Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

12Abr/170

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Efectos de la megadevaluación de Macri

​2 de abril de 2017​


Decisión innecesaria

Por Alejandro Rofman *

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Se discute mucho en estos días, con el tema del dólar a futuro, quiénes son los responsables de esa maniobra especulativa, que llenó los bolsillos de pocos y produjo una sensible erogación de fondos del Banco Central el año pasado. ¿Por qué tuvo el Estado que afrontar ese costo y quiénes se beneficiaron con la jugada especulativa? Este interrogante es clave en esta encendida discusión aún cuando todavía el Poder Judicial no ha sancionado a los verdaderos responsables. No se discute otra cuestión fundamental ligada al negociado del dólar a futuro. Se trata de la modificación del tipo de cambio ocurrida apenas asumió Mauricio Macri la Presidencia de la nación. 

Antes de las elecciones redacté un texto que circuló por las redes sociales. Fechado a inicios de noviembre del 2015, afirmaba que si ganaba el actual presidente, el precio del dólar aumentaría entre 50 y 60 por ciento para llegar a 15 pesos por unidad. No me equivoqué. Con la excusa de sincerar las variables macroeconómicas y anular el supuesto aislamiento argentino del mundo, el nuevo gobierno dejó sin efecto el sistema regulatorio del manejo de las divisas. Se pasó a otro escenario de total libertad en el movimiento de moneda extranjera.

 Con la devaluación de más del 50 por ciento, por la presión de especuladores (grandes ahorristas insatisfechos), filiales de empresas deseosas de girar sus utilidades a las casas matrices y consumidores de bienes no indispensables se justificó la medida alegando efectos beneficiosos significativos. Se aseguraba que iba a haber una “lluvia” de dólares, que se estimularía decididamente las ventas de productos nacionales al exterior, y que la economía podría crecer sensiblemente porque desaparecerían las restricciones o regulaciones de bienes de capital y productos intermedios importados. Nada de eso ocurrió, como se sabe. La economía se derrumbó, las exportaciones apenas subieron 2,2 por ciento, con caída de las de origen industrial, y el rubro de bienes de capital e intermedios observó datos negativos por el deterioro industrial de cerca del 5, por ciento en comparación al 2015.

En el texto citado de mi autoría, predecía que el salto inflacionario iba a ser inevitable como en otras ocasiones de devaluaciones elevadas, lo que supondría una reducción del ingreso real de trabajadores activos y pasivos, que constituyen la mayor parte del empleo en la Argentina. No solo esto tuvo lugar, sino que se pretendió limitar el aumento salarial vía paritarias, lo que se logró finalmente, porque se le mintió a la población diciéndole que no habría aumento de precios pues ya estos habían sido calculados con la cotización del dólar ilegal. Con los jubilados fue peor porque el aumento de haberes resultó 13 puntos porcentuales menor que la tasa de inflación.

Sin embargo, tan grave como lo antedicho, fue el engaño que se instaló luego que, ya cerrado 2016, se conoce cuánto variaron las ventas de bienes nacionales al exterior y cuál fue el impulso al crecimiento económico que provocaron las modificaciones en valor y en volumen de las normas sobre el precio de la divisa y modalidades del comercio exterior. 

¿Quiénes fueron entonces los reales ganadores de este engaño? Recordemos que el candidato del FPV afirmó rotundamente que nunca variaría de un modo significativo el tipo de cambio, sino que sería gradual en relación a la variación de su nivel de competitividad. No hay dudas al respecto. Además de los funcionarios que apostaron a obtener grandes beneficios con la devaluación en la determinación del dólar a futuro, aparecen como grandes favorecidos sectores del poder económico ligados estrechamente a la nueva conducción política. Entre ellos, se destacan los exportadores de soja y maíz, cuando ya se habían realizado las respectivas siembras, por lo que nunca la devaluación (además de la quita o reducción de retenciones) les podía servir como aliciente para expandir sus siembras. Lo mismo ocurrió con los que manufacturaban productos siderúrgicos (el complejo Techint) los que producían agroalimentos (Arcor, Molinos Río de la Plata) y otros grupos económicos. O ya habían sembrado o manufacturado sus bienes exportables o enfrentaban mercados externos muy complicados. Ellos dependen para sus ventas de la demanda internacional (entonces y hoy), en baja o estancamiento, y los precios de las transacciones se deciden en otros ámbitos ajenos al  mercado argentino.

 Lo que en última instancia le interesaba a quienes aplicaron la fuerte devaluación, y trataron de disimular sus efectos con las excusas inválidas que arriba citamos, fueron los que remesan utilidades o especulan con inversiones financieras “golondrinas” o adquieren bienes de consumo altamente sofisticados (autos de alta gama, por ejemplo). No nos equivocamos en el documento de noviembre de 2015 cuando decíamos que no debía devaluarse bruscamente. Era preciso seguir administrando el comercio exterior para evitar el ingreso de bienes que sustituyan producción local (como ocurre hoy), ni acordar con los fondos buitre para desarmar los controles financieros que impedían la especulación de corto plazo y facilitar así el creciente endeudamiento externo. Queda para el futuro reconstruir una política de control económico–financiero que sirva a los intereses de la mayoría del pueblo y no a las ansias de lucro de una minoría.

