Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

2Ago/200

Equilibrios

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EQUILIBRIOS

Una nueva estructura productiva impondrá una nueva distribución del ingreso

El retorno en la Argentina de un gobierno de carácter democrático, nacional y popular se topó con la pandemia a pocos meses de haber asumido. Adoptó frente a la misma una actitud preocupada, que este viernes 31 de julio volvió a usar el tono severo, dramático y atento con que se había iniciado una política que se puede identificar con el lema primero la salud. También, la circunstancia de ese drástico cambio de vida y de dinámica en la economía mundial abrió el camino para que el Presidente cuestionara el capitalismo existente e hiciera una reivindicación del valor de la igualdad, objetara el hiperconsumismo y expresara la necesidad de un cambio de la lógica con que se movía la economía global contemporánea.

Transcurridos más de cuatro meses de pandemia, mientras su extensión y gravedad se intensifica a nivel mundial –y también en nuestro país—, confrontan dos perspectivas respecto del futuro de la vida económica en la Argentina.

  • Una restauradora de las condiciones previas.
  • La otra, transformadora.

Las instituciones representativas del gran empresariado argentino son tributarias de la primera. La AEA, por ejemplo, ha señalado que es “al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina”, y se pronunció en contra de la presencia del Estado en una empresa que interviene en el comercio exterior. La UIA, menos doctrinaria, pero en sintonía con la prédica antiestatista, reclama del sector público subsidios, rebajas impositivas, moratorias tributarias, pero es siempre favorable a promover flexibilizaciones laborales que mejoren la correlación de fuerzas del capital frente al trabajo.

En términos de la economía política, el tema fundamental al que se aboca es a la distribución del ingreso. Respecto de los objetivos de la igualdad y la reducción de la pobreza ese reparto resulta sustantivo. Pero para que sea factible es indispensable la intervención del Estado en la economía. La legislación, las políticas salariales testigo del sector público, el salario mínimo vital y móvil y el funcionamiento adecuado de las convenciones colectivas de trabajo persiguen una determinada distribución del ingreso. En general se puede afirmar que en el marco de gobiernos de raigambre popular se despliegan políticas distributivas que favorecen a los trabajadores y a los sectores más carenciados. En cambio, las políticas flexibilizadoras del mercado de trabajo, el debilitamiento de las organizaciones sindicales y la ausencia de la participación del Estado en la economía persiguen aumentos de la tasa de ganancia respecto de los salarios.

 

 

La restricción externa

La Argentina afronta cíclicamente sus episodios de restricción externa. Cuando la economía crece, también lo hace la industria, que requiere de insumos importados y se expande la necesidad de divisas que demanda el aparato productivo. La exportación concentrada en el tradicional sector agropecuario, que goza de ventajas naturales, depende en precios y cantidades exportadas del mercado internacional. Si sus condiciones son las habituales, entonces el impacto de la expansión tendrá un límite. Hoy existe consenso de la necesidad de expandir las exportaciones industriales con el fin de alejar lo mayor posible la restricción externa. Pero respecto de cómo hacerlo las posiciones están enfrentadas.

Lo que no está en duda es que un mayor nivel de exportaciones depende de la competitividad de la economía y de un cambio en la estructura productiva que amplíe la canasta de bienes exportables. Respecto de la primera se abre una importante discusión distributiva. La pregunta es: ¿cómo se aumenta la competitividad?

La visión conservadora y resignada respecto de la estructura económica argentina entiende como la herramienta central de estímulo de las exportaciones, lo que habitualmente se llama competitividad espuria. La competitividad espuria radica en depreciar el tipo de cambio para bajar el salario en dólares y disminuir el costo empresario. Como se observó en la historia argentina, esas devaluaciones provocan inflación y el descenso de los ingresos en dólares se resuelve en una baja del salario real en pesos. O sea que el aumento de la competitividad de la economía se lograría bajando los salarios. Pablo Gerchunoff, un economista actualmente devenido en vocero refinado del establishment, se las ingenió para plantear un dilema de la economía argentina distinguiendo entre un tipo de cambio de equilibrio macroeconómico y otro de equilibrio social. Una forma elíptica de sostener que el nivel de vida culturalmente ganado por los asalariados argentinos era incompatible con la estabilidad macroeconómica. Su dilema le abre el camino para tratar de consensuar corporativamente un salario menor al socialmente requerido por los trabajadores, aunque buscándole la vuelta para que sea un poco más alto que el que se supondría de equilibrio macroeconómico.

Los empresarios argentinos frecuentemente se quejan de problemas de productividad del trabajo en la economía nacional. Sin mayores honduras, la productividad del trabajo resulta de la cantidad de unidades producidas por trabajador ocupado en un tiempo determinado para una planta productiva. El peor de los sentidos comunes que utiliza el empresariado local en su argumentación es que la productividad depende del esfuerzo de los trabajadores. Sin embargo, en los procesos productivos y, mucho más en los de alta complejidad de la contemporaneidad, la productividad depende de la dotación y modernidad de los equipos y máquinas con que la producción se lleva a cabo y de la potencialidad de la tecnología empleada. Estas cuestiones no son responsabilidad de los trabajadores sino de los empresarios. Depende de sus decisiones de inversión.

La gran pregunta es con cuál modelo económico-social se alcanza un progresivo, genuino y estable aumento de la productividad real de la economía. Aquélla que no facilita competitividad espuria, sino efectiva. Esa productividad es la que proviene de la Inversión.

 

 

La alternativa es entre bajar el salario y, por lo tanto, incrementar la tasa de ganancia, o aumentar el salario, ensanchando el tamaño del mercado interno y, así, con una menor tasa de ganancia, mantener un nivel de beneficios importante por la dimensión de la masa de ganancias. Es una elección de política fundamental, porque la respuesta a esta pregunta arroja claridad respecto a si la inversión empresarial se relaciona más con el nivel de demanda de la economía o con la tasa de beneficio.

 

 

Para el gran empresariado argentino esta reflexión adquiere una vuelta más de complejidad en la época de la financiarización. Las organizaciones empresariales han hecho ya su elección. Promueven salarios bajos, poca intervención estatal, flexibilización laboral, tipo de cambio alto y liberalismo económico. Sin embargo se observa que la tasa de inversión en los períodos en que ha regido este tipo de política ha sido más que modesta, la reprimarización de la economía intensa y el crecimiento del producto nulo o descendente, como ocurrió en el período de Macri.

El fenómeno que explica la relación entre el entusiasmo liberalizador y los magros resultados en diversificación productiva, crecimiento y competitividad debe encontrarse en la financiarización de ese empresariado. Sería inexplicable, si no, por qué la UIA en su último documento-powerpoint ha solicitado, en un momento más que inadecuado, la liberalización progresiva del mercado de cambios. El comportamiento del gran empresariado es la obtención de un volumen de ganancias relativamente importante en el corto plazo, para su dolarización, especulación financiera y el destino de buena parte de ellas a la fuga de capitales y constitución de activos externos. Los grandes empresarios no constituyen una burguesía nacional, con la perspectiva de mediano plazo puesta en construir un mercado interno poderoso. El tipo de cambio Gerchunoff les viene como anillo al dedo. Su presencia en la economía argentina está fuertemente atada al endeudamiento externo para la fuga.

