Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

15Sep/180

FMI: ¿oposición responsable y consenso o resistencia y pensamiento crítico?

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Guillermo Wierzba * (Especial para sitio IADE-RE) | "El sistema de poder del capital financiero y los medios de comunicación que son parte de su sustento, se han dado a la tarea de cooptar políticos, dirigentes gremiales, periodistas e intelectuales: progresistas impregnados de realismo, peronistas perdonables e izquierdistas serios y creíbles, con el fin de darle gobernabilidad a la estabilización del tercer ciclo neoliberal que hoy tambalea. Como lo demanda el FMI y la comunidad financiera internacional", analiza Wierzba.

Durante la larga década en que se desplegaron un conjunto de gobiernos populares en América latina que desafiaron a la corriente globalizadora neoliberal, los grandes medios de comunicación articularon una acción permanente para desgastarlos y, así, contrarrestar la adhesión de sectores del pueblo que habían gozado de los beneficios de sus políticas económicas. Éstas, a la vez, que conseguían resultados en el crecimiento económico, también habían reasumido el objetivo de la reducción de la desigualdad. El resultado electoral en la Argentina que significó el advenimiento del tercer ciclo de neoliberalismo fue, sin duda, determinado en forma decisiva por la intensidad y parcialidad que pusieron en juego esos medios en su consecución. Luego de los cambios de gobierno en los países latinoamericanos, que significaron el retorno de la economía de la financiarización, el papel del Poder Judicial, que había jugado un rol obstaculizador de los proyectos de cambio, pasaría a ser fundamental en el despliegue del lawfare (guerra judicial) como metodología proscriptiva de los líderes desplazados del gobierno.

En la Argentina, el gobierno de Macri llevó a cabo profundas y rápidas políticas de desintervención estatal en la economía como la liberalización absoluta de la entrada y salida de capitales y del mercado de cambios, la eximición a los exportadores de la exigencia de la liquidación de divisas, la desarticulación progresiva de las políticas de precios cuidados, la eliminación de regulaciones sobre la tasa de interés y el crédito y la desregulación de las importaciones. Se dispuso el pago a los fondos buitre accediendo sin resistencia alguna al arbitriario y antijurídico fallo del Poder Judicial estadounidense, pago que completó el dispositivo para el estímulo de un nuevo ciclo de endeudamiento y fuga de capitales. Como ocurrió en los dos períodos previos de neoliberalismo, el ingreso de capitales especulativos de corto plazo dinamizaría ese proceso, en el marco de una economía con bajo ritmo de crecimiento y una definida tendencia a la generación de desigualdad. La adopción de un esquema de metas de inflación, que se basó sobre el uso de la tasa de interés para retraer la demanda agregada con el objetivo de reducir la tasa de crecimiento de los precios, fue inefectiva en obtener su objetivo. A la inversa, la eliminación de los subsidios a las tarifas públicas, y la dolarización de sus precios unidas a la eliminación de las retenciones y la liberalización de precios comandaron un mecanismo de reordenamiento regresivo de la distribución del ingreso que aceleró la tasa inflacionaria.

La alta velocidad del endeudamiento y la fuga fue facilitada por la bajísima relación deuda/producto heredada del gobierno democrático, nacional y popular y favorecida por las altísimas tasas de interés en moneda local resultantes del régimen de metas de inflación. Pero los más de 100.000 millones de dólares de endeudamiento de los dos primeros años del gobierno ceocrático de Macri, monto del cual más de la mitad fue destinada a alimentar la fuga de capitales, frente a un PIB que apenas había variado y a un fuerte deterioro del resultado de la cuenta corriente del balance de pagos creó las condiciones de una gravísima crisis, que se desplegó con la amplificación que le dio un cambio de las condiciones financieras internacionales.  El gobierno acudió a una revinculación con el FMI, organismo que le otorgó un financiamiento considerable a cambio de severísimas condicionalidades que significan un serio retroceso en el ejercicio de la soberanía nacional en la determinación de las decisiones políticas actuales y futuras.

Ni las concesiones ni la disposición del refuerzo financiero consiguieron aliviar la crisis, cuyo epicentro es una corrida cambiaria que no cesa y contiene latente la posibilidad de completarse con una corrida bancaria.

El FMI, desde un principio, insistió en que el gobierno debería darse a la tarea de construir la viabilidad del programa regresivo, y que esa viabilidad requería de una oposición cooperativa, tanto en el ámbito político como social. No alcanza para el organismo el gobierno de un partido dispuesto al ajuste. El Fondo, efectivamente, no es el mismo de antes, sino que sus préstamos no sólo se atan a políticas regresivas de ajuste en función de la estabilización del balance de pagos, sino que exige cambios estructurales, mientras demanda la articulación de un sistema político cuyas opciones respeten comportamientos afines a la lógica de la globalización financiera asumiéndolos como política de Estado.

Los grandes medios de comunicación han asumido un rol activo en atender y promover el despliegue de fuerzas políticas opositoras encuadradas en el dispositivo pretendido por el FMI. Pero no sólo, sino que también favorecen el despliegue cultural afín al alcance del mismo objetivo. El periódico orgánico de la derecha no repara en destinar espacio para el despliegue de opiniones, que presumiendo la pertenencia a un difuso “progresismo” se integran a esa política de Estado común con las fuerzas conservadoras. Una línea de comunicación que persigue el objeto de arrojar a los márgenes de la vida política al pensamiento crítico que impugna el modo del capitalismo financiero global y la aceptación local de integración al mismo.

