Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

3Jun/120

Qué es lo que determina si el tipo de cambio es adecuado en un país?

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Jorge Molinero*
No es correcto medir el nivel de equilibrio en función que determinadas actividades que antes eran competitivas ahora no logran exportar, ya que otras lo harán. Por ejemplo, una actividad muy competitiva como la producciòn agrícola pampeana, con los precios elevados actuales, puede exportar con el dólar a $4,45 aún con las retenciones del 35 % para la soja y otros porcentajes para distintos cultivos. Es más, seguiría siendo rentable aún con una apreciación de más del 30 % sobre los niveles actuales, tal su productividad, ventajas naturales y alto precio internacional.
Hay otras actividades industriales, más intensivas en mano de obra y/o con escalas de producción subóptimas, que fueron competitivas entre el 2002 y 2007, logrando participación internacional (o al menos regional) y hoy no logran mantener esos mercados aún con el atraso cambiario que (aún) tiene Brasil. Son los sectores en los que la productividad creció menos que la apreciación cambiaria que se aceleró de 2007 a la fecha.
No existe por lo tanto, un tipo de cambio que satisfaga las expectativas de todos los sectores transables, ya que será redundante para los de alta productividad y no alcanzará para los de baja.
El tipo de cambio real de equilibrio es aquel que permite que las exportaciones de bienes y servicios alcancen para pagar las importaciones idem más la remisión de utilidades, intereses privados y públicos y servicio de la deuda externa, y que ello se logre sin deterioro del nivel de reservas necesaria para evitar contingencias.
Aclaramos que dentro de la importación de servicios está lo gastado en turismo en el exterior.El número para este año 2012 está entre u$s 10.000 y 12.000 de superávit comercial para atender la remisión de utilidades, servicio de la deuda pública y privada y mantenimiento del nivel de reservas.
Aún suponiendo que no hubiese fuga de divisas con fines de atesoramiento, si Moreno no ponía el cerrojo a las importaciones con el régimen de Licencias Previas y posteriormente con las DJAI, el superávit comercial no habría sido u$s 4795 millones en el primer cuatrimestre, sino algo más cercano a los u$s 3.000 de igual período de 2011. A ese ritmo no se habría logrado el superavit comercial deseado de u$s 10.000/12.000 necesario para los pagos del año.
La compra de dólares por particulares, para fugarlos al exterior, ponerlos en un colchón en el país o en una caja fuerte de un banco, es un hábito muy fuerte de las clases altas y medias con capacidad de ahorro, cuando no tienen muchas alternativas para mantener el poder adquisitivo de sus ahorros. Objetivamente ahorrar en dólares fue mal negocio desde 2002 en adelante, una vez producida la devaluación. Fue ganancia para los que ya los tenían al 30 de Diciembre de 2001, y paremos de contar. En 10 años el dólar se desvalorizó en forma importante, ya que todos los bienes a adquirir, en Argentina o en cualquier país de la región con los que comercializamos, expresados en dólares cuestan mucho más. Un departamento de u$s 150.000 en 2003 no se conseguía por menos de u$s 250.000 en 2011, y lo mismo se puede calcular para países vecinos como Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil, socios comerciales importantes.
Lo que ha hecho el gobierno ahora es cerrar el grifo de la salida de dólares con fines de atesoramiento, dejando a los que tienen excedentes las posibilidades de inversiones reales, o colocación de su dinero a interés bancario, o bonos del gobierno nacional.
Esta es una medida que aplaudo, así como todas las otras que han tomado para administración del comercio (DJAI y Licencias previas de importación, plazos de ingreso de divisas, etc.), pero está claro que sin la restricción comercial no se lograría el superávit deseado, con lo que la conclusión es clara: hay atraso cambiario en general, no muy importante pero si que lo hay. No debemos caer en la posición maniquea que el que dice que hay un nivel de atraso cambiario es porque aboga por una maxidevaluación para enriquecer a los tenedores de dólares al tiempo que enfría la actividad y disciplina a las clases trabajadoras.
Al margen de lo que me gustaría, hay atraso moderado y el equilibrio se mantiene con medidas administrativas, que se pueden mantener un tiempo pero no en forma permanente, por las derivaciones indeseadas que inevitablemente se producen. El caso es claro, con un tipo de cambio como el actual, sin restricciones comerciales como las impuestas, y aún suponiendo que se haga control de cambios para evitar la fuga de divisas, no se lograría el superávit comercial necesario para el equilibrio tal como fue indicado. Eso es un signo claro de retraso cambiario.

