Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

10Ene/210

LA DIFERENCIA

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Roberto Lavagna impulsa un proyecto político ajeno al nacionalismo popular democrático.

La economía heterodoxa que persigue la transformación del patrón económico y la economía crítica sostienen, con fundamento, que la construcción de un Proyecto Nacional es impensable sin una distribución del ingreso definida a priori. La primera pone el acento en el papel central de la demanda efectiva para el crecimiento del PBI, con especial atención al rol del consumo (el consumo privado en la Argentina representa el 65% de la demanda agregada. Esta es la suma del consumo público más el privado, de la inversión pública más la privada y de las exportaciones).  Esos economistas heterodoxos valoran el crecimiento del salario real y de los ingresos populares como incentivo fundamental para la demanda. El otro componente central, para esa corriente, es el gasto autónomo, que en países como el nuestro posee como elemento más dinámico a la Inversión pública.

Para los economistas críticos el tema de la igualdad social es el objetivo clave de un Proyecto Nacional transformador. El crecimiento de los niveles salariales y los ingresos fijos de los sectores populares es fundamental para avanzar hacia ese objetivo. A su vez, proponen que el papel del Estado debe ser creciente en la economía para ampliar la esfera de la decisión ciudadana y restringir el ámbito del reino del mercado, en el que la economía queda excluida de las decisiones de las autoridades elegidas por el pueblo, a merced de las voluntades del capital concentrado.

El doctor Lavagna

En una breve proclama alusiva al inicio del año nuevo, el ex Ministro de Economía de dos gobiernos de políticas sustancialmente diferentes, el de Eduardo Duhalde y el de Néstor Kirchner, emitió la proclama Llegó la hora. No hay más excusas. Allí, Roberto Lavagna manifiesta que “El fracaso de las políticas populistas por un lado, o de ajuste por el otro, más la parálisis derivada de la pandemia, han llevado la realidad socioeconómica a niveles insostenibles como lo exponen las cifras de pobreza e indigencia”. Una lectura atenta debe reparar en la indiferenciación de los dos tipos de políticas a las que RL responsabiliza de la pobreza y la indigencia. Nada expresa el doctor respecto al retroceso económico y social durante el neoliberalismo macrista, ni de la desarticulación de políticas que Lavagna reivindicó, como el control sobre el movimiento de capitales.

Esa declaración fue hecha inmediatamente después que el gobierno anunciara medidas e intenciones respecto de la necesidad de alinear precios, salarios, jubilaciones y tarifas. La hace, entonces, en un momento en el cual su intervención puede interpretarse como una respuesta cuestionadora a la participación del Estado en la economía. En  su libro Construyendo la oportunidad. Como aprender del pasado para pensar el futuro (Sudamericana, 2015), uno se encuentra con un epígrafe curioso que habla de un período en que los argentinos hicieron el esfuerzo y crearon la oportunidad (2002-2005), que no responde a un gobierno determinado sino a su propia gestión ministerial, sucedido por otro transcurrido entre 2007 y 2015 en el cual habrían cedido al “encantamiento del facilismo”. En la página 353 del texto presenta sus prevenciones respecto de los pactos sociales entre empresarios y sindicatos, resistiéndose a las ideas sobre una mayor intervención estatal en la economía. Dice que “en el peronismo derrocado en 1976 hubo mucho de eso, lo que llevó a la crisis y ayudó a abrir la negra puerta conservadora del régimen militar autoritario”Esta adaptación de “los dos demonios” a la economía se manifiesta en el título del Capítulo XIII del libro, “Populismo, Conservadurismo o Heterodoxia -Ortodoxia Sustentable”.  Para Lavagna la política de ingresos sólo puede constituir un elemento útil cuando hay consistencia macroeconómica (en otra parte del libro afirma que esa consistencia se obtiene con políticas monetarias y fiscales). En la página 351 reivindica que “se usaron coordinadamente la política fiscal, como centro, y las políticas monetarias y de ingresos, como complemento (precios y salarios)” para desacelerar la inflación. Este tipo de reflexiones son típicas de los economistas del mainstream, muy reacios al papel del Estado en la economía. Ya desde 2005 la preocupación de Lavagna era el tema salarial. En la página 396 refiere a un alerta sobre la relación entre salarios y precios efectuado por el Banco Central que presidía Martín Redrado. Programáticamente se define en la página 52 del libro en la que afirma que si se le hubiera preguntado hubiera contestado con seguridad que se “identificaba mucho más con la política económica de Frondizi que con la de Gelbard, sobre la que había escrito un trabajo“, que marcaba las “incoherencias macroeconómicas” de aquél programa de 1973-1974.

En la proclama de fin de 2020 Lavagna  propone “poner a la creación del trabajo privado como objetivo central protegiendo derechos adquiridos pero incorporando a la mayoría que hoy está excluida, sin derecho alguno, a formas modernas de empleo”. Debería decir las cosas por su nombre. El ex Ministro propone la existencia de dos mercados de trabajo, el que conservaría la legislación vigente –los formalizados actuales- y otro que sería para los trabajadores informales y todos los que se incorporen en el futuro. Las llamadas formas modernas, no pueden leerse de otra manera que como más precarias y menos protegidas. Es una propuesta de flexibilización laboral con estilo gradualista ma non troppo.

La percepción del ex Ministro autodenominado de centro-progresista en relación a los excluidos por el neoliberalismo, sonaba más a prejuiciosa y prevenida que a sensible. Frente a las elecciones de 2005, que lo desvelaban en sus preocupaciones, le preocupaban «las presiones y pedidos de todos los sectores. En el caso de los piqueteros, los actos eran cada vez más descontrolados. Claramente el gobierno había perdido el control de la calle” (p.397). En cambio destaca su reunión con los que llama “empresarios de peso” como Rocca, Pagani y Fortabat, con quienes habló de inversión, empleo y productividad.(p. 352), respecto de los que no menciona conductas abusivas en el uso de su poder económico para la fijación de los precios.

En el inicio del gobierno de Néstor Kirchner,   el Ministerio de Planificación anunció que contrataría al área de economía y tecnología de FLACSO para que apoyara la tarea  de la creada Unidad de Renegociación de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), que tenía como misión el análisis del cumplimiento de los compromisos de inversiones que durante los noventa habían asumido las empresas. En la página 59 de su libro, RL caracteriza que “esta elección estaba relacionada con cierta posición ideológica cargada de prejuicios” e hizo saber que el Ministerio de Economía se apoyaría en la AGN y la SIGEN, fundándose en un “claro mensaje…hay que analizar datos objetivos y evitar tomas de posición ideológicas propias de quienes redactan papers sin contacto con el mundo real, para impedir que compliquen la ya difícil negociación”. Lavagna, que sí había tenido contacto con el “mundo real” cuando departía con los “empresarios de peso” como Rocca, Pagani y Fortabat, no se empachó en disparar descalificaciones respecto del equipo de investigaciones más calificado del país en el análisis de los grupos económicos, que produjo los trabajos mejor fundados y con mayor respaldo estadístico de la academia argentina sobre ese tema.

En la proclama se refiere a la necesidad de “bajar los costos de funcionamiento del sistema político”, propone a tal efecto reducir los concejos deliberantes, reducir el número de miembros de las Cámaras del poder legislativo y establecer poderes legislativos provinciales unicamerales. No repara en la existencia de las constituciones nacional y provinciales, cuya reforma debería proponer requiriendo asambleas constituyentes. Esta propuesta es devaluatoria de la política, porque el Estado debería agrandarse y mejorarse para un Proyecto democrático, nacional y popular. Su reducción es la consigna para despolitizar la sociedad y para que las grandes corporaciones empresarias como la AEA, la UIA, la SR, CRA, el Consejo Agroindustrial pasen a tener un protagonismo exclusivo y excluyente sobre las decisiones políticas. Es un proyecto desdemocratizador. Sostener, como lo hace RL, que serviría para reconciliar a la sociedad con la política conlleva el prejuicio de la inutilidad de la actividad y participación ciudadana. En la misma línea está la propuesta de evitar que el empleo público siga creciendo allí donde no debe, sin definir los lugares donde debe seguir creciendo.

Otro de sus infundados pregones es que “cuanto más reglas menos inversiones, cuanto más intervenciones menos productividad”. Esto no suena ni por asomo heterodoxo, es bien de la ortodoxia. La Argentina se debe la modificación de la ley de Inversiones extranjeras para evitar los efectos perniciosos de mucha Inversión Extranjera Directa  que, en su tendencia general, funciona como capital financiero más que como aporte productivo.

Esta proclama efectuada ante las políticas perseguidas por el gobierno popular de alinear precios, salarios, jubilaciones y tarifas, significan un pronunciamiento dirigido a confrontar con esa política. La crítica a Gelbard, la descalificación de FLACSO, su alergia a los hoy movimientos sociales (herederos de los piqueteros), su propuesta de reducción del sistema político, su intención flexibilizadora tienen ese signo. Desconfiado del pacto social y promotor de reformas en el régimen jubilatorio, cuando se acaba de sancionar una Ley respecto al mismo que garantiza una evolución progresiva de las jubilaciones, revela que Lavagna impulsa un proyecto político ajeno al nacionalismo popular democrático. Distante a la propuesta neoliberal del capital financiero, independiente a los dictados de los organismos internacionales de crédito, su perspectiva lo convierte en un referente para los que promueven una economía con un modelo tirado por las exportaciones, con salarios bajos. A gusto de la UIA y los grandes grupos del empresariado local. Vale aclararle al doctor que la reducción del salario real en los cuatro años de neoliberalismo no fue la traducción de la pérdida de productividad del trabajo, por lo tanto su recuperación no debe ser puesta en dependencia de su asociación con la mejora de esa productividad.

Ideas para el Consejo Agroindustrial

Juan Llach y Ricardo Rozemberg, el primero viceministro de Menem y ministro de De La Rúa, desarollaron en 2019 la misma propuesta que Lavagna. En el trabajo para CERA, cuyo nombre evidencia “el proyecto tirado por las exportaciones” Aportes para la Estrategia Nacional Exportadora de la Argentina (julio de 2019) dicen: “Para dejar atrás este muy mal desempeño en materia de crecimiento, la economía argentina necesita una estrategia con protagonismo de las exportaciones que, comparada con la historia de los últimos 75 años, implica un giro copernicano. Se trata, en esencia, de que las exportaciones y la inversión –los dos componentes de la demanda global más vinculados al ahorro- lideren el crecimiento de la economía, permitiendo así un crecimiento del consumo más sostenible”. Aquí se ve expresamente el orden que plantean los economistas del empresariado para el impulso de la demanda agregada:

  1. exportaciones,
  2. inversiones y
  3. consumo.

