Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

13Sep/200

11 DE SEPTIEMBRE DE 1973

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La Argentina también tendrá que resistir a la embestida de la derecha empresarial y comunicacional

 

Es una fecha que parte aguas entre dos proyectos para América Latina. Lo que luego se pudo reconstruir como alternativa popular con los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Lula da Silva, Hugo Chávez, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Evo Morales, Rafael Correa lo fue después de un cuarto de siglo del primer golpe terrorista de Estado que inició un retroceso en toda la región. La época de los ’70 también tuvo sus gobiernos que emergieron como expresión y esperanza de una nueva oportunidad  para una América Latina popular y democrática. Allende, Cámpora, Perón, Velazco Alvarado, Torres significaron un hito en la lucha por una América Latina unida, autónoma y con espíritu de disputa frente al capitalismo monopólico.

Hoy que la derecha agita tanto el concepto de “grieta”, merece recordarse como se puso fin en la década del ’70 a los procesos populares que se habían abierto en el subcontinente. Ese final significó el inicio de una contrarrevolución mundial neoconservadora, que comenzó en el cono sur de nuestro continente con dictaduras que cometieron decenas de millares de fusilamientos y practicaron otras tantas detenciones-desapariciones, protegidas por el establecimiento de regímenes terroristas de Estado.

Los medios de comunicación hegemónicos, que no tenían el mismo despliegue tecnológico que en la actualidad, igual jugaron un papel decisivo en el apoyo a la destitución de la democracia, siendo cómplices de la restauración de la concentración del poder económico de los sectores tradicionales de oligarquías locales. Pero con la novedad adicional de haber abierto el paso a la valorización financiera y la financiarización del capitalismo, que volverían mucho más dependientes a los países de la región.

El diario El Mercurio de Chile titulaba el día posterior al establecimiento de la sangrienta dictadura, mientras se torturaba en estadios de fútbol, se fusilaba y se desaparecían militantes populares, “Junta Militar controla el país” “Hacia la recuperación nacional”. El texto que proseguía decía que  “Tanto la opinión pública nacional como extranjera habían llegado a la evidencia de que Chile entraba en un proceso fatal que [podía] llevarlo a la dictadura marxista o a la guerra civil…se abre ahora la perspectiva de la recuperación mediante un intenso y disciplinado esfuerzo que restablezca el hábito del trabajo, normalice las faenas…y reinicie el proceso de capitalización indispensable”…” Con innegable sacrificio y abnegación las Fuerzas Armadas han cumplido un rol de salvaguardia última de la institucionalidad”, y con la hipocresía del periodismo autodenominado serio e independiente afirmaba que “Chile ha vivido al margen de la Constitución”. No estaban equivocados los estudiantes de la izquierda católica que en los días previos al golpe de Pinochet salieron a la calle con carteles que proclamaban “EL MERCURIO MIENTE”.

Salvador Allende y la Unidad Popular llegaron al poder en el año 1970 con poco más del 30% de los votos y en dos años, con el desarrollo de un programa de raigambre popular alcanzaron en las elecciones parlamentarias niveles que superaron con creces el 40 %, afirmándose como primera minoría electoral y en creciente ascenso. Ese programa exponía que los participantes del poder concentrado tenían las siguientes características y conductas: “El grupo de empresarios que controla la economía, la prensa y otros medios de comunicación; el sistema político, y que amenaza al Estado cuando éste insinúa intervenir o se niega a favorecerlos, les cuesta muy caro a todos los chilenos. Para que ellos se dignen seguir “trabajando”, pues sólo ellos pueden darse el lujo de poder trabajar o no, es preciso:

  • darles toda clase de ayuda. Los grandes empresarios estrujan al Estado bajo la amenaza que no habrá inversión privada si las ayudas y garantías que piden no se les otorgan;
  • permitirles producir lo que ellos quieran con el dinero de todos los chilenos, en lugar de elaborar lo que necesita la gran mayoría del país;
  • dejarlos llevarse las ganancias que obtienen a sus cuentas bancarias en el extranjero;
  • dejarlos despedir obreros si éstos piden mejores salarios;
  • permitirles manipular la distribución de alimentos, acapararlos para provocar escasez y de esta manera subir los precios a fin de continuar enriqueciéndose a costa del pueblo.

En lo propositivo y desarrollo de gobierno, la Unidad Popular tenía como objetivos poner en manos estatales el Comercio Exterior, la gran minería, el sistema financiero y de seguros, las grandes empresas y monopolios de distribución, los grandes monopolios industriales estratégicos o que controlaran servicios estratégicos. Mantener y desarrollar en manos privadas todas las actividades y empresas no concentradas que se desempeñen en las diversas áreas de la economía. Favorecer el nacimiento y promoción de un área mixta de economía estatal-privada, que fomente la articulación entre ambos sectores. La profundización de una reforma agraria, que acabe con el latifundio, la tierra improductiva, priorice la producción cooperativa y garantice la titulización de la propiedad campesina. El método de organización productiva que se pregonaba era que “La política económica del Estado se llevará adelante a través del sistema nacional de planificación económica y de los mecanismos de control, orientación, crédito a la producción, asistencia técnica, política tributaria y de comercio exterior, como asimismo mediante la propia gestión del sector estatal de la economía”.

El golpe de estado en Chile fue precursor de la expansión del patrón político-económico neoliberal. Seguiría luego Argentina como otra experiencia piloto de la lógica que luego se expandió mundialmente como el capitalismo financierizado. Tanto la reprimarización económica, el agravamiento de la restricción externa, la concentración de la riqueza, el estancamiento, la profundización de las fluctuaciones del ciclo económico, el aumento de la desigualdad y la pobreza y el retraso y dependencia tecnológica caracterizaron veinticinco años de agudo retroceso de las economías de América Latina. Chile fue el ejemplo paradigmático de estos rasgos, en él se consolidó una institucionalidad estabilizada del cambio de paradigma. Privatización de la educación y la salud, reforma regresiva del régimen jubilatorio y cambio regresivo de la organización de los trabajadores y la sociedad, hoy Chile vive una de las peores situaciones por la pandemia, que fue precedida por una rebelión popular que duró meses y que resistió la permanente represión por parte de un orden institucional de carácter formal, herencia de las políticas de las décadas de dictadura. Fue Chile el país elogiado por Von Hayek y Milton Friedman. Estos neoliberales como sus discípulos prefieren el liberalismo a la democracia y el autoritarismo de mercado a la participación popular y la planificación económica.

Símil de El Mercurio, en la Argentina el diario La Nación titulaba el día posterior al golpe de Pinochet: “Triunfó la Revolución en Chile y ha muerto Salvador Allende” “Una junta militar se hizo cargo del gobierno para ¨restituir el orden institucional y restablecer la economía nacional¨”. Los liberales, en su forma neo, radicalizaban la intolerancia por la democracia de la voluntad general y coincidían en la concepción que El Mercurio hacía explícita: que la última salvaguarda de la institucionalidad sería la fuerza militar al servicio de la minoría del poder concentrado.

 

 

Cuarenta años después

Cuarenta años después, con un papel mucho más organizado, concentrado y tecnológicamente revolucionado, ante las nuevas experiencias de autonomía nacional y justicia social de América Latina, fueron esos medios escritos más sus multiempresas de radio, televisión, cable y redes sociales, las que jugaron un papel determinante en las políticas de lawfare y golpes institucionales para destituir proyectos nacionales, populares y democráticos. En otros casos, contribuyeron al despliegue de políticas de golpe de Estado clásico o crean climas para la intervención imperial directa. Esa concentración del poder mediático no se crea  por sí misma sino como resultado de la oligopolización creciente de la economía, producto de la mercantilización completa establecida por el neoliberalismo con su privatización y predominio de las finanzas en el carácter del capitalismo mundial que sometió a las economías de América Latina a un endeudamiento creciente que trabó su desarrollo. Los modelos de liberalización de los mercados financieros, la penetración de la banca extranjera, el debilitamiento de los sistemas tributarios por la facilitación de las conexiones del gran empresariado con las guaridas fiscales, la titulización de la deuda pública, el sometimiento de ésta a jurisdicción extranjera, los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión, los regímenes de flexiblización laboral, constituyeron el programa inverso a la perspectiva del proyecto de la Unidad Popular chilena o el de la CGT de los argentinos. Estructuralmente fueron acompañados por la reprimarización económica, la articulación en los eslabones menos avanzados tecnológicamente de la producción internacionalizada y el sometimiento a la copia de institucionalidades de los centros financieros como las regulaciones de Basilea o los acuerdos de la OMC.

El proyecto nacional y popular ha recuperado el poder en la Argentina. El grado de agresión de la derecha para imposibilitarle llevar a cabo un programa de cambios que desconcentre la riqueza y construya en base al valor de la igualdad, en el marco de un proyecto humanista, resulta de gravedad. El papel de los medios de comunicación concentrados en la construcción de una barrera para que el poder democrático pueda llevar adelante sus políticas es una cuestión crítica a abordar. Las organizaciones del empresariado concentrado rechazan cualquier opción que no sea el neoliberalismo como política de Estado. Su vocación de vaciar la democracia está radicalizada, mientras el eje con que motorizan la valorización de su capital es la conducta de parasitar en la financiarización.

En un comunicado con el título de torcido interés “Instituciones para el Desarrollo “, exponen un conjunto de principios de ideología de bolsillo que sólo tiende a afirmar las líneas regresivas con las que el neoliberalismo enfermó a Argentina. A manera de recetario – que evoca la caracterización del empresariado chileno que hace casi medio siglo hacía la UP- , sin ninguna riqueza cultural  afirman que “El camino más eficaz para generar empleos, ingresos y reducir la pobreza es la movilización plena de las energías del sector privado, es decir, permitir y estimular tanto a individuos como a pequeñas, medianas y grandes empresas a emprender, a desarrollar nuevos proyectos, a invertir, a innovar y a conquistar mercados externos”. El planteo de exclusión del Estado del actuar económico y de su acción empresariaAñadirl sería la postergación definitiva del país. Más de un cuarto de siglo los firmantes han tenido la iniciativa para aplicar las políticas que reclaman nuevamente. En esos tiempos sólo especulaban en la lógica Endeudar y Fugar, como se titula el texto coordinado por Eduardo Basualdo. Frente a este planteo avieso corresponde la reivindicación de la acción económica estatal, no tímida, sino decidida en su papel de definidor de la política económica, rol empresarial y planificador para el desarrollo.

Más adelante sostienen que ”Para llevar a cabo  eficazmente la tarea de volver a poner en marcha el aparato productivo del país, así como para alentar nuevas inversiones es fundamental evitar los controles de precios, así como el congelamiento de tarifas que tensionan la ecuación económica de las empresas. Debe además garantizarse el derecho de propiedad y evitarse la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina a empresas y personas”

Los señores Magnetto, Rocca, Pagani, Coto y Ratazzi, vuelven a olvidarse de los derechos humanos, como lo hizo la precursora de la AEA que ellos constituyen –la CEA— cuando apoyó los golpes terroristas de estado para aplicar las políticas de Von Hayek, Friedman, McKinnon y Shaw. Esas políticas que recomiendan las aplicaron Cavallo, Martínez de Hoz, Prat Gay y Dujovne y lo que menos consiguieron fueron inversiones. Por otro lado, las inversiones no pueden ser cualesquiera, porque pueden llevar al retroceso. Para que conduzcan al progreso, las debe definir un plan y no el puro mercado. Pero más grave aún, ¡cómo no se van a congelar las tarifas de servicios que atienden a derechos humanos, cuando los ingresos no mejoran debido a la caída del nivel de actividad causado por la pandemia! Los servicios deben ser con tarifas reguladas y a niveles que garanticen el acceso de todos en condiciones de igualdad. Por eso no es anacrónico pensar en un proyecto en que esas actividades vuelvan a ser prestadas directamente por el Estado.

¡Por qué no se van a controlar precios! ¿Qué quieren esos señores que tienen una distancia intelectual enorme con dirigentes gremiales como Yasky, Palazzo o Amichetti? No argumentan nada, repiten consignas sin más. Señores de la AEA, hay que controlar los precios si se quiere domar la inflación y redistribuir el ingreso. Porque eso es necesario y recomendable en una economía con concentración de la oferta de productos esenciales y con puja distributiva provocada por un empresariado que se niega a ceder su posición en la regresiva distribución del ingreso que dejó el macrismo.

¿De qué hablan cuando se refieren a impuestos confiscatorios?

– De la avaricia de multimillonarios insensibles frente a una peste que se despliega en todo el territorio nacional.

-¿Cuál es la pretensión?

-Que los gastos para afrontar la emergencia se financien con una nueva concentración del ingreso.

-¿A qué se refieren cuando plantean garantizar el derecho de propiedad?

-A hacer con los medios de producción lo que les da la gana, cuando el resultado de su uso es de interés social y nacional. Estos señores no quieren un jefe de Estado democrático, necesitan un capataz al mando de una republiqueta.

En defensa de la cultura nacional deben ser enfrentados con un duro debate por una enérgica y nueva intelectualidad argentina. La impunidad de la mediocridad intelectual del empresariado concentrado es un peligro para el futuro nacional. Máxime cuando financian a predicadores  a repetición que pululan por medios de comunicación.

Dijo Allende: “Tengo la certeza que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente”. A 47 años del 11 de setiembre de 1973 el programa democrático de Salvador Allende sigue vigente. El de los que lo derrocaron hundió a ese país en la desigualdad, profundizó su dependencia y dañó seriamente su cultura política. Este último proyecto está hoy en crisis y los dirigentes del continuismo pos dictatorial son repudiados por el pueblo que sufre las agudas consecuencias del programa de reformas del capitalismo de la rapiña financiera. La Argentina también tendrá que resistir a la embestida de la derecha empresaria y comunicacional

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16Ago/200

LA ESCALADA

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La guerra entre Estados Unidos y China no es inevitable, pero el futuro no está escrito

Estados Unidos está tensando al máximo la relación con China. Desde inicios de 2018 viene escalando las disputas comerciales que llegaron a un principio de acuerdo en enero último (Fase 1) con fuertes condicionamientos para China. Siguió la acusación a China por supuestamente haber esparcido el coronavirus. Luego de la ley de seguridad china en Hong Kong (julio), Estados Unidos eliminó el trato preferencial hacia el ex dominio británico. Ahora suma la presión en Taiwán, incitando a la declaración de independencia de la isla, moviendo fuerzas navales hacia la zona: «Bombarderos furtivos estadounidenses con capacidad nuclear fueron desplegados en la base aérea del Océano Índico, tres bombarderos B-2A Spirit enviados a Diego García en el Territorio Británico del Océano Índico por primera vez desde 2016” (South China Morning Post, 11.8.20). Los chinos han respondido con maniobras militares en la zona del estrecho de Taiwán, y también en sus zonas sur y norte, con fuego real. El oficialista Global Times editorializó: “El pueblo chino tiene el coraje suficiente para salvaguardar su soberanía nacional participando en el enfrentamiento militar con Estados Unidos a través del Estrecho, cuando todas las demás opciones fallan. Y estamos seguros de que ganaremos”. (GT 13.8.20). La única orden es no disparar el primer tiro.

 

 

Hong Kong y Taiwán, dos espinas

La última dinastía china había cedido la isla de Hong Kong a perpetuidad a Gran Bretaña por el Tratado de Nanjing de 1842, luego de la Primera Guerra del Opio. La Segunda Guerra del Opio concluye con la cesión de la Península de Kowloon, adyacente a la isla. En 1898 Gran Bretaña obtuvo —esta vez por 99 años de arriendo— los llamados “Nuevos Territorios” adyacentes a la Península, con vencimiento en julio de 1997. En septiembre de 1982 Margaret Thatcher se reunió con Deng Tsiao Ping para renovar el alquiler, pero Deng reclamó la devolución de lo arrendado y también de lo cedido. Si no firmaban la devolución ordenada, los chinos podían marchar y tomar Hong Kong esa misma tarde si así lo deseasen: “Es nuestra determinación retomar la soberanía no sólo sobre los Nuevos Territorios sino sobre Hong Kong y Kowloon, que nos fueron arrebatados en actos de piratería. Y no olvide la señora Primera Ministra que detrás de mi determinación esta la firme voluntad de 1.100 millones de chinos”, es la versión popular de cómo terminó la disputa. La recuperación revertía una de las grandes humillaciones del siglo XIX. El 10 de julio de 1997 se arriaba el pabellón británico y se inició un período de 50 años bajo el lema “un país, dos sistemas”.