Bajo el título de “La democracia requiere de una izquierda creíble y respetable”, el diario de tradición liberal-conservadora publica, en su edición del 5 de setiembre de 2018, una opinión del catedrático Loris Zanatta de la Universidad de Bolonia. Lo que no pregunta el profesor es: ¿creíble y respetable por quién?. Sin embargo, luego de referirse en forma asertiva y descalificatoria a todos los liderazgos latinoamericanos que impulsaron el proyecto de la Patria Grande, sanciona la misión que propone para esa “izquierda necesesaria”: “una izquierda democrática que haga bien su trabajo, defienda los intereses de sus electores, critique y corrija las distorsiones del mercado, amplíe el campo de los derechos civiles”. Luego sostiene que la izquierda que use el mercado a su conveniencia es hipócrita y prehistórica y revela que el mercado produce la riqueza necesaria para un estado social próspero, mientras acusa veladamente a los gobiernos populares de intentos de monopolización del poder. La izquierda requerida en la opinión publicada por La Nación, entonces, es una que promueva la sociedad de mercado. Entiéndase bien: no un sistema democrático con mercados en el marco de una actividad estatal que tome decisiones sobre la base del mandato ciudadano, sino un régimen con centralidad mercantil en la asignación de recursos, pero -eso sí-  que incluya una izquierda atenta a la enmienda de las fallas del mismo. Una izquierda que renuncie al cuestionamiento del neoliberalismo y se dedique a la promoción de derechos civiles que no lo contradigan, con una fina cuota de sensibilidad frente a los más desprotegidos que la ruda derecha no poseería. En la misma edición, Guillermo Rozenwurcel un economista que se reconoce heterodoxo, en su nota “Entre la expansión y la recesión” da cuenta de su preocupación para que el gobierno además de hablar del ajuste explicite la manera en que protegerá a los más débiles. Sin embargo, aludiendo a los sectores medios, los califica de pretenciosos que quieren vivir como en un estado desarrollado mientras la productividad económica del país es inferior, y también de aspirar a gozar de los beneficios de un estado de bienestar sin querer pagar impuestos. Ahí está, sonando en tono de la izquierda requerida por el catedrático de Bolonia lo que brutalmente había afirmado el repitente funcionario de gobiernos neoliberales González Fraga: que el kirchnerismo le hizo creer a un empleado medio que podía comprar plasmas y autos y viajar a Europa con su salario, rematando con la advertencia que para poder volver a hacerlo pasarían años porque implicará un largo esfuerzo de suba de la productividad. El consenso por el aumento de la productividad omite que la lucha y la construcción de igualdad social pertenece al ámbito de la discusión de las ciencias sociales. La omisión de la cuestión de la igualdad lleva a Rozenwurcel a no reparar en la mejora del índice Gini, ni en la expansión intensa de derechos sociales y mejora del salario real obtenidas durante el gobierno popular kirchnerista. El economista emula a Zanatta al recurrir al estilo descalificatorio y asertivo para señalar a ese período como de despilfarro de los recursos obtenidos de un superciclo de precios internacionales para los commodities.

Sin explicar el por qué, Rozenwurcel formado en la heterodoxia, se suma a la construcción del discurso dominante renunciando al espíritu crítico cuando sostiene que el país fue dejado en una situación económicamente insostenible, sin describirla ni sustentar la afirmación, siendo que ésta resulta muy controvertida, ya que el nivel de desendeudamiento vigente al final del gobierno de Cristina Fernández le dejó al gobierno entrante un indudable margen de maniobra que no tiene antecedente en el período institucional iniciado en 1983. Pero la expresión no es ingenua porque se suma al clima de época del tercer ciclo neoliberal, coincidiendo con el diagnóstico de la “pesada herencia”. Tampoco lo es la referencia al péndulo entre expansión y recesión, que considera iniciado hace 80 años, a los que caracteriza de involución económica y fuerte inestabilidad política. Así, la política de sustitución de importaciones resulta cuestionada por el autor de la mencionada nota, como también las luchas en defensa de las conquistas y mejoras en el nivel de vida de los trabajadores y los sectores populares que devinieron de la misma, asociadas a un proceso de industrialización y complejización del aparato productivo nacional y resistentes frente a los sucesivos intentos de restauración conservadora, cuya expresión más dramática fue la dictadura terrorista de 1976.

La propuesta de alternativa “responsable” que expone el integrante del Club Político Argentino plantea una meta menos ambiciosa que el déficit 0, pero sin cuestionar el ajuste del gasto, de cuya falta se critica al gobierno neoliberal, moderar la suba del tipo de cambio con una oferta más voluminosa y enérgica de divisas -o sea una intervención de mercado-, la promoción de un acuerdo tripartito entre trabajadores, empresarios y el Estado – sin explicitar la necesidad de anteponer la recuperación del salario previa a la consumación del acuerdo, habida cuenta de su derrumbe provocado por la devaluación del peso-. Rozenwurcel remata la mencionada propuesta con su adhesión a la idea de un gobierno de coalición con el radicalismo y el establecimiento de “negociaciones serias con la oposición responsable”. Una contribución al ideario de Zanatta y a la línea editorial actualmente sostenida por la mayoría de los columnistas de La Nación.

El texto se inscribe con dos décadas de atraso, en el espíritu del publicado por Machinea y Gerchunoff el 28 de abril de 1998 en Clarín. El cenit del entusiasmo por el neoliberalismo y la popularidad de la expresión teórica apologética del Fin de la Historia no pertenecen al presente. Pero lo que fue un discurso preparado como justificación del ejercicio de una política neoliberal por quienes se pretendían intelectuales progresistas responsables, se replica hoy para descalificar las experiencias populares (o populistas, elija el lector) que construyeron políticas que constituyeron un primer intento colectivo de ruptura con ese neoliberalismo, y hoy resisten para volver a intentarlo en un nuevo ciclo.

El sistema de poder del capital financiero y los medios de comunicación que son parte de su sustento, se han dado a la tarea de cooptar políticos, dirigentes gremiales, periodistas e intelectuales: progresistas impregnados de realismo, peronistas perdonables e izquierdistas serios y creíbles, con el fin de darle gobernabilidad a la estabilización del tercer ciclo neoliberal que hoy tambalea. Como lo demanda el FMI y la comunidad financiera internacional.

