Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

20Sep/200

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EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Hacia la construcción de una democracia participativa

Virreyes en caída

La desilusión del pueblo argentino con el proyecto neoliberal fue una de las consecuencias contundentes de los años del gobierno de Cambiemos. Esos cuatro años no sólo provocaron la vivencia de un fracaso en las mayorías que no lo votaron y en buena parte de los que sí lo hicieron.  El fracaso podría adjudicarse al entendimiento de una gestión mal hecha de una política que habría tenido posibilidad de éxito si la gestión hubiera sido encarada con mayor eficiencia. No es lo ha ocurrido con el tercer episodio de liberalismo neo de las últimas cuatro décadas. No ha dejado una percepción de ese carácter en el balance ciudadano. Las conclusiones en el imaginario popular son de una índole diferente. Pertenecen a la desilusión definitiva respecto a una mirada sobre la política, sobre la economía, sobre la sociedad y sobre la vida. Así de devastadora fue la experiencia, conducida y gestionada en forma directa por los dueños del poder económico, sus amigos y sus serviles gerentes y asesorada por presuntuosos apologetas de la teoría ortodoxa devota del pensamiento único.

Al final de los cuatro años del gobierno de Macri se vivió una crisis descomunal, cuya causalidad en la política aplicada fue obscenamente indisimulable. Todo se derrumbó con estrépito, las alquimias teóricas, las ambiciones de extender a perpetuidad un modelo que sus ejecutores y cultores sostuvieron un bienio, hasta concluir en un naufragio sin pausa que legó un país destrozado por la ONG de la cultura de la antipolítica, aliada con los herederos de un partido centenario que abandonaron todo principio para hacerse de una porción del poder. Sólo salvaron los trapos las ganancias personales de los que ocuparon el poder, sus socios, sus allegados y sus camaradas de la plutocracia que concentra el poder económico en Argentina.

La pandemia que prosiguió al desmán que desató el gobierno del Presidente Macri fotografió la Argentina desigual, empobrecida, injustamente saqueada. Porque la valorización financiera es un patrón de acumulación sustentado en el saqueo, porque el dispositivo macroeconómico de las gestiones de la dictadura, el menemismo y sus variantes continuistas y el cambiemita, es el mecanismo de un régimen de desposesión del pueblo. De sustracción. De violación de derechos humanos.

El país discute hoy la post-pandemia. Se vuelven a evocar planes que en otras épocas fueron banderas para la construcción de otra Nación. Huerta Grande y La Falda, el de la CGT de los argentinos, el del plan trienal, el de los 26 puntos de la CGT Brasil. No es ociosa la insistencia y la repetición de estas propuestas históricas, hundidas por las dictaduras y la censura privada de los grandes medios de comunicación. Porque es indudablemente cierto que cuando la concentración económica inunda los medios masivos de noticias y opiniones, emergen nuevas lógicas de censura. De administración del tiempo que excluye el debate con los proyectos que molestan a los poderosos.

Tan cierto es esto, que se dedican ríos de tinta a la repetición de ideas, de planes, de concepciones que dejaron en ruinas la economía nacional. Como la declaración de la AEA, asociación de grandes empresarios que predican el no pago de impuestos, cantan loas a la inversión privada que nunca llega –y que si lo hace— es a costa de condiciones que les aseguran rentas y nunca para proyectos que les implicaría correr el riesgo que siempre pregonan, pero del cual huyen.

 

 

El disco rayado

El empresariado concentrado insiste en el mismo libreto. El neoliberalismo como política de Estado. Su representación más poderosa, plana y fundamentalista, la AEA, define los siguientes postulados en  unas rústicas y desviadas “Instituciones para el Desarrollo” que formulan con circunspecta y acartonada formalidad, pero carentes de rigor, inteligencia, voluntad e intuición:

  • Movilización plena de las energías del sector privado. (Es decir, exclusión del Estado como planificador, direccionador y actor directo del proceso económico.)
  • Conquistar mercados externos. (A costa de bajar los costos laborales con políticas flexibilizadoras y con metodologías de competitividad espuria, pues nada dicen de la inversión en ciencia y tecnología.)
  • Evitar los controles de precios. (Predican la definición mercantil de estos por parte de empresarios concentrados para reducir los salarios, acumular ganancias y luego fugarlas al exterior.)
  • Garantizar el derecho de propiedad. (O sea que la posesión de medios de producción no genere ningún compromiso con el uso de la misma en pos del beneficio social, sino que sea guiada a la obtención de la mayor ganancia.)
  • Vociferan contra el impuesto a las grandes fortunas, mezquinos de cualquier disposición solidaria a contribuir para paliar las consecuencias de la grave pandemia que nuestro país también sufre como parte de la comunidad mundial.

En un power-point a la moda, la UIA en “Hacia una nueva normalidad: propuestas para la reactivación productiva”, adorna con toques de estilo desarrollista su acomodamiento al mismo neoliberalismo como política de Estado:

  • Macroeconomía que fomente el ahorro local y busque gradualmente salir de los controles y las regulaciones cambiarias. (Curioso que una propuesta que se propone como productivista se inicie reivindicando la apertura de la ruta para la fuga de divisas, sin preocuparse por el cuidado de un insumo vital para el desarrollo industrial.)
  • El segundo principio esgrimido es una política cambiaria previsible que sustente la agregación de valor en la producción. (Esta formulación insinúa la devaluación como fórmula preferida para la competitividad, es el camino de la ganancia rápida y espuria en lugar de promover la genuina intervención pública y la apuesta empresaria a la innovación.)
  • La reducción de la nominalidad parece una advertencia preocupada respecto de recuperaciones del salario en la post-pandemia, temiendo que esas mejoras anulen la competitividad inducida por el precio de la divisa. Tal vez, por eso no proponen medida alguna de aumento salarial para impulsar la demanda.
  • Quejas sobre una supuesta presión tributaria excesiva.
  • La intervención del Estado es reivindicada desde el planteo de la continuidad de los auxilios con los ATP, la aplicación intensiva del REPRO, las propuestas de moratorias impositivas. Todas ayudas al empresariado. Enfoque corporativo y sectorial sin preocupaciones por un proyecto de Nación.
  • La gran ausencia del programa empresarial de la UIA es el debate sobre la distribución del ingreso.
  • El power-point dedica su propuesta núcleo a abogar por la construcción de consensos e instituciones, mediante lógicas y prácticas de diálogo. Esa propuesta no se restringe a plantearlo en el ámbito social y sectorial, sino que también pregona el encuentro constructivo entre el oficialismo y la oposición política. Nuevamente asoma la pretensión de un consensualismo del estilo “Pacto de la Moncloa”. Con un poco de reformismo pro-industrialista dentro de la globalización financiera, el documento se confiesa como la versión light de la política de Estado neoliberal. Pero very fashionable.

 

 

Embrión de consenso y movilización para un proyecto nacional y popular

El 28 de agosto un conjunto de organizaciones de empresarios nacionales pymes, organizaciones sindicales, cooperativas de trabajo y movimientos sociales con inserción productiva presentaron una cantidad de coincidencias básicas, que resultan en una importante expresión embrionaria de la construcción de un proyecto nacional. Porque la trampa de la “grieta” no es otra cosa que el intento de conservar al neoliberalismo como política de Estado y acusar a la opción nacional y popular como confrontativa. La derecha usa ese vocablo “grieta” en defensa del diagnóstico apologético del fin de la historia. Atrasan, los muchachos. Les pasó el cuarto de hora de ese clima (cuarto de siglo).

