Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

11May/170

UN MOMENTO DE DEBILIDAD DEL RÉGIMEN

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“¡Qué grande es el mar!”, dijo uno frente al océano infinito. Sí, “es muy grande”, fue la respuesta del otro, que con sorna agregó: “…y eso que sólo vemos la parte de arriba”.

Lo mismo pasa en política: a la primera mirada sólo vemos lo aparente, y como siempre nos tienen apurados no nos detenemos a reflexionar. Es la domesticación que la diabólica inteligencia del régimen y las clases dominantes promueven, con ayuda de la prensa hegemónica, los encuestadores, los tanques de pensamiento colonial de la academia y la intelectualidad a sueldo. Como decía el sabio Don Ata a Suma Paz, su mimada discípula: “Paisanita, si quiere conservarse auténtica expresión de lo nuestro, no lea los diarios ni mire televisión”. Pero siempre nos termina ocurriendo, porque nos dejamos atorar con información banal, frívola, inexacta, adulterada, falsa, enemiga. Lea ahora mismo las cataratas de datos e interpretaciones sobre la resolución de la Corte Suprema de Justicia de aplicar el 2 x 1 a favor del represor Luis Muiña, y ahí tendrá una muestra de lo que afirmo.

No pretendo entablar un debate jurídico ni mucho menos, principalmente por mi falta de formación en el derecho, que no va más allá de la averiguación periodística. Mucho menos me propongo        quitarle importancia al asunto; todo lo contrario: pretendo darle la trascendencia histórica y política que los medios disciplinados hurtan y que el caso amerita.

Sólo trataré de evitar en este análisis que el cuestionado fallo de los cuestionados Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que ha terminado siendo denominado 2 x 1, así a secas, se convierta en el meollo del asunto, en la única fuente, prueba o documento a considerar. Nada de anteojeras. Sería como pensar que todo el mar es solamente lo que se ve a simple vista, las olas, la parte de arriba, la superficie nomás.

Lo que Poder Ejecutivo Nacional y la Corte Suprema procesan es una mutación radical de la política: el sujeto ya no es el pueblo, la sociedad, los trabajadores; con esta decisión están buscando mostrar un país “previsible”, con “seguridad jurídica”, para ofrecer a “los inversores”. Esa seguridad supone impunidad para los dueños del poder. Pero se les armó un inesperado y brutal desbarajuste. Para entenderlo hay que hacer un poco de memoria y relacionarlo con el golpe genocida de hace 41 años, tácito precursor del actual conflicto.

 

¿Qué nos puede enseñar ese hecho histórico? Desde ya, las similitudes de lo que se propusieron los autores de aquella dictadura militar, empresaria, clerical, oligárquica e imperialista con la gestión del gobierno actual.  Algo nos dice en esta hora la sola definición de aquel golpe y la recapitulación de los objetivos que se propuso y en buena medida logró ejecutar. ¿No se afirma acaso –y creo que con acierto- que los funcionarios del actual gobierno de Macri son los herederos, los hijos, los discípulos de los que gobernaron la Argentina entre 1976 y 1983? Si analizamos aquellos objetivos vamos a entender mejor el significado del fallo de la Corte Suprema y sus prolegómenos.

 

Recordar las finalidades del golpe del 24 de marzo de 1976, nos ayuda a comprender nuestra cotidianeidad, nuestro presente. Y surge automática la respuesta a toda incertidumbre respecto de los motivos del reciente fallo de la Corte, sus antecedentes y las conductas de los actuales gobernantes: es una continuidad, es un mandato de coherencia histórica. Claro, porque en todos estos 41 años los genocidas y sus socios nunca dejaron de intentar un retorno. Y más claro para todo aquel que no se haya convencido aún: con Macri lo están logrando.

 

El fallo del 2x1 que beneficia a asesinos y genocidas de la última dictadura tiene que ver con una instalación y un contexto. Sobre lo primero, para mencionar sólo los hitos más evidentes: la declaración diciendo que los derechos humanos son “un curro” o un negocio, la discusión sobre cuántos desaparecidos y la banalización del crimen de Estado, las referencias a la “guerra sucia” que, entre otras frases, significa adhesión a la “teoría de los dos demonios” que estaba definitivamente enterrada y, si queremos algo aún más grave, la modificación de Macri de un decreto de Alfonsín sobre el poder civil en el control de las Fuerzas Armadas. Además, mano dura, reducción de la edad de imputabilidad penal a los adolescentes, justificación del gatillo fácil, represión contra la movilización social. Y hay más: en lo simbólico se reeditó salvajemente el odio de clase (el choripán, las mafias, la grasa, los ñoquis y demás), alentado desde la misma Presidencia de la Nación.

Así como nosotros honramos a nuestros 30 mil desaparecidos, homenajeamos a nuestros caídos y demás víctimas del terrorismo de Estado, ellos siempre esperaron la oportunidad de rehabilitar a los suyos. Les costó cuatro décadas: pero están a punto de reivindicar a sus héroes, discapacitados y gagás, pero victoriosos.

 

Aquel terror de Estado ejerció la “necesaria” violencia para reestructurar la economía, el estado y la sociedad. En el contexto en que hoy se dicta el fallo del 2 x 1, las herramientas son otras, pero los fines los mismos. La misma ofensiva del capital sobre el trabajo para promover la monumental transferencia de ingresos a favor de las clases propietarias, los bancos y las corporaciones globales. Junto al desempleo, la flexibilización y la precariedad laboral desde el Estado se restringe la capacidad de protesta y organización sindical, con el objetivo de destruir una cultura social y sindical histórica en la Argentina.

 

Por fin, para similitudes de contexto, cabe mencionar que el modelo económico, readecuado a esta década, abreva en el diseñado por el Plan de Martínez de Hoz en abril de 1976. Es más, la inmensa deuda pública generada por el letal deterioro de la producción nacional será saldada con nuevos ajustes y la deuda externa, la mayor contraída por un país occidental en menos tiempo, recaerá sobre los hijos y nietos de nuestra generación deberán pagarla con hambre y sed.

 

Y bien. Creo que los antecedentes y contextos descriptos son los que crean las condiciones y explican el ya famoso 2 x 1, que suponía escalar un escalón más en la legitimación del modelo político que sustenta el proyecto colonial. Pero les salió un tiro por la culata. La vitalidad democrática del pueblo argentino es un obstáculo difícil de someter.

 

Lo que hoy resplandece es el desbarajuste cortesano, que incrementa un cuadro de desavenencias políticas internas y de disconformidades con los premios y castigos de la nueva economía. Cabe agregar que el campo popular, en sus expresiones sociales, políticas y territoriales se ha movilizado como nunca y que se consolidan los lazos de unidad en derredor de un movimiento obrero cada vez más combativo.

 

Un momento de debilidad del régimen.

 

A la ocasión la pintan calva. Siempre y cuando los argentinos de buena fe podamos hacer pie en nuestra conciencia histórica y política, estaremos en condiciones de llevar a cabo una crítica del pasado y del presente, madurar un proyecto que devuelva la esperanza a las mayorías, renovar la dirigencia y reconquistar el poder.

 

Sólo sobre nuevas certezas se podrá construir una situación y espacio de lucha que nos proyecte hacia un futuro de justicia social, independencia económica y soberanía nacional.