Mientras quienes se inscriben en el pensamiento crítico que milita en la resistencia se plantean la discusión de acciones, entre otras, encaminadas al rechazo de la política acordada por el Gobierno y el FMI, por el restablecimiento de las regulaciones a la entrada y salida de capitales y la administración del mercado de cambios, la intervención del Estado como agente decisivo en el comercio exterior, la reapertura inmediata de las paritarias para recuperar el salario, la reimplantación de restricciones a las importaciones en defensa de la industria nacional, la baja de la tasa de interés con el objetivo de reactivar la economía, el desmonte de la política de ajuste y la recuperación de los programas y organismos de ciencia y técnica que contribuyan al desarrollo independiente de la Argentina. El primer paso será la brega por impedir la aprobación del Congreso de un Presupuesto Nacional que sea el instrumento para el ajuste.

 

* Profesor de la UBA, exdirector del CEFID-AR | 12-09-2018

 

11May/170

UN MOMENTO DE DEBILIDAD DEL RÉGIMEN

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“¡Qué grande es el mar!”, dijo uno frente al océano infinito. Sí, “es muy grande”, fue la respuesta del otro, que con sorna agregó: “…y eso que sólo vemos la parte de arriba”.

Lo mismo pasa en política: a la primera mirada sólo vemos lo aparente, y como siempre nos tienen apurados no nos detenemos a reflexionar. Es la domesticación que la diabólica inteligencia del régimen y las clases dominantes promueven, con ayuda de la prensa hegemónica, los encuestadores, los tanques de pensamiento colonial de la academia y la intelectualidad a sueldo. Como decía el sabio Don Ata a Suma Paz, su mimada discípula: “Paisanita, si quiere conservarse auténtica expresión de lo nuestro, no lea los diarios ni mire televisión”. Pero siempre nos termina ocurriendo, porque nos dejamos atorar con información banal, frívola, inexacta, adulterada, falsa, enemiga. Lea ahora mismo las cataratas de datos e interpretaciones sobre la resolución de la Corte Suprema de Justicia de aplicar el 2 x 1 a favor del represor Luis Muiña, y ahí tendrá una muestra de lo que afirmo.

No pretendo entablar un debate jurídico ni mucho menos, principalmente por mi falta de formación en el derecho, que no va más allá de la averiguación periodística. Mucho menos me propongo        quitarle importancia al asunto; todo lo contrario: pretendo darle la trascendencia histórica y política que los medios disciplinados hurtan y que el caso amerita.

Sólo trataré de evitar en este análisis que el cuestionado fallo de los cuestionados Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que ha terminado siendo denominado 2 x 1, así a secas, se convierta en el meollo del asunto, en la única fuente, prueba o documento a considerar. Nada de anteojeras. Sería como pensar que todo el mar es solamente lo que se ve a simple vista, las olas, la parte de arriba, la superficie nomás.

Lo que Poder Ejecutivo Nacional y la Corte Suprema procesan es una mutación radical de la política: el sujeto ya no es el pueblo, la sociedad, los trabajadores; con esta decisión están buscando mostrar un país “previsible”, con “seguridad jurídica”, para ofrecer a “los inversores”. Esa seguridad supone impunidad para los dueños del poder. Pero se les armó un inesperado y brutal desbarajuste. Para entenderlo hay que hacer un poco de memoria y relacionarlo con el golpe genocida de hace 41 años, tácito precursor del actual conflicto.

 

¿Qué nos puede enseñar ese hecho histórico? Desde ya, las similitudes de lo que se propusieron los autores de aquella dictadura militar, empresaria, clerical, oligárquica e imperialista con la gestión del gobierno actual.  Algo nos dice en esta hora la sola definición de aquel golpe y la recapitulación de los objetivos que se propuso y en buena medida logró ejecutar. ¿No se afirma acaso –y creo que con acierto- que los funcionarios del actual gobierno de Macri son los herederos, los hijos, los discípulos de los que gobernaron la Argentina entre 1976 y 1983? Si analizamos aquellos objetivos vamos a entender mejor el significado del fallo de la Corte Suprema y sus prolegómenos.

 

Recordar las finalidades del golpe del 24 de marzo de 1976, nos ayuda a comprender nuestra cotidianeidad, nuestro presente. Y surge automática la respuesta a toda incertidumbre respecto de los motivos del reciente fallo de la Corte, sus antecedentes y las conductas de los actuales gobernantes: es una continuidad, es un mandato de coherencia histórica. Claro, porque en todos estos 41 años los genocidas y sus socios nunca dejaron de intentar un retorno. Y más claro para todo aquel que no se haya convencido aún: con Macri lo están logrando.

 

El fallo del 2x1 que beneficia a asesinos y genocidas de la última dictadura tiene que ver con una instalación y un contexto. Sobre lo primero, para mencionar sólo los hitos más evidentes: la declaración diciendo que los derechos humanos son “un curro” o un negocio, la discusión sobre cuántos desaparecidos y la banalización del crimen de Estado, las referencias a la “guerra sucia” que, entre otras frases, significa adhesión a la “teoría de los dos demonios” que estaba definitivamente enterrada y, si queremos algo aún más grave, la modificación de Macri de un decreto de Alfonsín sobre el poder civil en el control de las Fuerzas Armadas. Además, mano dura, reducción de la edad de imputabilidad penal a los adolescentes, justificación del gatillo fácil, represión contra la movilización social. Y hay más: en lo simbólico se reeditó salvajemente el odio de clase (el choripán, las mafias, la grasa, los ñoquis y demás), alentado desde la misma Presidencia de la Nación.

Así como nosotros honramos a nuestros 30 mil desaparecidos, homenajeamos a nuestros caídos y demás víctimas del terrorismo de Estado, ellos siempre esperaron la oportunidad de rehabilitar a los suyos. Les costó cuatro décadas: pero están a punto de reivindicar a sus héroes, discapacitados y gagás, pero victoriosos.

 

Aquel terror de Estado ejerció la “necesaria” violencia para reestructurar la economía, el estado y la sociedad. En el contexto en que hoy se dicta el fallo del 2 x 1, las herramientas son otras, pero los fines los mismos. La misma ofensiva del capital sobre el trabajo para promover la monumental transferencia de ingresos a favor de las clases propietarias, los bancos y las corporaciones globales. Junto al desempleo, la flexibilización y la precariedad laboral desde el Estado se restringe la capacidad de protesta y organización sindical, con el objetivo de destruir una cultura social y sindical histórica en la Argentina.