Alumbran, los vientos de cambio, con un conjunto de concepciones articuladas por organizaciones como la CTA de los Trabajadores, el sector combativo de la CGT agrupado en la Corriente Federal de los Trabajadores, las Agrupaciones Grito de Alcorta y la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas, ambas herederas de la auténtica Federación Agraria Argentina. A los que se suman toda la gama de representaciones del pequeño y mediano empresariado industrial del país: la CGERA, la agrupación José Ber Gelbard, APYME, la CEEN, la Fundación Pro Tejer, un conjunto de afluentes en el MNUP y un nutrido grupo de federaciones de cooperativas de trabajo como FACTA, CNCT, FECOOTRA Y CONARCOOP. Los mencionados son sólo una parte de múltiples participantes. Pero lo decisivo son sus formulaciones programáticas:

  • Un Estado activo, presente en la orientación, la regulación y la planificación. Atento a las necesidades sociales. Aquí se nota la raíz de la propuesta. Su carácter democrático opuesto al liberalismo neo que rechaza la planificación de la economía y deifica la asignación mercantil (a cargo de las firmas dominantes en los mercados concentrados) de la economía.
  • Promueven la inversión pública en infraestructura, con motorización del empleo, con el objetivo de revertir la errada asignación de recursos e injusta distribución del ingreso.
  • Plantean la participación de los sectores sociales y productivos populares en la toma de decisiones.
  • Expresan decididamente que la recomposición del mercado interno es el motor del desarrollo nacional.
  • Reivindican la recomposición del poder de compra de los salarios y las jubilaciones.
  • Apoyan el aporte extraordinario y solidario ante la emergencia del Covid-19, entendiéndolo como el punto de partida para una reforma impositiva de carácter progresivo, que respete una segmentación en la que la carga tributaria mayor recaiga sobre los sectores de mayores ingresos.
  • Se pronuncian por una negociación con el FMI que excluya condicionamientos que inhiban la recuperación económica y social.
  • Rechazan las tradicionales políticas de estabilización antiinflacionarias, que con fundamentaciones de raíces monetaristas o fiscalistas, proponen ajustes que conducirían al agravamiento de las condiciones recesivas.
  • Rechazan la financiarización y proponen una Reforma Financiera, que ponga al sistema al servicio de la producción .
  • Promueven la reforma de la Ley de Inversiones Extranjeras, como así también medidas que cierren la fuga de capitales, eviten la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones.
  • Descartan que las devaluaciones cambiarias sean el método clave y adecuado para evitar la escasez de divisas y advierten su sesgo regresivo en la redistribución de ingresos.
  • Reconocen el carácter de servicio público de la provisión de gas, luz, agua y combustibles.
  • Proponen una política agraria democrática que grave el latifundio y acabe con la integración vertical de las empresas monopólicas agroalimentarias y promueva la agroecología y la chacra mixta.

 

 

La misión del Consejo Económico y Social

Este acuerdo inicia una discusión respecto de la misma misión del Consejo Económico y Social. No es ocioso el debate en relación a si se trata de un organismo asesor, de un ámbito de consenso corporativo o de un espacio de participación popular como desafío para la construcción de una democracia amplia, en la que la representatividad sea un elemento indispensable pero insuficiente. Parafraseando un decir de la época: “Sin la representación electoral no se puede, pero con ella sola no alcanza”. Una lectura inadecuada y regresiva del Consejo sería la búsqueda de la aprobación de los poderes fácticos de la concentración económica en pos de un supuesto “realismo político” que inhibiría los cambios, quizá con algunas concesiones a una homeopática dosificación en la ampliación de derechos ciudadanos, que garantice hegemonía para una lógica continuista. A esto se lo denominó en la tradición del arte político “gatopardismo”: cambiar algo para que nada cambie.

El comentado y analizado proyecto de unidad entre sectores de la producción y el trabajo, cuyas ideas se exponen en este artículo, aporta a la vocación virtuosa: la construcción de una democracia participativa. Expresa la orientación que expresara el Presidente en varias oportunidades: luego de la pandemia debemos pensar en otra sociedad más igualitaria, más humanista, menos consumista. Claro que los lineamientos iniciales no completan el grado de definición que el decurso de una política transformadora demanda. Pero marcan un rumbo. Le dan un instrumento de gran valor al gobierno nacional, que fue elegido para poner fin al modelo neoliberal y que se propuso no incurrir nunca más en la lógica de endeudamiento-fuga-ajuste en que sistemáticamente nos hundieron las experiencias afines a la financiarización del país.

El agrupamiento que presentó las coincidencias básicas no debería ser un actor más, sino un espacio fundamental en una mesa donde se discuta el Proyecto de largo plazo para el país. Ese Proyecto necesariamente marcará un rumbo. Ese rumbo no tiene el carácter de destino. No se trata de despejar en el debate ninguna posibilidad única. Los caminos de un proyecto de país siempre son varios y no están exentos de contradicciones antagónicas entre ellos. El que marca las coincidencias básicas es el de la ruptura con el liberalismo neo que tuvo varios episodios. Inaugurado con el Programa de Martínez de Hoz y uno reciente –tal vez póstumo— con el descalabro de desposesión popular que terminó con el endeudamiento récord con el FMI.

Otra vez en la Argentina se organiza la posibilidad de una democracia con contenido popular y nacional, que comience a acometer las tareas de ruptura con las restricciones económicas que constituyen las condiciones de dependencia. Por supuesto, que los que suscriben las coincidencias básicas no representan la totalidad de los sectores populares que tienen esa aspiración. También se encuentra en pleno despliegue una conjunción de movimientos de los sectores más vulnerables que están construyendo su inclusión en la vida productiva a través de la economía popular. Ellos también tendrán que ser convocados con un rol clave a sentarse en el Consejo Económico y Social.

Como se ve, una perspectiva nacional, popular y democrática en nuestro país no se nutre del Pacto de la Moncloa. Son otras las condiciones. Es otra la geografía. Pero fundamentalmente son otras las aspiraciones políticas de una ciudadanía agotada de un régimen de desposesión económica y vaciamiento de la democracia por un liberalismo horneado en la dictadura terrorista. El gobierno del Frente de Todos se plantea otra Argentina.

En esa línea de reflexión concluía Cristina Fernández de Kirchner su libro Sinceramente, reflexionando que “ante la caótica situación que vivimos hoy como país y sociedad, escucho hablar de la necesidad de un gobierno de Unidad Nacional, o de un acuerdo social y económico. Nadie puede estar en contra de esos enunciados y propósitos, pero me da la impresión que sólo refieren a acuerdos dirigenciales, superestructurales, de partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresarias, iglesias y movimientos sociales… Y está muy bien, pero… creo que con eso no alcanza. Se requiere algo más profundo y rotundo: un nuevo y verdadero contrato social con derechos pero también con obligaciones, cuantificables, verificables y sobre todo exigibles y cumplibles. Un contrato que abarque no sólo lo económico y social, sino también lo político y lo institucional. Hay que volver a ordenar todo, pero no en el viejo orden, sino en algo nuevo y distinto de lo que tuvimos… El deterioro provocado por las políticas de Mauricio Macri y Cambiemos ha sido demasiado grande, vertiginoso y profundo para pensar que solo unos pocos pueden solucionar esto. Ese nuevo contrato social exigirá también de la participación y el compromiso de la sociedad… compatriotas… Tenemos que acordar cómo vamos a convivir y en qué condiciones… porque así no va más”.

30Ago/200

Un DNU que garantiza derechos

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Que sean esenciales implica que en las condiciones de desarrollo alcanzadas por una comunidad su alcance y disposición hace a la dignidad humana. Esta se articula en dos valores fundamentales y permanentes: la libertad y la igualdad, cuya interdependencia y articulación indisoluble es constitutiva de la democracia.

Este decreto no resulta de una cuestión de orden programático, aunque también su sustancia podía avizorarse en el paradigma de un proyecto nacional y popular que logró acceder al poder. Su ejercicio por parte de un gobierno que lo buscó para modificar la política económica, institucional, social, judicial, cultural, sanitaria, educativa e internacional, también significó un cambio sobre la mirada de la relación de los hombres entre sí, y de los hombres con la naturaleza. Hubiera sido imposible emprender un conjunto de transformaciones como las enunciadas sin una perspectiva y una sensibilidad marcadamente diferente al neoliberalismo que lo precedió y que todavía conserva la hegemonía cultural en la nación.

El DNU se ha dictado en el marco de una peste, en la que la posesión de los medios para el acceso a la comunicación con que hoy cuenta la humanidad, pasan a ser de carácter esencialísimo. Disponer o no de esos medios de comunicación, en la situación concreta que el coronavirus impuso, constituye una disyuntiva abismal. No haber adoptado las medidas que apunten a proporcionar condiciones de igualdad para el acceso a esos recursos resulta indigno a la condición humana.

¿Cuál es la diferencia clave que facilita la igualación de acceso a los servicios declarados de interés público? La existencia de una tarifa que pueda ser afrontada por el conjunto de la población, junto a la garantía de su abastecimiento pleno a toda la ciudadanía. La tarifa tiene la garantía de su regulación y/o fijación por parte del Estado. Es este el obligado a acudir en atención al cumplimiento de la vigencia de los derechos humanos. El precio libre de mercado que se hubiera establecido por la suma de costos, ganancias y rentas monopólicas se habría guiado por la maximización de ganancias y no por la satisfacción de derechos humanos, atendiendo a los mayores frutos posibles que pudieran engrosar la propiedad privada de las nuevas tecnologías e infraestructuras de las actividades.

Cuando se trata de servicios cuya estructura de mercado es monopólica u oligopólica — debido a la existencia de rentas tecnológicas, rentas naturales, concesiones o montos de inversión cuyo nivel son sólo alcanzados por un puñado de empresas—, existe una tendencia a que se refuerce el sesgo, típico de los monopolios, a reducir la cantidad de beneficiarios. El precio que se les puede cargar a estos usuarios de altos ingresos garantiza un beneficio total que supera el volumen que este alcanzaría si se eligiera ampliar la atención de la demanda a un precio menor. Es la dinámica dominante de las actividades recientemente declaradas de interés público.

