Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

22Nov/200

Dos en el sube y baja

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Mientras Estados Unidos continúa en el pantano post electoral, China cierra un mega-acuerdo de libre comercio asiático

 

Las elecciones en Estados Unidos no han concluido a pesar del conteo provisorio de los estados y la proclamación de Joe Biden por la prensa. Donald Trump sigue insistiendo en sus declaraciones preelectorales de fraude y robo de votos sin otros argumentos que algunas irregularidades menores en los cinco estados donde la diferencia era ajustada: Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Georgia. En este último se está haciendo un nuevo conteo definitivo por ser la diferencia menor al 0,5 % a favor de Biden, pero ese cómputo no cambiará el resultado nacional. Sin contar los 16 electores de Georgia, Biden ha sumado 290, superando los 270 consagratorios, y Trump 232. Según Los Angeles Times (17 Nov.), Biden está obteniendo 78,9 millones de votos (51,3%), Trump 73,2 (47,6 %) y Jo Jorgensen, candidata del Partido Libertario (derecha), 1,6 millones (1,1 %). En esta elección hubo una participación ciudadana del 62%, la más elevada desde 1964, pero baja en comparación con las argentinas y europeas. El 38% de los ciudadanos con derecho a voto no lo ejerció.

Trump perdió pero no por paliza. El trumpismo está lejos de aceptar la derrota y menos aún de haber sido sólo un momento anómalo en la historia oficial de “corrección política” norteamericana. Hoy es un país dividido políticamente, con una grieta que Trump se esfuerza en profundizar. Esa negación de la derrota es el principio de reorganización, bajo su liderazgo, de la fuerte fracción de la derecha blanca belicosa, muchas veces armada. Veremos hasta dónde llegan.

 

Votantes y programas

Según la encuesta de AP, si se diferencia por sexo Trump obtuvo el voto del 52% de los hombres y el 44% de las mujeres; por edades, el 51% de los mayores de 45 años; por etnia el 55% de los blancos, 8% de los negros, 35% de los latinos, 28% de los asiáticos; por educación, 52% de secundaria o menos, 42% de los graduados universitarios, 40% de los posgraduados; por religión, 60% de los protestantes, 71% de los mormones, 50% de los católicos; por nivel económico, el 45% de los que tienen ingresos anuales inferiores a U$S 50.000, el 50% de los que ganan entre 50.000 y 99.000 anuales y el 47% de los que ganan más que U$S 100.000 por año. Geográficamente, las costas Este y Oeste votaron a los demócratas, y el interior profundo, la Middle America blanca, a Trump.

Los encuestados indicaron que los temas que decidían su voto, en orden de importancia, eran: Pandemia (73%), Economía y Trabajo (28%), Salud (9%) y Racismo (7%). Luego otros tópicos y al final de la lista Política Internacional con el 1%.

De no haber sido por el mal manejo de la pandemia, sumado a las consecuencias políticas del asesinato de George Floyd, Trump difícilmente hubiese perdido la reelección, al margen de todas sus características de “políticamente incorrecto”. El 75% de los que resaltaron la pandemia votaron a Biden, mientras que de los que marcaron como tema principal economía y trabajo el 81% votó por Trump.

El visceral y políticamente incorrecto Trump expresó claramente sus convicciones sobre “el virus chino” (y otros temas) pensando que los esfuerzos que hacía en el campo económico, con una magnitud de ayuda federal inédita en tiempos de paz, superarían cualquier otra faceta. No le alcanzó, aunque por poco. Que esa ayuda federal se dedicó sesgadamente en favor de los grandes monopolios no le quita su importancia para los trabajadores.

Los consejeros de Biden le indicaron qué decir sobre la pandemia, al igual que los graduados el énfasis en cada uno de los demás temas, y ganó apegándose al manual. Es un viejo recurso de la política, como arte de lograr apoyos acomodando el discurso a los cambiantes vientos que indiquen aprobación en las encuestas. Biden encontró la oportunidad luego de bregar cincuenta años. Su principal mérito es no ser Trump.

Liu Mingfu, coronel (retirado) del ejército chino, indica: “Estados Unidos es sólo medio democrático. La característica sustantiva de un país democrático tiene dos aspectos: la primera, las políticas internas democráticas sin totalitarismo en la sociedad nacional, y la segunda, las políticas internacionales democráticas sin hegemonía en la comunidad internacional. Un país verdaderamente democrático es un país que no tiene monarca en casa ni hegemonía en el extranjero. Si un país sólo es democrático en casa y hegemónico y autocrático en el mundo, es como máximo la mitad de un país democrático”. (1)

Para el resto del mundo la parte significativa de la política del hegemón es su política exterior, y sobre ella los ciudadanos norteamericanos no tienen mayores divergencias ni le dan trascendencia en su decisión de voto. Confían en que Estados Unidos defiende “los principios de la libertad y la democracia” y sólo se preocupan cuando vienen muchos ataúdes con caídos en oscuras batallas lejanas. Las elecciones se definen 99% por temas internos. El resto del mundo es el que tiene que aguantar, resistir o asentir a políticas que no ha votado. Que Biden sea “progresista” en lo interno, en sus propuestas respecto a la pandemia, minorías raciales, alternativas sexuales, educación u otros temas, no tiene relevancia para el resto del mundo al momento de soportar la presión del hegemón. La diferencia quizá sea que el puño de hierro en la próxima administración demócrata esté enfundado en un guante de seda, con expresiones políticamente correctas al estilo Barack Obama mientras lograba el récord de asesinatos internacionales mediante drones en Oriente Medio, y el Premio Nobel de la Paz como recompensa anticipada a sus posteriores proezas.

Trump representa una visión geopolítica de largo plazo por sobre las ganancias de corto y mediano plazo de la dominante fracción de las finanzas, el capital globalizado, y de las nuevas tecnologías de comunicación. Su objetivo internacional es tratar de limitar el ascenso de China, y al margen de los temas internos ha desplegado una estrategia nacionalista-racista-xenófoba, el imperialismo desnudo del siglo XIX e inicios del XX, el “gran garrote” al estilo del presidente Teodoro Roosevelt. Los acuerdos de Bretton Woods de 1944 no le sirven frente al ascenso de China y ha tratado de rehacer unilateralmente las reglas para mantener la hegemonía americana. El trumpismo se manifestará, entre otras cosas, en el mantenimiento por Biden de muchas de las medidas proteccionistas o punitivas frente a China, en una acomodación difícil de amalgamar con los grupos de interés globalista con negocios en China que desde hace años ha colonizado (no sólo) al partido Demócrata.

Las fracciones económicas globalistas habían revertido parcialmente la tendencia descendente de la tasa de ganancia del capital norteamericano al imponer al mundo el neoliberalismo a partir de los años ochenta, y se beneficiaron de la apertura y reestructuración de la economía china desde el ascenso de Deng Tsiao-ping (1978). Todo era ganancia para el capitalismo en esos años. La apertura capitalista de la enorme China, la implosión de la URSS una década después, negocios a dos puntas con la segmentación de la producción industrial simple en los países asiáticos y el corazón complejo en el centro. Pero la aceleración en el crecimiento chino y la complejización de su aparato productivo en especial a partir de su ingreso en la OMC (2001), junto al retroceso del centro por la crisis de especulación financiera de 2008, encendió las luces de alarma. China no es un gigante económico y enano político como Alemania o Japón, que sin capacidad nuclear dependen del paraguas defensivo americano y en temas estratégicos no pueden revelarse a sus dictados sin serios costos. Quizá los mayores cambios en política internacional sean un trato más amable a los aliados en función de que se acomoden a la política anti-china y anti-rusa que continuará en lo general.

La disputa mundial este año está teñida por la pandemia, “el virus chino” como lo llama Trump y así ha logrado que lo considere la mayoría de su población y muchos en los países centrales. La crisis que Trump ha desatado al no aceptar su derrota abarcará un período mucho más prolongado que la fecha de cambio de administración, contribuyendo al marasmo y desorden político interno del hegemón mundial.

 

China y sus opciones

El país asiático es el único importante que ha superado el coronavirus, en una combinación de ataque temprano con la utilización de todas las herramientas disponibles: controles de movimientos poblacionales con programas de Inteligencia Artificial incorporados a celulares, estrictas cuarentenas, construcción acelerada de hospitales, uso intensivo de testeos de respuestas casi instantáneas, eficientes y tecnificadas atenciones a enfermos, uso masivo de recursos en higiene preventiva y la repetición de las medidas con todo rigor ante el mínimo rebrote. Cero privacidad, total intrusión, fortísima colaboración ciudadana, resultado excelente. La conciencia social china sobre el individualismo americano rindió sus frutos. Esto le ha permitido superar la caída de la actividad en el primer trimestre, con resultados positivos en el segundo y tercero, que la harán cerrar el año con un crecimiento superior al 1% mientras los países de Occidente, según el FMI, tendrán caídas de entre el 4 y el 10% en 2020 y la segunda ola de coronavirus, alejando su esperada recuperación para bien entrado 2021.

Pero no todas son mieles. La presión de Estados Unidos, que venía desde 2018 con una disputa estratégica disfrazada de guerra comercial, la ha obligado a firmar en enero pasado la Fase 1 del acuerdo, simplemente para que no apliquen parte de los elevados derechos de importación sobre mercaderías chinas. Hasta el momento el cumplimiento por parte de China de acelerar las importaciones de granos y otros productos norteamericanos se ha acercado a lo pactado. Pero la parte más dañina de las sanciones son las prohibiciones de actividades de sus empresas líderes en Estados Unidos, caso Huawei y Tic Toc, entre otras, y la prohibición de vender microchips avanzados a la primera, tanto de producción americana como de empresas extranjeras (la taiwanesa TSMC) que utilicen componentes americanos.

¿Por qué esta sanción es importante? Porque en el campo de la complejidad y producción de microchips avanzados la distancia tecnológica de Estados Unidos sobre China es significativa, y sin esos semiconductores avanzados está en peligro gran parte de la arquitectura que Huawei ha montado con sus avances en la quinta generación (5G) de comunicaciones. Para todo el aparato productivo y en especial para la defensa, contar con microprocesadores avanzados es crítico.

