Comisión de Economía

Luis Alegre Zahonero
Sobre el libro Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan, Madrid, Icaria, 2011 (coordinado por Bibiana Medialdea)
Quienes no somos economistas estamos de enhorabuena. La publicación del libro Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan , coordinado por Bibiana Medialdea, es un foco de luz apuntando a los mecanismos básicos con los que, de un tiempo a esta parte, no han parado de vapulearnos. En las páginas de los periódicos nos encontramos cada mañana con una especie de parte médico diario sobre el estado de ánimo de los mercados. Pasamos el día pendientes de si están nerviosos, irritados, abatidos, eufóricos, o si está a punto de darles de nuevo un ataque de histeria que nos va a arruinar la vida a todos. Resulta sin duda inquietante depender a vida o muerte de alguien con ese cuadro psiquiátrico y que no sabemos quién es. Lo único que conocemos, al parecer, es la terapia adecuada: inyectarle dinero constantemente como el que administra la dosis diaria de tranquilizantes. Así, hay que ajustar salarios, reducir pensiones, ampliar la edad de jubilación, recortar en sanidad, desmantelar la educación y liquidar todos los bienes públicos para preparar las inyecciones que necesita ese loco de atar en cuyas manos estamos.
Lo cierto es que todos (también quienes no somos economistas) estamos ya desde hace tiempo con la mosca tras la oreja. Sospechamos que detrás de todo esto se esconde una gigantesca estafa, pero escuchamos las explicaciones con la misma desconfianza e impotencia con la que cualquier labriego ha escuchado siempre las explicaciones que le daban el terrateniente o el hombre de negocios de la ciudad: sabiendo que es todo mentira pero ignorando los detalles que nos permitirían confrontar la explicación.
A este respecto, Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan resulta luminoso. En efecto, se trata de un libro que llama la atención por su sencillez y claridad. Esto, sin duda, constituye un mérito de los autores, pero no tanto por la transparencia de su (digamos) “estilo literario” como por la precisión con que analizan lo indignantemente simple que, en el fondo, es la cosa misma. A este respecto, junto con la claridad, lo que más se agradece en el libro es el extraordinario rigor teórico con el que se abordan las cuestiones. Ciertamente, en los tiempos que corren, cuando los hechos desnudos nos dan la razón con tanto empeño, no hay peor negocio que la propaganda. Pero, en esta ocasión, nos encontramos con el rigor académico del que este grupo de economistas ha hecho gala en trabajos de investigación anteriores (como, por ejemplo, el libro Ajuste y salario: las consecuencias del neoliberalismo en América Latina y Estados Unidos, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2009), puesto ahora al servicio de explicarnos quiénes son los mercados, por qué las agencias de calificación tienen tanto poder, cómo una crisis financiera en EEUU llegó a convertirse en una grave crisis financiera y económica mundial, cuál es el papel de los bancos en la crisis, por qué ahora son los estados los que están en crisis, por qué hay amenazas sobre España si su deuda pública no es elevada, cómo se concreta la dictadura de los mercados y por qué la suspensión de pagos de un país europeo pone en peligro al euro, que son las 8 preguntas a las que se contesta antes de pasar, en los tres últimos capítulos, a plantear posibles salidas y soluciones.
En definitiva, basta aclarar cómo y por qué han ocurrido las cosas para entender de inmediato que perfectamente podrían haber ocurrido, y podrían ocurrir, de un modo distinto. En efecto, basta el análisis del propio mecanismo de saqueo para comprender que en absoluto es inevitable: los estados podrían haber decidido no asumir el coste de los rescates financieros ni cargar con una deuda que no era suya; el BCE podría financiar a los Estados al menos en las mismas condiciones en que inyecta dinero a las entidades privadas; podríamos volver a cobrar impuestos a los grandes capitales en vez de optar por pedirles el dinero prestado; puestos a pedirles prestado, podríamos no habérselo prestado nosotros antes 5 veces más barato; podríamos incluso habernos quedado con la banca que hemos tenido que pagar; con sus activos inmobiliarios se podría generar un parque público de alquiler… etc. Con algunas de estas medidas se podría evitar, por ejemplo, que la misma familia tenga que entregar su vivienda al banco, tenga que seguir de todos modos pagando el crédito hipotecario (por no establecerse la dación en pago), tenga además que comprar el banco entero con sus impuestos, no pueda reclamar ninguna propiedad sobre él y, además, tenga que hacer todo esto a la intemperie.
Ni las versiones del comunismo más disparatadas, esas que nos harían compartir a todos el mismo cepillo de dientes, podrían competir en radicalidad con el capitalismo en su versión financiera. En estas condiciones, averiguar quiénes son y cómo gobiernan es ya un acto revolucionario.

Por Aldo Ferrer
Economista y profesor universitario (UBA)

En la nota anterior destaqué que el G-20 ratificó su incapacidad de adoptar respuestas globales y que cada país tiene que hacerse cargo de resolver los problemas que le plantea la crisis internacional. La conclusión no es nueva y viene de antes. De hecho, frente a conmociones anteriores, como la del Tequila o la asiática en la década del ’90, la situación era exactamente la misma.

Varios países emergentes, incluida la Argentina, aprendieron la lección. Cuando a fines del 2007 estalló la crisis global, estaban mejor preparados y resistieron el impacto. Ahora tienen que seguir exactamente en el mismo rumbo: consolidar la gobernabilidad, la solvencia en las finanzas públicas, el superávit en el balance de pagos en cuenta corriente y la regulación de los capitales especulativos.

Pero no hay que perder de vista las posibles soluciones globales a los problemas globales y advertir, en los foros internacionales, los caminos posibles que los países centrales del sistema son incapaces de encontrar. En tal sentido, en la nota anterior hice referencia al efecto China, el ajuste en las mayores economías y las necesarias reformas a la regulación del comercio y las finanzas internacionales. Las siguientes cuestiones también integran la agenda económica mundial.

Las asimetrías en el orden global. Existen países, dispersos en toda la geografía del planeta, con insuficientes recursos materiales y capacidad de gestionar el conocimiento para resolver su atraso histórico. Esta debilidad fue multiplicando la distancia que los separa de las economías avanzadas y las emergentes. Esta es la causa principal de las amenazas a la paz y a la seguridad, internacionales y un caldo de cultivo para el terrorismo, el narcotráfico, el comercio de armamentos y otras calamidades.

