alimentos y equilibrar los ingresos. Lo que debe definirse es si se llega a un acuerdo voluntario con el sector, o si se debe avanzar en la imposición por parte del Gobierno de mayores retenciones u otro tipo de control.

¿Será posible un acuerdo voluntario que disminuya los niveles de precio de los alimentos y la pobreza en este año, cuando se conmemora el inicio del proceso de independencia de nuestro país? La historia nos indica que ese ideal parece muy difícil de realizar.

* CIEA/FCE/UBA

Fuente: Buenos Aires Económico

 Entre la inflación extorsiva y la trampa de las políticas antiinflacionarias.

 Por Alberto José “Pepe” Robles

Rebanadas de Realidad – Buenos Aires, 04/04/10.-

 Empecemos por decir que la inflación es un componente estructural de la economía de mercado. No existe ni ha existido ninguna economía de mercado sin inflación. De lo que se trata, entonces, cuando se habla de inflación, es de establecer cuánta inflación es aceptable e incluso buena y desde cuánto trae más problemas que beneficios.Y es ahí donde los economistas monetaristas y liberales (ortodoxos) se enfrentan duramente con los economistas keynesianos y desarrollistas (heterodoxos) . En términos muy generales podríamos decir que para la derecha bajar la inflación al mínimo es una priodidad máxima, mientras que para la izquierda y los desarrollistas, bajar la inflación es menos importante que crecer y redistribuir los ingresos. En otras palabras, los gobiernos conservadores tienden a bajar al máximo la inflación, casi siempre a costa del ingreso de la mayoría de la población, directamente vinculada al nivel de salarios y el gasto público, mientras que los gobiernos “progresistas” tienden a mejorar la situación económica de la población, generando presiones inflacionarias.
Puede decirse que en los años ’90, la “inflación adecuada” oscilaba entre el 1% mensual y el 3% mensual, correspondiendo esta última a políticas desarrollistas heterodoxas en países de alto crecimiento (Fuente). Sin embargo, luego de la Crisis Global 2008/2009 estas “metas” han sido reexaminadas, ya que fracasaron como colchón, y la mayoría de los economistas actuales (tanto ortodoxos como heterodoxos) está pensando que las pautas inflacionarias de los ’90 eran demasiado bajas y que causaron más daño que beneficios, y que por lo tanto en el futuro debieran aumentarse co0nsiderablemente (Fuente).
La inflación tiene muchas causas. En general, cada sector menciona sólo aquellas causas que no le significan sacrificar sus propios ingresos. A título meramente informativo, se mencionan a continuación algunas causas de la inflación:

• Aumento de precios intencional por parte de las empresas que tienen poder de mercado (concentradas) para aumentar su cuota de participación en el ingreso nacional, generalmente a costa de los salarios y del gasto público.
• “Recalentamiento” debido al alto crecimiento de la riqueza, cuando la inversión no crece en la misma proporción.
• Apropiación del aumento de ingresos en la población, postergando inversiones, por parte de grandes grupos empresarios en economías de renta.
• Emisión monetaria cuando hay déficit y no hay crecimiento económico.
• Aumento de precios estratégicos para la economía (alimentos difíciles de sustituir en la dieta popular, como el arroz en Asia, la pasta en Italia o la carne en Argentina; petróleo, etc.) No es propiamente inflación (porque no se trata de un aumento generalizado de los precios), aunque es presentada generalmente como si lo fuera.
• Inflación mundial. En este sentido hay que tener en cuenta que, luego de la crisis global de 2008/2009 y la emisión monetaria y el déficit histórico con que respondieron los mayores países del mundo.

La inflación es un fenómeno que siempre y en todas partes ha generado grandes discusiones. Sin embargo hay algunos aspectos en los que todos están de acuerdo: la inflación no afecta a todos por igual, sino que afecta más a los que tienen ingresos “fijos” y afecta menos a los que tienen capacidad para establecer el valor monetario de sus ingresos. Ante esto uno diría, chocolate por la noticia, porque precisamente la inflación es eso, cuando se suben generalizadamente los precios. Si todos pudieran subir el precio de sus ingresos con el mismo poder, la inflación sería neutra; pero como no es así, y algunos tienen sus ingresos “más fijos que otros”, la inflación favorece más a quien tiene más capacidad para imponer el precio de sus ingresos en el mercado. Por eso, la inflación -entre muchas otras cosas- es un “arma” de mercado, siempre disponible para aquellos que tienen el poder de subir sus ingresos.