Allí interviene la política. La derecha, cuando vió esa debilidad real, unido a que el gobierno ya no tiene superávit financiero interno (apenas un débil superávit primario) batió el parche de la falta de libertad para comprar dólares hasta el paroxismo, arrastrando tras de si al conjunto de las clases medias con alguna capacidad de ahorro, hasta los límites más pequeños, y esos sectores son los que vehiculizan el "malestar" que generan y retratan Clarín, Nación y la red de repetidoras cipayas propias y ajenas.
Diferenciemos entonces la intencionalidad de desestabilización política, que siempre está presente y agazapada en la oposición mediático-económica, de los hechos reales. Hay atraso cambiario moderado, y sobre esas bases aún débiles pero reales operan. Por lo tanto, en las presentes circunstancias hay que apoyar al gobierno en sus restricciones comerciales y en el control de cambio para particulares, y sería deseable que se acaben con otras redoblonas aún abiertas (como el contado con liqui en bonos gubernamentales y otras lindezas).
Sin embargo, para pasar el mal momento que en este aspecto será 2012 y posiblemente 2013, el gobierno tendrá que idear algo más sustancioso que la mera represión de importaciones y atesoramiento, ya que el atraso no es ilusorio sino real, aunque su magnitud no sea del porcentual que sugiere el dólar ilegal.

La base del atraso cambiario (aún del multilateral, no sólo frente al alicaído dólar) está en la divergencia entre la tasa de aumento de los salarios nominales, descontado el incremento de la productividad media, y la devaluación frente a la canasta de monedas con las que comercializamos. En forma simplificada algunos lo expresan como la divergencia entre inflación "real" (que todos estiman a su gusto) y sólo el dólar. Esa simplificación fue bien criticada por Zaiad, pero el conjunto de variables bien medido por su consecuencia (no generación de superávit necesario en condiciones sin restricciones al tipo de cambio vigente) es lo suficientemente explicativo del atraso cambiario. Y en la base de la inflación real está la puja redistributiva entre sectores económicos concentrados y sindicatos fuertes con bajo nivel de desocupación en el sector formal, a quienes representan. En los últimos años, la capacidad reivindicativa de los trabajadores organizados fue más fuerte que la capacidad de remarcación de los empresarios, de allí el incremento de poder adquisitivo real, medido con cualquier índice inflacionario, no solo el de Indec (1)

El gobierno no tiene muchas opciones al corto plazo, pues una aceleración de las devaluaciones semanales, con el nivel de actividad aún elevado que tiene el país, se traduciría en presiones inflacionarias y recalentamiento de las pujas distributivas en el medio de las renovaciones de las convenciones colectivas de trabajo y la renovación de la dirigencia de la CGT. Ha optado por la represión cambiaria, y al corto plazo no le queda otra. Pagará un costo político, inevitable con ciertos sectores de las clases medias que lo habían apoyado o no eran opositores muy radicalizados, que se acercarán a sectores más recalcitrantes.

Informar bien ayudaría, sin dudas, pero el problema no se resuelve con sólo información. Tiendo a pensar que el gobierno está comprando tiempo para ver si las restricciones comerciales y el control de cambios para evitar la fuga le permite cerrar el año sin sobresaltos externos, mientras mira con el otro ojo la desaceleración de la actividad industrial, que más tarde o más temprano se traducirá en una elevación de la tasa de desocupación si los sectores no transables no compensan su falta de dinamismo. Habrá un costo en el sector popular, incluyendo el sindicalizado, por el menor grado de actividad económica, y un costo en los sectores medios por las restricciones de acceso al dólar. De la magnitud de ambos deterioros depende el mantenimiento de la fortaleza política del gobierno y la posibilidad de seguir avanzando en la profundización del modelo de alto crecimiento con redistribución progresiva del ingreso.
(1) Una breve digresión: correctamente se indica que los sectores concentrados tienen la capacidad de pasar a precio los aumentos salariales que le arrancan los sindicatos organizados, pero no está claro que todos lo logren superar. Las pruebas al canto son que el promedio de incremento salarial de los últimos cuatro años han sido claramente superiores al promedio de incremento de los precios, que contiene tanto a los sectores concentrados como los no concentrados. Eso es el efecto buscado por el gobierno de incremento de salario real y redistribución progresiva de la renta nacional. Respecto a la capacidad irrestricta de los primeros en subir los precios en cualquier circunstancia para acomodar su tasa de ganancias, recuerdo que durante la convertibilidad y apertura irrestricta no sólo no subieron los precios después de 1992/1993, sino que la competencia externa y atraso cambiario hicieron que en muchos casos bajaran los precios nominales, experiencia inédita en la Argentina. Más aún, en las postrimerías del régimen de Convertibilidad (2001) hubo muchos acuerdos de reducción nominal de salarios en los sectores industriales atacados por la competencia externa y la creciente recesión. La capacidad de subir los precios, al igual que la de subir los salarios, depende del nivel de actividad y el grado de protección externa, por tipo de cambio o administración del comercio.
*Economista integrante de la Comisión de Economía de Carta Abierta.