* Doctor en Economía (Universidad Nacional de Córdoba, 1963). Doctor Honoris Causa (Universidad Nacional de Rosario, 2015).


Judicialización de  la política económica

Camino peligroso

Por Andrés Asiain *

Las acusaciones contra la ex-presidenta y varios de sus funcionarios motivadas por la venta de dólar futuro, abre el debate sobre si es posible y deseable la judicialización de la política económica. La denuncia se basa en afirmaciones de haber “regalado dólares” en detrimento del patrimonio público ya que los contratos fueron realizados a un precio de venta 30 por ciento inferior al precio del mercado de Nueva York.

Al respecto, ¿cómo es la operación del BCRA cuestionada por la oposición, cuyo nombre técnico es Futuro No Entregable (NDF, por sus siglas en inglés)? Lo primero que debe aclararse es que no se trata de ventas de dólares a futuro, sino de un contrato en pesos sobre el valor futuro del dólar. Es decir, el que compra dólares NDF a un año a 13,20 pesos no recibirá dólares por ese monto cuando se cumpla el plazo del contrato. Recibirá (o pagará) la diferencia en pesos entre la cotización del dólar oficial en un año y el valor del dólar en el contrato NDF. Por ejemplo, si en un año el dólar oficial está a 13 pesos, el que compró hoy el NDF al Central 13,20 pesos tendrá que desembolsar 20 centavos de pesos. Es decir, que esas operatorias comprometen ganancias o pérdidas en pesos, pero no afectan las reservas del BCRA. 

Por su parte, el hecho de que en Nueva York, los NDF sobre el tipo de cambio futuro del peso en relación al dólar supere el valor de esa operatoria en Buenos Aires, no puede ser el fundamento de ninguna denuncia penal.

En Nueva York, la diferencia entre el valor del cambio peso/dólar a futuro pactado en los NDF y el que efectivamente rija al cumplirse el tiempo del contrato, se salda en dólares. Es decir, si hoy compro dólares a futuro a 15 pesos en Nueva York y una vez vencido el plazo el dólar oficial está a 13 pesos, la diferencia se salda en dólares (15 centavos de dólar, que sería el valor de los 2 pesos al hipotético cambio futuro). En cambio, el mercado en Buenos Aires opera en pesos, por lo que no hay arbitraje ya que las condiciones en ambos mercados son de difícil alcance y existían restricciones a la compra/venta de dólares. 

De esa manera, sostener que el BCRA no puede vender futuros a un valor menor al de Nueva York implica señalar que la política cambiaria argentina no la tiene que determinar el Banco Central, tal como le está encomendado por su Carta Orgánica, sino un grupo de operadores financieros estadounidenses. 

La operatoria en que se basa la denuncia judicial es una política económica que se implementó para contener la devaluación a finales del mandato de Cristina Kirchner que tuvo como resultado un determinado costo fiscal cuyo tamaño fue determinado por otra política económica: la devaluación implementada en el marco de la desarticulación de los controles cambiarios aplicados por el gobierno de Mauricio Macri. Y que podría ser, por lo tanto, materia también de controversia judicial. 

Al respecto, la política de tasas y absorción por Lebac del Banco Central tuvo un costo fiscal que casi duplicó las pérdidas de esa entidad por dólar futuro. Tomando como base el fallo Bonadio, una serie de diputados de la oposición inició por ello una denuncia penal.

Excluyendo casos de medidas con costos fiscales destinados a favorecer a grupos empresariales vinculados, se abre el debate social sobre la conveniencia o no de judicializar la política económica y sobre quienes deben determinar si el resultado de una determinada política puede ser considerado o no un delito, no en beneficio personal, sino en desmedro de la sociedad en su conjunto. ¿Debe considerarse un delito el incremento de la pobreza generado por la suba del dólar y las tarifas durante el primer año de gestión de Cambiemos? ¿Lo es el costo fiscal y externo del pago a los fondos buitre? ¿No deberá juzgarse como tal el deterioro del nivel de vida de las próximas generaciones provocado por la actual política de endeudamiento externo?

* Economista. Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche.


La definición  del tipo de cambio

Precio estratégico

Por Guillermo Wierzba * 

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central sancionada en 2012 tuvo como objetivo ampliar el rol de la institución asignándole cuatro fines: la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo con equidad social. Esta modificación fue de trascendencia porque significó la asunción de objetivos múltiples en reemplazo de lo establecido por la ley promulgada durante el régimen de convertibilidad que definía como misión primaria y fundamental la defensa del valor de la moneda, limitándose sólo al primero de los fines asumidos por la legislación actual.