 

 

La cuestión de la igualdad

Pero hay una cuestión adicional que radica en la contradicción de esa macroeconomía y proyecto de país con el objetivo central de esta etapa histórica para una Argentina desarrollada y autónoma. Es la cuestión de la igualdad. De la cual la distribución del ingreso es fundamental. Tanto la funcional (entre propietarios de medios de producción y asalariados) como la personal (entre los deciles pobres, medios y ricos de la población). Esta etapa histórica de nuestro país, que eligió un gobierno democrático, nacional y popular, no podrá ofrecer crecimiento –por lo menos hasta que la pandemia y sus efectos posteriores se retiren—, ni de la producción, ni de las exportaciones. ¿Qué puede resolver hoy, entonces, un gobierno de ese carácter? Más igualdad. Reducir la miseria. Reestructurar el diseño productivo. ¿Se trata simplemente de redistribuir ingresos y riqueza? No sólo. Eso mejorará algunas condiciones de vida, pero para otras hay que cambiar la matriz productiva. Esta ya no habrá de tener el perfil para atender el sobreconsumo de los sectores medios altos y altos, sino que deberá ser mucho más rica en bienes públicos (aquéllos cuyo uso es para todos: plazas, transporte público, infraestructura recreativa gratuita y/o accesible, acceso a la cultura, y en general todos los servicios que atienden al respeto de los derechos humanos).

Ese cambio de estructura productiva cambiará la demanda. Ya no habrá tantos bienes y servicios novedosos con insumos importados abundantes –como los automóviles  o equipos electrónicos de alta gama— para la demanda de los sectores de altos ingresos. En cambio habrá más bienes y servicios para los masivos sectores populares. La nueva estructura productiva impondrá una nueva distribución del ingreso. Y esa estructura productiva no será un efecto de la financiarización que desnacionaliza la vida nacional. Más bien será el resultado de decisión democrática del pueblo. Para lo cual se requerirá una gran inversión en ciencia y tecnología. Esta perspectiva nos remite al espíritu más vigente que nunca de Oscar Varsavsky, respecto a sus pensamientos en tecnología quien en su texto Estilos Tecnológicos reflexionaba: “Nuestro punto de partida es que a pesar de esa base innegable y a pesar de las cosas interesantes que cada año tiene para ofrecernos, ese ‘estilo tecnológico’ de los países dominantes tiene demasiado de mito. No es el único posible ni el más adecuado para construir una sociedad nueva y mejor. No puede ser rechazado en bloque pero menos aún aceptado en bloque, tanto en sus resultados como en sus métodos y modalidades. Tampoco alcanza con la actitud del comprador inteligente, que elige lo que le conviene: cuando empezamos planteando nuestros propios objetivos, encontramos que esa tecnología no tiene respuesta para muchísimos de los problemas prácticos que esos objetivos nos obligan a resolver, y debemos entonces adoptar una decidida actitud creativa y construir nuestro propio estilo tecnológico”.

Estas miradas sobre las cuestiones distributivas, de autonomía tecnológica y de perfil productivo no imaginan que un cambio estructural para la construcción de un modelo nacional y popular haya de provenir de un decisión burocrático-estatal sino que, como afirma Martín Abeles en el número extraordinario por el 40 aniversario de la revista FIDE, dependerá de “la existencia o no de un actor social capaz de orientar en esa dirección. En ese sentido, el problema no pasa por la conformación de una agenda estatal y un equipo de gobierno esclarecido en materia de desarrollo industrial y tecnológico, sino por la demanda de un cambio estructural proveniente de los actores sociales”. Frente a la resistencia a la intervención pública que se ha expresado por parte de los sectores defensores del viejo régimen prepandemia, se evidencia la necesidad de fortalecer una creciente organización política de las mayorías populares que necesitan y desean un cambio que las favorezca y para el cual el papel del Estado resulta fundamental, como ha quedado demostrado en las circunstancias del drama actual que vivimos.

28Jun/200

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LA ÚLTIMA VEZ

La redistribución debe ser previa al crecimiento, para definir el perfil productivo

 

Objetivos

Cuando comenzaron las negociaciones para la reestructuración de la deuda con los acreedores privados el Presidente Alberto Fernández estableció tres objetivos clave:

  • No someterse a la elaboración de un plan económico que implicase políticas de ajuste.
  • Que sea un plan sustentable, en el marco de lo planteado en el punto anterior, lo que significa no realizar un arreglo que lleve a futuras refinanciaciones por ser incumplible, y que no altere un sendero de desarrollo de la economía nacional.
  • Dejar las bases construidas para que se cierren los ciclos de endeudamiento de la economía argentina.

Este tercer objetivo merece una detenida reflexión, pues supone un cambio de época. Los ciclos de endeudamiento han sido el rasgo característico de la época del neoliberalismo. Deuda y fuga. En ritmo vertiginoso y catastrófico, los gobiernos que promovieron la apertura financiera, las políticas de consolidación y ajuste fiscal y la libertad de mercado como funcionamiento predominante de la actividad económica, provocaron el estancamiento, la regresividad distributiva y el endeudamiento. Mientras que aquéllos que asumieron con la vocación de disminuir la desigualdad y construir una Argentina con producción diversificada, tuvieron que lidiar con los compromisos externos contraídos por el bloque concentrado y financiarizado.

El giro del debate que pretenden hacer los economistas ortodoxos, los cuales respaldaron las políticas de liberalización y desintervención estatal, persigue enmascarar el verdadero problema que tiene el actual gobierno nacional y popular. Maniobran la discusión respecto al origen del endeudamiento, a su total improductividad, y sin ninguna contrapartida en términos de algún activo que lo justifique. Esta deuda es un pasivo sin existencia de ninguna obra, bienestar popular o ampliación del aparato productivo. ¿Dónde están las divisas que se deben? Se fugaron. Sin embargo, el enmascaramiento desplaza el debate sobre lo ocurrido:  si el gobierno negocia bien o mal la reestructuración del endeudamiento que dejó el neoliberalismo de Cambiemos. Para ellos el arreglo resulta un tema excluyente, y lo argumentan sobre la base de recomponer el acceso a los mercados internacionales de crédito. ¿Para qué? Para volver a endeudarse y vivir otro ciclo de apertura y fuga. Por eso desesperan en rogar al gobierno que no sea firme frente a los acreedores, y postulan que lo único conveniente es acceder a sus demandas.

 

 

El Estado

Las preocupaciones del Frente de Todos pasan por otros meridianos: cómo reconstruir una política de crecimiento autónomo, desarrollo, construcción de igualdad. Este proyecto requiere de la intervención del Estado, que ponga fin a la autorregulación mercantil.

La etapa histórica es diferente, pero hay una discusión necesaria en términos del proyecto que hizo posible varias fases de industrialización del país: la sustitución de importaciones. No para su reiteración, sino para pensar desde esa experiencia concreta la construcción de un proyecto económico social hacia el futuro.

María da Conceicao Tavares en su valioso texto De la sustitución de importaciones al capitalismo financiero, describe que durante la primera etapa de la sustitución de importaciones, la expansión de la economía residía en tres frentes: una mayor utilización de la capacidad instalada productiva, la producción de mercancías relativamente independientes del sector externo y la puesta en funcionamiento de empresas que producían bienes que previamente se importaban.