El presente conflicto comenzó a mediados de 2019 por la torpeza de las autoridades de Hong Kong de propiciar la extradición de sus ciudadanos al territorio continental de China para ser juzgados por delitos realizados fuera de esa ciudad. Las manifestaciones fueron creciendo y añadiendo demandas de autonomía, lo que no ha cesado a pesar del retiro definitivo de la legislación de extradición. El Congreso de Estados Unidos aprobó –también días antes de las elecciones de consejeros de distrito— la Hong Kong Human Rights and Democracy Actque venía preparando desde la presidencia de Obama, añadiendo leña al fuego. Los opositores a Pekín ganaron las elecciones (60% a 40%). En julio pasado Pekín hizo aprobar una ley de seguridad en Hong Kong para controlar las manifestaciones que no habían cesado ni con el incremento de casos de coronavirus. Estados Unidos ha reaccionado eliminando el status especial de Hong Kong. Ahora le caben todas las restricciones que ha impuesto sobre China en la disputa comercial no concluida.

Taiwán era parte del territorio de China hasta que Mao tomó el poder en 1949. En esa isla se refugió el gobierno del Kuomintang presidido por el general Chiang Kai Shek, bajo protección americana. En las Naciones Unidas la representación de China era ejercida por el gobierno de Taiwán, hasta que los acuerdos antisoviéticos entre Mao y Nixon de 1972 dieron luz al Comunicado de Shanghai, por el cual “Estados Unidos reconoce que todos los chinos a ambos lados del Estrecho de Taiwán sostienen que solo hay una China y que Taiwán es parte de China. El gobierno de los Estados Unidos no cuestiona esa posición. Reafirma su interés en un arreglo pacífico de la cuestión de Taiwán por parte de los propios chinos”.

China pasó a ocupar el puesto de Taiwán en las Naciones Unidas, y las relaciones diplomáticas con Estados Unidos se normalizaron en 1979. Taiwán entró en un limbo, es un territorio chino controlado por otro poder político, casi sin reconocimiento diplomático. La recuperación de la soberanía china es un objetivo nacional, pero sin plazo.

La luna de miel con Estados Unidos comenzó a agriarse a posteriori de la crisis económica de 2008, de la cual China salió fortalecida. Ya había pasado a ser el principal exportador mundial y había ascendido a segunda potencia económica. Los mutuos beneficios para China y Estados Unidos habían llegado a un punto en que los norteamericanos comenzaron a temer por el ascenso oriental. China no acepta una posición subordinada como sí debieron hacerlo Alemania y Japón. Desde el ascenso de Xi Jinping a fines de 2012 la situación se ha ido deteriorando, y más aun desde el arribo de Trump a la Casa Blanca.

 

 

El poder militar chino

No es la magnitud superior del Producto Bruto lo único que marca la importancia de una potencia. Gran Bretaña no era una economía más grande que la de varios países europeos o que la economía china a inicios del siglo XIX, pero su armada era mucho más avanzada. Quien detenta los mayores avances científicos y tecnológicos aplicados a la capacidad bélica es quien termina por prevalecer e imponer sus objetivos al resto de las potencias.

En el campo militar ofensivo la ventaja de los Estados Unidos es indisputable, tanto por la presencia que ha establecido en el mundo con más de 600 bases militares de distintas dimensiones y envergadura, como por las ventajas tecnológicas, en especial el dominio del espacio y las comunicaciones, además de la magnitud de sus fuerzas convencionales de aire, mar y tierra y los arsenales nucleares.

En julio de 2019 China publicó su Libro Blanco sobre Defensa. El objetivo fundamental de su política militar es salvaguardar los intereses de soberanía, seguridad y desarrollo, que se resumen en:

  • a) Disuadir y resistir la agresión;
  • b) Salvaguardar la seguridad política nacional, la seguridad del pueblo y la estabilidad social;
  • c) Oponerse y contener la “independencia de Taiwán”;
  • d) Tomar medidas enérgicas contra los defensores de los movimientos separatistas como la “independencia del Tíbet” y la creación del “Turquestán Oriental” (Xinjiang);
  • e) Salvaguardar la soberanía nacional, la unidad, la integridad territorial y la seguridad;
  • f) Salvaguardar los derechos e intereses marítimos, en el espacio ultraterrestre, el espacio electromagnético y el ciberespacio.

Los peores puntos de conflicto son las disputas de soberanía en el Mar del Sur de China —donde está construyendo infraestructura y desplegando capacidades defensivas en las islas y arrecifes– y la recuperación de la soberanía en la provincia de Taiwán. No menos importantes son evitar el desmembramiento de territorios con minorías étnicas, como son el Tíbet o Xinjiang. En el Libro Blanco no menciona a Hong Kong porque al momento de su redacción no era el tema crítico que es ahora.

El objetivo estratégico chino es evitar una confrontación directa con Estados Unidos y transformar completamente sus ejércitos en fuerzas de clase mundial para mediados del siglo XXI. No pretenden disputar su capacidad ofensiva, sino tener la capacidad defensiva que impida que cualquier contrincante la ataque con éxito en sus puntos neurálgicos, o pueda provocar desorden político o el desmembramiento nacional.

Según la organización norteamericana IISS en The Military Balance 2020el gasto mundial en defensa en 2019, aumentó un 4,0% en términos reales respecto a 2018 (1,74 billones de dólares constantes de 2015), el mayor aumento en diez años. Lidera el gasto Estados Unidos (684.000 millones), seguido por China (181.000 millones). Ambos aumentaron un 6,6%. Los siguen más alejados Arabia Saudita y Rusia.

China está entrando en una nueva fase de desarrollo militar con capacidad de llevar a cabo misiones de larga distancia. Los navíos de alta capacidad son el foco de la construcción naval, mencionando el lanzamiento simultáneo de dos cruceros Tipo-055 en junio de 2018. Cuando se sumen los lanzados antes y los que están en construcción serán plataformas formidables. Si bien Estados Unidos conserva el mayor número de navíos avanzados contra la guerra aérea, China aumenta constantemente la cantidad de este tipo de buques, mencionando 13 destructores Tipo-052C y Tipo-052D. También menciona los avances en aviación, con el caza pesado Chengdu J-20 y el misil aire-aire guiado por radar activo de rango extendido PL-15, capacidades para competir eficazmente en el dominio aéreo regional. El vehículo de deslizamiento hipersónico DF-17 (rango intermedio) se exhibió en el desfile del 70° aniversario de la Revolución, en noviembre de 2019.

El Libro Blanco por su parte menciona, además de los indicados por IISS, la supercomputadora Tianhe-2, misiles balísticos de rango intermedio y largo DF-26, y los tanques Tipo 15, orgullos del desarrollo autónomo chino. Los DF-26, al igual que los anteriores DF-21D, son conocidos como los carrier killers (mata portaaviones) dado que pueden amenazar a los más poderosos buques de la flota americana mucho antes de que estén cerca de China.

China es una de las potencias nucleares, con 250 ojivas, muy por detrás de las 5.000 que poseen tanto Estados Unidos como Rusia. Ha incorporado hace pocos años el primer portaaviones, Liaoning, de origen soviético, y en diciembre de 2019 incorporó el segundo, Shandong, de diseño y construcción chinos, que puede transportar 36 aviones caza (el Liaoning 24). Los 60 aviones desplegados entre el Mar del Sur y el Mar del Este de China son sin dudas una fuerza disuasiva a tener en cuenta en la actual escalada. Estados Unidos cuenta con 11 portaaviones clase Nimitz y Ford (propulsión nuclear y desplazamiento 100.000 toneladas) mientras el Shandong desplaza entre 40.000 y 60.000 toneladas, con propulsión convencional. En construcción se encuentra un tercer portaaviones (desplazamiento 80.000 toneladas, catapultas de lanzamiento electromagnéticas) y en carpeta la construcción de otros tres, de mayor tonelaje de desplazamiento y propulsión nuclear.

La tecnología militar cubre muchas áreas de conocimiento científico y tecnológico. Desde la balística intercontinental, la óptica avanzada, los nuevos materiales, y por supuesto los avances en computación y comunicación, con sus infinitos subcapítulos, de los cuales el desarrollo de microprocesadores (microchips) avanzados son su corazón. La capacidad de guiar armas (misiles, aviones no tripulados, etc.) mediante tecnología segura implica el desarrollo y avance permanente de una generación especial de microprocesadores, a los cuales se oponen otros capaces de desviarlos de sus objetivos, confundirlos o volverlos contra sus bases.

China lanzó el primer satélite en el mundo con comunicación dirigido por una supercomputadora quántica, que reemplaza las ondas radiales por la transmisión de fotones (partículas de luz) a través de cristales. Esta tecnología ha creado super seguras redes de comunicación, una tecnología que Estados Unidos no domina aun, y que hace a China inmune (por ahora) al ciberataque de un adversario en este campo. Esto es un factor decisivo ya que la interferencia sobre las de ondas radiales puede bloquear un ataque, algo que no ocurre en la transmisión de fotones.

El crecimiento del presupuesto militar chino ha sido inferior al crecimiento de su economía, pasando del 5,43 % de su PBI en 1979, al 1,04 % en 1995 y el 1,26 % en 2017. También se ha reducido fuertemente el gasto militar sobre el presupuesto de gastos del Estado, pasando del 17,37 % en 1979 al 5,14 % en 2017.

En esta etapa de su desarrollo, China busca hacerse fuerte en defensa de su zona de influencia. En 2015 escaló su reclamo de soberanía y control exclusivo en el Mar del Sur de China, expandiendo la base marítima de Longpo (submarinos nucleares) en la isla de Hainan, y la acelerada construcción de siete islas artificiales donde ya se están emplazando bases y aeropuertos militares. Por los estrechos del Mar del Sur de China pasan navíos comerciales llevando el 30 % del comercio mundial, y China está determinada a impedir que ese movimiento quede bajo el control de la flota norteamericana.

 

 

Los peligros de una guerra

China ha fortalecido su capacidad defensiva como para resistir ataques a su territorio y el área cercana (Taiwán, Mar del Sur). Tomar el cercano Taiwán es mucho más accesible que avanzar sobre las bases americanas del Pacífico.

Una parte muy importante de la ofensiva de Donald Trump está determinada por su obsesión de ganar las elecciones de noviembre. Juega la carta nacionalista que le dio éxito hace cuatro años, ya que en otras áreas está en franco retroceso (reacción ante la pandemia, caída de la actividad económica, disputas raciales). No es solamente para Trump ganar o no una elección, aunque ello pese, y mucho. Es lo que el historiador norteamericano Graham Allison llama “la Trampa de Tucídides”. En las palabras del general ateniense Tucídides “fue el ascenso de Atenas (China) y el miedo que esto instiló en Esparta (Estados Unidos) lo que hizo la guerra inevitable”. Allison no dice que la guerra entre Estados Unidos y China sea inevitable, por todo lo que está en juego para ambos y para el resto del mundo, pero el futuro no está escrito.

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12Jul/200

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CRÍTICA DE LA CIENCIA ECONÓMICA

La polarización social y sus males asociados no resultaron de la pandemia sino del neoliberalismo

 

La amputación

En la Argentina se ha abierto un debate de Economía Política. Fue el nombre de una carrera universitaria de la UBA que la intervención de la dictadura autodenominada de la “Revolución Argentina” cercenó y reemplazó por el de “Economía”, cambiando sus contenidos. El régimen ilegal instaló a un grupo de profesores formados en universidades norteamericanas, quienes cumplieron el cometido de ese reemplazo, algunos de contacto frecuente con académicos ligados a Fraga Iribarne, un franquista que luego fue fundador de la Alianza Popular, posteriormente transformada  en el Partido Popular, integrado hoy a la Fundación Libertad que comanda Mario Vargas Llosa.

La pandemia exhibe de manera impúdica la polarización social, la pobreza, la vulnerabilidad de los sectores populares y el deterioro de los servicios de salud provocados por las políticas ortodoxas recomendadas por los exponentes de la “Ciencia Económica”, que expulsaron los enfoques de la economía política de las aulas y hegemonizaron por décadas la confección de programas con sus modelos de arbitrarias formulaciones axiomáticas, rebatidas insistentemente por la realidad.

El cambio de nombre no ha pretendido ocultar la pretensión de separar la economía de la política, sino que más bien pregona esa escisión. El núcleo de ideas que ha sostenido el andamiaje teórico de esa “Ciencia Económica” es la postulación de que la distribución del ingreso constituye un resultado endógeno de las condiciones de producción (una consecuencia cuasi-tecnológica) y no una cuestión exógena (externa) que resulta de la puja distributiva que atraviesa a las sociedades capitalistas como resultado no sólo de las condiciones de producción, sino de los paradigmas culturales, del entramado de organizaciones sociales, sindicales y políticas y de las ideas e imágenes-objetivo sobre el futuro nacional y de la humanidad toda, que dan sentido fundamental a la vida cotidiana de los pueblos.

Desde la “Ciencia Económica”, cuyos batalladores incansables repiquetean sus dogmas y lugares comunes por los medios de comunicación hegemónicos, se insiste en alertar respecto de la intensidad de la caída de la producción por la pandemia y de las políticas necesarias para lograr una rápida recuperación posterior. La ruta única para estos economistas pretendidamente objetivos, que no disimulan su mirada despectiva respecto de la política, a la que le asignan un papel negativo y de restricción para el bienestar económico, se trata de atraer inversiones. Para lograrlo se invoca la necesidad de generar un buen ambiente de negocios. La organización de los trabajadores y la movilización popular constituyen, para ellos, un problema porque traerían como consecuencia presiones salariales y aumento del gasto público, poniendo palos en la rueda para el fluir de la corriente inversora con la que sueñan. La falacia comienza por el principio, cuando ubican la urgencia en la recuperación de la caída del producto soportada por la invasión de la peste.

El enfoque desde la “Economía Política” sitúa en primer lugar a la distribución del ingreso, en vez de omitirla. La mirada crítica observa que la polarización social y sus males asociados no resultaron de la pandemia sino del neoliberalismo, corriente política sustentada en la alienación de política y economía. La crisis civilizatoria, que muchos cientistas ven que la pandemia ha precipitado, requiere la reversión de la falsedad del orden impuesto por los practicantes del dogma hegemónico de las últimas décadas. Primero hay que discutir la distribución del ingreso y la riqueza. Primero la justicia social. Primero la soberanía de la política. Esas son las bases sobre la que será posible construir entre todos un proyecto de desarrollo nacional. De no ser así, se subsidiará una recuperación basada en desigualdades más descarnadas que las que precedieron a la pandemia. Si no fuera de esa manera, la reactivación se habrá de sostener en la producción de los bienes que consumen los sectores de altos y medios ingresos, y la recuperación de la actividad insumirá un esfuerzo desmedido de divisas y la pobreza y la desigualdad seguirán su curso creciente.

No resulta para nada auspicioso que hoy haya un alto nivel de resistencia al impuesto a las grandes fortunas por parte del establishment, las asociaciones representativas del gran empresariado y el aparato comunicacional ligado a ellos. La oposición a un impuesto por única vez para financiar una parte de la política anticrisis revela hasta qué punto se promueve el continuismo de una sociedad insolidaria. Su intencional lectura respecto a una reforma tributaria que el Presidente lanzó con la fundamentación de introducir progresividad en el sistema, como si se tratara de cambios simplificadores de carácter administrativo, también merece similar calificación.

La teoría de la “Ciencia Económica” brinda un soporte sustancial al pregón de estos sectores y sus voceros. Su construcción basada en la separación de la política y la economía se asienta en remitir  la economía al ámbito de la sociedad civil. Hoy dicen sin tapujos que es “al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar las empresas en la Argentina” (AEA). O sea que el Estado no podría tener empresas. Es parte de la exclusión del Estado de la economía que ellos impulsan. Habría que agregar sus frecuentes advertencias con relación a la “sustentabilidad fiscal” o a mantener el gasto público bajo control. Y la reciente manifestación de “preocupación” por la intervención y proyecto de expropiación de Vicentin, holding empresario cuya mala conducta e ilegítimo y doloso desempeño ha causado ingentes daños sociales y grandes pérdidas al sistema financiero público. También esos sectores lanzan advertencias respecto a la inconveniencia de la presencia del Estado en el comercio exterior. Esta sustracción de atribuciones para la participación pública en la economía, que no se basa en sustento legal alguno, tributa a la apologética que edificaron con mucho despliegue académico y escasa validez científica Jevons, Menger, Böhm Bawerk, Walras, Pareto, Marshall, Friedman y Von Hayek.

 

 

Soberanía política, independencia económica y justicia social

¿Y la democracia? ¿Qué define la ciudadanía? ¿Qué debate el pueblo? Por de pronto, no la economía, reza la “Ciencia Económica”. Las decisiones sobre aquella corresponderían a los dueños de las grandes empresas por la cuáles hablan entre otros, Jaime Campos y Daniel Pelegrina. Una sociedad democrática es la que ensancha el espacio de participación popular. En esto radica la fuente y el respeto por los principios de la soberanía política. En cambio una sociedad presa del liberalismo económico no democratiza, sino que vacía la política y excluye al pueblo del manejo de la cuestión económica. Esta se resuelve en las relaciones de propiedad y queda marginada de la atribución ciudadana, y no de cualquier propiedad en abstracto, sino de la propiedad de los grandes conglomerados empresarios extranjeros y de la oligarquía diversificada local.

