LEY DE GLACIARES ¿PUNTO DE INFLEXION PARA EL IMPACTO DEL AMBIENTE EN LA POLITICA?
EL ELECTORADO AMBIENTALISTA, UN TEMA REGIONAL
Por David Iud*
La sanción por el Congreso de la Ley de Glaciares, la semana pasada, las circunstancias que rodearon esta sanción, por un lado con la fractura de los tres principales bloques políticos del país, y por otro lado con la sorprendente galvanización de algunas provincias, en las que alrededor de este tema no hubo clivaje entre oficialismo y oposición, sino que votaron los tres senadores de cada una de esas provincias en conjunto, pone la cuestión ambiental en clave política con una proyección hasta ahora inédita en la Política Argentina.
Pero si ello, de por sí, reclama un análisis puntilloso, la lectura del sorprendente resultado de la primera vuelta de la elección Presidencial Brasileña, pone a esa clave política de la cuestión ambiental en una perspectiva que trasciende claramente el carácter que corresponde a un fenómeno interno, un problema que sería local de la República Argentina. Lo que los resultados de Brasil están diciendo es que la preocupación ambiental en la construcción política merece ser analizada desde una perspectiva general, como expresión de una contradicción que se manifiesta en todas partes y a la que es preciso identificar claramente y ponerle nombre.
Pero vamos de lo particular a lo general…
La Ley que se aprobó, es sabido, pone límites a la actividad económica en zonas del ecosistema glaciario. También, obsérvese, la dura controversia no fue entre poner esos límites o no ponerlos: nadie pone en cuestión que es necesario limitar la actividad en los glaciares, el duro debate fue sobre el alcance de esa limitación, y al final triunfo la posición ambientalista más dura: área glaciaria mas área peri-glaciaria están ahora protegidas.
El peronismo lleva en sus genes la impronta del desarrollo económico, eso lo sabemos todos. El reconocimiento del peronismo histórico al movimiento obrero organizado como “Columna Vertebral” del movimiento es correlato de una alianza que incluyó también al empresariado nacional, actor que conjuntamente con el Estado son los que crean el espacio para que esa clase trabajadora exista, los que crean los puestos de trabajo para procesar las materias primas, el trabajo que es el inherente a la actividad industrial.
Materias primas que, sin ninguna duda, provienen de la naturaleza y pueden ser procesadas haciendo uso de energía para mover las máquinas, transportar materias primas y productos, iluminar ciudades, y en general distribuir bienes y servicios entre la población que solo son posibles teniendo energía que también se saca de la naturaleza: petróleo, carbón (fue el justicialismo el que impulsó la actividad carbonífera en Rio Turbio, Santa Cruz), altos hornos para producir acero, con hierro sacado de las entrañas de la tierra y energía producida quemando carbón que también se saca de la tierra. Así, el justicialismo impulsó los Altos Hornos de Zapla y la siderúrgica SOMISA en San Nicolás. Espejo de la gigantesca siderúrgica “Vale do Rio Doce” (Valle del Rio Dulce) fundada por Getulio Vargas, contemporáneo del primer peronismo en Brasil
En nuestros países, el tema central de la agenda política fue, hasta mediados de la década del 90, el desarrollo económico, la creación de fuentes de trabajo y la distribución de la riqueza nacional. El éxito del Justicialismo (y del Partido Travalhista, de Vargas) en esos tópicos le valió constituirse en imbatible primera fuerza electoral que ya no podría ser vencida después de su aparición, solo reprimida mediante golpes militares, o, en la Argentina con Menem, cooptada desde dentro por sectores que desnaturalizaron su esencia política.
El menemismo produjo en la política argentina un clivaje del espacio político que se referencia en el peronismo: el 28 de Junio del 2009 reclamaron identidad opositora candidatos que cosecharon un tercio de los votos llamándose a sí mismos “peronistas disidentes”. Hoy son el Peronismo Federal. En las elecciones legislativas de Junio 2009 alumbraron tres bloques en la política argentina, con fuerzas más o menos iguales, un mapa político “por tercios”: el “kirchnerismo”, el “Peronismo Federal” y el espacio liberal de la UCR y aliados.
En el senado, al votar la Ley de Glaciares, esos tres bloques se dividieron.