China ha ingresado de lleno en la Revolución Industrial 4.0, término generado en Alemania hace pocos años que comprende ciber sistemas físicos en servicios y fabricación inteligente, integración de la infraestructura tecnológica incluyendo robotización, aprendizaje automático, impresión 3D, computación en la nube, internet de las cosas, nueva generación de semiconductores. Estados Unidos tiene una ventaja en investigación básica mientras China lo supera en aplicación industrial de los avances científicos, notoriamente en Big Data que otorga un mercado de 900 millones de usuarios de internet en una población de 1.400 millones. Otros sectores industriales son más heterogéneos, con algunos líderes cercanos a la frontera tecnológica y otros más atrasados. El proceso de poner al día esos sectores (catch up) es la explicación del crecimiento acelerado de la productividad en China, que en este siglo ha sido parejo al aumento de los salarios reales.

Volviendo a los semiconductores, de los diez primeros productores mundiales seis son americanos, liderados por Intel; el tercero es taiwanés (TSMC), dos coreanos y uno solo de China. Este país está acelerando la producción, liderada por SMIC, pero su experiencia, nivel de producción y complejidad tecnológica está por debajo de sus competidores. Los expertos calculan cinco años para cerrar la brecha, con todos los peligros imaginables en ese período tanto por la presión americana para que otros países no acepten los sistemas y productos Huawei como en la definición de reglas 5G, donde esa empresa china lleva claramente la delantera.

Mientras EEUU marca récords en contagios de Covid 19 y continúa su desorden político post electoral, China ha contrarrestado parte de las dificultades con Huawei y todo el sector tecnológico al firmar el pasado domingo 15 la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) para formar la zona de libre comercio de mayor población mundial junto a 14 países, que incluye a Japón, Corea del Sur, Australia, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Singapur, Malasia, Vietnam, Nueva Zelandia, Myanmar, Camboya, Laos y Borneo. Comprende 2.200 millones de habitantes, el 29,3% del PBI mundial y el 27,4 % del comercio mundial, en el área geográfica de mayor crecimiento en lo que va del siglo. Varios de los países signatarios son aliados políticos y protegidos militares de Estados Unidos, pero los beneficios que otorga la posibilidad de participar del creciente mercado chino ha prevalecido –hasta ahora– sobre las presiones de aquel país. Las tratativas comenzaron en 2011 y no es casual que se hayan firmado los acuerdos en el momento de mayor desorden político en Estados Unidos.

 

 

No será sencilla la implementación de los mismos por la presión que ejercerá Estados Unidos, que en 2018 se retiró del TTP, proyecto de libre comercio de los países asiáticos con aquel país excluyendo a China. Dos ausencias son significativas entre los firmantes: la provincia china de Taiwán y la India. La primera ha venido coqueteando con declaraciones independistas con apoyo explícito de Estados Unidos, provocando una elevada tensión militar en el Estrecho de Taiwán. Los indios resisten un acuerdo de libre comercio en función de sus fundados temores de que su atraso industrial, la falta de infraestructura y la diferencia de capacitación de su mano de obra no compensen la diferencia salarial que tienen a su favor frente a los chinos. De allí la posición beligerante del primer ministro Narendra Modi. Las concesiones comerciales de China no lograron disuadirlos, hasta ahora.

Este es el escenario que dominará los tiempos por venir, marco que condiciona el desarrollo de nuestros países sudamericanos. Procesos difíciles y hasta contradictorios parecen ir revirtiendo la ola derechista que se había apoderado del subcontinente. Argentina, Bolivia, Chile, ahora despuntando Perú y probablemente Ecuador en 2021. Nuestros países deberán aprovechar cada circunstancia, unirse y luchar para obtener en la puja de los centros de poder mundial los acuerdos que nos permitan avanzar en nuestros objetivos de desarrollo económico y soberanía política.

22Nov/200

Se armó

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La contribución sobre las grandes fortunas y la carta de los Senadores al FMI inauguran una etapa

 

El debate de ideas, la construcción de fuerzas y alianzas sociales y políticas y la puja entre proyectos de país constituye la característica insoslayable de los proyectos transformadores. Esta semana se produjeron dos acontecimientos de decidida vocación transformadora:

  • El tratamiento y aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de Ley sobre el aporte extraordinario y solidario de las grandes fortunas.
  • La Carta del Senado de la Nación dirigida a la Directora-Gerente del Fondo Monetario Internacional.

El primero implicó la adopción de un criterio fundamental para avanzar en la consecución de la equidad tributaria. Este progreso era de orden imperativo porque la pandemia es un acontecer dramático, de carácter extraordinario, que sumada a la calamitosa situación de endeudamiento externo, al retroceso económico y la desarticulación productiva, y a la regresividad social y el aumento de la pobreza provocados por la experiencia neoliberal reciente, debe ser afrontada con el aporte del poder económico concentrado. Ese criterio recupera el rumbo  que se propone el objetivo de la igualdad, sin el cual la democracia es un imposible. Rousseau afirma en su texto Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres (Losada,1996) que “ si se ve un puñado de poderosos y ricos en la cumbre de la grandeza y la fortuna, mientras que la muchedumbre se arrastra en la oscuridad y la miseria, es porque los primeros tan sólo aprecian las cosas que poseen en la medida en que los demás están privados de ellas, y que, sin cambiar de estado dejarían de ser felices, si el pueblo dejara de ser miserable”. El filósofo de la Revolución Francesa establecía así la fusión entre la lucha para eliminar la pobreza con el objetivo de la consecución de la igualdad, la ausencia de la vocación por esta última conlleva el deseo de la perpetuación de la primera. Redistribuir entonces, resulta constitutivo de la democracia, que lleva su concepto de libertad asociado al de igualdad.

Wendy Brown en El pueblo sin atributos (Malpaso, 2017) sostiene que la democracia liberal en general no cumple con su promesa y en la mayoría de los casos la invierte de modo cruel privilegiando el formalismo, el privatismo y el individualismo. “La democracia se puede anular, se puede vaciar desde su interior y no sólo derrocarse u obstaculizarse…  ¿Qué ocurre con los elementos constitutivos de la democracia… cuando la racionalidad neoliberal satura la vida política… con la privatización de la previsión social [y] las cárceles, la conversión de cada necesidad o deseo humano en una empresa rentable, desde la preparación para ser admitido en universidades hasta los trasplantes de órganos, desde las adopciones de bebés hasta los derechos de contaminación… y [se produce] el creciente dominio del capital financiero sobre el capital productivo en la dinámica económica y la vida cotidiana”, cuando se reemplazan impuestos progresivos por regresivos y se cancela la redistribución de la riqueza como principio fundante de la vida ciudadana? Estas son cuestiones fundamentales que constituyeron el litigio en el debate parlamentario del martes y miércoles pasados. La aprobación de la Ley ha significado un hito en la defensa de la democracia,  a la que los liberales neo de Juntos por el Cambio pretenden someter a un proceso de vaciamiento.

El segundo recupera el principio de la soberanía nacional y la igualdad de trato entre naciones poderosas y las que, siendo más nuevas y periféricas, se proponen desarrollar y autodeterminar. La Carta de los senadores del Frente de Todos restablece la puja necesaria con el FMI con relación a la deuda de más de 44.000 millones de dólares que, en tiempo récord, el organismo internacional, habilitó con sus préstamos para que el gobierno de Cambiemos malgastara. La Carta advierte y denuncia que el Organismo Internacional (OI) habilitó fondos que fueron utilizados con el fin de financiar fuga de capitales, cuestión que está prohibida por su Estatuto. Ese destino prohibido fue probado por el informe del Banco Central de octubre de 2019 que estableció la correspondencia casi exacta entre los dólares ingresados por desembolsos del Fondo y la fuga de capitales del sector privado. Los senadores también señalan que en el ingreso de los desembolsos del OI fue incumplido lo prescripto por la Ley de Administración Financiera de la Argentina respecto a los estudios previos que exige que sean realizados por el Banco Central.

El texto también denuncia que las condiciones macroeconómicas del sector externo predecían perfectamente que los préstamos que el FMI otorgaba –duplicando la proporción que le correspondía al país por su cuota reglamentaria— serían imposibles de devolver. La mayoría de la Cámara Alta le señala a la Directora Gerente del Fondo que tampoco se cumplían los requerimientos dispositivos del “tratamiento excepcional” que se le daba a la Argentina. La Carta concluye con su ítem 33 en el que los senadores del Frente de Todos solicitan a las autoridades del FMI que “se abstengan de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años” y proponen la reconsideración de los intereses, un período de gracia de cinco años y un plazo de amortización de varias décadas.

El acontecimiento de la emisión de la Carta de los senadores del FdT recupera el discurso que Néstor Kirchner pronunció cuando canceló la deuda con el FMI, en el que sostuvo que ese endeudamiento era una fuente de constantes intromisiones y exigencias opuestas al crecimiento sustentable del país. El fundador de un nuevo proyecto nacional, popular y democrático agregaba en su discurso que “el FMI desnaturalizado en sus fines había actuado en la Argentina como promotor y vehículo de políticas que provocaban pobreza y dolor en el pueblo, [apoyando] a gobiernos proclamados como alumnos ejemplares del ajuste permanente”. Pero en el caso reciente, la intromisión para la aplicación de determinadas políticas vino junto al apoyo indisimulado de una opción electoral neoliberal. De una opción vaciadora de la democracia. Mientras en otras épocas los organismos multilaterales acudían en apoyo de los derribos de gobiernos democráticos, en esta oportunidad acudieron para favorecer su corrosión desde adentro.

Esta Carta de los senadores expresa una saludable madurez y firmeza política, en su advertencia al organismo gerente y defensor del capital financiero internacional, señalándole que ese bloque de legisladores argentinos no ha sido, ni lo será, seducido con el intento de exhibir los cambios en la conducción del organismo,  como si éstos hubieran dado nacimiento a “otro FMI”. Esos senadores, por el contrario, solicitan y advierten desde la asunción de una posición soberana y no desde la “esperanza” en la bonhomía del poderoso. Muestran disposición a obrar con firmeza, a dar pelea.

 

 

Patéticos

Los discursos de la oposición en el debate respecto al “aporte de las grandes fortunas” tuvieron un carácter patético. Los ejes fueron señalar un carácter expropiatorio respecto de un exiguo porcentaje sobre los altísimos patrimonios de los 10.000 argentinos más ricos. Hay una clara tendencia a estigmatizar la progresividad tributaria caracterizándola como una lógica expropiatoria. Esto es un retroceso al liberalismo pre-rousseauniano. “Dejad a los ricos tranquilos para que generen empleos e ingresos que permitan a los pobres mejorar su condición”, fue el leit-motiv de la horrenda y monótona sinfonía que repetían uno tras otro los diputados del PRO y el radicalismo, subrayando que si se les ponen impuestos a los empresarios, estos se desaniman y no invierten y entonces no dan trabajo y aumenta la pobreza. No hay registro histórico en el que esto se haya verificado, menos en la Argentina.