A la inversa que en el Proyecto Nacional democrático, nacional y popular, la idea es el tipo de cambio siempre alto, la tasa de ganancia atractiva y sin intervención estatal, y el consumo (que implica fundamentalmente el salario) como variable de ajuste.

Pero Lavagna tiene un perfil más industrialista. Llach y Rozemberg no ocultan su apuesta a los sectores concentrados de la pampa húmeda ligados a las exportaciones tradicionales. Pregonan abiertamente que “Tanto como para dar una idea del tipo de apertura que estamos pensando, la Argentina debería aspirar como mínimo a lograr un coeficiente de apertura del orden del 40%, como los que tienen hoy Australia (41,89%), la India (41,07%) o Uruguay (39,99%). La economía argentina es la segunda más cerrada del mundo. Su coeficiente de apertura en 2017, era de sólo 25,02%, ocupando así el puesto 168 en el mundo, superado sólo por Brasil (24,12% y ranking 169)”. El coeficiente de apertura es la suma de las exportaciones y las importaciones dividida por el PBI. Cuanto más abierta una economía más importa. En cambio el aumento de las exportaciones depende de la demanda internacional, que con el grado de desarrollo argentino se dirige fundamentalmente a los granos, oleaginosas y los commodities elaborados con estos insumos. Ese estilo de apertura significa profundizar la primarización.

Estos autores, plantean luego su propuesta para reducir el déficit fiscal promoviendo la eliminación de “impuestos distorsivos”, los que según ellos afectan la Inversión y las exportaciones. Enumeran algunos y luego van derecho al grano, sosteniendo que “El caso más nítido de reducción de los precios al productor es el de las (mal) llamadas retenciones a las exportaciones, de muy frecuente uso en la Argentina y muy poco utilizadas, o con alícuotas sustancialmente menores, en otros países». En síntesis, afirman, las ‘víctimas preferidas’ de los impuestos distorsivos son las exportaciones y, en segundo lugar, la inversión, para concluir adhiriendo a la “reducción de los derechos de exportación hasta su eliminación”.

Las retenciones

Sin embargo las retenciones en una economía como la Argentina son una política virtuosa e imprescindible en un Proyecto Nacional de desarrollo e igualdad porque:

  1. Desacoplan el precio nacional del internacional de los bienes exportables, que en el caso nacional están ligados a los bienes de consumo popular. Al hacerlo, impiden el impacto de redistribución regresiva del ingreso que las subas del precio internacional provocan. Por eso resulta necesario el ajuste de la alícuota actual a una tasa superior a la vigente, ante la actual suba de los precios internacionales.
  2. Descuentan la diferencia de productividad entre los sectores industriales y los de producción primaria (o los asociados a ésta) permitiendo una mayor diversificación productiva y un mejor y más intenso desarrollo industrial, y aumentando la ocupación y las demandas científico-tecnológicas del aparato productivo.
  3. Son una alternativa para financiar el déficit fiscal progresivamente. Hoy en tiempos de pandemia, que parece ir hacia su nivel más intenso, sería imperioso no desaprovechar el aumento de los precios de los commodities agroindustriales para incrementar las retenciones.

En realidad los costos de producción no han variado, el aumento es percibido por los participantes de la cadena agroindustrial exportadora en carácter de un incremento de la renta diferencial del insumo principal de esa actividad: la tierra.

Esta semana hubo un intento de paro nacional por una parte de los integrantes del sector, como resistencia a una medida que tendía a preservar la provisión del mercado interno. La argumentación que se extiende respecto a que el Estado no debe intervenir en la economía es una expresión antidemocrática. El Estado es gobernado por la elección y la participación ciudadana. El derecho de propiedad es de carácter relativo y nunca puede prevalecer a la decisión ciudadana. Si no la democracia se convierte en una ficción.

Lo mismo ocurre con el aumento necesario en la tasa de retenciones. Tal vez muchos de los que amenazaron con el lockout patronal hayan, también, especulado con esa medida para disuadir el posible ajuste a los derechos de exportación.

El diario El Cronista del día 7 de enero previó un aumento de 7079 millones de dólares de las retenciones a recaudar sobre las exportaciones de soja y sus derivados para la campaña 2020/21 respecto de la anterior, y un aumento de la liquidación de divisas para el mismo período de 22.500 millones de dólares. En el día 9 de enero el precio del poroto subió a u$s506 en la Bolsa de Chicago, y el maíz – también en alza- a u$s 195.

Si se hubiera aprobado la Ley que sancionaba la Resolución 64 que ajustaba la Resolución 125 de retenciones móviles, adecuándola con diferenciaciones, la alícuota correspondiente a un valor de la soja de u$s 500 era del 43% , hoy está 10 puntos debajo de ese porcentaje. Las retenciones móviles hubieran evitado la disputa permanente respecto del nivel de los derechos de exportación, y también hubieran favorecido una asignación más justa y productiva de la renta diferencial. El hecho de su sanción apresurada sin atender al debate y la participación política de los sectores involucrados impidió construir el consenso que, seguramente, hubiese logrado, con un manejo más dúctil, su implementación. Pero el contenido de fondo de la medida era de justicia social y desarrollo nacional.

Producción y Trabajo

Este espacio emitió esta semana un documento que promueve un plan integrado de obra pública, que incluya viviendas e infraestructura básica barrial.  También propone la realización de grandes obras de infraestructura imprescindibles para el desarrollo nacional.  Señala que “Para dinamizar el Mercado Interno, es sabido, es necesario recuperar el poder adquisitivo de las remuneraciones, incluidas las jubilaciones que no son sino salarios diferidos. A su vez advierten que si de los aumentos nominales de salarios se apropian los grandes formadores de precios, el efecto deseado se anularía. Particularmente refieren al impacto negativo que se produciría si los ajustes de los sectores de ingresos fijos fuesen absorbidos por los agentes que dominan las cadenas de alimentos, el ajuste de tarifas y los beneficios del sector financiero. Plantean dos reformas: la tributaria –de carácter progresivo- y la financiera que sustraiga al sistema de las lógicas de la financiarización internacional y lo ponga al servicio de la producción.

Respecto a las negociaciones con el FMI requieren que debe ratificarse firmemente la oposición a ajustes que atenten contra las prioridades de: atender la emergencia sanitaria y social, recuperar el trabajo y potenciar el mercado interno, como bases esenciales  para la imprescindible reactivación económica.

También subrayan  “que se hace necesario un estricto control de los costos de los insumos difundidos, para evitar distorsiones en los precios de las distintas cadenas de valor, estableciendo precios de referencia. Junto a un seguimiento público y transparente de la estructura de costos de producción y comercialización de los principales bienes y servicios que necesitan las familias y los sectores productivos, para detectar los aumentos injustificados. Sin este control de costos se hace imposible ordenar la economía y las finanzas nacionales”.

El Consejo Económico y Social

Es inminente la constitución del Consejo Económico y Social para cuya presidencia el gobierno nominó a Gustavo Béliz. Este deberá lidiar con tres proyectos diferenciados, que representan a quiénes quieren un programa de salarios bajos, reformas laborales y concentración de esfuerzos en el apoyo a grandes grupos exportadores, otros que apuntan a continuar con la lógica neoliberal reforzando el respaldo a las cadenas de los productos de las exportaciones tradicionales, y un tercero de carácter nacional y popular que reivindica las políticas del 2003 al 2015, basadas en los objetivos de igualdad social, soberanía nacional e independencia económica. Béliz deberá convocar a todos ellos y a los movimientos sociales. Concluye una semana en la  que la denominada “gran democracia del norte” demostró cuánto se profundizó su vaciamiento en el período neoliberal de cuatro décadas que creó una sociedad desigual, con una fractura social de dimensiones inéditas, en el marco de una impresionante concentración del ingreso y la riqueza. La energía e intransigencia que ponga el gobierno nacional y popular en sostener sus objetivos programáticos y en el mantenimiento de los principios de los movimientos populares argentinos definirá la profundización de la vida democrática, sin esas actitudes pende la amenaza de igualar la corrosión del sistema que ejemplifica el estado de la vida política estadounidense.

27Dic/200

LA PALABRA ESPERADA

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En 16 minutos la lideresa del FdT sentó los lineamientos básicos de la política económica

El viernes 17 de diciembre, una semana antes de la llegada al país de las primeras trescientas mil dosis de la vacuna Sputnik V, en un acto en La Plata, la lideresa del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, pronunció el discurso con más definiciones desde que hace un año asumiera el nuevo gobierno encabezado por el Presidente Alberto Fernández. En su mensaje subrayó el carácter absolutamente imprevisto del despliegue de la pandemia mundial que, señaló, tuvo consecuencias desarticuladoras en todos los países del mundo. Advirtió sobre la existencia de ámbitos científicos en los que se alerta respecto a repeticiones de fenómenos del mismo carácter, cuya ocurrencia tendría una frecuencia mayor a la que la humanidad vivió en el siglo XX. Planteó dos planos que considera sobresalientes, respecto de los desafíos de política que el gobierno deberá emprender para enfrentar la pandemia y su etapa posterior. Esos dos planos son:

  • La salud, y
  • La economía.

 

Un sistema integrado de salud

Respecto del sistema de salud, la Vicepresidenta enunció la necesidad de repensarlo todo. Destacó la manera en que se trabajó en la emergencia construyendo hospitales y la finalización de obras no concluidas por el gobierno de Cambiemos a pesar de haber tenido un grado de avance muy maduro las obras sin terminar. Planteó la necesidad de pensar y definir un nuevo concepto de salud, partiendo de los datos duros que muestran que la Argentina se destaca por tener mayores recursos tecnológicos y humanos, sumados a una mayor inversión respecto de los que cuentan los otros países de la región. Su conclusión fue el deber del Estado, en conjunto con la sociedad, para debatir, estudiar y construir un “Sistema Integrado de Salud” que dé término a una asignación de recursos ineficiente e injustamente distribuidos, producto de su concentración indebida.

