Comisión de Economía

por textos como
Freud y los límites del individualismo burgués,
Perón: entre la sangre y el tiempo,
Freud y el problema del poder,
y tantos otros títulos.
Algo de nosotros se fue con León Rozitchner.
Pero algo de León Rozitchenr, queda en nosotros.
Se fue, pero no se fue. Sigue presente en el trabajo del pensamiento popular.
Hoy, 4 de septiembre, con 87 años, este gran filósofo entró en la inmortalidad.
Sin lugar a dudas, para el gusto de muchos de nosotros, el más grande intelectual argentino
que dio el siglo XX.
Todos quienes venimos practicando la articulación entre el sujeto y lo social, entre Freud y Marx -que son los referentes fundamentales en este sentido-, hoy nos quedamos un poco huérfanos, ante la partida de uno de los autores más insignes de este complicado ejercicio de intertextualidad.

HASTA SIEMPRE
LEON ROZITCHNER

A 35 años del golpe cívico militar, volvemos a recordar a nuestros compañeros, pero esta vez nuestro acto de memoria cuenta con una conquista más: el avance de los juicios ha provocado las condenas de varios responsables del estado terrorista, entre ellos Videla y Menéndez, los represores de la ESMA y de otros campos de exterminio. Se va abriendo la posibilidad histórica de conocer la verdad de lo ocurrido sobre la base de las declaraciones de los sobrevivientes, los relatos de sus familiares y amigos y el aporte y recolección de pruebas. La política de la impunidad y el olvido ha perdido una nueva batalla y debe evitarse que el ciclo vital de los represores impida la justicia ejemplar que la historia necesita.
Somos parte del movimiento de derechos humanos que hoy sigue desplegando sus luchas, sus reclamos y acciones por la Verdad y la Justicia. Los ejemplos de las madres, las abuelas, los hijos, los familiares, en fin, de todos los organismos y de las militancias políticas y sociales que se forjaron en la resistencia a la dictadura terrorista de estado, sedimentaron en la ampliación permanente de una vasta participación popular que impidió las políticas y maniobras que procuraban la impunidad de los responsables y participantes del genocidio.
La anulación de las leyes de obediencia debida y punto final por la que tanto se había luchado, fue la clave del comienzo de una nueva época para el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, a la que siguieron las anulaciones de los indultos y el despliegue de un poderoso movimiento social que ensanchó el activismo y el apoyo ciudadano al castigo de los represores y culpables de las desapariciones, muertes y asesinatos de compañeros. Para esto fue decisiva la voluntad política de los gobiernos nacionales elegidos desde el año 2003 de llevar adelante un gran avance en el despliegue de los juicios y condenas a los partícipes y responsables del terrorismo de estado, siendo clave para avanzar en ese sentido la conformación de una nueva Corte Suprema de Justicia. Se refutó la teoría de los dos demonios, que pretendía igualar a las víctimas con los victimarios sobre la base del discurso de violencias contrapuestas, refutación que quedó expresada en el 2° prólogo del Nunca Más. Ese movimiento crece con la incorporación a la vida política de nuevas generaciones y pretende desnudar el carácter cívico-militar de la dictadura terrorista.
Es en este contexto de retroceso de la impunidad que las investigaciones realizadas sobre la empresa Papel Prensa son emblemáticas: dejan al descubierto las conspiraciones de los grandes medios de comunicación previas al golpe, también sus silencios, omisiones y mentiras. El conocimiento sobre la participación directa de grandes empresas (nacionales y transnacionales) en la represión, como Ford, Mercedes Benz, Acindar y Ledesma entre otras, nos pone por delante quiénes fueron los que ganaron con la dictadura y que debemos exigir investigaciones profundas que lleven a enjuiciamiento a todos los responsables del genocidio político y económico. De este vínculo cívico-militar dan cuenta los significativos entramados judiciales que habían actuado durante la dictadura, que impiden, por ejemplo, la plena vigencia de la Nueva Ley de medios, o que retrasan las causas de los represores.