 

 

Ernesto Jauretche

La Plata, 9 de mayo de 2017 

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Ernesto Jauretche

9May/170

LOS RIESGOS DE COGOBERNAR

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Estos NO tienen regreso

Jorge Fereyra

El bochornoso fallo de la Corte Suprema de Justicia concediendo el beneficio del "2 x 1"a un condenado por delitos de lesa humanidad (construido con el voto decisivo de los dos jueces designados en el actual gobierno), pone otra vez en el tapete la estrategia de un sector del peronismo de "aportar a la gobernabilidad" de la gestión de Mauricio Macri; y que con sus votos posibilitó la nueva integración del tribunal .

Ese sector (que podría situarse en el Senado, y encarnarse en las figuras de Pichetto y Abal Medina) osciló entre la idea de una "oposición racional y responsable que no se opone a todo porque sí como loquitos" (Abal Medina dixit), hasta el extremo de sugerir al oficialismo un pacto de acuerdos amplios, en una suerte de cogobierno entre la Casa Rosada y parte del Congreso.

Pichetto ha sido justamente el máximo defensor de esa teoría, que presupone a su vez un consenso básico sobre puntos centrales del programa político y económico del oficialismo: dar por concluido el ciclo del kirchnerismo como una anomalía que debe ser dejada atrás para retornar al "peronismo racional", "volver al mundo" (acuerdo con los fondos buitres, blanqueo de capitales, apertura a las inversiones, ciclo de endeudamiento), "normalizar" la economía (tarifazos, levantamiento del cepo).

Por eso no es casual que todas las iniciativas de Macri que apuntaban en ese sentido tuvieran el acompañamiento de éste sector en el Congreso.   

A cambio de esa donación voluntaria de gobernabilidad, no pidieron mucho hasta acá: acaso ofrecerse como gestores de alguna gestión que los gobernadores peronistas no pudieran resolver por sí solos en la Rosada, y la "emergencia social" votada a fines del año pasado, que aun hoy sigue en los papeles, sin traducirse en nada concreto.

En ese trance coincidieron con algunos que reclamaban "autocrítica" al kirchnerismo por haber perdido las elecciones (como la conducción nacional del Movimiento Evita), intentando todos mostrar que podían construir el post kirchnerismo, prescindiendo de Cristina y del núcleo duro de sus apoyos políticos.

A juzgar por los resultados, no lo estarían consiguiendo: el fallo que abre la puerta de la jaula a los genocidas (contra el cual algunos de ellos ahora reaccionan escandalizados) fue posible gracias a los dos jueces que Macri intentó colar por la ventana del decreto dentro de la Corte, pero que luego fueron ampliamente ratificados al discutirse sus pliegos en el Senado; pese a las objeciones públicas de los organismos de derechos humanos a ambos candidatos precisamente -entre otras cuestiones- por sus posturas en las temáticas de derechos humanos.

Parafraseando a otro senador de acá (que también votó los dos pliegos, el de Rosatti y el de Rosenkrantz) ni Pichetto ni Abal Medina ni -ya que estamos, agreguémoslo- Perotti ni ninguno de los que levantaron la mano pueden alegar que a ellos no les avisaron.

Porque además no es el de los nuevos ministros de la Corte el único caso en el que levantaron la mano para aprobarle pliegos a Macri, sin contar las veces en que lo hicieron para aprobar leyes nefastas; como el acuerdo con los fondos buitres, el blanqueo de capitales o la "asociación público-privada"; que posibilitaron -respectivamente- el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento, el saqueo progresivo del Fondo de Garantía de la ANSES y la generación de nichos de negocios para los amigos del poder, del país y del extranjero; en desmedro de la producción y el trabajo nacionales.

Lo propio hicieron con el pliego de Federico Sturzenegger para la presidencia del Banco Central, o los de Gustavo Arribas y Silvia Madjalani para la AFI; de modo que son políticamente corresponsables de las desastrosas gestiones del gobierno de "Cambiemos", en ambos casos; irrresponsable endeudamiento cuasi fiscal con el festival de LEBAC's, política de asfixia financiera a la producción con tasas inverosímiles, bicicleta para los capitales golondrinas y montaje de una estructura descontrolada de espionaje a opositores, incluida.

Tan comprometidos están algunos (como Pichetto) con la idea del "cogobierno" que tienen fondeados los pliegos del resto del directorio de Central, para negociar lugares allí para ese sector de la oposición; una idea que -si prosperara- solo los haría más copartícipes aun del desastre que están generando Macri y su gobierno.