Curiosamente, de este aspecto de la inflación, casi no hablan los economistas “serios” ni los grandes medios.
Como todo fenómeno complejo, la inflación admite gran variedad de abordajes, y diversas maneras de atacar sus múltiples causas y se presenta también en gran variedad de situaciones. Precisamente como las causas de la inflación son múltiples y los niveles admisible de inflación también son múltiples, la clave de la política económica en cada caso está en qué variables van a tocarse (“ajustarse” ) en cada caso. Para ser claros, no es lo mismo bajar la inflación porque las grandes empresas aceptan ganar una porción menor de la renta total, que bajar la inflación porque se obliga a los trabajadores a reducir sus salarios reales o reducir la inflación, bajando el gasto público con reducción de las jubilaciones. Otro aspecto fundamental de la inflación son las expectativas de la población: no es lo mismo que la población “sienta” que la inflación es del 20% mensual, que “sienta” que es del 2% mensual. En el primer caso, sin que exista ninguna otra causa, la inflación tenderá a ser del 20% mensual, en el segundo caso la inflación tenderá a mantenerse moderada. Aquí los medios de comunicación y las declaraciones públicas de los principales dirigentes políticos, juegan un papel económico de primera magnitud, tanto para subir como para bajar la inflación.
Inflación, crecimiento y redistribución de la riqueza