 

 

Mercado y monopolios en las tecnologías de la comunicación

Los derechos humanos deben ser garantizados por el Estado, es el sujeto legalmente obligado como representante de la sociedad. En la situación de pandemia que hoy vivimos, la esencialidad de la telefonía celular, de internet y de la TV pública hacen que la decisión de Alberto Fernández de declararlas servicio público no sea una opción arbitraria, o sólo fundada en un paradigma conceptual. La Constitución Nacional incorporó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Garantizar el acceso a estos servicios imprescindibles resulta una obligación que se vincula también con el derecho al trabajo. Hay muchísimas tareas que actualmente sólo se pueden acometer con la utilización de internet y la telefonía celular. Muchos argentinos no podrían desenvolver sus labores si las compañías proveedoras de esos servicios conservaran la facultad de establecer precios para maximizar sus ganancias. El medio predominante de comunicación hoy es el celular, que además tiene usos múltiples. Algunos de estos permiten el ahorro de riesgos de contagio, pues favorecen el aislamiento social mediante dispositivos que permiten hacer operaciones y trámites que, de otro modo, requerían el movimiento personal y el contacto –a veces en aglomeración— para efectuarlas. La actividad cultural y recreativa permanece absolutamente restringida por el peligro del contagio del Covid-19, esto convierte al televisor en un medio que no sólo es utilizado en las habitualidades de quienes lo consumen en épocas de normalidad, sino como un sustituto de actividades de esparcimientos hoy vedadas. Son las razones que hacen que el DNU sea un auténtico reparador de derechos.

Además el particular momento en que se dicta la legislación suma a las características concentradas de la oferta en esas actividades cuya forma de comercialización resulta de estructura oligópolica, duopólica o monopólica —donde la categoría mercantil es una mera formalidad, porque reina la formación cuasi-absoluta de precios por parte de los proveedores de esos servicios—, un plus que refuerza los efectos de las morfologías de esos mercados. Es que esos servicios públicos son brindados sin alternativas que en condiciones normales podrían introducir un límite a su consumo. Por ejemplo, la concurrencia directa al cine en lugar de la película por TV, el encuentro familiar en lugar del Zoom, los juegos de mesa personalizados en lugar de los efectuados por Internet. Pero cuestiones más delicadas e inobviables hoy se sostienen por estos medios, como muchas consultas médicas y sesiones de psicoanálisis. Los médicos también prescriben remedios y envían  las recetas a pacientes crónicos que las requieren para gozar de los descuentos, sin los cuales no podrían comprarlos, y continuar sus tratamientos. Actividades esenciales y ausencia de bienes sustitutivos (para utilizar la propia terminología favorita de los marginalistas, que tanto seduce a los economistas del establishment), crean las condiciones para que los monopolios propietarios de la operación de estos sectores tengan un amplio poder de control para subir los precios, para aplicar aumentos por encima de la inflación, del aumento de costos hasta el nivel en que encuentre el punto máximo de ganancias, sin competencia de bienes similares, ni tampoco cercanos en su función. Este es el momento en el que el DNU resulta oportuno, necesario e incuestionable.

La reacción de empresas propietarias de esos rubros, como las que integran el grupo Clarín —cuyo referente de origen fue Roberto Noble, secretario del gobierno de Roberto Fresco que gobernó la provincia de Buenos Aires con “conceptos oriundos del fascismo y el corportativismo”, según refiere Horacio González en Historia conjetural del periodismo (Colihue, 2013)—, como así también por parte del diario La Nación –que sistemáticamente dio sustento a los golpes de Estado en el país—, recurren frecuentemente al derecho de propiedad como pilar jurídico de la defensa del libre albedrío empresario para fijar precios. Empresas que conocen bien de métodos de acumulación originaria que aplicaron en la apropiación de Papel Prensa durante el terrorismo de Estado.

Los restauradores del conservadurismo neo acuden a alimentar el negacionismo de los derechos económicos, sociales y culturales. Pregonan el rechazo de todos los derechos “positivos” o de acceso, en los que el Estado debe proveer presupuesto y/o intervención en la economía para que sean garantizados. El lugar común en que acomodan el valor de la libertad es la defensa irrestricta del derecho de propiedad ilimitado, cuya perpetuidad es irrenunciable para esos peculiares “libertarios” de derecha, también su transmisibilidad sin restricciones, y no aceptan impuesto a la herencia alguno.

La disposición de sus frutos y de la inalienable integridad de la propiedad de origen son defendidos por los liberales que los protegen de los impuestos a las fortunas, de las retenciones que disminuyen rentas diferenciales y de regímenes progresivos de impuestos a las ganancias. Pero los conservadores neo, los “libertarios” de derecha y los liberales deberán lidiar con un problema no menor: la Constitución nacional dispone otra cosa. En 1994 introdujo en su contenido el respeto integral de los derechos humanos, que incluyen los económicos y sociales, sin prelación para ningún derecho de propiedad, que le asiste al propietario tanto como los derechos esenciales amparan a las mayorías populares. La voluntad general ha de definir en cada circunstancia las políticas que se imponen. Es decir el pueblo y no las minorías.

 

 

El neoliberalismo como negacionismo de derechos humanos

Así el orden legal de carácter constitucional no se respeta si todos los mercados y en cualquier circunstancia quedan librados a la disposición de que los propietarios fijen los precios que le viene a la gana. Los diabéticos no pueden pagar cualquier precio por la insulina, este debe ser fijado por el Estado nacional en función del derecho igualitario a la salud. Derecho a la vida tiene el diabético pobre como el rico, igual derecho. Derecho a comer carne tienen todos los argentinos, no es que para el argentino rico va el lomo y el bife de chorizo y para el pobre papa y cebolla. En pandemia la comunicación, la socialización, los recursos para sostener la mayor capacidad de trabajo posible, el acceso al esparcimiento, no resiste diferencias entre el rico y el pobre. Del mismo modo en que con el probable advenimiento de un ajustado nivel de disponibilidad de camas para los enfermos de Covid-19, en consonancia con la Constitución Nacional, sería contrario a la dignidad humana que las escasas plazas de terapia intensiva se asignen a quien pagó medicina prepaga, frente a quien no pudo hacerlo. Porque la Constitución Nacional dice otra cosa. Y el DNU 690/2020 interpreta con exactitud el texto fundamental de la legislación argentina.

En estos últimos tiempos el pensamiento de la derecha argentina viene sustituyendo el concepto sustantivo de democracia por el formalismo “democrático-liberal”. Von Hayek, el restaurador de reflexiones y miradas de los siglos XVII y XVIII, en las cuales la propia ciudadanía política estaba en debate respecto de su dimensión universal, planteaba que los derechos económicos y sociales eran falsos derechos. He aquí a Clarín y La Nación profesando el mismo dogma que el austríaco admirador de Pinochet, sugiriendo que la intervención que el DNU 690/2020 dispone sobre tarifas de bienes de utilidad pública esencial es un atropello a la democracia.

Los demócratas de la Revolución Francesa y su filósofo Rousseau, que reivindicaban la democracia política y la ciudadanía universal, fueron duramente atacados por los precursores de los editorialistas de esos periódicos y sus repetidores televisivos. Su propuesta era ciudadanía política universal y no limitada. Y ya en 1793 el ala jacobina de la Asamblea francesa decía que los derechos civiles y políticos carecían de sustancia si quienes tenían la facultad de practicarlos, no poseían el mínimo sustento para el sostenimiento de una vida que les permitiera ese ejercicio.

Ellen Meiksins Wood en Democracia vs. Capitalismo (Siglo XXI, 2000) sostiene que la democracia no debe ser pensada sólo como una categoría política, sino también económica. “No sólo me refiero a democracia económica como una mayor igualdad en la distribución del ingreso. Concibo a la democracia como un regulador económico, el mecanismo impulsor de la economía”. Esta concisa expresión propugna una metamorfosis trascendente. La democracia debería ser el mecanismo regulador e impulsor de la actividad económica, no el mercado. Si la democracia es una democracia de ciudadanos, entonces la ciudadanía no es sólo política si no integral y, entonces, también económica.

Los atributos de la igualdad sustantiva se extienden en los espacios políticos y económicos. Dice la historiadora canadiense que “instrumentos e instituciones ahora asociados con el mercado serían útiles en una sociedad realmente democrática”, pero la fuerza impulsora de la economía no tendría que emanar del mercado. La democracia implica “un nuevo mecanismo impulsor, una nueva lógica económica”. Esa lógica económica, dadas las condiciones de concentración en que se desenvuelve la economía actual, tiene una estrecha relación con la intervención del Estado.