La dinámica descripta puede seguir hasta el límite del aprovechamiento máximo de los recursos internos. Ese aprovechamiento está condicionado a la existencia de divisas que sostengan la importación de bienes intermedios y maquinarias que participan en la producción de los bienes que sustituyeron a otros que antes se importaban. Dice Tavares que “la pauta de importaciones tiende a perder toda su flexibilidad, antes que el proceso de desarrollo haya adquirido suficiente autonomía por el lado de la diversificación de la estructura productiva» y advierte que «el proceso podría seguir mediante una selección rigurosa de divisas”. La autora hace una lectura crítica del proyecto de desarrollo por sustitución de importaciones de carácter piramidal, que comienza sustituyendo los bienes de consumo para avanzar “aguas arriba” hasta la producción de bienes de capital. La restricción externa sobrevendría previa e inevitablemente. Para Tavares la continuidad de una política de sustitución requiere de una posibilidad de previsión y decisión autónomas que sólo le son posibles al Estado, a algunos empresarios innovadores, o a la asociación de ambos. Pero advierte que en el caso de las inversiones de base, estas deben producirse —para evitar la restricción externa— con cierta simultaneidad con las distintas etapas de sustitución, y que las mismas requieren de decisiones gubernamentales, ya sea que el Estado las emprenda en forma directa, ya sea que las delegue en el sector privado.

Estas reflexiones de la intelectual brasileña llevan a desechar la idea de la inversión privada sin direccionamiento estatal como posibilidad de desarrollo, y más aún, del posible rol de los movimientos de capital financiero de corto plazo para financiarla. Privada, pública o mixta, las mismas surgen de la dirección del Estado del proceso económico.

En el régimen de sustitución de importaciones no sólo resulta necesario el impulso de la demanda mediante una mejora en la distribución del ingreso, ni tampoco alcanza  combinarla con una dinámica de crecimiento, sino que requiere de la dirección estatal que modifica los tiempos y los escalones del proceso productivo. Esa intervención no sólo requiere ser hecha en función de dilatar los problemas de falta de divisas, ni tampoco solamente para impulsar las industrias más complejas productoras de bienes de capital, sino también para garantizar una distribución del ingreso que resuelva un significativo cierre de la brecha de desigualdad, lo que provoca una producción de bienes de orden diferente a la de una sociedad con el ingreso concentrado. La redistribución debe ser previa al crecimiento porque si no el perfil productivo queda definido con carácter desajustado si la primera se efectúa con posterioridad. Los bienes que se producen para una distribución no son los mismos que para otra, ni cualitativa, ni cuantitativamente.

Al revés de como dicen los liberales para justificar las políticas de austeridad, no se trata de agrandar la torta para después distribuirla, sino lo contrario: distribuir mejor la tortita chica, para garantizar el crecimiento. Después habrá una torta más grande. Usando el lenguaje de la gente de a pie, como en estas épocas se acostumbra decir, para evitar el uso del concepto de pueblo, sancionado como anacrónico por los creyentes en el fin de la historia. La prioridad de la obsesión por el crecimiento, como variable fundamental del estudio de la economía, no se corresponde con la tradición clásica. Decía el economista más eminente de los fundadores de la disciplina, David Ricardo, que “determinar las leyes que regulan esta distribución (de rentas, beneficios y salarios) es el problema principal de la economía política”.

Los clásicos no omitían la real discusión que ocupa a la sociedad respecto de la economía: la disputa del ingreso. El modelo de crecimiento depende de quién tenga la hegemonía de poder para elegir uno u otro tipo de desenvolvimiento económico. En épocas de la financiarización, la valorización financiera es la forma mediante la cual, con la apertura financiera, el capital especulativo promueve las liberalizaciones para garantizar un vertiginoso ida y vuelta de fondos que extraen rentas con consecuencias de estancamiento económico y redistribución regresiva de ingresos y riquezas.

 

 

Final del juego

El valor del objetivo de establecer las condiciones que cierren el camino a nuevos ciclos de endeudamiento es el instituir las bases de una legalidad que evite que la Argentina vuelva a sufrir las políticas ortodoxas de fuga-deuda-cinturón fiscal. Esa institucionalidad tiene como insumo indispensable las otras dos condiciones que Fernández destacó. También depende de reconstruir una política de desarrollo. Esa política implica la recuperación de estrategias de sustitución de importaciones, engarzadas con otros dispositivos, en los cuales el papel estatal es más relevante.

Cuarenta años después del texto de Tavares, las condiciones de un proyecto nacional, popular y democrático de desarrollo no devienen sólo de su crítica, que planteaba la necesidad de la autonomía de la inversión en la industria de base respecto de la demanda sobre la misma, que implica la decisión estatal de organizarla. El desarrollo tecnológico, que se da en el contexto de una gran disparidad entre el centro y la periferia, acentuó las condiciones de dependencia de las naciones del segundo carácter. Dependencia es otra palabra que intentó ser archivada en el anticuario cuando hoy adquiere una vigencia dramática. Su determinación  mutó desde la posesión, por parte de los países centrales, de la industria de base —que ocupaba ese lugar hace unas décadas— al dominio de la tecnología por esas naciones desarrolladas. La deslocalización productiva primarizó y maquilizó la industria de los países subdesarrollados. El capital privado concentrado no resuelve esta situación en esos países periféricos. Su perspectiva es la reproducción de las especializaciones que sostienen la condición dependiente. Sus empresas articulan, en cadenas globales, las producciones nacionales en los eslabones más atrasados tecnológicamente. A su vez, se engarzan en la valorización financiera y las maniobras de precios de transferencia y fuga de capitales.

Más que ayer, hoy la condición del desarrollo tecnológico propio requiere de un complejo científico-tecnológico estatal con un presupuesto y un programa que se plantee la transformación productiva. Ese objetivo requiere de una participación decisiva del Estado en la decisión de lo que se va a producir en el futuro. El desarrollo con estas características no deviene como resultado de la autorregulación del mercado.

La apertura indiscriminada es incompatible con estos objetivos de independencia. Los dólares resultarán indispensables para emprender ese cometido de autonomía nacional. Una nueva gestión como la de Macri rifaría en cuatro años el esfuerzo que se podría emprender en veinte.

De allí la necesidad de una reforma institucional de fondo en los textos legales que evite que se produzca lo que ocurrió entre 2015 y 2019. Cambio en el régimen financiero, modificación en la legislación de inversiones extranjeras, régimen cambiario y de movimiento de capitales regulado, intervención del Estado en el comercio exterior, reforma tributaria. La pandemia ha revelado la injusticia neoliberal y tiene la conducción efectiva del gobierno de la grave coyuntura, abriendo la posibilidad para una organización adecuada de las transformaciones imprescindibles para hacer realidad la postulación más drástica de Fernández para salir del default en que dejó el gobierno UCR-PRO al país: que la presente reestructuración ponga fin a los ciclos de endeudamiento de la Argentina contemporánea.