En la Argentina de 2010 hay que prestar atención a dos procesos concretos y su relación con la inflación: la redistribución de la riqueza y el crecimiento. En términos muy generales debe decirse que un proceso de alto crecimiento de la riqueza y de alta redistribución de la riqueza, contendrá fuertes tendencias inflacionarias. Esto es inevitable.
Aquí se produce un primer debate sobre “el modelo” económico, entre aquellos partidarios de crecer a “tasas chinas”, aún con tasas de inflación relativamente altas (China tuvo una inflación de 2,7% mensual en febrero-2010) y aquellos pardidarios de crecer mucho menos, con el objetivo prioritario de evitar la inflación.
En general, la derecha tiende a dar máxima prioridad al objetivo de bajar la inflación, aún a costa de sacrificar el crecimiento y aumentar la pobreza, haciéndolo mediante las llamadas políticas de “ajuste”, reduciendo salarios y el gasto público dirigido a redistribuir riqueza, y aumentando impuestos y el endeudamiento externo.
Pero hay que tener en cuenta que, en un país con mucha desocupación y mucha pobreza, sólo una alta tasa de crecimiento permitiría alcanzar niveles dignos dentro de un plazo prudencial.
Por ejemplo, en la Argentina, si se parte de una tasa de pobreza del 56% y una desocupación del 30% en 2002, a ojo de buen cubero, se necesitan tasas de crecimiento promedio del 8,5% durante al menos 20 años para volver a una situacion social similar a la que el país tenía antes del golpe de 1976 (casi pleno empleo, hambre y pobreza cercanas a cero y criminalidad bajísima). Con esa tasa del 8,5% de crecimiento, el país alcanzaría el nivel de riqueza de España en 2023 y el de Estados Unidos en 2031, pero si la tasa bajara al 5,2%, Argentina recién alcanzaría a España en 2081. (1)
Es decir, a las tasas de crecimiento que se han generado en el período 2003/2010, la Argentina podría comenzar a acercarse a un nivel de vida más o menos parecido al que la gente hoy pretende, hacia el año 2020.
Pero si el crecimiento baja al 5%, como tendencia, esas metas comienzan a evaporarse y a extenderse a lo largo del siglo XXI. Dicho de otro modo, si realmente se pretende terminar con la pobreza en un lapso prudencial y no irlo postergando para momentos que nunca llegan, es indispensable tener tasas del 7-9% anual durante lapsos prolongados. Y eso conlleva tensiones inflacionarias inevitables.
En realidad el crecimiento por sí solo no produce inflación, lo que sucede es que, cuando hay una alta tasa de crecimiento (como sucede en Argentina desde 2003 con una tasa promedio de más del 7%) es difícil que la inversión aumente al mismo ritmo. Esta diferencia de crecimiento entre la producción y la reinversión siguiente, tiende a generar inflación.
Es que si la inversión no sigue el ritmo de la producción del año anterior, hace que no aumente la oferta e incluso a que baje, si no se mantiene el stock de capital existente. Esto provoca que baje la cantidad o la calidad del producto, o ambas. El alto crecimiento aumenta la demanda y por ello debe ir acompañada del correspondiente aumento de la capacidad productiva (en tiempo y forma). Esto implica nueva inversión, por encima de la renovación del stock de capital existente, para responder a la mayor demanda.
Este proceso se tiende a agravar cuando se ponen obstáculos a la inversión especulativa o a la inversión depredadora (social y/o ambientalmente) . Pero claro, aumentar la inversión facilitando la inversiones especulativas y depredadoras podrá tender a bajar la inflación, pero el precio social y ambiental que se paga es mucho mayor y con consecuencias negativas persistentes en el tiempo.
Otro fenómeno “depredador” que se produce cuando un gran crecimiento produce un aumento del ingreso de la población, es que las grandes empresas con poder de mercado se ven tentadas a “manotear” esa mayor capacidad adquisitiva que tiene la población, no mediante una nueva inversión que aumente la producción, sino mediante una simple remarcación de los precios.
Por lo tanto una parte fundamental de una política antinflacionaria que no recurra al “ajuste”, es encontrar nuevas vías de inversión, recurriendo por ejemplo al sector cooperativo, a las pymes y al ahorro popular.
La segunda manera clásica de bajar la inflación es no aumentar el salario real, o aumentarlo de manera muy pausada y a largo plazo. Esto es aceptable en países con altos salarios, donde al trabajo le corresponde el 50% o más de la riqueza producida. Pero no es aceptable en países con bajos salarios, donde el trabajo recibe una pequeña proporción de la riqueza, como sucede en América Latina, la region más desigual del mundo. En Argentina, por ejemplo, hasta 1976, el trabajo recibía entre un 45% y un 50% de la riqueza total, con un pico histórico del 50,84% en 1954 y un 47% en 1973, seguramente superado en 1974, aunque a partir de ese año el INDEC dejó de realizarse este cálculo. (2)
Ese porcentaje se derrumbó bajó con la dictadura, para recuperarse un poco luego del retorno de la democracia, pero sin alcanzar el promedio de participación que el trabajo recibía antes de 1976, ubicándose en la década de 1990 en torno al 40%. La crisis de 2001 volvió a hacer retroceder la porción correspondiente al trabajo en el producto total, tocando fondo al comenzar 2003, cuando cayó al 34%. (3)
Por lo tanto, para llegar al 50%, en un país como Argentina (y en general en América Latina), en un plazo digamos de 15 años, con una tasa de crecimiento promedio del 8% y una desocupación del 8%, se necesita aproximadamente un aumento del salario real del 7% anual. Sin esto no hay verdadera redistribución de la riqueza y por lo tanto el crecimiento no va a la gente, sino a la clase alta. Pero esto también implica importantes presiones inflacionarias.
Por lo tanto, ya de por sí, un país que decida crecer a una alta tasa (por ejemplo 8% anual) durante un período prolongado (digamos 20 años), y con eso bajar la desocupación casi a cero, eliminar la pobreza y el hambre y llevar la retribución del trabajo al 50% (el otro 50% a los inversores y autónomos), necesariamente tendrá considerable presiones inflacionarias, con las que tendrá que convivir durante dos o tres décadas.
Inflación y resistencia a la redistribución de la riqueza (puja distributiva)