 

Por fin, para similitudes de contexto, cabe mencionar que el modelo económico, readecuado a esta década, abreva en el diseñado por el Plan de Martínez de Hoz en abril de 1976. Es más, la inmensa deuda pública generada por el letal deterioro de la producción nacional será saldada con nuevos ajustes y la deuda externa, la mayor contraída por un país occidental en menos tiempo, recaerá sobre los hijos y nietos de nuestra generación deberán pagarla con hambre y sed.

 

Y bien. Creo que los antecedentes y contextos descriptos son los que crean las condiciones y explican el ya famoso 2 x 1, que suponía escalar un escalón más en la legitimación del modelo político que sustenta el proyecto colonial. Pero les salió un tiro por la culata. La vitalidad democrática del pueblo argentino es un obstáculo difícil de someter.

 

Lo que hoy resplandece es el desbarajuste cortesano, que incrementa un cuadro de desavenencias políticas internas y de disconformidades con los premios y castigos de la nueva economía. Cabe agregar que el campo popular, en sus expresiones sociales, políticas y territoriales se ha movilizado como nunca y que se consolidan los lazos de unidad en derredor de un movimiento obrero cada vez más combativo.

 

Un momento de debilidad del régimen.

 

A la ocasión la pintan calva. Siempre y cuando los argentinos de buena fe podamos hacer pie en nuestra conciencia histórica y política, estaremos en condiciones de llevar a cabo una crítica del pasado y del presente, madurar un proyecto que devuelva la esperanza a las mayorías, renovar la dirigencia y reconquistar el poder.

 

Sólo sobre nuevas certezas se podrá construir una situación y espacio de lucha que nos proyecte hacia un futuro de justicia social, independencia económica y soberanía nacional.

 

 

Ernesto Jauretche

La Plata, 9 de mayo de 2017 

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Ernesto Jauretche

20Abr/170

NEOFASCISMOS LIBERALES

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La expresión neofascismo suena rara, inconveniente, no abandona nunca sus aires nefastos pero imprecisos. Y desde luego, como es un enunciado siempre disponible, se emplea con rapidez, impulsado por sus contornos difusos. ¿Calificaríamos así al gobierno de Macri? Examinaremos la cuestión. El sufijo “neo” modifica, suaviza y da cierto misterio al concepto posterior al que se le aplica. Lo envía hacia una zona ambigua que resiste ser descripta con facilidades dogmáticas. Apenas indica que un concepto original se presentará bajo nuevos ropajes. Deberemos entonces indagar si las actuaciones en el plano del lenguaje, la economía y el control social que ejerce el macrismo, pueden rozarse en ciertos puntos específicos con algunas evidencias del fascismo, no en su sentido literal sino evocativo. Por decirlo así, bajo insinuantes evidencias apenas deslizadas.

No perderemos tiempo con la expresión “fascismo” como acusación rápida. Tal como comprobamos habitualmente, sale veloz entre nosotros la expresión “fachos”. Pero trataremos con calma de ver qué raigambre puede tener ahora esa palabra en la actualidad argentina. Y en especial, en lo que hace un Gobierno que casi siempre suele ser ubicado en los cuadrantes del “neoliberalismo”. Necesariamente, para aliviar este tipo de comparaciones ultristas e insustanciales (en el pasado se llegó a hablar de “nazi-nipo-peronismo”), encerramos la palabra fascismo entre el prefijo “neo” y la expresión “liberal”, como un polvillo imprescindible en un cometa cuya cola atrae toda clase de detritus sobre los que nos debemos pronunciar. Estas mixturas o entrecruzamientos de apariencia insólita pertenecen, en cambio, a los momentos de mayor tensión histórica, como éstos. Y lo que parece contrapuesto, súbitamente, se encuentra.

La expresión “neofascismo liberal” ya la ha sugerido Jorge Alemán en varios trabajos y aquí la sustraigo para comentarla, muy seguramente en el mismo sentido que él le ha dado, aunque tratando de explorar con ella ámbitos de la comunicaciones de masas, formulismos discursivos del Presidente y de sus funcionarios, y demás artilugios del Gobierno “surgido de elecciones democráticas”. Lo resumimos en la pregunta sobre qué tipo de ciudadanía están construyendo. Todas las figuras de la ley, de la lengua, del juicio o de la misma conversación de apariencia trivial, se han transfigurado con el macrismo.

Es claro que la acusación de “fascismo” es proliferante, fulminante y dispendiosa. Tantas veces que hubo de necesitarla, el liberalismo golpista la dirigió como una flecha instantánea contra el peronismo. En su base había un importante equívoco, que costaba deshacer y que en gran parte ocupó la tarea de la publicística peronista... y del propio Perón. En la época del Congreso de Filosofía, fines del 40, se le ofrece a Perón invitar al filósofo alemán Carl Schmitt, recién liberado por los norteamericanos. El líder argentino algo sabía del asunto y les responde a sus colaboradores: “¿qué quieren, ya me dicen fascista, imagínense si ahora traemos a un escritor que tiene teorías consideradas nazis?”.

En las intervenciones del ensayismo peronista solía remarcarse que el peronismo surgía de una sociedad industrial en construcción, con un proletariado nuevo (tesis muy matizada luego por Milcíades Peña y otros autores) que expresaba demandas democrático-sociales y de modernización con justicia distributiva. No un nacionalismo redentista basado en arcaísmos psíquicos en contrapunto con tecnologías capitalistas avanzadas. Sino, un nacionalismo democrático y popular con distintos tipos de negociación con economías después llamadas del “capitalismo más concentrado”. Los fascismos europeos surgían en cambio del mesianismo de la sangre, aliado a los cánticos triunfales del futurismo artístico ante las grandes tecnologías. La epopeya del jefe teatralizado ante las multitudes, junto a la épica de una tecnología heroica en su mismo ser veloz y destructivo, caracterizó a esos fascismos. Funestos mitos operísticos, justificaron matanzas masivas con pensamientos escatológicos amalgamados con delirios de la razón de Estado.