Cuando el Estado gastó más y recaudó más, cuando el sistema impositivo fue más progresivo, la Argentina creció a un promedio superior al 3% anual durante décadas, en distintos momentos y contextos, mientras que cuando se destruyeron los elementos de progresividad en el sistema impositivo las consecuencias fueron inversas. También se pronunciaron discursos clasistas que se refirieron despectivamente respecto a los integrantes y militantes de los movimientos sociales que marchaban masivamente frente al Congreso, mientras destacaban como motor del progreso al espíritu de los rugbiers.

Lo que el debate clarificó contundentemente fue la consolidación de la UCR como un ejemplo paradigmático de lo que Eduardo Basualdo en Sistema político y modelo de acumulación en Argentina caracterizó como transformismo argentino. Gramsci define el transformismo como “la absorción gradual pero continua y obtenida con métodos diversos según su eficacia, de los elementos activos surgidos de los grupos aliados, e incluso de aquellos adversarios que parecían enemigos irreconciliables. En este sentido la dirección política ha devenido un aspecto de la función de dominio, en cuanto la asimilación de las elites de los grupos enemigos los decapita y aniquila por un período frecuentemente muy largo”. En la UCR se ha consumado este proceso plenamente cuando se sometió a la conducción del PRO, el partido de los gerentes y grandes empresarios de la oligarquía diversificada.

El discurso de los conductores actuales del partido radical es típico del liberalismo neo, mientras desapareció del mismo cualquier vestigio de su origen popular. Repetían en la sesión, junto a sus aliados, la consigna de la reducción del gasto de la política como alternativa recaudatoria frente al  impuesto a los ricos. La reaccionaria consigna de bajar los ingresos de los legisladores encubre cuestiones de magnitud respecto a imponer  a las ganancias del capital concentrado, que constituyen una ofensa a la inteligencia ciudadana. Pero a la vez que desinforma al pueblo, ese slogan promueve la privatización del financiamiento de la actividad política. Más aun, su reducción misma como mecanismo de vaciamiento de la democracia. La idea del Estado como enemigo, como fuente de gasto e ineficiencia es propia del liberalismo y no de la democracia. Coincide con la apología de la iniciativa privada.

Junto a la UCR y el PRO convergieron la AEA, la UIA, el Foro de Convergencia Empresarial y la CRA. Los plutócratas multimillonarios dijeron desde la AEA que “el proyecto [de ley] genera un desaliento en la comunidad empresarial profunda por cuanto representa una medida que descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales». Un impuesto a las grandes fortunas es presentado como calamitoso por quienes recibieron subsidios para seguir funcionando durante la pandemia, mientras conservaban intactos sus holgados capitales. También el comunicado de la Asociación Empresaria Argentina pregona que el motor de la reactivación sería el capital privado, mientras la historia demuestra que frente a las recesiones el impulso reactivador provino siempre del gasto público. Mientras tanto, la UIA confunde las cosas diciendo que ese aporte —que se pagará en pesos— dificultará la generación de divisas y el Foro de Convergencia Empresarial prefiere dedicarse a agitar el mote de confiscatorio. Sin embargo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL,  propone “fortalecer la recaudación tributaria a través de un impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones; extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad”. Para los trogloditas del gremialismo empresarial argentino la CEPAL sería foco promotor de confiscaciones.

 

 

Prepárense

El gobierno está negociando un plan de facilidades extendidas con el FMI. Noemí Brenta en Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI (Eudeba, 2013) analiza las características de esta línea del organismo. La misma está prevista para países con dificultades de balanza de pagos resultantes de problemas macroeconómicos y estructurales, con plazos más extendidos que los préstamos denominados stand-by.  El Fondo exige al país prestatario de la línea en negociación la presentación de un programa de mediano plazo. Las características y extensión de estos programas promueven una mayor injerencia del FMI en las condiciones estructurales de la economía. A la tradicional política de reducción del déficit fiscal, el FMI agrega, en los programas de facilidades extendidas, la presión para una disminución de la presencia del Estado en la economía y para la apertura del comercio exterior, con la excusa de introducir una mayor competencia en los mercados. Sin embargo, no aconseja limitar las prácticas oligopólicas. La descripción expuesta, evidencia que la lógica injerencista de este tipo de plan no afecta sólo al diseño de la política en función del equilibrio económico de corto plazo, sino que la pretensión intervencionista se extiende sobre el perfil estructural de largo plazo de la economía.

Sin embargo, la contundente Carta del bloque mayoritario de la Cámara Alta advierte al FMI que no deberá condicionar ni exigir al país sobre el rumbo de sus políticas económicas. Se anuncia una puja. La decisión de autonomía nacional expuesta en el documento parlamentario no se condice con el diseño del programa de facilidades extendidas. A su vez, el FMI querrá resistirse a ceder y exponer un leading case que lo muestre en su mayor acreencia accediendo a un programa sin condicionalidades o acordando un programa económico ajeno a los preceptos neoliberales.

No habrá un acuerdo sin una ardua disputa. El histórico discurso con que Néstor Kirchner canceló la deuda con el FMI, resulta una referencia obligada y emblemática de la mirada que tiene el Frente de Todos sobre el organismo, similar a la de Perón. La cultura del nacionalismo popular argentino está muy prevenida de evitar el retorno del injerencismo fondomonetarista. Habrá que prepararse para un período de una sociedad activa y movilizada en apoyar una actitud gubernamental que necesita conservar la plena autonomía para construir el proyecto nacional encomendado por la voluntad popular.

Ese proyecto nacional no tiene atajos. No es el neoliberal. Tampoco la repetición de experimentos que ignoraron que el carácter bimonetario de la economía argentina exige una enérgica regulación para impedir la fuga de capitales y garantizar la adecuada liquidación de divisas de las exportaciones. Sin embargo, en algunos ámbitos resuena el canto de sirena del atajo que fue expuesto en los lineamientos económicos que fundamentaron el Plan Austral en la segunda mitad de la década del ’80. Estos lineamientos sostenían la existencia de un “ajuste positivo”, apoyado en la expansión de la inversión y de las exportaciones, augurando que el aumento de bienes vendidos al exterior permitirían el pago de los intereses de la deuda y el aumento de las importaciones. Para sostener esta política se fomentaba el aumento del ahorro a expensas del consumo. Ese “ahorro” terminó siendo el combustible para la fuga de capitales y la concentración del ingreso. La experiencia terminó en una gran crisis externa e interna.

El proyecto nacional exige que lo solicitado por la Carta sea aceptado por el FMI y posibilite una enérgica recuperación del salario, el direccionamiento del crédito para reactivar las pymes, y en consecuencia el aumento del empleo.  Que también quede habilitada la mejora de las remuneraciones de todos los sectores de ingresos fijos. Este rumbo abrirá el camino a la reactivación del mercado interno y la sustitución de importaciones.

Simultáneamente, como enseña María da Conceicao Tavares, el Estado deberá llevar a cabo una activa política de inversiones en infraestructura y en actividades productivas de sectores estratégicos que amplíen el gasto autónomo y alejen la restricción externa. Es el camino de construcción de un país que persiga el desarrollo y la igualdad. El pago de la deuda debe organizarse subordinando su estructuración a estos objetivos. Ni puede ser prioritario ni simultáneo a ese logro.

El FMI deberá comprender que para cobrar créditos voluminosos mal concedidos se necesita paciencia, es el costo de un intento de inmiscuirse en la política del país en el que no obtuvo los resultados que buscó. Los grupos concentrados locales deberán advertir y asumir que existe una firme decisión política de cerrar los canales para la constitución de activos externos y que los negocios posibles, y también de buena rentabilidad, provendrán del ejercicio de la actividad productiva en el marco del diseño socioeconómico decidido por la voluntad del pueblo, y defendido por su participación.

15Nov/200

LA PROPIEDAD DE LA DEMOCRACIA

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El martes se trata en Diputados la Contribución Extraordinaria sobre las mayores fortunas

 

El martes próximo está previsto el tratamiento en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley de Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas con el que se espera recaudar el 1,1% del PBI y se aplicaría sobre 9298 personas, cuyas fortunas superen los 200 millones de pesos, calculados de acuerdo a los criterios definidos por los organismos fiscales. El aporte determinado así, aunque obligatorio, asumió esa denominación por la resistencia de los potenciales contribuyentes a asumirlo como un impuesto. El debate llevó largos meses con la resistencia de las organizaciones del empresariado concentrado, apoyada por las siguientes (sin)razones:

  • que lesionaba el derecho de propiedad;
  • que se sumaba a una insoportable presión fiscal ya vigente;
  • en indefendibles argumentos técnicos de doble imposición;
  • en que constituía un desestímulo a la inversión privada, presunto factor dinámico de la reactivación post pandemia.

(Sin)razones a las que debe sumarse la construcción mediática permanente de la condición que la aplicación sería por única vez.

 

 

La supremacía del derecho de propiedad

El empresariado concentrado consustanciado con el pregón neoliberal ha introducido un atraso cultural de más de dos siglos en la vida de la Humanidad. Su concepto de propiedad privada absoluta es pre-democrático y proviene de un rústico enfoque liberal. Jorge Gaggero en La progresividad tributaria. Su origen, apogeo y extravío (dt 23, 2008, CEFID-AR) expone la propuesta jacobina, que ya en 1793 supera “la visión meramente ‘republicana’ de la tributación establecida en 1791, e introduce la noción de progresividad, ligándola de modo directo a la limitación del derecho de propiedad”. Decía el artículo de la Convención Constituyente de 1793 fundador de ese concepto que: “Los ciudadanos cuyas rentas no excedan lo necesario de su subsistencia deben ser dispensados de contribuir a los gastos públicos. Los otros deben soportarlos progresivamente según la magnitud de su fortuna”. Los convencionales liderados por Robespierre creaban, así, la base doctrinaria que permitiría un siglo más tarde el establecimiento del impuesto a la renta y el despliegue de los tributos sobre el patrimonio y la herencia.