14Jun/200

UTILIDAD PÚBLICA

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Las triangulaciones y precios de transferencia justifican la intervención estatal en el sector

 

Hay cuestiones clave que una política de desarrollo de carácter nacional y popular debe resolver en la Argentina. Recientemente se ha distribuido el informe del Banco Central sobre la fuga de capitales durante el gobierno de Macri, de 86.000 millones de dólares. Las cuestiones de evitar la fuga y el endeudamiento resultan centrales junto a otras como el empleo, la disposición de divisas para sostener las importaciones necesarias para un proyecto de industrialización y diversificación productiva y la posibilidad de direccionar el crédito en función de promover las áreas y objetivos de esa política. El desarrollo además está estrechamente unido al objetivo de la integración regional de la Nación.

El debate sobre la decisión del gobierno nacional de rescatar la empresa Vicentin mediante la intervención y la expropiación incluye la discusión sobre todos estos tópicos. El grupo empresario en cesación de pagos y concurso de acreedores ha sido un actor de importancia en el comercio exterior de productos primarios y agroindustriales (10% del comercio de granos), ocupa miles de trabajadores y está endeudado con miles de productores. Uno de los principales acreedores es el Banco Nación y además es deudor del Banco Provincia y otras entidades financieras públicas. El impacto del derrumbe de Vicentin afecta el nivel de empleo y resiente la actividad en una región que abarca la provincia de Santa Fe, la de Córdoba y de Buenos Aires. Atender a resolver todas estas cuestiones constituye un tema clave para un proyecto de desarrollo. La  continuidad de la empresa tiene sobradas razones de utilidad pública.

Por eso la decisión del gobierno de intervenir Vicentin y enviar un proyecto de ley para su expropiación resulta adecuada y pertinente. Una de las razones que la hacen necesaria es atender a la defensa de las acreencias de la banca pública. Porque a pesar de la cuestionable gestión durante el último período neoliberal, la banca pública es un instrumento vital de un proyecto nacional. Sus roles de banca testigo, de fomento, su despliegue territorial y su papel en la orientación del crédito en función de objetivos que no se sustentan en la ganancia sino en la promoción del desarrollo, son indispensables para una política económica orientada a alcanzarlo. La atención de urgencias como la emergencia vivida hoy con el Covid-19, frente a la cual fue la banca pública la primera en acudir con el apoyo crediticio necesario para sostener la imprescindible cuarentena, es una muestra de su papel irremplazable.

Por otra parte, las medidas decididas por el gobierno para el rescate de Vicentin crearían una herramienta cuya existencia está puesta en el debate público. Una empresa que podrá tener una presencia para incidir en la transparencia de los precios, como así también en las condiciones de liquidación de divisas impidiendo procesos especulativos de retención que impactan en expectativas cambiarias y macroeconómicas. Esta última cuestión es de importancia clave, ya que las divisas constituyen un insumo estratégico para un proyecto de economía diversificada, y la restricción de su disposición una dificultad que exige el mayor cuidado regulatorio por parte del Estado.

El sector de exportación de commodities está hoy concentrado en operadores privados de gran dimensión y que realizan operaciones que detraen ingresos tributarios, como así también constituyen formas adicionales de fuga de capitales no captadas en los cálculos tradicionales, como la utilización de triangulaciones y precios de transferencia. En el documento de trabajo del CEFID-AR La manipulación de los precios de transferencia (supervisado por Jorge Gaggero), Verónica Grondona los define como “los precios a los que se realizan transacciones entre entidades vinculadas; aunque esta definición implica reconocer la existencia de un ‘precio’, de un contrato entre partes jurídicamente independientes, algo que no se cumple hacia el interior de un grupo económico”. Grondona afirma que las empresas multinacionales abusan del sistema imperante mediante la estructuración compleja de esquemas de precios de transferencia utilizando el pasaje de mercancías por “guaridas fiscales”.

Los socios de la empresa Vicentin crearon una sociedad en Uruguay con el mismo nombre. La creación de este tipo de sociedades suele tener el objetivo de facturar ventas de commodities agrarios que son despachados a otros destinos. la triangulación es una práctica habitual en el comercio exterior de granos. Los precios de transferencia operan, como describe Magdalena Rua en el documento de trabajo del CEFID-AR Los facilitadores, sus modos de acción, “mediante el mecanismo de triangulación, que refiere a la utilización de entidades ubicadas en países de nula o baja tributación que actúan como intermediarias en las operaciones con clientes finales vinculados o no vinculados (ver Grondona, 2014). Usualmente este mecanismo es empleado por empresas exportadoras o importadoras que utilizan un intermediario (trader) para la operación. En los casos fiscalizados por la AFIP, se ha comprobado que los precios de estas operaciones resultaban más bajos que los del mercado; que el pago de las operaciones provenía, en un gran porcentaje, desde una tercera jurisdicción con flexibilidad cambiaria (ni la de la empresa local, ni la del trader)”.

El funcionamiento del mercado granario argentino hace estratégica la presencia de una empresa pública en esa actividad. Ayuda a la transparencia y a poner un límite a comportamientos especulativos. Constituye una posibilidad de crear también nuevas condiciones que restrinjan estos métodos de evasión fiscal.

Pero para la AEA, “la estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina”. Así la asociación de los mayores empresarios de Argentina pretende sancionar que no debe haber empresas públicas, y que los propietarios privados son los únicos habilitados para controlar, dirigir y administrar empresas. Es el criterio de la autorregulación del neoliberalismo privatizador. Luego de cuatro años de desastre económico provocado por el último experimento de ese tipo, la defensa de los intereses particulares de minorías oligárquicas se expresa en esas posiciones. No quieren empresas públicas, y señalan específicamente el comercio exterior como ámbito inexpugnable para la empresa privada. Tampoco, por lo que expresan, les interesa el rol de la banca pública, y por lo tanto no les preocuparía arbitrar las medidas para que recupere sus créditos. Pero es necesario que este sector respete la voluntad popular que eligió un gobierno que tiene un programa para una Argentina más igualitaria y solidaria, y que posee la potestad de elegir el camino que entienda más productivo para cumplir con el mandato. La Constitución Nacional en su artículo 17 prevé la expropiación por utilidad pública aprobada por el Congreso. Además, incluye los pactos internacionales que disponen la vigencia del derecho al desarrollo. Este es el marco legal vigente y no el precepto declamado por la AEA.

En la Argentina hubo distintos momentos de intervención en el Comercio Exterior. Los gobiernos conservadores de los años posteriores a la crisis de 1930 establecieron las Juntas Reguladoras que tenían la misión de administrar  los precios y defender a los sectores agrarios de los efectos de la depresión en esa época. En la segunda posguerra el peronismo creó el IAPI para contraponerlo a los organismos estatales de los países centrales que establecían precios bajos para los productos primarios mientras subían los de los industriales. El IAPI también pretendía eliminar el agobio sobre los productores que imponían los intermediarios y acopiadores, mientras buscaba una administración de las divisas que favoreciera un proyecto industrializador (Mario Rapoport, Historia política y social de la Argentina).

La dinámica actual del comercio de granos tiene otro dispositivo que requiere transformarse, su desenvolvimiento es una economía muy concentrada y privatizada. Esa dinámica de triangulaciones y precios de transferencia necesita de la intervención estatal en ese sector. La presencia de una empresa pública, de carácter estatal o mixta, o estatal-cooperativa, pero cuyos objetivos –en el marco de una administración eficaz— no estén guiados sólo por la rentabilidad sino también para mejorar el funcionamiento del comercio exterior.