Para salir de la pandemia con una recuperación que signifique la instalación de un humanismo crítico, de una sociedad solidaria, resulta imprescindible que el inicio sea proponerse reducir la polarización social, frenar la concentración de la riqueza, mejorar la distribución de la riqueza. Primero, redistribuir el ingreso, para luego crecer sobre la base de esa distribución. Garantizar empleo y trabajo para todos. A cada distribución del ingreso corresponde una estructura de la demanda. Cada estructura satisface distintas conformaciones de la canasta de consumos. Por ejemplo, el despliegue de un vasto y extenso plan de construcción de viviendas –como propone el CESO—, tiene por detrás un determinado perfil distributivo, igualmente el crecimiento de la agricultura familiar. Acudir a resolver masivos problemas de prevención y atención sanitaria es parte de un determinado estilo de shock distributivo. A partir de esos presupuestos habría un patrón, y por qué no –pese al rechazo que la convención ortodoxa tiene por el mismo—, un plan de crecimiento. Para evaluar la justicia de las políticas que se adopten, no alcanzará con medir el crecimiento del producto y la tasa de inversión. Ni será suficiente con establecer la proporción de la población en situación de pobreza. Será necesario completar esos indicadores con la preocupación por el índice de Gini, con la relación entre los ingresos y la riqueza del decil más rico respecto del más pobre del pueblo, con el conocimiento de la tasa de mortalidad infantil y de la esperanza de vida. Más otras mediciones que nos informen sobre progresividad fiscal, adecuada nutrición, acceso a la educación, a la cultura, a la salud, al esparcimiento adecuado, a la vivienda. Las medidas de justicia social y desarrollo requieren ser extendidas a los ámbitos regionales, en función de la integración nacional y auténtico desarrollo del federalismo.

La reivindicación democrática de justicia social, de promoción de la igualdad, de construcción de las condiciones concretas para el ejercicio de la libertad, requieren de la intensidad de la decisión popular en la economía y en la producción. Con un Estado presente que controle, dirija y administre la economía. Que incluya su propiedad de empresas en sectores estratégicos, como inteligente y correctamente lo disponía la Constitución Nacional de 1949 derogada por la ilegal dictadura autodenominada “Revolución Libertadora”. Es impensable el desarrollo de la Nación sin bancos públicos nacionales, provinciales y municipales con una fuerte presencia. Ese desarrollo tampoco sería posible sin la intervención y participación del Estado en el comercio exterior y sin los cambios estructurales que favorezcan el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y de los actores de la economía popular. Empezar por otorgar “estímulos” a la inversión market friendly conduciría a la catástrofe, hay mucha historia para fundar esta afirmación.

Pero siendo lo primero, no sólo la estructura distributiva debe preceder a la sola y parcial preocupación por la recuperación y crecimiento del PBI. El diseño del Patrón productivo debe resultar de la voluntad general  y no de las señales mercantiles dominadas por el capital concentrado. La necesidad de una diversificación productiva es una de las condiciones básicas, y también apunta al logro de otro fin democrático irrenunciable: la independencia económica. La especialización y dependencia exportadora y productiva de la Argentina debe ser modificada. La historia del régimen de sociedad de mercado –un proyecto que gobernó la mayoría de los años de las últimas décadas— acentuó esas características, sin lograr crecimiento alguno. No será la lógica del librecambio, sino la de un Estado democrático —intenso en participación popular— como actor decisivo, la que construya una transformación que conduzca a un crecimiento que se articule con la meta de la igualdad.

En El largo camino a la crisis. Centro, periferia y transformaciones de la economía mundial (ed. Cara y Ceca y CCC F.Gorini, 2011), un análisis sobre la situación de América Latina efectuado cuando en un nutrido grupo de países ejercían el poder gobiernos populares que luego sufrieron la embestida del golpismo institucional y el lawfare, Enrique Arceo subraya la importancia del despliegue de un proceso de industrialización por parte de esas experiencias, concluyendo que “la orientación primaria privilegia la relación con los centros consumidores y debilita la articulación entre las economías de la región”. Este señalamiento resulta clave para promover la Unidad Latinoamericana y, en función de la cual, la imprescindible reestructuración económica debe tener una definida dirección del Estado, no sólo con estímulos sino con leyes e instituciones. Arceo continúa diciendo que la profundización de la “industrialización permitiría incrementar la división regional del trabajo y desarrollar complementariedades en un marco que probablemente tendrá con el Este de Asia coincidencias en cuanto al papel central del sector público, pero que presentará profundas diferencias en lo político y social en virtud de que la presencia y participación activa de los sectores populares constituye, en la región, una condición indispensable para el quiebre de la resistencia del bloque de clase actualmente dominante”.

En estos rumbos habrá, también, que superar las herencias de los dogmas económicos introducidos a la fuerza en los claustros de nuestras universidades por profesores educados por el mainstream, dogmas que hoy son repetidos a conveniencia por dirigentes empresariales, economistas mediáticos y comunicadores con lecturas rápidas.

 

4Nov/190

Un fuerte retroceso del neoliberalismo

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Aleja ndro Rofman

Las recientes situaciones en la Argentina marcan lo que ya parece imparable. Un importante avance de los pueblos de América Latina – que se expresaron simultáneamente del mismo enfático modo – en diversos países. Haremos especial mención al caso argentino por lo que nos toca acompañando con estas líneas el regocijo generalizado en los sectores populares por el regreso del proyecto nacional y democrático al poder político.

La revuelta masiva inicial en Ecuador, con las marchas callejeras multitudinarias y los paros generales obligaron al gobierno de ese país a dejar sin efecto medidas de ajuste regresivas impuestas por el FMI. En Chile, la reacción fue mucho más importante en volumen de ciudadanxs incorporadxs a la repulsa pública de un sistema económico con fuertes desigualdades sociales y elevado castigo al ingreso de los que menos tienen. En Chile aún persisten las masivas protestas, pese a los cambios ofrecidos por el gobierno. La marcha del millón de chilenos solo en Santiago de los días anteriores es reveladora de la importancia que para la mayoría de la sociedad implicó decirle basta al neoliberalismo en ese país. En Bolivia, la ratificación de Evo Morales a la presidencia también constituyó un signo revelador de la conciencia colectiva del pueblo boliviano frente al intento de la derecha de recuperar el poder. Simultáneamente han seguido desarrollándose en Haití y en Colombia manifestaciones concretas, ya sea en la calle en el primer caso y en las urnas en el segundo, el repudio a las políticas regresivas de corte neoliberal. Y en Bogota se eligio alcaldesa a una militante social y feminista

En nuestro país, la experiencia neoliberal que se reinstaló en el 2015 y produjo una fenomenal caída de ingresos, empleo y beneficios sociales a la mayoría del pueblo fue ampliamente derrotada en las elecciones del 27 de Octubre. La fórmula presidencial del Frente de todos, que va a resultar favorecida por una mayoría en torno al 50% cuando el escrutinio definitivo termine, manifestó así claramente la aspiración colectiva de un retorno muy esperado a una política de desarrollo integral, con inclusión social y avances significativos en la calidad de vida de la población, en sus dimensiones económicas, políticas, sociales y culturales.

Este renacer de un horizonte preñado de fundadas esperanzas de que otra vez se va a gobernar para las mayorías del país es una evidencia concreta que otra Argentina es posible. La constitución de un frente político y social muy amplio, respaldado por organizaciones sociales de activa militancia y fundado en un objetivo central y excluyente: Derrotar al neoliberalismo y recuperar la alegría de una sociedad más justa y equitativa, es el principal resultado del urnazo. La naturaleza y densidad del voto popular quedó plasmado en las 18 provincias del sur y el norte del país que marcaron diferencias notorias en la voluntad popular acordes con el nivel de ingreso y de necesidades insatisfechas de sus pobladores. Así se derrotó al frente gobernante incluso en dos provincias donde sus gobiernos locales pertenecen a esa posición política. La franja del centro del país especialmente la ciudad de Buenos Aires y Córdoba reflejó la presencia dominante en ambas jurisdicciones del segmento poblacional favorecido por la política conservadora del Macrismo y atrapado por un mensaje cultural de odio profundamente regresivo, con amplio eco en los medios de comunicación afines. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, es preciso hacer algunas puntualizaciones valiosas. El porcentaje del electorado que apoyó la fórmula del Frente de todos fue similar en primera vuelta al resonante triunfo de Cristina en el 2011. Pero aquella victoria en esta ciudad se dio porque la oposición fue fragmentada,En el caso del 27 de Octubre, con el mismo porcentaje el frente que aglutinó a los sectores progresistas del distrito tuvo, en la vereda opuesta, una fuerte concentración de apoyo a los candidatos del oficialismo Macrista que así lograron imponerse a nivel global. Dentro de la ciudad, todo el sur que se recuesta en el Riachuelo (Boca, Barracas, Lugano, etc.) le dio la victoria por más del 50% al Frente de todos. Y hubo barrios dentro del resto de la ciudad, donde también la fórmula presidencial Fernandez-Fernandez se impuso, como en los casos de la Chacarita y la Paternal. Ello revela que la composición social de la ciudad tuvo su correlato en el comportamiento electoral. En Córdoba, el distrito donde la formula gobernante fue ampliamente favorecida, el impacto de la presencia de “La patria sojera “ y su capacidad de arrastre, y la defección de los sectores del Peronismo afines al gobernador dieron cuenta del resultado final. En Santa fé y Entre Ríos, la paridad del escrutinio provisorio deberá ser revalidada en el definitivo, que no se conoce aún al momento de cerrar este texto.

Esta verdadera epopeya del pueblo argentino que en su mayoría sufrió un grave deterioro en su bienestar, es la respuesta que la mayoría aspiramos se convierta en permanente: Nunca más al neoliberalismo degradante, saqueador, basado en la especulación financiera y en la pobreza e indigencia en franco asenso. De aquí en más, el esfuerzo será reconstruir el tan dañado tejido productivo y social, tarea a la que todos deberemos prestar un fuerte apoyo. tes eleccion

 

4Nov/190

UN TRISTE FINAL DE FIESTA

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Alejandro Rofman

El mundo del trabajo en la Argentina ha experimentado en el final de fiesta del gobierno de Cambiemos un muy triste comportamiento Asi como el actual Presidente afirmo a poco de asumir que”… se lo debería juzgar por su capacidad de reducir la pobreza al final de su mandato”,sería necesario emitir un juicio concluyente sobre su desempeño en el terreno laboral, a poco de cerrarse su mandato presidencial

Los datos revelados por las estadísticas oficiales permiten anticipar un juicio profundamente negativo,en una cuestión central de toda gestión política a nivel nacional. La cantidad de trabajadores registrados, es decir que trabajaron cumpliendo la patronal todas las obligaciones derivadas de la legislación social , y el salario medio de los trabajadores se desplomaron en el tramo más cercano al cierre del cuatrienio y exhibieron niveles inferiores a los datos del 2015.

La cantidad de asalariados registrados en agosto ultimo según el Ministerio de Produccion fue de 6.096.000 empleos formales, datos que suponen una caída del 2,3 % según el registro de doce meses antes. En un año se perdieron 140.400 puestos de trabajo. Encbeza esta lista la industria manufacturera, con una caída de 154.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2015.

Si nos remitimos a la remuneración del mundo del trabajo en el año que se cerró entre agosto del añpo actual y el mismo mes de 2018 la caída en términos de poder adquisitivo de los salarios totales del sector privado fue del 7,8 % En el sector publico y en el sector `privado registrado la caída fue del 6,8 & y 6,2 % respectivamente. Lo más triste consistió en que la reducción del salario real entre las asalariados no registrados( en negro),según fuentes oficiales, fue de nada menos que el 12,8 % entre ambos agostos La estadística oficial consigna que desde que asumió el ing Macri la presidencia hasta agosto de este año pàra toda la actividad laboral la perdida de valor del salario alcanzo el 19 %.

Este último aspecto es crucial para juzgar la gestión publica del cuatrienio Nos pregu ntamos.QUIEN LE DEVUELVE A LOS TRABAJADORES ACTIVOS(LAS PERDIDAS DE INGRESO TAMBIEN ALCANZA A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS) LO QUE DEJARON DE PERCIBIR EN RELACION AL AUMENTO DEL COSTO DE VIDA?. HAY RESPONSABLES DE ESTA ALARMANTE DISMINUCION DE INGRESOS ¿ QUEDARAN IMPUNES? SE LES REINTEGRARA LO PERDIDO A LOS QUE FUERON PERJUDICADOS POR LAS POLITICAS IMPLANTADAS EN ESTE CERCANO PERIODO QUE AHORA AFORTUNADAMENTE SE CIERRA?

No debe sorprender entonces el voto popular del 27 de octubre que consagro con prácticamente la mitad del electorado una opcion política cuyo principal objetivo será desterrar el modelo neoliberal que primó en la Argentina desde 2015 a 2019 y reemplazarlo por otro que afiirme el mercado interno y el consumo, eleve el poder adquisitivo de todas las remuneraciones y reconstruya el tejido productivo y social hoy tan dañado

 