No de un Estado neutro, sino con fuertes contenidos que sean resultado del debate popular y muy entrelazado con un proyecto de autonomía nacional y ciudadana. En un reportaje que le acaba de hacer la Agencia Paco Urondo, el presidente de YTEC Eduardo Dvorkin afirma: “Yo creo que la cosa pasa por un proceso de sustitución de importaciones en el que el Estado no solamente regule y vigile sino que en ciertas áreas se convierta en un Estado empresario. Es decir, la única burguesía nacional motorizadora de la industrialización que tenemos es el Estado, que no puede hacer todo, pero sí puede ser el eje. Es muy importante regular a las empresas y disciplinarlas. Yo creo que va a haber una burguesía nacional formada por las pymes cuando nosotros las disciplinemos, cuando digamos ‘las reglas de juego son éstas, vos hoy estás usando reglas de juego que no son válidas’”.

 

 

Dos proyectos

Hay dos proyectos de Argentina. El primero es el que contempla una ciudadanía integral, con un Estado que articule las necesidades, requerimientos y atención de derechos, sobre la base de una fuerte interacción con la participación popular que actúe de conjunto con la institucionalidad republicana, porque como dice Horacio González en su artículo publicado por la revista digital La Tecla Ñ, La Foto del Quincho (26/07/20), “sin las instituciones no se puede, pero con ellas solas no alcanza”. El segundo es el de la ciudadanía limitada, acotada a la formalidad institucional, subordinada al reino de la preeminencia del derecho de propiedad, con una economía en la que la lógica mercantil subordina y coerciona la vida económica de las mayorías populares, con un concepto de libertad que no articula con el de igualdad, sino que se le opone naturalizando la polarización social.

El DNU del gobierno que ha declarado como servicio público con precio regulado a internet, el teléfono celular y la televisión paga, y que además establece la provisión de un servicio básico para atender los derechos de los sectores con menos posibilidades, marca un rumbo de raigambre popular. En cambio la hipocresía del establishment y la derecha de tildar la regulación de precios de servicios esenciales como atentatoria contra la libertad, amparándose en el derecho de propiedad, es la opción por un liberalismo extremo enemistado con la vida democrática.

23Ago/200

LA DICTADURA DE LOS ACREEDORES

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Un debate trascendental sobre la Argentina a construir para después de la pandemia

 

El debate sobre la Argentina a construir para la post pandemia constituye una cuestión central de las conversaciones e inquietudes intelectuales del presente, cuando estamos atravesando el acontecer más complicado de la peste. Esa discusión aborda planos muy diversos.

En el campo de la economía hay múltiples aspectos sometidos a la confrontación de opiniones. La particularidad del país es que el coronavirus aconteció unos tres meses luego del cambio de gobierno, que implicó una decisión popular de sustituir un modelo neoliberal por un proyecto nacional. La pandemia impregnó la vida de la economía y la sociedad antes de que pudiera desplegarse la transición. Eso colaboró con quienes esgrimen las premisas ortodoxas que dieron sustento teórico-ideológico al gobierno de Cambiemos, para que desplegaran un velo sobre sus consecuencias desastrosas. Los neoliberales desplazaron responsabilidades y endilgaron el daño causado por la política de Cambiemos,  a un  inventado mal-manejo  de la economía en pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández. Aprovecharon para reinstalarse rápidamente en la discusión y pregonar una restauración de una política económica contra la que se expresó la voluntad popular.

 

 

Liberalización financiera o financiarización

El núcleo del dispositivo restaurador es la liberalización financiera. Sus propuestas centrales son la desregulación del mercado cambiario, de la tasa de interés, de la regulación del destino del crédito, del movimiento de capitales de y hacia el país, la desarticulación de los controles de precios, la disminución de la presión fiscal, el ajuste del gasto público, la flexibilización del mercado de trabajo y la reforma privatizadora del sistema previsional. El factor común y la clave de esta visión ortodoxa es la desintervención estatal de la economía.

Los economistas que propalan este paradigma de organización económica sostienen que el mercado es un asignador de recursos que optimiza el funcionamiento de la economía. Muchos son los mismos que a mediados de los ’70 impulsaron entusiastamente estos principios y aseguraban que su implementación favorecería el desarrollo económico al “liberar las fuerzas productivas”. Otros, sus seguidores, formados en las misma premisas teóricas del mainstream.

Los economistas heterodoxos caracterizaron al despliegue de este dispositivo como financiarización. Chena, Buccella y Bosnic en su artículo Efectos de la financiarización en el cambio tecnológico en América Latina-Estudios sobre la financiarización de América Latina  (CEPAL, 2018) hacen esta interesante distinción:

“Es probable que la diferencia fundamental entre el concepto ortodoxo  de liberalización financiera y el concepto heterodoxo de financiarización se deba a que cada uno de ellos responde a dos premisas conceptuales irreconciliables entre sí: el riesgo y la incertidumbre”. Respecto de esa sustancial diferencia se apoyan en Lavoie, quien define al riesgo como “un escenario presente en el que cada opción presenta un conjunto de resultados posibles, cuyos valores son conocidos y pueden asociarse a una probabilidad matemática. Los escenarios de incertidumbre por el contrario se caracterizan porque las opciones posibles son desconocidas”. El modelo analítico de la liberalización financiera cuya evaluación es utilizada por el inversionista, requiere de una tasa de certeza y una prima de riesgo. Esto induce a un comportamiento de la conducta inversora, que aplicado a escenarios de incertidumbre, conduce a una incorrecta asignación de recursos en la economía. Esta falencia es producto de la conducta inducida por el carácter del inversor financiero, distinta a la que tenía el de sesgo productivo. Ya se verá cómo no sólo resulta incorrecta la asignación de recursos, sino que esa conducta también reduce el nivel de inversión y altera regresivamente la distribución del ingreso.

Las corrientes heterodoxas más que hacer una definición de financiarización, subrayan una cantidad de fenómenos que en concurrencia constituyen el concepto. En la introducción al texto de CEPAL citado, Abeles, Caldentey y Valdecantos citan un conjunto de características que los autores heterodoxos le asignan:

  • El predominio de una forma de gobernanza corporativa enfocada a la valorización de las acciones de las empresas.
  • El carácter cortoplacista en la toma de decisiones de inversión.
  • El poder político y económico de los rentistas y el capital financiero.
  • Un cambio en la lógica de valorización del capital que constituye una renovación del patrón de acumulación, en donde las ganancias devienen fundamentalmente de canales financieros.
  • La plétora de instrumentos financieros, como los derivados, que originan un extenso ámbito de comercialización financiera.

Estos elementos constituyen un dispositivo que permite el desacople de la economía real y la financiera, descoordinación que causa el advenimiento de sistemas financieros complejos, interconectados y frágiles. Los mismos autores señalan que entre 1980 y 2007 la tasa de crecimiento del sector financiero fue del 9,5% en los países en desarrollo, mientras que la de los otros sectores fue del 3,6%. En América Latina esta diferencia es aún mayor, anotando evidencias nocivas de la liberalización financiera.

Chena, Buccella y Bosnic exponen una de las definiciones que asoma como sustancial: la financiarización sería una nueva etapa del capitalismo que modifica en forma definitiva sus instituciones para imponer la supremacía de las finanzas.

Otra definición de estos autores sitúa a la financiarización como una puja entre el capital productivo y el capital financiero, en la que el primero predomina en la mayoría de las relaciones económicas, imponiendo sus normas y regulaciones, inclusive en el mercado de trabajo y la actividad económica.

De hecho se observa que el texto de la CEPAL describe que en América Latina, ninguna actividad productiva proporciona beneficios que superen o igualen a las finanzas, salvo la prestación de servicios monopólicos o la explotación de recursos naturales. En tanto, la inversión real se redujo con el advenimiento de la financiarización, sin recuperar jamás los niveles previos a 1980. Además, los autores del texto subrayan que la distribución del ingreso ha empeorado tanto en su observación funcional (salarios y ganancias) como en la personal (comparando la población por deciles).

 

 

El Estado y no el mercado

Las características de la financiarización y las evidencias sobre sus resultados explican la coincidencia de intelectuales y economistas de diversas procedencias heterodoxas respecto a la inconveniencia de dejar el proceso de cambio tecnológico en la región en manos de grandes capitales extranjeros. El cortoplacismo, la errónea evaluación desde una lógica de riesgo y no de incertidumbre, las imposiciones de reestructuraciones institucionales, la evidencia de la caída de la tasa de inversión, la desigualdad social provocada por el régimen, hacen imperioso evitar que el perfil de investigación y desarrollo se despliegue sobre la base de un dispositivo mercantil que opera con actores privados motorizados por tipos de rentas, ganancias y plazos que deterioran la tasa de crecimiento de la economía y la construcción de igualdad.  Esos estudiosos entienden que debe ser el Estado y no el mercado quien dirija y realice los procesos de innovación tecnológica, restaurando el cálculo financiero tradicional ligado a lógica del capital productivo, que lidia mucho mejor con el concepto de incertidumbre que el del inversor privado del capitalismo financiarizado.