Cuatro artículos de los convencionales jacobinos cita Gaggero en esa investigación de imperdible consulta actual, que constituyen la doctrina abolicionista de la concepción absoluta de la propiedad privada:

  1. «La propiedad es el derecho de cada ciudadano a gozar y disponer de la porción de bienes que le sea garantizada por ley”.
  2. “El derecho de propiedad está limitado, como todos los otros, por la obligación de respetar los derechos ajenos”.
  3. “No puede perjudicar a la seguridad, libertad ni existencia de nuestros semejantes”.
  4.  “Toda posesión o tráfico que viole este principio es ilícito e inmoral”

El artículo fundador de la progresividad tributaria deslegitima la idea de la proporcionalidad contributiva y dispone el carácter redistributivo de los impuestos. El tercer artículo de limitación del derecho de propiedad privada, antepone a la misma otros derechos básicos que hacen a la existencia humana. Refuta con 217 años de anticipación a quienes hoy realizan banderazos esgrimiendo el derecho a hacer funcionar sus establecimientos privados a riesgo de expandir la pandemia poniendo en peligro la salud comunitaria.

Jaques Roux, autor del Manifiesto de los rabiosos, proclama que “la libertad no es sino un fantasma vacío cuando una clase de hombres puede reducir al hambre a la otra. La libertad no es sino un fantasma vacío cuando, gracias al monopolio, el rico ejerce el derecho de vida y muerte sobre sus semejantes”. Roux transmitía la desilusión y frustración de los sans-culottes parisinos, los pobres que participaron de la Revolución Francesa y que poco tiempo después tuvieron que padecer un aumento de precios, la carestía y el hambre. Los sans-culottes se encaminan así a luchar por la igualdad efectiva que supere la simple igualdad ante la Ley. Una felicidad colectiva que termine con el despilfarro de una minoría y la indigencia de los más. Reclaman la igualdad de medios, una repartición equitativa de la riqueza y de la propiedad (ref. Angelo Papacchini, Filosofía y Derechos Humanos, Univ. Del Valle, 2003). Conceptos que invitan a su consideración a la hora de reflexionar sobre la firmeza de la actitud a tener frente a los ricos y el FMI cuando se defienda la amplitud del gasto social (que en el marco actual del estado de la pandemia requeriría repensar la decisión de discontinuar el IFE).

A los empresarios de la AEA, a los políticos de Juntos por el Cambio, les parece que el aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas atenta al buen respeto del derecho de propiedad. Así, Macri, Rodríguez Larreta, Negri, Morales y demás dan testimonio junto a Magnetto, Rocca, Pagani, Galperín, Campos y Cía. de su adhesión a Hayek y Friedman. Ellos son los teólogos seguidos de una pléyade de intelectuales del capital concentrado, dispuestos a sacrificar la democracia en el altar del liberalismo, tal como reza el artículo 5 de la Constitución chilena actual, cuyo sostenimiento es un tributo del establishment político trasandino al pinochetismo: “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes». (La cursiva me corresponde.) Derechos esenciales por encima de la soberanía popular, es la forma encubridora con que se escribe la supremacía del derecho de propiedad respecto de la voluntad popular. Una Constitución liberal divorciada de la democracia. El formateo de los empresarios poderosos del país y de los referentes de la UCR y el PRO responde al modelo chileno hoy desprestigiado y en quiebra.

 

 

 

El compromiso social

Gaggero describe en su trabajo citado cómo la progresividad tributaria, que el industrialista Alejandro Bunge propulsó y el peronismo construyó como sistema, fue derrumbada a partir del Rodrigazo y terminada de destruir por la dictadura hasta llevar el impuesto a las ganancias a un promedio del 1% sobre el PBI para el período 1975-1990. En 2001, el sistema tributario argentino mostraba un contraste patético respecto al que rigió entre 1945 y 1960. El período de destrucción de la progresividad tributaria coincidió con el cuarto de siglo final del milenio concluido, en el que el producto per cápita disminuyó en el país, la economía se desindustrializó y se liquidó al Estado como empresario. Como se ve, no hay sino evidencia en contrario que pruebe que la progresividad tributaria erosione la potencialidad de la economía, como tampoco que la actividad empresarial estatal desplace a la actividad privada.

Tilly, citado por Gaggero, afirma que “los esfuerzos para hacerse con los recursos para la guerra crearon estructuras de Estado que nadie había pensado formar”. La secuencia adoptada por las naciones durante la modernidad planteaba conflictos bélicos que se debían financiar con recursos de los ricos, que se justificaban como la contraparte necesaria del aporte de los pobres que ponían sus cuerpos para combatir. Es la legitimidad con que nació el impuesto a las ganancias, mientras se pensaba que finalizada la contienda todo volvería a la normalidad. La tributación era aceptada como extraordinaria, pero no lo fue así porque el desarrollo del devenir mundial produjo, después de la Primera y Segunda Guerra, procesos de democratización y de sindicalización que demandaron mayores recursos públicos.

La pandemia ofrece un escenario comparable. En nuestro país, por ejemplo, el raudo despliegue de la enfermedad provino de la gran cantidad de argentinos de sectores sociales pudientes que regresaron del exterior. Por eso la peste se expandió al principio en CABA y la Zona Norte del Gran Buenos Aires, donde ellos residen. Sin embargo, la alta contagiosidad del coronavirus hizo que se propagara a todo el territorio nacional, siendo siempre los sectores de menores recursos quienes peor la llevan ya que, por ejemplo, no tienen las mismas posibilidades de sostener las condiciones de aislamiento que los argentinos que han regresado de recorridos por otros lugares del mundo. El aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas no es más que un símil de las prácticas que se llevaron a cabo durante y luego de las tragedias bélicas. La Argentina proviene, además, del empobrecimiento provocado por los años de neoliberalismo, en los cuales se enriquecieron los sectores concentrados, mediante los procedimientos de valorización financiera de la dinámica deuda-fuga. Los ricos deben financiar la calamidad de la peste y la depredación de los años de estancamiento, acumulación financiera y raudo endeudamiento con el FMI.

Después de las guerras mundiales las clases dominantes cedieron derechos adquiridos que consideraban hasta ese momento como de carácter absoluto. En Occidente se construyó una lógica de compromiso social, claro que en un mundo bipolar en el que se vivía el “peligro de la amenaza comunista”. Ese fue el clima internacional en que avanzaron los esquemas de imposición directa.

Hace un año, el pueblo argentino votó a un gobierno popular para que lleve adelante un proyecto de mayor igualdad y desarrollo económico. El aporte por única vez es un acto de mezquindad menos uno. Las condiciones de los menos de 10.000 muy ricos que van a erogar esa tributación merece su continuidad posterior en el marco de una reforma tributaria, que reinstale al impuesto a las ganancias como centro del esquema tributario, acompañado por una mayor densidad contributiva del tributo a los bienes personales y la implementación de un significativo impuesto a la herencia.

El poder concentrado mediático opera por medio de comunicadores que repiten graves inexactitudes o directamente falsedades. Por ejemplo, afirman que la Argentina tiene una presión tributaria insoportable. No es ni insoportable, ni excesiva. Parte de la reforma debe apuntar a subir la presión tributaria. La discusión es otra, es porqué los guarismos indican que los que más impuestos pagan no son los que más pueden. Estos hoy aprovechan las guaridas fiscales y el asesoramiento de los facilitadores para pagar menos. El peso de los impuestos a las transacciones debe disminuir, tanto el IVA, como el de ingresos brutos, el de los débitos, etc. A la vez que debería intensificarse su diferenciación por productos (gravando más los suntuarios y menos los esenciales) con el consiguiente control sobre los precios que impida que las mejoras sean absorbidas por eslabones de la cadena y garantice su percepción por el consumidor final. Los impuestos directos deben mudar hacia estructuras decididamente progresivas. La presión tributaria debe ser mayor porque el gasto social también debe crecer, en lugar de descender como pretende el discurso del mainstream. Un gran plan de viviendas, la mejora de las condiciones de salud, el aumento de los salarios reales del sector público y de las jubilaciones así lo requieren. Estas condiciones preceden cualquier acuerdo con el FMI respecto de la deuda originada en el pésimo manejo como organismo de crédito multilateral que tuvo en la concesión de crédito a Argentina.

 

 

El Estado en la economía

El gasto autónomo deberá crecer en el próximo período para lograr una reactivación de la actividad productiva. La inversión pública constituye una herramienta fundamental para llevar a cabo ese crecimiento. Esa inversión podrá volcarse a través de la modernización de la infraestructura pero también mediante emprendimientos empresarios que desarrollen nuevos sectores que promuevan el surgimiento de articulaciones con pymes cuyo crecimiento en número e importancia permitirán el aumento del empleo y la mejora de las condiciones de vida de la población.

Es imprescindible la actividad pública en el comercio exterior, en su regulación, control, estímulo y participación. No deben repetirse el despliegue de condiciones especulativas sobre las reservas que debiliten los grados de libertad para hacer política económica por parte de los gobiernos populares. Se debe tomar debida nota respecto de la débil reacción de los grandes exportadores frente a una baja de retenciones coincidente con una suba del precio internacional de los productos exportables. No merece prestarse atención al reclamo de AEA de prescindencia del Estado en la actividad económica y menos en el comercio exterior.

Fabian Amico dice en La Política Fiscal en Havelmo y Kalecki (dt 51, 2013, CEFID-AR) que no resulta tan obvio que la ideología prevaleciente rechace sólo la política de déficit fiscal, también rechazaría la suba del gasto financiado con impuestos. Los grandes empresarios no quieren que el Estado influya sobre el nivel de actividad y empleo –y menos que tenga empresas propias— porque esta influencia socava el poder del sector privado para definir el estado del ciclo económico. “Sin dudas, estas razones no confesadas, están detrás de las ácidas críticas al ‘populismo’ fiscal, al gasto ‘excesivo’ y al peso ‘insoportable’ de la carga tributaria».

Esta coerción económica resulta del privilegio del poder concentrado. Es la reconformación —con otra formalida— de lo que fueran las condiciones del privilegio político, no sólo ejercidas en forma directa por los grandes empresarios en la disposición de sus medios de producción sino, y principalmente, a través del mercado. La consecuencia es el chantaje que viven los gobiernos populares por parte del poder económico, que hoy se hace sentir en la Argentina, y es la expresión de un explosivo malestar entre la democracia y el liberalismo. La concentración económica y la dinámica de la financiarización encuentran en la esfera económica sustraída de la decisión popular el espacio para el vaciamiento de la democracia. Los chilenos han llegado al colmo de escribir un texto constitucional que legaliza este atropello, texto que hoy se derrumba por la movilización popular. En la Argentina asoma la necesidad de fortalecer un bloque democrático que frene los constantes atropellos del liberalismo neo.