La asunción de esos objetivos múltiples se extiende al articulado de la ley que faculta al Banco Central a regular tasas de interés, a determinar medidas de direccionamiento de los préstamos y otras del mismo carácter, o sea a funciones que implican su participación en las definiciones de precios y cantidades para la orientación del crédito a fin de alcanzar los fines enunciados. Estas atribuciones se desprenden de lo dispuesto por el artículo 18 inciso a) que también dice que el BCRA “podrá comprar y vender a precios de mercado, en operaciones de contado y a término, títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia”, así la regulación posible no se resume en el manejo de la cantidad de dinero sino también en el de la tasas de interés, en asignaciones cuantitativas del crédito –por ejemplo a pymes o regiones–, en regulaciones del precio de la divisa, en la determinación de límites o restricciones a su compra y venta.

El cambio en la Carta Orgánica ha resultado clave en términos de recuperar grados de libertad para intervenir en la economía en los temas que le compete al BCRA para lograr sus objetivos. Las políticas de anti-represión financiera que se habían desplegado en la desregulación de las tasas de interés dejando su fijación al libre mercado y también habían dispuesto un retiro de las regulaciones y limitaciones cuantitativas en las finanzas condujeron a crisis financieras y a una asignación del crédito que en nada favoreció al crecimiento industrial y al desarrollo económico. Estas políticas sumadas a otras de asignación de recursos por medio de las señales de precios de libre mercado promovieron la concentración de la riqueza y causaron el estancamiento del Producto y la desindustrialización durante el último cuarto del siglo pasado. Contribuyó a estos efectos devastadores la Ley de convertibilidad que impedía la flexibilidad en la administración de la política cambiaria.

El tipo de cambio es un precio clave de la economía. Esa importancia es más intensa en nuestro país, como en el conjunto de las economías periféricas cuyas monedas no han adquirido el carácter de divisas, es decir que no son aceptadas para funciones que exceden su ámbito local, pues la disposición de monedas que reúnan esta característica es indispensable para poder impulsar un proceso de desarrollo sostenido, en tal sentido es un recurso estratégico. 

En Argentina la restricción externa que irrumpió cíclicamente luego de las fases de crecimiento y expansión da cuenta de ello. La experiencia vivida enseña que regulación cambiaria constituye una necesidad.

Los mercados son ámbitos de transacciones, o sea de ventas y de compras. Un debate recurrente entre las distintas corrientes de pensamiento económico se suscita alrededor de la conveniencia respecto a que los precios en los mercados queden sujetos a la determinación privada, es decir al resultado de las negociaciones entre oferentes y demandantes, a la determinación estatal, a una combinación de ambas, a lógicas de acuerdos. Para  corrientes que pretenden programas transformadores y críticos de las lógicas neoliberales,la definición pública de los precios de los bienes y servicios que atienden a los derechos económicos y sociales tienen el objetivo de garantizar que su acceso sea universal. Por otra parte, esos enfoques sostienen que en mercados muy concentrados –que en las economías actuales son predominantes– la intervención en su determinación apunta a evitar la imposición de condiciones por parte de los oligopolios. Los exponentes de la teoría del desarrollo han señalado que los mercados de recursos estratégicos requieren de la determinación de precios que modifiquen las señales mercantiles, porque éstas no resultan buenas asignadoras de los mismos.

Sin embargo, un fallo judicial de segunda instancia, en relación a las ventas de dólares en el mercado futuro sostiene que “determinar el precio de intervención en los mercados no es ofertar a precio de mercado” y a su vez afirma que se “vendieron dólares a futuro a precios sometidos a una cotización cambiaria de naturaleza administrativa y no de mercado”. Juzga desde un fundamentalismo liberal extremo la no pertinencia de la intervención pública para modificar señales de precio o establecerlos en un dispositivo de mercado, y en la práctica ilegaliza una regulación efectiva del BCRA sobre el cambio, que es una de las herramientas con que cuenta para alcanzar sus fines. Dictamina sin reparar en el carácter estratégico que tienen las divisas para el desarrollo nacional y el bienestar social. En el mismo fallo se le da entidad al mercado ilegal de divisas (denominándolo paralelo). Corresponde explicitar que el BCRA no intervino arbitrariamente sino con un criterio técnico específico, pero aunque el mismo hubiera sido más laxo o hubiera operado con más discrecionalidad para garantizar su objetivo regulatorio, tampoco hubiera sido reprobable.

En el fallo en primera instancia que lo antecedió se sostiene que el BCRA debió emitir dinero para cubrir posiciones vendidas de futuro y ello provocó inflación. Esta sentencia le reconoce al diagnóstico monetarista categoría de verdad sancionando que la emisión provoca inflación. Desde otras corrientes, de carácter heterodoxo y/o crítico, se sostiene con sólidos fundamentos que la inflación fue provocada por la gran devaluación que causó la liberalización cambiaria dispuesta por la nueva gestión y la forma en que se hizo. 

Así sectores del Poder Judicial fallan sobre la base de la adopción del enfoque teórico de la economía ortodoxa como verdad irrefutable y de cumplimiento sin alternativas, y pretenden castigar el ejercicio del poder regulatorio de autoridades que no adhieran a las lógicas del paradigma de la globalización financiera.

