Por Guillermo Wierzba *
En estos días, y luego de una persistente resistencia del gran empresariado, comenzará el debate del proyecto de ley respecto de la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Pese a la alarma de las corporaciones patronales existe una copiosa experiencia internacional de regímenes de diversa raigambre, originados en diferentes momentos y en el marco de distintos paradigmas económicos.
América latina es la región que provee la mayor cantidad de experiencias previas. México es el país con más historia en el tema. Ya en el año 1917 la Constitución, que plasmó las ideas del constitucionalismo social, disponía la participación de los trabajadores en las ganancias y el régimen vigente es de orden obligatorio de acuerdo a la ley federal de trabajo y se basa en la distribución del 10 por ciento de las ganancias netas, estableciendo que la mitad se distribuya uniformemente entre todos los trabajadores y la otra lo haga en relación al salario. Existe un techo salarial para limitar el universo de los que participan de este beneficio. En Chile toda la distribución es proporcional al salario de los trabajadores, se establece la tasa de participación en el 30 por ciento. El Código de Trabajo chileno determina una alternativa de pago del 25 por ciento de los ingresos totales anuales con un límite máximo de 4,75 salarios mínimos. Este régimen alternativo le resta potencia a la obligación de distribuir utilidades, optando por hacerlo genuinamente sólo el 10 por ciento de las empresas.
En Perú las tasas de participación en las utilidades son diferenciales en relación a los sectores económicos oscilando entre el 5 y el 10 por ciento con un techo equivalente a 18 remuneraciones mensuales. Las pérdidas de los ejercicios anteriores son compensables, a diferencia de la tendencia general. La distribución es en partes iguales, como en México, una uniforme y otra proporcional al salario. Se exceptúan las cooperativas, instituciones sin fines de lucro y las empresas con menos de 20 trabajadores.
En Ecuador la tasa es del 15 por ciento. La base de cálculo son las utilidades líquidas y no se fijan topes a los montos a percibir por los trabajadores. Se prevé que los asalariados de las empresas contratistas vinculadas al proceso de producción participen también de los beneficios de la empresa mandante. De ese 15 por ciento, el 10 se distribuye uniformemente y el 5 restante se cancela en relación a las cargas familiares.
En Venezuela la tasa también es del 15 por ciento. El sistema establece, al efecto de la participación de los trabajadores, ganancias mínimas presuntas y prevé topes mínimo (el sueldo equivalente a 15 días) y máximo (4 salarios mensuales).
Brasil tiene características distintas. La normativa data de la neoliberal década del noventa. Fue establecida constitucionalmente en 1994 y la actual ley vigente es del 2000. Estipula la obligación de negociación entre las empresas y sus empleados, habiéndose desarrollado tres modalidades, distribución de ganancias por porcentaje, retribuciones a la productividad o un monto fijo anual.
En Europa también existen numerosas experiencias. En Francia es obligatorio para las compañías que tienen más de 50 trabajadores y optativo para las demás. La definición del monto a repartir se establece en la negociación colectiva. En Gran Bretaña es optativo y las empresas que lo adoptan resultan ser las más rentables. En Alemania, es voluntario y utilizado en grandes firmas como en la Opel. En este país la legislación prevé la participación de los trabajadores en la gestión empresaria, siempre que sus organizaciones lo prefieran.
En Canadá y Estados Unidos es optativa con alícuotas variables y los montos a percibir por los trabajadores se depositan en los fondos previsionales. En Asia, en la mayoría de los casos es de aplicación voluntaria, pero la práctica resulta extendida. Japón, Corea, Singapur, Honk Kong, Malasia, Indonesia, Taiwan y Tailandia tienen una vasta cultura al respecto.
Existiendo esta vasta experiencia internacional, ¿cuál es la razón para tanta resistencia empresaria al proyecto presentado por Recalde? En Argentina hubo, también, experiencias de cogestión, como en Segba en la década del ‘60 y en La Cantábrica en la del ‘70.