El terrorismo de estado no fue un fenómeno local. La metodología criminal se extendió al conjunto del Cono Sur a través del Plan Cóndor, estableciendo condiciones en toda la región para la implementación de recetas de liberalización económica y predominio absoluto del mercado, privatización de empresas públicas que desguazaron los patrimonios nacionales y desarticulación de las políticas que atendían Derechos Económicos, Sociales y Culturales, crecimiento del desempleo y brusco retroceso de los salarios, siendo una herramienta clave la construcción de exorbitantes deudas externas que condicionaron el curso político posterior. Se alcanzaron niveles inéditos de la desarticulación y degradación de los lazos sociales, lo que significó el incremento de todos los mecanismos de destrucción de derechos, que implicó, entre otras cosas, la ampliación de situaciones violatorias de los mismos, entre otras la trata de personas. Concluida la dictadura permanecieron muchas de las lacras que ella legó: Florencia Penacci (alumna de esta facultad) desapareció, víctima de ese delito de trata. A su vez, la criminalización de la pobreza o de la condición de ser joven es otra de las situaciones discriminatorias que el terrorismo de Estado desplegó y dejó como un lastre aborrecible. Siguieron las democracias formales y, en algunos casos, el rechazo a las dictaduras, pero sin la recuperación de los paradigmas de liberación nacional y social frente a los cuales las derechas nacionales y el poder económico globalizado habían desatado las represiones, golpes y dictaduras. En el último cuarto del siglo XX la recuperación de los derechos civiles y políticos contrastaba con el agudo retroceso de los económicos y sociales.
Sin embargo, las luchas populares en varios países, van logrando que América Latina pueda comenzar a construir su unidad sin tutela de la potencia hegemónica mundial, mientras resurgen ideales de igualdad, políticas redistribucionistas, recuperación de proyectos de intervención pública para el desarrollo. El signo político de la región ha cambiado profundamente y debe seguir en ese camino para terminar con las huellas profundas del neoliberalismo que muestra opulencias y miserias contrastadas sin pudor. El rechazo al proyecto del ALCA y la constitución del UNASUR son hitos del nuevo momento regional, mientras que el golpe en Honduras -que merece un enérgico repudio-, convoca a la vigilia respecto de las amenazas reaccionarias.
Las recientes denuncias, investigaciones y acciones con respecto a relaciones de producción con características de esclavitud en nuestro país, dan cuenta de la persistencia de injusticias flagrantes. Empresas multinacionales ligadas al negocio sojero, eluden impuestos de manera millonaria y se valen de la tercerización laboral mientras someten, engañan y explotan a los sectores más débiles del Norte profundo de Argentina. Nidera fue la punta del iceberg, luego van apareciendo uno tras otro los casos que muestran que esos hechos más que excepciones constituyen rasgos sistémicos. También esa lógica de tercerizaciones y su articulación con burocracias sindicales de carácter empresarial –ancladas en un sistema ferroviario nacido con las privatizaciones y cuya transformación profunda está pendiente- fueron las condiciones por las cuáles una “patota” organizada mafiosamente asesinó, con la complicidad de las policías federal y bonaerense, al compañero Mariano Ferreyra.
Pequeños campesinos y pueblos originarios resisten frente a las presiones y agresiones de los grandes empresarios del campo, efectuadas a veces mediante la violencia directa y otras mediante
maniobras legales. El desarrollo de los movimientos sociales en una sociedad que ha recomenzado a entender el conflicto como parte constitutiva de la vitalidad transformadora, ha habilitado la visibilidad nacional de estas problemáticas antes silenciadas. El poder económico, tramas en el Poder Judicial y acciones de gobiernos y policías provinciales garantizan, en numerosas situaciones, la persistencia de prácticas represivas. La represión en Formosa, posibilitada por el gobernador Insfrán, sobre los compañeros Qom; las balas policiales que asesinaron a compañeros que reivindicaban el derecho a una vivienda – en el parque Indoamericano – mientras el gobierno reaccionario de la ciudad de Buenos Aires promovía la xenofobia; la desaparición de Luciano Arruga; las torturas en las comisarías de Mendoza y la reciente masacre de José León Suarez demandan esclarecimiento, condena y castigo a los culpables.
También requiere continuidad de investigación hasta su total esclarecimiento y castigo a los culpables, la desaparición de Julio López, grave hecho que intentó poner escollos al despliegue de los juicios a los que son sometidos los responsables y ejecutores del terrorismo de estado.