Así mediante la judicialización de la política económica y basándose en la naturalización de las consignas de los grandes centros del poder financiero se procede a impulsar la condena de quienes en el ejercicio de funciones, legal y legítimamente asignadas, se basaron en un pensamiento nacional autónomo de imposiciones externas, así como también se intenta construir un precedente respecto a la inmutabilidad de una manera de pensar y formular las políticas económicas.

* Economista
24Sep/130

BUITRES. DISTINTAS ESPECIES

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ESPECIE I
* Los Fondos Buitre compraron títulos que representaban deuda Argentina a precios de remate (menos de la cuarta parte de su valor) cuando el país estaba todavía exhausto por las políticas neoliberales. Otras compras fueron hechas a precios atractivos cuando nuestra economía estaba en vías de franca recuperación. Estos especuladores no entraron en las refinanciaciones, como no lo hicieron en otros países donde operaron, si no que esperaron que la deuda impagable se tornara en solvente, a través de las quitas al grueso de la misma que aceptaron más del 90% de los acreedores. Gracias a esas quitas y a las políticas nacionales y populares, el país se recuperó y sus títulos aumentaron de precio por la mejora espectacular de la economía y su posibilidad de pago. Ahora pretenden cobrar toda la deuda al 100%; obteniendo ganancias usurarias. Lo hacen articulados con la corporación judicial norteamericana, en base a un poder de "lobby" con ella y una parte sustantiva del poder político y mediático del Imperio. Si fueran exitosos pondrían en peligro a todo el arreglo de deuda de la economía argentina y a su proyecto de crecimiento y distribución, porque el resto de los acreedores reclamarían el mismo trato. Los fondos buitre son especuladores que se mueven como pez en el agua en el mundo del capitalismo financiarizado neoliberal. Aquel al que nos llevaron primero la dictadura y luego el menemismo.
ESPECIE II
*Los endeudadores ganan grandes comisiones cuando logran colocar bonos y tomar deuda en los mercados "voluntarios" de crédito, sobre todo cuando lo hacen para refinanciar deudas enormes. A ellos no les conviene un gobierno que tenga autonomía financiera sino políticas regidas por el FMI que conduzcan al endeudamiento. Por eso no están de acuerdo en pagar la deuda con reservas ni que el Banco Central pueda tener libertad para hacerlo coordinando sus políticas con el gobierno. Por eso reivindican la "autonomía" del Banco Central frente al Poder Ejecutivo y se alarman por la libertad de la autoridad monetaria para emitir moneda. No quieren que nos desendeudemos, porque desean ganar con la bicicleta financiera de las refinanciaciones perpetuas. Redrado se fue del gobierno por no estar de acuerdo con la autonomía financiera y ahora es economista de Massa, Prat Gay se fue del gobierno por no estar de acuerdo con la quita de la deuda y bregar por políticas "amistosas" con los acreedores y ahora es miembro de la pretendida "centroizquierdista” UNEN.
ESPECIE III
* Los megadevaluadores pretenden terminar con los controles cambiarios y del movimiento de capitales (entrada y salida). Quieren que el precio del dólar legal pegue un salto. Si esto ocurriera aumentarían los precios de las importaciones y todos los precios de los artículos que las utilizan como insumos. También subirían los precios de los bienes que se exportan, o sea de los alimentos, porque el sector del "campo" que los vende obtendría más pesos por cada unidad exportada y, como siempre puede vender afuera todo lo que desea, fija el precio local al mismo valor en pesos que obtiene internacionalmente. Así la devaluación llevaría a un aumento de las ganancias por aumento de precios mientras los salarios caerían brutalmente. Entonces los sectores populares y medios dejarían de consumir, se vendería menos, aumentaría el desempleo y caería la producción y la inversión. Ganarían los empresarios internacionalizados y los importadores y perdería el pueblo. Así pasó con la megadevaluación de De Mendiguren y Lavagna, ayer duhaldistas y hoy massistas.

PARA CONSOLIDAR LAS MEJORAS PRODUCTIVAS Y DEL NIVEL DE VIDA ALCANZADAS EN ESTOS AÑOS ES NECESARIO VOTAR AL FRENTE PARA LA VICTORIA Y NO DEJARSE SEDUCIR POR LOS CANTOS DE SIRENA DE LOS BUITRES DE AFUERA Y DE ADENTRO.

COMISION DE ECONOMIA DE CARTA ABIERTA

30May/130

Las conductas políticas puestas a prueba

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Se ha sancionado la ley de exteriorización de los capitales que residentes argentinos poseen fuera del país u ocultos dentro de cajas de seguridad bancarias o en tesoros domésticos que no estaban declarados impositivamente. Se podría apuntar a discutir si era pertinente o no acudir a la legislación aprobada para inducir a tales residentes a repatriar o blanquear capitales con el beneficio de eximirlos de justificar su procedencia y no saldar impuestos impagos.