Las experiencias expuestas reflejan una variedad de situaciones que se resumen en una oposición polar: un caso es cuando se lo asume como parte de procesos de flexibilización laboral, sustituyendo salarios e ingresos fijos por remuneraciones variables, enfatizando su utilización como parte del incentivo a la productividad y estableciéndola como ingrediente de estrategias precarizadoras; el otro cuando se la reconoce como un derecho, siendo el trabajo fuente de la riqueza y garantizando la equidad entre la remuneración de los asalariados y los bienes producidos. El objetivo es reducir las brechas entre el sueldo percibido por el trabajador y la riqueza generada por el mismo. Sintéticamente: resulta un instrumento de redistribución de la riqueza.
La actual política económica redujo drásticamente la desocupación, restableció los organismos y mecanismos de negociación colectiva y encaró reformas legales desprecarizadoras del empleo. Avanza hacia el objetivo de redistribución del ingreso y la riqueza, proponiéndose la meta del 50 y 50. A su vez, reconoce en la conflictividad laboral encausada, un síntoma de progresividad social y no de ingobernabilidad. Así, el escenario en el que el proyecto de Recalde se discute responde al segundo paradigma de la polaridad expuesta. Frente a la experiencia de los noventa en la que la modalidad de propiedad participada se implementó en un clima de desarticulación sindical, despliegue de un sindicalismo proempresarial y caída estrepitosa del nivel de empleo. Hoy el proyecto de participación en las ganancias nace cuando la economía crece junto al empleo y las organizaciones gremiales se fortalecen. Este es el tópico clave, ya que será la organización de los trabajadores la garantía del cumplimiento de la ley y del control de las cuentas empresarias sobre las que se determinarán sus ingresos.
La razón de la oposición empresaria no radica en el instrumento, sino que reacciona frente a la voluntad de profundización de un programa de justicia social, con una enérgica recuperación del protagonismo popular. La Constitución Nacional en su artículo 14 bis establece la participación en las ganancias, el control de la producción y la colaboración en la dirección de las empresas por parte de los trabajadores. Transitamos una época política de rejerarquización del respeto por los derechos humanos. El proyecto en discusión promueve su afirmación y el cumplimiento de la Constitución, mientras agrupamientos del empresariado anteponen sus intereses a la Ley Fundamental. Una instancia más en la que reaparecen las tensiones entre el poder económico concentrado y la democracia y las normas republicanas
* Director del Cefid-Ar
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Distribuir ganancias
Martes, octubre 26th, 2010Posted in Caminos para el progreso, La cuestión social | No Comments »
CAPITALISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Martes, septiembre 7th, 2010Nota publicada en la Revista “Caminopropio” – Buenos Aires- Setiembre 2010
Norberto Alayón (*)
(*) Trabajador Social. Profesor Titular de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Conviene recordar, taxativamente, que la existencia de la pobreza deviene y está en la propia naturaleza del sistema capitalista. La esencia del capitalismo se centra en la ganancia y en la acumulación, en desmedro de la distribución equitativa de la riqueza socialmente producida, es decir por todos.
El modelo de funcionamiento capitalista genera y construye, por su propia lógica, una permanente conflictiva social, de muy complejo abordaje. De todas maneras las propias sociedades capitalistas igualmente fueron desarrollando instituciones sociales de protección, que contuvieron parcialmente los conflictos a partir de garantizar ciertas seguridades a quienes vivían de su trabajo.
En las últimas décadas del siglo XX, el fundamentalismo neoliberal arrasó con muchas de esas protecciones y destruyó buena parte de los derechos sociales, dando lugar a un fuerte proceso de degradación social, que acarreó innumerables y graves secuelas que llevará muchos años poder mitigar y reparar.
Si la acumulación por parte de un sector social se basa en la apropiación diferenciada de la riqueza y en una distribución desigual, la construcción y cristalización de sectores ricos y pobres se transforma en algo “natural”, inherente a las propias características del modelo de funcionamiento social. De ello deriva la existencia de sociedades duales, con polos opuestos de altísima concentración de riqueza por un lado y de enorme concentración de exclusión y de pobreza por el otro.