En el Frente Para la Victoria, 7 senadores votaron a favor de la Ley, 23 en contra
En el Peronismo Federal, 6 senadores votaron a favor de la Ley, 5 en contra
En la UCR, 14 senadores votaron a favor de la Ley, voto de indudable contenido “opositor” que inexplicablemente coincidió con Miguel Pichetto, Jefe de la Bancada oficialista y Daniel Filmus, senador por la capital de indudable peso nacional que de ninguna manera podría ser considerado “opositor”. Pero dos senadores radicales votaron en contra de la Ley
El análisis del voto por provincia muestra más particularidades: tres provincias mineras, Mendoza, Chubut y Córdoba (actualmente con un duro debate por la minería a cielo abierto de uranio) galvanizaron el voto, y no hubo diferencias entre oficialismo y oposición: votaron, todos, unánimemente por aprobar la Ley que le pone límites a la minería… Particular dentro de lo particular es el caso de Rio Negro, también provincia minera, donde no hubo votos en contra de la Ley: los dos senadores de la Provincia presentes, uno oficialista, la otra, con voto cambiante según la situación, votaron también a favor de la Ley. El tercer senador, el radical Pablo Verani, ex – gobernador que desde lo personal hubiera votado en contra de la Ley, no estuvo presente, seguramente para no crearse un problema por partida doble: con la conducción nacional de su partido que quería votar a favor de la ley interpretando en ello un acto de oposición, y además con la conducción partidaria de su provincia, que también, aunque por motivos distintos a los de la conducción nacional, propiciaba el voto favorable a la ley…
Además, no hubo oposición ni oficialismo en otros tres distritos que no son mineros, y que votaron unánimemente por la Ley: Capital Federal, Santa Fe y La Pampa.
Y hay también del otro lado: en Catamarca, Neuquén y Salta no hubo tampoco oficialismo y oposición, votaron todos en contra de la Ley. Imagen especular del caso de pablo Verani en Rio Negro, pero al revés, en San Juan no hubo votos a favor de la Ley. El senador del Peronismo Federal Roberto Basualdo hubiera votado a favor de la Ley simplemente para diferenciarse de su adversario político provincial, el Gobernador Gioja, oficialista (FpV) que era el abanderado de la negativa a la Ley (aunque integra el mismo bloque que Pichetto y los otros 6 FpV que votaron a favor…). Basualdo además se hubiera creado un problema una parte de su grupo de pertenencia, el Peronismo Federal que voto en contra. Basualdo no falto, pero se abstuvo.
Tampoco hubo ni oposición ni oficialismo en otras dos provincias que no son mineras, Misiones y San Luis
La Ley de Glaciares expresa un debate político con creciente importancia en la agenda, que es el que protagonizan sectores de la sociedad que cuestionan al gobierno por su política ambiental.
Son sectores muy diversos: los hay netamente opositores de los cuales puede decirse que la cuestión ambiental es más una herramienta al servicio de su vocación gorila, porque son sojeros, y hablo concretamente de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, y por otra parte hay sectores campesinos, de pueblos originarios o de sectores de clase media urbana que no tienen nada que ver con el modelo sojero, más bien se encuentran en las antípodas sociales y políticas del modelo de acumulación del capitalismo agrario, y también critican al gobierno por su política ambiental, sobre todo, minera. Son los mismos sectores que hace un año se movilizaron por otra ley ambiental, la de Bosques Nativos.
La nota en esta emergencia de la cuestión ambiental en la agenda política nacional la da un dirigente y una corriente política que, haciendo de esto uno de los ejes de su acumulación política, se constituyó en 2009 en segunda fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, hablo de Pino Solanas y su Proyecto Sur, que ya ha lanzado su candidatura presidencial para 2011. Segunda fuerza, construyendo su caudal electoral con votos de clase media que le sacó a un candidato que en 2007 “enamoró” al 60% de los electores (hablo de Macri) ocultando una naturaleza política que ahora porciones crecientes de esa misma clase media ven con claridad: el tipo es un fascista. Si bien conserva sorprendentes niveles de adhesión, es razonable pensar que no resistirá la fuerte interpelación que sobreviene en una campaña electoral…
Y es en este punto donde encuentro una analogía que no va más allá de lo formal, si se quiere, hasta casual, pero que no por ello merece ser ignorada: la candidata “Verde” de Brasil, que con su 19,30 % fue la causa de que Dilma Rousseff no se impusiera como Presidenta en la primera vuelta GANO EN BRASILIA, el Distrito Federal brasileño, equivalente a nuestra “C.A.B.A.” que además, con sus 3,2 millones de habitantes es casi igual a los 3 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.
Marina Silva, que sacó en Brasilia 41,96% mientras Dilma solo llego al 31,74% y el socialdemócrata liberal Serra quedó tercero con 24,3%, fue desde Enero 2003 hasta el 2007 Ministra de Ambiente de Lula. Renunció, por diferencias con la política ambiental general del gobierno del PT, pero en particular, por discrepar fuertemente con el modelo de desarrollo que el PT aplica a la Amazonia.