En un documento recientemente publicado por la CEPAL con el título La salud como desafío productivo y tecnológico. Capacidades locales y autonomía sanitaria en la Argentina pospandemia, hay contundentes pruebas cuantitativas respecto de lo afirmado por Cristina Fernández y el grado de profundidad y dramaticidad de las ineficiencias y grado de concentración que deforma la asignación de los recursos para la salud. El informe señala que la Argentina destina a ese fin un volumen de recursos que equivalen al 9,4 % del PBI. Esos recursos tienen distintos orígenes, ya que el sistema se divide en tres subsistemas desintegrados, o con un escasísimo nivel de interacción no planificada sino resuelta por lógicas mercantiles. Los sistemas son los siguientes:

  • El Sistema público, que atiende al 35% de la población. Se financia con recursos generales provenientes de impuestos de ese orden o de asignación específica. Realiza el 28,7% del gasto en salud y el gasto per cápita es de 786 dólares anuales, considerando lo erogado en el año 2019. El correspondiente al total del sistema de salud es de 952 dólares anuales.
  • El Sistema de Obras Sociales, que se subdivide en dos subsistemas: uno de carácter nacional y otro de carácter provincial, al que debe agregarse el PAMI. Los dos primeros se financian con aportes de los empleadores y asalariados públicos y privados, mientras que el PAMI lo hace con recursos mixtos provenientes de los trabajadores activos y aportes de los jubilados a los que se suman también recursos provenientes del Tesoro Nacional. Atiende al 63% de la población. Realiza el 41,8% del gasto en salud. El gasto per cápita es de 765 dólares anuales.
  • El sector privado que se financia con aportes de los que optan por contratarlo de manera voluntaria. Atiende al 14% de la población. Realiza el 29,5% del gasto total en salud. El gasto per cápita es de 2.079 dólares anuales. El financiamiento que era exclusivamente privado, a cargo de sus usuarios voluntarios, fue modificado en la década neoliberal de 1990. Durante la presidencia de Menem se dispuso la posibilidad de la libre elección de obra social (Decreto 9/1993), y además se incluyó la opción de destinar aportes y contribuciones al sistema de medicina prepaga (EMP). Lo que impulsó el “descreme” del sistema de seguridad social, ya que los asalariados mejor remunerados que tenían aportes y contribuciones sociales altas, migraron al sistema EMP trasladando esos aportes y contribuciones del sistema de seguridad social al privado, desfinanciando al primero y fortaleciendo la rentabilidad del segundo. Ese decreto quitó los elementos de solidaridad al esquema de seguridad social y se alineó con el mismo tipo de concepción que la reforma jubilatoria adoptada en la misma década. La reversión de ésta última reforma durante los doce años de gobiernos nacionales, populares y democráticos parecen constituir un antecedente que debería completarse con la reforma del sistema de salud, con el objetivo de revertir los regresivos cambios de los ’90.

Resulta claro que esta lógica fragmentadora de la salud llevó a su mercantilización y a la pérdida de la lógica de la solidaridad, al dejar de ser concebida como un derecho humano. En realidad ninguno de los ciudadanos debería estar sujeto a diferencias en cuanto a la atención de su salud, y el carácter del servicio debería contemplar el objetivo de tender a la igualdad en su provisión que respete el carácter de derecho esencial. La propia diferenciación del sistema de seguridad social respecto del sistema público conllevaba el establecimiento de desigualdades, pero estas adquirieron una tendencia perversa y sistémica a partir del decreto de 1993; que también acentuó la diferencia entre obras sociales con mayores y con menores recursos, desigualdades que se generaron, además, en los propios cambios en el empleo y en los salarios relativos entre las  actividades, como producto de las reformas desindustrializadoras y del estancamiento económico. Pero la transferencia de recursos al EMP desde los servicios sociales, tuvo el claro objetivo de construir las bases para la subsunción de las obras sociales por el sistema privado, que incluía la tercerización de servicios. Por otra parte, el sistema público en lugar de garantizar el acceso universal a la salud, fue conceptualmente concebido para ser utilizado como política focalizada a los sectores más vulnerables, informalizados  o excluidos de la posibilidad de acceder a los otros regímenes.

En el informe de CEPAL se puede observar la distribución de médicos por habitante por provincia, que arroja una concentración ineficiente de los servicios de salud. En CABA la cantidad de médicos por cada mil habitantes es de 16,6, proporción que contrasta con las provincias del Norte argentino, las que tienen menos de 2.7 médicos por cada mil habitantes, salvo Tucumán y Corrientes cuya proporción está entre 2.7 y 3.7.  En este rango se ubica  la provincia de Buenos Aires, sobre la que el informe provee el guarismo global pero sería interesante la diferenciación entre el Conurbano y el interior de la provincia, ya que la misma se acerca a representar el 40% de la población del país. La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro tienen más de 4,7 médicos cada mil habitantes, las demás provincias del Centro y Sur del país participan del rango entre 2,7 y 3,7.

El mismo informe suministra información sobre el peso de la pobreza por provincia, con resultados que se asocian inversamente a la densidad médica por habitante. Esto prueba lo ineficiente e injusto del sistema. CABA, Neuquén y Santa Cruz tiene niveles de pobreza inferiores al 30% de la población. Mientras Misiones, Tucumán, Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero tienen más del 40% de población en situación de pobreza. En la provincia de Buenos Aires la proporción se ubica entre el 35 y el 40; nivel que comparte con Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, La Rioja, Catamarca y Mendoza. Mientras Chubut, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, San Luis, San Juan y Tierra del Fuego tienen una proporción entre el 30 y el 35%.

CEPAL relevó que la mortalidad infantil tiene sus niveles más altos en Corrientes, Formosa y Tucumán con más del 11 por mil, mientras que en CABA, Chubut, Neuquén, Santiago del Estero y Catamarca se ubica por debajo del 8. En tanto que Chaco, La Rioja, Jujuy, La Rioja y San Juan registran una proporción que va entre 10 y 11 por mil, y el resto de las provincias está en el tramo entre 8 y 10 por mil. También hay una asociación inversa con la relación médicos por habitante, con algunas excepciones cuyas causas merecerían un análisis.

Las desigualdades que exhibe el acceso a la salud en la Argentina no son independientes de la fragmentación del sistema. La coexistencia de un régimen público, con uno contributivo (obras sociales) y otro privado, dotados de capacidades de financiamiento y gasto muy diferentes, concurrente con la descentralización de la gestión de los servicios de salud entre los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial e incluso municipal) no sólo reproducen las desigualdades esbozadas anteriormente. Además dificultan una mayor y mejor articulación de los objetivos sociales de una política de ampliación del acceso efectivo a la salud, con las decisiones de  promoción de la autonomía sanitaria y el despliegue de una política que impulse el desarrollo productivo y tecnológico nacional. Corresponde hacer notar que, en un sentido inverso al del liberalismo neo, durante los años de gobierno nacional y popular se desplegó un movimiento que culminó en dispositivos legales hacia la producción pública de medicamentos. Una política que debe convertirse en fundamental para la desmercantilización de la salud pública.

El gráfico que se presenta a continuación muestra el carácter focalizado de la medicina pública para atender la pobreza, con el perfil asistencialista propio de la mirada neoliberal. En el mismo se exhibe el porcentaje de la población no cubierto por los subsistemas privados y de seguridad social, quedando a cargo por default de éstos la medicina pública. En contraste obsérvese la sobrecobertura de la CABA por dichos subsistemas.

 

 

 

Reactivación productiva con distribución del ingreso

La lideresa del Frente de Todos se refirió a la perspectiva que en el año 2021 comience una reactivación de la economía. Pero puso el acento en la necesidad de que ese crecimiento se reparta en consonancia con el objetivo de la justicia social. En lenguaje popular dijo que “los beneficios del crecimiento no se los deben quedar 3 ó 4 vivos”. Es una referencia concreta a la necesidad de garantizar que la decisión y acción del gobierno elegido por el pueblo debe definir el carácter de la reactivación, y su direccionamiento a que los resultados se distribuyan atendiendo al valor de la igualdad. Cristina Fernández advirtió que el poder económico no puede pretender la posesión, y menos se le puede conceder, de la facultad del establecimiento de las definiciones de la política económica que impulse y acompañe el crecimiento. La Vicepresidenta fue enfática en señalar la necesidad de alinear salarios, jubilaciones, los precios –especialmente los de los alimentos— y las tarifas. Planteando que los precios de los alimentos deben ser accesibles para los sectores populares. Además explicitó su conocimiento y convicción de que la economía argentina es movilizada por la demanda, y que el consumo se acerca a significar el 70% de la demanda agregada. Es inequívoca al señalar estas reflexiones y postulados, que el alineamiento de las variables que destaca supone la recuperación de los salarios y las jubilaciones. También al plantear que el Estado debe establecer mecanismos efectivos para garantizar el acompasamiento de la evolución de precios y tarifas con la mejora real de los ingresos fijos populares, que garanticen un impulso del consumo y la demanda. Son ideas que perfilan un proyecto nacional basado en el esquema wage led growth (crecimiento impulsado por salarios).

A un año de la asunción del nuevo gobierno la Vicepresidenta, en un discurso de 16 minutos, expuso lineamientos fundamentales para el próximo año, los que reivindican la política llevada a cabo en el período 2003-2015, que consiguió la mejora del nivel de vida popular, y expresó: “Por eso volvimos”, adjudicándole a la unidad un carácter concurrente y complementario con la memoria popular sobre aquél período. Dijo, textualmente luego, que “si no se sabe cómo se llegó, es posible que no se sepa cómo ir”.

En el Informe de Coyuntura de CIFRA-CTA n° 32, elaborado por Pablo Manzanelli, Daniela Calvo y Cecilia Garriga, se calcula que el PBI cayó en los tres primeros trimestres del año un 11% con relación al mismo período del año anterior, siendo la sima el segundo trimestre, que registra respecto de su igual de 2019 una caída del 19%. El informe dice que “la economía argentina contabilizó, prácticamente, 10 trimestres de caída del PIB, situándose en la actualidad 15,3% por debajo del primer trimestre de 2018 y es un 14% inferior al producto bruto del tercer trimestre de 2015”. Lo expresado ilustra que el profundo descenso del año de pandemia se acopló a cuatro años de retroceso que el país experimentó en el transcurso del gobierno de Cambiemos. Durante los tres primeros trimestres de 2020 los únicos sectores que crecieron fueron la construcción (2.3%) y la intermediación financiera (4,6%). Este último guarismo más que un hecho positivo, resulta lo contrario y hace necesario reflexionar sobre una profunda reforma institucional imperiosa en su funcionamiento, regulación y definición de objetivos y actores.