Se verifica, en consecuencia, la existencia de una importante contradicción entre el capitalismo y la democracia. Con pobreza y exclusión, la democracia pierde inexorablemente legitimidad. Pero el carácter esencialmente antidemocrático del capitalismo se puede (y se debe) atenuar o neutralizar políticamente por la acción del Estado, mediante el derecho laboral y las políticas sociales.
Muchas de las críticas despiadadas a la presencia fuerte y extendida del accionar del Estado y que propagandizaban las eventuales bondades de un “Estado mínimo”, apuntaban -elíptica o abiertamente- hacia la transformación del Estado y su desmantelamiento como garante del bienestar general, tal como debe ser una de sus funciones básicas. Si está “ausente” o defecciona el Estado como equilibrador de los intereses de los distintos sectores, la cruel y voraz lógica del mercado se impondrá muy fácilmente, sin que nada, ni nadie pueda controlarla o atenuarla.
En rigor, los Estados nunca están “ausentes”. Por presencia o por “ausencia”, los Estados siempre están presentes. En el auge del neoliberalismo, nuestros Estados no se “achicaron”; lo que aconteció es que redefinieron sus objetivos y su presencia activa se direccionó abiertamente hacia la defensa de los intereses de los sectores de mayor concentración y poder económico. Era cierto aquello de que detrás de la propuesta de los Estados mínimos, estaba la ambición de que se transformaran en Estados máximos… del capital, vulnerando la noción de bienestar general y erosionando impúdicamente los principios de equidad y solidaridad. En idéntico sentido operaba aquella perversa promesa, impulsada exitosamente por la dictadura y luego por el menemismo, de que “achicar el Estado es agrandar la nación”.
Capital y trabajo son los factores esenciales en la generación de riqueza. Ambos debieran ser considerados y valorados como simétricos e igualables, en la perspectiva de la vigencia de relaciones humanas que dignifiquen la vida social y la existencia de sociedades verdaderamente democráticas en pos de un mundo sustentable para todos y todas.
Durante el gobierno peronista de 1946-1952 la distribución funcional del ingreso llegó a ser casi del 50 % para el capital y 50 % para los trabajadores. Después de la crisis del 2001 la participación de los trabajadores cayó a menos del 30 % y, en la actualidad, estará por el 35 %.
Los capitalistas (pequeños, medianos o grandes) no son personas “malas” en sí, que desean perjudicar a otras personas, por pura “maldad innata”. Lo que acontece es que al asumir la propia “racionalidad” del funcionamiento capitalista (el lucro, la ganancia), quedan irremediablemente encorsetadas en una lucha feroz con sus pares competidores (de una misma rama de actividades, por ejemplo), que los empuja -si quieren sobrevivir- a asumir las reglas y rigores de la competencia y la rivalidad. Sólo la intervención del Estado puede poner límites y otras regulaciones a los distintos intereses en juego.
El desarrollo económico no implica automáticamente desarrollo social. Para ello es necesario que el desarrollo económico vaya acompañado de vigorosas políticas de Estado, de carácter distributivo, que apunten a eliminar la pobreza y que tiendan hacia una mayor igualdad. Los impulsores de aquella falaz y encandiladora “teoría del derrame”, nos proponían su aceptación “a ciegas”, con el embuste del futuro goteo de riqueza que luego se produciría, aunque después se verificó un enorme derrame de pobreza.
Por cierto no es lo mismo la apropiación de riqueza por la vía de un salario significativo que perciban los trabajadores, que la distribución de la riqueza excedente por la vía de políticas de subsidios, políticas asistenciales, etc. Por supuesto, la variante preferida debiera ser la apropiación directa de riqueza por parte de los trabajadores, y si se tuviera que optar entre apropiación y distribución, la alternativa óptima sería la primera.