No es cuestión de ingenuidades: el casi 20% de los votos de Marina Silva viene, en una parte importante, del protestantismo misional, los votos evangélicos, que ciertamente de progresistas, no tienen nada, ni en Brasil, ni acá, ni en ningún lado. Marina misma, que es ella misma protestante (de allí su afinidad) tiene ciertas posiciones conservadoras (por ejemplo, contra el aborto). Pero, “la única verdad es la realidad” y la realidad es que, a pesar del enorme mérito del gobierno del PT, que generó un impresionante desarrollo económico con redistribución de la riqueza (por eso, y no por otra cosa pudo casi alcanzar el 50 % A PESAR DE LA REPUGNANTE CAMPAÑA MEDIATICA EN CONTRA!) igualmente NO ALCANZO, y el flanco en el que faltó fue el flanco de la POLITICA AMBIENTAL.
No le alcanzó a Dilma, por muy poco. Con 46,71 % de los votos en 1ª vuelta, y un 20 % en el que una parte NO ES DE LA OPOSICION DE DERECHA, sino de votantes ambientalistas cuyo PEOR ENEMIGO ES LA DERECHA CAPITALISTA QUE TRANSFORMA EL AMBIENTE EN MERCANCIA, me parece que acá hay un mensaje claro: el discurso histórico de la izquierda, que sólo cuestiona la apropiación de la riqueza sin prestar atención al conflicto entre desarrollo y naturaleza, ya no alcanza. Un sector de la sociedad, que por otra parte, es objetivamente parte del espacio político alternativo al neoliberalismo reclama prestar atención a ese conflicto.
Y ese es el aspecto que yo creo parte de una perspectiva general en la construcción política. La contradicción que expresa es una de nuevo tipo, entre el modelo desarrollista tradicional para el cual la apropiación de la naturaleza no entraña ningún conflicto, y sectores sociales que por razones culturales y otras ligadas al tipo especial de relaciones de producción que practican, ven a la naturaleza como un bien común cuya apropiación los agrede y los priva de su medios de subsistencia. Es la contradicción entre actividad económica y naturaleza que emerge ahora a tenor del nuevo estado de la técnica, que supone la disponibilidad de fuerzas productivas capaces de realizar cosas que antes eran imposibles: ya sea talar bosques y selvas a una velocidad antes impensada, haciendo desaparecer la biodiversidad y modificando para siempre la misma faz de la tierra, caso de la Amazonia, o desintegrar montañas enteras para aprovechar los minerales que, de manera dispersa, esas montañas contienen, caso de la minería a cielo abierto en los Andes, y, al mismo tiempo transformar esas giga-toneladas de roca, barro y arena en RESIDUO CON PRODUCTOS QUIMICOS QUE CONTAMINA EL AGUA A MUCHOS KILOMETROS DEL LUGAR DE LA ACTIVIDAD MINERA….
Viene ahora en Brasil la construcción del escenario de la 2ª vuelta, y en Argentina, un año por delante en el que se construirá el escenario electoral del 2011 con temas de agenda tales como la Ley de Medios (y todo lo que ello implica, Papel Prensa, nueva televisión digital, nuevas señales), la incesante actividad de la oposición sistemática en el parlamento, donde resulta muy preocupante la actitud revanchista del bloque de senadores ¿propios? De las Provincias mineras que ya, por boca del Senador Gioja, amenazan “cobrar” lo que ellos consideran “traición” de los siete senadores del FpV que votaron a favor de la Ley
Pero hay más: hay en San Juan una campaña de prensa para construir en la ciudadanía provincial un ánimo de rebeldía y desafío a las instituciones nacionales que tendríamos que analizar con mucha seriedad. Ejemplo de ello, lo publicado hace pocos días en “El Zonda” de San Juan ( http://www.elzonda.info/index.php/Gioja-y-todas-las-fuerzas-productivas-definen-acciones-por-la-ley-Bonasso.html ) una nota llena de mentiras institucionales. Sigue el camino de la Ley 8144 de San Juan supuestamente de “Defensa de los Glaciares” que dice barbaridades tales como esta frase, del Art. 1º “Los glaciares existentes en el territorio de la Provincia constituyen Bienes del Dominio Público del Estado Provincial, como dueño originario de los recursos naturales que se encuentran en su territorio“, una soberana burrada jurídica, que resulta gravísimo que haya sido aprobada como “Ley”. Ningún Estado es “dueño” de los bienes del Dominio Público” PORQUE EL UNICO DUEÑO DE LOS BIENES DEL DOMINIO PUBLICO ES EL PUEBLO. (de allí la raíz compartida de las dos palabras)
“Dueño” es un concepto propio del derecho privado que tiene entre sus notas destacadas la facultad de exclusión. El “dueño” de algo puede excluir a quienes desee. Yo, Uds. y cualquiera, que es “dueño” de su casa determina que otras personas no entran si nosotros no queremos.