Vicentin se desenvolvió con un gran crecimiento e importantes beneficios en los años anteriores a su entrada en cesación de pagos. Se visualiza que sus propietarios construyeron un grupo extendido de subsidiarias desplegadas internacionalmente. Esa es una estrategia compatible con la realización de operaciones de triangulación.

Esta política empresaria y la sorpresiva reversión de su tendencia exitosa, sin la existencia de razones macroeconómicas que expliquen un stress financiero ya que los créditos de prefinanciación responden a exportaciones que se cobran en dólares, junto a las irregularidades verificadas en las relaciones entre la firma y el BNA en el año 2019, originaron una investigación penal judicial y otra de carácter administrativo. Esta semana la UIF se sumó como querellante con el objetivo de investigar lavado y fuga de divisas.

La política de liberalizaciones del gobierno de Macri eliminó la obligación de liquidar divisas, a la vez que no introdujo regulaciones prudenciales adecuadas en el mercado de granos. Otorgó todas las facilidades para la fuga de capitales al exterior. Fue el marco adecuado para acontecimientos como el registrado por Vicentin.

Las irregularidades investigadas por la presunción de comportamientos de fuga de capitales, la inexistencia de una previsible salida para el grupo que no implique su extranjerización y el carácter estratégico del Comercio Exterior justifican plenamente la decisión del gobierno de emprender el rescate de la empresa mediante el recurso de la expropiación. Solamente la Sociedad Rural y la CRA se han pronunciado contra la medida. El resto de las organizaciones de productores, que van desde CONINAGRO y la FAA hasta las organizaciones campesinas como el FNC, el MNCI, la UTT y el MTE, han apoyado el rumbo emprendido

10May/200

Interrupción

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Llegó la instancia para una nueva ley que rija el funcionamiento de las entidades financieras.

POR GUILLERMO WIERZBA MAY 10, 2020

Salvador Dalí

 

La globalización financiera se estableció en el discurso hegemónico de los sectores de poder como una opción modernizadora. Se estigmatizó como anacrónica la dinámica del patrón de acumulación anterior, quedando excluida su revisión crítica como así también la recuperación del espíritu y de instituciones concretas de aquel período. Esa censura fáctica fue la que en forma de descalificación ha empujado a los márgenes del debate sobre lo político, lo económico y lo social, a las virtudes del período de industrialización por sustitución de importaciones. A la vez, se ha ponderado axiomáticamente su desarticulación y reemplazo por una “nueva época” en la que se instituyó un nuevo régimen de valorización financiera, al que se adjudica, en forma tácita, a la dictadura terrorista instalada en 1976 un lugar fundante de la potencialidad de una “Argentina moderna”. Eduardo Basualdo en Estudios de historia económica argentina, caracteriza ese momento: «La instauración de un nuevo régimen de acumulación de capital no se origina en el agotamiento de la industrialización basada en la sustitución de importaciones ya que durante la década anterior (1964/1974) se había producido un crecimiento ininterrumpido del PBI interno, que había registrado una acentuada expansión industrial y se había modificado la naturaleza del ciclo corto sustitutivo, que ahora no implicaba una reducción del PBI en la etapa declinante”. El concepto decisivo de esta intervención de Basualdo es interrupción y no agotamiento, sumado a que la misma se produjo cuando cierta maduración del modelo de acumulación le había dado estabilidad al sendero de crecimiento. El autor más adelante refiere al carácter de la dictadura, ubicando su advenimiento en un período de predominio internacional en la obtención de renta, y expresa que  las dictaduras anteriores fracasaron en disciplinar a los sectores populares impulsando el desarrollo industrial. Frente a la fortaleza del tejido social argentino, esa vez el bloque de poder oligárquico eligió “la estrategia de reestablecer el orden capitalista modificando drásticamente la estructura económica y social para disolver las bases materiales de la alianza entre la clase trabajadora y la burguesía nacional” con el objetivo de eternizar las relaciones de dominación. El texto sindica a la reforma financiera de 1977 como el primer paso hacia la modificación de la estructura económico-social de la sustitución de importaciones, “ya que puso fin a tres rasgos centrales del funcionamiento del sistema financiero…: la nacionalización de los depósitos por parte del Banco Central, la vigencia de una tasa de interés controlada por esa autoridad monetaria y las escasas posibilidades de contraer obligaciones financieras con el exterior por parte del sector privado. Para Basualdo la reforma financiera introdujo un cambio de enfoque radical de la política económica, invirtiendo la subordinación que tenía el sistema financiero respecto a la expansión de la economía real y poniendo a ésta al servicio de los equilibrios y condiciones monetarias.

Esta caracterización nos permite concluir que no hubo ni agotamiento del dispositivo de acumulación, ni de la estructura social de la sustitución de importaciones, ni tampoco anacronismo de su régimen financiero. Más aun, a este se lo desarticuló porque era axial en la política de industrialización interrumpida por la dictadura, con el objetivo de destruir el ascenso de los sectores trabajadores y las mejoras de equidad en la Argentina. En 1974 el índice Gini llegó a ubicarse en 0,35 (Gaggero y Grasso, CEFID-AR, 2009). Desde el golpe militar la deuda externa se ubicó como un problema permanente y recursivo, como limitante de las posibilidades de desarrollo argentino, y el sistema financiero se constituyó en un vehículo transmisor de la fuga de capitales a la vez que contribuyó a la gestación y propagación de esa deuda. Pero además, quedó inutilizado como instrumento de política productiva por parte de los gobiernos nacionales. La versión de la historia que denuesta el apoyo estatal a la industrialización del país y aprueba la liberalización financiera de 1976, que también descalifica la mirada crítica positiva frente a las instituciones de la Argentina previa, es aprobatoria de las reformas económicas antipopulares que el régimen genocida impulsó en la economía. Los esfuerzos por demoler la reivindicación de la legislación financiera que liquidó Martínez de Hoz en 1977, constituyen la clave del respaldo a su política, muchas veces camuflados.

Hoy la Argentina enfrenta el desafío de mitigar los efectos de una crisis internacional como no la hubo en todo el siglo XX y, además, los problemas de oferta y demanda agregadas de su propia economía, provenientes de la política de aislamiento social necesaria para evitar un tendal de muertos por el coronavirus. Para emprender ese desafío se requieren instrumentos fiscales, monetarios y crediticios. La banca privada no ha acompañado ni jugado un rol positivo en la emergencia. Sólo comenzó a intervenir cuando el Estado le suprimió el riesgo aportándole su garantía. Siempre la mayoría de los bancos privados requirieron y reivindicaron la libertad de tasas y la decisión mercantil de la asignación del crédito. Siempre en los momentos complicados presionaron por el auxilio público. Esta conducta parasitaria no dejó de exponerse en la última crisis. Después de un año de obtención de abultados beneficios, mientras la economía argentina se derrumbaba por la crisis del endeudamiento, no se hicieron eco de las claras señales del Banco Central para otorgar créditos en niveles y tasas razonables atentos a la situación de emergencia. Es que los banqueros no son sensibles a señales ni inducciones. Manejan otros lenguajes.