La lucha de nuestros compañeros de la facultad que hoy homenajeamos tiene inscripciones en el pasado, impregnaciones en el presente y proyecciones en el futuro. Jornadas heroicas de lucha popular que se dieron, se dan y se darán en nuestro país, en el continente y en el mundo. Rebeliones antidictatoriales, movilizaciones por la democracia, militancias por la liberación nacional y social, gestas por la vigencia de los derechos humanos, resistencias frente a los atropellos del poder económico. La lucha militante de los 60 y los 70, que costó la vida de muchos de los compañeros por la represión del terrorismo de Estado, se encuentra enlazada con las posteriores que libraron las resistencias piqueteras de los noventa y la rebelión popular del 2001. Nos sentimos comprometidos a continuarla.
El crecimiento de la movilización política y social está alimentado por la creciente participación de jóvenes que integran movimientos sociales, agrupamientos gremiales, estructuras partidarias, agrupaciones estudiantiles y grupos barriales que fortalecen las militancias que resistieron la hegemonía neoconservadora de los noventa. Transitamos un nuevo tiempo que evoca el espíritu de otros momentos históricos. Una nueva era de participación política. Un rotundo “mentís” a la atmósfera desmovilizadora con la que el paradigma del “fin de la historia” había logrado signar una época. El sentido de las vidas y luchas de los compañeros que hoy homenajeamos vuelven a resignificarse en la búsqueda de un país, un continente y un mundo mejor.
Y la Universidad, nuestro lugar de pertenencia, no puede quedar como en una burbuja separando lo académico de lo político. Evocando la mejor tradición de las luchas históricas del movimiento estudiantil y popular, consideramos que es necesario repolitizar la vida de los claustros, de las aulas, de los debates académicos, de los centros de estudiantes, del cogobierno universitario. Es necesario que la Universidad reconozca los derechos de todos sus trabajadores docentes a percibir un salario. La Universidad Pública, tiene el deber y la misión de producir ideas, profesionales e intelectuales críticos, activos y transformadores y para ello debe propender, promover y militar una mayor y genuina democratización. El actual momento nacional requiere de una profunda transformación universitaria y de sus contenidos. Explícitamente, en la Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA existe el imperativo de encarar estas transformaciones, pues se halla notoriamente rezagada respecto de las mismas. Para logar la correspondencia académica con la promoción de la igualdad, se debe desarrollar el conocimiento y la crítica sobre el excedente económico, su nivel, características y formas de su apropiación. No se conseguirá el objetivo sin decisión política y convencimiento sobre la radicalidad necesaria para lograr los cambios que urgen.
Hace catorce años que la Comisión por la Reconstrucción de la Memoria de la Facultad de Ciencias Económicas viene construyendo en la FCE el espacio por la memoria y reivindicación de las luchas e ideales por las que militaron nuestros compañeros. El espacio por los Derechos Humanos ha crecido y se ha desplegado en tareas del presente. Ha sido un lugar de conmemoración. Pero no sólo eso, sino que sostuvimos una presencia constante en los reclamos de Verdad y Justicia. Fuimos precursores en la tarea de criticar el neoliberalismo cuando en la FCE predominaba un discurso único, cuya hegemonía alcanzaba niveles de asfixia intelectual; predominio que todavía insiste y persiste y cuya remoción total exige una voluntad y un esfuerzo enérgico en la actualidad. Así al hecho fundacional de la colocación de la placa en la Rotonda de la Facultad subsiguió la iniciativa de la Cátedra Libre Poder Económico y Derechos Humanos. Posteriormente la Comisión promovió la materia del mismo nombre, que es parte de los planes de estudio en cuatro de las cinco carreras de la FCE. Queda la asignatura pendiente de incorporar la restante: “Sistemas de la Información”. Publicamos “La Rotonda de la Memoria”, un libro que es producto de una investigación para el conocimiento y la memoria de las vidas personales y políticas de los compañeros que hoy homenajeamos nuevamente. Reafirmamos nuestro compromiso para continuar desplegando el espacio de Derechos Humanos de la FCE-UBA.
Nos toca vivir un tiempo de cambios, nos sentimos comprometidos con nuestros compañeros que hoy homenajeamos . Ellos están presentes en nuestro permanente esfuerzo y actividad por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Para ese homenaje realizaremos el mural, por su Memoria exhibimos la muestra fotográfica sobre la represión y procuraremos dar el nombre de cada uno de ellos a un aula de la Facultad. Para no olvidar.
Por nuestros compañeros desaparecidos de la FCE.
Por nuestros 30000 compañeros desaparecidos.
Presente
Ahora y siempre.
COMISION POR LA RECONSTRUCCION DE LA MEMORIA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS.
30/3/11