Más allá de la filosofía mesiánica de la superioridad racial, sigue siendo útil para percibir los otros rostros de fascismo apocalíptico, como eran los de la cotidianidad fascista tratando de conquistar los últimos poros de la sociedad. Se puede hacer todo esto con la revisión de grandes films. Ejemplificamos con Amarcord (Fellini), El General Della Rovere (Rosellini) o Un día particular (Scola), entre tantos otros. Un equivalente argentino podría ser el famoso cuento de Bioy Casares y Borges “La fiesta del monstruo”, donde la violencia final antisemita suena impostada, pues lo que realmente les interesaba a los autores de ese gran libelo es acusar al peronismo de vulgaridad lingüística. El narrador desastrado que concurre a la Plaza de Mayo habla un cocoliche entre burocrático y rebuscado, idiomáticamente derrumbado.

Frente a esa crítica, terminante e hiperbólica pero que no hace creíble al “fascismo” de Perón, Borges escribe en cambio el “Deutsches Réquiem”, donde la grave pintura del oficial nazi –un intelectual víctima de un destino catastrófico– intenta ser comprensiva, creíble y trágica. El verdugo nazi y la víctima judía se complementaban, y con ese mismo argumento del tiempo circular, Borges condenó luego a las juntas militares. Borges sabía perfectamente quién era Ernst Jünger, y contrario sensu, el gran filósofo Carlos Astrada, cuando actuó periféricamente en las filas del primer peronismo, llegó a criticarlo sin poner como atenuante su exquisita y siempre reconocida estética de lo aciago. Cuestionó a Jünger precisamente por su tesis de la “movilización total”. Era tocar uno de los núcleos esenciales de lo que, alberdianamente, se condenó como el crimen de la guerra en el siglo XX.

Los sectores medios, como los que en Europa –Italia y Alemania–, hace más de medio siglo, se movilizaban acosados por humillantes derrotas bélicas anteriores junto a la búsqueda de culpables externos, no se dieron así entre nosotros. Aquí el reguero de violencia nacional no siguió necesariamente las formas políticas entrelazadas con una locura mesiánica que pretendía diversas fórmulas mágico-burocráticas de racionalización. Es cierto que en el bombardeo a la Plaza de Mayo se buscaron justificaciones en ideologías egregias. Para los marinos cristianos el “Cristo Vence” y para los militares laicos el fantasma redivivo de Rosas. Eran fórmulas fanáticas y sacramentadas que podrían justificar la masacre de tantas personas. Justificaciones místicas o idólatras que se fueron difuminando, aunque se tomaron su tiempo para hacerlo. Solitarios quedaron los masacrados de la historia, tirados sobre pavimentos y descampados.

La represión con tecnologías delirantes y secretas del 76, en el gobierno de las juntas militares, tuvo revestimiento liberal. Y en lo económico, sabemos cuáles fueron los resultados de estos fotogramas del “capitalismo neoliberal”. Pero en el interior de las mazmorras de exterminio, solía haber ciertas “hipóstasis”: los retratos de Hitler. En su famosa “Carta a la Junta Militar”, uno de los más conmovedores testimonios contemporáneos de denuncia y dialéctica de la esperanza, Walsh dice que los planes de sacrificio masivo de militantes se explicaban por una motivación económica, por la aplicación de un plan trazado por las potencias financieras internacionales. Estas precisas y tan cáusticamente elaboradas sentencias de Walsh sobre las técnicas de tortura y desaparición nos permiten introducir una interrogación sobre esa maquinaria de muerte.

¿Funcionaba como apéndice estricto de los proyectos económicos o tenía un lúgubre goce autónomo, relativamente exento de aquellas determinaciones materiales? Quizás había un autómata exterminador dentro del aparato clandestino del Estado, que se regocijaba turbiamente de esas economías propias de saqueo y la acumulación primitiva devastadora, devorando cuerpos más allá de lo que reclamaba ese mismo plan económico. Ese sería el “neonazismo” oculto de la Gran Represión, que convivía con la frase “los desaparecidos son entelequias” del “liberal” Videla.

Pero era una época en que, todavía, no estaban abolidas las significaciones ideológicas visibles, de plaza pública: nacionalismo, liberalismo, y en un plano más implícito, los diversos populismos, ante los cuales no era necesario que llegaran las más elaboradas reflexiones de Laclau, para intuirlo como una intermediación de nacionalismos democráticos, socialismos populares, jacobinismos republicanos y según los momentos diversos que se atravesaban, proclamas de “capitalismo serio” contra el “indeseable capitalismo salvaje”. Sin duda, una polémica.

El macrismo hace un corte, da un salto definitivo hacia la desconexión total de las ideologías para inaugurar una oscura política pulsional, exacerbando al individuo aislado como un átomo regido por un nuevo tipo de legalidad represiva. El “deseo represivo” es provocado en una nueva definición de un individuo, apenas superficialmente “ciudadano”, pero que expulsó la idea clásica de ley de su clausurada conciencia de hombre unidimensional. Marchamos hacia una concepción de la “ley” que hasta ahora no conocíamos. Es la ley encarnada por el Carro Blindado Antipiquete con Cañón Hidrante. Este artefacto no se halla dentro de la Constitución, sino al revés. La Constitución es su estropajo, su harapo para el guardabarros.  Esto supone la abolición de la norma subjetiva ciudadana, fundada como tal en las diversas vicisitudes de la historia nacional. Es sustituida ahora por la conciencia inmediata, obturada en todos sus poros por el rezo ante el altar del Automóvil Acorazado que actúa en forma intratable, como animal suelto. Verbitsky lo llama teología política, en su última nota en este diario. Dentro de ese carro espectral viajan los voceros escogidos –no son pocos y nos hablan todas las noches– del neofascismo liberal macrista.