Alejandro Rofman

Es posible que otros caminos se pudieran haber recorrido, pero la falta de certeza de su efectividad y la experiencia previa los ha descartado.
El debate parlamentario, más allá de analizarlo en torno a las cuestiones precedentes, deja otra valiosa enseñanza. Se trata del posicionamiento de las principales fuerzas políticas ante la disyuntiva de tener que aceptar o rechazar la propuesta del Poder Ejecutivo. Y allí, en este análisis, encontramos un espacio fecundo para discutir el modo como cada sector político ha dado una respuesta ante la necesaria toma de posición frente al proyecto. Los más encendidos críticos de la valoración ética de la norma, dado que coloca a los favorecidos por la nueva ley en una posición privilegiada con referencia a aquellos que siempre cumplieron declarando sus activos y pagando sus impuestos, pertenecen a agrupamientos políticos que no hace mucho propusieron y/o apoyaron normas similares a la que ayer se convirtiera en ley. Un reciente artículo del ex diputado Eduardo di Cola cita tres leyes de blanqueo en el último cuarto de siglo: la Ley 23.495 del 3 de marzo de 1987 cuando gobernaba Raúl Alfonsín, la Ley 24.073 durante la presidencia de Carlos Menem y la ley 26.476 sancionada en el año 2008 en la presidencia de la actual mandataria.
Pero aun más, en 2001, a través de un DNU firmado por Fernando De la Rúa, durante el gobierno de la Alianza, se había sancionado también otro blanqueo que libera de responsabilidad sobre el origen de los fondos, acorde con lo aprobado en la ley de presupuesto de 2001, y exime de todo pago impositivo a los que se acogieran al citado beneficio. La lista de firmantes desde el Poder Ejecutivo y desde el Congreso de la norma del año 2001, cuyo sustento central posee el mismo perfil que el contenido de la actual, incluye a legisladores que ahora están en el Congreso representando a la UCR, al Peronismo Federal, al PRO, al socialismo y a agrupaciones menores opositoras. ¿Cómo entonces pueden ahora oponerse? ¿Qué doble conducta los ampara? ¿Por qué ayer estaban de acuerdo y hoy discrepan? No parece de ningún modo que se prestigie a la política el tener comportamientos tan disímiles en un período por demás breve de la historia argentina

22Nov/120

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MERCADO DE CAPITALES Y CALIFICADORAS DE RIESGO

Diputados aprobó el proyecto para fijar nuevas reglas al mercado de capitales
Hoy tendrá despacho del Senado, que lo votará la próxima semana
Por Nicolás Fiorentino

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que pone fin a la autorregulación del mercado de capitales e instala a la Comisión Nacional de Valores (CNV), con facultades ampliadas, como único organismo de control de la oferta pública. La iniciativa, que consiguió amplio consenso luego de tomar algunos cambios pedidos por la oposición e incluso del Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval), será ley el próximo jueves, cuando el Senado cierre el ciclo legislativo.
Luego de un extenso debate en el que los bloques opositores solicitaron más cambios, que fueron rechazados, la Cámara baja aprobó el texto que persigue como objetivo romper con la lógica de mercado que rige en la Bolsa. Es decir, que los mismos actores bursátiles sean los que fijen sus propias reglas para jugar en el mercado de valores. Lo que, según el diputado del Frente Amplio Progresista (FAP) y economista de la CTA, Claudio Lozano, dejaba una millonaria caja “administrada sólo por gigantes empresas, sin participación de actores más pequeños”.
El diputado Carlos Heller defendió el proyecto y lo incluyó en sintonía con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), criticando la “lógica monetarista” de los mercados desregulados. El legislador de Nuevo Encuentro (NE) es, a su vez, autor del proyecto que cerraría el triunvirato de medidas de control financiero: la reforma a la Ley de Entidades Financieras, trabada desde hace tiempo en el Congreso.
El proyecto amplía las facultades de la CNV y facilita el ingreso de nuevos y pequeños actores al teatro bursátil, echando por tierra el requisito existente: ser accionista de la Bolsa donde actúa para participar, abriendo su participación con la mera inscripción ante la CNV, que deberá aprobar su ingreso. También se hará cargo del registro, supervisión y sanción de cada mercado registrado y de los agentes intermediarios.
Otro de los puntos que aborda el proyecto es el de las calificadoras de riesgo. En la reglamentación de la ley, que deberá estar lista 180 días después de publicada en el Boletín Oficial como máximo, la CNV “establecerá las formalidades y requisitos que deberán cumplir las entidades que soliciten su registro como agentes de calificación de riesgo”. Por pedido del FAP, el organismo podrá incluir dentro del registro a universidades públicas solamente, ya que la redacción original incluía a las privadas.
La ley también se enfoca en los asesores bursátiles. Se fijarán “normas mínimas de capacitación, acreditación y registro para el personal de los agentes registrados” que “desempeñen tareas vinculadas con el asesoramiento al público inversor”. A su vez, fija duros límites para “quienes hubiesen hecho uso indebido de información privilegiada proveniente de cualquier operación”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Roberto Feletti, consiguió incorporar al artículo 20 la potestad de la CNV de “designar veedores con facultad de veto” en las entidades donde, previa investigación, se hubiesen detectado “vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios y/o tenedores de títulos valores sujetos a oferta pública”.
En la reglamentación, la CNV también deberá fijar un cronograma de adecuación para que todas las Bolsas se reconviertan en sociedades anónimas, como exige la ley.
El Merval y la Bolsa de Comercio estuvieron muy lejos de lograr las modificaciones que pretendían. Apenas si consiguieron que se permita al mercado delegar en la entidad que comanda Adelmo Gabbi la constitución de un tribunal arbitral y la emisión de boletines.
Puntos claves del proyecto
Autorregulación. Se termina la autorregulación y la mutualización del sistema bursátil: la nueva norma refunda el mercado de capitales y le otorga más herramientas de control y sanción a la CNV. El proyecto que impulsó el oficialismo busca disminuir la especulación y redirigir el ahorro para financiar proyectos productivos y pymes.
Mercado para todos. La ley propone aumentar la cantidad de agentes de mercado y se elimina el actual requisito de que los agentes y operadores sean además inversores del mismo mercado del que participan, como lo hacen actualmente en el Mercado de Valores (Merval).
Sociedad anónima. Se prevé que los mercados se constituyan en sociedad anónima y que coticen en la Bolsa de valores, para lo cual regirán las mismas condiciones que rigen actualmente para las compañías que cotizan en la Bolsa. Se establece como autoridad de contralor a la CNV, con facultades para “fiscalizar y sancionar” a los que no cumplan con la legislación.
Secreto bursátil. El proyecto termina con el secreto de información bursátil cuando exista requerimiento del Banco Central de la Superintendencia de Seguros para aumentar la transparencia del mercado.
Calificadoras. Sólo las universidades públicas actúan como calificadoras de riesgo.
Garantía. Habrá un fondo de garantía bajo la figura fiduciaria u otra modalidad aprobada por la CNV.