18Oct/200

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EL GRITO BOLIVIANO

La decisiva elección de hoy es observada con ansiedad en toda la región

 

Hoy, 18 de octubre de 2020, hay elecciones en Bolivia, a 11 meses del golpe de Estado que expulsó del poder a Evo Morales luego de 14 años que transformaron el país axialmente. El MAS gobernó ese período construyendo sentido de igualdad en todas las facetas de la vida boliviana, desmontando el predominio blanco en una sociedad cuyas mayorías son descendientes de los pueblos originarios. También disminuyó sustantivamente la brecha entre los más ricos y los más pobres en un país que venía de una polarización extrema y con agudos índices de pobreza. La construcción del Estado Plurinacional de Bolivia avanzó, durante el gobierno de Morales-García Linera hacia la consecución de un equilibrio entre regiones que representan diferentes perfiles y desarrollos productivos, revirtiendo la política del capitalismo neoliberal de los gobiernos de su predecesora República de Bolivia que profundizaban desigualdades poniendo en riesgo la unidad de esa Nación. El arribo de Morales al poder en 2005 había significado la conformación de un gobierno apoyado en y por los mayoritarios pueblos originarios. La creación del Estado Plurinacional permitió el reconocimiento de las diferencias para borrar las desigualdades.

El sangriento golpe de Estado del año pasado de la derecha boliviana, fue un típico movimiento restaurador de privilegios económicos, de predominios regionales y, también, desarticulador de los avances institucionales logrados con la Reforma Constitucional y las modificaciones organizativas y conceptuales del Poder Judicial. Además atacó la imbricación de las culturas, costumbres y perfiles de la vida de los pueblos mayoritarios en la educación, la vida social y la concepción del carácter de ciudadanía en Bolivia.

La caída del gobierno de Evo Morales y Alvaro García Linera significó uno de los últimos hitos de una experiencia común en América Latina, llevada a cabo entre gobiernos populares de distinto signo político y diferentes perspectivas respecto de sus objetivos de reformas, pero amalgamados por cuatro proyectos comunes:

  1. El impulso de políticas de desarrollo autónomo que se implementaron desde una posición crítica al neoliberalismo.
  2. La construcción de igualdad social y despolarización de la riqueza. Numerosos planes y políticas se desplegaron para disminuir la pobreza, las brechas sociales y para ampliar la capacidad de consumo de las mayorías populares.
  3. La afirmación de la democracia, promoviendo la consolidación, la realización o la promoción de cambios constitucionales para ampliar y profundizar la ciudadanización del pueblo. Reformas presididas por la idea de la necesidad de modificar su concepción y dogmática liberal por las de la democracia participativa y sustantiva.
  4. La recuperación de un enérgico rumbo hacia la Unidad Latinoamericana, que desarticulara el proyecto panamericanista con el cual los Estados Unidos persistían en la intención de construir un bloque geopolítico continental bajo su hegemonía económica, política y militar.

Cuando se produjo el golpe de Estado que instaló a Jeanine Añez como Presidenta, muchos de esos gobiernos populares habían sido depuestos a través de golpes institucionales como el del PT de Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil y el de Lugo en Paraguay o desplazados en procesos electorales impregnados de políticas de lawfare , como el del kirchnerismo en la Argentina, mientras otros proyectos eran torcidos por ese mismo procedimiento como ocurrió en Ecuador.

En Bolivia no pudieron hacerlo de otro modo que con un golpe policial-militar que reprimió salvajemente durante semanas las movilizaciones campesinas y populares. Sólo la intervención internacional –en la que el gobierno de Alberto y Cristina Fernández recién asumido jugó un papel decisivo—, pudo salvar la vida del Presidente, el Vice y otras autoridades del gobierno democrático derribado. Bolivia demostró que las nuevas artimañas destituyentes de la derecha regional no descartaban, sino que incluían la alternativa del viejo golpe, como recurso y/o amenaza disponible para determinadas instancias.

Los organismos de Derechos Humanos de la Argentina denunciaron «las violaciones a los Derechos Humanos en Bolivia y repudiamos una vez más el golpe cívico, policial y militar, orquestado por los Estados Unidos… Requerimos a los gobiernos de la región y a los organismos internacionales que desconozcan a la autoproclamada Presidenta interina Jeanine Añez”.

El gobierno golpista, a pesar de proclamar que asumía para conducir el llamado a un proceso electoral, que anunciaba bajo la invocación de la “limpieza”, permaneció once meses en el poder con el objetivo de desandar las reformas progresivas llevadas a cabo por el gobierno de Morales. Se estrenó cambiando presurosamente la política internacional de su país. Abandonó el ALBA, se sumó al Grupo de Lima y planteó una “necesaria reforma” de la UNASUR.

La opinión del blog Bloomberg.com respecto del gobierno de Añez señala que la Presidenta del gobierno de facto modificó el objetivo declamado de su gobierno de pacificar la situación y llamar a elecciones en mayo de 2020. Lo sustituyó, denuncia la agencia, por la ostentación de sus credenciales cristianas frente a las mayorías populares originarias, y por el avance en decisiones de política internacional, como la ruptura de relaciones con Cuba y Venezuela, dice Bloomberg.

En lo económico,  la dictadura de Añez introdujo reformas que retrajeron el crecimiento, deterioraron la situación fiscal y contrajeron la demanda.

La política de Añez, amén del año de pandemia que debió afrontar, intentó desmontar y confrontar con la que Morales construyó, una etapa de notable progreso para Bolivia. En el inicio de su gobierno Evo decretó la nacionalización de los hidrocarburos y renegoció los impuestos a las compañías extranjeras que operaban en el sector, subiéndolos del 50 al 85%, a la vez que realizó fuertes inversiones públicas en su desarrollo. El promedio de crecimiento de la economía fue del 5% anual durante casi una década, sosteniendo niveles que promediaron el 4% en los años que prosiguieron al 2015, cuando el precio de los commodities tuvo un curso descendente.

 

 

La economía en el Estado Plurinacional de Bolivia

Fernando Molina en su artículo Bolivia: es la economía, estúpido (Nueva Sociedad n° 283, set. 2019) menciona la mejora de la distribución del ingreso durante el gobierno de Morales y destaca las políticas diferenciadas por áreas en la economía boliviana durante el gobierno del MAS. Mientras se estatizaron los sectores estratégicos como el gas y la electricidad, se construyó una alianza con el sector privado en las esferas de la agroindustria, el comercio en gran escala y las finanzas. Otras ramas permanecieron en manos privadas como la cerveza, el cemento y las telecomunicaciones.

A su vez, permaneció y se expandió el desempeño de los pequeños emprendimientos comerciales y artesanales  que ocupan al 60% de la mano de obra. Se conformaba así una economía de dos sectores, dice Molina, uno excedentario que incluye a la minería, el petróleo, la energía y el agronegocio, que transfiere al segundo sector parte de sus excedentes a través de la acción estatal, reemplazando a las políticas previas que favorecían una creciente fuga de capitales y pago de utilidades a la inversión extranjera directa.

La pobreza extrema cayó del 38 al 18% de la población –en las ciudades al 10%—, y la pobreza en sí se redujo en un tercio. El objetivo de la política económica fue avanzar hacia la industrialización de las materias primas  y garantizar la igualdad social.

Los bancos nacionales avanzaron notablemente en el período y su patrimonio creció entre 2008 y 2017 de 700 a 2500 millones de dólares, según informa el artículo citado. La política monetaria del gobierno de Morales recuperó al peso boliviano como moneda de reserva de valor ya que en el año 2000 los depósitos bancarios en esa moneda representaban el 3% del total mientras que en el año 2015 su participación ascendía al 94%. Esto fue logrado por “el gobierno del MAS, [el que] con la fuerte oposición de los bancos privados y transnacionales, restableció la banca pública e implementó una Ley de Servicios Financieros en 2013, lo que significó una drástica modificación de la institucionalidad que había sostenido décadas de políticas de liberalización». Señala Natalia Naqvi que la legislación sancionada por el MAS dispuso la intervención pública en la asignación de recursos de la banca privada, mediante regulaciones cuantitativas de los préstamos para los sectores productivos, como también a través de regulaciones de la tasa de interés. Fue una política sin compensaciones que redujo la tasa de beneficios de la banca privada. Tuvo una fuerte impronta intervencionista, tal vez la más intensa de los últimos tiempos en economías de la región».

Por otro lado el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia asumió con reservas internacionales por 3.500 millones de dólares. Aprovechó el auge de los precios de las materias primas llegando a acumular 14.500 millones en el año 2014. Luego el nivel de precios de los commodities descendió, a pesar de lo que en los cuatro años posteriores se mantuvo el nivel de actividad y el ritmo de las transformaciones, haciendo uso del excedente de reservas. Estas últimas obviamente se redujeron, bajando a poco más de 8.000 millones en el año 2018. El nivel de actividad se sostuvo mediante una política expansiva del nivel del gasto, flexibilizando el resultado fiscal.

El golpe de Estado de 2019 no sobrevino en Bolivia como consecuencia de la una economía deteriorada, ni del empeoramiento de las condiciones de vida. No fueron los factores económicos mencionados ni otros los que generaron un clima que explicara el advenimiento de un gobierno de facto, que se convertiría en una dictadura. El MAS tuvo capacidad para leer las coyunturas económicas internacionales y nacionales. Esa aptitud le permitió construir un proyecto sustentable, con distintas estrategias en las diferentes etapas, articulando la política de Estado con la valoración e impulso de la movilización social. Supo adaptar los ritmos de marchas, y hasta de contramarchas, en sus medidas económicas. Así logró el crecimiento económico, la estabilidad con una baja inflación, el fortalecimiento de la moneda propia, el impulso a la diversificación de la economía. Pero su gobierno popular desbordó los límites de tolerancia de ampliación democrática por parte del capitalismo neoliberal de la financiarización. Este último se embarcó en la estrategia del golpismo clásico.

Las políticas del gobierno de Morales fueron impulsadas durante caso todo el período por el Ministro de Economía Luis Arce Catacora –salvo en un intervalo en que afrontó un tema de salud— y tuvieron tanto la oposición del  FMI como de las calificadoras de riesgo privadas. Esas críticas fueron resistidas por el candidato del MAS que hoy competirá por la presidencia. La persistencia en el rumbo le permitió alcanzar tres logros fundamentales: la reforma financiera, la desdolarización de la economía y el crecimiento del ahorro en moneda nacional.

 

 

Luis Arce

Luis Arce Catacora no empezó su militancia política en el MAS, ni con su exitosa tarea de conductor de la economía del Estado Plurinacional, militó previamente en el Partido Socialista 1, que se constituyó como una secesión de izquierda del Partido Socialista y cuyo líder Marcelo Quiroga Santa Cruz fue asesinado durante la dictadura de García Mesa.