Si el Estado fuese “dueño” de los bienes del dominio público significaría, por ejemplo, que el Estado podría prohibirle a las personas caminar por los parques, circular por las calles y hasta tomar agua de los ríos (porque el agua de los ríos y lagos, en este país, es bien del dominio público del estado, dice el Código Civil, Art. 2342)
Además, si el Estado fuese “dueño” de los Bienes del Dominio Público, ESTOS FIGURARIAN EN SU INVENTARIO. Y los parques, plazas y calles tendrían Titulo de Propiedad (a nombre del Estado, claro) algo que en ningún lado ocurre.
Hay la absoluta FALTA DE LEGITIMIDAD para que LA LEGISLATURA DE SAN JUAN (o la de cualquier provincia) PUEDA RECHAZAR UNA LEY FORMADA POR EL CONGRESO NACIONAL. Semejante actitud está en el umbral del secesionismo.
Va de suyo que lo que está pasando es más que suficiente para TACHAR PUBLICAMENTE TODA POSIBILIDAD DE QUE GIOJA SEA PARTE DE NINGUNA FORMULA PRESIDENCIAL. Gioja está “retando” a la ciudadanía de toda la República. Mal puede representarla.
Pero además, hay que mirar el posible escenario de las elecciones 2011. Comenzando a delinearse la candidatura Alfonsin-Binner, prestar atención al sector social cuya diferencia con el kirchnerismo es esencialmente el manejo de la cuestión ambiental –en el que la cuestión de la Ley de Glaciares ha sido el tema de debate más importante de los últimos 60 días- parece estratégicamente crucial.
Así como está claro que Dilma será Presidenta de Brasil, la pregunta lógica, el 3,25 % que la separa del 50,1% que necesita para ganar ¿de dónde lo va a sacar? Tiene una respuesta que parece caer de maduro.
Además de los tres candidatos que salieron encabezando la grilla, hay en Brasil otros seis candidatos a la Presidencia. Solo uno de ellos, el “Partido Socialismo e Liberdade”, también escisión del PT, liderada por Heloisa Elena, que agrupa sectores trotskistas y euro-comunistas, llega al 0,88 %. Los otros cinco, en conjunto, solo alcanzan un 0,31 %. El conjunto sumado de los 6 candidatos (que de todos modos, jamás votarían juntos, porque entre ellos están las candidaturas de la extrema derecha) solo llega al 1,19 %. Dilma para ganar, necesita votos que solo puede sacar del Partido Verde de Silva o del Partido Social Demócrata Brasileiro de José Serra.
La política no es matemática, y la voluntad de los votantes no es manejable por los candidatos sino por sus dueños, los propios votantes. Pero, sin perjuicio de ello, es una cuestión de pura lógica que mientras jamás los sojeros o los electores Elisa Carrió votarían al Kirchnerismo, muchos votantes que han abandonado el espacio político de apoyo al gobierno descontentos con la política minera y petrolera sí podrían votar nuevamente al espacio puestos a elegir entre Néstor (o Cristina) Kirchner y Alfonsín – Binner
Mas allá de que ESO SERIA TOTALMENTE IMPOSIBLE SI LA FORMULA FUESE KIRCHNER – GIOJA, lo cierto es que no se puede esperar al resultado de la primera vuelta electoral del año que viene para buscar –en ese momento- un acercamiento de coyuntura con los sectores críticos de la política ambiental del gobierno, que podrían ser estratégicos.
Que haber vetado en 2008 la Ley de Glaciares fue un error, no es simplemente una afirmación mía. Si ahora ha dicho la Presidenta que NO VETARA la Ley que salga del Congreso, y aun cuando en el momento en que hizo esta afirmación ya se veía como bastante posible que saliera la Ley que finalmente salió, que ES LA MISMA QUE ELLA VETO, va de suyo que esta actitud que ahora toma la Presidenta constituye una rectificación de su anterior acto. Esto es algo que no puede ser leído de otra forma que la rectificación de un error, algo que merece un reconocimiento: es muy bueno que el Gobierno tenga capacidad de rectificar sus errores para mejorar su gestión.
Ahora bien: este error que ahora se rectificaría ni es exclusivo de la Presidenta ni se agota en el acto formal del veto o promulgación de la Ley de Glaciares. En mi humilde opinión, requiere rectificación la consideración que el espacio político del gobierno hace de la importancia de esta nueva contradicción, entre naturaleza y modelo de desarrollo, que no conocíamos en estadios anteriores del desarrollo de la técnica, pero que ahora, adquiere contornos que, como se ha visto en Brasil, pueden llegar a decidir una elección.