18Abr/170

Qué significa ser maestro

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La escuela pública argentina surge de un gran debate inicial, propio de los comienzos del capitalismo industrial. ¿Hay que educar o instruir? La orientación que surgió siempre en nuestro país y siguió perseverante hasta hoy, fue la de educar. De ahí que su concepto educacional acentuaba lo público, lo colectivo, el sentimiento de participación en un destino común, y de este modo, un sentido de libertad y responsabilidad social. A nadie se lo dirigía hacia la senda de la servidumbre y del menguado aprendizaje, instruyéndolo apenas en la servicialidad a una lógica de sumisión. Este tema del primer nivel de la enseñanza es tan vital que se reproduce en el mundo universitario, donde siempre nos encontramos con la batalla entre formar ingenieros o instruir ingenieros en determinadas tecnologías útiles a ciertas industrias.
Si instruir era crear un nuevo proletario con sus conocimientos sumarios adecuados a la vida industrial que lo masacra, y encerrar allí las conciencias, educar consistía en cambio, en abrir la compuertas de cada alumno a una ciudadanía compleja, a la participación social, a la vocación intelectual y política, a ser hombres y mujeres plenas. Con muchas vicisitudes adversas y proyectos de desmantelamiento diversos de esta concepción humanística, que ocurrieron en demasiados períodos históricos de nuestro país, esta concepción aún sobrevive.
Fue y es la forma educacional crítica e integradora que se mantuvo siempre en el sistema escolar argentino gracias a maestras y maestros que sabían y saben –en un gran legado transmitido de generación en generación- que el protagonista central de la educación es el vínculo asombroso, vital y repleto de emocionante dramatismo entre maestros y alumnos. Ese vínculo nos lleva a una pregunta fundamental de la vida civilizatoria ¿Quién educa a los educadores? Nuestro país siempre mantuvo un horizonte generoso en todo su sistema educacional, un edificio entrecruzado y lleno de escalones interconectados, donde el aprendizaje del que enseña a aprender, la educación del que va a educar, constantemente se realizó como un acto igualitario, sorprendente y esencial. Allí nunca dejó de  considerarse como núcleo fundante la delicada tarea iniciática que supone el primer acto de lectura y escritura.
Ante ello, no puede oponérsele una tabla de inasistencias o de licencias, fruto en gran medida del desprecio salarial hacia los educadores argentinos por parte del gobierno actual. Las estadísticas amenazantes, aunque tomen problemas reales que no es difícil resolver, revelan en cambio el desinterés de los actuales gobernantes, por el núcleo irreductible que mantiene el sistema escolar público: la vocación como saber maestro, el maestro como sujeto vocacional inquebrantable, la presencialidad no como una estadística inerte sino como un pizarrón siempre atravesado por la tiza fundadora, que se hace verbo en la persona de todo profesor y de todo educando.
¿Qué son estos temas gerenciales que regleta en mano condenan a los maestros y maestras a ser sujetos de estadistógrafos represivos y de represiones efectivas al caer la noche? ¡Son pobres hechos magnificados por argumentaciones viscosas ante la gran tarea que a pesar de todas las dificultades, se sigue realizando! Sin duda, es difícil defender la idea de una conciencia como tabula rasa, pero los maestros argentinos están en el centro de una red institucional de múltiples pavimentos, donde en uno de ellos se aloja el núcleo germinativo de algo maravilloso que gracias a ellos nunca dejó de existir. Ellos están siempre en una frontera. Es la frontera donde conviven familias, sociedad, tecnologías, disparidades a resolver, asimetrías a considerar, y fuertes ámbitos de comunidad afectiva irreversible, donde se zambullen en la página en blanco del primer cuaderno escolar, los que luego mantendrán ese iluminado momento en su evocación más sensible.
Por esa epifanía, por llamarla así, han pasado el científico que ha trabajado muy poco tiempo atrás en la construcción de satélites, pasaron los trabajadores argentinos con sus distintos niveles de especialización, los que mueven las máquinas de las fábricas, y deberán pasar los desplazados de hoy para ingresar al torrente de los protagonistas de la vida diaria, la vida social, política y cultural, pasaron los novelistas que han inventado personajes como Erdosain, Emma Zunz, Megafón, Mascaró o La Maga, el ingeniero que ha construido radares o el arquitecto que pensó ciudades laborales donde no se anulara un sentido de sociedad habitable y justa.
Todos vistieron su guardapolvo blanco de formación inicial, vivieron en la escuela su inmersión en la lengua, se asombraron por poder leer, por ingresar en el mundo de los símbolos, por comenzar a saber que vivirían de ahora en adelante en medios sociales amplios, incitantes y conflictivos.
Enseñar es un dramático y sensible acto valorativo que tiene normas y pasos progresivos, pero siempre como una suma de momentos repentinos y descubrimientos maravillosos que ocurren como quien se zambulle al mar. Todo eso se da en la escuela y auspiciado por su personaje central: el vínculo entre docente y alumno, que no es un vínculo administrativo, sino la construcción de la razón educativa, pedagógica, cívica y ética. La escuela argentina fue y es la sede de esa ética de la responsabilidad educativa y de la convicción, del estilo productivo que tienen los saberes. A todo este conjunto, que es el armazón intelectual y moral de una nación, quieren destruirlo. Quieren demolerlo considerando el presupuesto educativo como un gasto a ser comprimido, a la educación una mercancía, a la red de escuelas públicas como un depósito de inutilidades improductivas, al cuerpo de maestros y maestras como personajes prescindibles y reemplazables por nuevas formas pedagógicas, vecinas al entrenamiento, al couching, a la regimentación de conciencias, al acuerdo con corporaciones privadas que consideran la educación un negocio, lo que excede en mucho la distinción entre escuelas privadas y públicas, entre presentismo y ausentismo.
Desarmar el cuerpo docente nacional  es una empresa persistente del gobierno. Retirar la paritaria nacional es un hecho económico que tiene repercusiones en el desprecio por la enseñanza,  realizar pruebas ficticias para demostrar que habría un abrumador fracaso escolar en la escuela pública es una maniobra ya intentada muchas veces, que desconoce la fibra interna del acto de enseñar, que nunca es un registro acumulativo de conocimientos lineales. En cambio, así se lo quiere ver, para aplanar la escuela pública con una hipótesis sobre el conocimiento que sumerja a alumnos y docentes en una cadena de montaje tecnológica, que en vez de poner a  estas al servicio de la enseñanza humanística calificada, pone a esta al servicio de nuevos actos de dominación de burocracias mercantiles de la educación.
La cuestión salarial no es separable de la cuestión educativa, de su debate entre los mismos docentes, de su reconstrucción desde la  degradación a la que los someten las políticas gubernamentales –para después acusar de que reina en ellas un bajo nivel educativo-. Marchemos hacia la posibilidad de realizar medidas de lucha cada vez más sensibles a la complejidad de este momento crucial. Ser maestro es cada vez más una frontera trascendental y perentoria para todo el movimiento social argentino. El apoyo a CTERA, a todos los gremios docentes puestos de pié, a esta escuela itinerante y a los maestros y maestras argentinas, es un imperativo de la conciencia pública, democrática y pedagógica nacional.

 

 Declaración de Carta Abierta, 17 de abril de 2017

12Abr/170

CASH  

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Efectos de la megadevaluación de Macri

​2 de abril de 2017​


Decisión innecesaria

Por Alejandro Rofman *

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Se discute mucho en estos días, con el tema del dólar a futuro, quiénes son los responsables de esa maniobra especulativa, que llenó los bolsillos de pocos y produjo una sensible erogación de fondos del Banco Central el año pasado. ¿Por qué tuvo el Estado que afrontar ese costo y quiénes se beneficiaron con la jugada especulativa? Este interrogante es clave en esta encendida discusión aún cuando todavía el Poder Judicial no ha sancionado a los verdaderos responsables. No se discute otra cuestión fundamental ligada al negociado del dólar a futuro. Se trata de la modificación del tipo de cambio ocurrida apenas asumió Mauricio Macri la Presidencia de la nación. 

Antes de las elecciones redacté un texto que circuló por las redes sociales. Fechado a inicios de noviembre del 2015, afirmaba que si ganaba el actual presidente, el precio del dólar aumentaría entre 50 y 60 por ciento para llegar a 15 pesos por unidad. No me equivoqué. Con la excusa de sincerar las variables macroeconómicas y anular el supuesto aislamiento argentino del mundo, el nuevo gobierno dejó sin efecto el sistema regulatorio del manejo de las divisas. Se pasó a otro escenario de total libertad en el movimiento de moneda extranjera.

 Con la devaluación de más del 50 por ciento, por la presión de especuladores (grandes ahorristas insatisfechos), filiales de empresas deseosas de girar sus utilidades a las casas matrices y consumidores de bienes no indispensables se justificó la medida alegando efectos beneficiosos significativos. Se aseguraba que iba a haber una “lluvia” de dólares, que se estimularía decididamente las ventas de productos nacionales al exterior, y que la economía podría crecer sensiblemente porque desaparecerían las restricciones o regulaciones de bienes de capital y productos intermedios importados. Nada de eso ocurrió, como se sabe. La economía se derrumbó, las exportaciones apenas subieron 2,2 por ciento, con caída de las de origen industrial, y el rubro de bienes de capital e intermedios observó datos negativos por el deterioro industrial de cerca del 5, por ciento en comparación al 2015.

En el texto citado de mi autoría, predecía que el salto inflacionario iba a ser inevitable como en otras ocasiones de devaluaciones elevadas, lo que supondría una reducción del ingreso real de trabajadores activos y pasivos, que constituyen la mayor parte del empleo en la Argentina. No solo esto tuvo lugar, sino que se pretendió limitar el aumento salarial vía paritarias, lo que se logró finalmente, porque se le mintió a la población diciéndole que no habría aumento de precios pues ya estos habían sido calculados con la cotización del dólar ilegal. Con los jubilados fue peor porque el aumento de haberes resultó 13 puntos porcentuales menor que la tasa de inflación.

Sin embargo, tan grave como lo antedicho, fue el engaño que se instaló luego que, ya cerrado 2016, se conoce cuánto variaron las ventas de bienes nacionales al exterior y cuál fue el impulso al crecimiento económico que provocaron las modificaciones en valor y en volumen de las normas sobre el precio de la divisa y modalidades del comercio exterior. 