 

 

 

 

 

 

Sus ideas fundamentales para la política económica boliviana están plasmadas en lo que llama “Modelo económico, social comunitario y productivo”, entendido como un recorrido de transición al socialismo, objetivo estratégico siempre explicitado por el MAS. Enfrentará en las elecciones a Carlos Mesa, que representa a los sectores acomodados y parte de la clase media de la Bolivia occidental y al ultraderechista Luis Camacho referente del capital concentrado de la región oriental. Arce articula la representación de la Bolivia popular, trabajadora y de los pueblos originarios, que constituyen la mayoría de la población. Las ideas fundamentales de su modelo expresadas en la revista Economía Plural (2011) merecen ser citadas: “El nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo identifica dos pilares: el sector estratégico que genera excedentes y el sector generador de ingresos y empleo. El modelo identifica cuatro sectores estratégicos que tiene Bolivia para generar excedentes económicos para los bolivianos:

  1. hidrocarburos,
  2. minería,
  3. electricidad y
  4. recursos ambientales.

«Son los viejos y tradicionales sectores de los que ha vivido el modelo primario exportador. No puede cambiarse el país de la noche a la mañana, tiene que haber una estrategia que está plasmada en este modelo para salir de ese circuito negativo. Entre los sectores generadores de ingreso y empleo están la industria manufacturera, turismo, vivienda, desarrollo agropecuario y otros que aún no han sido dinamizados. De acuerdo con el nuevo modelo, para desarrollar una Bolivia productiva, generar esa transformación productiva, modificar el modelo primario exportador, se requiere llevar los excedentes de los sectores de minería, hidrocarburos, energía eléctrica, hacia los sectores donde se requiere poner la piedra fundamental, la semilla de un país productivo, es decir, en el sector manufacturero, industria, turismo y desarrollo agropecuario. El Estado es el redistribuidor, el que debe tener la capacidad de transferir los recursos de los sectores excedentarios a los generadores de empleo e ingreso. En otras palabras, lo que se busca es liberar a Bolivia de la dependencia de la exportación de materias primas para abandonar el modelo primario exportador y construir una Bolivia industrializada y productiva”. Las bastardillas me corresponden, el destacado tiene el objeto de enfatizar la idea clave que engloba a los proyectos nacionales, populares y democráticos, alternativos a la opción del liberalismo neo en la región. Añez, expresión de esta última, aplicó políticas de liberalización del comercio exterior, debilitamiento del apoyo a sectores estratégicos y desmonte de programas sociales como el del bono Juana Azurduy, dirigido a las madres gestantes y niños recién nacidos.

La elección de hoy es trascendental porque indicará la potencialidad popular como límite a la reversión de los procesos antidependentistas que se instalaron a principios del milenio en América del Sur. Porque como sostiene Rafael Bautista en su nota en Nodal del 14/10/20, “el Estado de excepción no declarado, pero en ejecución fingida, constituye el contexto ineludible que permite –en una reflexión crítica de la coyuntura– poder advertir, la más que improbable realización democrática y limpia de elecciones nacionales. La postergación continua del evento electoral (por cuarta vez), bajo el pretexto de la pandemia, demostró ya la falacia grosera de la autodenominada transición, que exhibe la dictadura actual como mera cobertura democrática de unos propósitos profundamente anti-democráticos”. Así la puja de la fecha no es sólo por votos sino por evitar la manipulación, degradación o destrucción del acto electoral por parte de la derecha boliviana e internacional. Los comicios ya tienen un vicio irreversible, la proscripción de Evo y otros dirigentes del MAS.

La potencialidad para garantizar los comicios y el triunfo de Arce Catacora y David Choquehuanca ha de significar un golpe al panamericanismo, al neoliberalismo y a los regímenes dictatoriales. Asimismo fortalecerá el renacimiento en la región de una perspectiva de Unidad Latinoamericana, fogoneada por la esperanza, que siempre las victorias estimulan, de una nueva ola de proyectos populares, de desarrollo autónomo y justicia social en América del Sur. Será una nueva recuperación de gobierno por una fuerza popular, antes que haya transcurrido un año del triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández en Argentina.

13Sep/200

11 DE SEPTIEMBRE DE 1973

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La Argentina también tendrá que resistir a la embestida de la derecha empresarial y comunicacional

 

Es una fecha que parte aguas entre dos proyectos para América Latina. Lo que luego se pudo reconstruir como alternativa popular con los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Lula da Silva, Hugo Chávez, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Evo Morales, Rafael Correa lo fue después de un cuarto de siglo del primer golpe terrorista de Estado que inició un retroceso en toda la región. La época de los ’70 también tuvo sus gobiernos que emergieron como expresión y esperanza de una nueva oportunidad  para una América Latina popular y democrática. Allende, Cámpora, Perón, Velazco Alvarado, Torres significaron un hito en la lucha por una América Latina unida, autónoma y con espíritu de disputa frente al capitalismo monopólico.

Hoy que la derecha agita tanto el concepto de “grieta”, merece recordarse como se puso fin en la década del ’70 a los procesos populares que se habían abierto en el subcontinente. Ese final significó el inicio de una contrarrevolución mundial neoconservadora, que comenzó en el cono sur de nuestro continente con dictaduras que cometieron decenas de millares de fusilamientos y practicaron otras tantas detenciones-desapariciones, protegidas por el establecimiento de regímenes terroristas de Estado.

Los medios de comunicación hegemónicos, que no tenían el mismo despliegue tecnológico que en la actualidad, igual jugaron un papel decisivo en el apoyo a la destitución de la democracia, siendo cómplices de la restauración de la concentración del poder económico de los sectores tradicionales de oligarquías locales. Pero con la novedad adicional de haber abierto el paso a la valorización financiera y la financiarización del capitalismo, que volverían mucho más dependientes a los países de la región.

El diario El Mercurio de Chile titulaba el día posterior al establecimiento de la sangrienta dictadura, mientras se torturaba en estadios de fútbol, se fusilaba y se desaparecían militantes populares, “Junta Militar controla el país” “Hacia la recuperación nacional”. El texto que proseguía decía que  “Tanto la opinión pública nacional como extranjera habían llegado a la evidencia de que Chile entraba en un proceso fatal que [podía] llevarlo a la dictadura marxista o a la guerra civil…se abre ahora la perspectiva de la recuperación mediante un intenso y disciplinado esfuerzo que restablezca el hábito del trabajo, normalice las faenas…y reinicie el proceso de capitalización indispensable”…” Con innegable sacrificio y abnegación las Fuerzas Armadas han cumplido un rol de salvaguardia última de la institucionalidad”, y con la hipocresía del periodismo autodenominado serio e independiente afirmaba que “Chile ha vivido al margen de la Constitución”. No estaban equivocados los estudiantes de la izquierda católica que en los días previos al golpe de Pinochet salieron a la calle con carteles que proclamaban “EL MERCURIO MIENTE”.

Salvador Allende y la Unidad Popular llegaron al poder en el año 1970 con poco más del 30% de los votos y en dos años, con el desarrollo de un programa de raigambre popular alcanzaron en las elecciones parlamentarias niveles que superaron con creces el 40 %, afirmándose como primera minoría electoral y en creciente ascenso. Ese programa exponía que los participantes del poder concentrado tenían las siguientes características y conductas: “El grupo de empresarios que controla la economía, la prensa y otros medios de comunicación; el sistema político, y que amenaza al Estado cuando éste insinúa intervenir o se niega a favorecerlos, les cuesta muy caro a todos los chilenos. Para que ellos se dignen seguir “trabajando”, pues sólo ellos pueden darse el lujo de poder trabajar o no, es preciso:

  • darles toda clase de ayuda. Los grandes empresarios estrujan al Estado bajo la amenaza que no habrá inversión privada si las ayudas y garantías que piden no se les otorgan;
  • permitirles producir lo que ellos quieran con el dinero de todos los chilenos, en lugar de elaborar lo que necesita la gran mayoría del país;
  • dejarlos llevarse las ganancias que obtienen a sus cuentas bancarias en el extranjero;
  • dejarlos despedir obreros si éstos piden mejores salarios;
  • permitirles manipular la distribución de alimentos, acapararlos para provocar escasez y de esta manera subir los precios a fin de continuar enriqueciéndose a costa del pueblo.

En lo propositivo y desarrollo de gobierno, la Unidad Popular tenía como objetivos poner en manos estatales el Comercio Exterior, la gran minería, el sistema financiero y de seguros, las grandes empresas y monopolios de distribución, los grandes monopolios industriales estratégicos o que controlaran servicios estratégicos. Mantener y desarrollar en manos privadas todas las actividades y empresas no concentradas que se desempeñen en las diversas áreas de la economía. Favorecer el nacimiento y promoción de un área mixta de economía estatal-privada, que fomente la articulación entre ambos sectores. La profundización de una reforma agraria, que acabe con el latifundio, la tierra improductiva, priorice la producción cooperativa y garantice la titulización de la propiedad campesina. El método de organización productiva que se pregonaba era que “La política económica del Estado se llevará adelante a través del sistema nacional de planificación económica y de los mecanismos de control, orientación, crédito a la producción, asistencia técnica, política tributaria y de comercio exterior, como asimismo mediante la propia gestión del sector estatal de la economía”.

El golpe de estado en Chile fue precursor de la expansión del patrón político-económico neoliberal. Seguiría luego Argentina como otra experiencia piloto de la lógica que luego se expandió mundialmente como el capitalismo financierizado. Tanto la reprimarización económica, el agravamiento de la restricción externa, la concentración de la riqueza, el estancamiento, la profundización de las fluctuaciones del ciclo económico, el aumento de la desigualdad y la pobreza y el retraso y dependencia tecnológica caracterizaron veinticinco años de agudo retroceso de las economías de América Latina. Chile fue el ejemplo paradigmático de estos rasgos, en él se consolidó una institucionalidad estabilizada del cambio de paradigma. Privatización de la educación y la salud, reforma regresiva del régimen jubilatorio y cambio regresivo de la organización de los trabajadores y la sociedad, hoy Chile vive una de las peores situaciones por la pandemia, que fue precedida por una rebelión popular que duró meses y que resistió la permanente represión por parte de un orden institucional de carácter formal, herencia de las políticas de las décadas de dictadura. Fue Chile el país elogiado por Von Hayek y Milton Friedman. Estos neoliberales como sus discípulos prefieren el liberalismo a la democracia y el autoritarismo de mercado a la participación popular y la planificación económica.

