El Déficit Fiscal

El déficit fiscal resulta la base sobre la que se asienta la pasión de la corriente neoclásica. Tanto en términos del combate a la inflación como de variable macroeconómica estrella para negociar con el FMI. El diagnóstico de los economistas que transitaron, y transitan, la economía neoliberal, se nutre mucho más del sentido común que del análisis científico. Dicen que si el Estado gasta más de lo que recauda y no tiene margen para endeudarse, entonces incurre en déficit fiscal que debe financiar con la creación de moneda doméstica (en nuestro caso pesos). De allí se dirigen derechito a la teoría cuantitativa del dinero y postulan que si la cantidad de dinero aumenta respecto de la masa de bienes existentes, provoca el aumento de los precios. Este modo de razonar no es inocente respecto del sujeto imputado, ya que la responsabilidad sería del gobierno por no disciplinar el presupuesto y equilibrar las cuentas públicas. Sin embargo, a esta mirada tan atrayente e intuitiva como precopernicana, que suena tan verdadera como que el sol gira alrededor de la tierra, se le opone una inversa: que los precios aumentan por decisión del empresariado concentrado que está en condiciones de fijar sus valores en los mercados, esos incrementos desatan una lucha reivindicativa de los sectores de ingresos fijos que reclaman aumentos de salarios públicos y privados e incrementos de jubilaciones y otras prestaciones sociales a cargo del Estado. La demanda de crédito público y privado para atender el nuevo nivel de precios e ingresos de la economía presionaría sobre la necesidad de emisión de dinero por parte del gobierno. Por otra parte si los empresarios que aumentaron precios, y en general consiguieron mejoras en sus ganancias, se resisten a financiar las mayores erogaciones en las que debe incurrir el Estado mediante el pago de mayores tributos, hay un deterioro del saldo fiscal de las cuentas públicas.

La ecuación con la cual se analizan las dos miradas podría ser semejante. Pero el tema no es la ecuación, sino la función que se expresa en la misma con la hipótesis de causalidad fijadas en variables independientes diferentes. Para los que le achacan la culpa al Estado, el pregón clásico de los neoliberales, la variable independiente es lo que imprime la maquinita que tiene el que ejerce el gobierno, mientras que para los intelectuales que se alinean con la economía heterodoxa y la mirada crítica, el problema radica en las decisiones del poder económico concentrado que aumenta los precios y desata un encadenamiento de hechos que desembocan en los fenómenos inflacionarios.

Para los primeros, las variaciones del déficit serían una cuestión de disciplina y equilibrio macroeconómico, para los segundos esos cambios expresarían la puja distributiva y lucha de clases. Pero el déficit fiscal tiene otros costados que merecen analizarse y no sólo los sujetos y acciones que determinan su variación. Es necesario analizar que bajo el supuesto de que se logre cierta estabilidad del mismo resulta una cuestión relevante sopesar cuál es su nivel adecuado y qué evolución se propugna hacia el futuro. Por ejemplo, la Argentina hoy se encuentra en plena pandemia y requiere de un nivel de gasto público extraordinario. Como el resultado fiscal negativo resulta de la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda, es esperable que esa diferencia aumente, a menos que el impuesto a las grandes fortunas se convierta en permanente y pase de la exigüidad de sus alícuotas a niveles razonables, que las retenciones a la soja y sus derivados crezcan en más de diez puntos porcentuales como merecen sus precios internacionales actuales y que se trabaje en una reforma que alcance niveles aceptables de progresividad tributaria, recomponiendo el sistema cuyo proceso de destrucción comenzó la dictadura militar.