¿Quiénes fueron entonces los reales ganadores de este engaño? Recordemos que el candidato del FPV afirmó rotundamente que nunca variaría de un modo significativo el tipo de cambio, sino que sería gradual en relación a la variación de su nivel de competitividad. No hay dudas al respecto. Además de los funcionarios que apostaron a obtener grandes beneficios con la devaluación en la determinación del dólar a futuro, aparecen como grandes favorecidos sectores del poder económico ligados estrechamente a la nueva conducción política. Entre ellos, se destacan los exportadores de soja y maíz, cuando ya se habían realizado las respectivas siembras, por lo que nunca la devaluación (además de la quita o reducción de retenciones) les podía servir como aliciente para expandir sus siembras. Lo mismo ocurrió con los que manufacturaban productos siderúrgicos (el complejo Techint) los que producían agroalimentos (Arcor, Molinos Río de la Plata) y otros grupos económicos. O ya habían sembrado o manufacturado sus bienes exportables o enfrentaban mercados externos muy complicados. Ellos dependen para sus ventas de la demanda internacional (entonces y hoy), en baja o estancamiento, y los precios de las transacciones se deciden en otros ámbitos ajenos al  mercado argentino.

 Lo que en última instancia le interesaba a quienes aplicaron la fuerte devaluación, y trataron de disimular sus efectos con las excusas inválidas que arriba citamos, fueron los que remesan utilidades o especulan con inversiones financieras “golondrinas” o adquieren bienes de consumo altamente sofisticados (autos de alta gama, por ejemplo). No nos equivocamos en el documento de noviembre de 2015 cuando decíamos que no debía devaluarse bruscamente. Era preciso seguir administrando el comercio exterior para evitar el ingreso de bienes que sustituyan producción local (como ocurre hoy), ni acordar con los fondos buitre para desarmar los controles financieros que impedían la especulación de corto plazo y facilitar así el creciente endeudamiento externo. Queda para el futuro reconstruir una política de control económico–financiero que sirva a los intereses de la mayoría del pueblo y no a las ansias de lucro de una minoría.

* Doctor en Economía (Universidad Nacional de Córdoba, 1963). Doctor Honoris Causa (Universidad Nacional de Rosario, 2015).


Judicialización de  la política económica

Camino peligroso

Por Andrés Asiain *

Las acusaciones contra la ex-presidenta y varios de sus funcionarios motivadas por la venta de dólar futuro, abre el debate sobre si es posible y deseable la judicialización de la política económica. La denuncia se basa en afirmaciones de haber “regalado dólares” en detrimento del patrimonio público ya que los contratos fueron realizados a un precio de venta 30 por ciento inferior al precio del mercado de Nueva York.

Al respecto, ¿cómo es la operación del BCRA cuestionada por la oposición, cuyo nombre técnico es Futuro No Entregable (NDF, por sus siglas en inglés)? Lo primero que debe aclararse es que no se trata de ventas de dólares a futuro, sino de un contrato en pesos sobre el valor futuro del dólar. Es decir, el que compra dólares NDF a un año a 13,20 pesos no recibirá dólares por ese monto cuando se cumpla el plazo del contrato. Recibirá (o pagará) la diferencia en pesos entre la cotización del dólar oficial en un año y el valor del dólar en el contrato NDF. Por ejemplo, si en un año el dólar oficial está a 13 pesos, el que compró hoy el NDF al Central 13,20 pesos tendrá que desembolsar 20 centavos de pesos. Es decir, que esas operatorias comprometen ganancias o pérdidas en pesos, pero no afectan las reservas del BCRA. 

Por su parte, el hecho de que en Nueva York, los NDF sobre el tipo de cambio futuro del peso en relación al dólar supere el valor de esa operatoria en Buenos Aires, no puede ser el fundamento de ninguna denuncia penal.

En Nueva York, la diferencia entre el valor del cambio peso/dólar a futuro pactado en los NDF y el que efectivamente rija al cumplirse el tiempo del contrato, se salda en dólares. Es decir, si hoy compro dólares a futuro a 15 pesos en Nueva York y una vez vencido el plazo el dólar oficial está a 13 pesos, la diferencia se salda en dólares (15 centavos de dólar, que sería el valor de los 2 pesos al hipotético cambio futuro). En cambio, el mercado en Buenos Aires opera en pesos, por lo que no hay arbitraje ya que las condiciones en ambos mercados son de difícil alcance y existían restricciones a la compra/venta de dólares. 

De esa manera, sostener que el BCRA no puede vender futuros a un valor menor al de Nueva York implica señalar que la política cambiaria argentina no la tiene que determinar el Banco Central, tal como le está encomendado por su Carta Orgánica, sino un grupo de operadores financieros estadounidenses. 

La operatoria en que se basa la denuncia judicial es una política económica que se implementó para contener la devaluación a finales del mandato de Cristina Kirchner que tuvo como resultado un determinado costo fiscal cuyo tamaño fue determinado por otra política económica: la devaluación implementada en el marco de la desarticulación de los controles cambiarios aplicados por el gobierno de Mauricio Macri. Y que podría ser, por lo tanto, materia también de controversia judicial. 

Al respecto, la política de tasas y absorción por Lebac del Banco Central tuvo un costo fiscal que casi duplicó las pérdidas de esa entidad por dólar futuro. Tomando como base el fallo Bonadio, una serie de diputados de la oposición inició por ello una denuncia penal.

Excluyendo casos de medidas con costos fiscales destinados a favorecer a grupos empresariales vinculados, se abre el debate social sobre la conveniencia o no de judicializar la política económica y sobre quienes deben determinar si el resultado de una determinada política puede ser considerado o no un delito, no en beneficio personal, sino en desmedro de la sociedad en su conjunto. ¿Debe considerarse un delito el incremento de la pobreza generado por la suba del dólar y las tarifas durante el primer año de gestión de Cambiemos? ¿Lo es el costo fiscal y externo del pago a los fondos buitre? ¿No deberá juzgarse como tal el deterioro del nivel de vida de las próximas generaciones provocado por la actual política de endeudamiento externo?

* Economista. Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche.


La definición  del tipo de cambio

Precio estratégico

Por Guillermo Wierzba * 

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central sancionada en 2012 tuvo como objetivo ampliar el rol de la institución asignándole cuatro fines: la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo con equidad social. Esta modificación fue de trascendencia porque significó la asunción de objetivos múltiples en reemplazo de lo establecido por la ley promulgada durante el régimen de convertibilidad que definía como misión primaria y fundamental la defensa del valor de la moneda, limitándose sólo al primero de los fines asumidos por la legislación actual.

La asunción de esos objetivos múltiples se extiende al articulado de la ley que faculta al Banco Central a regular tasas de interés, a determinar medidas de direccionamiento de los préstamos y otras del mismo carácter, o sea a funciones que implican su participación en las definiciones de precios y cantidades para la orientación del crédito a fin de alcanzar los fines enunciados. Estas atribuciones se desprenden de lo dispuesto por el artículo 18 inciso a) que también dice que el BCRA “podrá comprar y vender a precios de mercado, en operaciones de contado y a término, títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia”, así la regulación posible no se resume en el manejo de la cantidad de dinero sino también en el de la tasas de interés, en asignaciones cuantitativas del crédito –por ejemplo a pymes o regiones–, en regulaciones del precio de la divisa, en la determinación de límites o restricciones a su compra y venta.