A esas tendencias inflacionarias se suma la resistencia de las clases altas a que el trabajo aumente su participación proporcional en la riqueza, aún cuando en términos absolutos su propia riqueza aumente. En estos casos, las clases altas (la derecha) suelen utilizar la inflación como “arma”. Para eso la clase alta cuenta con dos herramientas decisivas: poder de mercado y poder mediático.
Con respecto a la primer herramienta, el poder de mercado, la clase alta en los países latinoamericanos cuenta con un enorme poder de mercado, debido a la concentración empresaria, mucho mayor que la que tienen sus pares de los países desarrollados. De este modo, la clase alta puede elevar -a veces a su antojo- los precios y de ese modo mantener (o aumentar) la porción de la riqueza del país de la que se apropia. En Argentina eso ha sido típico. Apoyando esta afirmación, el Grupo Fénix ha explicado en 2007 que:
“A nuestro juicio, la inflación ha sido la forma con que la Argentina históricamente procesó los conflictos distributivos. Si bien una explicación exhaustiva excede el espacio de este texto, podemos señalar lo siguiente: una economía con un elevado grado de oligopolizació n y baja eficiencia de sus mercados claves -como es el caso de nuestro país- puede dar lugar a conductas que se traducen en ajustes ascendentes de precios; estos comportamientos pueden ser replicados por la generalidad de los agentes económicos, a través de la difusión de expectativas, las que pueden afectar también la negociación salarial entre trabajadores sindicalizados y sector empresario“. (4)
Es que el bajo desarrollo de los mercados locales, muy poco atomizados, permite que al estar concentrado en pocas manos, se preste a la cartelización y a la manipulación de precios por parte de los oferentes. En este aspecto resulta de gran importancia la legislación orientada a combatir monopolios y oligopolios. Esta situación, es muy propia de los países subdesarrollados, no solo en los mercados de bienes, si no en los mercados de capitales, racionando el crédito o encareciéndolo, lo que dificulta aún más la inversión.
Con respecto a la segunda herramienta, el poder mediático, la clase alta, en los países latinoamericanos, controla los medios de comunicación y, a través de ellos, puede generar expectativas inflacionarias y de este modo, aumentar considerablemente la tasa de inflación. Es que las expectativas inflacionarias, forman parte de lo que la ciencia económica llama expectativas adaptativas (5), pueden generar una alta inflación por sí mismas, sin que haya ninguna otra razón para ello. Esto se sabe bien en Argentina, a tal punto que el gobierno de Alfonsín impuso el desagio en los contratos, porque “adelantaban” la inflación, y Cavallo, en sentido similar, prohibió indexar los contratos. De este modo, las expectativas inflacionarias de “la gente” retroalimentan la inflación, como si le echaran nafta al fuego.
Actualmente, la decisión de “los medios” argentinos de impulsar la inflación estimulando las expectativas inflacionarias en la población, es descarada. De manera similar a la forma que se informaba diariamente el riesgo país previo a la Crisis de 2001 (y luego nunca más), los medios han comenzado a informar diariamente el aumento de precios seleccionados, para instalar la percepción de que la inflación está en el orden del 20% mensual, y no del 20% anual, como se encuentra realmente. Hoy cualquier persona “de la calle”, cualquier trabajador sin demasiada información, cualquier ama de casa normal, piensa que el INDEC miente y la inflación es un 20% mensual (es decir un 240% anual). Incluso un ex presidente como Carlos Menem, “se confundió” el otro día, en el programa de Mauro Viale, y dijo que la inflación era del 20%, retándolo a Mauro Viale como si fuera un retardado, cuando éste intentó corregirlo para decirle que esa inflación era la tasa anual. Una intención parecida desnudó el periodista del Grupo Clarín Marcelo Bonelli, cuando en el noticiero del mediodía de Canal 13, al pronosticar el clima, se “le escapó” lo que en realidad estaba pensando y dijo: “la inflación de hoy es…“.
Como ejemplo de la inflación mediática, es muy revelador darse cuenta como un título periodístico de Clarín, en su diario de la mañana, fue cambiando en unas pocas horas. El título empezó diciendo:

“LA SUMA DE ALIMENTOS CASI TRIPLICA A LA DEL INDEC”

Poco después, a media mañana, en TN (misma empresa de medios), le habían sacado el “casi”, quedando el título así:

“ALIMENTOS: LA INFLACIÓN TRIPLICA AL INDEC”

Al medio día, nuevamente en TN, vuelven a “tocar” el título y ahora le sacan la palabra “alimentos”, quedando así:

“LA INFLACIÓN TRIPLICA AL INDEC”.