Símil de El Mercurio, en la Argentina el diario La Nación titulaba el día posterior al golpe de Pinochet: “Triunfó la Revolución en Chile y ha muerto Salvador Allende” “Una junta militar se hizo cargo del gobierno para ¨restituir el orden institucional y restablecer la economía nacional¨”. Los liberales, en su forma neo, radicalizaban la intolerancia por la democracia de la voluntad general y coincidían en la concepción que El Mercurio hacía explícita: que la última salvaguarda de la institucionalidad sería la fuerza militar al servicio de la minoría del poder concentrado.

 

 

Cuarenta años después

Cuarenta años después, con un papel mucho más organizado, concentrado y tecnológicamente revolucionado, ante las nuevas experiencias de autonomía nacional y justicia social de América Latina, fueron esos medios escritos más sus multiempresas de radio, televisión, cable y redes sociales, las que jugaron un papel determinante en las políticas de lawfare y golpes institucionales para destituir proyectos nacionales, populares y democráticos. En otros casos, contribuyeron al despliegue de políticas de golpe de Estado clásico o crean climas para la intervención imperial directa. Esa concentración del poder mediático no se crea  por sí misma sino como resultado de la oligopolización creciente de la economía, producto de la mercantilización completa establecida por el neoliberalismo con su privatización y predominio de las finanzas en el carácter del capitalismo mundial que sometió a las economías de América Latina a un endeudamiento creciente que trabó su desarrollo. Los modelos de liberalización de los mercados financieros, la penetración de la banca extranjera, el debilitamiento de los sistemas tributarios por la facilitación de las conexiones del gran empresariado con las guaridas fiscales, la titulización de la deuda pública, el sometimiento de ésta a jurisdicción extranjera, los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión, los regímenes de flexiblización laboral, constituyeron el programa inverso a la perspectiva del proyecto de la Unidad Popular chilena o el de la CGT de los argentinos. Estructuralmente fueron acompañados por la reprimarización económica, la articulación en los eslabones menos avanzados tecnológicamente de la producción internacionalizada y el sometimiento a la copia de institucionalidades de los centros financieros como las regulaciones de Basilea o los acuerdos de la OMC.

El proyecto nacional y popular ha recuperado el poder en la Argentina. El grado de agresión de la derecha para imposibilitarle llevar a cabo un programa de cambios que desconcentre la riqueza y construya en base al valor de la igualdad, en el marco de un proyecto humanista, resulta de gravedad. El papel de los medios de comunicación concentrados en la construcción de una barrera para que el poder democrático pueda llevar adelante sus políticas es una cuestión crítica a abordar. Las organizaciones del empresariado concentrado rechazan cualquier opción que no sea el neoliberalismo como política de Estado. Su vocación de vaciar la democracia está radicalizada, mientras el eje con que motorizan la valorización de su capital es la conducta de parasitar en la financiarización.

En un comunicado con el título de torcido interés “Instituciones para el Desarrollo “, exponen un conjunto de principios de ideología de bolsillo que sólo tiende a afirmar las líneas regresivas con las que el neoliberalismo enfermó a Argentina. A manera de recetario – que evoca la caracterización del empresariado chileno que hace casi medio siglo hacía la UP- , sin ninguna riqueza cultural  afirman que “El camino más eficaz para generar empleos, ingresos y reducir la pobreza es la movilización plena de las energías del sector privado, es decir, permitir y estimular tanto a individuos como a pequeñas, medianas y grandes empresas a emprender, a desarrollar nuevos proyectos, a invertir, a innovar y a conquistar mercados externos”. El planteo de exclusión del Estado del actuar económico y de su acción empresariaAñadirl sería la postergación definitiva del país. Más de un cuarto de siglo los firmantes han tenido la iniciativa para aplicar las políticas que reclaman nuevamente. En esos tiempos sólo especulaban en la lógica Endeudar y Fugar, como se titula el texto coordinado por Eduardo Basualdo. Frente a este planteo avieso corresponde la reivindicación de la acción económica estatal, no tímida, sino decidida en su papel de definidor de la política económica, rol empresarial y planificador para el desarrollo.

Más adelante sostienen que ”Para llevar a cabo  eficazmente la tarea de volver a poner en marcha el aparato productivo del país, así como para alentar nuevas inversiones es fundamental evitar los controles de precios, así como el congelamiento de tarifas que tensionan la ecuación económica de las empresas. Debe además garantizarse el derecho de propiedad y evitarse la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina a empresas y personas”

Los señores Magnetto, Rocca, Pagani, Coto y Ratazzi, vuelven a olvidarse de los derechos humanos, como lo hizo la precursora de la AEA que ellos constituyen –la CEA— cuando apoyó los golpes terroristas de estado para aplicar las políticas de Von Hayek, Friedman, McKinnon y Shaw. Esas políticas que recomiendan las aplicaron Cavallo, Martínez de Hoz, Prat Gay y Dujovne y lo que menos consiguieron fueron inversiones. Por otro lado, las inversiones no pueden ser cualesquiera, porque pueden llevar al retroceso. Para que conduzcan al progreso, las debe definir un plan y no el puro mercado. Pero más grave aún, ¡cómo no se van a congelar las tarifas de servicios que atienden a derechos humanos, cuando los ingresos no mejoran debido a la caída del nivel de actividad causado por la pandemia! Los servicios deben ser con tarifas reguladas y a niveles que garanticen el acceso de todos en condiciones de igualdad. Por eso no es anacrónico pensar en un proyecto en que esas actividades vuelvan a ser prestadas directamente por el Estado.

¡Por qué no se van a controlar precios! ¿Qué quieren esos señores que tienen una distancia intelectual enorme con dirigentes gremiales como Yasky, Palazzo o Amichetti? No argumentan nada, repiten consignas sin más. Señores de la AEA, hay que controlar los precios si se quiere domar la inflación y redistribuir el ingreso. Porque eso es necesario y recomendable en una economía con concentración de la oferta de productos esenciales y con puja distributiva provocada por un empresariado que se niega a ceder su posición en la regresiva distribución del ingreso que dejó el macrismo.

¿De qué hablan cuando se refieren a impuestos confiscatorios?

– De la avaricia de multimillonarios insensibles frente a una peste que se despliega en todo el territorio nacional.

-¿Cuál es la pretensión?

-Que los gastos para afrontar la emergencia se financien con una nueva concentración del ingreso.

-¿A qué se refieren cuando plantean garantizar el derecho de propiedad?

-A hacer con los medios de producción lo que les da la gana, cuando el resultado de su uso es de interés social y nacional. Estos señores no quieren un jefe de Estado democrático, necesitan un capataz al mando de una republiqueta.

En defensa de la cultura nacional deben ser enfrentados con un duro debate por una enérgica y nueva intelectualidad argentina. La impunidad de la mediocridad intelectual del empresariado concentrado es un peligro para el futuro nacional. Máxime cuando financian a predicadores  a repetición que pululan por medios de comunicación.

Dijo Allende: “Tengo la certeza que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente”. A 47 años del 11 de setiembre de 1973 el programa democrático de Salvador Allende sigue vigente. El de los que lo derrocaron hundió a ese país en la desigualdad, profundizó su dependencia y dañó seriamente su cultura política. Este último proyecto está hoy en crisis y los dirigentes del continuismo pos dictatorial son repudiados por el pueblo que sufre las agudas consecuencias del programa de reformas del capitalismo de la rapiña financiera. La Argentina también tendrá que resistir a la embestida de la derecha empresaria y comunicacional

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16Ago/200

LA ESCALADA

Publicado por admin

La guerra entre Estados Unidos y China no es inevitable, pero el futuro no está escrito

Estados Unidos está tensando al máximo la relación con China. Desde inicios de 2018 viene escalando las disputas comerciales que llegaron a un principio de acuerdo en enero último (Fase 1) con fuertes condicionamientos para China. Siguió la acusación a China por supuestamente haber esparcido el coronavirus. Luego de la ley de seguridad china en Hong Kong (julio), Estados Unidos eliminó el trato preferencial hacia el ex dominio británico. Ahora suma la presión en Taiwán, incitando a la declaración de independencia de la isla, moviendo fuerzas navales hacia la zona: «Bombarderos furtivos estadounidenses con capacidad nuclear fueron desplegados en la base aérea del Océano Índico, tres bombarderos B-2A Spirit enviados a Diego García en el Territorio Británico del Océano Índico por primera vez desde 2016” (South China Morning Post, 11.8.20). Los chinos han respondido con maniobras militares en la zona del estrecho de Taiwán, y también en sus zonas sur y norte, con fuego real. El oficialista Global Times editorializó: “El pueblo chino tiene el coraje suficiente para salvaguardar su soberanía nacional participando en el enfrentamiento militar con Estados Unidos a través del Estrecho, cuando todas las demás opciones fallan. Y estamos seguros de que ganaremos”. (GT 13.8.20). La única orden es no disparar el primer tiro.

 

 

Hong Kong y Taiwán, dos espinas

La última dinastía china había cedido la isla de Hong Kong a perpetuidad a Gran Bretaña por el Tratado de Nanjing de 1842, luego de la Primera Guerra del Opio. La Segunda Guerra del Opio concluye con la cesión de la Península de Kowloon, adyacente a la isla. En 1898 Gran Bretaña obtuvo —esta vez por 99 años de arriendo— los llamados “Nuevos Territorios” adyacentes a la Península, con vencimiento en julio de 1997. En septiembre de 1982 Margaret Thatcher se reunió con Deng Tsiao Ping para renovar el alquiler, pero Deng reclamó la devolución de lo arrendado y también de lo cedido. Si no firmaban la devolución ordenada, los chinos podían marchar y tomar Hong Kong esa misma tarde si así lo deseasen: “Es nuestra determinación retomar la soberanía no sólo sobre los Nuevos Territorios sino sobre Hong Kong y Kowloon, que nos fueron arrebatados en actos de piratería. Y no olvide la señora Primera Ministra que detrás de mi determinación esta la firme voluntad de 1.100 millones de chinos”, es la versión popular de cómo terminó la disputa. La recuperación revertía una de las grandes humillaciones del siglo XIX. El 10 de julio de 1997 se arriaba el pabellón británico y se inició un período de 50 años bajo el lema “un país, dos sistemas”.

