Por Guillermo Wierzba *
El 28 de abril de 1998 los economistas José Luis Machinea y Pablo Gerchunoff (foto) publicaron un texto en el diario Clarín que persiguió el claro objetivo de convertirse en un manifiesto que redefiniera el concepto de progresismo, atendiendo a la hegemonía en el sistema capitalista mundial a manos del neoliberalismo y la financiarización. El texto no se posicionó en una interpelación crítica al nuevo paradigma, sino que se centró en “evitar la mimetización del discurso progresista con el del nuevo conservadurismo”. En el escrito se asumió una victoria universal del capitalismo, que incluía la derrota de los proyectos de abolición de la propiedad privada como también de los socialdemócratas que desplegaban la centralidad del Estado. El manifiesto buscaba consagrar un “nuevo progresismo” que, a la vez que rechazara la “suficiencia del mercado para la solución de los problemas económicos y sociales”, se apartara del “conservadurismo estatalista y proteccionista que hace tiempo agotó todo lo que podía dar de bueno a la sociedad”.
Quedaba claro el recurso: la construcción de un discurso que permitiera una alternancia entre gestiones fundamentalistas y moderadas de la única vía de política económica que asumían posible: la neoliberal. Esa definición de “victoria universal del capitalismo” conducía a la resignación a un camino único y se alineaba con la vulgar teoría del “fin de la historia” que campeaba en aquella época.
Esta posición fue criticada, entonces, en la revista Juana Azurduy (agosto de 1998). Se sostuvo que M y G planteaban la necesidad de darle al progresismo un nuevo sentido, acorde con los tiempos. Es importante reparar en esta cuestión del “sentido” puesto que se abre, así, un campo intersticio entre lo económico y lo político –el campo de las representaciones– en cuyo dominio también se disputa el propio carácter de la escisión entre lo económico y lo político. Los rasgos específicos que adquiría esta separación durante el neoliberalismo –la naturalización de lo económico– resultaban clave en la legitimidad del orden neoliberal. En efecto, la ofensiva del mercado como regulador privilegiado de las relaciones sociales no sólo se instrumentó materialmente, sustentado en la política económica impuesta por el neoliberalismo –con mayor o menor organicidad– a partir de la dictadura terrorista en adelante, sino que se había ido estableciendo en la construcción social de la creencia acerca de que así, y de ninguna manera diferente, eran las cosas de este mundo y que era el único posible. Y si es en el mundo de las ficciones donde se dirime parte de la legitimidad política de la opresión en las sociedades actuales, este “nuevo progresismo”, “acorde con los tiempos”, no era otra cosa que un nuevo conservadurismo que procuraba transformar los soportes (no sólo) simbólicos que construían la legitimidad política del orden establecido; un aval de lo que se había consumado con la envoltura de lo supuestamente moderno (“progresista”).
En este sentido M y G no hacían otra cosa que apuntalar, desde la perspectiva de un supuestamente incontrastable conocimiento técnico-económico un programa de transformación social sustentado en el acotamiento y agotamiento de lo político. “Objetivo” y “apolítico”, como si pudieran encubrirse el carácter intrínsecamente político de todo saber, incluyendo el económico. Lo dicho es suficiente para afirmar que M y G se incluían en “intelectualidad orgánica” del neoliberalismo en su más prístina expresión, dado que su discurso (que había caído bien en numerosos sectores “progresistas”) resultaba consustancial con el programa de transformación neoliberal. Hasta aquí la polémica de 1998.