La ley moderna, desde el siglo XVIII en adelante siempre se concibió a la manera kantiana –incluso los nacionalismos más “hegelianos” también lo expusieron así–, de modo tal que se relacionase la norma general con la voluntad intrínseca de la persona. La ley moral surgiría entonces de la “voluntaria capacidad de que cada individuo sea un legislador universal”. Lo contrario al blindaje de la conciencia. Era la ley general social reelaborada por una subjetividad abierta del propio “legislador ciudadano”. Yrigoyenismos, peronismos, alfonsinismos, kirchnerismos se convirtieron en el resistente hilo zigzagueante de la reparación nacional democrática, con su más o sus menos y sus préstamos o recelos mutuos. Todos esos nombres se rigieron por ese legado en la interpretación de la ley. Ley social como discusión colectiva y sujetos públicos fusionados en ese debate sobre la norma porosa que hacía a la arquitectura de sus conciencias autónomas.

La novedad es que con el macrismo todo eso ha desaparecido. El fascismo son dos cosas, su nivel historizado y su nivel metafórico. Lo primero, el macrismo no lo frecuenta pues pronuncia palabras republicanas ahistóricas, aunque cada vez menos y sin comprenderlas acabadamente. Pero en el otro plano, su concepción financiera de las conciencias expulsa la ley moral. Concibe apenas conciencias hidrantes, chorros de violencia protocolizada que hostigan cuerpos. Por encima de la ley común hay Protocolos. El Macri-Prinzip, agazapado hasta el momento, ya salió a luz. Actúa al margen de los andamiajes normativos de una trama heredada, imperfecta pero ligada a la idea de hombres sociales libres. El Macri-Prinzip niega todo eso con un complejo y resbaladizo sistema de justificaciones para el pillaje de las conciencias por parte del Estado. El Carro Hidrante-Prinzip va al frente y retrocede un poco. Ejemplo: ataca las bases materiales del cine nacional y al otro día dice que lo “aman”. Las melosas rectificaciones posteriores son la incrustación del melodrama liberal en la conciencia del Protocolo General, y la guía del Carro de Combate Urbano son neometáforas fascistoides que ocupan el lugar de la ley común general.

La voz marginal de Baby Etchecopar, un troll con viscosidades a plena luz que actuaba hace tiempo, se corre progresivamente hacia el centro del sistema macrista. La sociedad argentina, con sus insuficiencias, era una sociedad de debates, una sociedad multilegislativa. La forma abierta de ley hacía que estuviera en los parlamentos y simultáneamente en las conciencias del pueblo del Himno y de la Constitución. El negacionismo macrista, con tantas manifestaciones ya a la vista, implica abandonar esa idea abierta de la ley, esa bellota siempre en debate, por una combinatoria gaseosa y picante. Un neofascismo progresivo, silencioso y sin palabras, con prótesis liberales que cada vez más se alejan de sus actos reales. Ganarle lo más pronto posible las elecciones, lo que no es un sueño descabellado, supone interferir la pesadilla del Gobierno de los Panzer Wagen, adquiridos con el dinero que le falta a la educación, al cine nacional o a la economía popular.

22Ene/120

“(Neo) progresistas” del establishment

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Por Guillermo Wierzba *
El 28 de abril de 1998 los economistas José Luis Machinea y Pablo Gerchunoff (foto) publicaron un texto en el diario Clarín que persiguió el claro objetivo de convertirse en un manifiesto que redefiniera el concepto de progresismo, atendiendo a la hegemonía en el sistema capitalista mundial a manos del neoliberalismo y la financiarización. El texto no se posicionó en una interpelación crítica al nuevo paradigma, sino que se centró en “evitar la mimetización del discurso progresista con el del nuevo conservadurismo”. En el escrito se asumió una victoria universal del capitalismo, que incluía la derrota de los proyectos de abolición de la propiedad privada como también de los socialdemócratas que desplegaban la centralidad del Estado. El manifiesto buscaba consagrar un “nuevo progresismo” que, a la vez que rechazara la “suficiencia del mercado para la solución de los problemas económicos y sociales”, se apartara del “conservadurismo estatalista y proteccionista que hace tiempo agotó todo lo que podía dar de bueno a la sociedad”.

Quedaba claro el recurso: la construcción de un discurso que permitiera una alternancia entre gestiones fundamentalistas y moderadas de la única vía de política económica que asumían posible: la neoliberal. Esa definición de “victoria universal del capitalismo” conducía a la resignación a un camino único y se alineaba con la vulgar teoría del “fin de la historia” que campeaba en aquella época.

Esta posición fue criticada, entonces, en la revista Juana Azurduy (agosto de 1998). Se sostuvo que M y G planteaban la necesidad de darle al progresismo un nuevo sentido, acorde con los tiempos. Es importante reparar en esta cuestión del “sentido” puesto que se abre, así, un campo intersticio entre lo económico y lo político –el campo de las representaciones– en cuyo dominio también se disputa el propio carácter de la escisión entre lo económico y lo político. Los rasgos específicos que adquiría esta separación durante el neoliberalismo –la naturalización de lo económico– resultaban clave en la legitimidad del orden neoliberal. En efecto, la ofensiva del mercado como regulador privilegiado de las relaciones sociales no sólo se instrumentó materialmente, sustentado en la política económica impuesta por el neoliberalismo –con mayor o menor organicidad– a partir de la dictadura terrorista en adelante, sino que se había ido estableciendo en la construcción social de la creencia acerca de que así, y de ninguna manera diferente, eran las cosas de este mundo y que era el único posible. Y si es en el mundo de las ficciones donde se dirime parte de la legitimidad política de la opresión en las sociedades actuales, este “nuevo progresismo”, “acorde con los tiempos”, no era otra cosa que un nuevo conservadurismo que procuraba transformar los soportes (no sólo) simbólicos que construían la legitimidad política del orden establecido; un aval de lo que se había consumado con la envoltura de lo supuestamente moderno (“progresista”).