Será imposible alcanzar un orden internacional sin resolver los problemas de esos países que abarcan a alrededor del 25% de la humanidad. Los múltiples pronunciamientos y programas de ayuda de Naciones Unidas, en conjunto, fueron incapaces de resolver los desafíos y, a menudo, más favorables a los donantes que a los destinatarios. Un nuevo orden mundial reclama una acción conjunta de la comunidad internacional y una transferencia suficiente de recursos y asistencia científica y técnica, para impulsar el desarrollo económico y social de esos países. Las cifras involucradas son una ínfima proporción de los recursos ya comprometidos para rescatar a los bancos y a los especuladores financieros.

Programas de esta naturaleza introducirían una inyección de demanda a la economía global que facilitaría, en parte, el ajuste en los países superavitarios, derivado del necesario equilibrio en los pagos internacionales de los Estados Unidos.

La arquitectura monetaria internacional. El equilibrio de los pagos de la economía estadounidense los alejaría de su papel como principal fuente de liquidez internacional. El crecimiento descontrolado de la liquidez impulsado por los excedentes de los países exportadores de petróleo y, sobre todo, el aumento del déficit de los Estados Unidos, consolidó el predominio de la especulación financiera. El dólar mantuvo su rol de patrón monetario del sistema internacional y de las reservas monetarias del resto del mundo.

Las nuevas circunstancias y la emergencia de nuevos actores en el escenario internacional, en especial China, probablemente modificarán el papel del dólar y demandará la creación de nuevas fuentes de liquidez para abastecer la demanda de dinero, fondear programas para situaciones de emergencia y proporcionar recursos para el financiamiento del despegue de los países menos desarrollados.

Los problemas de la Unión Europea. La creación del euro y del Banco Central Europeo fueron fundamentales en el proceso de integración, pero dejaron, a nivel nacional, instrumentos clave de la política económica y sometieron a las mismas reglas a países muy distintos por sus niveles de desarrollo y potencial de recursos, como
Grecia y Alemania.

La Unión enfrenta el desafío de avanzar a la integración plena de las políticas nacionales con la comunitaria o crear esquemas de contención de los países vulnerables para recuperar los equilibrios perdidos. La crisis también refleja la subsistencia de un sistema financiero especulativo que aumenta la incertidumbre. Cuando estalló la crisis, los países de la UE, como los Estados Unidos, aplicaron inmensos recursos para rescatar a los bancos y los especuladores, y evitar el desplome de la actividad económica y el empleo.

El desequilibrio fiscal aumentó estrepitosamente generando déficits del orden del 10% del PBI. Esto incrementó la incertidumbre y las oportunidades especulativas, agravando las tensiones del sistema y comprometiendo la viabilidad del euro. Sin embargo, la respuesta de la UE es tratar de recuperar la “confianza” de los mercados a través de la fuerte contracción del gasto. La experiencia revela que esta estrategia agrava y no resuelve los desequilibrios existentes.

Perspectivas. En los plazos previsibles, no cabe esperar acuerdos globales para resolver los problemas del sistema global. Pero, a diferencia de la década de 1930, cuando primó el “sálvese quien pueda” y se produjo la desorganización del orden económico mundial, en la actualidad la interdependencia entre las grandes economías es tan profunda que es inconcebible un epílogo semejante. En ese escenario no cabe esperar cambios en la normativa de las finanzas y el comercio internacionales, a la altura de los desafíos planteados.

En el sector financiero es posible un cierto ajuste regulatorio sin erradicar la naturaleza especulativa del sistema. Nada, en gran escala, cabe esperar de la cooperación internacional para resolver la insuficiencia de recursos de los países rezagados e impulsar su desarrollo.

La mayor incógnita radica en la profundidad del ajuste en las mayores economías. Si China no logra dinamizar el aumento del consumo, agregará tensiones al comercio internacional fortalecida por la administración del tipo de cambio y su poder financiero. La magnitud del ajuste en los Estados Unidos impactará en las economías superavitarias. Desplazar el dinamismo de la demanda agregada de las exportaciones al consumo interno y la inversión es el desafío de Alemania y Japón.

Pero esto implica la sustitución del paradigma neoliberal dominante por la prioridad del pleno empleo y la redistribución del ingreso. Algo no previsible según la estrategia ortodoxa de ajuste asumida en la Unión Europea.

En América Latina y los países emergentes de otras regiones es indispensable movilizar los recursos internos, mantener la “casa en orden”, bajos y manejables niveles de deuda y la mayor libertad de maniobra en la gestión de la política económica, través de sólidos equilibrios macroeconómicos.

Sólo en ese escenario es posible desplegar las políticas nacionales de desarrollo económico y social, y profundizar las integraciones existentes. En la resolución global de los problemas globales, la influencia de nuestros países es marginal, pero tenemos una capacidad decisiva para resolver cómo estamos en ese mundo. En un orden global administrado por las grandes economías, existe espacio para el despliegue de políticas de desarrollo de los países periféricos.

Así debe entenderse el éxito de las naciones emergentes de Asia en las últimas décadas y en la actual y primera del siglo XXI, la propia experiencia de la recuperación argentina a contrapelo del paradigma neoliberal y de lo que Prebisch llamaba el “pensamiento céntrico”.
Fuente: Tiempo argentino 11-07-2010

Jesús Caldera, Joseph Stiglitz, Stephany Griffith-Jones, Jeffrey Sachs, André Sapir, Nicholas Stern, NEGOCIOS El País.

En un informe elaborado por la Fundación IDEAS, presentado en Madrid el 28 de mayo de 2010, se analizaban varias alternativas de impuestos a los mercados financieros. Según este estudio, el instrumento que mejores propiedades muestra es el impuesto sobre transacciones financieras, basado remotamente en la vieja idea de la tasa Tobin, pero aplicado a todas las transacciones y no solamente en los mercados de divisas.