22Jun/190

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I. Venezuela: Centro de la renovada ofensiva de EE. UU. para someter a América Latina a su geopolítica panamericanista
Años difíciles Un oscuro momento vive la América Latina. Los últimos años han sido de un retroceso sustancial de los proyectos emancipatorios y transformadores que nacieron con el nuevo siglo en la Patria Grande. Esos retrocesos no se pueden adjudicar a una sola causa; por cierto que ha habido dificultades, imposibilidades, límites y retrasos en los cambios que le hubieran dado mayor sustentabilidad al desarrollo económico y productivo. Pero el papel jugado por la estrategia continental de los EE. UU. y los intereses de las corporaciones internas comunicacionales, empresarias y financieras han sido la clave de una ofensiva cuyo objetivo fue el desplazamiento de gobiernos nacional-populares a manos de administraciones de restauración neoliberal. El centro de las políticas llevadas a cabo por nuestros gobiernos –hostilizados a través del lawfare, la manipulación mediática ejercida por las grandes cadenas, y las maniobras de desestabilización en los mercados– ha consistido en enérgicas medidas de redistribución del ingreso a favor de las mayorías populares, disminución de la pobreza, atención de derechos económicos y sociales e individuales. O sea, de ampliación de ciudadanía. Sociedades más justas abrieron el paso a que, en mayor o menor medida, se construyeran nuevas formas de participación política y social que avanzaban en la generación de condiciones para la profundización de procesos políticos de independencia económica y soberanía popular. El adocenamiento y sometimiento de Ecuador conseguido desde adentro de un gobierno elegido para suceder a Rafael Correa devino en subordinación a las políticas del FMI y la persecución de muchos de sus integrantes. El acecho permanente al que fue sometido el de Cristina Fernández, tuvo su punto culminante en el antijurídico fallo del Poder Judicial norteamericano en todas sus instancias favorable a los “fondos buitre” – que no mereció revisión alguna por parte del entonces Presidente Obama –, generando condiciones que estrecharon severamente los márgenes de política económica con que contaba el gobierno argentino. El acoso tuvo un protagonista destacado en el enjambre mediático-judicial local y en el poder económico y financiero, consiguiendo el objetivo de derrotar al gobierno popular por un estrecho margen de votos. Fue seguido por el golpe contra Dilma Rousseff, el presidio político de Lula y las elecciones con su proscripción, que llevaron al ultraderechista Bolsonaro a la presidencia del Brasil y que se constituyeron en un momento bisagra para América Latina. En el país más grande en territorio y población de la región, el poder fue capturado por una derecha de signo autoritario y antidemocrático articulada con el neoliberalismo extremo propulsor de la financiarización, iniciando un período de despojo de derechos en los que trabajosamente se había avanzado desde la caída de la dictadura y cuyo despliegue alcanzó intensidad en los gobiernos del PT, Partido de los Trabajadores.
Un poco de historia: los tiempos iniciales de grandes transformaciones en la República Bolivariana Venezuela fue el primer país en el que una alternativa política crítica del neoliberalismo y tributaria del ideario nacional, popular y de solidaridad social asumió el poder. Y aun hoy lo sostiene con un intenso apoyo popular, no sólo de carácter electoral sino también con la participación ciudadana activa en la vida pública y en la defensa de su gobierno, que hoy está siendo atacado abiertamente por una agresiva derecha interna apoyada explícita y de manera concreta y muy activa por los EE. UU., superpotencia que al mando del presidente Trump se ha dado como objetivo el derrocamiento del presidente Maduro y el cambio de régimen de la República Bolivariana que ya lleva 20 años de desarrollo, iniciados con el liderazgo del fallecido Presidente Hugo Chávez. Período durante el que se desplegaron políticas de transformación de progresiva intensidad que implicaron sustantivas mejoras en las condiciones de vida del pueblo venezolano. Pero no solamente esto, también cambios en el régimen de propiedad que significaron el pasaje al Estado del manejo de recursos estratégicos para el desarrollo de Venezuela, una reforma agraria que distribuyó la posesión de la tierra y la creación de nuevos modos de propiedad cooperativa, social y colectiva de unidades productivas, garantizados por la refundación constitucional de 1999. Desde un comienzo el gobierno popular sufrió el hostigamiento de los sectores conservadores que bregaban por derribarlo. Los procesos electorales ratificaban uno a uno el apoyo popular a Hugo Chávez y su revolución bolivariana. Ante eso, en el año 2002 un golpe de Estado, que contó con apoyo e inspiración norteamericana, lo sacó del poder por pocos días reemplazándolo por integrantes de la cúpula económica tradicional de Venezuela. Pero la gran movilización popular y la simpatía y apoyo de la mayoría de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo repusieron en el poder. Al cumplirse una década de su gestión, Chávez en su Mensaje ante la Asamblea Nacional establece los objetivos de revisión, rectificación y re-impulso de la Revolución Bolivariana. Lo hace sobre la base de un balance de la primera década de su gobierno. Presenta indicadores contundentes de los resultados que aportan al cumplimiento de las metas perseguidas por su gobierno. El índice de desarrollo humano en el período de 1998 a 2007 pasa de 0.69 a 0.88; la pobreza disminuye desde 50.40% de la población a 33.07 en el mismo lapso; la pobreza extrema había sido reducida desde el 20.34% de la población al 9.41%; el consumo de alimentos aumentó cerca del 12%; la mortalidad infantil disminuyó del 21.4 por mil al 13.8 y la mortalidad materna de 57 a 47 por mil. También subraya la mejora del salario mínimo en términos reales y de la formalización laboral. En el mismo mensaje el presidente Chávez destaca que en el período balanceado se había cancelado toda la deuda con el FMI y el Banco Mundial y afirma que “no sólo es la deuda que había sino las cadenas que habían, porque hay que recordar lo que son esas instituciones, son mecanismos de dominación del imperio”. Al mismo tiempo lanza una definición fundamental “de ahora en adelante no habrá negocio petrolero en Venezuela donde PDVSA no tenga la mayoría accionaria y el control operacional. Eso se llama “soberanía”, y en el plano político define que la vía venezolana hacia el socialismo es democrática y pacífica, citando al pensador colombiano Estanislao Zuleta dice “Una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos, de reco
nocerlos y contenerlos, de vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente con ellos y en ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta terrible de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz” y en una aguda crítica al capitalismo, respecto de su apología a la propiedad privada, Chávez sostiene que “si hay algún sistema que le niegue a la mayoría la propiedad, ése es el capitalismo, la mayoría de nuestro pueblo, de nuestros pueblos en el capitalismo, no tienen vivienda propia, no tienen ni siquiera la propiedad personal asegurada, la tienen negada, son excluidos, no son dueños ni siquiera del pequeño espacio donde malvive la mayoría”. Las mejoras en las condiciones de vida, resultado de las políticas redistributivas y de las misiones que atendían de manera específica la ampliación del goce de los derechos económicos y sociales, como la educación, la salud y la vivienda, fueron la base de un amplio apoyo popular que despertó vientos de profundización del proyecto emancipatorio. Así la Revolución Bolivariana se planteaba, al entrar en su segunda década, la afirmación de un ideal socialista construido sobre raíces nacionales, conscientes sus dirigentes, de la necesidad de canalizar organizada y pacíficamente el conflicto necesario e inevitable en procesos dinámicos de transformación social y desarrollo nacional. Con ese espíritu y sentido, en ese informe Chávez propone la creación del PSUV (Partido Socialista Unificado de Venezuela). En el mismo período Venezuela alcanzó uno de los índices de prevalencia de subalimentación más bajos del mundo: el 3.6%. Así el aumento de calorías diarias consumidas permitió arribar a las 3000 por habitante y se redujo el número de personas con hambre a menos de 1.300.000. Se aumentaron las cabezas de ganado sustancialmente y se incrementó el consumo de carne bovina y aviar, también se elevó la producción granaria, todo en el medio de una profunda transformación del régimen de propiedad en el área agroindustrial. La situación actual, con el bloqueo económico, financiero, el descenso del precio del petróleo durante un largo período inducido por la geopolítica norteamericana, llevaron al deterioro de estos logros. Pero ni aun en este contexto de agresión la suba del índice de prevalencia de subalimentación no alcanza, ni por asomo, la precaria situación que registraba Venezuela al inicio de la presidencia de Chávez.
La Venezuela inmediatamente anterior al chavismo El rumbo iniciado en 1998, invirtió radicalmente el de los doce años anteriores que significaron un intenso deterioro de las condiciones de vida de la población, la desmejora de sus ingresos, el acaparamiento de la renta petrolera por unos pocos, el crecimiento de la deuda y de sus servicios asumidos y erogados por el Estado venezolano, agudización de los problemas en las condiciones de acceso a la vivienda por parte de la población más pobre, con más de 2.000.000 de personas esperando una solución habitacional, y serios problemas de los sectores medios para afrontar las deudas contraídas para la compra de unidades. El privilegio que adquirió la atención de la enseñanza privada en relación con la pública fue otra de las políticas que signaron la república que antecedió a Chávez. El período fue atravesado por una severa crisis política cuando en el comienzo de su segundo mandato presidencial Carlos Andrés Pérez intentó una reforma de neto corte liberal, adoptando un programa del FMI que incluía la liberación de las tasas de interés, la liberación y unificación cambiaria, la liberación de precios,
el aumento de las tarifas públicas, la eliminación de los aranceles a las importaciones, la adopción del objetivo de reducir el déficit fiscal y el congelamiento de vacantes en la administración pública. Este programa regresivo produjo una extendida rebelión popular el 27 de febrero de 1989 que fue duramente reprimida, y pese a que sólo se informó sobre la muerte de 276 personas por la represión dispuesta, los cálculos sobre el verdadero drama de esas jornadas aseveran que los desaparecidos se cuentan en más de 3000. Hasta hace poco continuaban encontrándose fosas comunes. La intervención militar en la represión dejó una dura marca en la fuerza armada venezolana, compuesta mayoritariamente por integrantes de origen popular. El dolor y cuestionamiento de sus miembros por haber sido llevados a la represión del pueblo en defensa de intereses de la minoría privilegiada influyó decisivamente en su vuelco posterior para conformar la fuerte alianza cívico militar que sostiene la revolución bolivariana. Tanto en el pueblo venezolano como en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encarnó una resistencia y una crítica radical a un régimen de formalidad democrática neoliberal, cuya dinámica en sus últimos doce años habían conducido a un fuerte empeoramiento de la vida popular, a una represión, sin límite, de la resistencia y la protesta, y a la creciente restricción de los grados de libertad para ejercer una política autónoma, devenida del sometimiento a las imposiciones del capital financiero y los organismos multilaterales de crédito.
Las bases para una nueva sociedad Chávez en mayo de 2006 sintetiza la experiencia renovada que conducía: “En Venezuela se acabó la falsa democracia de las élites, tenemos que encerrarla definitivamente y terminar de construir la democracia socialista, participativa, protagónica”, afirmando de manera radical el espíritu de la Constitución de 1999 que resultara el documento liminar de la nueva era republicana de esa Nación. En este, la Nación venezolana se define como un Estado democrático y social de Derecho y Justicia. En su exposición de motivos consagra que no sólo el Estado debe ser democrático sino la sociedad también. Se reconocen como valores superiores el de la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad individual y social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética pública y el pluralismo. Se establecen constitucionalmente los idiomas de los pueblos indígenas. Un cambio sustancial del texto constitucional es el referido a la cuestión de la participación política, que modifica la clave dogmática de la tradición liberal, que aun hoy en la Constitución Argentina con sus reformas permanece incólume cuando sanciona que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. La nueva Ley Fundamental de la República Bolivariana de Venezuela consagra la participación amplia de la ciudadanía en los asuntos públicos, ejercida de manera directa, indirecta o semidirecta, explicitando que ese derecho no se circunscribe al sufragio sino que comprende a todo el proceso de formulación, ejecución y control de la gestión pública. La cuestión de la no intervención, la libre determinación y la igualdad en la relación con otros estados están expresamente incluidas en el texto de 1999. El mismo rompe con la tradicional división en tres poderes del constitucionalismo liberal y crea dos poderes más junto a ellos, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, el
primero como poder moral y de formación ciudadana y el segundo para construir una nueva cultura electoral que cree las condiciones para la participación ciudadana. En esa dirección se instituyen el referendo, la elección de cargos públicos, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, la revocatoria de mandatos, los cabildos abiertos y las asambleas ciudadanas. En abril del 2008 el presidente Chávez sintetizaría este espíritu conceptualizando que: “La democracia meramente representativa se convierte en una trampa que encierra y mata las esperanzas de un pueblo”. Así el texto sancionado por la Constituyente de 1999 funda no sólo una nueva república sino un nuevo constitucionalismo que recrea el constitucionalismo social (con ilustres antecedentes, como la constitución votada bajo el peronismo en 1949), ya que incluye la garantía de todos los derechos humanos incluyendo los económicos y sociales, asociados a una idea radical de ciudadanía activa, que se nutre del ideario de Bolívar con una concepción de intensidad participativa presente en el ideal rousseauniano. Finalmente, resulta memorable que este dispositivo constituyente promueva expresamente la integración latinoamericana y caribeña en la búsqueda de la Comunidad de Naciones.
Veinte años de gobierno popular: grandes realizaciones para la vida de las mayorías En Venezuela más del 80% de la población se atiende en el sistema de salud público. Al arribo de la Revolución Bolivariana existían algo más de 5300 establecimientos de salud en todo su territorio. Actualmente su número supera los 26.500; durante la presidencia de Hugo Chávez habían alcanzado un número que se acercaba a los 13.500, y en el transcurso de la de Nicolás Maduro se intensificó la apertura de esos establecimientos hasta lograr el número del presente. Entre los mismos, y durante el período 2001-2014 se construyeron 24 grandes hospitales. En el año 2003 comienza la misión Barrio Adentro, un emprendimiento conjunto venezolano y cubano. Esta misión, en el marco del asedio hostil sufrido por Venezuela, atendió en el año 2018 un récord de 127 millones de consultas médicas. La Revolución Bolivariana ha construido nuevas universidades y centros superiores de estudios. Durante la presidencia de Chávez fueron 24, y Maduro continuó con la misma política alcanzando en su presidencia otras 31. La matrícula universitaria en Venezuela alcanza al 90% de la población en edad de incluirse en ese nivel de estudios, ocupando en el año 2019 el quinto lugar del mundo y el segundo de América Latina en matrícula universitaria, según el criterio estadístico de la UNESCO. Venezuela en el año 2018 fue el primer país de América Latina que alcanzó la meta de incluir al 100% de los adultos mayores en la condición de pensionados. En el 2019 más de 4.300.000 ciudadanos reciben esa protección social. Al inicio de la Revolución el número bajo esa condición era reducido: menos de 400.000. La revolución ha pensionado 4.000.000 de ciudadanos en 20 años, hecho inédito en la historia venezolana. El Gobierno Bolivariano ha impulsado desde el año 2016 el sistema de distribución de alimentos denominado CLAP, basado en la organización popular y local dentro del territorio, logrando ya la atención de más de 6 millones de familias con la distribución de alimentos de la cesta básica.
Una de las misiones sociales y socialistas, más impactantes de la Revolución Bolivariana, de los últimos años, y que continúa en desarrollo pese al pleno asedio y bloqueo financiero, económico y comercial, es la Gran Misión Vivienda Venezuela. La misma comenzó en 2011, cuando luego de la tragedia de los deslaves, Chávez posteriormente a alojar a miles de familias del subsuelo de la Patria venezolana en el mismo Palacio de Gobierno y ministerios, resuelve dar comienzo a la construcción de viviendas totalmente equipadas con electrodomésticos y amuebladas. Muchas de ellas construidas en urbanizaciones ecosocialistas. Desde 2011 hasta el presente se han construido 2.600.000 para una población total del país de 32.000.000 de habitantes, es una proporción inédita en el mundo.