No obstante resulta estratégica la defensa, la reivindicación y el fortalecimiento de los derechos sociales y la existencia de amplias y crecientes medidas de inversión en lo social, ya que cumplen una función de redistribución de la riqueza y de contribución hacia una mayor igualdad en la sociedad. Toda medida que procure mejorar la distribución (primaria o secundaria) de la riqueza requiere ser apoyada firmemente. Por ejemplo, la moratoria previsional y la permanente actualización de las jubilaciones, como así también la asignación universal por hijo constituyen importantes políticas de distribución secundaria de la riqueza.
Hace ya muchos años que venimos sosteniendo que en nuestras injustas sociedades, todo lo que se le transfiere a los sectores sociales previamente empobrecidos y vulnerados, es siempre inferior a lo que les corresponde como seres humanos.
Enfatizamos que el empleo formal, los salarios dignos, las políticas sociales universales y las políticas asistenciales, nos conectan con una propuesta de sociedad que tienda hacia la integración y no hacia la exclusión; que tienda hacia la equidad y no hacia la injusticia social; que tienda hacia el fortalecimiento de una nación para todos y no hacia la dualización de sus habitantes, con derechos marcadamente diferenciados, según pertenezcan a uno u otro sector social.
En definitiva, la democracia política con sólidos y extendidos derechos sociales podrá limitar la intrínseca injusticia del sistema capitalista.
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Comentando a Eric Hobsbawn
Lunes, agosto 30th, 2010Por Jorge Molinero*
He tenido el gran placer de leer mucho de la obra de EH, lo descubrí en los años setenta y lo he seguido como a uno de los historiadores de mayor rigurosidad histórica y fino análisis interpretativo. La mayoría de las obras relacionadas con el desarrollo del capitalismo en Europa, y las más recientes con una mirada más universal, en especial La era de los extremos. El breve Siglo XX 1914/1991 (escrito en 1994).
El breve artículo que se titula “El socialismo fracasó y el capitalismo está en quiebra” donde concluye que el principal problema del siglo XXI es el del medio ambiente. Hobsbawn fue afiliado al Partido Comunista Británico desde su juventud hasta la disolución de la Unión Soviética, su formación intelectual sólida y multidisciplinaria, su seriedad y desinterés no se pueden poner en dudas. Por lo tanto sus reflexiones sobre el socialismo (ver capítulo 16 Fin del Socialismo del libro citado), son para tener en cuenta, en especial en el caso de un país de desarrollo intermedio como Argentina.
Para grupos en los que la mayoría de sus integrantes abrevan en la tradición de izquierda hablar del fracaso del socialismo es muchas veces un tema urticante. No solo fracasó en lo económico, al detener el desarrollo de las fuerzas productivas, y en lo político, sino que su propia lógica lo llevó al despilfarro de los medios materiales y una política desaprensiva con respecto al medio ambiente.
Si quisiera escribir una primera conclusión después de fracaso del socialismo y de la presente y nueva crisis del capitalismo es la siguiente: las contradicciones insolubles del socialismo no embellecen al capitalismo, y las contradicciones insolubles del capitalismo no reivindican al socialismo. En cuanto a cuidados del medio ambiente ninguno de los dos sistemas se caracterizó por su preservación.
¿Entonces? La alternativa de Hobsbawn es un sistema mixto, pero al mismo tiempo nos indica que el principal desafío del siglo XXI es y será la preservación del medio ambiente. Podemos y debemos discutir qué sistema político/económico queremos para nuestro país, y probablemente ahí no todos estemos de acuerdo.
Nos une el apoyo a la alternativa política actual en nuestro país, que combina al mismo tiempo pragmatismo económico y reivindicación de la distribución de los frutos del crecimiento económico, mezclando incentivos a las empresas privadas e intervención directa del Estado. Un peronismo que tiene mucho del original en sus dos vertientes redistributiva e industrial desarrollista.