Existe un amplio consenso acerca de la necesidad de reformar los mercados financieros internacionales. El sector financiero ha sido el principal causante de la crisis global actual, que se originó en el sistema financiero estadounidense, extendiéndose luego al resto de países del mundo, para convertirse finalmente en una crisis de la economía real con un impacto particularmente negativo en Europa.
Los Gobiernos de los países desarrollados han hecho esfuerzos fiscales importantes entre 2007 y 2010 para sostener sus sistemas financieros, evitando quiebras bancarias que podrían haber llevado a un colapso económico generalizado. A la vez, pusieron en marcha planes de estímulo de la demanda agregada, que había caído drásticamente como consecuencia de la falta de confianza y el mal funcionamiento de los mercados de crédito.
Estos esfuerzos fiscales, esenciales para la recuperación en una primera fase, unidos a la reducción de los ingresos públicos debido a la menor actividad económica, han disparado los niveles de déficit y de endeudamiento público hasta niveles muy elevados. Este ha sido el caso principalmente de Europa, pero también de EE UU, si bien ambos están dando respuestas distintas del problema.
En el caso de la Unión Europea, las turbulencias financieras de abril y mayo de 2010, desencadenadas por la crisis de la deuda pública griega y la especulación contra la deuda emitida por otros Estados miembros, han llevado a la UE a iniciar un proceso de consolidación fiscal. Así, todos los países europeos están adoptando planes de control y recorte del déficit público, como el anunciado por el Gobierno de España, que tiene el objetivo de devolver el déficit del 11% al 3% del PIB entre 2010 y 2013. Por otro lado, la UE se ha visto obligada a establecer con carácter de urgencia un fondo de 750.000 millones de euros como señal clara a los mercados financieros de la voluntad de los Gobiernos de contrarrestar cualquier ataque especulativo contra el euro.
Es vital que este proceso de consolidación se lleve a cabo a un ritmo adecuado, ya que una consolidación excesivamente rápida podría llevar a una ralentización de la economía, o incluso a una doble recesión. Para mitigar los efectos adversos de la reducción de la demanda agregada se deberá prestar una atención particular a la estructura de los gastos, así como al sistema impositivo. Asimismo, estas medidas deberán acompañarse de una estrategia clara para la economía sostenible, con reformas que introduzcan incentivos para mejorar el control de la deuda, la equidad intergeneracional y la sostenibilidad medioambiental, así como una mayor agilidad, cohesión y productividad en los mercados financiero y laboral, en línea con las que el Gobierno español está poniendo en marcha.
En EE UU también existe un debate sobre la consolidación fiscal, si bien la Administración Obama es consciente de los riesgos de un recorte prematuro de los gastos. En el Congreso, el apoyo a una ley de empleo fuerte e incluso la extensión de los beneficios por desempleo, cuando cientos de estadounidenses están llegando al final del periodo de percepción de los subsidios, parece limitado. Los problemas de los mercados hipotecarios, entre otros, han llevado a los analistas a ser pesimistas en cuanto a la pronta vuelta al pleno empleo.
Aunque el ajuste fiscal de la UE era una medida sensata que en principio debería haber satisfecho a los mercados, con su desarrollo ha surgido una nueva amenaza: los potenciales efectos negativos de los recortes de los gastos públicos sobre el crecimiento podrían traducirse en unos coeficientes deuda pública/PIB más elevados y, por tanto, en un empeoramiento de la calificación de la deuda pública.
Parece, a la vista de los últimos acontecimientos, que el poder económico ya no está en manos de los Gobiernos democráticos y, por tanto, de los ciudadanos, sino en manos de los a menudo caprichosos mercados financieros que originaron la crisis. Es, por tanto, cada vez más urgente que los Gobiernos del mundo se coordinen dentro del G-20 y reaccionen contra estas tendencias. No se puede aceptar que un volumen importante de operaciones financieras no se conozca ni esté regulado, al llevarse a cabo fuera de los mercados organizados. Por otro lado, el sector financiero no paga impuestos acordes con sus beneficios, con los bonos que reciben sus ejecutivos ni con las externalidades negativas que, como está quedando patente, su actividad puede conllevar.
El ejemplo más claro de los problemas del sistema de incentivos y la falta de regulación existentes en los mercados financieros son los CDS en descubierto (naked credit default swaps), producto que permite a los inversores contratar un seguro sobre el posible impago de un bono de deuda pública de un país sin tener la propiedad de ese bono. Como la historia ha demostrado hace siglos en el transporte marítimo, cuando para un inversor resultaba legal contratar un seguro sobre un barco que no era de su propiedad, el inversor tenía un claro interés en hacer que el barco se hundiera. Muchos barcos desaparecieron entonces por esa causa, hasta que la norma se reformó. Igualmente, en el caso de los CDS, si la institución que contrata el seguro sobre el impago de la deuda es un gran fondo de inversión o una agencia de rating que puede tener influencia en el mercado de deuda pública, su interés es lograr que el país se hunda y se produzca el impago.
Además de reformar la regulación de los mercados y productos financieros, también es conveniente que el G-20 se plantee la introducción de impuestos sobre los mercados financieros, para cambiar los incentivos adversos existentes, haciendo que los operadores financieros compensen a las empresas por las externalidades negativas que en ocasiones generan sus actividades.
En un informe elaborado por la Fundación IDEAS, presentado en Madrid el 28 de mayo de 2010, se analizaban varias alternativas de impuestos a los mercados financieros. Según este estudio, el instrumento que mejores propiedades muestra es el impuesto sobre transacciones financieras, basado remotamente en la vieja idea de la tasa Tobin, pero aplicado a todas las transacciones y no solamente en los mercados de divisas. Esta tasa, con un tipo impositivo muy bajo, de alrededor del 0,05%, reduciría el volumen de operaciones especulativas a corto plazo y, por tanto, la volatilidad del mercado, a la vez que recaudaría un volumen de ingresos considerable, entre 1.600 y 6.300 millones de euros al año solo en España.
El debate sobre la introducción de impuestos financieros está abierto y más vivo que nunca, lo que ya representa un progreso importante. No obstante, las palabras deben llevarse a la práctica. Los líderes reunidos en la cumbre del G-20 en Toronto deberán superar las presiones internas de sus sistemas financieros para poner en marcha un sistema impositivo en los mercados financieros que sea a la vez eficiente y justo. Ya se han dado pasos significativos en este sentido. Así, los miembros de la UE han acordado recientemente mantener una posición común en la cumbre con respecto a la introducción de un impuesto sobre la banca, que adoptarán independientemente de los resultados de la cumbre en el seno de la UE, así como con respecto el establecimiento de un impuesto sobre las transacciones financieras muy parecido al propuesto por IDEAS.
El resultado de las negociaciones que están teniendo lugar este fin de semana puede marcar una gran diferencia para el futuro. Todos los ciudadanos del mundo están pendientes y a la espera de que sus líderes muestren la determinación necesaria para acometer las reformas que el sistema claramente necesita, eliminando algunos de los problemas que han desencadenado la crisis y evitando de este modo que se repitan en el futuro. De lo contrario, los costes políticos y económicos serán cuantiosos.