Algo que no es poca cosa, y que tiene su impacto en toda la región: la historia de América Latina no es la misma si en el período 2011-2015 en Brasil gobierna Dilma Rousseff, que si gobierna José Serra. La nuestra, tampoco.
El conflicto entre modelo de desarrollo y naturaleza fue tempranamente anunciado dentro del peronismo, por el propio Perón, que el 21 de Febrero de 1972 escribió, en su célebre Carta sobre Medio Ambiente a los Gobiernos del Mundo: necesitamos nuevos modelos de producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico que, al mismo tiempo que den prioridad a la satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano, racionalicen el consumo de recursos naturales y disminuyan al mínimo posible la contaminación ambiental…. Y así, mientras llega a la luna gracias a la cibernética, la nueva metalurgia, combustibles poderosos, la electrónica y una serie de conocimientos teóricos fabulosos, mata el oxígeno que respira, el agua que bebe, y el suelo que le da de comer y eleva la temperatura permanente del medio ambiente sin medir sus consecuencias biológicas.
Grave sería olvidar esa enseñanza ahora, que los temas que en 1972 parecían sólo una elucubración de mentes muy esclarecidas para tiempos lejanos por venir, se han transformado en tema de agenda que puede decidir una elección.
*Integrante de Carta Abierta – Comisión de Medio Ambiente
PROTECCIÓN DE LOS GLACIARES Y AMBIENTE CIRCUNDANTE
Carta Abierta Mendoza expone su punto de vista sobre la Ley Nº 26418 (Ley de Presupuestos mínimos ambientales de Protección de los glaciares y ambiente periglacial):
Uno de los recursos más valiosos que tenemos en la Argentina es el agua, y en el contexto internacional hay una preocupante escasez de este recurso fundamental para la vida. En el siglo XXI viviremos conflictos por el agua, ya que el "oro azul" se está convirtiendo en uno de los recursos estratégicos más importantes. De toda el agua que hay en el planeta, sólo el 2.59% es dulce y de ésta, el 70% está congelada en los polos y en los glaciares. Estos son reservas de agua dulce, fundamentales en nuestra Cordillera de los Andes, pues en ellos nacen muchos ríos.
La masa de los Glaciares sirve como regulador: durante las estaciones secas "se derrite" en parte y aporta agua; durante las temporadas de mucha nieve, acumula el agua y evita que se derrame aguas abajo. En años de escasa precipitación nival en nuestra zona, los glaciares suministran hasta el 70% de los caudales de los ríos en Mendoza y San Juan. Por eso tenemos el deber de cuidarlos.
La idea de los legisladores nacionales, fue proteger a los glaciares y al ambiente periglaciar y contaron para elaborar la ley, con el asesoramiento de los principales expertos argentinos en el tema (IANIGLA). Con la sanción de la ley 26.418, la Argentina podía proteger estas fuentes de agua dulce ya que se disponían dos medidas principales: la creación de un Inventario Nacional de Glaciares y la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera, en los glaciares y en el ambiente periglacial saturado en hielo.
Daniel Filmus, cuando presentó el proyecto de ley en el Senado, dijo: "Hablamos de uno de los temas más importantes que puede tener la Argentina en el futuro. Un tema que no contaba con una legislación específica y que es fundamental y decisivo, porque aludimos principalmente a las reservas de agua de nuestro país. Y sabemos que las reservas de agua, no sólo en nuestro país sino en todo el mundo, constituyen uno de los recursos esenciales".
El día 10 de noviembre pasado, el Ejecutivo Nacional vetó por Decreto 1837 la mencionada ley, que no pudo ser promulgada. El artículo 6 de la ley vetada fue uno de los más controvertidos, pues prohibía actividades en las áreas de los glaciares, para evitar su destrucción o traslado. Las actividades prohibidas eran las siguientes:
-La disposición de sustancias contaminantes, residuos o productos químicos (esto incluye cianuro, imprescindible en la minería del oro o ácido sulfúrico, usado en la minería del cobre).
-La construcción de "obras de arquitectura" o infraestructura sobre los glaciares (por ejemplo caminos, túneles, puentes).
-La Exploración y Explotación de minerales en el ambiente glacial y periglacial, así como la instalación de Industrias.
Seguramente en la decisión del veto Presidencial influyeron el impacto de la Norma sobre las economías de las provincias con importante desarrollo minero, entre ellas San Juan, Catamarca y La Rioja y la opinión de sus respectivos Gobernadores, y el tratado preexistente con la República de Chile. Este tratado fue firmado en diciembre de 1997 (en San Juan) y en agosto de 1999 (en Antofagasta) y convertido en Ley 25.243 por el Senado de la Nación en Marzo del año 2000.