El informe de CIFRA-CTA dice que los salarios cayeron entre noviembre de 2015 y septiembre de 2020 un 15,5% en el sector privado y un 26,5% en el sector público.  Respecto del crecimiento de los precios durante el año alcanzó, midiendo los primeros once meses de 2020 respecto del mismo período de 2019, un 35,8%, mientras la devaluación del tipo de cambio legal fue del 35,7%. Esto demostraría la importante influencia de la variación cambiaria sobre el nivel de precios, lo que probaría lo desaconsejable de ceder a los reclamos devaluacionistas de grupos y sectores empresarios. Además sería demostrativo de las consecuencias regresivas sobre los salarios de una política export led growth (crecimiento impulsado por las exportaciones). También probaría contundentemente que los precios se ajustan por el dólar oficial y no por las cotizaciones de los reducidos mercados marginales. Pero resulta de importancia subrayar que los alimentos y bebidas aumentaron mucho más que la tasa media de crecimiento de precios, lo hicieron en un 47,5% y la indumentaria en un 56%, lo que indica que la inflación para los sectores populares fue mucho más alta que para el conjunto de la población. Estas verificaciones indican hasta qué punto el alineamiento de precios, salarios, tarifas y jubilaciones que promueve Cristina Fernández, significa una enérgica mejora de los ingresos de los sectores populares. Mejora que debe ser acompañada por un conocimiento profundo y una intervención adecuada en las cadenas de valor, persiguiendo el objetivo de tomar los caminos necesarios para que los precios se ajusten a la obtención de tasas de ganancia empresariales acordes a la recuperación del nivel de vida que los sectores populares vienen perdiendo desde 2015.

Otra información de relevancia constatada por el informe elaborado por Manzanelli, Calvo y Garriga se refiere a las irregularidades en la liquidación de exportaciones de oleaginosas y cereales, ya que pese a la obligación de liquidar las divisas, mientras el total exportado es de 23.298 dólares durante el año 2020, lo liquidado asciende a 18 286 millones. Faltan liquidar más de 5.000 millones, lo que demuestra las irregularidades existentes en el sector.

La reticencia a liquidar divisas en las cadenas de oleaginosas y cereales, y sus presiones devaluacionistas, deberían ser enfrentadas con energía. La baja de retenciones para favorecer una mayor liquidación no produjo los efectos deseados. Mientras tanto los precios internacionales de estos commodities siguen subiendo, lo que exigirá proceder a un aumento de esas retenciones, aún a niveles superiores a los que regían con anterioridad a la rebaja ineficaz. Esa exigencia se motiva en la necesidad de evitar que los precios de los alimentos aceleren su crecimiento por la típica asociación automática con el comportamiento del mercado internacional. En una propuesta que va en la misma dirección, Cristina Fernández también expuso sobre la necesidad de establecer cupos a la exportación de alimentos que aseguren que un volumen razonable de los mismos sean reservados para el mercado interno, a precios razonables «para la mesa de los argentinos”.

Los dieciséis minutos de exposición de la lideresa del Frente de Todos incluyeron lineamientos básicos de una política económica que asume que los acuerdos de deuda deberán realizarse sobre la base de su subordinación al cumplimiento del objetivo de reactivación productiva con justicia social, sustentado en el crecimiento del mercado interno. Los plazos, intereses y organización de las amortizaciones con el FMI deberán también alinearse con, y detrás, de la prioridad que constituye la  recuperación de los niveles de vida de los sectores populares y el fortalecimiento del aparato productivo nacional

13Dic/200

ATAQUE AL SISTEMA DEMOCRÁTICO

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Cristina desnuda la contradicción entre sistema republicano y democracia

 

El columnista del diario La Nación y predicador del programa Odisea Argentina, Carlos Pagni, caracterizó la carta de la Vicepresidenta de la Nación y lideresa del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, como un ataque al sistema republicano. El autor del artículo Ataque al sistema republicano, en La Nacion del 10 de diciembre de 2020, comienza caracterizando que “la esencia del sistema republicano radica en la necesidad de limitar al poder”, continúa diciendo que “la sociedad se protege de la posibilidad de ser avasallada por la política a través de dos dispositivos principales, la independencia judicial y la libertad de prensa”.

Los posicionamientos políticos adquieren su sentido en condiciones histórico-concretas y no como resultado de generalidades pretenciosas de vigencia eterna. Valorando el momento en que Pagni formula esas aseveraciones, no pueden ser entendidas más que como construcción teórica de defensa del lawfare. Defiende a la Corte Suprema como una institución inmaculada, ajena a sus comportamientos y características actuales, justamente las que Cristina Fernández se encarga de describir enumerando los comportamientos irregulares de ese cuerpo y de la mayoría de sus integrantes. Finaliza el párrafo, aseverando que la “independencia judicial” unida a la “libertad de prensa”, que en este contexto no es otra cosa que la de los conglomerados comunicacionales concentrados que reúnen medios escritos y audiovisuales, conforman la hermandad imprescindible para defender a la sociedad del avasallamiento de la política. Nótese la elección de la palabra, no se refiere como lo hacen los liberales tradicionales al Estado, si no a la política. Sigue así los lineamientos de las innovaciones  del liberalismo neo respecto del liberalismo clásico. Son Milton Friedman y Hayek quienes insinuaron esa sustitución lingüística, popularizada hoy por los economistas «libertarios”. Ese cambio introduce una contradicción entre República y política, cuya conciliación se transita mediante el vaciamiento de esta última.

La esencia de la República que evoca Pagni no se originó en la democracia ateniense sino en el feudalismo europeo, que devino en el capitalismo liberal. Comenta Ellen Meiksins Wood en Democracia contra Capitalismo (siglo XXI, 1995) que uno de sus principales hitos fue la Carta Magna inglesa de 1688 (año en que se impuso el fin del absolutismo y el predominio del Parlamento sobre la monarquía), acontecimiento que provoca el ascenso de las clases con propiedades. Ese republicanismo no fue de campesinos que “se liberan del dominio político de sus señores, sino de los señores mismos que afirman sus poderes independientes frente al poder de la monarquía. Este es el origen de los modernos principios constitucionales, las ideas del gobierno limitado, la separación de poderes y demás, principios que han desplazado las implicaciones sociales del ‘gobierno del demos’ –como equilibrio entre ricos y pobres— como criterio central de la democracia”. El concepto de democracia antiguo provino de una experiencia histórica que le dio un status ciudadano a las clases subordinadas, en cambio en lugar del ciudadano campesino, el antiabsolutismo de la limitación de poderes constituye el drama histórico de la ciudadanía limitada al barón feudal wigh. La tradición republicana reivindicada por Pagni proviene de una época de cambios en que el concepto de pueblo y ciudadanía calificaba para los estratos propietarios y excluía a las mayorías populares. La raíz del pensamiento republicano plutocrática se devela en el predicador de Odisea cuando escribe sobre la Vicepresidenta que, “mientras estuvo al frente de la Casa Rosada propuso una reforma cuyo propósito principal era subordinar el Consejo de la Magistratura a los resultados electorales para, de esa manera, someter a los jueces a los vaivenes de las urnas”. Este periodista de la derecha argentina no se priva de designar al veredicto popular con el mote de “vaivenes de las urnas”. Proteger a la “justicia” y la “prensa” de la política, alejar la designación de los integrantes de un órgano judicial de los “vaivenes electorales”, son parte de un lenguaje ajeno al pensamiento democrático.

El artículo se refiere a que “uno de los pasajes más reveladores de la proclama de ayer [la Carta de la Vicepresidenta] fue el cargo que le hace a Rosenkranz como presidente de la Corte, de haber ejercido la profesión litigando a favor de empresas privadas. Quiere decir que, además de manifestarse sobre la Justicia, la Vicepresidenta aprovechó pronunciarse también sobre el capitalismo”. Prefiere ocultar y deformar lo que la Presidenta dijo: que la cartera de clientes del estudio jurídico de Ronsenkrantz está conformada por los principales grupos empresarios argentinos y extranjeros del país. Era el abogado de grandes intereses particulares de empresas privadas cuya actividad tiene un fuerte impacto en la vida pública. Respecto de lo cual, resulta atinado citar la reflexión de Rousseau, el gran filósofo de la democracia, para quien “solamente la voluntad general puede dirigir las fuerzas del Estado según el fin con que ha sido instituido, que es el bien común; pues si la oposición de los intereses particulares ha vuelto necesario el establecimiento de las sociedades, el acuerdo de esos mismos intereses lo ha vuelto posible… Siendo la soberanía tan sólo el ejercicio de la voluntad general, no puede nunca enajenarse, y que el soberano, que no es sino un ser colectivo tan sólo puede ser representado por sí mismo: el poder puede transmitirse pero no la voluntad… La voluntad particular  tiende por su naturaleza al privilegio, y la voluntad general a la igualdad”.  Pues entonces, el señalamiento de la lideresa del Frente de Todos cumple con el deber de señalar que el Presidente de la Corte no reúne los antecedentes que garanticen la atención de la voluntad general, pues ha vivido vinculado a grandes intereses privados. La advertencia de Cristina Fernández es una manifestación contra el privilegio y en defensa de la igualdad.

En otro párrafo acusa al texto de Cristina Fernández de efectuar un cuestionamiento a la cultura liberal, en beneficio de una idea populista de la democracia. La confesión del periodista que predica el neoliberalismo queda expuesta. Esa defensa de la cultura liberal es la de cadena de intermediaciones representativas que aleja a la ciudadanía del poder por medio de la república representativa en la que las elecciones tienen una metodología superindirecta. Es la reivindicación de la cultura que con el advenimiento del capitalismo separó la vida económica de la vida democrática. La que “protegió” a la economía de la política. Luego en la época del “capitalismo de oro”, con las socialdemocracias europeas de posguerra y los gobiernos populares en el Tercer Mundo, el capitalismo admitió la desmercantilización de los bienes y servicios esenciales y una intensa intervención del Estado en la economía. El temor a la “amenaza comunista” habilitó esta posibilidad, combinada con el desarrollo de intensos tejidos sociales en Occidente, la presencia de modos productivos que homogeneizaban a los pueblos y una intensa politización de la vida pública. Más tarde, con el advenimiento del neoliberalismo, los sectores del poder económico impulsaron el retiro de los estados de la economía, el endiosamiento de los mercados, la heterogeneización de las condiciones productivas, la vulnerabilización de vastos sectores de los pueblos y la admisión de una vertiginosa formación de un vértice minoritario y exclusivo de multibilllonarios. Los neoconservadores que pretenden eternizar esta última realidad militan la limitación de poderes, dando impunidad a los jueces que no provengan de los vaivenes de la voluntad popular y a los conglomerados comunicacionales monopólicos que forman opinión favorable a la hegemonía de los sectores privilegiados para las grandes empresas, en economías cada vez más concentradas.