“NUNCA MAS IMPUNIDAD:
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES
DE LAS MUERTES INDIGENAS EN FORMOSA.
Toda expropiación de territorio indígena es una farsa.
Inmediata devolución del territorio a la comunidad Primavera.”

El colonialismo continua en las tierras de Insfrán, donde el poder político, económico, y judicial, con una brutal represión asesinó a un hermano del pueblo Qom, Roberto López, de la comunidad La Primavera, junto a otros heridos de bala y casas quemadas, por defender sus territorios ancestrales.
Félix Díaz, cacique de La Primavera ya regresó a su pueblo luego de estar oculto en el monte, perseguido con orden de captura, con la desolación de la tristeza por la injusta muerte e indignación por los continuos atropellos hoy sin límites, sufridos por la comunidad desde hace años.
El gobernador Insfrán elije defender los intereses de los grupos de poder concentrados, enfrentados históricamente a los pueblos originarios, dejándolos en la marginación, la pobreza, la enfermedad y la muerte. Hace más de un año los Qom pedían una salita de salud y otras demandas que llegaron ante el INAI, y siguen esperando.
Otro extraño “accidente” y muerte de un hermano Pilagá a pocas horas de la represión en La Primavera: en un feudo los derechos no se ejercen y molestan.
“… el miércoles 24 de noviembre el compañero Mario López, dirigente de los Pueblos Originarios, delegado del MoCaFor, de la etnia Pilagá, domiciliado en la colonia Alberdi de la localidad de Estanislao del Campo, que estaba desarrollando tarea militante en su comunidad es embestido violentamente por un automóvil conducido por un oficial de la brigada de informaciones de la Policía de la provincia, policía identificado como Pedro Arias. El compañero salía de su precaria casa para tomar la ruta nacional 81 con una motocicleta al momento que fue atropellado de frente por el policía. Mario López, era un destacado dirigente social comprometido con la causa campesina e indígena. El policía involucrado en la muerte de Mario López es un alcahuete que se dedica a intimidar a dirigentes sociales de la zona”. (Fuente. Frente Nac. Campesino)
En nuestro país, dice la Constitución, no hay prerrogativas de sangre… pero parece que el Gobierno de Formosa no lo entiende así. La muerte tienen categorías y la de los pueblos originarios pareciera valer menos que otras muertes… Faltan romper las cadenas que nos amarran a historias de racismo, de represión y de sometimiento cultural de nuestro pasado, para unirnos en un país pluricultural con igualdad de derechos y decir los pueblos originarios no son otros, somos nosotros, y lo que le pasa a un Qom, o a un Diaguita, como Javier Chocobar, me pasa a mí, a la sociedad toda, al igual que Mariano Ferreyra, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi, todos luchadores por reconocidas causas justas y nobles.
Ser parte de la tierra y el territorio es lo opuesto a las avaricias que generan la propiedad privada y la riqueza: los Celía, familia de ganaderos criollos, reclaman como suyas las tierras que pretenden vender a la Universidad Agropecuaria, en vistas a lo cual han expulsado a los Qom de sus territorios ancestrales, respaldados por los diferentes poderes en una clara violación a los derechos indígenas. ¿Se va a enseñar en esa Universidad que un Qom no tiene derecho a su territorio porque hay que sembrar soja?
Pedimos al Gobierno Nacional que tome urgentes medidas para evitar otras posibles muertes de hermanos indígenas en territorio argentino, que se restituyan de inmediato las tierras ancestrales Qom de la comunidad La Primavera, que son sus legítimos titulares y que se desconozca la farsa de apropiación “trucha” y la consecuente expropiación sobre dicha apropiación “trucha” dado que son nulos los actos contrarios a lo que dispone el Convenio 169 de la OIT, que por ser un tratado internacional es superior a las Leyes. LA LEY DE EXPROPIACIÓN DE LA LEGISLATURA DE FORMOSA DEBE SER DECLARADA NULA.
Este proceso político iniciado el 25 de Mayo del 2003, es una construcción colectiva cuyo objeto es redimir a las víctimas de la injusticia social y terminar con la impunidad. El Gobernador Insfrán debe saber que no se admitirá nunca más impunidad y no se soportará ni una sola acción de gobierno que en lugar de redimir a las víctimas, cree más injusticia social. Como la farsa de expropiar lo intangible.
El Congreso de la Nación debe hacer efectiva la garantía y el derecho que los pueblos originarios ya tienen, sancionando una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena que respete íntegramente el Art. 75 inc. 17 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.
La aprobación del proyecto de Ley surgido del Decreto 700/10 de Propiedad Comunitaria Indígena y la finalización del relevamiento territorial establecido por la Ley 26160 de Emergencia Territorial, son necesidades urgentes y prioritarias para dar lugar al buen vivir de los hermanos así como la aplicación de políticas que pongan en vigor los derechos indígenas que marcan la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. Sin ello, la ley 26160 que implemento Néstor Kirchner prohibiendo los desalojos en todo el país, sería letra muerta.
El pueblo Qom tiene derechos, hagámoslos valer entre todos. Queremos un país en donde el derecho a la comunicación con identidad, los territorios indígenas, los saberes de los pueblos originarios en su diversidad sean respetados, y vayan acompañadas con políticas sociales y culturales. Hoy pedimos justicia para nuestros hermanos Qom de La Primavera. Las nuevas muertes de nuestros hermanos, exigen la decisión de crear medidas urgentes para resolver los conflictos de los pueblos originarios en todo el país, aplicando el derecho de consulta y participación, para evitar más muertes, que este proceso político no deberá permitir.
Es necesario que el estado nacional brinde protección a los hermanos Qom, que tengan asistencia jurídica para terminar con las falsas imputaciones penales que se les hacen, que no haya represalias futuras y que los daños sufridos en su territorio sean reparados.
El Congreso Nacional debe sancionar una Ley que reglamente el Consenso Informado como procedimiento obligatorio para todas las decisiones que afecten bienes culturales y territoriales indígenas como lo establece dicho convenio. La falta de sanción de esa Ley pone a la República en un estado de incumplimiento respecto al Convenio 169. Si esa Ley ya estuviera en vigencia esta “expropiación” de territorio indígena no hubiera podido consumarse
Si alguna duda había sobre las responsabilidades que le caben a la provincia de Formosa por estos hechos, el propio Gobierno Provincial se ha encargado de despejarlas: la defensa hecha por el Ministro de Gobierno del accionar policial que provocó las muertes de los hermanos Qom es inaceptable. Deja en claro que el Gobierno Provincial desconoce el derecho y la garantía constitucional de los pueblos originarios a sus tierras ancestrales.
Este Gobierno Nacional ha sido enfático en no reprimir la protesta social. Lo que ha hecho el Gobierno de Formosa es desconocer la legítima protesta de quienes se encuentran amparados por garantías constitucionales. Hacemos responsable al gobierno de Gildo Insfrán de las muertes ocurridas y nos sumamos a la convocatoria de una “investigación independiente” para que el juicio y castigo a los culpables sea efectivo en consonancia con el espíritu que guía el accionar de las autoridades nacionales en temas sociales y de derechos humanos.
“El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía Internacional… En abril de 2009, y durante un prolongado corte de ruta, indígenas del Pueblo Wichi también murieron en la ruta formoseña. María Cristina López, de 22 años, y Mario García, de 48. Ambos pedían lo mismo que la Comunidad La Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa legislación nacional e internacional) y, sobre todo, exigían territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos. Los medios nacionales no dieron cuenta de esas muertes. (Fuente. Darío Aranda, periodista)
Confiamos en que el Gobierno Nacional continúe con la política de Derechos Humanos y centre su mirada en la falta de cumplimiento de los derechos de nuestros pueblos originarios, terminando con la continua violación a los mismos en la Provincia de Formosa y en todo el territorio nacional.

COMISIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS DE CARTA ABIERTA.
28 de noviembre del 2010.
Pág. web: http://tlyt.org
Comunidad La Primavera: http://comunidadlaprimavera.blogspot.com/

Por Guillermo Wierzba *
En su discurso de asunción del 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner afirmó que “al contrario del modelo de ajuste permanente, el consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión”, y más adelante: “No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos…” Dos definiciones centrales que contenían una palabra clave: “ajuste”. Esta definía una etapa extensa de la política económica argentina de transferencia de ingresos de los sectores populares al poder económico concentrado. Néstor Kirchner fundó un nuevo proyecto, cuyos contornos están todavía lejos de su delimitación precisa, pero su esencia significa el cierre de la época del ajuste y la apertura de otra de inclusión.
Para no pagar más la deuda a costa del hambre y la exclusión, Kirchner condujo y llevó al éxito la renegociación de la deuda con una quita histórica, cometido indispensable para haber arribado hoy a una modificación sustantiva respecto de la era neoliberal inaugurada por la dictadura: el nivel de endeudamiento actual y su relación con el producto ha dejado de ser un condicionante de la política económica. Decidió cancelar toda la deuda con el FMI y no aceptar nunca más sus recetas ortodoxas de regresión social y sumisión nacional. Posteriormente, durante el gobierno de Cristina las políticas de deuda se completarían con el uso de reservas sin contrapartida fiscal, para asegurar que los pagos no perjudicaran la expansión económica. Asumió una política de desestímulo de los flujos de capitales golondrina –oponiéndose al paradigma de los centros financieros que la critican– para evitar los ataques especulativos sobre la economía nacional. Lideró la desarticulación del proyecto del ALCA, que significaba una subordinación de la economía de América latina a la estadounidense a través de un acuerdo comercial que congelaba las asimetrías. Este conjunto de políticas están atravesadas por un sentido inverso al de la inserción pasiva en la globalización financiera. Néstor Kirchner inauguró, así, una época de autonomía nacional.
La construcción de un proyecto autónomo permitió mayores grados de libertad de la política económica. Se avanzó en la recuperación salarial, empezando con aumentos de suma fija y reabriendo los ámbitos de negociación colectiva, que permitieron su mejora en términos reales. Esas convenciones colectivas significan un modo desmercantilizado de negociación salarial que requiere de una institucionalidad más compleja y abona la reconstitución del tejido social destruido por la dictadura y el neoliberalismo. Se recuperó el instrumento de intervención en el sistema de precios, desafiando los mandamientos de la ortodoxia. Estas políticas fueron el comienzo necesario para la redistribución del ingreso, acompañadas con las mejoras sustantivas en los haberes de los jubilados y la inclusión en el régimen previsional de una masiva cantidad de personas que quedaron fuera del mismo por la política precarizadora de la reforma de los ’90. A su vez, la política tarifaria de los servicios esenciales permitió el acceso de los sectores más humildes. Néstor Kirchner abrió una época de ciudadanización, en el sentido profundo del concepto. En la dirección opuesta a las políticas que construyeron una economía de consumidores y excluidos, avanzó en el reconocimiento y jerarquización de los derechos económicos y sociales, a la vez que recuperó la centralidad del trabajo y la producción. Es la impronta del signo popular que tiñe la nueva era.
Posteriormente, durante el gobierno de Cristina, con la nacionalización de las AFJP se refundó un régimen jubilatorio de reparto y solidaridad intergeneracional. A su vez, con la Asignación Universal por Hijo se estableció el régimen más avanzado de América latina para atender a los sectores más carecientes de la sociedad y con el plan “Argentina trabaja” se promueve una mayor inclusión.
El discurso de mayo de 2003 refería al consumo interno como eje de la dinámica económica, lo que se corresponde con el signo popular del proyecto. El modelo productivo asentado en esa lógica también propició la transferencia de rentas de los sectores con ventajas naturales en pos de la industrialización –que conlleva la mejora del empleo– instrumentada mediante retenciones. La inversión pública comenzó a tener una dinámica que fue creciente y decisiva –durante el gobierno de Cristina Fernández– para enfrentar los efectos de la crisis y profundizar la estrategia de expansión productiva.
En la nueva época se desplegó un cambio radical en la política internacional. En lo económico, significó la participación activa en la creación del Banco del Sur, el discurso crítico frente al rol del FMI, un nuevo papel en el G-20 –que luego Cristina, durante la crisis, lo desplegaría para cuestionar el ideario neoliberal– y la propuesta de iniciativas para una mayor autonomía monetaria de la región frente al dólar. A su vez, modificó la política frente al Mercosur, cambiando el monoobjetivo de la unión arancelaria por una estrategia de integración ambiciosa que agrega a lo comercial, lo productivo y lo social. Construyó, junto a otros líderes de un nuevo momento de la región, las bases para el despliegue de la unidad de América latina.
La clave de la nueva era fue la recuperación de la unidad entre política y economía. Fue central sustraer de la exclusividad mercantil el proceso de decisiones económicas. La separación entre política y economía había sido antes el eje del debilitamiento del rol público en ésta y del predominio de la voluntad del poder económico concentrado mediante el mecanismo indirecto del mercado, donde ese poder impone sus intereses y condiciones. La unión o la separación entre economía y política constituyen el antagonismo que separa el pensamiento transformador del conservador.
Un cambio de época que hiere intereses concentrados, que implica una modificación en los términos de la toma de decisiones económicas, que desafía las lógicas del poder financiero supone conflictos. Néstor Kirchner comprendía esa dinámica. Cuando concurrió a una Asamblea de Carta Abierta en el momento más agudo del conflicto con el empresariado rural, intervino reflexionando sobre la hipótesis de una derrota parlamentaria, opinó que igual quedaría como balance positivo ir definiendo una divisoria de aguas para avanzar en la construcción del bloque que quería profundizar las transformaciones.
En Argentina persiste una economía concentrada, con agrupamientos empresarios que desafían el proyecto transformador y corporaciones empeñadas en interrumpirlo. Esa concentración es una generadora constante de desigualdad estructural. La política iniciada por Néstor Kirchner con signo nacional, democrático, popular y latinoamericanista sólo atravesó su momento fundacional clave, el comienzo de una época. El despliegue implicará el sostenimiento y profundización del rumbo que signó el nacimiento.
* Economista, director del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-AR).
Fuente: Página 12