28May/120

Presente y futuro

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En medio de las noticias cotidianas y las discusiones sobre la situación actual de la moneda estadounidense en el mercado cambiario argentino, se ha perdido de vista la proyección futura del dólar y su relación con la estructura económica argentina de los años por venir.
Por:
Alejandro Rofman
El dólar en el mundo ha dejado de ser la moneda solvente y exclusiva como reserva de valor que era conocida como tal hasta hace un par de décadas. En ello incidió la emergencia de nuevas estructuras productivas muy dinámicas que llevaron sus respectivas monedas –como el yuan chino, el yen, el marco alemán y, luego, el euro– a posiciones preeminentes. La debilidad del dólar se fue acentuando cuando los EE UU, sin dejar de ser la potencia económica mundial líder, comenzó no hace mucho a exhibir elevados déficits en su balanza comercial y en su cuenta presupuestaria anual y tuvo –y tiene– que acudir a la emisión de títulos públicos para que, especialmente, China los adquiera y la ayude a cerrar la brecha de tales déficits. La notable dependencia de la economía estadounidense del financiamiento chino redujo el peso real del dólar en los intercambios financieros y comerciales mundiales. Además, alianzas de países desarrollados o en pleno desarrollo comenzaron a operar sin el dólar como moneda de cuenta en sus transacciones internas de tipo comercial. Hasta la Argentina y Brasil, hace poco, iniciaron un camino similar al que ahora se intentan plegar otros países de la región. Para nuestra economía sigue siendo importante la posesión de reservas en dicha moneda.
¿Por qué entonces tanto ruido interno con el dólar? Es que todavía para un gran sector de la clase media y alta dicha moneda –que para muchos va a sufrir una fuerte devaluación en los próximos años sigue siendo tanto desde el punto– de vista simbólico como monetario un instrumento de conservación de valor, sobre todo por nuestra historia inflacionaria desde hace 60 años. ¿Cómo hacer para que los que así opinan dejen de colocar al dólar en el centro de la atención pública? Parece oportuno comenzar una campaña aleccionadora a la población en general con los argumentos arriba citados y a la vez dictar normas (caso precios de bienes inmobiliarios) que valoricen al peso argentino como instrumento real de manejo de los intercambios económico-financieros. Es preciso destacar el proceso de progresiva sustitución del dólar en su función histórica y, remarcar, que la solidez de nuestro aparato productivo, de las reservas monetarias, del comportamiento positivo de las balanzas comercial y de pagos y del superávit presupuestario nos aleja de cualquier eventual tormenta con el dólar y que este pasajero episodio , surgido por la necesidad de resguardar recursos monetarios internacionales en plena crisis mundial, atañe a una moneda que cada vez es menos representativa de solidez y confianza.

15Oct/110

¿No estará siendo todo simplemente un robo?