El columnista de la “tribuna de doctrina” manifiesta preocupación respecto de la actualidad cuando dice que la carta vicepresidencial coincide con el momento en que el país “negocia con las grandes democracias del planeta encabezadas por los Estados Unidos, un acuerdo con el Fondo”. Mientras el gobierno nacional, popular y democrático dejó claro que no aceptará condicionamientos sobre su política económica, ni tampoco realizará reformas estructurales para acordar un programa con el FMI, el orador de Odisea enciende alarmas por las justas críticas de la Vicepresidenta a un Poder Judicial que hoy huele a podredumbre. ¿Ese hombre, y los que piensan como él, supone que nuestras conductas políticas – ya no sólo las económicas— deben subordinarse al gusto de las grandes potencias? ¿Cantan el Himno Nacional, o creen que hacerlo es inconveniente para atraer las inversiones extranjeras? ¿Tal vez piensen que conviene cambiar la lengua primaria con que se educa a las futuras generaciones por el inglés? Todo lo que venere al Dios de la Confianza sería útil para su criterio. Esa veneración se compone de concesiones y pleitesías. No oculta nada de su pensamiento sometido al poder, dice “grandes democracias del planeta encabezadas por los Estados Unidos”.

 

 

 

Gran potencia, pero sin democracia

Dice Mónica Peralta Ramos en su artículo La política en tiempos de pandemia, respecto a la actualidad que vive la potencia que encabeza las grandes democracias: “El impacto económico de la pandemia ha contribuido a arrojar luz sobre una brutal desigualdad racial, económica y social acumulada a lo largo de décadas. Sin embargo, las demandas de los que tienen poco o nada se enredan y entreveran en una disputa entre facciones de las elites dominantes empeñadas en controlar una mayor tajada del poder político. El fragor de este combate impide ver lo que está realmente en juego. Ese ‘ellos o nosotros’ es un ariete que divide de un modo espurio a los excluidos, ahondando una grieta que, de tan vieja, ya casi no existe en la memoria. Hoy los despojados y los excluidos pugnan por hacer oír su voz pero son ahogados por cantos de sirena que buscan mantenerlos en el aislamiento y la segregación… La existencia de un contrato social aceptado por el conjunto ha sido un rasgo indispensable a la vida comunitaria. Hoy ese contrato social está roto. Las instituciones democráticas no pueden legitimar un orden social que maximiza los intereses de unos pocos en detrimento del bien común de todos, con una dinámica que desemboca en una crisis sistémica, en el canibalismo social y en la destrucción del clima y del hábitat”.

Un país con un régimen electoral distinto en cada uno de sus estados, donde las elecciones suelen terminar en pleitos, donde el que gana puede ser el que saca menos votos, donde los grandes grupos privados financian y condicionan a los futuros Presidentes, en forma “transparente” y sin limitaciones. ¿Eso caracterizan como gran democracia?

La cuestión está en el origen. Para los antiguos federalistas norteamericanos explícitamente había que evitar el gobierno de la turba, la tiranía de la mayoría, y optaron por la forma representativa y republicana de la democracia, excluyendo el equilibrio de poder entre las clases, y sin referencias críticas a que se instale el “gobierno de los ricos”. Esta es la fuente de los principios que permitieron sustraer la economía de la política y someterla a un espacio no democrático: el del mercado.

La “razonabilidad” de las políticas de entrega propiciadas por Pagni y los periodistas-comunicadores de los grandes medios concentrados, está sostenida como anticipaba Gramsci en lo que constituye a esos agentes del poder, son“los viejos dirigentes intelectuales de la sociedad [que] sienten que pierden terreno bajo sus pies, se dan cuenta que sus ‘sermones’ se están reduciendo precisamente a ‘sermones’, a cosas ajenas a la realidad, a pura forma sin contenido, a larva sin espíritu, a eso se debe su desesperación y sus tendencias reaccionarias y conservadoras”. A esa intelectualidad del poder decadente, de una civilización en descomposición, pertenece el autor de la nota de La Nación y esa intelectualidad periodística entregada a la repetición del discurso de una civilización decrépita.

 

 

Ortodoxos en decadencia y falso realismo mendicante

En particular, los economistas constituyen, tal vez, la facción más grave de la intelectualidad de un modelo de vida en descomposición. El elogio del neoliberalismo, el régimen de la desigualdad, de la sociedad que fábrica miseria, del despojo de la idea del semejante, tiene expresiones locales en los discursos ajustadores, de mano dura económica, de embate contra la política, como los de Milei, Espert, Cachanosky, y aunque más encubiertos también los del ex ministro Cavallo, De Pablo, Broda, Melconian, etc.

Pero también hay un coro de supuestos “realistas” que llaman desde discursos progresistas tipo socialdemocracia 2.0 (de la tercera vía de Anthony Giddens) a la aceptación de las relaciones de poder que rigen el mundo. Asumen la apologética de la correlación de fuerzas y la inevitabilidad de sumarse al “mundo” (en el rol de furgón de cola de las potencias de la financiarización). Corresponde contraponerles la materialidad de la existencia de la voluntad, como constitutiva de la subjetividad que puede cambiar el estado de cosas, introducir una ruptura, cambiar el cauce. Esa subjetividad motoriza la invalidación de un “falso realismo” constituyente de un reformismo superficial que renuncia a la motorización de una real transformación de la sociedad y la Nación.

Emmanuel Alvarez Agis, ex viceministro de economía de un gobierno popular, parece seducido por alternativas de este carácter. Plantea la necesidad de ampliar el financiamiento externo para aplicarlo a la moderación del déficit fiscal, dando por supuesto que el FMI habrá de pedir y la Argentina tendrá que aceptar un mayor equilibrio presupuestario. Bajo esos supuestos –de exigencia y subordinación— que se acercan a una negociación tradicional con el FMI, Alvarez Agis plantea que con un plan de facilidades extendidas Argentina podría obtener 12.000 millones de dólares más de asistencia del Fondo, lo que la llevaría a un endeudamiento de 57.000 millones con ese organismo. El joven economista parece envejecido en ideas. La suposición de seguir endeudándose con el FMI porque el organismo va a condicionar y el gobierno democrático, nacional y popular argentino aceptará, no es más que una vieja y repetida historia de fracasos y retrocesos. Pero el ex viceministro también se esperanza con la razonabilidad del siempre irrazonable organismo internacional respecto a los condicionamientos que impondrá.

 

 

Álvarez Agis y Abraham Gak: las apariencias engañan.

 

 

Más joven en ideas que él era el director del Plan Fénix, Abraham Gak, recientemente fallecido a los 91 años, quien siempre reivindicó la autonomía ante el Fondo y el poder financiero. Fue un militante, un intelectual y organizador de los economistas que lidiaron con la ortodoxia cuando reinaba en todos los campos, también en la UBA. Otro de los fundadores del Fénix, Aldo Ferrer, referente de los economistas heterodoxos, siempre sostenía que en las negociaciones hay que tener la alternativa de no acordar, porque si se les asegura el acuerdo, los financistas te imponen lo que ellos quieren. Cuando se está elaborando un programa y se lo pretende propio, autónomo y no ajustista, resulta de chambón –si la mirada es bondadosa— andar tirando números sobre endeudamientos incrementales. Si la “tribuna de doctrina” te entrevista varias veces en una semana te tenés que preguntar sobre lo que andás diciendo. Y siempre se debe reparar en las marcas y señales de la historia. Néstor Kirchner construyó una política de transformación por haberle cancelado al FMI y no por ir a mendigarle más dólares, y menos para financiar el ordenamiento de cuentas internas.

7Dic/200

Publicado por admin

Dear colleagues,  

We allow ourselves to request international solidarity due to the unconscionable dismissal,  persecution and maltreatment suffered by, Jorge Marchini, respected Professor of  Economics at the University of Buenos Aires, with a long career and national and  international standing.  

The Chair occupied by Marchini has been recognised for its academic quality, pluralism, and  exemplary democratic and participatory practices for more than thirty years. Jorge Marchini  has reached the highest professorial level at the University of Buenos Aires through public  assessment, a position that was renewed on successive occasions on the grounds of merit,  except for the last assessment. This assessment of Professor Marchini, as well as of other  prominent independent professors, was replete with serious irregularities and  manipulations that have been duly denounced by him and academic inspectors in a formal  case to Argentine courts. 

A further very serious development has now become known, namely the intention of the  authorities not to wait for the ruling of the courts but appoint a substitute professor for  Professor Marchini without complying even with the basic rules and conditions of the  University. This development could only be explained on the basis of political discrimination  of personal favour. 

We are calling on the responsible authorities of the University of Buenos Aires to guarantee  the legal academic process appropriate to Professor Marchini’s case, including the full  payment of his salary that has been withheld along many months despite his continuing to  direct and coordinate Chair activities. 

We make this request for solidarity in the understanding that instances such as this call for  the pronouncements by the international academic community that fights for freedom of  thought without censorship and ideological discrimination or persecution 

Buenos Aires,  

12 November 2020 

Marisa Duarte, President of Argentina's Institute of Economic Development (IADE) Manuel Acevedo Herrera, Chair of Economics, University of Buenos Aires (UBA), Argentina José Cárcamo, Chair of Economics- University of Buenos Aires (UBA), Argentina. Hugo Andrade, Dean of the National University of Moreno (UNM), Argentina Felisa Miceli, President of Research Center of Social Sciences ( CIGES), former Minister of  Economy of Argentina. 