El cambio en la Carta Orgánica ha resultado clave en términos de recuperar grados de libertad para intervenir en la economía en los temas que le compete al BCRA para lograr sus objetivos. Las políticas de anti-represión financiera que se habían desplegado en la desregulación de las tasas de interés dejando su fijación al libre mercado y también habían dispuesto un retiro de las regulaciones y limitaciones cuantitativas en las finanzas condujeron a crisis financieras y a una asignación del crédito que en nada favoreció al crecimiento industrial y al desarrollo económico. Estas políticas sumadas a otras de asignación de recursos por medio de las señales de precios de libre mercado promovieron la concentración de la riqueza y causaron el estancamiento del Producto y la desindustrialización durante el último cuarto del siglo pasado. Contribuyó a estos efectos devastadores la Ley de convertibilidad que impedía la flexibilidad en la administración de la política cambiaria.

El tipo de cambio es un precio clave de la economía. Esa importancia es más intensa en nuestro país, como en el conjunto de las economías periféricas cuyas monedas no han adquirido el carácter de divisas, es decir que no son aceptadas para funciones que exceden su ámbito local, pues la disposición de monedas que reúnan esta característica es indispensable para poder impulsar un proceso de desarrollo sostenido, en tal sentido es un recurso estratégico. 

En Argentina la restricción externa que irrumpió cíclicamente luego de las fases de crecimiento y expansión da cuenta de ello. La experiencia vivida enseña que regulación cambiaria constituye una necesidad.

Los mercados son ámbitos de transacciones, o sea de ventas y de compras. Un debate recurrente entre las distintas corrientes de pensamiento económico se suscita alrededor de la conveniencia respecto a que los precios en los mercados queden sujetos a la determinación privada, es decir al resultado de las negociaciones entre oferentes y demandantes, a la determinación estatal, a una combinación de ambas, a lógicas de acuerdos. Para  corrientes que pretenden programas transformadores y críticos de las lógicas neoliberales,la definición pública de los precios de los bienes y servicios que atienden a los derechos económicos y sociales tienen el objetivo de garantizar que su acceso sea universal. Por otra parte, esos enfoques sostienen que en mercados muy concentrados –que en las economías actuales son predominantes– la intervención en su determinación apunta a evitar la imposición de condiciones por parte de los oligopolios. Los exponentes de la teoría del desarrollo han señalado que los mercados de recursos estratégicos requieren de la determinación de precios que modifiquen las señales mercantiles, porque éstas no resultan buenas asignadoras de los mismos.

Sin embargo, un fallo judicial de segunda instancia, en relación a las ventas de dólares en el mercado futuro sostiene que “determinar el precio de intervención en los mercados no es ofertar a precio de mercado” y a su vez afirma que se “vendieron dólares a futuro a precios sometidos a una cotización cambiaria de naturaleza administrativa y no de mercado”. Juzga desde un fundamentalismo liberal extremo la no pertinencia de la intervención pública para modificar señales de precio o establecerlos en un dispositivo de mercado, y en la práctica ilegaliza una regulación efectiva del BCRA sobre el cambio, que es una de las herramientas con que cuenta para alcanzar sus fines. Dictamina sin reparar en el carácter estratégico que tienen las divisas para el desarrollo nacional y el bienestar social. En el mismo fallo se le da entidad al mercado ilegal de divisas (denominándolo paralelo). Corresponde explicitar que el BCRA no intervino arbitrariamente sino con un criterio técnico específico, pero aunque el mismo hubiera sido más laxo o hubiera operado con más discrecionalidad para garantizar su objetivo regulatorio, tampoco hubiera sido reprobable.

En el fallo en primera instancia que lo antecedió se sostiene que el BCRA debió emitir dinero para cubrir posiciones vendidas de futuro y ello provocó inflación. Esta sentencia le reconoce al diagnóstico monetarista categoría de verdad sancionando que la emisión provoca inflación. Desde otras corrientes, de carácter heterodoxo y/o crítico, se sostiene con sólidos fundamentos que la inflación fue provocada por la gran devaluación que causó la liberalización cambiaria dispuesta por la nueva gestión y la forma en que se hizo. 

Así sectores del Poder Judicial fallan sobre la base de la adopción del enfoque teórico de la economía ortodoxa como verdad irrefutable y de cumplimiento sin alternativas, y pretenden castigar el ejercicio del poder regulatorio de autoridades que no adhieran a las lógicas del paradigma de la globalización financiera.

Así mediante la judicialización de la política económica y basándose en la naturalización de las consignas de los grandes centros del poder financiero se procede a impulsar la condena de quienes en el ejercicio de funciones, legal y legítimamente asignadas, se basaron en un pensamiento nacional autónomo de imposiciones externas, así como también se intenta construir un precedente respecto a la inmutabilidad de una manera de pensar y formular las políticas económicas.

* Economista
15Oct/140

Estilo tecnológico

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Comisiónn de Desarrollo y tecnología