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Luis Alegre Zahonero
Sobre el libro Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan, Madrid, Icaria, 2011 (coordinado por Bibiana Medialdea)
Quienes no somos economistas estamos de enhorabuena. La publicación del libro Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan , coordinado por Bibiana Medialdea, es un foco de luz apuntando a los mecanismos básicos con los que, de un tiempo a esta parte, no han parado de vapulearnos. En las páginas de los periódicos nos encontramos cada mañana con una especie de parte médico diario sobre el estado de ánimo de los mercados. Pasamos el día pendientes de si están nerviosos, irritados, abatidos, eufóricos, o si está a punto de darles de nuevo un ataque de histeria que nos va a arruinar la vida a todos. Resulta sin duda inquietante depender a vida o muerte de alguien con ese cuadro psiquiátrico y que no sabemos quién es. Lo único que conocemos, al parecer, es la terapia adecuada: inyectarle dinero constantemente como el que administra la dosis diaria de tranquilizantes. Así, hay que ajustar salarios, reducir pensiones, ampliar la edad de jubilación, recortar en sanidad, desmantelar la educación y liquidar todos los bienes públicos para preparar las inyecciones que necesita ese loco de atar en cuyas manos estamos.
Lo cierto es que todos (también quienes no somos economistas) estamos ya desde hace tiempo con la mosca tras la oreja. Sospechamos que detrás de todo esto se esconde una gigantesca estafa, pero escuchamos las explicaciones con la misma desconfianza e impotencia con la que cualquier labriego ha escuchado siempre las explicaciones que le daban el terrateniente o el hombre de negocios de la ciudad: sabiendo que es todo mentira pero ignorando los detalles que nos permitirían confrontar la explicación.
A este respecto, Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan resulta luminoso. En efecto, se trata de un libro que llama la atención por su sencillez y claridad. Esto, sin duda, constituye un mérito de los autores, pero no tanto por la transparencia de su (digamos) “estilo literario” como por la precisión con que analizan lo indignantemente simple que, en el fondo, es la cosa misma. A este respecto, junto con la claridad, lo que más se agradece en el libro es el extraordinario rigor teórico con el que se abordan las cuestiones. Ciertamente, en los tiempos que corren, cuando los hechos desnudos nos dan la razón con tanto empeño, no hay peor negocio que la propaganda. Pero, en esta ocasión, nos encontramos con el rigor académico del que este grupo de economistas ha hecho gala en trabajos de investigación anteriores (como, por ejemplo, el libro Ajuste y salario: las consecuencias del neoliberalismo en América Latina y Estados Unidos, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2009), puesto ahora al servicio de explicarnos quiénes son los mercados, por qué las agencias de calificación tienen tanto poder, cómo una crisis financiera en EEUU llegó a convertirse en una grave crisis financiera y económica mundial, cuál es el papel de los bancos en la crisis, por qué ahora son los estados los que están en crisis, por qué hay amenazas sobre España si su deuda pública no es elevada, cómo se concreta la dictadura de los mercados y por qué la suspensión de pagos de un país europeo pone en peligro al euro, que son las 8 preguntas a las que se contesta antes de pasar, en los tres últimos capítulos, a plantear posibles salidas y soluciones.
En definitiva, basta aclarar cómo y por qué han ocurrido las cosas para entender de inmediato que perfectamente podrían haber ocurrido, y podrían ocurrir, de un modo distinto. En efecto, basta el análisis del propio mecanismo de saqueo para comprender que en absoluto es inevitable: los estados podrían haber decidido no asumir el coste de los rescates financieros ni cargar con una deuda que no era suya; el BCE podría financiar a los Estados al menos en las mismas condiciones en que inyecta dinero a las entidades privadas; podríamos volver a cobrar impuestos a los grandes capitales en vez de optar por pedirles el dinero prestado; puestos a pedirles prestado, podríamos no habérselo prestado nosotros antes 5 veces más barato; podríamos incluso habernos quedado con la banca que hemos tenido que pagar; con sus activos inmobiliarios se podría generar un parque público de alquiler... etc. Con algunas de estas medidas se podría evitar, por ejemplo, que la misma familia tenga que entregar su vivienda al banco, tenga que seguir de todos modos pagando el crédito hipotecario (por no establecerse la dación en pago), tenga además que comprar el banco entero con sus impuestos, no pueda reclamar ninguna propiedad sobre él y, además, tenga que hacer todo esto a la intemperie.
Ni las versiones del comunismo más disparatadas, esas que nos harían compartir a todos el mismo cepillo de dientes, podrían competir en radicalidad con el capitalismo en su versión financiera. En estas condiciones, averiguar quiénes son y cómo gobiernan es ya un acto revolucionario.

12Jul/100

La regulación financiera es posible

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Por Aldo Ferrer
Economista y profesor universitario (UBA)

En la nota anterior destaqué que el G-20 ratificó su incapacidad de adoptar respuestas globales y que cada país tiene que hacerse cargo de resolver los problemas que le plantea la crisis internacional. La conclusión no es nueva y viene de antes. De hecho, frente a conmociones anteriores, como la del Tequila o la asiática en la década del ’90, la situación era exactamente la misma.

Varios países emergentes, incluida la Argentina, aprendieron la lección. Cuando a fines del 2007 estalló la crisis global, estaban mejor preparados y resistieron el impacto. Ahora tienen que seguir exactamente en el mismo rumbo: consolidar la gobernabilidad, la solvencia en las finanzas públicas, el superávit en el balance de pagos en cuenta corriente y la regulación de los capitales especulativos.

Pero no hay que perder de vista las posibles soluciones globales a los problemas globales y advertir, en los foros internacionales, los caminos posibles que los países centrales del sistema son incapaces de encontrar. En tal sentido, en la nota anterior hice referencia al efecto China, el ajuste en las mayores economías y las necesarias reformas a la regulación del comercio y las finanzas internacionales. Las siguientes cuestiones también integran la agenda económica mundial.

Las asimetrías en el orden global. Existen países, dispersos en toda la geografía del planeta, con insuficientes recursos materiales y capacidad de gestionar el conocimiento para resolver su atraso histórico. Esta debilidad fue multiplicando la distancia que los separa de las economías avanzadas y las emergentes. Esta es la causa principal de las amenazas a la paz y a la seguridad, internacionales y un caldo de cultivo para el terrorismo, el narcotráfico, el comercio de armamentos y otras calamidades.

Será imposible alcanzar un orden internacional sin resolver los problemas de esos países que abarcan a alrededor del 25% de la humanidad. Los múltiples pronunciamientos y programas de ayuda de Naciones Unidas, en conjunto, fueron incapaces de resolver los desafíos y, a menudo, más favorables a los donantes que a los destinatarios. Un nuevo orden mundial reclama una acción conjunta de la comunidad internacional y una transferencia suficiente de recursos y asistencia científica y técnica, para impulsar el desarrollo económico y social de esos países. Las cifras involucradas son una ínfima proporción de los recursos ya comprometidos para rescatar a los bancos y a los especuladores financieros.