El Merval y la Bolsa de Valores se fusionan
El Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) firmaron ayer un memorándum de entendimiento para crear un nuevo mercado, que se denominará Bolsa Federal de Valores.
El acuerdo se alcanzó para adecuarse a las normas propuestas por el Gobierno nacional en el proyecto aprobado ayer en Diputados con el objetivo de modificar la estructura del actual Mercado de Capitales Argentino. El memorándum fue firmado por Adelmo Gabbi, presidente de la BCBA, y Mario Bagnardi, titular del Merval, por el que se “establece la creación de una nueva entidad comercial bajo la forma de una Sociedad Anónima, que pueda atender las necesidades de todas las regiones de la Nación”.
Con este fin, el Merval y la BCBA conformarán una comisión de trabajo integrada por representantes de ambas entidades que se encargará de llevar a cabo las negociaciones con las distintas Bolsas y mercados del país. Es intención de éstas sumar a esas entidades de todas las regiones de la Argentina, e incluirlas en el proyecto con el propósito de lograr la concreción de un “único mercado nacional”.Ambas entidades “entienden de suma prudencia y trascendencia asumir la responsabilidad que tienen en la conformación del Mercado de Capitales Argentino”, señalaron en un comunicado.

24Oct/120

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Una virtuosa regulación estatal

La actividad financiera amparada por el Estado nacional a partir de la instauración de la Dictadura cívico-militar estuvo emparentada con el florecimiento de los mecanismos de especulación a nivel internacional, que signaron la etapa de capitalismo neoliberal aún vigente.

Alejandro Rofman

La crisis del capitalismo mundial- en su versión de valorización del capital financiero por sobre el trabajo humano- que se inició en el año 2008 viene mostrando en toda su magnitud los retrocesos económicos y sociales que producen elevados sufrimientos para los pueblos. Ello se ha debido, en alta medida, a que la nueva fase del predominio de la acumulación capitalista vía la financiarización del proceso de desarrollo capitalista se pudo propagar gracias a la creciente abolición de todos los controles en el manejo del capital financiero. Este se fue transformando en lider en el mundo capitalista en el proceso de generación de ganancias, para lo cual necesitó de amplia capacidad de maniobra que todavía hoy se está pagando muy caro.
En nuestro país este fenómeno comenzó a revertirse cuando luego de 2003, y en forma paulatina, se fueron abandonando los principios de la desregulación financiera . La reestructuración de la impagable deuda pública en 2005 ,las limitaciones al ingreso de capitales especulativos, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la estatización de las AFJP constituyeron jalones muy valiosos, entre otros, en el proceso de restitución de un modelo de desarrollo basado en la valorización del trabajo y en el propósito de poner a disposición de este modelo de crecimiento los instrumentos del capital financiero.
Las medidas anunciadas por la presidenta el día lunes pasado avanzan en la dirección muy saludable y plausible de afianzar el proyecto de desarrollo con inclusión social y en dejar atrás la nefasta etapa del predominio del capital especulativo. Así el establecer criterios estrictos para el control de las transacciones bursátiles y en el nivel operativo de las calificadoras de riesgo así como poner al servicio de la inversión reproductiva fondos disponibles en las compañías de seguro marcan pasos hacia delante muy valiosos .
El imponer a las empresas aseguradoras que poco más del 10 % de sus ahorros sean asignados a financiar proyectos productivos - en lugar del 0,16 % como es hoy - implica un virtuoso cambio de rumbo para el manejo de los recursos disponibles en nuestra economía. Y la regulación de las calificadoras de riesgo puede ser el punto de partida de una disposición novedosa a escala mundial que impida que estas actúen como cabeceras de puente de los capitales especulativos, distorsionando la información sobre la realidad económico-financiera de nuestro país.
Además, una regulación que sin trabar la actividad bursátil impida manejos espúreos posibilitará el acceso del pequeño ahorrista a aportar a la consolidación del capital de las empresas nacionales que lo necesitan para crecer y generar empleo.

de Tiempo Argentino 24/10/2012

3Jun/120

Qué es lo que determina si el tipo de cambio es adecuado en un país?