La unidad latinoamericana: una batalla de dos siglos La Constitución de 1999 fue previa al surgimiento de los gobiernos nacionales, populares y democráticos de Lula, Kirchner, Evo y Correa, tampoco gobernaba el Frente Amplio uruguayo. O sea, que en soledad en Sudamérica, Venezuela otorga a su Constitución el lugar de promotora de una Comunidad de Naciones latinoamericanas. El proyecto de la UNASUR ya está en su espíritu. El de la Unidad Latinoamericana, como antagónico del panamericanismo de los EE. UU. El de la CELAC como alternativo a una OEA concebida para el rol de instrumento geopolítico hemisférico con hegemonía de la superpotencia y destinada a alinear a los territorios que entiende son su patio trasero. El del ALBA y el de PETROCARIBE. La idea del intercambio a través del SUCRE. El del ingreso de Venezuela al MERCOSUR, y la transformación de éste en una instancia de integración comercial, pero también productiva, social y de unidad política a partir del funcionamiento del Parlasur. La creación de un Consejo Sudamericano de Defensa para modificar las alianzas militares de la región, autonomizándolas de la articulación con la potencia imperial y sus planes. Lo mismo con el proyecto de creación del Banco del Sur. Se puede encontrar en el Proyecto popular venezolano nacido en los albores del nuevo milenio no sólo fundamentos ideológicos, lecturas y sensibilidades sobre la coyuntura dramática de la política venezolana en el momento de su irrupción, sino también el eco de la Historia, la vigencia de sus próceres, de sus héroes: Bolívar, Miranda, Simón Rodríguez, Manuela Sáenz, Ana María Campos, entre otras, y también de las grandes experiencias latinoamericanas del siglo XX, desde Sandino a Fidel, de las hermanas Mirabal a Haydée Santamaría y Eva Duarte de Perón, de Juan Perón al Che o a Salvador Allende, las Madres de Plaza de Mayo, todos y todas militantes de una utopía que retornó en el siglo XXI bajo un mismo nombre: “La Patria Grande Latinoamericana”. El rechazo al ALCA encabezado por Venezuela, Brasil, Argentina y Uruguay, presididos por Chávez, Lula, Kirchner y Tabaré Vázquez, que también logró el acompañamiento paraguayo, constituyó un hito, tanto por el freno que se puso a un proyecto de integración comercial panamericanista que hubiera hecho retroceder agudamente el grado de industrialización de las economías suramericanas, como por el espíritu de puesta en marcha de la nueva institucionalidad del proyecto de la Patria Grande. Identificando el carácter de esa integración Chávez diría dos años más tarde que “al opo
nerse al ALCA, Venezuela está defendiendo los intereses de todo el país, incluyendo el sector privado nacional, que sería arrasado en una competencia desleal y salvaje por las grandes corporaciones nacionales y sobre todo por los monopolios imperialistas”. En ese mismo 2008 afirmaría que “la única manera en que nos podemos insertar con dignidad y en condiciones justas en el mundo posmoderno, el mundo del siglo XXI, es la integración del bloque de naciones, o como hemos dicho: una nación de repúblicas”. Era el espíritu de Bolívar que en la Carta de Jamaica de 1815 escribía: “Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse”.
La unidad latinoamericana inconclusa, tarea pendiente de América Latina. Su historia Esta concepción de unidad regional se manifestó desde los inicios del proceso emancipador de América Latina. Ella refirió inicialmente a la vocación por defender en común el proceso independentista frente a la contraofensiva militar española, pero también al recelo respecto de la referencia del modelo federal que se desplegaba en los Estados Unidos, en donde se había producido el primer proceso de ruptura colonial del continente, a partir de 1776. En 1825 Bernardo Monteagudo escribe el ensayo “Sobre la necesidad de una Federación General entre los Estados Hispanoamericanos y el plan de organización” que queda inconcluso porque el patriota de la independencia argentina, que había seguido a San Martín en toda su campaña hasta su retiro en Guayaquil, se pone al servicio de Simón Bolívar y es asesinado en Lima. Su texto milita la construcción de una Liga Americana, construida sobre la base de una raíz cultural común en los territorios liberados de España, con la hipótesis de una contraofensiva militar a cargo de la Santa Alianza conformada en Europa y sospechando que el entonces Imperio brasileño gobernado por Pedro I podría aliarse al enemigo. En 1826 Bolívar impulsa la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá proponiendo la creación de una liga de las repúblicas americanas, un pacto de defensa común y una asamblea parlamentaria supranacional. Asistieron representantes de la Gran Colombia (incluyendo el área de las actuales Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela), Perú, las Provincias Unidas de Centro América y México. El acuerdo propuesto con el llamativo título “Tratado magnífico titulado de la Unión, de la Liga, y de la Confederación Perpetua” sólo fue ratificado por la Gran Colombia. La utopía bolivariana fue deshecha por la guerra civil en la Gran Colombia, la desintegración de la unidad en América Central y la prevalencia de perspectivas nacionalistas por sobre la idea promotora de unidad continental en las repúblicas americanas. Hubo intentos posteriores con los congresos en Lima 1847/48; Santiago de Chile en 1856/57 y nuevamente en Lima (1864) propendiendo a la reunificación de nuestros pueblos frente a las prepotencias extranjeras. Sarmiento concurrió al último y firmó la declaración americanista, pero fue reprendido por el presidente argentino, Bartolomé Mitre, quien manifestó su desacuerdo con estos acercamientos. Las iniciativas de
esa era postrevolucionaria otorgaban un rol predominante a la unidad política y a la defensa común; la integración era un arma de construcción de autonomía frente a las metrópolis. En abril de 1862 se funda la “Unión Americana” en Valparaíso, para “trabajar por la unificación del sentimiento americano y por la conservación y subsistencia de las ideas republicanas en América”. En Copiapó, Santiago de Chile, La Serena y Quillota, Perú, Bolivia y Uruguay nacen organizaciones y sedes con la misma intención. En 1864 hubo actos en los que participaron guerreros de la independencia, en el mismo año existen petitorios y pronunciamientos de solidaridad de la República Argentina con toda otra república americana (en las que participa Aurelio Palacios, padre de Alfredo Palacios). Un testimonio clave de la época fue la proclama de Felipe Varela denominada “Viva la Unión Americana” (1868) que expresaba la necesidad de alcanzar la Alianza de las Repúblicas para repeler las ambiciones monárquicas de Europa y clamaba por la alianza de sus poderes democráticos, cuando el antiguo dominador golpeaba con sus armas esclavócratas en sus manos. Juan Bautista Alberdi escribió “Memoria” en 1844, una propuesta de desarrollo comercial y prosperidad económica basada en la interrelación de las naciones. Posteriormente, en 1863 sostendrá el carácter hispanoamericano que excluía a Brasil y EE. UU., impulsando un proyecto con una mirada imitativa del modelo europeo, que sostenía que la seguridad y desarrollo de las nuevas naciones descendientes de la América española radicaban en Europa. Mariano Pelliza continuó con este enfoque y propuso una “Federación Social Hispano-Americana” en 1885, abordando temas como la unidad monetaria, la uniformidad arancelaria, la supresión de derechos sobre los productos regionales y la libre circulación de mercancías. Federico Seeber predicó por una unión política en 1906 que ya incluía a Brasil junto a Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Alejandro Bunge en 1909 despliega sus ideas acerca de la constitución de bloques aduaneros, concibiendo una integración económica por etapas. Imaginaba, y estimaba cuantitativamente, que la “Unión del Plata” podía superar en muchos rubros a la Unión Aduanera Europea y a otra similar que eventualmente se conformara en el norte de América. En 1912 Manuel Ugarte, destacado intelectual y militante socialista argentino, sostiene en El Salvador, anticipando el enfoque de varios gobiernos de América Latina del presente siglo, “la necesidad de aunar la bandera nacional-latinoamericana a la insignia del socialismo, porque no hay posibilidad de igualdad de clases o eliminación de éstas, en un país esclavizado por el Imperialismo”. En 1915 el tratado ABC (Argentina, Brasil y Chile) se propone contrarrestar el poder militar estadounidense en la región. Por su parte José Ingenieros en un discurso el 11 de octubre de 1922, con motivo del lanzamiento de la idea de la Unión Latinoamericana afirmó: “Creemos que nuestras nacionalidades están frente a un dilema de hierro. O entregarnos sumisas y alabar la Unión Panamericana (América para los norteamericanos) o prepararse en común para defender su independencia, echando las bases de una Unión Latinoamericana (América Latina para los latinoamericanos) … El viejo plan, esencialmente político, de confederar directamente los gobiernos parece actualmente irrealizable, pues la mayoría de ellos están subordinados a la voluntad de los norteamericanos que son sus prestamistas. Hay que dirigirse primero a los pueblos y formar en ellos una nueva conciencia nacional, ensanchando el concepto y el sentimiento de patria, haciéndolo
continental, pues así como del municipio se extendió a la provincia y de la provincia al Estado político, legítimo sería que, alentado por las necesidades vitales, se extendiera a una confederación de pueblos en que cada uno pudiera acentuar y desenvolver sus características, dentro de la cooperación y la solidaridad comunes” Durante los gobiernos del primer peronismo en Argentina y el varguismo en Brasil fracasaron intentos de unidad regional en cuya frustración influyó activamente Estados Unidos, proyectos en los cuales también estuvo incluido el presidente Ibáñez de Chile. En 1958; en el momento de apogeo del modelo desarrollista, surgió la OPA (Operación Panamericana) que tenía dos puntales doctrinarios: que el desarrollo económico era una condición necesaria para los gobiernos democráticos y que las dinámicas de industrialización debían proveer a la superación de la supuesta insuficiencia de ahorro de los países de la región, lo que requeriría un importante flujo de inversión financiera externa. Sin embargo, esta concepción desarrollista no fue atendida por la Alianza para el Progreso que se afincó en el asistencialismo como estrategia contrainsurgente frente al nacimiento en América Latina, con la revolución cubana, de la primera experiencia socialista. En consecuencia, los ensayos desarrollistas –de raíz panamericanista– se frustraron junto a sus declamaciones democráticas, y sobrevinieron los golpes que derrocaron a Frondizi, Goulart e Illia. Esta perspectiva panamericanista era opuesta al ideario de la Unidad Latinoamérica. Era y es otro proyecto de unidad continental que ya había surgido a fines de siglo XIX. Tres fueron los elementos que la definían: la inclusión de todos los países del continente, jugando el rol hegemónico EE. UU., la significación de los aspectos políticos y militares y la disputa que se desarrolló entre Gran Bretaña y EE. UU. por la hegemonía económica en la región. El panamericanismo emergió con la 1ª Conferencia Interamericana (1890) en Washington, en la cual se crea la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas y se pone en marcha la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas. Pero en el siglo XX, el “panamericanismo” y las instituciones creadas para imponer ese paradigma fueron utilizados para actuar y/o dar apoyo a recurrentes incursiones, operaciones, ocupaciones y otras acciones militares estadounidenses. La Doctrina Monroe justificaba el “derecho” a intervenir en asuntos de otros países en defensa de los intereses de ciudadanos de la superpotencia. En el plano económico, sucesivos cónclaves comerciales tuvieron resultados limitados, en particular por la exigencia norteamericana a los países latinoamericanos de una amplia liberalización para el ingreso de sus exportaciones. La doctrina Monroe, sintetizada en la frase “América para los americanos” sostenía la no interferencia o intromisión de las potencias europeas en América. Pero a su vez explicitaba que “si una nación demuestra que sabe actuar con una eficacia razonable y con el sentido de las conveniencias en materia social y política, si mantiene el orden y respeta sus obligaciones, no tiene por qué temer una intervención de los Estados Unidos” dejando abierta la posibilidad de intervención si el país del norte hacía una evaluación distinta. La época de la Guerra Fría condujo a que los EE. UU. redefinieran el perfil del panamericanismo e impusieran un nuevo acuerdo de defensa con el compromiso de luchar contra el comunismo. En 1948 se firma el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), y se lleva a cabo la creación de la Organización de Estados Americanos
(OEA) –que se formalizó en 1951 como continuadora de la Unión Panamericana–. En 1959 se va a crear el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) institución financiera del paradigma panamericanista en el que EE. UU. ha detentado una posición de influencia hegemónica. En el plano económico comercial se destacó la aprobación de un convenio de cooperación que significativamente, pese a las expectativas iniciales, nunca entró en vigencia debido a la persistencia norteamericana en negar relaciones compensadas. Pero el eje de la política económico financiera norteamericana se volcó hacia la reconstrucción de Europa con el Plan Marshall. En cambio, en el sistema panamericano predominó decisivamente la “colaboración” militar. El presidente norteamericano Harry Truman fundaba la distinción de alianzas en que “América Latina ya había tenido un verdadero Plan Marshall por más de un siglo, denominado la Doctrina Monroe” Estos dos proyectos de alianzas nacionales que datan desde la organización institucional de los territorios que rompieron lazos coloniales con sus metrópolis, se extienden hasta el presente. EE. UU. convertido en la superpotencia mundial tiene como una de sus estrategias geopolíticas fundamentales la construcción de una integración continental que abarque las cuestiones políticas, económicas, financieras, comerciales, comunicacionales y militares. Es un proyecto de relaciones asimétricas, en el cual presume su liderazgo y hegemonía y frente al que los populismos nacionalistas y democráticos han sostenido otro antagónico, basado en la tradición de la integración de América Latina, como alternativa que les permita la defensa y profundización de su soberanía política y la conquista de su segunda independencia, con el fin de conquistar su autonomía económica, para la que requiere desatarse de la globalización financiera. Proyecto sustentado en la fusión de los valores de libertad e igualdad, abarcando –esta última– no sólo su costado socioeconómico, sino además el de la recuperación de las tradiciones culturales de los pueblos originarios del continente, como así también de las inmigraciones que, como la africana, fueron sometidas a condiciones intolerables de injusticia. Diversidad cultural, justicia social, independencia económica y soberanía política.
La ofensiva imperialista contra Venezuela El proyecto bolivariano en Venezuela comenzó bajo la dirección del presidente Chávez, un rumbo en su país que confluyó con otras experiencias y gobiernos. Frente a esto, el imperialismo norteamericana desplegó primero el hostigamiento y luego una contraofensiva que le permitió recuperar su condición de liderazgo regional. Sin embargo, hay naciones en que los liderazgos populares mantienen el poder. En Venezuela arrecian las acciones contra el presidente Maduro, para imponer un cambio de régimen. Históricamente los EE. UU. arremetieron en pos del derribo de los procesos políticos continentales que no fueran leales y funcionales a su proyecto de dominación, y en el caso venezolano se proponen no sólo ese cambio de régimen con la caída del gobierno popular, sino la desarticulación del activismo político, la movilización social, incluso de la FANB que es un pilar de la defensa institucional y del proyecto nacional y democrático en resistencia. Es así que desde el intento del 2002, pasando por el posterior paro petrolero en los primeros tiempos del gobierno de Chávez no cejaron en desplegar planes destituyentes. Pero en el 2015, en un escenario complejo en América Latina,
que sufría los límites económicos derivados de la caída de los precios de los commodities (que constituyeron la gran mayoría de sus exportaciones que le permiten obtener las divisas para garantizar el funcionamiento de sus producciones), la superpotencia escaló su hostigamiento cuando el presidente Barak Obama declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los EEUU”. En Panamá el 11 de abril de 2015 la presidenta del gobierno popular, nacional y democrático de Argentina, Cristina Fernández, afirmaba en un discurso que “resulta inverosímil, casi rayano en el ridículo, no solamente que Venezuela, sino cualquier país de nuestro continente pueda resultar una amenaza para la mayor potencia del mundo”. Sostenía que EE. UU. era la mayor potencia económica, financiera, militar y científica y comparaba los presupuestos militares entre ese país y el de Venezuela, exponiendo un agudo contraste: el del primero era más de 300 veces el del segundo. En ese mismo año, EE. UU. acordó con Arabia Saudita un aumento agresivo de la producción de petróleo en pos de provocar una baja de su precio y perjudicar a países productores como Venezuela. En el mundo neoliberal de la globalización financiera las calificadoras de riesgo juegan un papel decisivo en el margen de crédito de los países, la valuación de sus bonos públicos y, en general, en la determinación de su capacidad financiera. Argentina ha sufrido por el rol que esas agencias desempeñaron durante los momentos álgidos de las negociaciones de refinanciación de su deuda, como también en el conflicto que sostuvo con los fondos buitre. Esas entidades que intervienen en la calificación de los países, con ingredientes de valoración política que asumen un carácter definitorio, y que condenan las políticas económicas que se apartan de las recetas neoliberales, confeccionaron un mapa global de “países riesgosos”, que concurrió con el derrumbe del precio del petróleo para conformar un cerco económico financiero sobre Venezuela, a la que incluyeron en su “ingenioso” mapa. La empresa francesa Coface le otorgó una calificación similar a la de países africanos que transitan conflictos bélicos. Lo hizo basándose en las notas negativas que las tres grandes calificadoras norteamericanas (Standar and Poor´s, Fitch y Moody´s) le asignaran a la república bolivariana. Las consecuencias de las calificaciones para nuevos endeudamientos provocaron la caída del valor de los activos públicos y privados venezolanos en el exterior, aumentando el llamado riesgo-país y obturando el acceso del país al financiamiento internacional. Desde ese año las calificadoras, pese a los servicios de deuda pagados por Venezuela, tuvieron un comportamiento sistemático de empujar a esa nación al default. En tanto en el año 2016 el FMI alertaba sobre “la catástrofe económica” en Venezuela. En ese año y en el 2017 fueron cerradas cuentas venezolanas en los EE. UU., cierres efectuados por el JPMorgan, el Citibank y otros grandes bancos, que habían sido inducidos a esa actitud por una resolución que impulsaba al Departamento del Tesoro a establecer mecanismos de “vigilancia” sobre esas cuentas. Ello llevó a trabar las operaciones de importación, como así también los pagos de deuda externa. Ese año el banco JPMorgan asignó en su índice de riesgo el nivel más alto del mundo a Venezuela, también por encima de los países que estaban sumergidos en conflictos bélicos. En ese mismo año las mencionadas calificadoras intervinieron para frustrar un canje voluntario de deuda ofrecido por PDVSA con el fin de mejorar y aliviar su estructura de pagos.