Programas de esta naturaleza introducirían una inyección de demanda a la economía global que facilitaría, en parte, el ajuste en los países superavitarios, derivado del necesario equilibrio en los pagos internacionales de los Estados Unidos.

La arquitectura monetaria internacional. El equilibrio de los pagos de la economía estadounidense los alejaría de su papel como principal fuente de liquidez internacional. El crecimiento descontrolado de la liquidez impulsado por los excedentes de los países exportadores de petróleo y, sobre todo, el aumento del déficit de los Estados Unidos, consolidó el predominio de la especulación financiera. El dólar mantuvo su rol de patrón monetario del sistema internacional y de las reservas monetarias del resto del mundo.

Las nuevas circunstancias y la emergencia de nuevos actores en el escenario internacional, en especial China, probablemente modificarán el papel del dólar y demandará la creación de nuevas fuentes de liquidez para abastecer la demanda de dinero, fondear programas para situaciones de emergencia y proporcionar recursos para el financiamiento del despegue de los países menos desarrollados.

Los problemas de la Unión Europea. La creación del euro y del Banco Central Europeo fueron fundamentales en el proceso de integración, pero dejaron, a nivel nacional, instrumentos clave de la política económica y sometieron a las mismas reglas a países muy distintos por sus niveles de desarrollo y potencial de recursos, como
Grecia y Alemania.

La Unión enfrenta el desafío de avanzar a la integración plena de las políticas nacionales con la comunitaria o crear esquemas de contención de los países vulnerables para recuperar los equilibrios perdidos. La crisis también refleja la subsistencia de un sistema financiero especulativo que aumenta la incertidumbre. Cuando estalló la crisis, los países de la UE, como los Estados Unidos, aplicaron inmensos recursos para rescatar a los bancos y los especuladores, y evitar el desplome de la actividad económica y el empleo.

El desequilibrio fiscal aumentó estrepitosamente generando déficits del orden del 10% del PBI. Esto incrementó la incertidumbre y las oportunidades especulativas, agravando las tensiones del sistema y comprometiendo la viabilidad del euro. Sin embargo, la respuesta de la UE es tratar de recuperar la “confianza” de los mercados a través de la fuerte contracción del gasto. La experiencia revela que esta estrategia agrava y no resuelve los desequilibrios existentes.

Perspectivas. En los plazos previsibles, no cabe esperar acuerdos globales para resolver los problemas del sistema global. Pero, a diferencia de la década de 1930, cuando primó el “sálvese quien pueda” y se produjo la desorganización del orden económico mundial, en la actualidad la interdependencia entre las grandes economías es tan profunda que es inconcebible un epílogo semejante. En ese escenario no cabe esperar cambios en la normativa de las finanzas y el comercio internacionales, a la altura de los desafíos planteados.

En el sector financiero es posible un cierto ajuste regulatorio sin erradicar la naturaleza especulativa del sistema. Nada, en gran escala, cabe esperar de la cooperación internacional para resolver la insuficiencia de recursos de los países rezagados e impulsar su desarrollo.

La mayor incógnita radica en la profundidad del ajuste en las mayores economías. Si China no logra dinamizar el aumento del consumo, agregará tensiones al comercio internacional fortalecida por la administración del tipo de cambio y su poder financiero. La magnitud del ajuste en los Estados Unidos impactará en las economías superavitarias. Desplazar el dinamismo de la demanda agregada de las exportaciones al consumo interno y la inversión es el desafío de Alemania y Japón.

Pero esto implica la sustitución del paradigma neoliberal dominante por la prioridad del pleno empleo y la redistribución del ingreso. Algo no previsible según la estrategia ortodoxa de ajuste asumida en la Unión Europea.

En América Latina y los países emergentes de otras regiones es indispensable movilizar los recursos internos, mantener la “casa en orden”, bajos y manejables niveles de deuda y la mayor libertad de maniobra en la gestión de la política económica, través de sólidos equilibrios macroeconómicos.

Sólo en ese escenario es posible desplegar las políticas nacionales de desarrollo económico y social, y profundizar las integraciones existentes. En la resolución global de los problemas globales, la influencia de nuestros países es marginal, pero tenemos una capacidad decisiva para resolver cómo estamos en ese mundo. En un orden global administrado por las grandes economías, existe espacio para el despliegue de políticas de desarrollo de los países periféricos.

Así debe entenderse el éxito de las naciones emergentes de Asia en las últimas décadas y en la actual y primera del siglo XXI, la propia experiencia de la recuperación argentina a contrapelo del paradigma neoliberal y de lo que Prebisch llamaba el “pensamiento céntrico”.
Fuente: Tiempo argentino 11-07-2010

30Jun/100

La reforma de los mercados financieros

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Jesús Caldera, Joseph Stiglitz, Stephany Griffith-Jones, Jeffrey Sachs, André Sapir, Nicholas Stern, NEGOCIOS El País.