Pero este Mínimo Común Denominador se puede perder cuando se avance más allá de las presentes circunstancias. Hobsbawn dice: No hay nadie, ni los gobiernos, ni los bancos centrales, ni las instituciones financieras mundiales, que lo sepa (…) “una política progresista requiere (…) un regreso a la convicción de que el crecimiento económico y la abundancia que comporta son un medio, no un fin. El fin son los efectos que tiene sobre las vidas, las posibilidades vitales y las expectativas de las personas. (…) Decisiones públicas dirigidas a conseguir mejoras sociales colectivas con las que todos saldrían ganando. Esta es la base de una política progresista, no la maximización del crecimiento económico y el ingreso personal en aquellos casos en que era necesario imponer el interés general por sobre los beneficios privados.
Ello es posible decirlo en la Europa desarrollada, en donde, a pesar de las contradicciones, una amplia mayoría de la población participa en alguna medida de los beneficios del desarrollo industrial, auque las contradicciones del sistema hagan retroceder esas conquistas sociales.
En el caso de nuestro país, la aspiración de la mayoría de la población es alcanzar un mejor nivel de vida, tener un trabajo estable y con la cobertura de salud y plan jubilatorio, disponer de bienes que sólo tienen las clases medias más acomodadas y que son moneda corriente en Europa o Estados Unidos. Sabemos muy bien que esas aspiraciones, sin ser nada revolucionarias ni imposibles, son muy difíciles de obtener por los intereses que se deben tocar para avanzar en ese sentido.
Yo tengo la convicción plena que no es posible mejorar la distribución del ingreso en forma permanente y sustentable si no hay un fuerte crecimiento económico. Más aún, sin un crecimiento acelerado tal como lo piensan Cristina y Kirchner, no se puede resolver el problema social de la desocupación, la pobreza y la exclusión.
En el medio de esa lucha por mantener alto el crecimiento económico se plantean problemas correlacionados, como la inflación o los desbordes medioambientales que todo desarrollo acelerado trae.
Nuestro delicado equilibrio consistirá en proponer al mismo tiempo políticas ecológicamente sustentables sin que ello afecte al objetivo principal que es que crezca la producción fuertemente para brindar más bienes a la población, reducir la desocupación y viabilizar entonces una mejor distribución de los frutos de esos esfuerzos.
* Integrante de la Comisión de Economía de Carta Abierta
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EL RACISMO EN LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA
Miércoles, abril 14th, 2010Enemigos éxtimos
El autor –apelando al concepto de “extimidad”– sostiene que el racismo moderno es “el odio al goce del Otro: se odia la manera particular en que el Otro goza”; y, para esta cuestión, “el discurso universal de la ciencia no tiene respuesta, aunque se trate de hacerlo responder”.
Por Jacques-Alain Miller *
El término “inmigración”, relativamente nuevo, significativamente contemporáneo de la Revolución Industrial, es decir, de la perturbación que introdujo la aplicación con fines productivos de los resultados de la ciencia: a partir de ella, establecerse en un país extranjero se extendió a escala masiva. Se trata entonces de un hecho nuevo, de un hecho moderno.
Debemos decir que ser un inmigrante es el estatuto mismo del sujeto en el psicoanálisis. El sujeto como tal, definido por su lugar en el Otro, es un inmigrante. No definimos su lugar en lo Mismo porque sólo tiene hogar en lo del Otro. El problema del sujeto precisamente es que ese país extranjero es su país natal. Algo significa que el psicoanálisis haya sido inventado por alguien que tenía con el estatuto de inmigrante, de extimidad (ver aparte) social, una relación originaria. Y es que este estatuto pone en tela de juicio el círculo de la identidad de este sujeto, lo condena a buscarla en los grupos, los pueblos y las naciones.
Se nos reprocha ser antihumanistas, y es que el humanismo universal no se sostiene. No me refiero al humanismo del Renacimiento, que está muy lejos de ser un humanismo universal. Hablo de este humanismo contemporáneo que no encuentra más soporte que el discurso de la ciencia –del derecho al saber, hasta de la contribución al saber–, de este humanismo universal cuyo absurdo lógico (no hay otra palabra) sería pretender que el Otro sea semejante. Este humanismo se desorienta por completo cuando lo real en el Otro se manifiesta como no semejante en absoluto. Hay entonces sublevación. Entonces surge el escándalo. Ya no se tiene más recurso que invocar no sé qué irracionalidad; es decir que se supera singularmente el concepto del Otro aséptico que nos hemos forjado.