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PROYECTO NACIONAL DE DESARROLLO INCLUSIVO SU ESTILO TECNOLÓGICO
“Como hemos dicho, llamaremos Estilo Tecnológico –”ET”, de aquí en adelante– a un conjunto de características cualitativas generales, comunes a todas las ramas de la tecnología (y la ciencia), deseables porque son directamente deducibles de los objetivos nacionales, y prácticas, en el sentido que ayudan a tomar decisiones pues no son compatibles con cualquier propuesta”. Oscar Varsavsky1 Estilos Tecnológicos y Proyecto Nacional Podemos reconocer un Estilo Tecnológico en concreciones de alta tecnología como: el diseño y construcción de satélites y radares en la empresa estatal INVAP S.E. con el apoyo de un entramado de Pymes y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (C&T); la finalización de Atucha II por parte del Estado Nacional y equipos de tecnólogos argentinos, remontando una paralización de obras de 12 años y la desaparición del mercado de la empresa alemana proyectista y principal contratista conjuntamente con muchos de los proveedores de partes; el desarrollo local de tecnologías para la explotación de hidrocarburos no convencionales y para la recuperación de campos petroleros maduros a cargo de la sociedad entre YPF S.A. y el CONICET (YTEC S.A.); el desarrollo de un lanzador satelital a cargo del Estado Nacional (VENG S.A. – CONAE) con el apoyo de un entramado de Pymes e instituciones de C&T y la recuperación productiva de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA S.A.). Las características destacadas del Estilo Tecnológico que fue capaz de concretar los proyectos arriba citados son: desarrollo de tecnología local con el liderazgo del Estado Nacional y la participación de Pymes y de instituciones de C&T. Este Estilo Tecnológico se corresponde con los objetivos del Proyecto Nacional de Desarrollo Inclusivo que el Kirchnerismo puso en acto a partir del 2003. Existe una total compatibilidad entre Estilo Tecnológico y Proyecto Nacional.
Durante el período de economía neo-liberal (dictadura cívico-militar y dictadura cívico-militar y gobiernos democráticos hasta el 2003, con excepción del gobierno del Dr. Alfonsín) las características del Estilo Tecnológico dominante eran precisamente las opuestas: importación de
1 Oscar Varsavsky, “Estilos tecnológicos – Propuestas para la selección de tecnologías bajo racionalidad socialista”, 1974, Reimpreso por MinCyT y Biblioteca Nacional en 2013.
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bienes industrializados de complejidad baja, mediana y alta y exportación de productos agrarios y de commodities industriales. Ese estilo tecnológico fue funcional al proyecto basado en el liderazgo del sector financiero y de los exportadores de commodities agrarias e industriales, que hoy la oposición pretende restaurar. Estamos entonces frente a dos proyectos de país mutuamente excluyentes. Nosotros tomamos partido por el Proyecto de Desarrollo Inclusivo, convencidos de que la producción de valor a partir del conocimiento nacional abre oportunidades de trabajo calificado y tracciona la inclusión y la educación ampliando así el espacio democrático. El marco histórico Es oportuno, en el marco en que se desenvuelven las fuerzas productivas nacionales e internacionales, volver a dirigir la mirada sobre el estilo productivo que debe adoptar la Argentina para lograr, además del crecimiento económico, un desarrollo con inclusión. Establecer la discusión binaria entre un modelo agroexportador o industrial, aparece como una simplificación de una realidad más compleja que trataremos de abordar. A pesar de varios intentos, a lo largo de nuestra historia, no se ha podido lograr un desarrollo industrial sostenido. Según las diferentes visiones e intereses que siempre están presentes en los que abordan el tema, las causas son variadas y distintas.
Algunos señalan como causa principal de esa imposibilidad a nuestra posición geográfica y sus recursos, la pampa húmeda y la civilización del cuero alentando la ilusión que con vacas se podía gestar una gran nación moderna2. Otros culpan al contexto histórico en que la Argentina inicia su desarrollo industrial: un escenario dominado por monopolios y oligopolios que, según esa línea de pensamiento, impidieron la inserción industrial de nuestro país como productor industrial importante a nivel internacional. Otros remarcan como una de las causas de nuestra pobre ubicación como país desarrollado industrialmente a la falta de una burguesía nacional que asuma los riesgos que significa a través de inversiones productivas, sostener un crecimiento permanente de las empresas bajo su responsabilidad; crecimiento que les permitiría participar no sólo del mercado local sino también de los mercados de la región y externos a ella, los que se caracterizan por ser extremadamente competitivos y con demandas específicas cada vez más exigentes.
Si tenemos presente como objetivo un futuro de crecimiento y desarrollo con inclusión para nuestro país, no cabe duda que el sector industrial es el punto de partida para arribar a ese lugar. El sector industrial y el de servicios se nutren de un número importante de trabajadores en su mayoría calificados. Y en ese sentido pensamos que resulta imprescindible desarrollar en nuestro país las condiciones que posibiliten el crecimiento y desarrollo de estos sectores
2 Milcíades Peña, “Historia del Pueblo Argentino”, EMECÉ
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productivos, con el objetivo de sostener las políticas de inclusión social que viene implementando el modelo kirchnerista. Es con industrias y servicios competitivos, condición necesaria pero no suficiente, como podremos lograr una mejor calidad de vida para las grandes mayorías. Cabe expresar que el desarrollo industrial necesita estar acompañado por un sistema científico-técnico, que contribuya a potenciarlo y viceversa. Sin esta condición, además de otras que enumeraremos más adelante, sería impensable encarar un proyecto de esta envergadura con posibilidad de éxito. La centralidad del Estado Nacional en el Proyecto de Desarrollo Inclusivo Desde el 2003 la Argentina ha venido recorriendo un Proyecto Nacional de crecimiento con inclusión social (crecimiento para incluir e inclusión para crecer). Sin embargo aparecen, como lo hicieron en el pasado, los grupos concentrados de la economía y las finanzas, agudizando la escasez de divisas. Esto desencadena, como sabemos, un proceso inflacionario para cuya solución estos grupos concentrados siempre exigen la implementación de las medidas “ortodoxas”, básicamente el congelamiento de la economía. Siempre que se han tomado las medidas tradicionales y retrógradas que esos grupos proponen, ellos se han enriquecido aumentando sus tasas de ganancias con la recesión y la consecuente baja del poder adquisitivo de los salarios. Es fundamental diseñar políticas novedosas que sean alternativas a las soluciones clásicas, para mantener lo que hemos conseguido durante la última década y continuar creciendo con inclusión. Es decir, debemos trabajar en la segunda parte del Proyecto Nacional. Durante los casi doce años de desarrollo del proyecto kirchnerista se incrementó fuertemente el tamaño del mercado interno con dos objetivos convergentes: inclusión social y potenciación del desarrollo de la industria nacional. También se desarrolló, desde el Estado, un fuerte apoyo al sistema de ciencia y técnica (C&T), invirtiendo en el crecimiento científico y desarrollando instrumentos para promocionar la transformación del conocimiento científico en tecnología y en valor agregado de la producción nacional. El sector agroexportador aumentó su producción y los precios internacionales de los commodities agrícolas se mantuvieron en niveles altos, tendencia que comenzó a revertirse este año a partir de una cosecha record en EE.UU.
Sin embargo, a pesar de todo lo hecho, vuelven a perfilarse amenazantes en el horizonte los viejos fantasmas cuyos hilos son movidos por los sectores concentrados que siempre frenaron los procesos del crecimiento argentino: la restricción externa y la consecuente “inflación cambiaria” (utilizando la nomenclatura de Marcelo Diamand3).
3 Marcelo Diamand, “La Estructura Productiva Desequilibrada Argentina y el Tipo de Cambio”, Desarrollo Económico Vol. 12, N°45, 1972.
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Esto indica que lo hecho fue imprescindible pero el proyecto deberá profundizarse para salir definitivamente del esquema que Marcelo Diamand describiera como “La Estructura Productiva Desequilibrada”. La incorporación masiva de tecnología de punta en la explotación agrícola (principalmente la sojera) y la expansión de la frontera agrícola hacen que el valor de la producción primaria sea alto. Sin embargo no alcanza para que la entrada de divisas generadas por el sector agroexportador provea las requeridas para una aceleración del crecimiento industrial. Es necesario que la industria crezca en lo que hace a la cantidad y a la complejidad de su producción; es necesario que el país cuente con la capacidad de sostener esta aceleración cuantitativa y cualitativa del crecimiento industrial. Teniendo en cuenta estos requerimientos, los temas que deben ser analizados para planificar la profundización del Proyecto Nacional son varios: - Las divisas que proporciona el sector agroexportador deben ser aseguradas en lo relativo a su cantidad, impidiendo maniobras que involucren subfacturación o triangulaciones con otros países y a la vez debe garantizarse que las divisas estarán cuando sean necesarias, impidiendo maniobras de retención de granos y su impacto sobre el mercado cambiario. El control estatal del comercio exterior resulta imprescindible. - Las divisas que proporciona la exportación de commodities industriales deben ser también sometidas a control estatal en lo que hace a las operaciones de exportación e importación y al flujo de divisas de las grandes corporaciones multinacionales que operan en estos rubros. - Se deben establecer, vía retenciones a la exportación de productos agrícolas, valores de cambio diferenciales entre el sector primario de la economía y la industria. Estas retenciones deberán contemplar los diferentes tipos de productores y su ubicación geográfica.
- El desarrollo en el país de industrias con poder de sustitución interna y de exportación de productos de alto valor; en algunas áreas ya lo estamos haciendo: centrales nucleares, satélites, radares, procesos de extracción de hidrocarburos no convencionales. Identificamos también rubros industriales de tecnología media como los equipos e insumos ferroviarios, los equipos para la explotación petrolera, los generadores eólicos e hidroeléctricos, etc. Las inversiones en divisas de estos desarrollos deberán ser minimizadas en comparación con los potenciales ahorros de divisas e ingreso de divisas en un período de, por ejemplo, diez años. El riesgo económico de emprendimientos de este tipo y los largos tiempos de retorno de las inversiones que deben preverse hacen que sólo puedan ser encarados por el Estado Nacional convertido en “Estado Empresario”, que a su vez proveería oportunidades de crecimiento tecnológico a una red de Pymes asociadas a cada proyecto. En este sentido la CONAE resume claramente el
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impacto que el Plan Espacial Nacional ha tenido sobre el Sistema Nacional de C&T y sobre las Pymes proveedoras4. - La financiación de estos proyectos requiere una banca de desarrollo nacional y una modificación de la ley de entidades financieras para transformar la banca nacional (estatal y privada) en un instrumento del desarrollo argentino. - El proceso deberá ser fortalecido con planes que estimulen consumos específicos, como lo son Pro.Cre.Ar., Pro.Cre.Auto (plan boicoteado por los monopolios destituyentes) y el reciente Ahora_12. - Deberán establecerse metodologías impositivas que penalicen a las industrias que no desarrollen programas de creciente nacionalización de sus cadenas de valor. - Deberá impulsarse la formación de clusters de I+D entre empresas del Estado, Pymes de capital nacional y el Sistema Nacional de C&T (sirven como ejemplo los CAPP: consorcios asociativos público – privados desarrollados por el FONARSEC - MinCyT). ¿Sobre qué tecnologías centrar el desarrollo? La asociación con los países de UNASUR, especialmente Brasil, para el desarrollo de proyectos conjuntos, es una oportunidad para el incremento de capacidades tecnológicas, principalmente cuando se trate de áreas tecnológicas en las que los socios acrediten niveles de experiencia diferentes. En este sentido es de destacar que la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) se ha calificado recientemente como proveedora de partes de material compuesto de alta tecnología para un ambicioso proyecto de Embraer. Realizar todos los esfuerzos necesarios para asegurar el autoabastecimiento energético es un requerimiento imprescindible. Se argumentará, desde los sectores neoliberales, que la obtención de las divisas necesarias para acelerar el desarrollo energético sería factible favoreciendo fuertemente el flujo de inversiones extranjeras directas (IED) hacia el país. Sin embargo, es un hecho probado en diversos estudios que las IED terminan ubicándose mayoritariamente en sectores productivos preexistentes que no requieren fortalecimiento y motorizando un importante flujo de salida de divisas por una multiplicidad de mecanismos. Las IED no son sustituto válido para la profundización del proyecto que se está desarrollando.