Estos antecedentes no nos impiden mencionar que la empresa canadiense Barrick Gold, una de las mineras más grandes del mundo, tiene en proyecto sobre la cordillera de los Andes (y amparada en el marco del "Tratado sobre Integración y Complementación Minera", oportunamente firmado por los gobiernos de Argentina y Chile), el yacimiento PASCUA LAMA: "Pascua" sobre territorio chileno y "Lama" sobre el argentino.
La Corporación Barrick Gold obtendrá del yacimiento de Pascua Lama una producción de 5.000 toneladas de cobre, 615.000 onzas de oro y 18,2 millones de onzas de plata, o sea unos 26000 millones de dólares, de acuerdo a los precios actuales de los mencionados metales.
Pero sucede, que buena parte de los depósitos metálicos se encuentran debajo de los glaciares Toro I, II y Esperanza y esta ley tornaría imposible el avance del Proyecto.
En este escenario, Carta Abierta Mendoza rescata la mecánica institucional utilizada, tanto por el lado del Congreso Nacional, como por el lado del Poder Ejecutivo haciendo uso de sus atribuciones, ya que ambas cosas permiten poner en el tapete -democráticamente y dentro de las reglas del juego institucional- los temas de fondo con relación a DOS cuestiones estratégicas: el Agua y la Minería.
Estos DOS aspectos, que en Mendoza nos afectan directamente, deben ser tratados, en función de los intereses soberanos de nuestro pueblo, pensando en el modelo de provincia para las próximas centurias, preservando y desarrollando nuestros recursos naturales, tal como reiteradamente ha expuesto el Gobierno Nacional: priorizando el aspecto social sobre el aspecto económico dictado por el mercado. El Bicentenario, además, debería encontrarnos refundando la Provincia en éstos y en otros temas trascendentes.
Nos debemos, entre otros, la modificación de las leyes mineras de los ´90; la Ley de Suelos y el re-estudio de nuestra Ley de Aguas, aspectos de los cuales depende el modelo productivo que deseamos para la Provincia.
Por todo lo argumentado precedentemente, Carta Abierta Mendoza apoya explícitamente los contenidos conceptuales de la Norma vetada y aboga por su aprobación definitiva.
Tanto el Gobierno Provincial como el Nacional tienen la obligación de hacerse eco de estas preocupaciones dado la importancia estratégica que estas cuestiones tienen para el cuidado de nuestros recursos, y para el bienestar mayoritario del pueblo argentino.
Alberto Lucero, Alberto Marino, Ana Cristina Manchón, Ana Rouquaud, Antonio Mario Sampieri, Carmen Gutiérrez Arrojo, Carolina Dana Magni, Elena Ramírez, Eliana Gabay, Estela Vergelín, Gabriel Bajach, Héctor Rubén Cuello, Horacio Báez, José María Romero, Judiht Vargas, María Elena Abrales, María Inés Gorra, María Josefina Neirotti, María Susana Capitanelli, Milca Vargas, Néstor García Morro, Norberto Rossell, Osvaldo Funes, Rafael Báez, Raúl Gallisá, Roberto Follari, Rosa Amaro, Vicente Reale, Virginia Biella
La crisis y la privatización limitan el acceso de las mujeres al agua
Internacional, Derechos humanos, México DF, Martes 9 de diciembre de 2008, por Sandra Torres Pastrana
http://www.amecopre ss.net/spip. php?article1978
El agua es un bien común a la humanidad, pero su carencia es motivo de movilizaciones y luchas donde participan las mujeres, según afirmaron expertas y expertos en Foro Cambios políticos en Latinoamérica, ¿Nuevas políticas del agua?, convocado por la Fundación Heinrich Böll Stiftung.
En todo el mundo, las mujeres son las principales responsables de asegurar el agua para sus hogares y destinan gran parte de su tiempo en caminar grandes distancias para transportarla.
Pero la mercantilizació n del agua, el predominio del enfoque economicista que incrementa la desigualdad y la injusticia social, complica el acceso al líquido, un bien común considerado por Naciones Unidas como un derecho humano fundamental. Por esta razón, en el año 2000 estableció, dentro de las Metas del Milenio, que antes del año 2015 debe reducirse a la mitad la proporción de personas sin agua potable segura.
Latinoamérica dispone de 33 por ciento de los recursos hídricos renovables del planeta, pero 77 millones de personas (51 millones en áreas rurales y el resto en urbanas) no tienen acceso a ellos, señala la organización Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible. Además, 100 millones carecen del servicio y a ellas se le suman 256 millones que evacuan sus desechos a través de letrinas y fosas sépticas.