Será una Huelga General en defensa de nuestros derechos de ciudadanía, de nuestra democracia política y de nuestra soberanía popular. Una Huelga General contra la dictadura de los mercados.

Jónatham F. Moriche |

[NOTA: este texto amplía y precisa mi intervención en el acto público "De la crisis económica a la Huelga General", convocado por Izquierda Unida de Extremadura y celebrado el jueves 16 de septiembre de 2010 en el Centro Educativo Municipal de Don Benito (Badajoz)].

Buenas tardes, conciudadanos y conciudadanas.
Permitidme comenzar expresando mi agradecimiento a Izquierda Unida de Extremadura por la convocatoria de este acto, a mis compañeros en esta mesa de intervenciones introductorias, y a todos vosotros y vosotras por vuestra asistencia y participación. También, a los trabajadores y trabajadoras de este Centro Educativo Municipal de Don Benito que nos acoge hoy.
En los últimos meses venimos asistiendo, en España como en Europa y el resto del mundo, a acontecimientos penosos para nuestra dignidad como ciudadanos y nefastos para la soberanía popular que entre todos sustentamos y deberíamos protagonizar y proteger.

Por eso, la Huelga General de la que participaremos el próximo día 29 no será sólo una huelga en defensa de derechos económicos, sociales y laborales. Será también una huelga en defensa de nuestra democracia.
Hemos visto a la gran banca saquear cantidades estratosféricas de los presupuestos públicos (700.000 millones de dólares en EEUU, 90.000 millones de euros en España) en dudosísimas operaciones de rescate, graciosamente concedidas por los Estados sin condiciones al receptor ni efecto positivo alguno sobre el bien general, y que han sido descritas en alguna ocasión y con toda justicia como un “golpe de Estado financiero”.

Hemos visto al Fondo Monetario Internacional, a los grandes fondos especulativos y a las agencias de calificación de riesgos jugar sucio y duro, de forma visiblemente planificada y concertada, contra la deuda pública de distintos países de la zona euro, como España, Grecia o Portugal, hasta poner de rodillas a sus gobiernos e imponerles brutales recortes en su Estado de Bienestar (ataques en buena medida financiados, por cierto, ¡con el dinero de los rescates bancarios concedidos por los Estados!)

Hemos visto la absoluta impunidad de los paraísos fiscales, donde se atesoran cantidades exorbitantes de dinero negro provenientes del tráfico de drogas, armas o personas y donde se comete un fraude fiscal masivo a escala planetaria, del que participan una escandalosa mayoría de las grandes empresas y bancos europeos y españoles. Evocando a Pier Paolo Pasolini, también nosotros podríamos decir aquello de “yo sé los nombres”: Iberdrola, Gas Natural, ACS, Ferrovial, BBVA, Banco Popular, BSCH, Banesto, Repsol YPF, PRISA, Inditex, Telefónica… (e inexplicablemente, también entidades públicas como el Banco Europeo de Inversiones, o el mismo Estado español, a través de su Fondo de Adquisición de Activos).
Debemos someter estos hechos, y el estado de cosas que los hace posibles, a un doble análisis, económico en primera instancia, pero también, inexcusablemente, político.