Este tipo de manipulación de la información no es fruto de un error y es obvio que tiene como objetivo inmediato aumentar la inflación por vía de impulsar las expetativas inflacionarias de la población.
Una pregunta crucial: ¿a costa de quienes?

En síntesis, la economía Argentina de hoy transcurre en medio de varias causas que impulsan la inflación. Pero lo que en general no se dice es que para “los dos bandos” (ortodoxos versus heterodoxos) existen las “causas buenas” y las “causas malas” de la inflación. De lo que se trata en suma es de elegir cuáles son las buenas y cuáles las malas.
De manera algo esquemática puede decirse que la situación inflacionaria en Argentina está impulsada por una suma de causas, a saber:

Para poder identificar los intereses que “cuidan” las distintas propuestas económicas que proponen bajar la inflación, es importante identificar cuáles son las causas que “tocan” y cuáles no.
Una política orientada a preservar el estatus qúo económico, se orientará a retrasar el crecimiento de los salarios reales, a reducir el gasto público y a frenar el crecimiento (“enfriar la economía”). Estas “políticas antiinflacionarias” , de contenido abiertamente impopular, son clásicas desde que Álvaro Alsogaray las aplicara en Argentina por primera vez en 1959, con su famosa frase “hay que pasar el invierno”, durante el gobierno de Frondizi. La derecha suele denominarlas “ajustes”.
En sentido contrario, una política orientada a preservar los niveles sociales alcanzados (reducción de la pobreza, aumento del salario real, redistribució n del ingreso) se orientará más a debilitar (o eliminar) los monopolios y oligopolios, a combatir la generación de expectativas inflacionarias por parte de los medios de comunicación, a promover formas populares de inversión y a reemplazar insumos importados por medio de la producción nacional.
Por otra parte, ambos bandos (ortodoxos y heterodoxos) tienen también una estimación diferente de la cantidad de inflación “buena”. Mientras que para los ortodoxos una inflación “buena” está en el orden del 6% anual (aunque luego de la Crisis Global están cambiando aceleradamente estas “pautas inflacionarias”), (6) para los heterodoxos una inflación “buena” puede oscilar en el orden del 15-20%, si se produce en un contexto de alto crecimiento y redistribució n del ingreso. Luego de la Crisis Global, también estas “pautas” heterodoxas se están moviendo hacia arriba y hoy ya hay voces que consideran que una inflación del 30% también podría ser “buena”, o al menos aceptable. (7)
Conclusiones: inflación extorsiva, inflación “mala” e inflación “buena”

En realidad, en Argentina no hay una inflación, sino tres tipos de inflación:

• 1) una inflación “buena”, asociada con el alto crecimiento y la redistribució n del ingreso;
• 2) una inflación “mala” asociada con una inversión que no crece a la misma velocidad que la producción;
• 3) una inflación extorsiva, intencional, causada por el poder económico (de mercado y mediático).