Pero si afanarse en reducir el déficit supone construir una política de reducción del gasto público, estaríamos ante un error de concepción por parte del gobierno popular. Y en esto corresponde cierta rigurosidad técnica. No estamos hablando del gasto público en términos nominales. Ni tampoco en términos reales. Sostener el gasto público y no reducirlo significa ponerse el objetivo de su crecimiento en relación al PBI. O sea proponerse como política que el gasto público crezca más que el Producto. Y esto no se trata de la defensa de lo que despectivamente llaman dirigentes del PRO como “Estado planero”. Expresa la vocación de un Estado que aumente la Inversión pública, que haga centro en la Investigación Científica y Tecnológica, que construya un Sistema Único de Salud de excelencia, que mejore los ingresos de los jubilados, que recupere la centralidad en todos los niveles del sistema educativo – cuyo eje debe ser la construcción de ciudadanía, de cultura y de capacidades productivas, en ese orden. Y además que tenga capacidad de regular a la economía concentrada y de frenar el proceso de concentración. La discusión relevante es cómo puede y debe financiarse un proyecto instituyente de estas profundas reformas saludables para la sociedad argentina. El gasto se financia en primer lugar con impuestos. Mencionamos ya las reformas progresivas de estos, pero también debe recuperarse el nivel de aportes patronales a las cajas de jubilaciones. No es necesario un presupuesto equilibrado, pues el equilibrio en sí mismo reporta más a una cultura de remanso conservador que a una virtud de la economía, refiere a una lógica de quietud, a un punto sin movimiento. Sería virtuosa, en cambio, la construcción de un mercado financiero en pesos de volumen al cual pueda también acudir el Estado a financiarse. Nunca debería volver a hacerlo para sus gastos corrientes en moneda local tomando prestado a fondos internacionales en dólares, para terminar en la debacle espantosa de 2019, cuando Macri, Dujovne y sus colegas de equipo se bajaron los calzoncillos ante el FMI. Claro, después de haber permitido y estimulado una fuga de capitales de velocidad sin precedentes.

El proyecto de país y el negocio del desabastecimiento

Esta mirada sobre la inflación y el déficit no se remite a estas dos categorías. Pensarlas con profundidad implica pensar el proyecto de país. Un gasto público que caiga en proporción al PBI significa pensar que la iniciativa económica y productiva debe quedar en manos del empresariado, expulsando al Estado de esos planos o reservándole un lugar subsidiario. Dos graduaciones, estas últimas, de la misma política, Estado chico o Estado subsidiario. Un Proyecto Popular exige más que un Estado presente, necesita de la centralidad del mismo en la vida económica. No sólo debe regular las condiciones en que deberían actuar las empresas privadas, sino que debe dirigir el destino de la economía. Con un importante nivel de Inversión Pública y, también con un Plan Económico, que contenga los lineamientos del país que la voluntad popular debe decidir. Entiéndase bien: un Plan Económico, que es una cuestión poco familiar con un Programa Macroeconómico de ordenamiento de las cuentas públicas (en argentino, esto es un plan de ajuste).

Frente al incumplimiento de las regulaciones de precios y comercialización que el Ministerio de la Producción dispuso, la Secretaría de Comercio intervino con inspecciones y sanciones. Los economistas neoclásicos descreen de este tipo de medidas. En su ingeniosa columna en el suplemento económico de La Nación del 28 de febrero de 2021, Juan Carlos De Pablo recurre a su toque de humor, simulando un reportaje  a Joseph Louis Francois Bertrand, que le permite compartir ideas y supuestas coincidencias que el imaginario reporteado tendría con las que el tradicional economista ortodoxo propala actualmente por medios orales y escritos. Como sus colegas del mainstream, De Pablo cree e intenta fundamentar la neutralidad empresarial. Para él el responsable de la inflación es el gobierno que lleva adelante malas políticas económicas.

Dice De Pablo: “Cualquier monopolista, oligopolista o competidor solo obtiene beneficios si produce y vende, es decir, si ‘abastece’. Cuando la cantidad óptima de producción y venta es cero, la empresa no está maximizando sus beneficios, sino minimizando sus pérdidas, porque igual tiene que afrontar costos fijos. Todo esto lo aprenden los alumnos en el más elemental curso de microeconomía. ¿Lo tendrán en cuenta los funcionarios del Poder Ejecutivo, que se ocupan del desabastecimiento?” El decano de los economistas neoclásicos del país se permite igualar las conductas maximizadoras de agentes que la propia economía que él exhibe como “objetiva” diferencia. Ya que la religión laica escrita en los “elementales manuales” que refiere De Pablo tiene un juicio de disvalor sobre los monopolios y los oligopolios, mientras que apologizan la libre competencia. La maximización de los primeros se da en un marco de fijación de precios (de poder de mercado), mientras que los competidores se presentan como tomadores atomísticos de precios. Los primeros los ponen, a los segundos se los da el mercado. Pero en el mundo de hoy quienes abogan por el dogma escrito en los manualitos de microeconomía, que según el autor deberían consultar más los miembros del Poder Ejecutivo, no defienden precisamente a las pymes, sino que lo hacen a los grandes empresarios que dirigen la Convergencia Empresarial, la AEA, la Sociedad Rural y la UIA. La sal del poder económico. Como buen neoclásico el enfoque de De Pablo es la comparación de fotografías (estática comparativa) y no el cinematográfico (la dinámica de los cambios). El empresario que desabastece es cierto que no vende, que no realiza. Ahora una cosa es una conducta de un empresario (sobre la que divagan los manuales) y otra la de un empresariado. Un colectivo con poder económico puede decidir no vender para desprestigiar una medida, para presionar por su derogación, para crear malestar popular con un gobierno, hasta para conspirar políticamente. Un empresariado puede disputar políticamente, puede decidir perder algo en una instancia para ganar mucho más después.