Por Guillermo Wierzba *, Romina Kupelian y Rodrigo Lopez **

Si las distintas etapas vividas en Argentina en las que se desplegaron proyectos de país contrapuestos se pueden identificar en determinados signos inequívocos, el carácter de los sistemas financieros constituye sin dudas uno de ellos. Los diputados Carlos Heller y Martín Sabbatella han presentado un proyecto de ley de servicios financieros que se inspira en una de las tradiciones que confrontaron históricamente. Así, la iniciativa persigue la orientación del crédito para el desarrollo, la eliminación de una severa discriminación de las pymes para el acceso al crédito, la desconcentración bancaria, la regulación de las tasas de interés, el fortalecimiento de la banca pública, el estímulo del crédito de largo plazo, el ataque a la las desigualdades regionales respecto a la bancarización.

La propuesta abreva en la corriente que reivindica la intervención del Estado en el diseño y la conducción de la política económica y entiende el sistema financiero como un servicio no autonomizado respecto del eje de la actividad productiva: la economía del sector real. Este paradigma de reivindicación de la democratización del crédito no es ajeno a la cuestión republicana, pues las instituciones legales financieras que se han asociado a este enfoque surgieron de gobiernos elegidos libremente por la voluntad popular.

En una nota de opinión, publicada el 16 de junio pasado en Clarín, Néstor Grindetti, ministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires, y Mario Morando, director del Banco Ciudad, cuestionan aspectos del proyecto puesto en discusión. El punto de vista que sostienen se nutre de la otra tradición que concibe al sistema financiero construido con la lógica de un mercado más en una economía sustentada en el rechazo a la participación pública. Esa tradición obtuvo leyes afines a su pensamiento cuando la República no funcionó y las dictaduras dispusieron autoritariamente modelos de liberalización financiera (1955, 1966 y 1976). Para esos funcionarios exigir una cuota de crédito obligatoria para las pymes resultaría una intervención dictatorial del Estado y sugieren que el déficit crediticio del sistema con las pymes responde centralmente a problemas de información.

A la información vamos: en febrero de 2010, el sistema bancario prestó sólo el 26 por ciento de su cartera a las pymes. Los bancos públicos nacionales les prestan más de un 30 por ciento de su cartera, los privados nacionales un 27, los cooperativos 62, los de capital extranjero menos de un 20 y las sucursales de entidades financieras del exterior un 14,5 por ciento. Los números expuestos demuestran una disparidad entre grupos de entidades que desmienten que el crédito a las pymes esté limitado por deficiencias informativas, revelando conductas empresarias de racionamiento del crédito en perjuicio de ese tipo de unidades productivas.

La teoría económica presenta fuertes evidencias y argumentos respecto de estos comportamientos, indicando la estructural ineficiencia mercantil para resolverlos y propiciando la acción pública para mitigarlos. ¿Se trata de un problema que se resuelve sólo con sofisticaciones informativas o se requiere un dispositivo legal y normativo encaminado a corregir conductas de firmas extranjeras que participan en el sistema?

Los autores sostienen que la desconcentración del sistema debe regularse de igual modo para la banca pública que para la privada. Desconocen el fundamental rol de banca testigo que la primera debe desempeñar y su papel como agente contracíclico en la economía. Poner topes para la desconcentración del sistema a la banca pública atenta contra el rol de banca testigo y favorece un ilimitado poder discrecional de los bancos privados más grandes. Pero más sustantivo aún es desconocer que la función de la banca pública es distinta y muchas veces contradictoria con la de la banca privada. ¿Es lógico poner un límite de tamaño a la banca pública cuando es necesario que preste en los momentos de crisis en que el sistema tiene una desenfrenada conducta de restricción crediticia?

La refutación es contundente si se verifica el comportamiento del Banco Nación durante la última crisis, no sólo por una decisión de gestión, sino por su utilización por parte del Poder Ejecutivo para la implementación de líneas de crédito que estimularon la actividad. Igual verificación de su conducta contracíclica se puede hacer analizando cuantitativamente el comportamiento de las carteras de crédito luego de la crisis del 2001.

Esas conductas no son sólo de orden doméstico. En Brasil mientras la banca privada se retraía en 2009 y el PBI caía un 4 por ciento, el Bndes incrementaba su cartera en un 37 por ciento. ¿Debió Lula poner un límite a esa expansión del banco público en el mercado?

Grindetti y Morando no pueden ignorar que el sistema financiero argentino está líquido, como consecuencia de la confianza y solidez devenida del actual régimen macroeconómico. Sin embargo, enuncian un problema ajeno a la dinámica actual del sistema como el crowding out (desplazamiento del crédito privado por la demanda del sector público). No hay hoy competencia por fondos entre las empresas y el Estado. Eso era de la época en que se financió la reconversión del sistema jubilatorio hacia el modelo privado en los noventa, donde imperaban las libertades financieras por las que abogan esos autores. Actualmente el problema es conseguir que los bancos presten, que haya crédito de largo plazo, que la liquidez abundante sea útil para el desarrollo nacional. Así, la actual presidenta del BCRA anunció regulaciones tendientes a estimular los préstamos a la producción, debiendo enfrentar conductas empresarias en las que prevalece el otorgamiento de crédito carísimo para el consumo y la resistencia del sistema a comprometerse con la asunción del riesgo típico de la actividad financiera.