En este sentido M y G no hacían otra cosa que apuntalar, desde la perspectiva de un supuestamente incontrastable conocimiento técnico-económico un programa de transformación social sustentado en el acotamiento y agotamiento de lo político. “Objetivo” y “apolítico”, como si pudieran encubrirse el carácter intrínsecamente político de todo saber, incluyendo el económico. Lo dicho es suficiente para afirmar que M y G se incluían en “intelectualidad orgánica” del neoliberalismo en su más prístina expresión, dado que su discurso (que había caído bien en numerosos sectores “progresistas”) resultaba consustancial con el programa de transformación neoliberal. Hasta aquí la polémica de 1998.

Los anclajes teóricos, posicionamientos ideológicos e intelectuales de los ejecutores de las gestiones económicas neoliberales no operaban independientemente de la articulación y representación de los intereses del poder económico. Tanto de los que se desempeñaron en el período del menemismo como durante la gestión de la Alianza. Eduardo Basualdo señala en Sistema Político y Acumulación (Cara y Ceca, 2011), que a partir de la crisis iniciada en 1998 se perfilaron dentro del establishment que compartió la gestión y los negocios durante los primeros noventa dos proyectos alternativos al de la convertibilidad: uno sostenido por la fracción dominante constituida por los grupos económicos locales y algunos conglomerados extranjeros, y otra por el sector financiero e inversores extranjeros que habían adquirido empresas y paquetes accionarios durante los años previos. Los primeros promovían una devaluación y los segundos, un tránsito a una economía dolarizada. Ambas salidas significaban, en condiciones de hegemonía del bloque asentado en el poder, una radicalización de las condiciones de desigualdad y pobreza generadas por el régimen de la convertibilidad.

Sin embargo, los distintos intereses y características de las salidas propuestas alinearon a la ortodoxia fundamentalista del lado de los dolarizadores, mientras que los economistas que sostenían el otro grupo atinaban a presentarse como heterodoxos (en la época del “fin de la historia”).

Basualdo afirma que “los grupos económicos le plantean a la sociedad que ellos encarnaban a la burguesía nacional y que por ello soportaban la agresión de los capitales foráneos y de los organismos internacionales que pretendían marginarlos y controlar la producción nacional”. Buscaban así usufructuar en su favor la importancia que conservaba “en la identidad popular la alianza policlasista que sustentó al peronismo, reprocesándola en función de sus intereses” y “ocultando que sus condiciones estructurales poco tenían que ver con una burguesía nacional”. La gestión Machinea estuvo permeada por los intereses de esta fracción local del poder económico.

En un reciente reportaje en el diario La Nación (15/1/12) Gerchunoff, quien fuera su asesor, vuelve al ruedo y adjudica el despliegue económico de los últimos ocho años al bajo nivel de actividad desde el que partió, igualando sus causas a las de la recuperación del producto en la primera época del menemismo. Le agrega el argumento del “viento de cola” internacional, critica el intervencionismo estatal, cita a J. M. Fanelli teorizando acerca de la bendición que el bajo crecimiento demográfico supone para las cuentas públicas, critica la política económica del período de J. B. Gelbard, recomienda una cierta dosis de “desarrollismo”... para sumar a la épica kirchnerista... (sic) y alienta la adopción de un “plan de estabilización” asociado a la reducción de la tasa de crecimiento de la economía a niveles inferiores al 4 por ciento. Fiel al Manifiesto de 1998 habla de economía sin reparar en el fuerte despliegue de los cambios políticos concretados durante la gestión kirchnerista, aunque supone (insidiosamente) que Perón, de estar vivo, no apoyaría este proyecto sino que respaldaría al duhaldismo (participando del Movimiento Productivo Argentino, en tanto –imagina PG– terrateniente exitoso de los pagos de Lobos).

El enfoque teórico acerca de la política económica requerirá “sintonía fina” en las épocas que vienen. La ortodoxia de las finanzas quedó descolocada por el colapso de fines del siglo pasado y el notable de sempeño de la economía de esta última etapa. Sin embargo, los verdaderos heterodoxos, afirmados en una política de desarrollo sostenido integrada regionalmente y opuesta a los ajustes del centro, convencidos de la preeminencia de la política y promotores de una profundización del proyecto democrático, nacional y popular, deberemos lidiar con una “neoheterodoxia” renuente a la decidida intervención pública, despolitizadora de la macroeconomía y ligada a uno de los proyectos del poder económico que hegemonizó la política en la Argentina prekirchnerista (el “alfonsinista-duhaldista”, digamos).

Son muchos más que los aludidos, esto es obvio, quienes reducen la política económica a la “macro”, sobreestiman la importancia de los “equilibrios” (cada vez más ausentes en el “mundo realmente existente”), descreen de los objetivos redistributivos impulsados por la ciudadanía (relegándolos a una determinación productivo-mercantil), recelan del papel del Estado en la economía y asumen la concentración del poder económico como un dato (inabordable). La preeminencia de la política sobre la economía (y la fusión de ambas) será el parteaguas que nos permitirá construir un futuro digno de ser vivido.

* Economista, profesor UBA, director del Cefid-AR.