Hay también mercados específicos como el de los bienes-salario argentinos impactados por el precio internacional de la soja. Cuando sube este último, si el gobierno decidiera aumentar las retenciones y apropiar a la sociedad de parte del aumento de la renta diferencial, los empresarios agrarios podrían retener y no vender, ni afuera ni adentro, retener en los silobolsas para hacerlo luego de aprietes al gobierno para obligarlo a bajar los derechos de exportación. Estas conductas extorsivas privarían al gobierno de contar con las divisas para afrontar sus pagos de importaciones, deudas y remisión de utilidades empresariales. En estas cuestiones consiste el negocio de desabastecer: en la espera como lógica de obtener mayores ganancias, en la ganancia de poder político –que significa su sustracción a la voluntad popular— que importará mejores condiciones posteriores para  el “clima de negocios, ganancias y rentas” que propician.

El paradigma de los manuales, a los cuales De Pablo les otorga el lugar de autoridad de la microeconomía, basados en la Nueva Economía que inventaron  Edgeworth, Fisher, Marshall y Pareto, citados en el artículos, a los que se podrían agregar Walras, Menger , Jevons y Clark, entre otros, no se cumple. El axioma de tratar al gran empresario como una individualidad dentro de una sociedad en la cual los mismos actúan articulados para condicionar al poder político y modelar la distribución del ingreso y la riqueza es equivocado. Mientras esas reliquias que nunca tuvieron más que elegancia académica, pero nunca rigor científico, sigan guiando los estudios universitarios, una reforma pendiente remitirá a que los debates económicos trascendentes se desenvuelvan en aulas de cursos alternativos.

Ni saben sumar

Mientras tanto habrá que insistir en que economistas sistémicos, periodistas de medios concentrados y pretendientes de oradores televisivos se abstengan de sumar peras con limones. Eso hacen cuando suman deudas del Estado en moneda doméstica con la comprometida en divisas. Son advertidos por la heterodoxia en modo insistente, pero no parecen encontrar otro camino para ocultar la imperdonable política de endeudamiento del gobierno de Cambiemos. La ignorancia, real o simulada, parece el recurso único que tienen a mano para proteger el desastre del endeudamiento incurrido por los último cuatro años de liberalismo neo.

John Maynard Keynes en sus escritos de los años ’30 caracterizaba muy duramente las décadas anteriores de librecambio y cuestionaba como una utopía fracasada a muchos de los principios dogmáticos que la corriente económica predominante sostiene como axiomas. Esas reflexiones keynesianas precedieron en una década los debates y perspectivas con las cuales el autor de la Teoría General  discutió con White el carácter que debía tener el Fondo Monetario Internacional.

En La autosuficiencia nacional, el economista inglés sostenía que “tratándose de detalles económicos y no de direcciones centrales, estoy dispuesto a conservar tanto juicio privado e iniciativa y empresa, como sea posible. Pero me he convencido de que la conservación de la estructura de la empresa privada es incompatible con el grado de bienestar material a que nos autoriza nuestro adelanto técnico, a menos que la tasa de interés caiga a una cifra mucho más baja que la que probablemente logre por las fuerzas naturales que operan en los viejos moldes. En realidad, la transformación de la sociedad que preferentemente entreveo, puede requerir una reducción en la tasa del interés, hasta el punto en que se desvanezca dentro de los próximos treinta años. Pero esto es muy poco probable que ocurra bajo un sistema en el que la tasa de interés encuentra, bajo el funcionamiento de las fuerzas financieras normales y concediendo lo necesario por riesgo, etc., un nivel uniforme en todo el mundo… El internacionalismo económico, que comprende el libre movimiento de capital, de fondos prestables y de mercaderías, puede condenar a este país, por una generación venidera, a un grado mucho más bajo de propiedad material que el que pudiera alcanzarse bajo un sistema diferente”. Keynes así cuestionaba en la década de la crisis la compatibilidad entre la propiedad privada, una tasa de interés que no sea extremadamente baja, el libre movimiento del capital, de los fondos prestables y de mercaderías. Pensaba que un sistema diferente podría ser mucho más eficiente para que una generación futura encontrara una mayor disposición de bienes.