El presente conflicto comenzó a mediados de 2019 por la torpeza de las autoridades de Hong Kong de propiciar la extradición de sus ciudadanos al territorio continental de China para ser juzgados por delitos realizados fuera de esa ciudad. Las manifestaciones fueron creciendo y añadiendo demandas de autonomía, lo que no ha cesado a pesar del retiro definitivo de la legislación de extradición. El Congreso de Estados Unidos aprobó –también días antes de las elecciones de consejeros de distrito— la Hong Kong Human Rights and Democracy Actque venía preparando desde la presidencia de Obama, añadiendo leña al fuego. Los opositores a Pekín ganaron las elecciones (60% a 40%). En julio pasado Pekín hizo aprobar una ley de seguridad en Hong Kong para controlar las manifestaciones que no habían cesado ni con el incremento de casos de coronavirus. Estados Unidos ha reaccionado eliminando el status especial de Hong Kong. Ahora le caben todas las restricciones que ha impuesto sobre China en la disputa comercial no concluida.

Taiwán era parte del territorio de China hasta que Mao tomó el poder en 1949. En esa isla se refugió el gobierno del Kuomintang presidido por el general Chiang Kai Shek, bajo protección americana. En las Naciones Unidas la representación de China era ejercida por el gobierno de Taiwán, hasta que los acuerdos antisoviéticos entre Mao y Nixon de 1972 dieron luz al Comunicado de Shanghai, por el cual “Estados Unidos reconoce que todos los chinos a ambos lados del Estrecho de Taiwán sostienen que solo hay una China y que Taiwán es parte de China. El gobierno de los Estados Unidos no cuestiona esa posición. Reafirma su interés en un arreglo pacífico de la cuestión de Taiwán por parte de los propios chinos”.

China pasó a ocupar el puesto de Taiwán en las Naciones Unidas, y las relaciones diplomáticas con Estados Unidos se normalizaron en 1979. Taiwán entró en un limbo, es un territorio chino controlado por otro poder político, casi sin reconocimiento diplomático. La recuperación de la soberanía china es un objetivo nacional, pero sin plazo.

La luna de miel con Estados Unidos comenzó a agriarse a posteriori de la crisis económica de 2008, de la cual China salió fortalecida. Ya había pasado a ser el principal exportador mundial y había ascendido a segunda potencia económica. Los mutuos beneficios para China y Estados Unidos habían llegado a un punto en que los norteamericanos comenzaron a temer por el ascenso oriental. China no acepta una posición subordinada como sí debieron hacerlo Alemania y Japón. Desde el ascenso de Xi Jinping a fines de 2012 la situación se ha ido deteriorando, y más aun desde el arribo de Trump a la Casa Blanca.

 

 

El poder militar chino

No es la magnitud superior del Producto Bruto lo único que marca la importancia de una potencia. Gran Bretaña no era una economía más grande que la de varios países europeos o que la economía china a inicios del siglo XIX, pero su armada era mucho más avanzada. Quien detenta los mayores avances científicos y tecnológicos aplicados a la capacidad bélica es quien termina por prevalecer e imponer sus objetivos al resto de las potencias.

En el campo militar ofensivo la ventaja de los Estados Unidos es indisputable, tanto por la presencia que ha establecido en el mundo con más de 600 bases militares de distintas dimensiones y envergadura, como por las ventajas tecnológicas, en especial el dominio del espacio y las comunicaciones, además de la magnitud de sus fuerzas convencionales de aire, mar y tierra y los arsenales nucleares.

En julio de 2019 China publicó su Libro Blanco sobre Defensa. El objetivo fundamental de su política militar es salvaguardar los intereses de soberanía, seguridad y desarrollo, que se resumen en:

  • a) Disuadir y resistir la agresión;
  • b) Salvaguardar la seguridad política nacional, la seguridad del pueblo y la estabilidad social;
  • c) Oponerse y contener la “independencia de Taiwán”;
  • d) Tomar medidas enérgicas contra los defensores de los movimientos separatistas como la “independencia del Tíbet” y la creación del “Turquestán Oriental” (Xinjiang);
  • e) Salvaguardar la soberanía nacional, la unidad, la integridad territorial y la seguridad;
  • f) Salvaguardar los derechos e intereses marítimos, en el espacio ultraterrestre, el espacio electromagnético y el ciberespacio.

Los peores puntos de conflicto son las disputas de soberanía en el Mar del Sur de China —donde está construyendo infraestructura y desplegando capacidades defensivas en las islas y arrecifes– y la recuperación de la soberanía en la provincia de Taiwán. No menos importantes son evitar el desmembramiento de territorios con minorías étnicas, como son el Tíbet o Xinjiang. En el Libro Blanco no menciona a Hong Kong porque al momento de su redacción no era el tema crítico que es ahora.

El objetivo estratégico chino es evitar una confrontación directa con Estados Unidos y transformar completamente sus ejércitos en fuerzas de clase mundial para mediados del siglo XXI. No pretenden disputar su capacidad ofensiva, sino tener la capacidad defensiva que impida que cualquier contrincante la ataque con éxito en sus puntos neurálgicos, o pueda provocar desorden político o el desmembramiento nacional.

Según la organización norteamericana IISS en The Military Balance 2020el gasto mundial en defensa en 2019, aumentó un 4,0% en términos reales respecto a 2018 (1,74 billones de dólares constantes de 2015), el mayor aumento en diez años. Lidera el gasto Estados Unidos (684.000 millones), seguido por China (181.000 millones). Ambos aumentaron un 6,6%. Los siguen más alejados Arabia Saudita y Rusia.

China está entrando en una nueva fase de desarrollo militar con capacidad de llevar a cabo misiones de larga distancia. Los navíos de alta capacidad son el foco de la construcción naval, mencionando el lanzamiento simultáneo de dos cruceros Tipo-055 en junio de 2018. Cuando se sumen los lanzados antes y los que están en construcción serán plataformas formidables. Si bien Estados Unidos conserva el mayor número de navíos avanzados contra la guerra aérea, China aumenta constantemente la cantidad de este tipo de buques, mencionando 13 destructores Tipo-052C y Tipo-052D. También menciona los avances en aviación, con el caza pesado Chengdu J-20 y el misil aire-aire guiado por radar activo de rango extendido PL-15, capacidades para competir eficazmente en el dominio aéreo regional. El vehículo de deslizamiento hipersónico DF-17 (rango intermedio) se exhibió en el desfile del 70° aniversario de la Revolución, en noviembre de 2019.

El Libro Blanco por su parte menciona, además de los indicados por IISS, la supercomputadora Tianhe-2, misiles balísticos de rango intermedio y largo DF-26, y los tanques Tipo 15, orgullos del desarrollo autónomo chino. Los DF-26, al igual que los anteriores DF-21D, son conocidos como los carrier killers (mata portaaviones) dado que pueden amenazar a los más poderosos buques de la flota americana mucho antes de que estén cerca de China.

China es una de las potencias nucleares, con 250 ojivas, muy por detrás de las 5.000 que poseen tanto Estados Unidos como Rusia. Ha incorporado hace pocos años el primer portaaviones, Liaoning, de origen soviético, y en diciembre de 2019 incorporó el segundo, Shandong, de diseño y construcción chinos, que puede transportar 36 aviones caza (el Liaoning 24). Los 60 aviones desplegados entre el Mar del Sur y el Mar del Este de China son sin dudas una fuerza disuasiva a tener en cuenta en la actual escalada. Estados Unidos cuenta con 11 portaaviones clase Nimitz y Ford (propulsión nuclear y desplazamiento 100.000 toneladas) mientras el Shandong desplaza entre 40.000 y 60.000 toneladas, con propulsión convencional. En construcción se encuentra un tercer portaaviones (desplazamiento 80.000 toneladas, catapultas de lanzamiento electromagnéticas) y en carpeta la construcción de otros tres, de mayor tonelaje de desplazamiento y propulsión nuclear.

La tecnología militar cubre muchas áreas de conocimiento científico y tecnológico. Desde la balística intercontinental, la óptica avanzada, los nuevos materiales, y por supuesto los avances en computación y comunicación, con sus infinitos subcapítulos, de los cuales el desarrollo de microprocesadores (microchips) avanzados son su corazón. La capacidad de guiar armas (misiles, aviones no tripulados, etc.) mediante tecnología segura implica el desarrollo y avance permanente de una generación especial de microprocesadores, a los cuales se oponen otros capaces de desviarlos de sus objetivos, confundirlos o volverlos contra sus bases.

China lanzó el primer satélite en el mundo con comunicación dirigido por una supercomputadora quántica, que reemplaza las ondas radiales por la transmisión de fotones (partículas de luz) a través de cristales. Esta tecnología ha creado super seguras redes de comunicación, una tecnología que Estados Unidos no domina aun, y que hace a China inmune (por ahora) al ciberataque de un adversario en este campo. Esto es un factor decisivo ya que la interferencia sobre las de ondas radiales puede bloquear un ataque, algo que no ocurre en la transmisión de fotones.

El crecimiento del presupuesto militar chino ha sido inferior al crecimiento de su economía, pasando del 5,43 % de su PBI en 1979, al 1,04 % en 1995 y el 1,26 % en 2017. También se ha reducido fuertemente el gasto militar sobre el presupuesto de gastos del Estado, pasando del 17,37 % en 1979 al 5,14 % en 2017.

En esta etapa de su desarrollo, China busca hacerse fuerte en defensa de su zona de influencia. En 2015 escaló su reclamo de soberanía y control exclusivo en el Mar del Sur de China, expandiendo la base marítima de Longpo (submarinos nucleares) en la isla de Hainan, y la acelerada construcción de siete islas artificiales donde ya se están emplazando bases y aeropuertos militares. Por los estrechos del Mar del Sur de China pasan navíos comerciales llevando el 30 % del comercio mundial, y China está determinada a impedir que ese movimiento quede bajo el control de la flota norteamericana.

 

 

Los peligros de una guerra

China ha fortalecido su capacidad defensiva como para resistir ataques a su territorio y el área cercana (Taiwán, Mar del Sur). Tomar el cercano Taiwán es mucho más accesible que avanzar sobre las bases americanas del Pacífico.

Una parte muy importante de la ofensiva de Donald Trump está determinada por su obsesión de ganar las elecciones de noviembre. Juega la carta nacionalista que le dio éxito hace cuatro años, ya que en otras áreas está en franco retroceso (reacción ante la pandemia, caída de la actividad económica, disputas raciales). No es solamente para Trump ganar o no una elección, aunque ello pese, y mucho. Es lo que el historiador norteamericano Graham Allison llama “la Trampa de Tucídides”. En las palabras del general ateniense Tucídides “fue el ascenso de Atenas (China) y el miedo que esto instiló en Esparta (Estados Unidos) lo que hizo la guerra inevitable”. Allison no dice que la guerra entre Estados Unidos y China sea inevitable, por todo lo que está en juego para ambos y para el resto del mundo, pero el futuro no está escrito.

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