Los anclajes teóricos, posicionamientos ideológicos e intelectuales de los ejecutores de las gestiones económicas neoliberales no operaban independientemente de la articulación y representación de los intereses del poder económico. Tanto de los que se desempeñaron en el período del menemismo como durante la gestión de la Alianza. Eduardo Basualdo señala en Sistema Político y Acumulación (Cara y Ceca, 2011), que a partir de la crisis iniciada en 1998 se perfilaron dentro del establishment que compartió la gestión y los negocios durante los primeros noventa dos proyectos alternativos al de la convertibilidad: uno sostenido por la fracción dominante constituida por los grupos económicos locales y algunos conglomerados extranjeros, y otra por el sector financiero e inversores extranjeros que habían adquirido empresas y paquetes accionarios durante los años previos. Los primeros promovían una devaluación y los segundos, un tránsito a una economía dolarizada. Ambas salidas significaban, en condiciones de hegemonía del bloque asentado en el poder, una radicalización de las condiciones de desigualdad y pobreza generadas por el régimen de la convertibilidad.
Sin embargo, los distintos intereses y características de las salidas propuestas alinearon a la ortodoxia fundamentalista del lado de los dolarizadores, mientras que los economistas que sostenían el otro grupo atinaban a presentarse como heterodoxos (en la época del “fin de la historia”).
Basualdo afirma que “los grupos económicos le plantean a la sociedad que ellos encarnaban a la burguesía nacional y que por ello soportaban la agresión de los capitales foráneos y de los organismos internacionales que pretendían marginarlos y controlar la producción nacional”. Buscaban así usufructuar en su favor la importancia que conservaba “en la identidad popular la alianza policlasista que sustentó al peronismo, reprocesándola en función de sus intereses” y “ocultando que sus condiciones estructurales poco tenían que ver con una burguesía nacional”. La gestión Machinea estuvo permeada por los intereses de esta fracción local del poder económico.
En un reciente reportaje en el diario La Nación (15/1/12) Gerchunoff, quien fuera su asesor, vuelve al ruedo y adjudica el despliegue económico de los últimos ocho años al bajo nivel de actividad desde el que partió, igualando sus causas a las de la recuperación del producto en la primera época del menemismo. Le agrega el argumento del “viento de cola” internacional, critica el intervencionismo estatal, cita a J. M. Fanelli teorizando acerca de la bendición que el bajo crecimiento demográfico supone para las cuentas públicas, critica la política económica del período de J. B. Gelbard, recomienda una cierta dosis de “desarrollismo”… para sumar a la épica kirchnerista… (sic) y alienta la adopción de un “plan de estabilización” asociado a la reducción de la tasa de crecimiento de la economía a niveles inferiores al 4 por ciento. Fiel al Manifiesto de 1998 habla de economía sin reparar en el fuerte despliegue de los cambios políticos concretados durante la gestión kirchnerista, aunque supone (insidiosamente) que Perón, de estar vivo, no apoyaría este proyecto sino que respaldaría al duhaldismo (participando del Movimiento Productivo Argentino, en tanto –imagina PG– terrateniente exitoso de los pagos de Lobos).
El enfoque teórico acerca de la política económica requerirá “sintonía fina” en las épocas que vienen. La ortodoxia de las finanzas quedó descolocada por el colapso de fines del siglo pasado y el notable de sempeño de la economía de esta última etapa. Sin embargo, los verdaderos heterodoxos, afirmados en una política de desarrollo sostenido integrada regionalmente y opuesta a los ajustes del centro, convencidos de la preeminencia de la política y promotores de una profundización del proyecto democrático, nacional y popular, deberemos lidiar con una “neoheterodoxia” renuente a la decidida intervención pública, despolitizadora de la macroeconomía y ligada a uno de los proyectos del poder económico que hegemonizó la política en la Argentina prekirchnerista (el “alfonsinista-duhaldista”, digamos).
Son muchos más que los aludidos, esto es obvio, quienes reducen la política económica a la “macro”, sobreestiman la importancia de los “equilibrios” (cada vez más ausentes en el “mundo realmente existente”), descreen de los objetivos redistributivos impulsados por la ciudadanía (relegándolos a una determinación productivo-mercantil), recelan del papel del Estado en la economía y asumen la concentración del poder económico como un dato (inabordable). La preeminencia de la política sobre la economía (y la fusión de ambas) será el parteaguas que nos permitirá construir un futuro digno de ser vivido.
* Economista, profesor UBA, director del Cefid-AR.