El fundador de la Macroeconomía del siglo XX planteaba en el mismo escrito que “la protección de los intereses que un país tiene en el extranjero, la conquista de nuevos mercados, el progreso del imperialismo económico, son una parte, apenas evitable, de un plan de cosas que aspira al máximo de especialización internacional y al máximo de difusión geográfica del capital, dondequiera que radique el derecho de propiedad. Puede ser más fácil llevar a cabo una política doméstica aconsejable, si, por ejemplo, puede descartarse el fenómeno conocido como “huida de capital”. Explicitaba su condena de la fuga de capitales y proponía una política que la evitara.

La actual pandemia ha actualizado dramáticamente muchas de las condiciones que el gran economista planteaba en esos tiempos y que ahora se manifiestan mediante la generalización de economías en recesión y la polarización de la riqueza, en el contexto de un paradigma aperturista que favorece los movimientos y la fuga de capitales. También, la libre circulación de mercancías sin políticas que protejan las fronteras para garantizar el desarrollo de las naciones que se encuentran en peor condición. Se despliega un clima favorable a las políticas imperiales, en el sentido que advertía Keynes.

En el último encuentro de Davos, los líderes de las potencias occidentales empantanados en un oscuro extravío intelectual, se preocuparon obsesivamente por la defensa de la propiedad privada, condimentada con una ilusa responsabilidad social de la misma, y en la procura de la desintervención estatal de la economía para la post-pandemia. No discutieron la urgente necesidad de poner fin, o por lo menos interrumpir, la lógica de la financiarización. El hito fundamental de una conducta racional con estatura de estadistas hubiera sido promover la suspensión de los pagos de los países deudores y la interrupción de los procesos asimétricos de liberalización comercial. Hoy estos últimos se continúan discutiendo sin reparar en las terribles consecuencias que provocarán. La prosecución de proyectos como el del librecomercio Unión Europea-MERCOSUR son completamente inadecuados para el momento gravísimo que está viviendo la economía mundial, en el que los países periféricos deberían acudir a mayores medidas de protección de sus industrias, con el objetivo de promover su crecimiento y desarrollo.

Crotty: ajustar o crecer

James Crotty es un pensador estadounidense post-keynesiano que integra los legados teóricos de las tradiciones teóricas marxista y keynesiana. En su texto On Keynes and Capital Flight reflexiona y hace una lectura de gran interés sobre escritos del economista inglés publicados en la década del ’30, analizando las ideas centrales sobre su visión de la economía y la sociedad. En ellas se pueden apreciar definiciones como las que refieren a que el Estado debe tomar la dirección y planificación de las economías domésticas, su opción por limitar la movilidad internacional de los capitales y su propuesta de mantener bajo control político los intercambios comerciales de un país con el resto del mundo. Además Crotty subraya la visión de Keynes respecto a que el paradigma previo a la Primera Guerra mundial, que había apologizado el capitalismo individualista, no resultaba ni exitoso, ni justo, ni virtuoso. Contrariando ese régimen, devela que el escritor de Autosuficiencia… proponía que el stock de capital debía incrementarse con el gerenciamiento estatal de la Inversión, mientras advertía a los británicos que la integración de su país en librecomercio internacional sería un insuperable obstáculo para deprimir los ingresos de los rentistas y lograr el pleno empleo. Asimismo, promovía que la distribución del ingreso y el direccionamiento de la Inversión también debían ser de carácter estatal.

Este breviario del pensamiento keynesiano es útil a los fines de ubicar cuán lejos del mismo se encuentran los que acostumbran a reducirlo a meras recomendaciones respecto al manejo del ciclo. Ese neokeynesianismo recurre incluso a versiones creativas de ese dispositivo que poco tienen que ver con las ideas del teórico crítico del paradigma neoclásico. Lo expuesto es útil para contrastar los proyectos de la AEA y la UIA con el gran economista del siglo XX. Esas instituciones se encuentran mucho más cerca de las propuestas de Hayek que de las de Keynes, quien nada tiene que ver con economías abiertas, con promover la reducción del Estado y con la definición de la distribución del ingreso por fuera de la voluntad popular, sujetándola a la “racionalidad” económica.