En un informe elaborado por la Fundación IDEAS, presentado en Madrid el 28 de mayo de 2010, se analizaban varias alternativas de impuestos a los mercados financieros. Según este estudio, el instrumento que mejores propiedades muestra es el impuesto sobre transacciones financieras, basado remotamente en la vieja idea de la tasa Tobin, pero aplicado a todas las transacciones y no solamente en los mercados de divisas.

Existe un amplio consenso acerca de la necesidad de reformar los mercados financieros internacionales. El sector financiero ha sido el principal causante de la crisis global actual, que se originó en el sistema financiero estadounidense, extendiéndose luego al resto de países del mundo, para convertirse finalmente en una crisis de la economía real con un impacto particularmente negativo en Europa.
Los Gobiernos de los países desarrollados han hecho esfuerzos fiscales importantes entre 2007 y 2010 para sostener sus sistemas financieros, evitando quiebras bancarias que podrían haber llevado a un colapso económico generalizado. A la vez, pusieron en marcha planes de estímulo de la demanda agregada, que había caído drásticamente como consecuencia de la falta de confianza y el mal funcionamiento de los mercados de crédito.
Estos esfuerzos fiscales, esenciales para la recuperación en una primera fase, unidos a la reducción de los ingresos públicos debido a la menor actividad económica, han disparado los niveles de déficit y de endeudamiento público hasta niveles muy elevados. Este ha sido el caso principalmente de Europa, pero también de EE UU, si bien ambos están dando respuestas distintas del problema.
En el caso de la Unión Europea, las turbulencias financieras de abril y mayo de 2010, desencadenadas por la crisis de la deuda pública griega y la especulación contra la deuda emitida por otros Estados miembros, han llevado a la UE a iniciar un proceso de consolidación fiscal. Así, todos los países europeos están adoptando planes de control y recorte del déficit público, como el anunciado por el Gobierno de España, que tiene el objetivo de devolver el déficit del 11% al 3% del PIB entre 2010 y 2013. Por otro lado, la UE se ha visto obligada a establecer con carácter de urgencia un fondo de 750.000 millones de euros como señal clara a los mercados financieros de la voluntad de los Gobiernos de contrarrestar cualquier ataque especulativo contra el euro.
Es vital que este proceso de consolidación se lleve a cabo a un ritmo adecuado, ya que una consolidación excesivamente rápida podría llevar a una ralentización de la economía, o incluso a una doble recesión. Para mitigar los efectos adversos de la reducción de la demanda agregada se deberá prestar una atención particular a la estructura de los gastos, así como al sistema impositivo. Asimismo, estas medidas deberán acompañarse de una estrategia clara para la economía sostenible, con reformas que introduzcan incentivos para mejorar el control de la deuda, la equidad intergeneracional y la sostenibilidad medioambiental, así como una mayor agilidad, cohesión y productividad en los mercados financiero y laboral, en línea con las que el Gobierno español está poniendo en marcha.
En EE UU también existe un debate sobre la consolidación fiscal, si bien la Administración Obama es consciente de los riesgos de un recorte prematuro de los gastos. En el Congreso, el apoyo a una ley de empleo fuerte e incluso la extensión de los beneficios por desempleo, cuando cientos de estadounidenses están llegando al final del periodo de percepción de los subsidios, parece limitado. Los problemas de los mercados hipotecarios, entre otros, han llevado a los analistas a ser pesimistas en cuanto a la pronta vuelta al pleno empleo.
Aunque el ajuste fiscal de la UE era una medida sensata que en principio debería haber satisfecho a los mercados, con su desarrollo ha surgido una nueva amenaza: los potenciales efectos negativos de los recortes de los gastos públicos sobre el crecimiento podrían traducirse en unos coeficientes deuda pública/PIB más elevados y, por tanto, en un empeoramiento de la calificación de la deuda pública.
Parece, a la vista de los últimos acontecimientos, que el poder económico ya no está en manos de los Gobiernos democráticos y, por tanto, de los ciudadanos, sino en manos de los a menudo caprichosos mercados financieros que originaron la crisis. Es, por tanto, cada vez más urgente que los Gobiernos del mundo se coordinen dentro del G-20 y reaccionen contra estas tendencias. No se puede aceptar que un volumen importante de operaciones financieras no se conozca ni esté regulado, al llevarse a cabo fuera de los mercados organizados. Por otro lado, el sector financiero no paga impuestos acordes con sus beneficios, con los bonos que reciben sus ejecutivos ni con las externalidades negativas que, como está quedando patente, su actividad puede conllevar.
El ejemplo más claro de los problemas del sistema de incentivos y la falta de regulación existentes en los mercados financieros son los CDS en descubierto (naked credit default swaps), producto que permite a los inversores contratar un seguro sobre el posible impago de un bono de deuda pública de un país sin tener la propiedad de ese bono. Como la historia ha demostrado hace siglos en el transporte marítimo, cuando para un inversor resultaba legal contratar un seguro sobre un barco que no era de su propiedad, el inversor tenía un claro interés en hacer que el barco se hundiera. Muchos barcos desaparecieron entonces por esa causa, hasta que la norma se reformó. Igualmente, en el caso de los CDS, si la institución que contrata el seguro sobre el impago de la deuda es un gran fondo de inversión o una agencia de rating que puede tener influencia en el mercado de deuda pública, su interés es lograr que el país se hunda y se produzca el impago.
Además de reformar la regulación de los mercados y productos financieros, también es conveniente que el G-20 se plantee la introducción de impuestos sobre los mercados financieros, para cambiar los incentivos adversos existentes, haciendo que los operadores financieros compensen a las empresas por las externalidades negativas que en ocasiones generan sus actividades.
En un informe elaborado por la Fundación IDEAS, presentado en Madrid el 28 de mayo de 2010, se analizaban varias alternativas de impuestos a los mercados financieros. Según este estudio, el instrumento que mejores propiedades muestra es el impuesto sobre transacciones financieras, basado remotamente en la vieja idea de la tasa Tobin, pero aplicado a todas las transacciones y no solamente en los mercados de divisas. Esta tasa, con un tipo impositivo muy bajo, de alrededor del 0,05%, reduciría el volumen de operaciones especulativas a corto plazo y, por tanto, la volatilidad del mercado, a la vez que recaudaría un volumen de ingresos considerable, entre 1.600 y 6.300 millones de euros al año solo en España.
El debate sobre la introducción de impuestos financieros está abierto y más vivo que nunca, lo que ya representa un progreso importante. No obstante, las palabras deben llevarse a la práctica. Los líderes reunidos en la cumbre del G-20 en Toronto deberán superar las presiones internas de sus sistemas financieros para poner en marcha un sistema impositivo en los mercados financieros que sea a la vez eficiente y justo. Ya se han dado pasos significativos en este sentido. Así, los miembros de la UE han acordado recientemente mantener una posición común en la cumbre con respecto a la introducción de un impuesto sobre la banca, que adoptarán independientemente de los resultados de la cumbre en el seno de la UE, así como con respecto el establecimiento de un impuesto sobre las transacciones financieras muy parecido al propuesto por IDEAS.
El resultado de las negociaciones que están teniendo lugar este fin de semana puede marcar una gran diferencia para el futuro. Todos los ciudadanos del mundo están pendientes y a la espera de que sus líderes muestren la determinación necesaria para acometer las reformas que el sistema claramente necesita, eliminando algunos de los problemas que han desencadenado la crisis y evitando de este modo que se repitan en el futuro. De lo contrario, los costes políticos y económicos serán cuantiosos.