Al igual que Martínez de Hoz, Grindetti y Morando bregan por una mayor liberalización financiera al pedir “relajar requisitos para brindar servicios financieros”, exactamente lo contrario de lo que se ve en el mundo en estos días. Siguiendo la ley de la dictadura que buscó elevar las tasas de interés reales, se oponen a que la autoridad establezca topes, favoreciendo la usura y atentando contra la inversión productiva. Se refieren a una supuesta promiscuidad de la intervención pública y no se pueden privar de clamar por la reducción del gasto público. Lo hacen luego que la dinámica de éste ha reducido sustantivamente el impacto de la crisis y en el marco de una sólida sustentabilidad fiscal de la economía argentina. Este descontextualizado, temática y temporalmente, pronunciamiento de liberalismo conservador repone la cuestión fundamental enunciada al principio: la reforma del sistema financiero supera las consideraciones tópicas específicas y se trata de la confrontación de dos modelos de país: uno liberal-conservador; otro democrático, nacional, transformador, popular y progresista.

Fieles a esa tradición liberal-conservadora los autores metamorfosean de forma degradante el concepto de democracia, promoviendo un ilimitado reino de la decisión privada al acusar de dictatorial una decidida opción por el direccionamiento del crédito por parte del Estado. Contrariamente, en la tradición democrática lo dictatorial refiere a la obturación de la decisión ciudadana. La ley 21.526 en sus formas y contenidos es la expresión concentrada de los objetivos de la dictadura, la democracia debe cambiarla por otra sustantivamente opuesta a ella

* Director del Cefid-Ar.

** Investigadores del Cefid-Ar.

Existen muchas maneras de frenar los excesos de los grandes bancos. Una versión contundente de la llamada Regla Volcker (destinada a obligar a los bancos respaldados por el Gobierno a retomar su misión fundamental de prestar dinero) podría funcionar. Pero el Gobierno estadounidense sería negligente si dejara las cosas tal como están.

JOSEPH E. STIGLITZ, El País

Han pasado casi dos años desde el colapso de Lehman Brothers, y más de tres años desde el comienzo de la recesión global generada por las fechorías del sector financiero para que Estados Unidos y Europa finalmente reformaran la regulación financiera.
Quizá deberíamos celebrar las victorias regulatorias tanto en Europa como en Estados Unidos. Después de todo, existe un acuerdo prácticamente universal de que la crisis que enfrenta el mundo hoy -y que probablemente siga enfrentando durante años- es el resultado de los excesos del movimiento de desregulación que se inició durante los Gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan hace 30 años. Los mercados sin trabas no son ni eficientes ni estables.
Sin embargo, la batalla -y hasta la victoria- han dejado un sabor amargo. La gran mayoría de los responsables de los errores -ya sea en la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en el Tesoro de Estados Unidos, en el Banco de Inglaterra y la Autoridad de Servicios Financieros de Gran Bretaña, en la Comisión Europea y el Banco Central Europeo o en los bancos individuales- no se han hecho cargo de sus fracasos.
Los bancos que causaron estragos en la economía global se han negado a hacer lo que es necesario hacer. Peor aún, han recibido respaldo de la Reserva Federal, de quien uno habría esperado una postura más cautelosa, en vista de la magnitud de sus errores pasados y de lo evidente que resulta que se hace eco de los intereses de los bancos que supuestamente debía regular.
Esto es importante no sólo por una cuestión de historia y responsabilidad: es mucho lo que se deja a criterio de los reguladores. Y eso deja abierto el interrogante: ¿Podemos confiar en ellos? En mi opinión, la respuesta es un no rotundo, razón por la cual necesitamos “definir de un modo inamovible” el marco regulatorio. La estrategia habitual -delegar la responsabilidad en los reguladores para que elaboren los detalles- no será suficiente.
Y eso plantea otro interrogante: ¿En quién podemos confiar? En cuestiones económicas complejas, se había depositado la confianza en los banqueros (después de todo, si ellos ganan tanto dinero, obviamente saben algo) y en los reguladores, quienes a menudo (pero no siempre) provenían de los mercados. Pero los acontecimientos de los últimos años han demostrado que los banqueros pueden ganar dinerales, y al mismo tiempo socavar la economía e imponerle cuantiosas pérdidas a sus propias firmas.
Los banqueros también han demostrado tener una “ética cuestionable”. Un tribunal de justicia decidirá si el comportamiento de Goldman Sachs -apostar contra productos que la propia empresa creaba- fue ilegal. Pero la corte de la opinión pública ya ha presentado su veredicto sobre la cuestión mucho más relevante de la ética de ese comportamiento. Que el CEO de Goldman se viera a sí mismo haciendo “el trabajo de Dios” mientras su firma vendía productos cortos que ella misma creaba, o diseminara rumores difamatorios sobre un país donde se desempeñaba como “asesor” sugiere un universo paralelo, con diferentes códigos y valores.
Como siempre, “el diablo está en los detalles”, y los lobistas del sector financiero han trabajado arduamente para asegurarse de que los detalles de las nuevas regulaciones beneficien a sus empleadores. En consecuencia, probablemente pase mucho tiempo antes de que podamos evaluar el éxito de cualquier ley que el Congreso estadounidense finalmente promulgue.
Eso sí, los criterios para el juicio son claros: la nueva ley debe poner fin a las prácticas que pusieron en peligro a toda la economía global, y reorientar el sistema financiero hacia sus tareas apropiadas -gestionar el riesgo, asignar capital, ofrecer crédito (especialmente a las pequeñas y medianas empresas) y operar un sistema de pagos eficiente.
Deberíamos brindar por los probables logros: se establecerá alguna suerte de comisión de seguridad de los productos financieros; cada vez más operaciones con derivados pasarán de las sombras del mercado turbio y “hecho a medida” a las Bolsas y las Cámaras compensadoras; y se restringirán algunas de las peores prácticas hipotecarias. Es más, parece probable que se recorten los honorarios escandalosos que se cobran por cada transacción de débito -una especie de impuesto que no tiene otro objetivo público que el de llenar las arcas de los bancos.
Sin embargo, los probables fracasos son igualmente dignos de mencionar: el problema de los bancos demasiado grandes para quebrar hoy es peor de lo que era antes de la crisis. Una mayor autoridad de resolución ayudará, pero sólo un poco: en la última crisis, el Gobierno estadounidense “hizo la vista gorda”, no pudo utilizar los poderes que tenía e innecesariamente rescató a accionistas y bonistas -todo porque temía que, de no hacerlo, la situación derivara en un trauma económico-. Mientras haya bancos que son demasiado grandes para quebrar, el Gobierno muy probablemente vuelva a “hacer la vista gorda”.
No sorprende que los grandes bancos lograran frenar algunas reformas esenciales; lo que sí fue una sorpresa fue una cláusula en el proyecto de ley del Senado estadounidense que prohibía que las entidades resguardadas por el Gobierno suscribieran derivados riesgosos. Esa suscripción avalada por el Gobierno distorsiona el mercado, otorgándoles a los bancos una ventaja competitiva, no necesariamente porque sean más eficientes, sino porque son “demasiado grandes para quebrar”.
La defensa de los grandes bancos por parte de la Fed -que es importante que los prestatarios puedan minimizar sus riesgos- revela hasta qué punto resultó capturada. La legislación no estaba destinada a prohibir los derivados, sino sólo a prohibir garantías gubernamentales implícitas, subsidiadas por los contribuyentes (¿recuerdan el rescate de AIG de 180.000 millones de dólares?), que no son un subproducto natural o inevitable del préstamo.
Existen muchas maneras de frenar los excesos de los grandes bancos. Una versión contundente de la llamada Regla Volcker (destinada a obligar a los bancos respaldados por el Gobierno a retomar su misión fundamental de prestar dinero) podría funcionar. Pero el Gobierno estadounidense sería negligente si dejara las cosas tal como están.
La cláusula del proyecto de ley del Senado sobre derivados es una buena prueba de fuego: la administración Obama y la Reserva Federal, al oponerse a estas restricciones, claramente se posicionaron del lado de los grandes bancos. Si en la versión final del proyecto de ley logran sobrevivir restricciones efectivas en el sector de los derivados de los bancos resguardados por el gobierno (ya sea resguardados realmente o de manera efectiva porque son demasiado grandes para quebrar), el interés general podría prevalecer sobre los intereses especiales, y las fuerzas democráticas sobre los lobistas adinerados.
Pero si, como predicen muchos analistas, se eliminan esas restricciones, será un día triste para la democracia -y un día más triste aún para las perspectivas de una reforma financiera significativa-.