Perseguir la paz y la prosperidad requería para el autor de los Ensayos de Persuasión, de la creación de alternativas institucionales diferentes. El mundo del presente, ante la tragedia producida por el neoliberalismo —la versión más extrema del capitalismo individualista—, reclama radicales cambios institucionales.

En la Argentina su implementación requiere, como preconizó el Presidente Alberto Fernández en su discurso del 1° de marzo y reafirmara la Vicepresidenta Cristina Fernández en su alegato del 4, la recuperación de la sustancialidad de la democracia agredida hoy por un Poder Judicial que va en un sentido contrario, sin reparar en la carencia de mandato popular de sus integrantes.

También son necesarios cambios de fondo en los organismos multilaterales de crédito hoy imbuidos de los postulados del capitalismo individualista que Keynes cuestionaba. Además, como recuerda el Presidente, sólo el 10% de los países del mundo poseen el 90% de las vacunas que previenen el coronavirus. Lo que no constituye precisamente un signo de Humanismo. El FMI –organismo que es parte del origen institucional de la ONU— no puede seguir postulando el paradigma de reformas estructurales privatizadoras, ni pretender hacer cumplir pagos en el marco de los diseños que se establecieron en épocas oscuras y equivocadas, mientras los países deudores son los que sufren la discriminación en el acceso a la única vía de enfrentar el virus.

Crotty encara en forma excelente el debate previo a la creación del FMI entre Keynes y los norteamericanos, como Harry Dexter White. Mientras el primero promovía que en casos de desequilibrios del Balance de Pagos era necesario que un organismo internacional tuviera las condiciones técnicas para garantizar que el ajuste debía venir del esfuerzo de las naciones superavitarias, para que los países que sufrieran déficits externos pudieran reactivar su economía y encaminarse al re-equilibrio, los norteamericanos promovían un “fondo de estabilización” que proveyera a los países deficitarios de fondos para que soporten el tiempo en que arreglen sus cuentas en función de llegar al equilibrio. Estos planes de ajuste implicaban políticas recesivas con la finalidad de pagar sobre la base de la reducción del nivel de actividad y el encogimiento de las importaciones. Mientras el primero pregonaba un organismo en donde los desequilibrios se resolvieran expansivamente, los segundos promovían uno de signo inverso.

Injerencia in crescendo

La idea de crecer para pagar. De aumentar el empleo para perseguir un aumento de la demanda. De redistribuir el ingreso para aumentar el poder adquisitivo de los asalariados y de quienes más necesitan consumir, es la idea derrotada en la primera fundación del FMI. La que triunfó fue la de las políticas de reducción del déficit fiscal, que siempre se apoyaron en ideas de austeridad conduciendo indefectiblemente a tasas de bajo crecimiento, a altos niveles de desempleo y al estancamiento de los procesos de desarrollo. Keynes demandó taxativamente que el acceso a fondos de los países que requerían reequilibrarse debía ser de carácter incondicionado y sin interferencias en sus políticas domésticas. Desde que la Argentina dictatorial se sumó al organismo, en 1956, el FMI nunca respetó ese precepto con nuestro país. La misma actitud adoptó con todos los países periférico-dependientes

Pero en la década del ’80 del siglo XX comienzan cambios en la economía mundial que van a significar una modificación aguda y más regresiva aún de la institucionalidad del FMI. A las políticas de ajuste se agregaron los “cambios estructurales” que ese organismo promueve y exige junto al Banco Mundial. Desde 1986, el gobierno argentino se obligó a vender paquetes accionarios de empresas públicas, como refiere Noemí Brenta en Argentina atrapada, historia de las relaciones con el FMI 1956-2006 (Ediciones cooperativas, 2008). La autora también señala, para esa época, el inicio de la limitación de los redescuentos y la ampliación de los encajes como síntoma de un cambio estructural en el rol del Estado, que se retiraba de su papel de direccionador del crédito. En el segundo quinquenio de los ‘80, la Argentina enfrentaba severas limitaciones externas, sin embargo el intervencionismo ideológico del FMI compromete al gobierno a alentar las importaciones, lo que aumenta las dificultades del país. En 1987 la deuda externa argentina crece un 17%, siendo el resultado de la prohibición de financiar el déficit fiscal con moneda doméstica, obligando al gobierno a hacerlo con deuda externa (como se ve esta práctica tiene regularidad). Así un gobierno que en su primera fase intentó no allanarse a las exigencias del organismo internacional y llevar a cabo una política independiente –cuando Bernardo Grinspun fue ministro— fue arrastrado por la profundizada visión ajustista, ya alimentada por el  dogma neoliberal, a un final ruinoso.