27Jun/100

Sistema financiero y democracia

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Por Guillermo Wierzba *, Romina Kupelian y Rodrigo Lopez **

Si las distintas etapas vividas en Argentina en las que se desplegaron proyectos de país contrapuestos se pueden identificar en determinados signos inequívocos, el carácter de los sistemas financieros constituye sin dudas uno de ellos. Los diputados Carlos Heller y Martín Sabbatella han presentado un proyecto de ley de servicios financieros que se inspira en una de las tradiciones que confrontaron históricamente. Así, la iniciativa persigue la orientación del crédito para el desarrollo, la eliminación de una severa discriminación de las pymes para el acceso al crédito, la desconcentración bancaria, la regulación de las tasas de interés, el fortalecimiento de la banca pública, el estímulo del crédito de largo plazo, el ataque a la las desigualdades regionales respecto a la bancarización.

La propuesta abreva en la corriente que reivindica la intervención del Estado en el diseño y la conducción de la política económica y entiende el sistema financiero como un servicio no autonomizado respecto del eje de la actividad productiva: la economía del sector real. Este paradigma de reivindicación de la democratización del crédito no es ajeno a la cuestión republicana, pues las instituciones legales financieras que se han asociado a este enfoque surgieron de gobiernos elegidos libremente por la voluntad popular.

En una nota de opinión, publicada el 16 de junio pasado en Clarín, Néstor Grindetti, ministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires, y Mario Morando, director del Banco Ciudad, cuestionan aspectos del proyecto puesto en discusión. El punto de vista que sostienen se nutre de la otra tradición que concibe al sistema financiero construido con la lógica de un mercado más en una economía sustentada en el rechazo a la participación pública. Esa tradición obtuvo leyes afines a su pensamiento cuando la República no funcionó y las dictaduras dispusieron autoritariamente modelos de liberalización financiera (1955, 1966 y 1976). Para esos funcionarios exigir una cuota de crédito obligatoria para las pymes resultaría una intervención dictatorial del Estado y sugieren que el déficit crediticio del sistema con las pymes responde centralmente a problemas de información.