Federico Schuster, Chair of Philosophy and Social Sciences Methods, University of Buenos  Aires (UBA), Argentina 

Diego De Charras, Director of Communication Sciences Degree, University of Buenos Aires  (UBA), Argentina.  

ORIGINAL EN ESPAÑOL  

Nos permitimos pedir la solidaridad internacional por el despido desmedido, persecución y  maltrato sufrido por Jorge Marchini, respetado profesor de Economía de la Universidad de  Buenos Aires, con una dilatada trayectoria y prestigio nacional e internacional. 

La Cátedra que ocupa Marchini ha sido reconocida por su calidad académica, pluralismo y  prácticas democráticas y participativas ejemplares durante más de treinta años. Jorge  Marchini ha alcanzado el más alto nivel docente de la Universidad de Buenos Aires a través  de la evaluación pública, cargo que fue renovado en sucesivas ocasiones por motivos de  mérito, salvo la última evaluación. Esta valoración del profesor Marchini, así como de otros  destacados profesores independientes, estuvo plagada de graves irregularidades y  manipulaciones que han sido debidamente denunciadas por él y veedores académicos  académicos en un caso formal ante los tribunales argentinos. 

Ahora se ha conocido otro hecho muy grave, a saber, la intención de las autoridades de no  esperar el fallo de los tribunales, sino de nombrar un profesor suplente del profesor  Marchini sin cumplir ni siquiera con las normas y condiciones básicas de la Universidad. Este  desarrollo solo podría explicarse sobre la base de la discriminación política de favor  personal. 

Hacemos un llamado a las autoridades responsables de la Universidad de Buenos Aires para  garantizar el proceso académico legal adecuado al caso del profesor Marchini, incluido el  pago total de su salario, retenido durante muchos meses, a pesar de continuar dirigiendo y  coordinando las actividades de la Cátedra . 

Hacemos este pedido de solidaridad en el entendido de que instancias como esta convocan  a los pronunciamientos de la comunidad académica internacional que lucha por la libertad  de pensamiento sin censura y discriminación ideológica o persecución. 

Buenos Aires, 

12 de noviembre de 2020

22Nov/200

Dos en el sube y baja

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Mientras Estados Unidos continúa en el pantano post electoral, China cierra un mega-acuerdo de libre comercio asiático

 

Las elecciones en Estados Unidos no han concluido a pesar del conteo provisorio de los estados y la proclamación de Joe Biden por la prensa. Donald Trump sigue insistiendo en sus declaraciones preelectorales de fraude y robo de votos sin otros argumentos que algunas irregularidades menores en los cinco estados donde la diferencia era ajustada: Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Georgia. En este último se está haciendo un nuevo conteo definitivo por ser la diferencia menor al 0,5 % a favor de Biden, pero ese cómputo no cambiará el resultado nacional. Sin contar los 16 electores de Georgia, Biden ha sumado 290, superando los 270 consagratorios, y Trump 232. Según Los Angeles Times (17 Nov.), Biden está obteniendo 78,9 millones de votos (51,3%), Trump 73,2 (47,6 %) y Jo Jorgensen, candidata del Partido Libertario (derecha), 1,6 millones (1,1 %). En esta elección hubo una participación ciudadana del 62%, la más elevada desde 1964, pero baja en comparación con las argentinas y europeas. El 38% de los ciudadanos con derecho a voto no lo ejerció.

Trump perdió pero no por paliza. El trumpismo está lejos de aceptar la derrota y menos aún de haber sido sólo un momento anómalo en la historia oficial de “corrección política” norteamericana. Hoy es un país dividido políticamente, con una grieta que Trump se esfuerza en profundizar. Esa negación de la derrota es el principio de reorganización, bajo su liderazgo, de la fuerte fracción de la derecha blanca belicosa, muchas veces armada. Veremos hasta dónde llegan.

 

Votantes y programas

Según la encuesta de AP, si se diferencia por sexo Trump obtuvo el voto del 52% de los hombres y el 44% de las mujeres; por edades, el 51% de los mayores de 45 años; por etnia el 55% de los blancos, 8% de los negros, 35% de los latinos, 28% de los asiáticos; por educación, 52% de secundaria o menos, 42% de los graduados universitarios, 40% de los posgraduados; por religión, 60% de los protestantes, 71% de los mormones, 50% de los católicos; por nivel económico, el 45% de los que tienen ingresos anuales inferiores a U$S 50.000, el 50% de los que ganan entre 50.000 y 99.000 anuales y el 47% de los que ganan más que U$S 100.000 por año. Geográficamente, las costas Este y Oeste votaron a los demócratas, y el interior profundo, la Middle America blanca, a Trump.

Los encuestados indicaron que los temas que decidían su voto, en orden de importancia, eran: Pandemia (73%), Economía y Trabajo (28%), Salud (9%) y Racismo (7%). Luego otros tópicos y al final de la lista Política Internacional con el 1%.

De no haber sido por el mal manejo de la pandemia, sumado a las consecuencias políticas del asesinato de George Floyd, Trump difícilmente hubiese perdido la reelección, al margen de todas sus características de “políticamente incorrecto”. El 75% de los que resaltaron la pandemia votaron a Biden, mientras que de los que marcaron como tema principal economía y trabajo el 81% votó por Trump.

El visceral y políticamente incorrecto Trump expresó claramente sus convicciones sobre “el virus chino” (y otros temas) pensando que los esfuerzos que hacía en el campo económico, con una magnitud de ayuda federal inédita en tiempos de paz, superarían cualquier otra faceta. No le alcanzó, aunque por poco. Que esa ayuda federal se dedicó sesgadamente en favor de los grandes monopolios no le quita su importancia para los trabajadores.

Los consejeros de Biden le indicaron qué decir sobre la pandemia, al igual que los graduados el énfasis en cada uno de los demás temas, y ganó apegándose al manual. Es un viejo recurso de la política, como arte de lograr apoyos acomodando el discurso a los cambiantes vientos que indiquen aprobación en las encuestas. Biden encontró la oportunidad luego de bregar cincuenta años. Su principal mérito es no ser Trump.

Liu Mingfu, coronel (retirado) del ejército chino, indica: “Estados Unidos es sólo medio democrático. La característica sustantiva de un país democrático tiene dos aspectos: la primera, las políticas internas democráticas sin totalitarismo en la sociedad nacional, y la segunda, las políticas internacionales democráticas sin hegemonía en la comunidad internacional. Un país verdaderamente democrático es un país que no tiene monarca en casa ni hegemonía en el extranjero. Si un país sólo es democrático en casa y hegemónico y autocrático en el mundo, es como máximo la mitad de un país democrático”. (1)

Para el resto del mundo la parte significativa de la política del hegemón es su política exterior, y sobre ella los ciudadanos norteamericanos no tienen mayores divergencias ni le dan trascendencia en su decisión de voto. Confían en que Estados Unidos defiende “los principios de la libertad y la democracia” y sólo se preocupan cuando vienen muchos ataúdes con caídos en oscuras batallas lejanas. Las elecciones se definen 99% por temas internos. El resto del mundo es el que tiene que aguantar, resistir o asentir a políticas que no ha votado. Que Biden sea “progresista” en lo interno, en sus propuestas respecto a la pandemia, minorías raciales, alternativas sexuales, educación u otros temas, no tiene relevancia para el resto del mundo al momento de soportar la presión del hegemón. La diferencia quizá sea que el puño de hierro en la próxima administración demócrata esté enfundado en un guante de seda, con expresiones políticamente correctas al estilo Barack Obama mientras lograba el récord de asesinatos internacionales mediante drones en Oriente Medio, y el Premio Nobel de la Paz como recompensa anticipada a sus posteriores proezas.

Trump representa una visión geopolítica de largo plazo por sobre las ganancias de corto y mediano plazo de la dominante fracción de las finanzas, el capital globalizado, y de las nuevas tecnologías de comunicación. Su objetivo internacional es tratar de limitar el ascenso de China, y al margen de los temas internos ha desplegado una estrategia nacionalista-racista-xenófoba, el imperialismo desnudo del siglo XIX e inicios del XX, el “gran garrote” al estilo del presidente Teodoro Roosevelt. Los acuerdos de Bretton Woods de 1944 no le sirven frente al ascenso de China y ha tratado de rehacer unilateralmente las reglas para mantener la hegemonía americana. El trumpismo se manifestará, entre otras cosas, en el mantenimiento por Biden de muchas de las medidas proteccionistas o punitivas frente a China, en una acomodación difícil de amalgamar con los grupos de interés globalista con negocios en China que desde hace años ha colonizado (no sólo) al partido Demócrata.

Las fracciones económicas globalistas habían revertido parcialmente la tendencia descendente de la tasa de ganancia del capital norteamericano al imponer al mundo el neoliberalismo a partir de los años ochenta, y se beneficiaron de la apertura y reestructuración de la economía china desde el ascenso de Deng Tsiao-ping (1978). Todo era ganancia para el capitalismo en esos años. La apertura capitalista de la enorme China, la implosión de la URSS una década después, negocios a dos puntas con la segmentación de la producción industrial simple en los países asiáticos y el corazón complejo en el centro. Pero la aceleración en el crecimiento chino y la complejización de su aparato productivo en especial a partir de su ingreso en la OMC (2001), junto al retroceso del centro por la crisis de especulación financiera de 2008, encendió las luces de alarma. China no es un gigante económico y enano político como Alemania o Japón, que sin capacidad nuclear dependen del paraguas defensivo americano y en temas estratégicos no pueden revelarse a sus dictados sin serios costos. Quizá los mayores cambios en política internacional sean un trato más amable a los aliados en función de que se acomoden a la política anti-china y anti-rusa que continuará en lo general.

La disputa mundial este año está teñida por la pandemia, “el virus chino” como lo llama Trump y así ha logrado que lo considere la mayoría de su población y muchos en los países centrales. La crisis que Trump ha desatado al no aceptar su derrota abarcará un período mucho más prolongado que la fecha de cambio de administración, contribuyendo al marasmo y desorden político interno del hegemón mundial.