En el campo energético YPF está recobrando su tradicional rol de empresa generadora del desarrollo argentino, alentando decididamente el inicio de la exploración de hidrocarburos que su antecesora había dejado de lado; invirtiendo además en proyectos que tienen que ver con el aumento del factor de recuperación en campos maduros que habían sido irresponsablemente
4http://www.conae.gov.ar/index.php/espanol/2014/698-presentacion-libro-sector-espacial-argentino
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operados, en el offshore y en la gran apuesta actual que significa la explotación de hidrocarburos no convencionales. Todo esto unido al desarrollo del sistema autónomo de tecnología a partir de la creación de YTEC (YPF+CONICET) muestra un cambio fundamental en el sector de los hidrocarburos para lograr el autoabastecimiento energético. La pregunta fundamental es, en qué tecnologías se podría basar el crecimiento en una etapa en que el cuidado de las divisas conjuntamente con el mantenimiento y crecimiento de los puestos de trabajo son el objetivo prioritario. Dicho en los términos de Oscar Varsavsky debe definirse el Estilo Tecnológico de la profundización necesaria para cumplir con los objetivos del Proyecto Nacional. Un requerimiento básico de esta segunda etapa del Proyecto Nacional es la complejización de la matriz productiva argentina utilizando tecnologías de desarrollo local. Sobre la base de un Estilo Tecnológico que hemos definido por atributos y que consideramos compatible con el Proyecto Nacional en curso, es posible encarar la discusión de las tecnologías candidatas a convertirse en las motorizadoras de la complejización de la matriz productiva argentina:
 Tecnologías que minimicen la inversión inicial en divisas por ser tecnologías en las que los bienes de capital necesarios pueden ser desarrollados localmente.
La protección de los mercados para la industria local debe tener necesariamente la contrapartida del estricto control estatal a las empresas nacionales protegidas para evitar el “conceder licencias de caza en el zoológico”.
 Tecnologías que maximicen el saldo positivo en divisas durante los primeros 5 años de desarrollo ya sea por generar exportaciones o sustitución de importaciones.
Este es un punto fundamental cuando se decida en cuales sectores el Estado Nacional localizará su esfuerzo. Son los sectores que permitan pronosticar el mejor resultado en el balance de divisas en el corto plazo los que en las actuales condiciones deben priorizarse.
 Revisión de la política de explotación de la minería, tanto para modificar el porcentaje de retenciones como para desarrollar la industria de equipamientos mineros en el país.
Es necesario que el país obtenga mayores beneficios por la explotación de sus recursos no renovables y es necesario que más eslabones de la cadena minera se localicen en el país. El tema de la protección ambiental debe pasar a ser un requerimiento inevitable del desarrollo de la minería.
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 Tecnologías en las que resulte factible ejercer el control nacional de la cadena de valor: no necesariamente su entera localización en el país pero los componentes importados deben ofrecer una amplia variedad de opciones para no estar atados a proveedores internacionales fijos. Industrias como la automotriz o la electrónica, en que son las terminales armadoras multinacionales las que desarrollan y controlan la cadena de valor tienen respecto de este criterio desventajas obvias.
El intercambio de bienes y divisas al interior de las corporaciones industriales multinacionales con plantas productoras en el país es actualmente un tema de fuerte impacto negativo en la balanza comercial y es a la vez un tema muy técnico y por lo tanto con poca presencia en la discusión política nacional. Se trata, concretamente, de la posibilidad que tienen las empresas multinacionales con filiales locales, sin violar el marco legal vigente, de trasladar ganancias (divisas) desde nuestro país hacia: - países en los que su estrategia global les requiera aumentar su capacidad de inversión para desarrollar diversos emprendimientos, como ser la ampliación de la capacidad productiva o la implementación de mejoras de calidad; - países en los que las bajas cargas fiscales les permitan maximizar ganancias globales (“tax planning”). Los mecanismos son múltiples, siendo los más relevantes: 1. Exportación de productos semiterminados a plantas productivas de la misma multinacional localizadas en el extranjero, a precios de transferencia que normalmente cubren el costo productivo, pero que subvalúan la participación del semi-terminado en la posterior ganancia que se obtiene al comercializar el producto terminado. 2. Pago de royalties a la casa matriz de la multinacional, localizada en algún país de baja carga fiscal, en el que se fija el domicilio de una patente en la que la participación de los desarrolladores nacionales es diluida, con el objetivo de “internacionalizar” el desarrollo y justificar así transferencia de ganancias al exterior. Las patentes son así usadas más que como instrumentos para proteger desarrollos innovativos, como vehículos para canalizar el traslado de ganancias al exterior. 3. Venta a precios por debajo de los de mercado a traders de la misma multinacional localizados en países de baja carga fiscal. 4. Compra de consultoría y de ingeniería a empresas extranjeras que integran el holding de la multinacional. Estas compras de tecnología son normalmente total o parcialmente injustificadas, dada la alta capacidad de desarrollo de tecnología existente en el país y son, en general, altamente sobrevaluadas. 5. Compra de equipos o de productos semiterminados a valores que superan largamente los costos productivos, a empresas extranjeras que integran el holding de la multinacional (ésta es la operación inversa a la del punto 1, pero que igualmente termina en la transferencia de ganancias locales al exterior).
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 Tecnologías de desarrollo local en las que la obsolescencia planificada de modelos sea mínima. Nuevamente las industrias automotriz y electrónica presentan desventajas obvias con el requisito planteado.
Los desarrollos locales de tecnología no pueden mantener el ritmo de cambio de modelos y tecnologías que presentan las industrias más “nerviosas”.
 Industrias como la ferroviaria en la que la urgencia de modernización de la red deberá compatibilizarse con un desarrollo industrial local, necesariamente más lento.
La compatibilización de lo urgente y lo necesario constituye un desafío político de envergadura
 Autoabastecimiento energético: hidrocarburos. Resulta necesario diseñar un sistema que impulse la exploración y explotación de los hidrocarburos convencionales y no convencionales. El campo de los no convencionales ofrece una oportunidad de especialización que permitiría, de ser rápidamente aprovechada, que el país no solamente avance en el autoabastecimiento energético sino que se transforme en un proveedor de tecnología y servicios para otros países. El control estatal de YPF aparece como una importante ventaja en esta tecnología. La tecnología de producción de hidrocarburos no convencionales puede ser un fenomenal tractor de la industria de bienes de capital, de productos químicos, etc.
En el desarrollo de la producción de hidrocarburos no convencionales deberá enfrentarse con responsabilidad y decisión el tema ambiental que es una genuina preocupación para algunos, entre los que obviamente nos contamos, y un tema agitativo para aquellos que se sirven de la “excusa ambiental” para intentar trabar el proceso de desarrollo autónomo e inclusivo. Toda actividad de transformación de la naturaleza, desde que el hombre primitivo encendió hogueras, involucra riesgos potenciales y reales modificaciones del ambiente. El tema pasa por controlar muy activamente los procesos y los niveles de contaminación sin concesiones por el gasto que esto pudiese acarrear. Puestos en este tema nuevamente la opción del Estado Empresario, para el que la ganancia al fin del ejercicio no es la métrica decisiva, ofrece a la sociedad garantías superiores a las que puede ofrecer la actividad privada.
 Autoabastecimiento energético: energía nuclear. En este campo nuestro país tiene la fortaleza de haber podido desarrollar sin apoyo externo la finalización y puesta en marcha de Atucha II, de estar desarrollando el proyecto CAREM, de la producción y exportación de reactores y de contar con organizaciones científico-tecnológicas de probada capacidad. En esta industria la importación de partes es ineludible y deberá buscarse la forma de que la financiación para la provisión externa de equipos no involucre dependencia tecnológica.
Nuevamente el Estado a cargo del diseño, de la construcción y de la operación de centrales nucleares es la mejor garantía de seguridad.
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 Autoabastecimiento energético: energías renovables como la hidroeléctrica, la geotérmica, la eólica, la solar y otras como la mareomotriz.
Desde el estado se deben construir las condiciones necesarias para aumentar la participación de esas fuentes de energía en la matriz energética, potenciando la participación de la industria nacional en las provisiones.
 Autoabastecimiento energético: uso eficiente de la energía
El reemplazo de las lámparas incandescentes por las de bajo consumo involucró un fuerte ahorro energético sin resignar la calidad de la iluminación disponible en casas, lugares de trabajo y en la vía pública. Es importante avanzar en la educación sobre estos temas y en la implementación de nuevos desarrollos.
 Industria del software
Nuestro país, por el nivel educativo medio de la población, y por los estímulos que el gobierno ha venido otorgando al sector, tiene un alto desarrollo de esta industria con un importante nivel de exportaciones.
La relación entre los diferentes Proyectos Nacionales y sus Estilos Tecnológicos fue puesta de manifiesto por Oscar Varsavsky en un mundo al que muchos pensábamos caminando en línea recta al socialismo. Las circunstancias políticas han cambiado pero las relaciones demostradas por Varsavsky conservan su pleno valor. La hora exige creatividad: utilizar los principios científicos sin copiar automáticamente las conclusiones. En todos los casos la centralidad del Estado Nacional resulta indispensable para garantizar el Desarrollo con Inclusión. Conclusiones El Proyecto Nacional de Desarrollo Inclusivo, actualmente en desarrollo, privilegia un crecimiento del país que tracciona la educación, la generación de puestos de trabajo de calidad creciente, la integración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación al sector productivo; a su vez, esta inclusión social desarrolla un poderoso mercado interno que tracciona del desarrollo. No cualquier Estilo Tecnológico es compatible con este Proyecto Nacional: hemos discutido la necesidad de basar nuestro desarrollo en la generación local de tecnología y en la necesidad de que el Estado Nacional cumpla un rol central con un importante desarrollo del Estado Empresario.
La formación de más y mejores ingenieros, físicos, químicos, etc. aumentando el desarrollo de la infraestructura universitaria, del equipamiento de los laboratorios universitarios y de las
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remuneraciones de los docentes universitarios conjuntamente con la formación de vocaciones tecnológicas desde Tecnópolis, constituyen gigantescos esfuerzos del gobierno nacional para impulsar el Estilo Tecnológico adoptado. Comisión de Desarrollo Tecnológico – Carta Abierta