Donald Trump en la presidencia de EE. UU. En 2017 con la presidencia de Trump se escala la política de injerencia norteamericana en Latinoamérica y en particular en Venezuela. En una acción coordinada mediante la utilización de los líderes opositores de la mayoría de la Asamblea Nacional venezolana, se consagra la iniciativa de los asesores de seguridad nacional del nuevo presidente yanqui estableciendo un bloqueo financiero que impidió a Venezuela importar alimentos y medicinas. A su vez el banco Credit Suisse prohibió las operaciones con el país. Trump ha ilegalizado la compra de deuda venezolana y la repatriación de dividendos de CITGO, que es la filial de PDVSA en EE. UU. Mientras, la República Bolivariana afrontaba internamente la devastación causada por las “guarimbas” y los embates de una “guerra económica” encabezada por los principales oligopolios de alimentos que han boicoteado, acaparado y desabastecido a la población de los componentes esenciales de la canasta básica y que, además, han desviado hacia Colombia, a través del contrabando de extracción, un 40% de los alimentos que se producen e importan en Venezuela. El Departamento del Tesoro de EE. UU. presionó simultáneamente a los bancos privados para que se nieguen a abrir Cartas de Crédito para la compra de petróleo venezolano. Esto provocó que la empresa PBF Energy, una de las refinadoras que efectuaba compras de envergadura de crudo venezolano, se viera compelida a desistir de hacer las mismas para protegerse de ser sancionada. En el mismo año ese Departamento del Tesoro emitió un alerta denominada “banderas rojas”, imponiendo un sistema de vigilancia y control a las transacciones financieras de Venezuela. El objetivo de la medida era imposibilitar el pago de alimentos y medicinas. También implicó que CITGO comenzara a afrontar serios problemas para comprar el crudo y mantenerse en operaciones. Una de las consecuencias que produjo ese alerta fue que 300.000 dosis de insulina abonadas por la República Bolivariana de Venezuela no pudieron arribar a ese país porque el CITIBANK trabó la operación. El Comité de las Américas de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) declaró a Venezuela en “default”, participan de la misma los accionistas principales de los fondos buitre, siendo la misma entidad que declarara el “default” técnico de Argentina en el conflicto con esos fondos. La calificadora Standard and Poor’s hizo lo mismo. El Euroclear, una entidad de clearing europeo, inmovilizó fondos que pertenecen al gobierno venezolano, en el marco del desconocimiento de legalidad de la elección del presidente Maduro. Un cargamento de Primaquina, medicamento para tratar la malaria, no fue enviado a Venezuela porque fue trabado por el laboratorio colombiano BSN Medical. El gobierno colombiano bloqueó el ingreso de 400.000 kg de alimentos destinados a fortalecer el programa de alimentación de 6.000.000 de familias. El punto culminante de estas desapropiaciones y restricciones a la sociedad venezolana es el embargo a la empresa PDVSA en EE. UU., empresa capturada por este país para ser cedida a la administración del ficticio “gobierno” paralelo del autodesignado Guaidó, quien no controla ningún resorte de poder real en Venezuela. Tal vez sea el bloqueo a Venezuela, la versión emblemática de la agresión económica imperial, en épocas de la globalización financiera, en la que el poder estatal en los
países centrales está entrelazado con poderosas corporaciones financieras, con lazos institucionales que redefinen el mismo derecho de propiedad de la sociedad capitalista, que resulta condicionado a conductas políticas y diseños de la economía instituidos por ese lazo estatal-corporativo que sustrae inclusive del ámbito de la democracia formal las decisiones sobre la arquitectura y cumplimiento del funcionamiento de las relaciones financieras. Gobierno norteamericano, asociaciones de bonistas, bancos y agencias de calificación de riesgo privadas están articuladas por resoluciones e informes que, en condiciones indistintas entre ellos, disponen a su discreción sobre la validez de los derechos de propiedad formalmente inviolables de otros estados nacionales y de ciudadanos en general. La globalización no limita sólo los grados de libertad de la política económica sino que recorta el derecho de propiedad a favor de los poderosos. Hoy, el liberalismo de hecho expone su conflicto con la democracia y hace una regresión a condiciones, tanto en las relaciones internacionales como en las interiores de los países, de ciudadanía formal calificada, con derechos civiles que sólo se garantizan a los poderosos. En la actualidad se encuentran secuestrados 1600 millones de dólares de propiedad venezolana en el Euroclear, 1359 millones de euros en reservas de oro en el Banco de Inglaterra y 30000 millones de dólares en cuentas bancarias pertenecientes a las sociedades CITGO y PDVSA expoliados por los EE. UU., tal como lo consignan personalidades belgas en una declaración. Por otra parte Citibank (estadounidense) se apoderó de 196 millones de euros pertenecientes a Venezuela, Northcapital (banco estadounidense) de 238; Clearstream (inglés) de 453; Sumitomo (japonés) de 415; Novo Banco (portugués) 1543. Una escalada superior ha sido el inicio del belicismo cibernético, que sometió a un ataque al sistema eléctrico, afectando las condiciones de vida, pero también seriamente la actividad productiva. El presidente Trump plantea que todas las alternativas están sobre la mesa. Promueve e incita al golpe de estado a las fuerzas armadas venezolanas (un conato del mismo fue desarticulado el 30 de abril) y también mantiene la hipótesis de una intervención armada. Lo hace porque el pueblo y el gobierno venezolano han resistido el bloqueo de las corporaciones de la globalización comunicacional, financiera, económica y comercial. Con ese bloqueo se han producido escaseces y privaciones que lesionaron seriamente los avances en las condiciones de vida del pueblo. Y pese a todo eso, pueblo, gobierno y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, resisten.
América Latina entre dos proyectos: sumisión o integración Este escrito se difunde en el momento de retroceso que hoy se vive en la consecución de la integración latinoamericana. La UNASUR, el Banco del Sur y la CELAC han sido gravemente dañados por la salida de países como Chile, Perú, Colombia, Brasil y Argentina, cuyos gobiernos de derecha han constituido el Grupo de Lima y ahora el PROSUR, espacio que junto a la OEA se constituyó en un nuevo intento de afirmar el proyecto panamericanista, en la línea de la doctrina Monroe y la lógica de la política del “garrote” de Theodore Roosevelt. Los objetivos de la institucionalidad OEA-Grupo de Lima-PROSUR, son de carácter político-militar, alineando a los países de la región con los intereses y la política de EE. UU., y cuya meta inmediata es derri
bar al gobierno venezolano. Gobierno que en su enorme tarea revolucionaria contó, y cuenta, con la intensa solidaridad de la República Socialista de Cuba, sobre la cual la gestión Trump extiende su amenaza injerencista y escala el bloqueo sobre su economía, descargando una nueva ola de guerra fría como represalia a su valiente pueblo, tan agredido como solidario. Su tono discursivo es el mismo del de la época del conflicto Este-Oeste, aunque la Guerra Fría haya terminado. En abril de 2018 durante el desarrollo de la Cumbre de las Américas el canciller de Perú, en nombre del Grupo de Lima, anunciaba la creación de un grupo para “estudiar” medidas políticas y económicas contra Venezuela. En la misma reunión EE. UU. y Colombia acuerdan acelerar mecanismos para perseguir las transacciones financieras de Venezuela y obstaculizar las líneas de suministros básicos que requiere ese país. Razón tenía Manuel Ugarte al darle preeminencia a la cuestión antimperialista en la lucha por la liberación social de los pueblos, porque lo que ocurre actualmente en el subcontinente latinoamericano es una ofensiva de la superpotencia para dominar sus recursos naturales y garantizar la succión de plusvalías mediante la sumisión de sus gobiernos y el control de sus economías y finanzas. El ataque a Venezuela no es sólo por la saña ideológica respecto de la opción socialista de su gobierno popular, sino porque este persigue la autonomía en esas áreas, teniendo la primera reserva mundial de petróleo del mundo, la primera reserva de gas y la segunda de hierro del continente, entre otras que incluyen nuevos minerales que apuntan a ser esenciales para los recientes desarrollos tecnológicos-productivos, como el coltán. También se conoció recientemente que tiene la primera reserva mundial de níquel y posee una de las mas importantes de diamante y oro.
Alineamientos y realineamientos regionales La opción de integración panamericana implica también el avance neoliberal y de los acuerdos de libre comercio mediante los cuales se profundizará el intercambio asimétrico entre las naciones del sur y la superpotencia. Es un proyecto inverso al del histórico encuentro de Mar del Plata en donde se detuvo el avance del ALCA (con la recordada participación de los presidentes Chávez, Kirchner, Lula, etc.), que hubiera significado la imposición de un acuerdo multilateral de libre comercio continental. En noviembre de 2005 en esa reunión el presidente popular y democrático de Argentina Néstor Kirchner advertía: “la igualdad es un concepto valioso y necesario, pero sólo aplicable a los que son iguales. Igual tratamiento para los diferentes; igual tratamiento entre países poderosos y débiles; igual tratamiento entre economías altamente desarrolladas y economías emergentes, no sólo es una mentira sino que, además, resulta una trampa mortal”. Su tempranamente desafectado ministro de Economía Lavagna confiesa hoy, como potencial aspirante “moderado” a la presidencia, que la principal discrepancia que motivó su salida del gobierno de Kirchner fue el clima político generado por el clamor del “no al ALCA” que se desplegó durante la Cumbre marplatense. En la década de los ochenta, en el marco de la crisis de la deuda que aconteció en sus primeros años, el gobierno argentino del presidente Raúl Alfonsín intentó regionalizar los conflictos por la independencia de los centros de poder, así impulsó una reunión latinoamericanista en la cual se firmó el “Consenso de Cartagena”, que reclamó el tra
tamiento político de la deuda regional. Sin embargo hubo dificultades para establecer mecanismos colectivos al respecto y, también, defecciones como las de los gobiernos brasileño y mexicano de aquel momento. En noviembre de 1984 en un histórico discurso latinoamericanista, Alfonsín se dirigió a los “ilustres visitantes de la Patria Grande latinoamericana” y sostuvo la necesidad de “pensar a América Latina en otros términos”. “Se la pinta como la tierra de los grandes contrastes, con muchos pobres y pocos ricos y pocos ilustrados y muchos analfabetos”. Denunció que” hubo intereses importantes del Norte que han buscado sembrar la cizaña y han venido con su insidia para entorpecer esta marcha común” . Recordó que “todos estamos repensando a América Latina como un ideal continental” y advirtió que “es ahora cuando debemos andar el camino de la integración, el camino de la unión”. Señaló que“ cada vez más suben los intereses de la usura, cada vez más se perfecciona el sistema que provoca el endeudamiento porque no estamos desarrollados y nos endeudamos y después nos prestan plata a condición que no nos desarrollemos” y concluyó: “Hay una comunidad de origen es cierto pero es más importante una comunidad de destino histórico con los pueblos hermanos” instando al “Apoyo a Contadora y afirmar de esta manera la soberanía, independencia y la autodeterminación de nuestros pueblos”. La alianza PRO-UCR que gobierna hoy Argentina invirtió la tradición construida por los intelectuales y políticos de tradición popular que se glosaron más arriba, como Monteagudo, Ingenieros, Ugarte, Alberdi, Perón, Yrigoyen, Alfonsín, Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. El presidente Macri sumerge al país en la opción panamericanista de subordinación al Imperio. Paralizó al UNASUR mientras ejerció su presidencia pro tempore, para luego desafiliar a Argentina de esa valiosa institución e ingresarla al PROSUR, a fin de convertirla en un activo socio de la ofensiva por el derrocamiento del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Los gobiernos de Kirchner y Fernández habían desplegado una relación comercial de integración con la región. En sus mandatos el intercambio comercial con Venezuela ascendió de 540 millones de dólares en el año 2005 a u$s 2394 en el año 2013. Macri desactivó convenios y renunció a la fructífera integración haciendo descender ese guarismo a 367 millones, en esa disminución fue notorio el declive de la exportación de los laboratorios medicinales. La obediente subordinación del macrismo y el radicalismo que cogobiernan hoy la Argentina significó la adopción imitativa de los dispositivos de bloqueo de sus mandantes norteamericanos. El 17 de enero de 2019 la UIF (Unidad de Información Financiera) emitió un Alerta denominado “Operaciones con el Gobierno Ilegítimo de Venezuela” cuyo texto deplorable e insidioso sanciona “Téngase presente que en la raíz de la ilegitimidad del régimen liderado por Nicolás Maduro y su entorno, subyace una verdadera vocación cleptócrata, que ha llevado a los mismos a cooptar el poder para seguir explotando a la población y los recursos naturales de Venezuela” para más adelante permitirse definir al régimen de Maduro “como una verdadera cleptocracia, lo cual coloca de manera automática en situación de riesgo alto a cualquier operación que un sujeto obligado realice con...” y hacen referencia a Nicolás Maduro, miembros de su gabinete y las principales empresas venezolanas públicas y privadas y zonas francas. Advierte que corresponde tomar en cuenta las “calificaciones de riesgo que recaigan sobre el régimen de Nicolás Maduro”. Consecuentemente con estas resoluciones, encomiendas y políticas se están adoptando acciones contra PDVSA Argentina, y sus fililales Fluvialba y Petrolera del Cono Sur, estableciendo alertas financieras sobre
sus cuentas y movilizaciones de recursos, como así también retirando permisos operativos a sus estaciones de servicio y depósitos de combustibles, entre otros. Además, en el área argentina de Migraciones se confeccionó una lista de 426 personas que ocupan funciones públicas en distintos poderes nacionales venezolanos, para impedir su ingreso a nuestro país. Se suma a estas acciones, la no acreditación de nuevos funcionarios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, así como el alerta financiero para bloquear ingresos desde el exterior a las cuentas de esta Embajada. A su vez, el gobierno de Macri oficializó el reconocimiento de una representante del “autodesignado” Guaidó con el carácter de Embajadora, y aunque mantiene el relacionamiento con la Embajada oficial, en cada reunión multilateral que se realiza en Argentina, pretende ingresar a esa “enviada” de Guaidó como representante de Venezuela. Las consideraciones del Alerta de la UIF se continúan con un texto tendiente a obturar las relaciones de corresponsalía bancaria, y requieren la remisión de un Reporte de Operación Sospechosa para cualquier operación que se consume, o que se tramite, por parte de Venezuela o las mencionadas personas, zonas francas y empresas. Este Alerta es una copia de la política norteamericana y constituye de hecho una acción que persigue el bloqueo financiero y comercial a Venezuela. Es la aplicación en este orden del insólito y tendencioso reconocimiento diplomático de Guaidó como presidente a cargo de Venezuela. La responsable de la emisión del Alerta, María Eugenia Talerico, que ocupa la vicepresidencia del organismo, fue abogada del HSBC siendo que la comisión bicameral que investigó el accionar de ese banco pudo determinar que el HSBC creó un esquema de fuga de capitales y evasión tributaria en el tiempo que ella se desempeñó en esa institución bancaria. Transcurren épocas en que en Argentina el gobierno de Macri, apoyado por los radicales, cedió el manejo de su economía a las corporaciones del capital especulativo y el FMI, a cambio de un volumen de préstamos sin precedentes que ese organismo le ha otorgado violando su estatuto al permitirle usarlo para financiar la fuga de capitales. Recientemente en su información de prensa n°226/19 el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da cuenta que, en el marco de acuerdos tomados con el Grupo de Lima, se prohibió el ingreso al país de altos funcionarios y personas estrechamente vinculadas al “régimen venezolano”, “incluyendo la totalidad de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente del gobierno de Maduro,” El texto notifica que también “ se suspendió toda cooperación militar con el régimen de Nicolás Maduro” y notifica sobre alertas citadas en los párrafos precedentes como así también respecto a la suspensión del Acuerdo entre Argentina y Venezuela para la supresión de visados en pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio. La promoción de la injerencia económico-financiera en otras naciones soberanas y la participación en bloques internacionales, cuyo objetivo es el derrocamiento de gobiernos constitucionales, por parte de la alianza Cambiemos, se contrapone con históricas doctrinas argentinas y de otras naciones latinoamericanas que han sido pioneras de otra concepción de las relaciones entre naciones. La doctrina Estrada es un aporte de México al derecho internacional y se fundamenta en dos principios: la Autodeterminación de los pueblos, que significa el derecho que tienen los pueblos para “aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades” y, la “No Intervención” en los