En términos puramente económicos, el neoliberalismo promueve una masiva transferencia de recursos desde las rentas del trabajo hacia las del capital, y por extensión, de unas clases sociales a otras. En 1970 el salario del director de alguna de las mayores empresas de EEUU equivalía de media a 30 veces el salario medio, en 1980 a más de 40 veces, y en 2008 a casi 500 veces. En 1980, el 1% más rico de la población de Estados Unidos era dueño del 9% de la riqueza nacional; hoy ese porcentaje se ha elevado hasta casi el 25%. En cifras del Banco de España, la renta media del 20% de los hogares españoles más humildes bajó de 8.500 euros en 2002 a 6.500 euros en 2005, (es decir, un -23,6%) mientras que para el 10% más pudiente la renta media se elevó de 102.300 a 118.100 euros (un +15%). Las rentas del trabajo han descendido, en los países de la zona euro, del 70% de la renta nacional en 1992 al 62% en 2005, mientras que el beneficio empresarial se incrementaba un 36% en la eurozona y… ¡un 73% en España! Los 16 consejeros ejecutivos de Santander, BBVA, Popular y Banesto disponen de más de 400 millones de euros en sus fondos de pensiones, mientras casi un 20% de la población vive al borde o por debajo del umbral de la pobreza y más de 600.000 personas viven de la caridad en España, según los informes de Cáritas Diocesana. Miremos hacia donde miremos, encontraremos cifras similares. A la luz del confiable Índice Gini de desigualdad social, ni una sola de las economías centrales del capitalismo escapa de esta tendencia: treinta años de neoliberalismo han sido, esencialmente, treinta años de radical empobrecimiento para la base trabajadora de la pirámide social y 30 años de fabulosa bonanza para su cúspide corporativa. Un desequilibrio tan extremo que ya no hablamos sólo de distribución de la renta, sino de nuda distribución de la vida: la expectativa de vida de un alto ejecutivo supera en 15 años a la de un desempleado de larga duración en EEUU, y en 10 años en España.
Pero el neoliberalismo no es sólo una doctrina económica. También es una doctrina política, y una radicalmente antagónica de la democracia. El correlato necesario de una desigualdad económica tan abismal no puede ser sino una también abismal desigualdad política, de todo punto incompatible con cualquier forma, por atenuada que esta sea, de democracia política. Como en alguna ocasión afirmó Margaret Thatcher, “la economía es el método, pero el objetivo es cambiar el alma”. Por eso, el neoliberalismo ha impulsado, desde su emergencia a comienzos de la década de 1970, una masiva transferencia de soberanía desde el Estado y sus instituciones políticas hacia los actores económicos privados. Promoviendo la desregulación de las actividades económicas, el desarme fiscal del Estado, la privatización de los bienes públicos y comunales o la constitución de enormes corporaciones transnacionales y cárteles oligopólicos, el neoliberalismo ha conseguido desplazar el centro de gravedad de los procesos de toma de decisiones desde los parlamentos hacia los mercados, restando casi cualquier valor a nuestros votos y convirtiendo a los gobiernos en poco más que torvos capataces de las decisiones tomadas para su propio beneficio por una clase corporativa absolutamente descomprometida con la democracia y el bienestar colectivo.

Ya a mediados de los años 80, Michael Useem, en su estudio El círculo interno, hablaba de una “expansión sin precedentes de la actividad política de las empresas”, y de una “movilización política de los negocios”… Una década más tarde, el periodista y director de Le Monde Diplomatique Ignacio Ramonet acuñaba el concepto de “dictadura de los mercados”: una dictadura del gran dinero y de la clase que lo posee y maneja. Una dictadura que con esta crisis no sólo no parece estar tambaleándose, sino que, muy al contrario, consolida sus posiciones y refuerza su poderío, allá donde las sociedades y los gobiernos se dejan amedrentar por sus amenazas. Este ha sido el caso de nuestro país, que se ha venido comportando con la mansedumbre de un Estado-vasallo ante las injerencias despóticas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, agencias de calificación como Standard & Poor’s o medios de comunicación como el Financial Times.

En consecuencia de todo lo anterior, la Huelga General del 29 de septiembre no será, o no debería ser, sólo una huelga contra una serie de medidas tan injustas e ineficaces como el abaratamiento del despido, el retraso en la edad de jubilación o el recorte presupuestario en servicios públicos de cobertura universal garantizada. Se trata, o debería tratarse, de una Huelga General en defensa de nuestros derechos de ciudadanía, de nuestra democracia política y de nuestra soberanía popular. Una Huelga General contra la dictadura de los mercados.