Se trata pues de territorios cuyas regulaciones, fundamentalmente fiscales y financieras, son establecidas con el fin de atraer dinero procedente del exterior que no tendrá como destino la actividad productiva del país receptor1. Hablamos entonces de paraísos fiscales sólo para extranjeros, ya que para los residentes las regulaciones suelen ser mucho más estrictas.

Por Alberto Garzón Espinosa,
Consejo Científico de Attac España,Economía Crítica y Crítica de la Economía.

Hoy en día, y especialmente desde la reciente crisis financiera, prácticamente todo el mundo ha oído hablar de los paraísos fiscales. Su nombre suele estar asociado a la corrupción o a la evasión fiscal, y normalmente son entendidos como instrumentos utilizados para bien ocultar ingresos procedentes de actividades ilegales o bien ocultar ingresos que siendo legales deberían haber sido declarados ante el Estado. Sin embargo, su extensión y trascendencia va mucho más allá de esta simple descripción. No en vano, y como veremos someramente, los paraísos fiscales también agravan las crisis financieras y contribuyen a su gestación, son un canal que agudiza las desigualdades y la pobreza, permiten y protegen la delincuencia financiera, y socavan las democracias al condicionar el comportamiento de los países en materia fiscal y de política económica.
En este documento vamos a esbozar algunas ideas que serán de utilidad para un primer acercamiento al fenómeno de los paraísos fiscales.

¿Qué son los paraísos fiscales?
Lo primero que debe tenerse en cuenta es que no existe una definición precisa de lo que se entiende por paraíso fiscal. El fenómeno es de una complejidad tal que las instituciones internacionales que lo han estudiado (Fondo Monetario Internacional, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, etc.) no han llegado a ningún consenso acerca de lo que son realmente los paraísos fiscales. Una muestra de ello es la inmensa cantidad de formas que existen para hacer referencia a ellos: jurisdicción o enclave offshore, jurisdicción o enclave de baja tributación, enclave extraterritorial, oasis fiscal, tax havens (refugios de impuestos), centros extraterritoriales, etc.
No obstante, y para el propósito que aquí nos proponemos, hemos optado por quedarnos con la siguiente definición:
“[Son paraísos fiscales] todos los centros financieros que desarrollan una actividad desregulada, descontrolada y ajena a las regulaciones comunes a los demás países con los que se relacionan, por estar destinados de modo especial a las empresas o a los particulares no residentes, actividad incentivada por la escasa o nula tributación” (Hernández Vigueras, 2005)
Se trata pues de territorios cuyas regulaciones, fundamentalmente fiscales y financieras, son establecidas con el fin de atraer dinero procedente del exterior que no tendrá como destino la actividad productiva del país receptor1. Hablamos entonces de paraísos fiscales sólo para extranjeros, ya que para los residentes las regulaciones suelen ser mucho más estrictas. Es la razón por la que se habla también de sistemas duales: un sistema de juego muy flexible y laxo para los extranjeros que convive con un sistema fuertemente regulado y supervisado para los residentes.
Los organismos internacionales establecen una serie de características que serían comunes a todos los paraísos fiscales, y a partir de las cuales elaboran sus listas negras. Como hemos dicho, todos los organismos difieren al considerar si algunos territorios son o no verdaderos paraísos fiscales precisamente por diferencias en el criterio de asignación. Así, mientras la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) considera que hay 40 paraísos fiscales2, el Fondo Monetario Internacional (FMI) contabiliza 46, el Senado de Estados Unidos sólo 35, y la Tax Justice Network sube la cifra hasta 72.
Dicho esto, y teniendo presente que las características difieren en intensidad entre un paraíso fiscal y otro, vamos a ver algunas de las más importantes.
La primera de todas es su fiscalidad nula o reducida, que es utilizada para atraer el dinero. Hay que tener en cuenta que el dinero se mueve por el sistema financiero global (ver más adelante) buscando revalorizarse, es decir, aumentar de valor. Para las empresas, bancos y otros agentes que mueven ese dinero los impuestos son entendidos como un coste que reduce sus beneficios y, por lo tanto, su rentabilidad. La lógica de estos agentes será, en consecuencia, la de reducir sus cargas impositivas utilizando todo tipo de mecanismos y uno de ellos, el que aquí nos ocupa, es el uso de los paraísos fiscales.
Una segunda característica es la laxa normativa financiera. Es posible hacer prácticamente todo en el ámbito financiero de un paraíso fiscal: desde crear nuevas instituciones financieras (bancos o entidades para los bancos) en unos instantes y sin apenas requerimientos hasta constituir empresas enteras o holdings (conglomerados de empresas), pasando por el secreto bancario (la discreción y reserva profesional que tienen los bancos y sus empleados para no revelar el verdadero propietario de las cuentas o activos materiales).
Una tercera característica es la ya mencionada naturaleza de enclave, esto es, de territorio con un sistema regulatorio dual: diferente para residentes y para extranjeros. A las entidades que se establecen en los paraísos fiscales, especialmente si son entidades financieras, no se les aplica prácticamente ninguna regulación (cosa que sí ocurriría en caso de estar establecidas en el país de origen3). Por esta misma razón se suele dar una relación desproporcionada entre el nivel de actividad financiera y la economía real del territorio en cuestión. Un ejemplo significativo es el de la isla de Sark, que en el año 2005 tenía 575 habitantes, 15.000 empresas y 1 solo residente era director de 2.400 empresas.
Una cuarta característica es su condición de territorios con autogobierno suficiente para determinar su propia regulación en materia fiscal y económica, sin que ello signifique que tengan que tener la condición de países. A veces se entiende también que algunos territorios dentro de los propios Estados también pueden ser paraísos fiscales debido precisamente a esta capacidad.
Por otra parte, y debido a que los paraísos fiscales también compiten entre ellos, muchos de ellos se han especializado en algún tipo de servicio (especulación con títulos, registro de buques, etc.).
En todo caso, y merece la pena reseñarlo, toda la actividad económica en los paraísos fiscales es muy poco transparente. No existen datos precisos del movimiento real de dinero por dichos territorios, y de forma oficial sólo podemos contar con datos parciales y con estimaciones. Algunas estimaciones cuantifican en más de un tercio del PIB mundial el volumen de transacciones que pasan por los paraísos fiscales.