11Ago/110

Elecciones y plataformas económicas

Publicado por admin

Por Guillermo Wierzba *

Hay un clásico debate acerca de la democracia y la representatividad. Una discusión que lleva implícitas ideas contradictorias respecto de esos conceptos. La definición de “gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo” tributa a la tradición que entiende a la primera en su versión sustantiva, constituyendo la elección de representantes una forma que permite, en sociedades multitudinarias, resolver el ejercicio del poder. Sin embargo las elecciones tienen en sí mismas una tensión antagónica: por una parte permiten una expresión popular, a la vez que son un acto de alienación del poder radicado en el pueblo, por el que éste lo delega en sus representantes. Esto ha permitido, en la otra vertiente, la mutación de la idea de la democracia en una pura propuesta formal, un régimen de representatividad donde las elecciones serían en sí mismas el acto democrático. La democracia quedaría como sinónimo de delegación.
La tensión entre una democracia rica en contenido y otra exclusivamente de formas se expresa en distintos climas y estilos electorales. El neoliberalismo generalizó una dinámica electoral en la que las campañas fueron signadas por ofertas de productos (candidatos) a consumidores (votantes), para que éstos elijan cuál de ellos sería el más apropiado para gestionar el Estado. Quedaba implícita una única y naturalizada política, impuesta por los poderes fácticos.
Con la recuperación de la política como instrumento transformador de la realidad, el desalojo de la lógica del pensamiento único y la reintroducción del ideario del autogobierno, el dispositivo de la democracia sustantiva ha reintroducido en América latina, y en particular en Argentina, la discusión de distintos programas y proyectos de país. Hoy no se trata sólo de optar por una figura, sino de elegir el propio destino de la nación y del pueblo al que se pertenece.
Así readquieren valor –en el actual proceso electoral– las plataformas electorales de los partidos, en ellas está la propuesta de país que se piensa construir. Plataformas sometidas al ostracismo durante el neoliberalismo, devaluadas a una formalidad llena de palabras huecas, hoy recobran su rol de expresar programas bien distintos (muchas veces antagónicos) de país.
El análisis de las propuestas económicas de un grupo de ellas resulta elocuente. El Frente Amplio Progresista, que postula a Binner, propone como primer instrumento de su modelo macroeconómico “el establecimiento de un esquema de metas de inflación como ancla antiinflacionaria”, más adelante le adiciona “una regla fiscal que garantice la sustentabilidad de la deuda”. En su discurso se refiere al “financiamiento inflacionario del gasto creciente”. El enfoque sustenta que la cuestión de la inflación es la de primer orden en la economía, promete aplicar lo que el FMI recomienda, que es el aludido esquema de metas, y caracteriza de inflacionario al gasto. El referente económico de la fuerza (Angel Sciara) sostiene que las causas de la inflación son un mix entre expectativas y exacerbación de la demanda, mientras que el candidato a presidente expresa que la tarea es dinamizar la inversión privada, merituando su rol frente al de inversión pública. Estas caracterizaciones y propuestas son contradictorias y regresivas frente a la política en curso. El esquema de metas de inflación, el diagnóstico de exacerbación de la demanda y la caracterización de gasto inflacionario concurren a un camino de enfriamiento de la economía. Entonces, en ese escenario, frente al cual la inversión privada que se pregona no se vería atraída por el ritmo del crecimiento, ¿se trataría de mejorar el “clima de negocios”? El proyecto de ley de entidades financieras del diputado Milman, dirigente de una de las fuerzas del Frente, conlleva al continuismo de la Ley 21.526 en sus aspectos fundamentales: permite hacer todo lo que no está prohibido a los bancos y no prevé regulaciones efectivas sobre las tasas de interés. Esta plataforma está situada en el paradigma de los socialismos europeos que renunciaron a sus propuestas reformistas y gestionan programas de “consistencia fiscal” ortodoxos e ineficientes. No existe mención a la instrumentación de política de ingresos –precios y salarios– ni a regulaciones de la tasa de ganancia ni al papel de las empresas concentradas en la formación de precios, claves tradicionales de las propuestas reformistas.
La “Propuesta para una Economía Sostenible” de la Coalición Cívica, que postula a Elisa Carrió, también ubica la inflación como “la primera gran incertidumbre que enfrenta nuestra economía”. Sostiene que “sin moneda no hay desarrollo”, ingenuidad que invierte el orden causal, pues sin desarrollo una nación no puede tener una moneda fuerte que cumpla el rol de reserva de valor. Propone como fin de la política monetaria la inflación baja y defiende la independencia del BCRA como su condición. También adhiere al esquema de “metas de inflación”. Esta propuesta es, en forma acabada, la que atiende a las demandas de los capitales financieros globales. Se opone al pago de deuda con reservas, insinúa su preferencia por una suba de las tasas de interés, se pronuncia por una reducción del gasto público y por la construcción de un fondo de ahorro durante los años buenos. Su diagnóstico respecto del tipo de cambio presupone una intención devaluacionista. Es la plataforma del ajuste, la devaluación y la inserción en la financiarización.
La plataforma de la UCR está construida sobre un discurso en el que no existen precisiones sobre rumbos e instrumentos de política económica. Más bien es una declaración de intenciones. Insinúa su oposición al uso de reservas, enuncia una política gradual de eliminación de las retenciones y ubica en el centro de los objetivos macro las políticas antiinflacionarias. De todos modos, la orientación del candidato a vicepresidente, en una fuerza como el radicalismo, constituye una señal inequívoca de la dirección económica que proponen: “amistad” con los mercados. El estilo del escrito no se ha hecho eco del retorno de los debates de fondo a la política nacional y realiza, en el mismo estilo del PRO y Durán Barba, una formulación imprecisa en medidas que devendrían en un futuro encantador.
Las “Propuestas para un nuevo rumbo”, de Duhalde, luego de indicar como necesarias las reformas estructurales de orden neoliberal llevadas a cabo en el continente –es la única que lo hace explícitamente–, adjudica el crecimiento económico al argumento del “viento de cola” y critica los controles de precios y las limitaciones a las importaciones. Condena el uso de las reservas internacionales y de los fondos previsionales. También propone un esquema de metas de inflación. El resto del programa radica en un conjunto de políticas de corte ofertista. Sostiene la posibilidad de mejorar la distribución del ingreso sin puja distributiva mientras se “erradicaría” la inflación, al tiempo que se crecería a altas tasas. Hace elogios apologéticos de la globalización y centra su preocupación en la “confiabilidad externa”. Es tributaria del pensamiento neoclásico y refuta conceptos clave del estructuralismo latinoamericano.
La lectura de los proyectos analizados conduce a ubicarlos, en términos de las claves de sus propuestas de política macroeconómica, en la polaridad opuesta al rumbo seguido por el Gobierno, reafirmado por la plataforma del Frente para la Victoria. Mientras ésta prioriza la reinstauración de una sociedad de pleno empleo, aquéllos coinciden en la urgencia de políticas de estabilización y de restricción fiscal. La profundización de la crisis europea debe prender un alerta respecto de las consecuencias de la adopción del cambio de rumbo que propone la oposición.
* Economista y profesor de la UBA.