Es que la inflación no siempre es mala, cierta inflación es buena o aceptable (la que viene del crecimiento y la redistribució n de riqueza). A la par de la inflación “buena”, hay una inflación “mala”, causada en parte por dificultades para aumentar la inversión a la misma velocidad del crecimiento y en parte por la resistencia del estatus quo a mejorar el ingreso de la población como porcentaje de la riqueza nacional. Esta última inflación es intencional y constituye en realidad una extorsión del poder económico: si no bajan salarios y gasto público, aumentaremos más y más los precios.
¿Qué porcentaje de la inflación puede atribuirse a la extorsión del poder económico? El economista Jorge Gaggero, del Plan Fénix, ha estimado en marzo de 2010, que hasta un 15% de la inflación actual podría atribuirse a la inflación extorsiva. (8)
La inflación extorsiva es política y tiene como fin frenar los aumentos salariales, el gasto público y el alto crecimiento (éste último sin afectar la tasa de ganancia, pero si el crecimiento del empleo y los salarios). Dicho de otro modo, la inflación extorsiva es una acción del poder económico que tiene como fin obligar al poder político a implementar una política antiinflacionaria de ajuste, que llevaría a postergar por décadas la solución de los problemas sociales.
Una de las falacias populistas más exitosas de la derecha es el argumento de que “el gobierno debe bajar la inflación, porque los más perjuidicados por la inflación son los pobres“. En esta línea, el economista de derecha Miguel Ángel Broda, le recomendó a los “verdaderos progresistas” reducir el gasto público y frenar los aumentos salariales (Miguel Angel Broda, en Hora Clave, 21-03-2010). En la misma conversación, Mariano Grondona le preguntó retóricamente: “¿se soportan 19 meses sin algún tipo de ajuste?“.
El argumento es tramposo, porque omite decir toda la verdad. Obviamente que hay una parte de la inflación, la inflación mala, la que producen las empresas que tienen poder de mercado y os medios capaces de generar expectativas inflacionarias, que daña a la población. Suprimir esas causas de inflación sería realmente una medida “progresista” , porque impediría que las clases altas se reapropien de los aumentos de los trabajadores, mediante un mecanismo espurio e ilegítimo. Pero la trampa de estos comunicadores que le piden al gobierno que baje la inflación, es que no se refieren a la inflación “mala” (control de precios, control de costos, defensa del consumidor, Tribunal de Defensa de la Competencia, medidas antitrusts, etc.), sino que le exigen que se rinda a la extorsión inflacionaria del poder económico, bajando salarios y gasto público, es decir devolviéndole a las clases altas la porción de la riqueza que ven amenazada. A cambio de eso, los extorsionadores ofrecen dejar de aumentar la inflación. Se trata, literalmente de un mensaje mafioso.
Algún tipo de pacto social o acuerdo de precios y salarios, si es genuino, podría ser útil para desmontar la inflación extorsiva. De todos modos, no habría que ser demasiado ingenuos y hay que reconocer que el grado de oposición de una gran parte del estatus qúo al ritmo de aumento salarial y paritarias anuales, y al nivel del gasto público e intervención del Estado, hará poco probable que la inflación extorsiva ceda.
Ello no significa dejar de buscar mecanismos socialmente justos para reducir la inflación, como es por ejemplo aumentar la inversión productiva (la política de desendeudamiento con las reservas se orienta en esa dirección) o que el Estado intervenga activamente para corregir las “fallas” de mercado.
A mediano plazo, hay que impulsar todas las políticas relacionadas con desconcentrar los mercados: procedimientos antimonopólicos, promoción del sector cooperativo, impulso a las pymes, democratizació n de los medios de comunicación, etc.. El Estado debe monitorear más activamente los mercados y aplicar políticas activas si es necesario. El espacio de las actividades de renta se reduce aumentando el espacio de las actividades de inversión productiva social y ambientalmente responsables.
Pero, nuevamente, nada de ello debiera llevar a ser ingenuos. En las condiciones de alta desigualdad social y concentración de los mercados que caracteriza a la Argentina y toda América Latina, la amenaza de la inflación extorsiva por parte del poder económico, para evitar que se configure un sistema con desigualdad social moderada, es casi seguro. Esta resistencia del estatus quo a permitir un aumento considerable de la población en la riqueza, genera y seguirá generando incertidumbre y ello a su vez seguirá dificultando la inversión. Este daño es una parte del conflicto socioeconómico en marcha.
Por lo tanto habría que esperar, siendo realista, que cada vez que exista un proceso en serio y firme de redistribución de la riqueza, habrá inflación, porque los grupos económicos que se oponen a esa redistribución, recurrirán a la inflación extorsiva para frenarlo. Y si esto es así, la única manera de fondo de reducir estructuralmente la inflación es ir reduciendo, en el mediano plazo, el poder de mercado de los grandes grupos y el espacio de las actividades de renta.
Esto probablemente implique convivir con una inflación más alta que la deseable durante cierto tiempo, como consecuencia del pataleo de ese sector social principesco, con raíces en la colonia, que está entronizado en el corazón del capitalismo de renta latinoamericano y que, quizás por primera vez en la historia, se siente cerca de desaparecer del subcontinente.