Noemí Brenta subraya que durante el menemismo predominaron la provisión de auditoría continua y las garantías de rescate a los prestamistas financieros del país, brindando justificación técnica y ejerciendo presión política para “reformar profundamente la estructura económica y social del país”. Desindustrialización, reprimarización y concentración del ingreso fueron los éxitos de la reconversión lograda por el FMI y el BM. Los déficits de la cuenta corriente del balance de pagos fueron constantes y el organismo internacional canalizó préstamos que compensaron y disimularon el desequilibrio. Cuando la situación se hizo insostenible, el sector financiero del bloque dominante articuló una propuesta de dolarización de la economía acompañada por la cesión de la administración de la República a manos extranjeras. La división del bloque de poder y el rápido advenimiento de la crisis impidieron la intentona.

El gobierno de Fernando De la Rúa conservó el mismo signo neoliberal y confió en resolver su ya aguda debilidad mediante la continuidad de los acuerdos con el Fondo. El megacanje y el blindaje, que significaron un apoyo contigente conjunto entre el FMI, el BM, el BID y el Estado español, completaron el escenario para la gran crisis de 2001. Esos acuerdos celebrados por la Alianza agudizaron la dependencia e intromisión externa en la política económica nacional. La deuda con el FMI fue cancelada totalmente en 2005 durante la presidencia de Néstor Kirchner, poniendo fin a las auditorías sobre la economía argentina y restableciendo la autonomía de la política económica.

Síntomas de decadencia

Esa desvinculación duró más de una década. El reingreso del FMI durante el gobierno de Macri implicó su nivel de injerencia más intenso en las decisiones nacionales. El incumplimiento de sus reglamentos internos, prestando un monto extraordinario de 57.000 millones de dólares que se concedieron con el sólo objetivo de financiar la fuga de capitales, la inexistencia de debate y decisión parlamentaria violando el orden institucional local y el desprecio a exigir el cumplimiento de los procedimientos administrativos internos necesarios para el ingreso de asistencia financiera, exponen la antítesis de lo que Keynes entendía como una política nacional y de la misión de un organismo internacional de cooperación financiera entre naciones.

Desapegada de la legalidad, malintencionada, invasiva y desprofesionalizada fue  la intervención del FMI en la economía nacional durante el último bienio del gobierno de Cambiemos. Hecha ya no sólo con el inválido fin de modificar estructuralmente el país, sino también con el objetivo neocolonial de colocar un gobierno afín, será imposible que el Fondo pueda (y deba) cobrar los 44.000 millones que entregó y que así como fueron entrando por una ventanilla fueron saliendo por otra ante la mirada distraída de los técnicos del organismo. Además, porque haciendo cuentas no existe reactivación y desarrollo nacional posible del país si se optara por devolver ese monto en forma completa, en los plazos de un préstamo de facilidades extendidas y con los intereses que implica.

El préstamo que el FMI otorgó al gobierno de Macri no puede leerse sino como el resultado de una época de decadencia del organismo y de la arquitectura financiera internacional. Será necesario un cambio drástico de la institución. De sus fines, sus modos, su gobernanza y la distribución de poder interno. La pandemia evidenció las consecuencias del “capitalismo individualista” que tanto reivindican los rentistas y sus intelectuales orgánicos, cuya presencia predicante en los medios de comunicación entreverados con los primeros no descansa.

Mientras tanto, el FMI deberá asumir la reformulación del monto adeudado por la Argentina. Lo que necesariamente implicará una quita de capital significativa, una reducción sustantiva de los intereses, un considerable período de gracia y un plazo de pago que deberá extenderse por décadas. Cualquier acuerdo debería contener la renuncia expresa del organismo a establecer condicionalidades, tanto de ajuste como de reformas estructurales. Los servicios de deuda no podrán afectar ni el crecimiento, ni el desarrollo ni el nivel de vida. Esa es la condición que necesita ser garantizada por su gobierno y su pueblo. La querella criminal a los responsables de este endeudamiento servirá de ejemplo para evitar una nueva repetición. Una quita también contribuiría a su evitación