Ya no sólo se debe combatir el prejuicio que sostiene que el Estado investigador, inversor y productor es de calidad inferior a la del gran capital privado extranjero, sino que está en mejores condiciones de liderar un proyecto de desarrollo. Mejor dicho, está en condiciones de conducirlo mientras que el capital privado extranjero carece de esa capacidad.

Miotti señala en otro artículo del mismo libro, que los aumentos de productividad en la época del capitalismo fordista (1950-1975) se distribuían entre asalariados y capitalistas, sin alterar la distribución del ingreso. Mientras que en el tiempo de la liberalización financiera los aumentos de productividad son apropiados por los capitalistas. Así, la financiarización requiere que el consumo sea sostenido por el crédito porque los niveles salariales son insuficientes.

Kaltenbruner y Painceira señalan en Financiarización de América Latinaimplicancias de la integración financiera subordinada que “mientras que la integración financiera internacional transforma el sistema financiero nacional en las economías capitalistas emergentes, esas mismas transformaciones facilitan y profundizan aún más la integración financiera internacional… Al igual que su integración en los mercados de productos, estas relaciones financieras se han caracterizado por la dependencia, la subordinación y las jerarquías. Como destacan los estructuralistas latinoamericanos, las vulnerabilidades y limitaciones de las periferias son históricas pues necesariamente cambian y evolucionan con el tiempo en sinergia con el cambio y la evolución de los centros”. De estas reflexiones y de las conclusiones expuestas anteriormente, se desprende que la financiarización acentúa la dependencia y el desarrollo desigual. La intensa exposición de América Latina a los movimientos de capitales aumenta su vulnerabilidad y la volatilidad cambiaria, que en muchas circunstancias depende de las condiciones internacionales que se agregan a las propias de las macroeconomías locales. La profundización de la dependencia que consolidó la financiarización fue reforzada significativamente, porque las economías periféricas no pueden emitir dinero mundial.

La financiarización conduce a altas tasas de interés, que inciden en forma negativa sobre la inversión y el consumo interno. La volatilidad cambiaria y el intenso movimiento de capitales debilitan las monedas locales. La prevalencia de la deuda en moneda extranjera aunada con la debilidad de la moneda nacional lleva a que las devaluaciones requieran una generación futura de divisas para el servicio de esa deuda. La lógica de la liberalización financiera tiene sus beneficiarios en los centros de poder financiero mundial, los prestamistas de moneda mundial, cuyos beneficios superan los de cualquier actividad productiva.

Chesnai define contundentemente al predominio del capital financiero como una “dictadura de los acreedores”. El liberalismo neo es el paradigma político del poder financiero concentrado, que escinde la política de la economía como forma de garantizar el despliegue de un capitalismo rentístico que apunta contra el desarrollo de las economías periféricas. Si entendemos como pilares de ese desarrollo al crecimiento de la economía, la promoción de una mejor distribución del ingreso y al despliegue de sectores productivos no tradicionales, la liberalización financiera ofrece la negación completa de esos objetivos.

 

 

Desposesión: la acumulación primitiva no cesa

Harvey en El nuevo imperialismo (Akal, 2004) revisa la formulación de Marx, quien señaló la diferenciación entre la lógica del momento constitutivo del capitalismo, donde mediante la violencia y el despojo, ajenos a una institucionalidad legal, se conformaron los cimientos de relaciones que permitieron la posterior acumulación capitalista, efectuada con la legalidad de igualdad formal sobre la que se edificaría un régimen de desigualdad real sustantiva.

Este autor sostiene que las condiciones de acumulación merecen una reconsideración, ya que el fraude y la depredación como modo de acumulación persisten hasta el presente. Dice Harvey que “ un examen más detallado de la descripción marxiana de la acumulación primitiva … [incluye] la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por la fuerza de poblaciones campesinas, la conversión de varios tipos de propiedad (comunal, colectiva, estatal, etc.) en derechos de propiedad exclusivos… la mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas (indígenas)  de producción y consumo, los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de bienes (incluidos los recursos naturales), la trata de esclavos, la usura, la deuda nacional y más recientemente el sistema de crédito” y afirma que “todas las características de acumulación primitiva mencionadas por Marx han seguido poderosamente presentes en la geografía del capitalismo… Durante las últimas décadas se ha acelerado el desplazamiento de las poblaciones campesinas… muchos recursos que antes eran de propiedad comunal están siendo privatizados, como el agua (con frecuencia bajo la presión del Banco Mundial), se privatizan industrias nacionalizadas; las granjas familiares se ven desplazadas por las grandes empresas” y «la cesión al dominio privado de los derechos de propiedad comunales obtenidos (el derecho de pensión pública, al bienestar, a la sanidad pública nacional) ha sido una de las fechorías más sobresalientes de los planes de desposesión emprendidos en nombre de la ortodoxia neoliberal”.

Harvey también señala que los planes de ajuste estructural del FMI tienen como objetivo organizar las condiciones de desposesión por medio de los efectos de devaluaciones, evitando la ocurrencia de un colapso general.

 

 

Una batalla cultural

La Argentina reestructuró su deuda externa. El objetivo de política fundamental del proyecto nacional es cerrar el camino a otro ciclo futuro de endeudamiento. La deuda en moneda extranjera de los Estados nacionales funciona como un eslabón fundamental de la cadena que articula dependencia con desposesión. Pero la deuda es solo un eslabón de esa cadena, que incluye además todos los eslabones de la financiarización o liberalización financiera, como guste llamársela. Este régimen es hegemónico a nivel mundial, y la inserción de la economía nacional en el mismo ha impedido el desarrollo y la construcción de igualdad.

De lo expuesto se puede concluir que depositar las expectativas en políticas market friendly para atraer inversiones extranjeras, como proponen los economistas de impunidad mediática, contraviene el camino necesario para la consecución de esos objetivos. Ni siquiera la herencia del viejo desarrollismo podría ser la fuente para argumentar esa receta, porque la lógica vigente en los móviles de la inversión externa es de un orden diferente, siendo sus objetivos la ganancia previsible en términos de costo de oportunidad financiero. Tampoco el canto de sirena ortodoxo de la liberalización financiera, ni la flexibilización de las regulaciones cambiarias, traerán ninguna ventaja, sino que producirán volatilidad financiera, alza de las tasas de interés, valorización parasitaria del capital y su posterior fuga.

La flexibilización laboral y la reforma previsional son mecanismos de desposesión atentatorios contra la plena vigencia de los derechos económicos sociales y culturales, y están destinados a bajar el salario y a que los aumentos de productividad sean apropiados sólo por el capital. Además persiguen la reducción del gasto público para que las grandes fortunas no paguen impuestos, reforzando la regresividad distributiva. Las constantes presiones para extender la frontera agropecuaria mediante la expulsión de campesinos que habitan ancestralmente sus tierras practicando la agricultura familiar, también son mecanismos de desposesión atentatorios del derecho a la propiedad y de los DESC. Las privatizaciones de empresas de servicios públicos y la consecuente fijación de tarifas como si vendieran mercancías a clientes, han constituido una desposesión flagrante y violatoria de derechos esenciales de la ciudadanía. El régimen de desintervención del crédito ha sido atentatorio del derecho al desarrollo de los pueblos.

Resulta necesario para la construcción de una Argentina solidaria, humanista, igualitaria, autónoma y desarrollada desandar las reformas pro-financiarización iniciadas por la dictadura militar, continuadas por los gobiernos de Menem y De la Rúa y restauradas durante los cuatro años de gestión de la Alianza Cambiemos. No hay contradicción entre la reactivación económica y el desarrollo de largo plazo, que será necesario  encarar a la salida de la pandemia. Ni la hay entre igualdad y desarrollo. En los países de inserción periférica en la economía mundial, hoy más que nunca el desarrollo científico tecnológico  y la inversión para el desarrollo deben ser fundamentalmente desplegados por el Estado. Los servicios públicos requieren ser desmercantilizados y atendidos como derechos de ciudadanía. Un proyecto nacional necesita desplegar una batalla cultural, teórica y de ideas para desplazar la hegemonía que el liberalismo neo construyó en sus períodos de hegemonía y que se resiste, y resistirá, a abandonar.