 

China y sus opciones

El país asiático es el único importante que ha superado el coronavirus, en una combinación de ataque temprano con la utilización de todas las herramientas disponibles: controles de movimientos poblacionales con programas de Inteligencia Artificial incorporados a celulares, estrictas cuarentenas, construcción acelerada de hospitales, uso intensivo de testeos de respuestas casi instantáneas, eficientes y tecnificadas atenciones a enfermos, uso masivo de recursos en higiene preventiva y la repetición de las medidas con todo rigor ante el mínimo rebrote. Cero privacidad, total intrusión, fortísima colaboración ciudadana, resultado excelente. La conciencia social china sobre el individualismo americano rindió sus frutos. Esto le ha permitido superar la caída de la actividad en el primer trimestre, con resultados positivos en el segundo y tercero, que la harán cerrar el año con un crecimiento superior al 1% mientras los países de Occidente, según el FMI, tendrán caídas de entre el 4 y el 10% en 2020 y la segunda ola de coronavirus, alejando su esperada recuperación para bien entrado 2021.

Pero no todas son mieles. La presión de Estados Unidos, que venía desde 2018 con una disputa estratégica disfrazada de guerra comercial, la ha obligado a firmar en enero pasado la Fase 1 del acuerdo, simplemente para que no apliquen parte de los elevados derechos de importación sobre mercaderías chinas. Hasta el momento el cumplimiento por parte de China de acelerar las importaciones de granos y otros productos norteamericanos se ha acercado a lo pactado. Pero la parte más dañina de las sanciones son las prohibiciones de actividades de sus empresas líderes en Estados Unidos, caso Huawei y Tic Toc, entre otras, y la prohibición de vender microchips avanzados a la primera, tanto de producción americana como de empresas extranjeras (la taiwanesa TSMC) que utilicen componentes americanos.

¿Por qué esta sanción es importante? Porque en el campo de la complejidad y producción de microchips avanzados la distancia tecnológica de Estados Unidos sobre China es significativa, y sin esos semiconductores avanzados está en peligro gran parte de la arquitectura que Huawei ha montado con sus avances en la quinta generación (5G) de comunicaciones. Para todo el aparato productivo y en especial para la defensa, contar con microprocesadores avanzados es crítico.

China ha ingresado de lleno en la Revolución Industrial 4.0, término generado en Alemania hace pocos años que comprende ciber sistemas físicos en servicios y fabricación inteligente, integración de la infraestructura tecnológica incluyendo robotización, aprendizaje automático, impresión 3D, computación en la nube, internet de las cosas, nueva generación de semiconductores. Estados Unidos tiene una ventaja en investigación básica mientras China lo supera en aplicación industrial de los avances científicos, notoriamente en Big Data que otorga un mercado de 900 millones de usuarios de internet en una población de 1.400 millones. Otros sectores industriales son más heterogéneos, con algunos líderes cercanos a la frontera tecnológica y otros más atrasados. El proceso de poner al día esos sectores (catch up) es la explicación del crecimiento acelerado de la productividad en China, que en este siglo ha sido parejo al aumento de los salarios reales.

Volviendo a los semiconductores, de los diez primeros productores mundiales seis son americanos, liderados por Intel; el tercero es taiwanés (TSMC), dos coreanos y uno solo de China. Este país está acelerando la producción, liderada por SMIC, pero su experiencia, nivel de producción y complejidad tecnológica está por debajo de sus competidores. Los expertos calculan cinco años para cerrar la brecha, con todos los peligros imaginables en ese período tanto por la presión americana para que otros países no acepten los sistemas y productos Huawei como en la definición de reglas 5G, donde esa empresa china lleva claramente la delantera.

Mientras EEUU marca récords en contagios de Covid 19 y continúa su desorden político post electoral, China ha contrarrestado parte de las dificultades con Huawei y todo el sector tecnológico al firmar el pasado domingo 15 la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) para formar la zona de libre comercio de mayor población mundial junto a 14 países, que incluye a Japón, Corea del Sur, Australia, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Singapur, Malasia, Vietnam, Nueva Zelandia, Myanmar, Camboya, Laos y Borneo. Comprende 2.200 millones de habitantes, el 29,3% del PBI mundial y el 27,4 % del comercio mundial, en el área geográfica de mayor crecimiento en lo que va del siglo. Varios de los países signatarios son aliados políticos y protegidos militares de Estados Unidos, pero los beneficios que otorga la posibilidad de participar del creciente mercado chino ha prevalecido –hasta ahora– sobre las presiones de aquel país. Las tratativas comenzaron en 2011 y no es casual que se hayan firmado los acuerdos en el momento de mayor desorden político en Estados Unidos.

 

 

No será sencilla la implementación de los mismos por la presión que ejercerá Estados Unidos, que en 2018 se retiró del TTP, proyecto de libre comercio de los países asiáticos con aquel país excluyendo a China. Dos ausencias son significativas entre los firmantes: la provincia china de Taiwán y la India. La primera ha venido coqueteando con declaraciones independistas con apoyo explícito de Estados Unidos, provocando una elevada tensión militar en el Estrecho de Taiwán. Los indios resisten un acuerdo de libre comercio en función de sus fundados temores de que su atraso industrial, la falta de infraestructura y la diferencia de capacitación de su mano de obra no compensen la diferencia salarial que tienen a su favor frente a los chinos. De allí la posición beligerante del primer ministro Narendra Modi. Las concesiones comerciales de China no lograron disuadirlos, hasta ahora.

Este es el escenario que dominará los tiempos por venir, marco que condiciona el desarrollo de nuestros países sudamericanos. Procesos difíciles y hasta contradictorios parecen ir revirtiendo la ola derechista que se había apoderado del subcontinente. Argentina, Bolivia, Chile, ahora despuntando Perú y probablemente Ecuador en 2021. Nuestros países deberán aprovechar cada circunstancia, unirse y luchar para obtener en la puja de los centros de poder mundial los acuerdos que nos permitan avanzar en nuestros objetivos de desarrollo económico y soberanía política.

23Ago/200

LA DICTADURA DE LOS ACREEDORES

Publicado por admin

Un debate trascendental sobre la Argentina a construir para después de la pandemia

 

El debate sobre la Argentina a construir para la post pandemia constituye una cuestión central de las conversaciones e inquietudes intelectuales del presente, cuando estamos atravesando el acontecer más complicado de la peste. Esa discusión aborda planos muy diversos.

En el campo de la economía hay múltiples aspectos sometidos a la confrontación de opiniones. La particularidad del país es que el coronavirus aconteció unos tres meses luego del cambio de gobierno, que implicó una decisión popular de sustituir un modelo neoliberal por un proyecto nacional. La pandemia impregnó la vida de la economía y la sociedad antes de que pudiera desplegarse la transición. Eso colaboró con quienes esgrimen las premisas ortodoxas que dieron sustento teórico-ideológico al gobierno de Cambiemos, para que desplegaran un velo sobre sus consecuencias desastrosas. Los neoliberales desplazaron responsabilidades y endilgaron el daño causado por la política de Cambiemos,  a un  inventado mal-manejo  de la economía en pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández. Aprovecharon para reinstalarse rápidamente en la discusión y pregonar una restauración de una política económica contra la que se expresó la voluntad popular.

 

 

Liberalización financiera o financiarización

El núcleo del dispositivo restaurador es la liberalización financiera. Sus propuestas centrales son la desregulación del mercado cambiario, de la tasa de interés, de la regulación del destino del crédito, del movimiento de capitales de y hacia el país, la desarticulación de los controles de precios, la disminución de la presión fiscal, el ajuste del gasto público, la flexibilización del mercado de trabajo y la reforma privatizadora del sistema previsional. El factor común y la clave de esta visión ortodoxa es la desintervención estatal de la economía.

Los economistas que propalan este paradigma de organización económica sostienen que el mercado es un asignador de recursos que optimiza el funcionamiento de la economía. Muchos son los mismos que a mediados de los ’70 impulsaron entusiastamente estos principios y aseguraban que su implementación favorecería el desarrollo económico al “liberar las fuerzas productivas”. Otros, sus seguidores, formados en las misma premisas teóricas del mainstream.

Los economistas heterodoxos caracterizaron al despliegue de este dispositivo como financiarización. Chena, Buccella y Bosnic en su artículo Efectos de la financiarización en el cambio tecnológico en América Latina-Estudios sobre la financiarización de América Latina  (CEPAL, 2018) hacen esta interesante distinción:

“Es probable que la diferencia fundamental entre el concepto ortodoxo  de liberalización financiera y el concepto heterodoxo de financiarización se deba a que cada uno de ellos responde a dos premisas conceptuales irreconciliables entre sí: el riesgo y la incertidumbre”. Respecto de esa sustancial diferencia se apoyan en Lavoie, quien define al riesgo como “un escenario presente en el que cada opción presenta un conjunto de resultados posibles, cuyos valores son conocidos y pueden asociarse a una probabilidad matemática. Los escenarios de incertidumbre por el contrario se caracterizan porque las opciones posibles son desconocidas”. El modelo analítico de la liberalización financiera cuya evaluación es utilizada por el inversionista, requiere de una tasa de certeza y una prima de riesgo. Esto induce a un comportamiento de la conducta inversora, que aplicado a escenarios de incertidumbre, conduce a una incorrecta asignación de recursos en la economía. Esta falencia es producto de la conducta inducida por el carácter del inversor financiero, distinta a la que tenía el de sesgo productivo. Ya se verá cómo no sólo resulta incorrecta la asignación de recursos, sino que esa conducta también reduce el nivel de inversión y altera regresivamente la distribución del ingreso.

Las corrientes heterodoxas más que hacer una definición de financiarización, subrayan una cantidad de fenómenos que en concurrencia constituyen el concepto. En la introducción al texto de CEPAL citado, Abeles, Caldentey y Valdecantos citan un conjunto de características que los autores heterodoxos le asignan:

  • El predominio de una forma de gobernanza corporativa enfocada a la valorización de las acciones de las empresas.
  • El carácter cortoplacista en la toma de decisiones de inversión.
  • El poder político y económico de los rentistas y el capital financiero.
  • Un cambio en la lógica de valorización del capital que constituye una renovación del patrón de acumulación, en donde las ganancias devienen fundamentalmente de canales financieros.
  • La plétora de instrumentos financieros, como los derivados, que originan un extenso ámbito de comercialización financiera.

Estos elementos constituyen un dispositivo que permite el desacople de la economía real y la financiera, descoordinación que causa el advenimiento de sistemas financieros complejos, interconectados y frágiles. Los mismos autores señalan que entre 1980 y 2007 la tasa de crecimiento del sector financiero fue del 9,5% en los países en desarrollo, mientras que la de los otros sectores fue del 3,6%. En América Latina esta diferencia es aún mayor, anotando evidencias nocivas de la liberalización financiera.