Las clases trabajadoras y la democracia política de este país tienen hoy ante sí el decisivo reto de ganar la Huelga General del 29 de septiembre. Pero tanto esta convocatoria de huelga promovida por los compañeros y compañeras de UGT y CCOO, como el paquete de medidas antisociales del gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero que la han provocado, forman parte de un escenario más amplio y complejo, al que la izquierda social, sindical y política debe dar una respuesta de largo alcance más allá de este urgente movimiento defensivo que constituye la Huelga General. Coreaban hace unos días en Cáceres los compañeros y compañeras de UGT y CCOO el lema “Zapatero dimisión”. Aún siendo un lema justo, es también un lema insuficiente, que les invito a completar así, respetando la rima consonante propia de estas ocasiones reivindicativas: “Zapatero dimisión, Botín expropiación”.

Porque, si bien hay capataces más brutales e ineptos que otros, de casi nada nos servirá cambiar a quien sostiene el látigo mientras se mantenga incólume quien detenta la propiedad y se cobra los frutos de la finca. Ningún gobierno que podamos votar será bueno mientras tenga que convivir con la monstruosa concentración de poder que hoy manejan las contadas y selectas manos de la gran clase corporativa, la patronal empresarial y bancaria, los grupos privados de comunicación… Tampoco mientras se mantengan engrasadas las “puertas giratorias” que convierten a altos directivos en ministros y viceversa, consolidando los vínculos envenenados entre intereses privados y representación democrática, que tienen como consecuencia no sólo la extensión epidémica de la corrupción legalmente tipificada y punible, sino también la generalizada “corrupción por pasiva” de instituciones de control político del mercado tan absoluta, palpable y culposamente ineficaces como la Securities and Exchange Commision (SEC) estadounidense o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española.

Así que esta Huelga General no debería ser sólo una acción defensiva de derechos adquiridos, sino una acción ofensiva contra un estado de cosas en el cual no cabe sino, más deprisa o más despacio, de un modo u otro, perder derechos. No debería ser sólo una Huelga General contra las decisiones de este o cualquier otro gobierno títere de la dictadura de los mercados, sino contra los mercados mismos, y más concretamente, contra la que es hoy su principal arma contra la clase trabajadora española, europea y mundial: el sistema financiero. Según cifras del Banco Internacional de Pagos de Basilea, lo más parecido a una entidad reguladora que existe hoy en el far west financiero global, los derivados, estructurados, seguros contra impago y demás artificios del gran juego especulativo globalizado suman la increíble cifra del 1076% del PIB planetario, lo que equivale a decir que por cada euro de la economía productiva real, la clase corporativa dispone de diez euros de capital ficticio para distorsionar a su antojo la realidad económica por medio de la especulación, y para sojuzgar políticamente a sociedades y gobiernos mediante el artificio de la deuda. El sistema financiero es, parafraseando a Mao Zedong, el cuartel general que habremos de bombardear si queremos posicionarnos activamente del lado de la democracia en su confrontación con la dictadura de los mercados (el simil del bombardeo puede resultar algo violento, pero, ¿no fue el director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, quien habló de “dinamitar los paraísos fiscales”? Para una vez que el FMI dice algo útil, no se lo vamos a despreciar).

Es preciso pasar a la ofensiva, y pasar a la ofensiva equivale a atacar, frontalmente y sin mediaciones, al mercado financiero, a la especulación y al fraude. Existen herramientas para ello, y esta Huelga General debe servirnos también para ponerlas en el primer plano del debate público. Según un informe coordinado por Joseph Stiglitz para la Fundación Ideas, la aplicación de una tasa de entre el 0,01 y el 0,05% a las transacciones financieras y subir del 19 al 25% la tributación de sus beneficios en España dejaría 7.400 millones de euros en las arcas públicas. Según el sindicato Gestha de inspectores de Hacienda, un trabajo riguroso que redujera del 23% el 13% el fraude fiscal en España aportaría casi 25.000 millones a las arcas públicas (en este punto hay que recordar que varios cientos de inspectores han sido retirados en los últimos años de la vigilancia de las grandes fortunas españolas, ¿por qué?). La cantidad que añadiríamos a este monto con la supresión de las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), las menos conocidas SOCIMI (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario) y otras artimañas de distracción fiscal para los más ricos es hoy desconocida. No se trata sólo de dotar al Estado de medios para sufragar el coste generado por nuestros derechos adquiridos, como la sanidad, la educación o la cobertura al desempleo, y de reducir la brutal brecha de desigualdad económica que hoy separa a las clases trabajadoras de las élites corporativas, sino de devolver a las manos de la mayoría trabajadora la soberanía popular que el gran dinero nos ha arrebatado.

Quisiera concluir con unas palabras del sociólogo brasileño Boaventura de Sousa Santos, sin duda más precisas y expresivas que las mías: “En esta crisis, la lucha de clases regresa bajo una nueva forma: esta vez es el capital financiero quien declara la guerra al trabajo. Y, o se crean las condiciones para que el capital productivo se desvincule relativamente del capital financiero, o el futuro es el fascismo”. Es contra ese futuro sombrío, contra ese fascismo de cuello blanco de la dictadura de los mercados, y en defensa de la soberanía popular, la democracia y sus instituciones, que llamamos a la movilización en la jornada de Huelga General del 29 de septiembre de 2010.

Muchas gracias por vuestra atención.

Vegas Altas del Guadiana, Extremadura Sur, septiembre de 2010
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