¿Quiénes y cómo utilizan los paraísos fiscales?
Fundamentalmente tres tipos de agentes diferentes: bancos, empresas multinacionales e individuos de grandes patrimonios. Si bien todos estos agentes se aprovechan de los paraísos fiscales en beneficio propio, sus fines concretos y sus mecanismos difieren de unos a otros.
Los bancos tienen un papel clave en las economías de nuestro tiempo. Tradicionalmente, y desde la existencia del capitalismo, los bancos han tenido un rol crucial como intermediarios financieros. El dinero que se depositaba en ellos (por ejemplo por los trabajadores) era prestado a empresas que lo necesitaban para llevar a cabo su actividad (por ejemplo para comprar maquinaria y pagar salarios). Los bancos ganaban porque prestaban más caro que lo que pagaban a los depósitos.
Sin embargo, hoy esa función ha perdido importancia, y los bancos destinan ese dinero no tanto a prestarlo a las empresas sino a invertir en los mercados financieros. Ese dinero se invierte en acciones, bonos, obligaciones, etc. para poder revalorizarlo, y la forma habitual de hacerlo es constituyendo fondos de inversión colectiva. Estos fondos no son más que “entidades” creadas por los bancos que recogen dinero de muchas fuentes (personas individuales, ahorro empresarial o incluso de otros fondos) y sumados se invierten en cualquier producto financiero (acciones, por ejemplo). Al cabo de un tiempo, cuando se han revalorizado, se devuelve a los propietarios últimos el nominal (el dinero invertido) más los intereses, quedándose el banco con una importante comisión. Tipos de fondos son los conocidos fondos de pensiones privados o los fondos de inversión a secas. Un tipo de fondo muy agresivo y nada regulado son los llamados fondos de cobertura o hedge funds, que se constituyen en su mayoría en paraísos fiscales para operar con facilidad, y su acción es muy perjudicial para la economía mundial. No obstante, lo que interesa ahora mismo es comprender que el dinero viaja, que se mueve continuamente buscando crecer, y lo hace lógicamente buscando minimizar costes y maximizar beneficios.
Por otra parte, por la importancia que tienen los bancos en nuestra economía (basta ver los recientes y millonarios rescates financieros), los bancos suelen estar sometidos a supervisión estatal. Se les imponen normas financieras que intentan mitigar su exposición al riesgo y su actividad perjudicial, algo que se consigue examinando los balances contables de los bancos. Sin embargo, los paraísos fiscales funcionan en este caso como válvulas de escape. Los bancos pueden crear sucursales, filiales o incluso otras entidades independientes en los paraísos fiscales para evitar estas regulaciones. Así, aunque en realidad el riesgo está asumido en última instancia por el banco matriz (el que está en el país que sí tiene regulación) puede disponer de un enorme entramado de otras empresas de su propiedad que están operando desde los paraísos fiscales y que están asumiendo riesgos imperceptibles para los reguladores. Cuando ocurre un evento como una quiebra en el paraíso fiscal o una crisis financiera generalizada los bancos tienen que asumir todas las pérdidas de sus entidades, trasladándose de forma inmediata a los países.
Finalmente baste decir que los requisitos de apalancamiento (endeudamiento sobre dinero original) no existen en los paraísos fiscales. Esto significa que cualquier empresa o fondo de inversión puede realizar operaciones no con su dinero sino con tanto dinero prestado como quiera. En caso de beneficio, la rentabilidad es mucho más alta, pero en caso de pérdida el problema es gravísimo y muy contagioso (los impagos se suceden unos a otros).
Las empresas multinacionales o transnacionales (ETN) son agentes que también utilizan los paraísos fiscales para sus actividades. Sabido es que las ETN fragmentan sus actividades buscando maximizar sus beneficios. Así, pueden tener sus oficinas administrativas en España, sus fábricas en Rumanía, sus servicios de teleasistencia en Argentina y su sede en algún paraíso fiscal. Se trata de minimizar costes en cada campo, allí donde la mano de obra es más barata, los costes medioambientales y los impuestos más bajos, o los requisitos legales sean menores.
El uso de los holdings o conglomerados empresariales es muy habitual. Se trata de entidades creadas para ser propietarias de un grupo de empresas independientes entre sí, y al estar registrado el holding en un paraíso fiscal tendrá que pagar menos impuestos y, en muchos casos, los dividendos e intereses cobrados estarán exentos.
Desde los paraísos fiscales las empresas o filiales de las ETN también podrán obtener financiación (dinero para llevar a cabo sus actividades) vía préstamos o emisión de títulos de forma mucho más barata. Veremos también el caso de Enron, que utilizó centenares de entidades registradas en paraísos fiscales para ocultar sus balances contables y sus cuentas amañadas.
Otro mecanismo utilizado es la transferencia de precios. Las ETN pueden manipular los precios de las mercancías de tal forma que a través de diversas combinaciones acaben pagando muy pocos impuestos. Como ejemplo tenemos el caso de las exportaciones. Una ETN en un país normal puede exportar a una filial en un paraíso fiscal unos productos a un bajo precio (bajo beneficio, lo que supone un bajo impuesto) para que luego la filial pueda venderlo mucho más caro (alto beneficio, sin impuesto por estar en paraíso fiscal); todo ello, por supuesto, sin que la mercancía se haya movido realmente de sitio.