La reforma financiera de los partidarios de la sociedad de mercado, implementada por el gobierno de Videla y sus continuadores, provocó también la concentración y extranjerización del sistema financiero argentino. Si se analizan los depósitos de las 10 entidades más importantes del sistema entre 1995 y 2001 – durante el segundo período neoliberal- los de los bancos públicos descendieron en su participación del 44.4% al 34.2%, mientras los privados nacionales lo hicieron del 38.5% al 14.4%, mientras los bancos extranjeros ascendieron del 17.1% al 51.4%. Además, las 10 principales entidades pasaron de sumar el 59% de los depósitos del sistema en 1995 a recibir el 78.9% en el 2002. (Wierzba y Golla, CEFID-AR, 2005). O sea que durante este período, en el que se profundizaron las reformas neoliberales, la concentración y extranjerización fue agudísma, y las crisis del tequila y del fin de la convertibilidad la acentuaron.

Los bancos de capital extranjero y las sucursales del exterior redujeron el coeficiente entre el saldo con el exterior y su cuota del mercado de activos, mostrándose procíclicos en los momentos claves. La concentración del sistema financiero comenzó desde la misma sanción de la Ley 21526, que redujo las entidades financieras de 725 a 245 entre 1977 y 1988, período en el cual los bancos extranjeros en el país ascendieron de 17 a 32. (Wierzba, Del Pino y Kupelian, CEFID-AR, 2010). La monetización de la economía durante los turnos neoliberales mostró los peores desempeños, sobre todo en el agregado de dinero transaccional. Los resultados exhibían que los objetivos proclamados no se cumplían, mientras sí lo hacía el que realmente se perseguía, que era destruir un sistema financiero que se había desarrollado en función del financiamiento pyme y de la producción industrial. De acuerdo al Informe de Entidades Financieras de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias de diciembre de 2019, los 10 principales Bancos Privados concentraban el 47,5% de los depósitos y la banca pública el 42,7%, correspondiendo a la Banca privada extranjera el 29,1% de los depósitos totales y a la nacional el 28,2%. La banca privada ligada durante toda la postconvertibilidad a los préstamos personales a altas tasas de interés, se dedicó durante el período macrista al financiamiento del déficit cuasifiscal del BCRA obteniendo ganancias sin exponerse a ningún riesgo. Casi la mitad de los depósitos bancarios se manejaron en pos de tan egoístas e improductivos menesteres.

La penetración de grandes bancos extranjeros y la conformación a partir de ello de una intensa interrelación de los mismos con el BCRA, se desplegó durante la primera etapa de vigencia de la Carta Orgánica sancionada en la gestión Menem-Cavallo que reforzó la orientación de la reforma de 1977. A esa legislación se sumó una reorganización de la Superintendencia de Entidades Financieras y del propio Banco Central en sintonía con parámetros tomados de los acuerdos de Basilea, ámbito dominado por el establishment de la financiarización. Así se completó una contrarrevolución de las instituciones financieras que provocó una orientación del crédito ajena al desarrollo nacional, guiada por el interés de los rentistas del capital especulativo, responsable de la desposesión de sectores asalariados que se endeudaban a altas tasas en tarjetas de crédito, y que estableció una categoría de sujeto de crédito ajena a la requerida para atender a la pequeña y mediana empresa.

En realidad, la ruptura de los regímenes de leyes que dispusieron, en distintos momentos históricos, un claro dispositivo de orientación del crédito y de regulación de tasas de interés, no obedeció a la falsamente imputada ineficiencia, tantas veces declamada por los economistas apologetas de la sociedad de mercado y la economía de la financiarización. ¿Cuáles fueron las “bonanzas” de la liberalización de financiera, de la regulación de capitales por riesgo de activos, de las tasas de interés libres, de la libre movilidad internacional de flujos de divisas? Deuda externa, extranjerización y concentración de la banca, desorganización del crédito, inexistencia de una política coherente para el crédito para el desarrollo. Fueron los golpes de 1955 y 1976 los que desarticularon los sistemas financieros basados en la nacionalización de los depósitos con las legislaciones de 1946 y 1973 y provocaron estos dramáticos problemas, con consecuencias sociales regresivas.

En 2012 se sancionó una reforma de la Carta Orgánica que significó la posibilidad de tener políticas de direccionamiento de parte del crédito y de introducir regulaciones sobre tasas de interés y comisiones. Pero la historia nacional ha demostrado que el sistema financiero es un parteaguas en la definición de las líneas centrales de dos proyectos económicos enfrentados históricamente, uno nacional, popular y democrático, y otro conservador-liberal-oligárquico, que en el último período se constituyó en el eje de las políticas de valorización financiera. Las reformas financieras que se desplegaron en uno u otro sentido han modificado toda la legislación bancaria, a las leyes de entidades, a las de depósitos y las de la Carta Orgánica del banco central. (Wierzba y López, CEFID-AR,2011).

La pandemia ha puesto en evidencia el retroceso en los valores y la vida de los pueblos que provocó el despliegue neoliberal a nivel global. La desigualdad y la falta de atención de los derechos sociales, específicamente el de salud, así lo atestiguan. Tampoco se preservó el respeto al derecho de los pueblos al desarrollo. La política del terrorismo de estado en ls Argentina fue precursora del proyecto de las finanzas especulativas internacionales, y su sistema financiero un emblema de la contrarreforma.
Las circunstancias actuales y la impotencia y resistencia del sistema financiero privatizado y extranjerizado para afrontar las tareas en épocas de emergencia han sido patéticos.

El objetivo planteado por el gobierno nacional promueve la construcción de una sociedad menos individualista y consumista, y mucho más basada en la solidaridad. Existe, entonces, la oportunidad de abordar la interrupción del proyecto neoliberal en forma integral, que requiere de una reforma financiera que invierta el sistema en 180 grados. Llegó la instancia para el establecimiento de una nueva ley que rija el funcionamiento de las entidades financieras y de una reforma que profundice la ya positiva y realizada en 2012 de la Carta Orgánica. También es momento de reformular el propio Banco Central y las lógicas de funcionamiento y del tipo de regulaciones emitidas por esta entidad, para reconstruirla en función de una nueva concepción de la economía y las finanzas.

El sistema financiero deberá tener el carácter de servicio público, su rol primordial para una Argentina productiva es el direccionamiento del crédito para favorecer el desarrollo y la integración regional del país. La reforma debe prever la capacidad de reasignación de recursos del sistema, provenientes de sus depósitos, de unas entidades a otras. Esto requiere de la posibilidad de un margen amplio de manejo de encajes diferenciales, en conjunción con amplias atribuciones del Banco Central, para la provisión de líneas de redescuentos con el objetivo de movilizar los fondos prestables para encarar los proyectos estratégicos de desarrollo, promover regiones deprimidas y proveer el crédito de largo plazo para la inversión, y para la vivienda.

La regulación plena de las tasas de interés, y el eventual espacio acotado de alguna porción no regulada, debe ser una de las funciones esenciales de la autoridad monetaria en un proyecto nacional y popular.

Esta orientación sería la recuperación del papel de unas finanzas nacionales destruidas por el terrorismo de estado y los gobiernos neoliberales posteriores. A las que los exégetas pertenecientes a un mainstream económico expulsivo del debate de ideas, han adjudicado supuestas ineficiencias y anacronismos.