Ante esta problemática, la Fundación Heinrich Böll Stiftung realizó el Foro "Cambios políticos en Latinoamérica, ¿Nuevas políticas del agua?, en la Ciudad de México, del 26 al 28 de noviembre pasado.
Cien expertas y expertos de 19 países analizaron ahí la importancia de la perspectiva de género, la privatización, mercantilismo, financiamiento, marcos legales y las nuevas oportunidades para el manejo del agua, con miras a la justicia social y el manejo sustentable.
Diferentes problemas, distintas soluciones
"Siempre son las mujeres, niñas y niños, indígenas y campesinado la población más golpeada, que no cuentan con acceso al agua o sencillamente el servicio del recurso es insuficiente", señaló en el Foro la coordinadora regional de la Fundación Heinrich Böll , para México, Centroamérica y El Caribe, Ingrid Spiller, quien considera que vale la pena mirar el contexto local y regional para buscar soluciones diferenciadas y lograr el acceso al agua.
Hilda Salazar, de la Red de Género y Medio Ambiente, puntualizó que el enfoque de género ha permitido destapar y observar más de cerca las desigualdades sociales y, en el caso del agua, hay dos aspectos importantes: las desigualdades sociales, claras y crecientes, y el tema ambiental.
El caso de México es claro ejemplo: 14 millones de personas carecen de agua potable y 22 millones no tienen acceso a alcantarillado, según cifras oficiales. Sobre cómo se emplea, indican: 75 por ciento se utiliza en el sector agrícola, pero 45 por cierto se va en fugas; 14 por ciento en servicios y 11 por ciento en la industria.
Privatización y pobreza
La privatización de este bien común ha conducido a alzas en los precios, al cese en su suministro, problemas de salud, corrupción y mayores dificultades de acceso para las mujeres pobres y sus familias, señalan expertas y expertos.
Ocurre así en El Salvador, donde la comercializació n del líquido hace que la población más pobre tenga que pagar más de mil por ciento el valor público del agua. La gente de las comunidades rurales tiene que decidir si compra comida o agua, aseguró Ana Ella Gómez, del Centro para la Defensa del Consumidor de El Salvador.
Un estudio publicado en México el año pasado por el Tribunal Latinoamericano del Agua revela que una de las industrias de crecimiento más rápido y menos regulado del mundo es la del agua embotellada. En 2003 a nivel mundial, tenía ganancias de 46 mil millones de dólares anuales.
Estos avances privatizadores han generado resistencias por parte de la ciudadanía, particularmente en Bolivia, Argentina, México y Honduras. El caso de Bolivia dejo clara la importancia de la participación de las mujeres en esta lucha, dijo en el Foro Antonieta Meneses, de la Federación Departamental Cochabamba de Regantes. "Las mujeres bolivianas salimos a las calles con nuestras hijas e hijos para defender nuestro derecho al agua como un recurso vital para la vida".
Crisis económica
La crisis económica en el mundo, que se agudizará el año próximo, prevén expertos, incrementa también la preocupación sobre el acceso al agua para la población femenina y en general quienes viven en inequidad, porque con menos empleos y menos ingresos, habrá mayor precariedad y menor cantidad de agua.
La Coordinadora regional de la Fundación Heinrich Böll , para México, Centroamérica y El Caribe, señaló: "hoy esa gente tiene que gastar gran parte de su sueldo en agua limpia. Si empiezan a ganar menos, el porcentaje del gasto en agua va a aumentar, por tanto, los pondrá ha decidir si gastar en agua limpia o comprar comida y ropa, lo que puede propiciar que la gente consuma agua sucia, con un aumento en enfermedades y muertes por consumo de aguas contaminadas".
Bajo estas circunstancias, Spiller considera importante que la gente se convierta en una ciudadanía activa y entienda que el agua es un bien común y tienen derecho a él, pero también tiene responsabilidad.
Ante la ley de “Presupuestos mínimos para la protección de los glaciares”
Juan Carlos Pavoni
Abordamos este episodio desde la promoción irrestricta del papel del Estado en la defensa de la Nación y sus recursos naturales, nuestros recursos naturales.
El veto de la Presidenta a una ley, que se inscribió claramente en la intención manifiesta de tender un cerco a la depredación de uno de nuestros importantes recursos hoy -y mucho más en un futuro no muy lejano- EL AGUA POTABLE, no debe pasar desapercibido para el pueblo de la Nación. Es él quien tiene la obligación de constituirse en el custodio último de nuestros recursos naturales y nuestra soberanía.