En otros casos, que tendremos oportunidad de ver con detalle, las ETN registran una gran cantidad de empresas en paraísos fiscales para poder llevar a cabo actividades marítimas. Es el tema de las banderas de conveniencia: cada buque está registrado en un paraíso fiscal como una empresa en sí misma, con el objetivo de reducir riesgos. Pero además, entran en juego otros actores como el armador y el propietario de la carga, todos ellos siempre ocultos tras un entramado complejísimo de entidades registradas en paraísos fiscales. El caso del Prestige es sin duda representativo. El Prestige navegaba bajo pabellón de Las Bahamas, y era propiedad de una sociedad registrada en Liberia, que a su vez era propiedad de una familia griega. El armador o gestor del buque era una sociedad griega que había contratado una tripulación de trabajadores filipinos y rumanos y a un capitán griego. Y la carga era propiedad de una sociedad de Suiza que era a su vez propiedad de un holding (entramado de empresas) ruso que estaba registrado en Liechenstein.
Las personas de grandes patrimonios (High net worth individual) son aquellas que tienen activos líquidos (no propiedades, sino valores que se pueden transformar en dinero contante y sonante con facilidad) por valor superior al millón de dólares. Debido a la reducción de impuestos generalizada en el mundo desde los años setenta y, entre otras cosas, también a la existencia de los paraísos fiscales estas personas han incrementado sus fortunas de forma espectacular en los últimos decenios. Operan fundamentalmente en paraísos fiscales y a través de gestores que muchas veces son bancos (normalmente es la Banca Privada). Estas grandes sumas de dinero de estos individuos se canalizan a través de diversas formas (todo tipo de fondos) para revalorizarse, utilizando los paraísos fiscales de forma preferente.
Los paraísos fiscales, no en vano, sirven especialmente para la protección de todo tipo activos. A través de mecanismos como los fideicomisos (personas que detentan la propiedad de algo sólo virtualmente) las grandes fortunas pueden esquivar las regulaciones fiscales de sus propios países e incluso las leyes sobre herencia y sucesiones. La Banca Privada asesora a estas grandes fortunas creando unos complejos entramados de empresas y entidades que ocultan la propiedad de las mismas, evitando así las posibles inspecciones fiscales.
Hay muchos mecanismos a través de los cuales todo ello se puede conseguir, como veremos, pero algunos son tan sencillos como abrir cuentas anónimas o numeradas en paraísos fiscales y gastar el dinero de las mismas mediante tarjetas de crédito. Hoy en día existe libertad plena de movimientos financieros y es posible pagar con una tarjeta cualquiera en cualquier establecimiento (o sacar dinero de un cajero) y con cargo a una cuenta en un paraíso fiscal.
Existen también otras formas que se usan para evadir impuestos o hacer fraude fiscal. Son habituales en deportistas de élites que ubican su residencia en algún paraíso fiscal, pero también por otros profesionales (médicos, consultores, etc.). A veces, algunos de estos profesionales crean empresas en paraísos fiscales para que sean éstas las propietarias de sus activos (coches, casas, etc.) y las que sean contratadas para efectuar servicios (atención médica, por ejemplo), de forma que evitan así la tributación.
En definitiva…
Hablamos de la interrelación entre territorios (normales y paraísos fiscales) sometidos a regulaciones fiscales y económicas diferentes. Los paraísos fiscales se usarían como escenario para que determinados agentes (bancos, ETN, etc.) reduzcan costes y maximicen beneficios mediante distintos mecanismos que casi siempre sirven para evitar los impuestos a los que se les sometería en caso de actuar en territorios normales.
Esos mecanismos son siempre contratos de algún tipo o una combinación de ellos, como de forma general hemos visto más arriba. Y en esos contratos entran en juego productos financieros (acciones, bonos, derivados, etc.) que sirven al objetivo último de maximizar beneficios minimizando el pago de impuestos.
Las consecuencias son múltiples. Desde el incremento de la inestabilidad financiera y las criiss financieras, hasta los conocidos casos de corrupción y blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas, pasando por la agudización de la desigualdad y la pobreza.
El impacto que tiene la existencia de los paraísos fiscales va, no obstante, más allá también de los mecanismos que se utilizan en ellos, ya que su mera existencia es un elemento que presiona a los regímenes fiscales de los países desarrollados y los lleva a competir en condiciones de desigualdad. Así, los países ricos se ven presionados a reducir sus cargas impositivas para evitar en cierta medida la huída de dinero, provocando un incremento de la desigualdad (por el efecto redistributivo de los impuestos) y deteriorando los servicios públicos. Pero, además, un escenario como el actual donde, como dice Galeano, el dinero es más libre que la gente, las democracias se ven subordinadas a la actuación de los mercados. En este sentido, hay un ejemplo claro y sencillo: cómo han operado algunos fondos de inversión (residentes en paraísos fiscales) en el reciente ataque especulativo contra Grecia y España, que ha obligado a los gobiernos a llevar a cabo reformas radicales que merman gravemente el bienestar de sus poblaciones