Desandar totalmente el proyecto de la dictadura militar y reestablecer instituciones que promuevan la participación y dirección del Estado, sostenido por las mayorías populares, sobre los pilares estratégicos de las políticas de desarrollo y de igualdad, es una necesidad. La pandemia y la crisis expusieron la tragedia de un régimen que debe cesar. Está impugnado. Ni el mundo ni Argentina serán iguales de aquí en más. Todo se discute.

1Feb/200

BBCMundo 29/01/20 «La sorpresa fue que el malestar en América Latina tardara tanto en manifestarse» Entrevista con Joseph Stiglitz, nobel de Economía

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Gerardo LissardyHayFestivalCartagena@BBCMundo

Joseph Stiglitz es un economista tan especial que defiende la idea de quitarle importancia al índice estrella de su profesión: el Producto Interno Bruto (PIB).

A su juicio, hay otros datos que pueden ayudar a entender de una forma más completa cuán bien o mal marcha un país.

Stiglitz también toma con naturalidad la protesta social que estalló en meses recientes en varios países de América Latina, como Ecuador, Colombia y sobre todo Chile, país este último al que muchos veían como modelo económico regional.

"La sorpresa fue que el malestar tardara tanto en manifestarse", dice el nobel de Economía de 2001 durante una entrevista en su oficina de la Universidad de Columbia, Nueva York.

Latinoamérica es la región más desigual del mundo y el consejo de Stiglitz para los gobernantes es abordar rápido este problema social, al que ha dedicado varios de sus últimos libros.

Mentor del ministro argentino de Economía, Martín Guzmán, Stiglitz sugiere también ir a una reestructura de la deuda de este país sudamericano que incluya el recorte de la tasa de interés para los acreedores.

"Es de interés para todos evitar un default" o cese de pagos, advierte el estadounidense que en el pasado fue economista jefe del Banco Mundial y asesor del entonces presidente Bill Clinton en la década de 1990.

Hoy con 76 años, es uno de los principales economistas críticos del manejo de la globalización y del libre mercado. "Capitalismo progresista: la respuesta a la era del malestar", es el título de un libro suyo publicado en 2019 y que acaba de ser traducido al castellano.

Lo que sigue son extractos del diálogo que Stiglitz mantuvo con BBC Mundo antes de viajar como invitado al Hay Festival de Cartagena.

¿Cómo ve las recientes expresiones de descontento social en diferentes países de América Latina?

De algún modo, la sorpresa fue que el malestar tardara tanto en manifestarse, particularmente en Chile. Porque Chile ha sido uno de los países que siempre se destacó en las estadísticas de la OCDE con uno de los mayores niveles de desigualdad. En años previos hubo murmullos del descontento, preocupación por la falta de oportunidades educativas, huelgas bajo gobiernos anteriores…

América Latina ha sido históricamente una parte del mundo con un alto nivel de desigualdad. En algunos países, hubo movimientos, avances en la reducción de la desigualdad durante un largo período. Brasil tanto con Cardoso como con Lula y Argentina con los Kirchner tuvieron reducciones significativas en la desigualdad, incluso Bolivia tuvo. Pero aun yendo en la dirección correcta, el nivel de desigualdades sigue siendo muy alto.

Vivimos en un mundo globalizado. Hace 50 años podría no ver que tu país está experimentando un nivel de desigualdad más allá de lo normal. Pero en el mundo de hoy hay rankings que muestran que algunos países caen notablemente en sus clasificaciones de desigualdades. La gente sabe lo que está sucediendo en otros lugares.

Lo que Chile muestra claramente es que hubo una especie de yesca: lo que provocó la explosión podría ser muy pequeño, pero el profundo malestar sembrado está presente y nunca se puede predecir cuándo va a explotar. Pero es comprensible por qué debería explotar.

Cuando escribí mi libro anterior, "El precio de la Desigualdad" (2012), describo el alto nivel de desigualdad en EE.UU., el más alto entre los países avanzados. Dije que esto no era política y socialmente sostenible, que habría consecuencias. Y la consecuencia fue la elección del presidente Trump en parte.

Entonces, en diferentes países, el descontento puede tomar diferentes formas. Pero es totalmente comprensible que haya descontento.

¿Dice que la agitación social en América Latina debería haber ocurrido hace tiempo?

En muchos sentidos, creo que es correcto. Pero existen esas misteriosas fuerzas globales donde el descontento parece globalizarse. Lo ves en la votación del Brexit, en la votación de Trump.

Para los países avanzados tengo una pequeña teoría de por qué se manifestó en este momento, que es la conjunción de los altos niveles persistentes de desigualdad, particularmente las experiencias de los desindustrializados dislocados a quienes se les prometió que la globalización iba a traer prosperidad y se llevaron lo contrario, con la crisis financiera mundial de 2008 en la que los banqueros fueron rescatados y el sistema parecía tan injusto.

En América Latina, el malestar salta por diferentes motivos. En Chile fue el aumento del pasaje del metro, en Ecuador la eliminación de los subsidios a los combustibles, en Bolivia que mucha gente creyó que hubo fraude electoral… Y luego está la elección de Jair Bolosnaro en Brasil, otra demostración de descontento. ¿Cuál sería su consejo para los gobernantes de América Latina?

En Brasil la mayoría de las encuestas mostraron que Lula habría ganado si no hubiera sido encarcelado ilegítimamente. El hecho de que la población pudiera elegir a Lula o ir a Bolsonaro da una idea de la naturaleza del descontento.

La respuesta es primero abordar las desigualdades en ingresos y oportunidades. Y tienen que hacerlo más rápido. Digo esto porque en varios países hubo progreso, pero no lo suficientemente rápido.

Lo segundo es el déficit democrático en muchos de estos países. En Chile, se escucha la opinión de que la Constitución impuesta por Pinochet no es una constitución totalmente democrática y ahora intentan cambiarla. En Ecuador, existía la preocupación de que en los últimos años de Correa se habían debilitado algunas instituciones democráticas, incluida la prensa libre. Y en Bolivia, la pregunta era si (Evo Morales) intentaba ser elegido para un cuarto mandato. Cada uno era una señal de la fragilidad de la democracia.

Argentina está implementando un nuevo plan económico bajo el gobierno de Alberto Fernández y una pregunta clave es cómo manejará la deuda. ¿Qué espera?

Espero que manejen todo el proceso mejor que de lo que lo hizo casi cualquier otro país.

Creo que tienen una comprensión probablemente insuperable de la macroeconomía y la deuda. El ministro de Economía es un excelente economista que ha hecho su carrera estudiando deuda, macroeconomía y reestructuraciones de deuda.

Usted lo conoce muy bien, pero ¿espera por ejemplo una quita de la deuda?

El término quita... Hay muchas palabras diferentes: reperfilar, reestructurar... Creo que la mayoría de las personas que han visto los números dicen que hay que hacer algo. No creo que nadie diga: podemos continuar así. Los números son muy claros en que no tienen los dólares para pagar lo que se debe. Es aritmética.

Ahora, la pregunta es qué habrá que hacer. Y eso puede tomar muchas formas diferentes y será parte de las negociaciones.