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Jorge Molinero*
No es correcto medir el nivel de equilibrio en función que determinadas actividades que antes eran competitivas ahora no logran exportar, ya que otras lo harán. Por ejemplo, una actividad muy competitiva como la producciòn agrícola pampeana, con los precios elevados actuales, puede exportar con el dólar a $4,45 aún con las retenciones del 35 % para la soja y otros porcentajes para distintos cultivos. Es más, seguiría siendo rentable aún con una apreciación de más del 30 % sobre los niveles actuales, tal su productividad, ventajas naturales y alto precio internacional.
Hay otras actividades industriales, más intensivas en mano de obra y/o con escalas de producción subóptimas, que fueron competitivas entre el 2002 y 2007, logrando participación internacional (o al menos regional) y hoy no logran mantener esos mercados aún con el atraso cambiario que (aún) tiene Brasil. Son los sectores en los que la productividad creció menos que la apreciación cambiaria que se aceleró de 2007 a la fecha.
No existe por lo tanto, un tipo de cambio que satisfaga las expectativas de todos los sectores transables, ya que será redundante para los de alta productividad y no alcanzará para los de baja.
El tipo de cambio real de equilibrio es aquel que permite que las exportaciones de bienes y servicios alcancen para pagar las importaciones idem más la remisión de utilidades, intereses privados y públicos y servicio de la deuda externa, y que ello se logre sin deterioro del nivel de reservas necesaria para evitar contingencias.
Aclaramos que dentro de la importación de servicios está lo gastado en turismo en el exterior.El número para este año 2012 está entre u$s 10.000 y 12.000 de superávit comercial para atender la remisión de utilidades, servicio de la deuda pública y privada y mantenimiento del nivel de reservas.
Aún suponiendo que no hubiese fuga de divisas con fines de atesoramiento, si Moreno no ponía el cerrojo a las importaciones con el régimen de Licencias Previas y posteriormente con las DJAI, el superávit comercial no habría sido u$s 4795 millones en el primer cuatrimestre, sino algo más cercano a los u$s 3.000 de igual período de 2011. A ese ritmo no se habría logrado el superavit comercial deseado de u$s 10.000/12.000 necesario para los pagos del año.
La compra de dólares por particulares, para fugarlos al exterior, ponerlos en un colchón en el país o en una caja fuerte de un banco, es un hábito muy fuerte de las clases altas y medias con capacidad de ahorro, cuando no tienen muchas alternativas para mantener el poder adquisitivo de sus ahorros. Objetivamente ahorrar en dólares fue mal negocio desde 2002 en adelante, una vez producida la devaluación. Fue ganancia para los que ya los tenían al 30 de Diciembre de 2001, y paremos de contar. En 10 años el dólar se desvalorizó en forma importante, ya que todos los bienes a adquirir, en Argentina o en cualquier país de la región con los que comercializamos, expresados en dólares cuestan mucho más. Un departamento de u$s 150.000 en 2003 no se conseguía por menos de u$s 250.000 en 2011, y lo mismo se puede calcular para países vecinos como Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil, socios comerciales importantes.
Lo que ha hecho el gobierno ahora es cerrar el grifo de la salida de dólares con fines de atesoramiento, dejando a los que tienen excedentes las posibilidades de inversiones reales, o colocación de su dinero a interés bancario, o bonos del gobierno nacional.
Esta es una medida que aplaudo, así como todas las otras que han tomado para administración del comercio (DJAI y Licencias previas de importación, plazos de ingreso de divisas, etc.), pero está claro que sin la restricción comercial no se lograría el superávit deseado, con lo que la conclusión es clara: hay atraso cambiario en general, no muy importante pero si que lo hay. No debemos caer en la posición maniquea que el que dice que hay un nivel de atraso cambiario es porque aboga por una maxidevaluación para enriquecer a los tenedores de dólares al tiempo que enfría la actividad y disciplina a las clases trabajadoras.
Al margen de lo que me gustaría, hay atraso moderado y el equilibrio se mantiene con medidas administrativas, que se pueden mantener un tiempo pero no en forma permanente, por las derivaciones indeseadas que inevitablemente se producen. El caso es claro, con un tipo de cambio como el actual, sin restricciones comerciales como las impuestas, y aún suponiendo que se haga control de cambios para evitar la fuga de divisas, no se lograría el superávit comercial necesario para el equilibrio tal como fue indicado. Eso es un signo claro de retraso cambiario.