A la información vamos: en febrero de 2010, el sistema bancario prestó sólo el 26 por ciento de su cartera a las pymes. Los bancos públicos nacionales les prestan más de un 30 por ciento de su cartera, los privados nacionales un 27, los cooperativos 62, los de capital extranjero menos de un 20 y las sucursales de entidades financieras del exterior un 14,5 por ciento. Los números expuestos demuestran una disparidad entre grupos de entidades que desmienten que el crédito a las pymes esté limitado por deficiencias informativas, revelando conductas empresarias de racionamiento del crédito en perjuicio de ese tipo de unidades productivas.

La teoría económica presenta fuertes evidencias y argumentos respecto de estos comportamientos, indicando la estructural ineficiencia mercantil para resolverlos y propiciando la acción pública para mitigarlos. ¿Se trata de un problema que se resuelve sólo con sofisticaciones informativas o se requiere un dispositivo legal y normativo encaminado a corregir conductas de firmas extranjeras que participan en el sistema?

Los autores sostienen que la desconcentración del sistema debe regularse de igual modo para la banca pública que para la privada. Desconocen el fundamental rol de banca testigo que la primera debe desempeñar y su papel como agente contracíclico en la economía. Poner topes para la desconcentración del sistema a la banca pública atenta contra el rol de banca testigo y favorece un ilimitado poder discrecional de los bancos privados más grandes. Pero más sustantivo aún es desconocer que la función de la banca pública es distinta y muchas veces contradictoria con la de la banca privada. ¿Es lógico poner un límite de tamaño a la banca pública cuando es necesario que preste en los momentos de crisis en que el sistema tiene una desenfrenada conducta de restricción crediticia?

La refutación es contundente si se verifica el comportamiento del Banco Nación durante la última crisis, no sólo por una decisión de gestión, sino por su utilización por parte del Poder Ejecutivo para la implementación de líneas de crédito que estimularon la actividad. Igual verificación de su conducta contracíclica se puede hacer analizando cuantitativamente el comportamiento de las carteras de crédito luego de la crisis del 2001.

Esas conductas no son sólo de orden doméstico. En Brasil mientras la banca privada se retraía en 2009 y el PBI caía un 4 por ciento, el Bndes incrementaba su cartera en un 37 por ciento. ¿Debió Lula poner un límite a esa expansión del banco público en el mercado?

Grindetti y Morando no pueden ignorar que el sistema financiero argentino está líquido, como consecuencia de la confianza y solidez devenida del actual régimen macroeconómico. Sin embargo, enuncian un problema ajeno a la dinámica actual del sistema como el crowding out (desplazamiento del crédito privado por la demanda del sector público). No hay hoy competencia por fondos entre las empresas y el Estado. Eso era de la época en que se financió la reconversión del sistema jubilatorio hacia el modelo privado en los noventa, donde imperaban las libertades financieras por las que abogan esos autores. Actualmente el problema es conseguir que los bancos presten, que haya crédito de largo plazo, que la liquidez abundante sea útil para el desarrollo nacional. Así, la actual presidenta del BCRA anunció regulaciones tendientes a estimular los préstamos a la producción, debiendo enfrentar conductas empresarias en las que prevalece el otorgamiento de crédito carísimo para el consumo y la resistencia del sistema a comprometerse con la asunción del riesgo típico de la actividad financiera.

Al igual que Martínez de Hoz, Grindetti y Morando bregan por una mayor liberalización financiera al pedir “relajar requisitos para brindar servicios financieros”, exactamente lo contrario de lo que se ve en el mundo en estos días. Siguiendo la ley de la dictadura que buscó elevar las tasas de interés reales, se oponen a que la autoridad establezca topes, favoreciendo la usura y atentando contra la inversión productiva. Se refieren a una supuesta promiscuidad de la intervención pública y no se pueden privar de clamar por la reducción del gasto público. Lo hacen luego que la dinámica de éste ha reducido sustantivamente el impacto de la crisis y en el marco de una sólida sustentabilidad fiscal de la economía argentina. Este descontextualizado, temática y temporalmente, pronunciamiento de liberalismo conservador repone la cuestión fundamental enunciada al principio: la reforma del sistema financiero supera las consideraciones tópicas específicas y se trata de la confrontación de dos modelos de país: uno liberal-conservador; otro democrático, nacional, transformador, popular y progresista.

Fieles a esa tradición liberal-conservadora los autores metamorfosean de forma degradante el concepto de democracia, promoviendo un ilimitado reino de la decisión privada al acusar de dictatorial una decidida opción por el direccionamiento del crédito por parte del Estado. Contrariamente, en la tradición democrática lo dictatorial refiere a la obturación de la decisión ciudadana. La ley 21.526 en sus formas y contenidos es la expresión concentrada de los objetivos de la dictadura, la democracia debe cambiarla por otra sustantivamente opuesta a ella

* Director del Cefid-Ar.

** Investigadores del Cefid-Ar.