Una de las cosas que quedó clara en las crisis anteriores en general, no solo en Argentina, es que a menudo los acreedores imponen tasas de interés excesivamente altas. El Club de París a menudo impone una tasa de interés del 9% mientras se renegocian las cosas. Con tasas de interés del 9%, tu deuda se duplica cada ocho años. Y hay toda una teoría que explica que si cobras altas tasas de interés, terminarás con una alta probabilidad de incumplimiento. Pero si cobras tasas de interés bajas, tienes una baja probabilidad de incumplimiento.

¿Entonces espera que la negociación sea más sobre la tasa de interés que sobre las fechas de vencimiento o el capital de la deuda?

Saben que la historia de las reestructuraciones de deuda ha sido "demasiado poco, muy tarde". La historia de las reestructuraciones de deudas tiene una fracción muy grande, alrededor del 50 por ciento, que termina con una crisis en cinco años. No quieren meterse en eso. Entonces quieren resolverlo. No es una solución temporal, sino una solución real. Y eso requerirá alguna forma de reescribir el contrato para hacerlo sostenible.

Hay muchas formas de hacerlo. Pero esperaría que trabajen muy duro para asegurarse de que sea sostenible.

¿Atacando los tres frentes a la vez: los vencimientos, los intereses y el capital de la deuda?

Así es. Y si haces lo suficiente sobre la tasa de interés, que es lo que creo que deberían hacer, entonces no tienes que hacer el capital. Si tienes suficiente flexibilidad en dos de ellos, no tendrás que hacer el tercero.

¿Y qué pasa si no hay acuerdo con los tenedores de bonos?

Sabemos lo que pasa. Es una definición, se llama default. Pero técnicamente, no estás en default hasta que los acreedores declaran que lo estás. Entonces, estás en ese limbo donde no estás pagando —no pueden hacerlo— pero no estás en incumplimiento hasta que te declaren en incumplimiento.

Es de interés para todos evitar un default. Y por eso Argentina está trabajando, como han dicho, muy duro para evitar un incumplimiento. Y también debería ser de interés para los acreedores. Quiero decir, si un default le cuesta a Argentina, y eso frena el crecimiento, significará que los acreedores tendrán menos de retorno. ¿Por qué los acreedores harían algo tan contraproducente?

Argentina cayó en default hace algunos años y ahora está diciendo nuevamente que no tiene dinero para pagar la deuda. ¿Esto no tendría también consecuencias para el país en términos de credibilidad, de acceso a los mercados en el futuro?

Macri apostó la casa y los mercados de capitales quedaron ciegos. Cada préstamo tiene un prestatario y un prestamista. Y los prestamistas fueron tontos al prestar esa cantidad de dinero. Apostaron de la misma manera que Macri apostaba a que iba a haber una avalancha de inversión extranjera en Argentina que de repente conduciría al crecimiento económico, que le permitiría a Argentina pagar la deuda. No había evidencia, todos seguían ciegamente los discursos de Macri.

Los mercados de capitales no hicieron su trabajo. La función del mercado de deuda es fijar el precio del riesgo y emitir juicios. No deberían haber prestado tanto dinero. Entonces, mi crítica es a los mercados de capitales, no hicieron préstamos prudentes. Y en retrospectiva, ¿fue culpa de Argentina? Yo culpo a los mercados de capitales; no culpo a Argentina.

¿Ha hablado de estos temas con Guzmán desde que asumió como ministro?

Sí.

En otro de sus libros recientes usted argumenta en contra del uso del PIB para evaluar el progreso económico y social. ¿Por qué?

Porque deja de lado muchas cosas importantes. Creo que citamos en el libro la famosa frase de Robert Kennedy: El PIB "lo mide todo… excepto lo que hace que la vida valga la pena".

No habla de desigualdad. El PIB puede subir, pero todo el dinero puede ir a Jeff Bezos, y la mayoría de los estadounidenses pueden estar muriendo porque no tienen acceso adecuado a la atención médica o la comida.

El PIB es bueno, pero no refleja lo que experimentan los estadounidenses comunes o en cualquier país, no refleja la inseguridad, que es una parte tan importante del bienestar. Más aún, hoy nos preocupa la sostenibilidad: el PIB no mide si el crecimiento es sostenible.

En el período previo a la crisis de 2008, el PIB no era bueno ni malo, pero no reflejó el hecho de que el crecimiento se construyó sobre una montaña de deuda y no fue sostenible.

¿Entonces debemos olvidarnos del PIB? ¿Hay una alternativa?

Lo que quieres es un tablero de instrumentos. Si conduces un automóvil, quieres saber cuán rápido vas, pero también cuánto gas tienes en el tanque. Nadie diría que necesitas apenas un número. Necesitas al menos dos números.

Entonces, si estás manejando una economía, quieres saber el PIB como un número, pero también cómo se comparte, si estás agotando el motor o si tienes sostenibilidad… Quieres diferentes medidas para reflejar diferentes aspectos.

No creo que debas agregar la salud al PIB, pero la salud es muy importante. El hecho de que el PIB de EE.UU. aumente pero la esperanza de vida disminuya dice algo que no se obtiene de los números del PIB y que no obtendrías si sumaras dos números.

Este artículo es parte de la versión digital del Hay Festival Cartagena, un encuentro de escritores y pensadores que se realiza en esa ciudad colombiana entre el 30 de enero y el 2 de febrero de 2020.

18Dic/190

“El otro campo se queja sin razón”

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Alejandro Rofman

El nuevo gobierno tiene como objetivo urgente y prioritario mejorar la situación del poder adquisitivo de amplios sectores de la población que fueron duramente castigados en el periodo Macrista. Un ejemplo, es el caso de los salarios de los trabajadores formales y los haberes del régimen previsional (en total más de doce millones de habitantes que perdieron el 20% de su poder adquisitivo según datos oficiales en el cuatrienio pasado).

Antes de negociar los reajustes necesarios en ingresos y egresos remunerativos de la población de preciso acordar transferencias inmediatas para comenzar a poner dinero entre los consumidores castigados por el gobierno Macrista. Esta reparación social requiere fondos adicionales a lo que el Estado Nacional hoy dispone ¿De dónde sacarlos? De aquellos sectores sociales que fueron los ganadores del modelo económico de Macri: Empresarios agroexportadores, sector bancario y empresas que prestan servicios públicos. Entre otras medidas, se adecuó el porcentual en las retenciones a las exportaciones agrícolas al monto porcentual con que Macri las impuso a fines del 2018 en un 12% para el trigo y el maíz y otro 12% agregado al porcentual que ya existía para la soja. Lo que el actual gobierno ha hecho, es recalcular ese 12% sobre el valor actual del dólar sacando el dato anterior que imponía un tope de 4 pesos por dólar. NO AUMENTARON LAS RETENCIONES SINO QUE SE RECALCULARON ACORDE A LO QUE DISPUSO MACRI HACE MAS DE UN AÑO. Lo insólito es que entonces los dirigentes de los agronegocios de exportación no protestaron sino que acompañaron entusiastas las medidas que Macri adoptó. Ahora protestan sin razón porque simplemente se recalculó el valor en pesos con la misma taza del año pasado, rebajada en tres puntos (pasó del 12% al 9%). Pese a esta rebaja han protestado insólitamente. En estos cuatro años la inflación fue del 280% pero la devaluación resultó más alta 538%. De modo que los agroexportadores prácticamente percibieron ingresos por más del doble de los costos y solo se les reajustó un porcentual por derechos de exportación por $27 pesos.