Como parte de este pueblo alerta, observamos que detrás de este acto de la Presidenta, se manifiesta la presencia de intereses que no son los de la Nación y el pueblo todo, sino de un sector de origen transnacional y fuerte poder económico, capaz de cooptar con las peores armas a los sectores gobernantes de las provincias mineras y en consecuencia, incidir sobre la visión política de la dirigencia del estado nacional.
No sería digno de este gobierno que el veto se consolidara; seguramente estaremos ayudando a la Presidenta, haciéndola fuerte en su negociación con los poderes políticos provinciales, a los que no vemos defendiendo los intereses federales, sino moviéndose en los estrechos límites de visiones electoralistas y prebendarias de la política.
Cuando los dictámenes de organismos como el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales del estado nacional, las opiniones calificadas como las del Presidente del INTI Ing. Enrique Martinez y la casi unanimidad de los legisladores nacionales de ambas cámaras, avalan con entusiasmo el reforzamiento de la capacidad del estado para monitorear los recursos naturales, regular su explotación asegurando la sustentabilidad ambiental y preservando la enorme riqueza estratégica del agua potable en el futuro de la humanidad toda, resulta imprescindible tomar posición desde nuestras mejores tradiciones emancipadoras para constituirnos como Pueblo en lucha por la defensa de la Nación.
Bs.As. 29 de noviembre de 2008.
Buscan que vuelva al Congreso la ley de protección de glaciares
Bonasso, desde la Comisión de Recursos Naturales de Diputados, confió que insistirá con su aprobación. Si lo logra, CFK no podrá volver a vetarla.
El veto presidencial sobre la ley de protección de glaciares cayó muy mal entre los ambientalistas.
La comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados intentará volver a darle dictamen favorable al proyecto de ley de protección de glaciares, luego del polémico veto de Cristina Fernández de Kirchner. El objetivo es que vuelva a ser tratado en el recinto.
En ese sentido, el diputado Miguel Bonasso, titular de la Comisión, le confió a Críticadigital que “personalmente va a insistir con la aprobación de la ley tal como está. Pero es una incógnita la actitud de los legisladores oficialistas, qu eel único argumento que tienen para no aprobar la ley es la obediencia debida”.
La decisión de la Presidenta despertó reacciones negativas desde todos los sectores, pero también sospechas de que con esta medida se beneficiaba a las empresas mineras multinacionales que operan en la Cordillera de los Andes, principalmente en la provincia de San Juan.
El líder de la ONG Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), Raúl Montenegro, en diálogo con Críticadigital, atacó duramente el rechazo presidencial. “Cristina se va a tener que hacer cargo de su corresponsabilidad en la destrucción de los glaciares nacionales. Es un cóctel fatal entre la incompetencia de la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, y los ‘consejos’ de la Secretaría de Minería”.
Luego Montenegro fue más allá y habló de un claro mensaje hacia las mineras. “Con este veto, tienen vía libre para seguir explotando a mansalva el suelo argentino”.
LOS CAMINOS DE LA LEY. Una vez que llegue a Diputados se necesitará de los dos tercios de los votos positivos tanto de la Cámara Baja como luego en el Senado para transformarse la ley. De lograrse, Cristina estará obligada a promulgarla.
La ley había sido aprobada por unanimidad en la Cámara Alta con 47 legisladores presentes y en concreto prponía la creación de un Inventario Nacional de Glaciares, como lo posee Chile.
En su artículo 6 prohibía que en los glaciares y su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance.
Pero Fernández de Kirchner argumentó en el decreto 1837/08 que los gobernadores de provincias andinas temían que la ley de glaciares amenazara el desarrollo de sus regiones. El texto del veto agregó que “era excesivo” prohibir la actividad de minería o perforación petrolera en los glaciares y en las llamadas áreas peri glaciares que bordean los glaciares.
LA SOMBRA DE BARRICK GOLD. La ley aprobada el mes pasado por el Congreso amenazaba los planes de la mayor firma minera mundial de oro, Barrick Gold Corp, para construir una mina de u$s 2.400 millones en los nevados picos de los Andes entre Argentina y Chile.
El proyecto sanjuanino Pascua Lama, de Barrick, enfrentó un torrente de protestas de activistas verdes en Chile, pero finalmente recibió la aprobación del gobierno de ese país después de que la compañía prometió no tocar los glaciares andinos que bordean el remoto sitio. Poco después, obtuvo la aprobación de las autoridades argentinas.
No obstante, la firma no ha podido comenzar con los trabajos en la mina debido a una disputa entre Argentina y Chile sobre cómo compartir los ingresos fiscales del proyecto transfronterizo, y por la estructura impositiva que debe afrontar Barrick en la Argentina, superior a la que paga en Chile.