Allí interviene la política. La derecha, cuando vió esa debilidad real, unido a que el gobierno ya no tiene superávit financiero interno (apenas un débil superávit primario) batió el parche de la falta de libertad para comprar dólares hasta el paroxismo, arrastrando tras de si al conjunto de las clases medias con alguna capacidad de ahorro, hasta los límites más pequeños, y esos sectores son los que vehiculizan el "malestar" que generan y retratan Clarín, Nación y la red de repetidoras cipayas propias y ajenas.
Diferenciemos entonces la intencionalidad de desestabilización política, que siempre está presente y agazapada en la oposición mediático-económica, de los hechos reales. Hay atraso cambiario moderado, y sobre esas bases aún débiles pero reales operan. Por lo tanto, en las presentes circunstancias hay que apoyar al gobierno en sus restricciones comerciales y en el control de cambio para particulares, y sería deseable que se acaben con otras redoblonas aún abiertas (como el contado con liqui en bonos gubernamentales y otras lindezas).
Sin embargo, para pasar el mal momento que en este aspecto será 2012 y posiblemente 2013, el gobierno tendrá que idear algo más sustancioso que la mera represión de importaciones y atesoramiento, ya que el atraso no es ilusorio sino real, aunque su magnitud no sea del porcentual que sugiere el dólar ilegal.

La base del atraso cambiario (aún del multilateral, no sólo frente al alicaído dólar) está en la divergencia entre la tasa de aumento de los salarios nominales, descontado el incremento de la productividad media, y la devaluación frente a la canasta de monedas con las que comercializamos. En forma simplificada algunos lo expresan como la divergencia entre inflación "real" (que todos estiman a su gusto) y sólo el dólar. Esa simplificación fue bien criticada por Zaiad, pero el conjunto de variables bien medido por su consecuencia (no generación de superávit necesario en condiciones sin restricciones al tipo de cambio vigente) es lo suficientemente explicativo del atraso cambiario. Y en la base de la inflación real está la puja redistributiva entre sectores económicos concentrados y sindicatos fuertes con bajo nivel de desocupación en el sector formal, a quienes representan. En los últimos años, la capacidad reivindicativa de los trabajadores organizados fue más fuerte que la capacidad de remarcación de los empresarios, de allí el incremento de poder adquisitivo real, medido con cualquier índice inflacionario, no solo el de Indec (1)

El gobierno no tiene muchas opciones al corto plazo, pues una aceleración de las devaluaciones semanales, con el nivel de actividad aún elevado que tiene el país, se traduciría en presiones inflacionarias y recalentamiento de las pujas distributivas en el medio de las renovaciones de las convenciones colectivas de trabajo y la renovación de la dirigencia de la CGT. Ha optado por la represión cambiaria, y al corto plazo no le queda otra. Pagará un costo político, inevitable con ciertos sectores de las clases medias que lo habían apoyado o no eran opositores muy radicalizados, que se acercarán a sectores más recalcitrantes.

Informar bien ayudaría, sin dudas, pero el problema no se resuelve con sólo información. Tiendo a pensar que el gobierno está comprando tiempo para ver si las restricciones comerciales y el control de cambios para evitar la fuga le permite cerrar el año sin sobresaltos externos, mientras mira con el otro ojo la desaceleración de la actividad industrial, que más tarde o más temprano se traducirá en una elevación de la tasa de desocupación si los sectores no transables no compensan su falta de dinamismo. Habrá un costo en el sector popular, incluyendo el sindicalizado, por el menor grado de actividad económica, y un costo en los sectores medios por las restricciones de acceso al dólar. De la magnitud de ambos deterioros depende el mantenimiento de la fortaleza política del gobierno y la posibilidad de seguir avanzando en la profundización del modelo de alto crecimiento con redistribución progresiva del ingreso.
(1) Una breve digresión: correctamente se indica que los sectores concentrados tienen la capacidad de pasar a precio los aumentos salariales que le arrancan los sindicatos organizados, pero no está claro que todos lo logren superar. Las pruebas al canto son que el promedio de incremento salarial de los últimos cuatro años han sido claramente superiores al promedio de incremento de los precios, que contiene tanto a los sectores concentrados como los no concentrados. Eso es el efecto buscado por el gobierno de incremento de salario real y redistribución progresiva de la renta nacional. Respecto a la capacidad irrestricta de los primeros en subir los precios en cualquier circunstancia para acomodar su tasa de ganancias, recuerdo que durante la convertibilidad y apertura irrestricta no sólo no subieron los precios después de 1992/1993, sino que la competencia externa y atraso cambiario hicieron que en muchos casos bajaran los precios nominales, experiencia inédita en la Argentina. Más aún, en las postrimerías del régimen de Convertibilidad (2001) hubo muchos acuerdos de reducción nominal de salarios en los sectores industriales atacados por la competencia externa y la creciente recesión. La capacidad de subir los precios, al igual que la de subir los salarios, depende del nivel de actividad y el grado de protección externa, por tipo de cambio o administración del comercio.
*Economista integrante de la Comisión de Economía de Carta Abierta.