21Sep/140

Estos planes siempre concluyen con un desastre

Publicado por admin

Alejandro Rofman
Se avecina un año electoral en donde se deberá seleccionar la nueva conducción política del Poder Ejecutivo y el control del Congreso Nacional. Las agrupaciones opositoras todavía no han perfilado qué proyecto de país pretenden instalar si logran alcanzar la presidencia. Pero, en algunos sectores de la vida política nacional, han comenzado a aparecer propuestas aisladas que permiten entrever cuál es el perfil de sociedad a la que aspiran sus exponentes principales. Es el caso de la derecha, que se expresó a través de quienes conducen el PRO
Así, su probable candidato a presidente, el Ing. Mauricio Macri, ha afirmado que entre sus decisiones iniciales figuran la de derogar el pago de Impuesto a las Ganancias a los sueldos más elevados de la pirámide salarial y la de dejar sin efecto todas las retenciones a las exportaciones, incluyendo la soja, aunque en este caso en un proceso de varios años. Además, su principal asesor económico, el diputado Dr. Sturzenegger, se manifestó favorable a una devaluación del peso en un 50 por ciento.
Estas propuestas revelan desde ya el perfil del proyecto de la derecha. Consiste en un singular ajuste, como era costumbre en la Argentina previa al 2003, con la consiguiente caída del salario real por la devaluación significativa, la fuerte retracción de la actividad económica por la reducción del consumo y la disminución de la producción y el empleo como efecto de dicha caída. Los sectores de más altos ingresos resultarían beneficiados, pues los grandes exportadores recibirían más ganancias por las ventas al mercado mundial (pools de siembra o empresarios agropecuarios de gran tamaño). El Estado se desfinanciaría por cobrar menos, afectando seguramente las políticas sociales, como es habitual en los gobiernos amigos del ajuste. Los precios de los productos de la canasta familiar crecerían debido a la eliminación de las retenciones. Los perceptores de elevados sueldos (ejecutivos de empresas poderosas) serían los favorecidos con el aumento de sus ingresos reales.
Seamos claros, estaríamos volviendo a los '90. Es valioso que ya se sepa, en forma clara y de boca de sus voceros más conspicuos, qué piensa la derecha del futuro país y cómo, quienes viven de ingresos fijos –como la gran mayoría– van a subsidiar al pequeño segmento más privilegiado de la sociedad. La historia ya la conocemos y siempre concluye con un desastre –como en el 2001-02– que lo terminan pagando los que menos tienen.