12Jul/200

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CRÍTICA DE LA CIENCIA ECONÓMICA

La polarización social y sus males asociados no resultaron de la pandemia sino del neoliberalismo

 

La amputación

En la Argentina se ha abierto un debate de Economía Política. Fue el nombre de una carrera universitaria de la UBA que la intervención de la dictadura autodenominada de la “Revolución Argentina” cercenó y reemplazó por el de “Economía”, cambiando sus contenidos. El régimen ilegal instaló a un grupo de profesores formados en universidades norteamericanas, quienes cumplieron el cometido de ese reemplazo, algunos de contacto frecuente con académicos ligados a Fraga Iribarne, un franquista que luego fue fundador de la Alianza Popular, posteriormente transformada  en el Partido Popular, integrado hoy a la Fundación Libertad que comanda Mario Vargas Llosa.

La pandemia exhibe de manera impúdica la polarización social, la pobreza, la vulnerabilidad de los sectores populares y el deterioro de los servicios de salud provocados por las políticas ortodoxas recomendadas por los exponentes de la “Ciencia Económica”, que expulsaron los enfoques de la economía política de las aulas y hegemonizaron por décadas la confección de programas con sus modelos de arbitrarias formulaciones axiomáticas, rebatidas insistentemente por la realidad.

El cambio de nombre no ha pretendido ocultar la pretensión de separar la economía de la política, sino que más bien pregona esa escisión. El núcleo de ideas que ha sostenido el andamiaje teórico de esa “Ciencia Económica” es la postulación de que la distribución del ingreso constituye un resultado endógeno de las condiciones de producción (una consecuencia cuasi-tecnológica) y no una cuestión exógena (externa) que resulta de la puja distributiva que atraviesa a las sociedades capitalistas como resultado no sólo de las condiciones de producción, sino de los paradigmas culturales, del entramado de organizaciones sociales, sindicales y políticas y de las ideas e imágenes-objetivo sobre el futuro nacional y de la humanidad toda, que dan sentido fundamental a la vida cotidiana de los pueblos.

Desde la “Ciencia Económica”, cuyos batalladores incansables repiquetean sus dogmas y lugares comunes por los medios de comunicación hegemónicos, se insiste en alertar respecto de la intensidad de la caída de la producción por la pandemia y de las políticas necesarias para lograr una rápida recuperación posterior. La ruta única para estos economistas pretendidamente objetivos, que no disimulan su mirada despectiva respecto de la política, a la que le asignan un papel negativo y de restricción para el bienestar económico, se trata de atraer inversiones. Para lograrlo se invoca la necesidad de generar un buen ambiente de negocios. La organización de los trabajadores y la movilización popular constituyen, para ellos, un problema porque traerían como consecuencia presiones salariales y aumento del gasto público, poniendo palos en la rueda para el fluir de la corriente inversora con la que sueñan. La falacia comienza por el principio, cuando ubican la urgencia en la recuperación de la caída del producto soportada por la invasión de la peste.

El enfoque desde la “Economía Política” sitúa en primer lugar a la distribución del ingreso, en vez de omitirla. La mirada crítica observa que la polarización social y sus males asociados no resultaron de la pandemia sino del neoliberalismo, corriente política sustentada en la alienación de política y economía. La crisis civilizatoria, que muchos cientistas ven que la pandemia ha precipitado, requiere la reversión de la falsedad del orden impuesto por los practicantes del dogma hegemónico de las últimas décadas. Primero hay que discutir la distribución del ingreso y la riqueza. Primero la justicia social. Primero la soberanía de la política. Esas son las bases sobre la que será posible construir entre todos un proyecto de desarrollo nacional. De no ser así, se subsidiará una recuperación basada en desigualdades más descarnadas que las que precedieron a la pandemia. Si no fuera de esa manera, la reactivación se habrá de sostener en la producción de los bienes que consumen los sectores de altos y medios ingresos, y la recuperación de la actividad insumirá un esfuerzo desmedido de divisas y la pobreza y la desigualdad seguirán su curso creciente.

No resulta para nada auspicioso que hoy haya un alto nivel de resistencia al impuesto a las grandes fortunas por parte del establishment, las asociaciones representativas del gran empresariado y el aparato comunicacional ligado a ellos. La oposición a un impuesto por única vez para financiar una parte de la política anticrisis revela hasta qué punto se promueve el continuismo de una sociedad insolidaria. Su intencional lectura respecto a una reforma tributaria que el Presidente lanzó con la fundamentación de introducir progresividad en el sistema, como si se tratara de cambios simplificadores de carácter administrativo, también merece similar calificación.

La teoría de la “Ciencia Económica” brinda un soporte sustancial al pregón de estos sectores y sus voceros. Su construcción basada en la separación de la política y la economía se asienta en remitir  la economía al ámbito de la sociedad civil. Hoy dicen sin tapujos que es “al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar las empresas en la Argentina” (AEA). O sea que el Estado no podría tener empresas. Es parte de la exclusión del Estado de la economía que ellos impulsan. Habría que agregar sus frecuentes advertencias con relación a la “sustentabilidad fiscal” o a mantener el gasto público bajo control. Y la reciente manifestación de “preocupación” por la intervención y proyecto de expropiación de Vicentin, holding empresario cuya mala conducta e ilegítimo y doloso desempeño ha causado ingentes daños sociales y grandes pérdidas al sistema financiero público. También esos sectores lanzan advertencias respecto a la inconveniencia de la presencia del Estado en el comercio exterior. Esta sustracción de atribuciones para la participación pública en la economía, que no se basa en sustento legal alguno, tributa a la apologética que edificaron con mucho despliegue académico y escasa validez científica Jevons, Menger, Böhm Bawerk, Walras, Pareto, Marshall, Friedman y Von Hayek.

 

 

Soberanía política, independencia económica y justicia social

¿Y la democracia? ¿Qué define la ciudadanía? ¿Qué debate el pueblo? Por de pronto, no la economía, reza la “Ciencia Económica”. Las decisiones sobre aquella corresponderían a los dueños de las grandes empresas por la cuáles hablan entre otros, Jaime Campos y Daniel Pelegrina. Una sociedad democrática es la que ensancha el espacio de participación popular. En esto radica la fuente y el respeto por los principios de la soberanía política. En cambio una sociedad presa del liberalismo económico no democratiza, sino que vacía la política y excluye al pueblo del manejo de la cuestión económica. Esta se resuelve en las relaciones de propiedad y queda marginada de la atribución ciudadana, y no de cualquier propiedad en abstracto, sino de la propiedad de los grandes conglomerados empresarios extranjeros y de la oligarquía diversificada local.

Para salir de la pandemia con una recuperación que signifique la instalación de un humanismo crítico, de una sociedad solidaria, resulta imprescindible que el inicio sea proponerse reducir la polarización social, frenar la concentración de la riqueza, mejorar la distribución de la riqueza. Primero, redistribuir el ingreso, para luego crecer sobre la base de esa distribución. Garantizar empleo y trabajo para todos. A cada distribución del ingreso corresponde una estructura de la demanda. Cada estructura satisface distintas conformaciones de la canasta de consumos. Por ejemplo, el despliegue de un vasto y extenso plan de construcción de viviendas –como propone el CESO—, tiene por detrás un determinado perfil distributivo, igualmente el crecimiento de la agricultura familiar. Acudir a resolver masivos problemas de prevención y atención sanitaria es parte de un determinado estilo de shock distributivo. A partir de esos presupuestos habría un patrón, y por qué no –pese al rechazo que la convención ortodoxa tiene por el mismo—, un plan de crecimiento. Para evaluar la justicia de las políticas que se adopten, no alcanzará con medir el crecimiento del producto y la tasa de inversión. Ni será suficiente con establecer la proporción de la población en situación de pobreza. Será necesario completar esos indicadores con la preocupación por el índice de Gini, con la relación entre los ingresos y la riqueza del decil más rico respecto del más pobre del pueblo, con el conocimiento de la tasa de mortalidad infantil y de la esperanza de vida. Más otras mediciones que nos informen sobre progresividad fiscal, adecuada nutrición, acceso a la educación, a la cultura, a la salud, al esparcimiento adecuado, a la vivienda. Las medidas de justicia social y desarrollo requieren ser extendidas a los ámbitos regionales, en función de la integración nacional y auténtico desarrollo del federalismo.

La reivindicación democrática de justicia social, de promoción de la igualdad, de construcción de las condiciones concretas para el ejercicio de la libertad, requieren de la intensidad de la decisión popular en la economía y en la producción. Con un Estado presente que controle, dirija y administre la economía. Que incluya su propiedad de empresas en sectores estratégicos, como inteligente y correctamente lo disponía la Constitución Nacional de 1949 derogada por la ilegal dictadura autodenominada “Revolución Libertadora”. Es impensable el desarrollo de la Nación sin bancos públicos nacionales, provinciales y municipales con una fuerte presencia. Ese desarrollo tampoco sería posible sin la intervención y participación del Estado en el comercio exterior y sin los cambios estructurales que favorezcan el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y de los actores de la economía popular. Empezar por otorgar “estímulos” a la inversión market friendly conduciría a la catástrofe, hay mucha historia para fundar esta afirmación.