asuntos internos de otros Estados. Ambos principios han sido recogidos en la Carta de las Naciones Unidas. Por su parte Yrigoyen durante su gobierno instaura la teoría del “estatus democrático”. Nunca existió reconocimiento durante el período del gobierno de 1916 a 1922 de estados que no cumplieran satisfactoriamente con las condiciones mínimas exigidas para una existencia política independiente. Pero no se trata solo sobre el reconocimiento de nuevos estados, pues se refiere también al reconocimiento de los nuevos gobiernos cuando en un país ocurre una modificación o transformación en el sistema de gobierno o un cambio de circunstancias en cuanto a las personas o a los ideales políticos. Previamente a esta teoría, surge, aportada por Argentina, la doctrina Calvo que expone en las conferencias interamericanas de 1889 en Washington y en 1901 en México, pero que fuera rechazada por EE. UU. La doctrina Calvo sostiene que “los Estados soberanos gozan del derecho de estar libres de cualquier forma de interferencia (ingérence d’aucune sorte) por parte de otros Estados” y que “los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales y, en caso de pleitos o reclamaciones, tendrán la obligación de acabar todos los recursos legales ante los tribunales locales sin pedir la protección e intervención diplomática de su país de origen”. También la doctrina Drago que tuvo origen en la decisión de impugnar las acciones de Gran Bretaña, Alemania e Italia, que impusieron un bloqueo naval a Venezuela en 1902 por la negativa del presidente Cipriano Castro a pagar la deuda. Frente a este ataque, Estados Unidos dijo (¿cuándo no?) que como país, no apoyaría a un estado que se viese afectado por ataques de potencias europeas que no se originasen con intención de recuperar territorios americanos y colonizarlos. La doctrina Drago (por el ministro argentino del gobierno de Roca, Luis María Drago) surge, entonces, como un cuestionamiento frente al actuar de Estados Unidos y aboga por la mediación de los Tribunales de Arbitraje Internacional para dirimir asuntos vinculados con las deudas públicas. El 30 de abril de 2019 frente a la intentona golpista en Venezuela, promovida e instigada por los EE. UU., el canciller Faurie desconociendo la tradición doctrinaria argentina en el derecho internacional se pronunció apoyando la asonada y se despachó diciendo que “El espíritu de libertad que anima a los venezolanos en esta hora tiene el apoyo de los argentinos para que vuelva a imperar la democracia en la hermana Venezuela”. Los referentes de la ya desarmada oposición “racional” Alternativa Federal, Pichetto, Urtubey y otros, comparten estas claudicaciones y virajes. Acusan al presidente Maduro de dictador. Pichetto, cooptado por la alianza oficialista como candidato a la vicepresidencia de Macri, afirma que “los hechos acontecidos recientemente muestran la verdadera cara de la dictadura de Maduro. Su proceso es insostenible y merece el repudio de todos los partidos democráticos de la Argentina”. Para no ser menos Juan Manuel Urtubey afirmó “Celebro la fuerza y la valentía del pueblo venezolano de alzarse en nombre de la libertad contra la dictadura de Maduro”. Urtubey resolvió acompañar al “moderado” Lavagna que presume de recorrer el camino del medio. Las posiciones de todos ellos implican una renuncia a la tradición peronista en términos de política exterior. La abdicación al ideario yrigoyenista y alfonsinista del radicalismo que produjo la presidencia y la gestión gubernamental de Macri y Cambiemos no concluye en la subordinación económica y financiera y en el panamericanismo contra Venezuela. La
política respecto a las islas Malvinas es claudicante y reniega de la política del presidente Illia durante cuya gestión se lograra la resolución 2065 de la ONU que “invitaba a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a proseguir las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo en cuenta disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la Resolución 1514 de la Asamblea General, así como los intereses de la población de islas Malvinas (Falkland Islands) y solicita a ambos Gobiernos que informen al Comité Especial y a la Asamblea General sobre el resultado de las negociaciones”. La determinación del giro panamericanista de Macri, excede cuestiones de adhesión a dogmas o doctrinas, es la condición de súbdito que le impone la sumersión de su gobierno en la globalización financiera, hecha con una extrema lógica neoliberal y recurriendo al organismo multilateral que juega el rol de policía de ese orden, el FMI. El giro panamericanista incluye el objetivo de debilitar al Mercosur con el impulso de un acuerdo de libre comercio asimétrico con la Unión Europea y la pretensión de eliminar la elección directa de los representantes en el Parlasur. En cambio la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostenía en abril de 2010 en una Sesión Solemne de la Asamblea Nacional Bolivariana: “¿Por qué la segunda independencia?... Es necesario ante un mundo que se ha vuelto a derrumbar en valores como los de libre comercio, que en realidad el Estado debía desaparecer, que el mercado todo lo resolvía y todo lo decidía” e instó a “atrevernos, como se atrevieron aquellos hombres, a formular categorías de pensamiento que nos sean propias, códigos, ideas que sean elaboradas por nosotros mismos, en materia económica, en materia política, en materia de interpretar la historia, y fundamentalmente en algo que propiciaron aquellos hombres de 1810, y que fuera lograr la unidad latinoamericana con un objetivo fundante para la liberación de nuestros pueblos”, y calificó recientemente como “extraordinario momento de unidad y esperanza (...) la constitución de UNASUR”. Defender a Venezuela y al gobierno constitucional de Nicolás Maduro es también defender a la Patria Grande, y por lo tanto, a nuestra Patria: la República Argentina.
II. Argentinos y argentinas a recuperar la memoria Se hace resonar el nombre de Venezuela entre nosotros como si fuera un eco fatídico. De hecho es un fantasma que recorre la televisión oficial argentina en boca de quienes se especializaron en asociar ciertas palabras al abismo y al mal. Por momentos se nos dice que un gobierno como el de Macri, que tropieza a diario con sus propios desvaríos, nos ha salvado de ser “Venezuela”. Por otro lado, complementan estos dichos asociando a “Venezuela” a todas las formas de unión ciudadana que en la Argentina pueden agruparse en un proyecto común para derrotar electoralmente al macrismo. Venezuela es talismán y hechicería. Los Leuco y los Majul agotan este nombre venezolano, al que previamente han revestido cualidades de espanto, como si estuviera brotando de una ciénaga de horror. Venezuela es para ellos la encarnación del vicio, la desgracia y la
corrupción. Han logrado, en la medida en que los medios de comunicación obtienen sus resultados generando atmósferas irrespirables, que lo que basta citar como “Venezuela” provoque un sentimiento atemorizante alrededor. Como una aparición diabólica recorre los labios del presidente Macri, de la gobernadora de Buenos Aires, de Mirtha Legrand y del senador Pichetto. Entre muchos otros. En un ejercicio vulgar y obsesivo de equivalentes, se repite que Venezuela hubiera sido Argentina si una mano oportuna, revestida por la providencia y la caridad, no hubiera interrumpido la marcha hacia el despeñadero. ¿Pero no es esta la situación que ahora vivimos en la Argentina? Llaman “Venezuela” a las privaciones más extremas en las formas de reproducción de la vida en lo económico como en lo social y cultural. ¿No es lo que vemos en este momento en nuestro país? Y si extremamos la posibilidad comparativa, ¿no percibimos que la catástrofe anunciada para los venezolanos, cuyas dificultades en cuanto a la vida cotidiana no se desconocen, no solo no están a la vista, sino que hay un pueblo que se mantiene en medio de una cotidianeidad que exige sacrificios, pero también resistiendo a los causantes de esos males, que son los mismos que dicen venir a solucionarlos? Hay muchos motivos para que nos avergüence este tipo de parangones. Muchos piensan su destino electoral como si transitaran un pasadizo cuyos bordes están electrificados, y cuidan no tocar nada que les impida caminar en puntas de pie. Decir la palabra maldecida, Venezuela, piensan que los perjudicaría, cuando la responsabilidad política por excelencia consiste en hablar en forma razonable, analítica y sincera de esas mismas palabras que están en los horizontes principales de la época. Hay allí en marcha un golpe de Estado que de triunfar fortalece un oleaje mundial de las derechas norteamericanas, europeas y latinoamericanas. Las imágenes que llegan de Venezuela, son tratadas de un modo ambiguo y velado por los grandes medios, por lo cual parecería que estamos ante un caso inmanejable, provocado por los hijos de las tinieblas. Agréguese la palabra “chavista” y ya los operadores del golpe saben que la tienen en una gran medida preparada para provocar un sentimiento de pavor. Eximiéndose de las notas efectivas de opinión que exige la historia contemporánea, la verificación de los argumentos invocados y el conocimiento de cómo se mueven las grandes fuerzas mundiales de las finanzas y del capitalismo comunicacional que “pesca almas” en el mercado del miedo, creen que la palabra infernal nos abruma y desarticula. “Nos convertiremos en Venezuela”. ¡Cuánto error y prejuicio encierra este falso cotejo! La comparación no corresponde, porque los caminos abordados por Argentina y Venezuela fueron diferentes. ¿Pero cuál es la diferencia, cómo opera como tal, con qué calidad de diferenciación, con qué distancia y qué tipo de singularidades, con qué grado de irreductibilidad de unas respecto a otras? Una primera comprobación irrevocable: los procesos políticos de Argentina y Venezuela son diferentes, diferentes son los planos en que se juega el discurso político y los agentes institucionales que están en el terreno de la expresión política, en primer lugar, el papel de las Fuerzas Armadas, que en Venezuela son un decisor político fundamental y objeto específico de las operaciones de la coalición golpista enjaezada por los Estados Unidos. Las condiciones de la existencia colectiva, en la medida que están deprimidas y originan un éxodo poblacional, tienen su origen en los mismos planes golpistas que dicen venir a remediarlas. Son
ellos los que expropian los recursos financieros de la empresa petrolífera venezolana radicados en los bancos estadounidenses, son ellos los que bloquean los abastecimientos esenciales, mientras dicen que vienen a proveerlos, son ellos –los que se declaman constitucionalistas y republicanos– los que viene a cegar las fuentes jurídicas en las que se sostiene el gobierno legal de Venezuela. Es cierto que hay una oposición efectiva con representación parlamentaria, pero son ellos mismos, al declarar usurpador a Maduro, los que obturan el fundamento mismo de su legitimidad opositora. Al enredarse en un argumento que, pretendiendo basarse en un artículo constitucional, decidieron hacerlo cumplir con un proyecto golpista que ya tiene varias fases en su haber. Este golpismo latente otrora y hoy manifiesto, se extiende en los planos internos de la sociedad venezolana ya desde los tiempos de Chávez. Este fue una infrecuente y vivaz personalidad: los pueblos caribeños pudieron tener con él una disposición empática que en los pueblos rioplatenses no estaría ganada de antemano. Envuelto en banderas, tocado con boina de paracaidista, modulando con énfasis una épica social que nos es familiar, pero a la que le agregó asombrosas artesanías de su propio cuño, Chávez se había empeñado en invocar la metáfora de la batalla contra la muerte. Su propia muerte fue tratada en plaza pública. Con los mismos énfasis discursivos que pertenecen a su amplio repertorio expresivo. El cuerpo de Chávez era un cuerpo hablante. Hizo emanar de él una gran leyenda histórica y legó una epopeya contra la muerte, en una correspondencia de conceptos que es del todo conocida. Muchos pueblos la han protagonizado, asociando cristianismo popular, cientificismo médico, laicismo de masas y grandiosas metáforas sobre la fugacidad y eternidad de las cosas. No fue un líder político ocasional. Se exige entonces a quienes desean resolver de un plumazo o una rabieta contra el populismo un tema tan crucial, que se sitúan en este momento de una historia compleja, que estén mejor munidos de razonamientos y valoraciones políticas. Nuestros constitucionalistas liberales, de no hacerlo, se tornarían de inmediato en golpistas; nuestros demócratas que buscan democracias directas y no solo electorales, también perderían de vista la composición social de un movimiento cuyas raíces éticas traen memorias antiguas de la formación nacional, que entre nosotros no solo se pretende ignorar, sino que se trabaja desde el propio Estado para eso. Que la historia venezolana se desarrolle en un territorio al que la naturaleza dotó de la materia petrolífera casi como ningún otro en el plantea, solo quiere decir que, en todo gran conflicto, como este lo es, están en juego las diversos composiciones económicas y políticas con que se entrelazan naturaleza e historia, recursos naturales y democracias populares y participativas. Chávez supo hacer un espectáculo de fuerte potencia comunicacional de su propia oratoria, basada en dos extraordinarios recursos intelectuales. Las destrezas memorísticos y el impulso mesiánico democrático sostenido con gracia especial, teniendo en cuenta las incontables acechanzas que se alzaron siempre contra esta exuberante estilística, que Maduro ahora retoma sin temer designarse como hijo constitucional del fallecido líder, de un modo en que nuestros liberales pseudo-constitucionalistas perciben como un despropósito jurídico, cuando en sustancia se trata de explorar las potencialidades de la democracia, sacándola de cautiverio de las corporaciones mediáticas... El versátil collage de Chávez incluía un repertorio de citas de Gramsci, de Oscar Varsavsky –el científico argentino que vivió sus últimos años en Venezuela–, de Lenin, del
cantante Alí Primera y un ramillete escogido de boleros. Todo tiene su punto de enlace fundamental en las menciones de Bolívar. Este gran personaje histórico es recreado por Chávez con las mismas cualidades con las que tocaba todos sus temas: recuerdos de textos bolivarianos, de episodios de su vida, y un poco más allá, la reciente exhumación de los restos de Bolívar. Frente al osario, Chávez dejó una gema sin igual de sus consideraciones sobre el simbolismo que acontece cuando muerte y vida se entrelazan. “Les digo: tiene que ser Bolívar ese esqueleto glorioso, pues puede sentirse su llamarada. Dios mío. Cristo mío”. No es necesario concordar; solo basta con comprender. En los huesos Chávez ve llamaradas. Esta parábola resurrecta del Libertador es de fuerte cuño cristiano, aunque no se hubiese escuchado la mención final a Cristo. Chávez propuso la información sobre su propia dolencia recurriendo a este mismo arco entre el cuerpo afectado por su consunción y los resplandores que emanan de las simbólicas osamentas. El mismo tratamiento que en su discurso a la nación venezolana tuvo su enfermedad, enlazándola metafóricamente a una batalla que replica la que se lleva a cabo en la específica dimensión social. Es lógico que las metáforas médicas, tan elocuentes, se transpongan a la política. Y viceversa. Pero Chávez lo hizo con un dramatismo singular: exponiendo su propio cuerpo como tema y generando una épica personal que se fusiona sin mengua con los asuntos públicos. Las grandes tradiciones socialistas europeas –siempre severas en sus textos, en sus atavíos, en los estilos personales de sus jefes–, se transformaban en los países entonces llamados tercermundistas en estridentes mezclas con las lenguas populares y todos sus cultivos antropológicos. Chávez nos desafió colocando como filigrana superior al “socialismo del siglo XXI” y presentándolo como un imán que atrae una constelación de objetos encantados que pertenecen al idioma de un militar sensible, lector de textos eruditos y populares a los que entremezcla en una salsa barroca de glorificación histórica, retórica de batalla, pintorescas imprecaciones y plegarias revolucionarias. Las obvias características que suprimen una diferencia que está a la vista entre ambos procesos –el argentino y el venezolano–, impiden el torpe comparativismo que barre momentos históricos, procedimientos y acciones disímiles. Es el típico ahorro de argumentos, el montaje de prejuicios y la sustitución del pensamiento histórico por una ofuscación circunstancial ya sistematizada. Pero la ofuscación no sobreviene por razones que podríamos llamar objetivas, sino por los cálculos de conveniencia de una franja de la conciencia, no siempre bien determinada, donde radican callados y a la espera de uso, toda suerte de cálculos nefastos. Lo nefasto es el alma luctuosa de la historia que se reviste de verdad forzada. El presente complejo de Venezuela quiere ser comparado a un improbable pasado inmediato de la Argentina. En una suma de neblinas del pensamiento, la propaganda oficial desliza que “gracias a Macri nos salvamos de ser Venezuela”. La torpeza de este fraseo no indica que sea fácil resolverlo como acertijo envilecido. Abochorna este pensamiento, pues quienes lo sostienen como si fueran levantadores de pesas, sí son parte de una enorme construcción de desestabilización en Venezuela. El macrismo es una parte interna e importante de la política venezolana, forma parte de uno de sus partidos, de repente lo vemos enmascarado en las calles principales de Venezuela fabricando artefactos que ya sabemos cuáles son, tomando puentes y autopistas con ametralladoras de grueso calibre, mientras aquí por mucho menos abre su diccionario para identificar “terroristas” en simples manifestantes.
Venezuela aparece en la publicidad de la corporación golpista mundial como una triste alegoría, un gobierno que desabastece, reprime y deja al descubierto el esqueleto ruinoso que deseó llamarse revolución, y que osó arrimarse a un socialismo renovado con singularidades propias, flameando desde antiguas emancipaciones. Ahora, en gabinetes secretos de especialistas en crear sintomatologías golpistas, es una pieza a retornar al nuevo orden mundial, a la nueva configuración que adquieren los poderes de los condottieris de las finanzas. Hay que destruir a una pieza que encuentran como un sobrante de todo lo que se animó a desafiar a los más poderosos. Confiscar todo rasgo de los que en Venezuela es su singularidad emancipatoria: empresa petrolífera y sus reservas gigantescas de energía, su ejército que desfilaba cantando tonadas de liberación, su reconstrucción del osario bolivarista, rostro mítico de un hilo histórico que carga a los dos Simones, Bolívar uno, Rodríguez el otro, el juramento y la pedagogía, como dos inspiradores de planes educativos y culturas libertarias. El socialismo invocado aspira a combinaciones constitucionales entre el elector ciudadano burgués tradicional y los cuerpos laborales con nuevas representaciones colectivas. El experimento es nuevo en nuestros países, resume siglos de discusiones sobre la representación social y hay que mirarlo sin prevenciones. Pone bajo querella el Estado burgués, compartiendo muchas de sus partes. Los intentos de diversificar comunitariamente la destilación petrolífera –aunque encontró numerosos tropiezos–, también cuenta con pocos antecedentes, y el mismo gobierno percibió la extrema osadía que significaba; la realidad social y tecnológica ofrecía obstáculos irresolubles. En sus comienzos el gobierno de Venezuela buscó apoyos y encabezó iniciativas muy conocidas, que llevaron banderas de intrepidez y originalidad. La invocación de un modo revolucionario era diaria en la voz de un comandante militar que mostraba diversas sensibilidades para dirigirse a las multitudes, para encarar con gracejos propios cuestiones de gravedad institucional e intervenciones, para acentuar en estilo caribeño consignas extraídas de las fuentes más diversas e inesperadas. La oposición que iba generándose comenzaba por el lento reagrupamiento de lo que se sabe decir fácil y explicar con dificultad. Los conglomerados demasiado famosos, pero diluidos y sin contornos precisos, de esa muchedumbre cuyo rostro sale de las clases medias, que comienzan con sus recelos estéticos contra cierta estridencia de Chávez, a la que escuchan como gutural, cuando es el grosero oído de una mesocracia palidecida el que no sabía percibir la misiva humanista debajo del estilo militar. Hubo un malestar primero por la épica y las sentencias heroicas, tamizadas por una resonancia dicharachera, y luego por la incómoda convivencia de anuncios socializantes que mostraban logros importantes, pero se situaban en la cornisa del sistema económico imperante sin instrumentos concluyentes para superarlo. Con los años, con Chávez ya ausente, alguien calificó el conjunto de esa experiencia de nacional-stalinismo. La generosa mano del pensamiento liberal siempre encuentra los arrepentimientos necesarios para hacer creíble una acusación. En materia de rótulos que ya coleccionaron todos los vituperios necesarios en el transcurso del siglo XX, hay que ser cuidadosos, si es que apenas fuera un caso de ingenuidad al esgrimirse estas absurdas calificaciones. El llamado libertario hecho por ese versátil militar, que con su curioso exhibicionismo protegía una búsqueda intelectual genuina, siempre causó recelos incluso a quienes miraron bajo un velo comprensible la situación, pero que se