Chena, Buccella y Bosnic exponen una de las definiciones que asoma como sustancial: la financiarización sería una nueva etapa del capitalismo que modifica en forma definitiva sus instituciones para imponer la supremacía de las finanzas.

Otra definición de estos autores sitúa a la financiarización como una puja entre el capital productivo y el capital financiero, en la que el primero predomina en la mayoría de las relaciones económicas, imponiendo sus normas y regulaciones, inclusive en el mercado de trabajo y la actividad económica.

De hecho se observa que el texto de la CEPAL describe que en América Latina, ninguna actividad productiva proporciona beneficios que superen o igualen a las finanzas, salvo la prestación de servicios monopólicos o la explotación de recursos naturales. En tanto, la inversión real se redujo con el advenimiento de la financiarización, sin recuperar jamás los niveles previos a 1980. Además, los autores del texto subrayan que la distribución del ingreso ha empeorado tanto en su observación funcional (salarios y ganancias) como en la personal (comparando la población por deciles).

 

 

El Estado y no el mercado

Las características de la financiarización y las evidencias sobre sus resultados explican la coincidencia de intelectuales y economistas de diversas procedencias heterodoxas respecto a la inconveniencia de dejar el proceso de cambio tecnológico en la región en manos de grandes capitales extranjeros. El cortoplacismo, la errónea evaluación desde una lógica de riesgo y no de incertidumbre, las imposiciones de reestructuraciones institucionales, la evidencia de la caída de la tasa de inversión, la desigualdad social provocada por el régimen, hacen imperioso evitar que el perfil de investigación y desarrollo se despliegue sobre la base de un dispositivo mercantil que opera con actores privados motorizados por tipos de rentas, ganancias y plazos que deterioran la tasa de crecimiento de la economía y la construcción de igualdad.  Esos estudiosos entienden que debe ser el Estado y no el mercado quien dirija y realice los procesos de innovación tecnológica, restaurando el cálculo financiero tradicional ligado a lógica del capital productivo, que lidia mucho mejor con el concepto de incertidumbre que el del inversor privado del capitalismo financiarizado.

Ya no sólo se debe combatir el prejuicio que sostiene que el Estado investigador, inversor y productor es de calidad inferior a la del gran capital privado extranjero, sino que está en mejores condiciones de liderar un proyecto de desarrollo. Mejor dicho, está en condiciones de conducirlo mientras que el capital privado extranjero carece de esa capacidad.

Miotti señala en otro artículo del mismo libro, que los aumentos de productividad en la época del capitalismo fordista (1950-1975) se distribuían entre asalariados y capitalistas, sin alterar la distribución del ingreso. Mientras que en el tiempo de la liberalización financiera los aumentos de productividad son apropiados por los capitalistas. Así, la financiarización requiere que el consumo sea sostenido por el crédito porque los niveles salariales son insuficientes.

Kaltenbruner y Painceira señalan en Financiarización de América Latinaimplicancias de la integración financiera subordinada que “mientras que la integración financiera internacional transforma el sistema financiero nacional en las economías capitalistas emergentes, esas mismas transformaciones facilitan y profundizan aún más la integración financiera internacional… Al igual que su integración en los mercados de productos, estas relaciones financieras se han caracterizado por la dependencia, la subordinación y las jerarquías. Como destacan los estructuralistas latinoamericanos, las vulnerabilidades y limitaciones de las periferias son históricas pues necesariamente cambian y evolucionan con el tiempo en sinergia con el cambio y la evolución de los centros”. De estas reflexiones y de las conclusiones expuestas anteriormente, se desprende que la financiarización acentúa la dependencia y el desarrollo desigual. La intensa exposición de América Latina a los movimientos de capitales aumenta su vulnerabilidad y la volatilidad cambiaria, que en muchas circunstancias depende de las condiciones internacionales que se agregan a las propias de las macroeconomías locales. La profundización de la dependencia que consolidó la financiarización fue reforzada significativamente, porque las economías periféricas no pueden emitir dinero mundial.

La financiarización conduce a altas tasas de interés, que inciden en forma negativa sobre la inversión y el consumo interno. La volatilidad cambiaria y el intenso movimiento de capitales debilitan las monedas locales. La prevalencia de la deuda en moneda extranjera aunada con la debilidad de la moneda nacional lleva a que las devaluaciones requieran una generación futura de divisas para el servicio de esa deuda. La lógica de la liberalización financiera tiene sus beneficiarios en los centros de poder financiero mundial, los prestamistas de moneda mundial, cuyos beneficios superan los de cualquier actividad productiva.

Chesnai define contundentemente al predominio del capital financiero como una “dictadura de los acreedores”. El liberalismo neo es el paradigma político del poder financiero concentrado, que escinde la política de la economía como forma de garantizar el despliegue de un capitalismo rentístico que apunta contra el desarrollo de las economías periféricas. Si entendemos como pilares de ese desarrollo al crecimiento de la economía, la promoción de una mejor distribución del ingreso y al despliegue de sectores productivos no tradicionales, la liberalización financiera ofrece la negación completa de esos objetivos.

 

 

Desposesión: la acumulación primitiva no cesa

Harvey en El nuevo imperialismo (Akal, 2004) revisa la formulación de Marx, quien señaló la diferenciación entre la lógica del momento constitutivo del capitalismo, donde mediante la violencia y el despojo, ajenos a una institucionalidad legal, se conformaron los cimientos de relaciones que permitieron la posterior acumulación capitalista, efectuada con la legalidad de igualdad formal sobre la que se edificaría un régimen de desigualdad real sustantiva.

Este autor sostiene que las condiciones de acumulación merecen una reconsideración, ya que el fraude y la depredación como modo de acumulación persisten hasta el presente. Dice Harvey que “ un examen más detallado de la descripción marxiana de la acumulación primitiva … [incluye] la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por la fuerza de poblaciones campesinas, la conversión de varios tipos de propiedad (comunal, colectiva, estatal, etc.) en derechos de propiedad exclusivos… la mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas (indígenas)  de producción y consumo, los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de bienes (incluidos los recursos naturales), la trata de esclavos, la usura, la deuda nacional y más recientemente el sistema de crédito” y afirma que “todas las características de acumulación primitiva mencionadas por Marx han seguido poderosamente presentes en la geografía del capitalismo… Durante las últimas décadas se ha acelerado el desplazamiento de las poblaciones campesinas… muchos recursos que antes eran de propiedad comunal están siendo privatizados, como el agua (con frecuencia bajo la presión del Banco Mundial), se privatizan industrias nacionalizadas; las granjas familiares se ven desplazadas por las grandes empresas” y «la cesión al dominio privado de los derechos de propiedad comunales obtenidos (el derecho de pensión pública, al bienestar, a la sanidad pública nacional) ha sido una de las fechorías más sobresalientes de los planes de desposesión emprendidos en nombre de la ortodoxia neoliberal”.

Harvey también señala que los planes de ajuste estructural del FMI tienen como objetivo organizar las condiciones de desposesión por medio de los efectos de devaluaciones, evitando la ocurrencia de un colapso general.

 

 

Una batalla cultural

La Argentina reestructuró su deuda externa. El objetivo de política fundamental del proyecto nacional es cerrar el camino a otro ciclo futuro de endeudamiento. La deuda en moneda extranjera de los Estados nacionales funciona como un eslabón fundamental de la cadena que articula dependencia con desposesión. Pero la deuda es solo un eslabón de esa cadena, que incluye además todos los eslabones de la financiarización o liberalización financiera, como guste llamársela. Este régimen es hegemónico a nivel mundial, y la inserción de la economía nacional en el mismo ha impedido el desarrollo y la construcción de igualdad.

De lo expuesto se puede concluir que depositar las expectativas en políticas market friendly para atraer inversiones extranjeras, como proponen los economistas de impunidad mediática, contraviene el camino necesario para la consecución de esos objetivos. Ni siquiera la herencia del viejo desarrollismo podría ser la fuente para argumentar esa receta, porque la lógica vigente en los móviles de la inversión externa es de un orden diferente, siendo sus objetivos la ganancia previsible en términos de costo de oportunidad financiero. Tampoco el canto de sirena ortodoxo de la liberalización financiera, ni la flexibilización de las regulaciones cambiarias, traerán ninguna ventaja, sino que producirán volatilidad financiera, alza de las tasas de interés, valorización parasitaria del capital y su posterior fuga.

La flexibilización laboral y la reforma previsional son mecanismos de desposesión atentatorios contra la plena vigencia de los derechos económicos sociales y culturales, y están destinados a bajar el salario y a que los aumentos de productividad sean apropiados sólo por el capital. Además persiguen la reducción del gasto público para que las grandes fortunas no paguen impuestos, reforzando la regresividad distributiva. Las constantes presiones para extender la frontera agropecuaria mediante la expulsión de campesinos que habitan ancestralmente sus tierras practicando la agricultura familiar, también son mecanismos de desposesión atentatorios del derecho a la propiedad y de los DESC. Las privatizaciones de empresas de servicios públicos y la consecuente fijación de tarifas como si vendieran mercancías a clientes, han constituido una desposesión flagrante y violatoria de derechos esenciales de la ciudadanía. El régimen de desintervención del crédito ha sido atentatorio del derecho al desarrollo de los pueblos.

Resulta necesario para la construcción de una Argentina solidaria, humanista, igualitaria, autónoma y desarrollada desandar las reformas pro-financiarización iniciadas por la dictadura militar, continuadas por los gobiernos de Menem y De la Rúa y restauradas durante los cuatro años de gestión de la Alianza Cambiemos. No hay contradicción entre la reactivación económica y el desarrollo de largo plazo, que será necesario  encarar a la salida de la pandemia. Ni la hay entre igualdad y desarrollo. En los países de inserción periférica en la economía mundial, hoy más que nunca el desarrollo científico tecnológico  y la inversión para el desarrollo deben ser fundamentalmente desplegados por el Estado. Los servicios públicos requieren ser desmercantilizados y atendidos como derechos de ciudadanía. Un proyecto nacional necesita desplegar una batalla cultural, teórica y de ideas para desplazar la hegemonía que el liberalismo neo construyó en sus períodos de hegemonía y que se resiste, y resistirá, a abandonar.