Pero siendo lo primero, no sólo la estructura distributiva debe preceder a la sola y parcial preocupación por la recuperación y crecimiento del PBI. El diseño del Patrón productivo debe resultar de la voluntad general  y no de las señales mercantiles dominadas por el capital concentrado. La necesidad de una diversificación productiva es una de las condiciones básicas, y también apunta al logro de otro fin democrático irrenunciable: la independencia económica. La especialización y dependencia exportadora y productiva de la Argentina debe ser modificada. La historia del régimen de sociedad de mercado –un proyecto que gobernó la mayoría de los años de las últimas décadas— acentuó esas características, sin lograr crecimiento alguno. No será la lógica del librecambio, sino la de un Estado democrático —intenso en participación popular— como actor decisivo, la que construya una transformación que conduzca a un crecimiento que se articule con la meta de la igualdad.

En El largo camino a la crisis. Centro, periferia y transformaciones de la economía mundial (ed. Cara y Ceca y CCC F.Gorini, 2011), un análisis sobre la situación de América Latina efectuado cuando en un nutrido grupo de países ejercían el poder gobiernos populares que luego sufrieron la embestida del golpismo institucional y el lawfare, Enrique Arceo subraya la importancia del despliegue de un proceso de industrialización por parte de esas experiencias, concluyendo que “la orientación primaria privilegia la relación con los centros consumidores y debilita la articulación entre las economías de la región”. Este señalamiento resulta clave para promover la Unidad Latinoamericana y, en función de la cual, la imprescindible reestructuración económica debe tener una definida dirección del Estado, no sólo con estímulos sino con leyes e instituciones. Arceo continúa diciendo que la profundización de la “industrialización permitiría incrementar la división regional del trabajo y desarrollar complementariedades en un marco que probablemente tendrá con el Este de Asia coincidencias en cuanto al papel central del sector público, pero que presentará profundas diferencias en lo político y social en virtud de que la presencia y participación activa de los sectores populares constituye, en la región, una condición indispensable para el quiebre de la resistencia del bloque de clase actualmente dominante”.

En estos rumbos habrá, también, que superar las herencias de los dogmas económicos introducidos a la fuerza en los claustros de nuestras universidades por profesores educados por el mainstream, dogmas que hoy son repetidos a conveniencia por dirigentes empresariales, economistas mediáticos y comunicadores con lecturas rápidas.

 

3May/200

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LA PROPIEDAD DEL HUMANISMO

La pandemia en la época de la globalización

 

La dinámica inédita de la Covid-19, por su forma, intensidad y extensión, se debe a la interconexión de los distintos aspectos de la vida humana – culturales, económicos, laborales, turísticos, productivos, financieros a través del mundo. También su contagio global fue a una velocidad vertiginosa y con un alcance sin antecedentes. Las medidas sanitarias requeridas alcanzaron simultaneidad en la mayoría de las naciones. Esas decisiones también han tenido, y han de tener, un impacto convergente en el deterioro de la actividad económica, porque ante la ausencia de vacunas preventivas y la carencia de recursos médicos de alta efectividad para la cura, el dispositivo del aislamiento social es una necesidad para evitar una tragedia mayor en pérdida de vidas. Ese aislamiento social supone la limitación de la actividad económica, para evitar la aglomeración y el contacto entre personas. Los países que han privilegiado la salud y la vida a la continuidad desenfrenada de la producción, han logrado mitigar con éxito los niveles de contagio. Otros que habían  priorizado la continuidad de la acumulación y la ganancia del capital, tuvieron un impacto sanitario calamitoso por la propagación del virus, cuya magnitud los llevó a cambiar de rumbo forzosamente, en razón de la cantidad de muertes como por el colapso productivo provocado por la propia peste.

El capitalismo no se encontraba en auge y con un despliegue sin dificultades antes de la Covid-19. Los comportamientos de la actividad productiva, la volatilidad y descenso de los niveles de los precios de los commodities (metales, hidrocarburos, productos agrarios) anunciaban el advenimiento de una situación recesiva, como así también lo insinuaban el movimiento de las bolsas de valores. El marco de inestabilidad incluía, además, la intensificación de una etapa de disputas comerciales y guerras de precios, que constituían una escena distinta al período previo de la globalización, en el que la dinámica de la apertura comercial y financiera parecía haberse convertido en una convergencia de proyectos e intereses de larga duración entre los países centrales. El mundo globalizado se construyó mediante la fragmentación y deslocalización productiva que favorecía al capital frente al trabajo, porque las actividades se establecían donde el salario era menor, y a través de la financiarización de la economía mundial: apertura indiscriminada de los mercados financieros nacionales, que favorecía el ingreso o egreso de capitales, que se adecuaban a los mecanismos de valorización de corto plazo. Estos dos fenómenos impulsaron la sociedad de mercado, debilitando (o más aun, cercenando) la posibilidad de la acción de los Estados —especialmente los del mundo periférico, dependiente y subdesarrollado— para incidir y/o definir su sendero de desarrollo mediante políticas públicas. La deslocalización productiva y la financiarización, requirieron y a la vez profundizaron dos características de esta etapa del capitalismo global:

  • un descenso del salario que se articulaba con una caída del nivel de empleo, profunda y estructural, que devino en el crecimiento exponencial del trabajo informal y la marginación social.
  • la expropiación del manejo financiero de recursos para el desarrollo, articulada con la privatización esencial del mundo de las finanzas.

Ambas transformaciones exigían la austeridad fiscal, que reducía la capacidad de llevar a cabo políticas públicas, reservando el presupuesto de los Estados para priorizar la atención de las deudas públicas contraídas con los fondos de inversión privados, que previamente lucraban con el financiamiento de aquél. El otro elemento institucional que componía estratégicamente el dispositivo era la “independencia” de los bancos centrales respecto de las políticas de los estados. Esto generalizaba un esquema financiero internacional único, con tasas de interés y destinos del crédito determinados mercantilmente, el copamiento de los sistemas financieros periféricos por la banca transnacional y el sometimiento a normativas globales de regulación, establecidas por la entente de Basilea que ha formalizado las exigencias requeridas a los bancos para responder al patrón de la financiarización.

Piketty en El capital en el siglo XXI observó que “cuando la tasa de rendimiento del capital supera de modo constante la tasa de crecimiento de la producción y del ingreso —lo que sucedía en el siglo XIX y amenaza con volverse la norma en el siglo XXI—, el capitalismo produce mecánicamente desigualdades insostenibles, arbitrarias, que cuestionan de modo radical los valores meritocráticos en los que se fundamentan nuestras sociedades democráticas”. Esta prescripción no es otra cosa que lo que admite –o más bien promueve— el neoliberalismo político y los economistas ortodoxos. La pandemia acontece en un mundo con este paradigma y este diseño, con consecuencias de desigualdad y exclusión intensas y crecientes. Estados demolidos por la lógica de la sociedad de mercado con sociedades desintegradas y fragmentadas ostentan capacidades muy reducidas.

 

 

 

Apologetas y agentes de la desposesión

La Fundación para la Libertad promovida e integrada por políticos e intelectuales de la derecha internacional emitió hace una semana un pronunciamiento afirmando que “muchos gobiernos toman medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos. En lugar de algunas entendibles restricciones a la libertad, en varios países impera un confinamiento con mínimas excepciones, la imposibilidad de trabajar y producir, y la manipulación informativa”. Así, leen el aislamiento social como confinamiento y restricción de derechos, sosteniendo la libertad de industria y comercio como prioritaria e insuspendible. Los derechos básicos que invocan, subordinan a ellas los derechos a la vida y a la salud, que la mirada humanista y solidaria no ha dudado en priorizar. Más adelante explicitan sus temores cuando escriben que “resurgen el estatismo, el intervencionismo y el populismo con un ímpetu que hace pensar en un cambio de modelo alejado de la democracia liberal y la economía de mercado”. El texto refleja el temor por el momento crítico que atraviesa el patrón de la economía global, que conjuga la unidad imposible entre liberalismo y mercado con democracia.

En realidad, la economía de mercado y el liberalismo son operadores que vacían la democracia y la limitan a una formalidad procedimental, y han sido puestos en crisis por la impotencia y el default operativo del mercado y los grandes grupos privados para lidiar con la crisis de la pandemia, haciendo necesaria la reinstalación de un rol decisivo de los estados en la conducción de la sociedad y su economía.