justificaba siempre y cuando se fuera capaz de abandonar estereotipos y darles una chance a las fluctuaciones de la historia. Por otro lado, iban apareciendo las dificultades económicas, explicables por múltiples razones. Desde el precio del petróleo –gigante con pies de barro– pero que mostraba a Venezuela, poderoso país de la OPEP, con una riqueza exportadora nunca interrumpida, hasta hoy, en que Estados Unidos abandona cualquier otro pensamiento que no sea un obtuso mandoneo imperial, que como sabemos suena con melodía urgente en un macrismo servil. En un país débil en su retaguardia industrial, alimentaria, de abastecimientos cotidianos, el petróleo es la base de intercambios desde la cual realizar otros despegues productivos. Si a todo ello se lo llamaba revolución, la forma de resolverlo debía ser eficaz y original, con nuevos encuadres geopolíticos, que en su momento tuvieron nombres que hoy suenan nostálgicos, UNASUR, CELAC, en gran parte ideados por Chávez, y bajo la anuencia entusiasta, por decir lo mínimo, de Lula y Kirchner, lo que de ninguna manera autoriza a decir lo que estos tres presidentes nunca dijeron: que sus acuerdos significaban uniformidad de perspectivas en cuanto a lo que cada país cargaba en sus particularidades económicas, estilos políticos y ritmos de transformaciones, sino una evocación latinoamericanista de un formidable poder simbólico, presente y futuro. En su contorno movedizo, el tema petrolífero, el intercambio de materias primas y productos elaborados con Argentina, crearon relaciones necesarias, además de los acuerdos sobre la cuestión colombiana y algo más, el toque nostálgico por el cual era posible ver allá un ejército que asumía un contraste profundo con lo ocurrido con las fuerzas militares argentinas en el más inmediato pasado. Se muestra hoy esta misma cuestión cuando la estrategia general de la oposición golpista es la de quebrar el Ejército, que debe sacar declaraciones de unidad ante intentonas de pequeño porte que tienen como objetivo punzar a las franjas menos convencidas de las fuerzas militares, mayoritariamente inclinadas a apoyar la Constituyente. Lo de Venezuela porta el nombre de revolución bolivariana y el kirchnerismo eligió con más modestia Proyecto nacional y popular. Las relaciones entre ambos, ostensiblemente, fueron diplomáticas y extra-diplomáticas. Chávez y Kirchner estaban empeñados en la paz en Colombia, pues con razón –como luego se vería– la estabilidad de Venezuela dependía en una medida importante de ella. La muerte de Chávez, que él sospechó anticipadamente, fue recibida por la oposición golpista como un toque a la desestabilización de la fuerza bolivariana. Mucho se ha dicho y se dice sobre su sucesor, Nicolás Maduro. No era ni podía ser Chávez, con el que mantenía, era evidente, una relación filial. La fuerza carismática del muerto y el modo en que agitó las aguas de la historia, alcanzaron para que no se dividiera en diversas facciones el movimiento que originara bajo su nombre. Pero la oposición, con lazos de todo tipo con fuerzas paramilitares propias y ajenas, aprovechó las fisuras que brindaban las diferencias entre el sabor épico del discurso chavista y la fragilidad del vivir cotidiano. Lo que parecían tímidas rajaduras iniciales, concluyeron en procesos de desabastecimiento y pérdida de la potencia electoral, perdiéndose la mayoría en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo juzgar estos hechos? Es una pregunta que pudiéramos haber hecho a cualquier altura de este escrito. Venezuela vive un proceso revoluciona
rio sui generis, esto es, que pertenece sólo a sí mismo, no obstante ser posible vincularlo a otras lejanas memorias. De la comuna de París, 1871, tiene en rasgo comunal como agrupamiento fabril federativo y la escisión del ejército, con el agregado de una milicia civil. Difiere en el ámbito en que la Comuna se dio: una guerra entre naciones, que preanunciaba décadas después la 1ª Guerra Mundial. Difiere, obviamente, de la Revolución Rusa por sus dimensiones políticas, humanas, el signo universal que esta tuvo, el mundo ideológico que la presidió, la movilización de millones de hombres extraídos de una guerra y puestos en los términos de una guerra civil (como lo compuso la profecía de Lenin en Zimmerwald, 1915). Ese rasgo militar que tiene el bolivarianismo socialista –esta conjunción nunca enteramente soldada de nombres–, también la aleja del mundo político que inició la experiencia republicana española de 1936, y llevando la mirada hacia nuestro continente, tiene del peronismo el aroma y la ebullición política originada en el ejército, pero algo le agrega y algo le falta para hacer efectiva una comparación impecable, lo que nunca es posible. La fracción militar chavista fue acusada desde hace no poco de narcotraficante y demás, cumpliéndose el breviario golpista de todas las latitudes, sobre la base de “realidades” indemostrables se superpone un fabulario televisivo. Lo cierto es que en lo que nos corresponde decir innovó en sus tradiciones bolivarianas que estaba quietas desde hacía tiempo –hubo el “otro” Bolívar que había “inventado” el presidente Gómez en 1930– y no poseían el juego de contradicciones entre nacionalistas y liberales de las fuerzas armadas argentinas. En otro sentido, el componente sindical en Venezuela era débil o se ausentó del encuadre chavista. No obstante, los hechos del 2002 ocurridos en el buque petrolero Pilín León, frente a las costas de Maracaibo, marcaron un rumbo en la relación de Chávez con las federaciones obreras del petróleo. El chavismo tampoco se parece al primigenio sandinismo, salvo por el tenor del liderazgo de Sandino y cierto compromiso místico del “General de los hombres libres”, pero que circundaba un liberalismo social antimperialista con pizcas de masonería. Chávez no lo era, pero cargaba con un ecléctico “santoral” que tenía el cuño de la épica bolivariana y el inusual libertarismo de Simón Rodríguez. ¿Cómo juzgarlo? Se escucha, como un primer decir, que Maduro no está a la altura de las responsabilidades que Chávez había originado, que sus decisiones son toscas, que no está anoticiado de la primerísima exigencia de respetar los derechos humanos. Que el Ejército, como se ha repetido hasta el hartazgo, es visto como un ámbito de privilegios que surgen de las disparidades cambiarias, asociadas a otras franquicias, incluido el narcotráfico, cuestión a la que se alude con liviandad y falta de pruebas, aprovechando la verosimilitud instalada a escala internacional sobre este tema. Que es realidad a lamentar (su instalación) al mismo tiempo que artilugio golpista, puesto en práctica por personajes titiritescos de las ultraderechas mundiales, como Leopoldo López y Guaidó. Todo esto es la cartilla dominante que surge desde una conjura golpista, que no por serlo puede tomar algunos perfiles de revuelta popular. Se dirige contra una gran experiencia que exhibe, asimismo, un vértice de lo popular en su mayor elocuencia. No obstante, todo lo que se pueda decir de este gran torbellino reformista utópico, con sus zonas muchas veces cenicientas, es que se expresó sobre una ciénaga de condiciona
mientos que provienen de agencias exteriores especializadas en golpismos con recursos comunicacionales cada vez más refinados respecto del golpe a Salvador Allende en 1973. En él participan sectores amplios de la Justicia, Medios de Comunicación, Servicios de Inteligencia internacionales y empresariales, los factores exógenos del desabastecimiento y la inflación, ambos con carácter de flagelo sobre la vida popular. Lógicamente, en un esquema impuesto por una “episteme comunicacional” que abarca todo el planeta, el conjunto de la violencia desatada en Venezuela “es culpa de Maduro”, todas las muertes lo son, todos los actos antidemocráticos lo son, todos los esfuerzos por restablecer precarios niveles de acuerdo son vistos como maniobras oscuras y siniestras, toda la sangre que se derrama tiene origen en los motoqueros de la noche chavista. Pero la noche la crean ellos, los golpistas, que han llegado a sabotear todo el sistema eléctrico desde centrales de ataque informático, y de paso acusar de ese tremendo acoso a la población civil a una supuesta “burocracia corrupta” del Estado Venezolano. Cuando todo esto pase, habrá que recolocar el concepto de corrupción en el lugar jurídico que le corresponde en las armazones legítimas de la democracia y la justicia, y no en el gabinete secreto de las operaciones mediáticas contra los gobiernos populares. El esquema de interpretación, ya preparado, es más que eso, es un acto emanado del control contemporáneo de las vidas colectivas, en la que participan neo corporaciones que atraviesan empresas nacionales, reuniones mundiales, comunicados explícitos y maniobras en oficinas de todas las maquinarias coaligadas en favor de un horizonte humano disciplinatorio de cuño coercitivo, por un lado, y que promete una felicidad tallada en promesas de una medalla cuyo reverso es el miedo. Todo culpa de Maduro, no hay brigadas que operan desde Colombia, no hay grupos de choque en las barricadas con poder de fuego, que Canal 13 muestra como héroes republicanos mientras fabrican bombas molotov, no con las máscaras que tan sabiamente critican de los piqueteros argentinos, sino con una tecnología más elevada, máscaras antigases y otros implementos como las célebres bombas molotov, fabricadas en serie al aire libre, con la complacencia de las jóvenes periodistas de los canales de televisión, que así reviven episodios de la guerra civil española o de la resistencia finlandesa, fácil prueba del desmoronamiento del régimen abominable. ONGS y Fundaciones estadounidenses estarían apoyando con financiamiento a estos grupos y procederes. Han llegado a ocupar militarmente un puente cercano a un cuartel. Es un paso más. Pero no son tan simple las cosas. Hay alentada una guerra civil latente, que convive con acciones de urgencia: resolver el diferendo por elecciones constituyentes, en un ambiente de paz, como propuso en sus últimos discursos el presidente Maduro. Contra el golpismo, paz, justicia genuina y, en su momento, elecciones libres. Pero los profesionales irredentos de los focus groups artillados del golpismo no cesan. Simultáneamente se busca dividir al Ejército, y con eso, el apócrifo bloque de países latinoamericanos que son vanguardia de la destrucción de la experiencia venezolana –Argentina, sobre todo–, la mayoría de la Unión Europea, contrapesada por la valorable actitud de Rusia, China y el Papado, y bajo la conducción del gran garrote yanqui, dar por cerrado el capítulo del “Socialismo del siglo XXI”. Esgrimir frente a este espectáculo sombrío la impericia de Maduro o la “debacle” económica del país –en verdad, laboriosamente preparada por gabinetes especializados en operaciones que ya no exigen bombardeos
al Palacio de la Moneda–, y reclamar por la ausencia de democracia –punto este que resulta desmentido por la vocación electoral puesta de manifiesto por el gobierno en todos los tramos de esta crisis y los originales ámbitos comunales de participación y autogestión popular, resulta un pobre argumento de un liberalismo que regala su último girón de dignidad con críticas que en otro momento podrían ser válidas –como las objeciones al extractivismo o a los acuerdos de PDVSA con petroleras extranjeras–, y los ofrenda en los despachos de los profesionales norteamericanos de la Casa Blanca, expertos de la asfixia existencial de los pueblos. Siempre los deseos del humanista son válidos y siempre –por efecto de esa misma validez– contienen en su seno las prácticas de un mundo en lucha. Poder constituir la situación de Venezuela ante nosotros y nosotras como un ámbito necesitado de la urgencia de un humanismo político. Detener el trágico devenir de las muertes callejeras, proponer un horizonte firme de derechos humanos que tenga en claro que cada cuerpo caído obedece a cálculos golpistas, sean las que fueren las opiniones y acciones del caído, y provenientes de donde fuere la autoría de una muerte. Reconocer que hay nuevos problemas que aceptar, antes que promover viejos golpismos de nueva matriz (comando de desestabilización bajo escenografías de libertad, diseñados en y dirigidos por Washington). El nuevo problema es la convivencia de la Asamblea con mayoría opositora, y la Asamblea Constituyente, elegida por otro sistema que combina la figura del ciudadano y ciudadana con la de los grupos comunitarios, a la manera de un federalismo proudhoniano. Todo presidido por Nicolás Maduro, legítimamente elegido en elecciones libres, con control internacional y participación de opositores. El golpismo dirigido por la “democracia de la CIA” y otros organismos mundiales coaligados, no tiene interés en estos debates, sino urgencia para deshacerse del bolivarianismo. La aún superviviente tradición independentista y libertaria de nuestro continente, por debilitada que ahora esté, por más crítica que sea con los traspiés de Maduro –de los cuales se levanta con valentía–, no debe dudar el expresarse a favor de la continuidad de gobierno que ensaya una de las experiencias más radicales de transformación social de estos aciagos tiempos. El retiro por parte de Macri de la Orden del Libertador a Maduro es un hecho afrentoso a la historia común de los dos países, hecho que se rige por un oportunismo inmoderado, un “Excel” infamante, pasando por encima de cuestiones de historicidad evidente. Al macrismo, una de las puntas de misil que se dirige contra Venezuela, se sabe que poco le interesan los nombres de la historia. Cierta preeminencia macrista en el horizonte político argentino es coincidente con haber despilfarrado el sujeto de la política para pegarlo como piel inerte a los movimientos de las finanzas, el capital y la represión pensada desde laboratorios behavioristas. La cuestión venezolana, cualquiera sea su desenlace –el manual golpista dicta acciones in crescendo– es una cuestión que exige el máximo de cuidados políticos para ser interpretada. En las calles de las principales ciudades venezolanas hay una guerrilla urbana que ataca con “garantías”, fundada en históricas resistencias urbanas, en este caso, en manos de la derecha, como fueron los comienzos del franquismo. Esto introduce un tema crucial en la vida política: los métodos y las palabras intercambiables, las situaciones
cruzadas reversibles. ¿Qué es entonces lo que produce la diferencia? Hay un gran discurso de Melenchon –cosas así faltan entre nosotros– que interpela a los políticos franceses que cuestionan la violencia del islamismo radical y festejan la que se practica por parte del golpismo en Venezuela. Pues bien, no es tema fácil. Se dirá que las dos violencias “no son iguales”. ¿Qué las diferencia? Lo que sea, habrá que buscarlo en los implícitos o visibles rangos ideológicos, o si se quiere, histórico-conceptuales de cada horizonte de acontecimientos. No hay un manual de ética con tales exactitudes que nos lleven a estacionarnos en una u otra parada. Lo que vemos en Venezuela es entonces el acoso a un gobierno de corte emancipador. La crítica a estilos o modismos diversos no sirve para anularlo en sus expresiones transformistas y populares, ni el apoyo que emana hacia esta línea de gobierno, nos exime de observar preocupadamente todo el cuadro que está a la vista. Es preciso salir de esta encrucijada golpista que mueve sus hilos desde varios cenáculos conspirativos mundiales muy conocidos y lamentablemente tiene al macrismo como cabeza hueca de misil. Lo que hoy ocurre en Venezuela son hechos de índole catastrófica cuya condena obliga a la memoria política de millones de personas en todo el mundo. Esa obligación va en consonancia con un indicio que se hace evidente y es necesario mantener: la necesaria autocontención de las fuerzas gubernamentales y el respeto por las existencias concretas que se manifiestan, sean opositores o no. Estamos ante un cruce de la historia, esa misma que, aunque esconde sus lágrimas, nunca es imparcial, y reclama ahora condenar con una voz latinoamericana y mundial vehemente, el aciago golpismo contra el gobierno venezolano.
Un llamado a los y las compatriotas La Argentina ha transitado dos siglos largos ya de vida independiente, atravesada por tensiones y conflictos a veces sangrientos. En este tránsito se han ido configurando definiciones que conforman bases de acuerdos fundamentales. Difícil y con riesgo de dejar insatisfechos decirlos con palabras. Por eso, preferimos hacerlo en nombre de lo que tienen en común personalidades como Yrigoyen, Perón, Evita, Alfredo Palacios, Illia, Cámpora, Alfonsín, Néstor y Cristina Kirchner, Ongaro, Tosco, Atilio López, los 30.000 compañeros desaparecidos, Azucena Villaflor con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Ortega Peña, Silvio Frondizi, Rodolfo Walsh y tantos otros y otras. En nombre de esa comunidad intelectual y afectiva de hecho que esos nombres evocan, llamamos a nuestros compatriotas a pronunciarnos en defensa del pueblo y del legítimo gobierno bolivariano de Venezuela, que está siendo injustamente agredido de todas las formas posibles por el imperio y sus secuaces, como en el pasado lo fue la Nicaragua de Sandino, la Argentina de Perón, la Guatemala de Arbenz, la República Dominicana de Bosch, el Brasil de Goulart, el Chile de Allende, el Perú de Velazco Alvarado o la Bolivia de Torres. Y lo fue y lo sigue siendo la heroica Cuba. Ninguna especulación electoral, mediática o del tipo que sea debiera eximirnos de manifestar con claridad el repudio a la agresión sistemática, la desestabilización, el terrorismo imperial, la conspiración a través de la prensa, el bloqueo, el sabotaje y el hambre contra el pueblo de Venezuela.
Proceder contra este mandato histórico nos condenará, o condenará a quien se quiebre ante consideraciones subalternas que “lo preserven”, -que no pueden oponerse sin vergüenza a este nuevo drama americano- al justo repudio de las generaciones que nos sobrevivan.
¡¡¡PAREMOS LA OFENSIVA IMPERIALISTA SOBRE VENEZUELA!!!
¡¡¡DEFENDER LA AUTODETERMINACIÓN HISTÓRICA DE VENEZUELA ES DEFENDER NUESTRO FUTURO!!!
Argentina, Junio de 2019.

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