El Foro de Convergencia Empresarial, que agrupa cámaras y asociaciones que representan el poder económico concentrado en el país alineado en el mismo rumbo, también  caracterizó la situación como “igualmente grave para todos, afectando seriamente a grandes, pequeñas y medianas empresas, cuentapropistas, monotributistas y personas que se desempeñan en la economía informal”. O sea que la seriedad de las plumas pensantes y redactoras del texto equiparan a Techint con el vendedor ambulante que sale todos los días a probar suerte en la calle para conseguir su sustento básico. Esta es la capacidad analítica sobre la democracia liberal de mercado que tienen los mentores del escrito. “Igualmente grave” para quien despide 1.450 trabajadores porque no está dispuesto a perder un céntimo, que para los despedidos que salen a ganarse la vida como pueden una vez arrojados a la calle, a quienes Macri –integrante de la Fundación para la Libertad— llamaba emprendedores. El mismo Macri que edificó una crisis de vertiginosidad inédita. El mismo que se opone a la política sanitarista de aislamiento social. Un ícono de esta derecha mundial. Esa igualación a la que se someten los aristócratas con sectores populares no es inocente sino interesada, lo que se desnudada cuando alegan que “es fundamental seguir tomando las medidas económicas, financieras, crediticias e impositivas que aseguren el pago de los salarios en todas las unidades productivas y de servicios del sector privado y preserven la continuidad de las empresas, que serán los elementos fundamentales de la reactivación de la economía una vez que esto haya terminado, teniendo presente que no se le puede exigir al sector privado que haga políticas públicas”. O sea, que el Estado en estas circunstancias debe subsidiar a todos y con todas las herramientas, créditos baratos, sumas para abonar sueldos y exenciones impositivas. Desde Techint hasta el señor López que esa firma despidió y convirtió en un agente de la economía informal. Luego dice el Foro que hay que “generar las condiciones para que haya incentivos a la inversión privada como motor del aumento del empleo en el sector formal de la economía tales como restablecer el mercado de capitales local,  imprescindible tanto para impulsar el desarrollo como para amortiguar condiciones externas adversas, anular rápidamente las medidas de emergencia de carácter eminentemente transitorio sobre controles de precios y consensuar reglas de juego estables para los sectores más dinámicos de la economía. En este sentido los proyectos de crear nuevos impuestos al patrimonio y a las ganancias de las empresas es un antecedente sumamente negativo para recrear el clima de inversión”.

No resulta rebuscado suponer el motivo por el que acuden al Estado para que se ocupe de manejar la economía y de garantizar el orden, la propiedad y la reproducción del sistema democrático liberal de mercado, de modo que una vez superada la emergencia se retire y estimule el mercado de capitales, elimine los controles de precios y consensúe con ellos las reglas del funcionamiento económico posterior. El texto culmina criticando la implementación de imposiciones al patrimonio y a las ganancias. No se requiere gran esfuerzo para entender la resistencia de este foro del poder económico a la implementación de un impuesto a los que tienen una gran riqueza personal medida en millones de dólares. Pero su democracia liberal de mercado no es óbice para ejercer presión sobre el gobierno en pos de imponerle “la propuesta de la Academia de Ciencias de la Empresa de convocar a un grupo de expertos en economía para asesorar sobre cuáles son las áreas fundamentales para poner nuevamente en marcha nuestro sistema productivo”.

Ese grupo de expertos, a los que los operadores mediáticos refieren como economistas serios, estaría conformado por aquellos que se proponen reencaminar la democracia liberal de mercado. Régimen en el que las ganancias crecen más que el ingreso, como marcó Piketty, en el que los propietarios de grandes medios de producción acumulan sobre la base de desposeer a los sectores populares y al Estado, redistribuyendo ingresos en forma regresiva, privatizando empresas, fugando capitales de los países periféricos y otras lindezas. Leyendo a Harvey, se trata de una segunda acumulación originaria, precedida por el ajuste del sistema jurídico que la haga procedente, para consolidar la fase neoliberal del capitalismo, con modificaciones sustantivas respecto a las pasadas.

 

 

 

Emancipación humana o democracia liberal

Este discurso de la Fundación para la Libertad y del Foro de Convergencia Empresarial no se construye en el ámbito abstracto de las ideas. Emerge como manifiesto en una Argentina amenazada por la coronavirus, pero con buenos resultados en su control, a partir de haber adoptado políticas que priorizaron la vida y la salud. Esas políticas fueron acompañadas por un discurso del Presidente Alberto Fernández que sentenció la necesidad de un cambio de paradigma a nivel mundial que reemplace el individualismo consumista por el predominio de un concepto de vida en solidaridad. Un discurso que restaura el valor de la igualdad, que hace casi una década promoviera como concepto sustantivo de su expresión política Cristina Fernández .

Pero también es una Argentina que desde el terrorismo de Estado evolucionó hacia la concentración del poder económico que monopoliza la oferta en sectores fundamentales de la economía y fija precios, poder favorecido durante el gobierno de Cambiemos, período en que se aceleró la polarización creciente de la riqueza.

En La cuestión judía Marx hace una lectura crítica de los valores de la democracia liberal, cuando confunde el derecho humano de la libertad con el de la propiedad privada. En el contexto político del siglo XIX, respecto del cual Piketty ve similitudes con el del siglo XXI, Marx decía que “el derecho humano de propiedad privada es… el derecho a disfrutar de su patrimonio y a disponer de él arbitrariamente, sin atender a los demás hombres, independientemente de la sociedad… sociedad que hace que encuentre en otros hombres, no la realización, sino, por el contrario, la limitación de su libertad”. Una lectura atenta del texto permite concluir que el paradigma neoliberal restaurador, y en un grado cualitativo superior, de la democracia liberal, escinde al hombre público del hombre privado. La igualdad política manifiesta la emancipación en ese único nivel, mientras la desigualdad económica limita la emancipación humana. La razón de esa limitación es el derecho de propiedad privada en su carácter absoluto: “De carácter arbitrario, sin atender a los demás hombres”. Tal como lo exhibe el discurso del Foro por la Libertad, cuando sostiene que las medidas de la protección de la salud serían confinamientos que impiden la libertad de producir (de acumular) al propietario de una industria.

La vocación por un humanismo solidario requiere detenerse en una nueva lectura de la Constitución Nacional de 1949, tratada como anacrónica por los “economistas serios” que  quieren ser impuestos como “consejeros” al Presidente Fernández. Citamos contenidos del texto que recobran absoluta vigencia para la construcción de esa sociedad humanista y solidaria en la postpandemia: “La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común… El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino… La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales… Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias… Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine”.

Junto a la vocación por la construcción de una América Latina unida, la Constitución de 1949 es una de las fuentes para la construcción de una Argentina posterior a la pandemia que se dé a la tarea de desarmar los restos del entramado neoliberal de sus esferas políticas, económicas, jurídicas y culturales.

18Dic/190

“El otro campo se queja sin razón”

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Alejandro Rofman

El nuevo gobierno tiene como objetivo urgente y prioritario mejorar la situación del poder adquisitivo de amplios sectores de la población que fueron duramente castigados en el periodo Macrista. Un ejemplo, es el caso de los salarios de los trabajadores formales y los haberes del régimen previsional (en total más de doce millones de habitantes que perdieron el 20% de su poder adquisitivo según datos oficiales en el cuatrienio pasado).

Antes de negociar los reajustes necesarios en ingresos y egresos remunerativos de la población de preciso acordar transferencias inmediatas para comenzar a poner dinero entre los consumidores castigados por el gobierno Macrista. Esta reparación social requiere fondos adicionales a lo que el Estado Nacional hoy dispone ¿De dónde sacarlos? De aquellos sectores sociales que fueron los ganadores del modelo económico de Macri: Empresarios agroexportadores, sector bancario y empresas que prestan servicios públicos. Entre otras medidas, se adecuó el porcentual en las retenciones a las exportaciones agrícolas al monto porcentual con que Macri las impuso a fines del 2018 en un 12% para el trigo y el maíz y otro 12% agregado al porcentual que ya existía para la soja. Lo que el actual gobierno ha hecho, es recalcular ese 12% sobre el valor actual del dólar sacando el dato anterior que imponía un tope de 4 pesos por dólar. NO AUMENTARON LAS RETENCIONES SINO QUE SE RECALCULARON ACORDE A LO QUE DISPUSO MACRI HACE MAS DE UN AÑO. Lo insólito es que entonces los dirigentes de los agronegocios de exportación no protestaron sino que acompañaron entusiastas las medidas que Macri adoptó. Ahora protestan sin razón porque simplemente se recalculó el valor en pesos con la misma taza del año pasado, rebajada en tres puntos (pasó del 12% al 9%). Pese a esta rebaja han protestado insólitamente. En estos cuatro años la inflación fue del 280% pero la devaluación resultó más alta 538%. De modo que los agroexportadores prácticamente percibieron ingresos por más del doble de los costos y solo se les reajustó un porcentual por derechos de exportación por $27 pesos.