De hecho, este humanismo universal hace oír sus pretensiones justo cuando el Otro tiene una singular propensión a manifestarse como no semejante –a lo que se esperaba–. Esto desorienta al progresismo, que cuenta con el progreso del discurso de la ciencia como universal para obtener una uniformización, y especialmente del goce. El problema es que, en la medida en que la presión del discurso científico se ejerce en el sentido de lo uniforme, hay cierto disforme que tiende a manifestarse, sobre todo de un modo grotesco y horrible, y que está ligado a lo que se llama progreso.
La ciencia no debe quedar exonerada de racismo aun cuando haya una caterva de científicos que expliquen hasta qué punto es antirracista. Sin duda es posible hacer caso omiso de las elucubraciones seudocientíficas del racismo moderno, que, como se constata, no se sostienen. Resulta fácil constatar que en sus consecuencias técnicas la ciencia es profundamente antisegregativa, pero es porque su discurso mismo explota un modo muy puro del sujeto, un modo que puede llamarse universalizado del sujeto. El discurso de la ciencia está hecho para y por –potencialmente por– cualquier hijo de vecino que piense …luego soy; es un discurso que anula las particularidades subjetivas, que las echa a perder. Entonces, está la vocación de universalidad de la ciencia, que en este sentido es antirracista, antinacionalista, antiideológica, puesto que sólo se sostiene poniendo el cuantificador universal para todo hombre.
Aunque resulta muy simpático, en la práctica esto conduce a una ética universal que hace del desarrollo un valor esencial, absoluto, y hasta tal punto que todo (comunidades, pueblos, naciones) se ordena según esta escala con una fuerza irresistible. De resultas, es porque las comunidades, los pueblos y las naciones se encuentran bajo esta escala, por lo que hay enseguida un buen número al que se califica de subdesarrollado. En el fondo, todo está dicho en ese término, hasta tal punto que no hay más que subdesarrollados en esta tierra. Francia, por ejemplo, tiembla por saber si está en verdad suficientemente desarrollado en varios campos. Se siente en la pendiente de la decadencia respecto de esta irresistible exigencia de desarrollo.
Debe admitirse también que esto se encarnó en la fachada –por otra parte, en general humanitaria– del colonialismo, del imperialismo moderno. En esa época no se decía: cada uno en su casa. Por el contrario, se iba a ver de cerca para imponer el orden y la civilización. Resulta divertido constatar que en nuestra época vivimos el retorno al interior de todo esto, el retorno de extimidad de este proceso. Y resulta tanto más sabroso cuanto que son los mismos que querían afrancesar pueblos enteros los que hoy no pueden soportarlos en el subterráneo.
Hay que reconocer que este desarrollo del discurso de la ciencia tiene como efecto bien conocido –y la protesta, llegado el caso, es reaccionaria– deshacer las solidaridades comunitarias, las solidaridades familiares. Como saben, el estatuto moderno de la familia es extremadamente reducido. Grosso modo, lo que resumimos como discurso de la ciencia tiene un efecto dispersivo, desegregativo, que puede llamarse de liberación, por qué no; se trata de una liberación estrictamente contemporánea con la mundialización del mercado y de los intercambios.
A quienes sólo son sensibles a la vocación de universalidad de la ciencia, mientras rezongan ante algunas de sus consecuencias económicas y hasta culturales, Lacan les señala el hecho de que a esta desegregación responde la promoción de segregaciones renovadas, que son en conjunto mucho más severas que lo que hasta ahora se vio. El lo dice en futuro, de forma profética: “Nuestro porvenir de mercados comunes será balanceado por la extensión cada vez más dura de los procesos de segregación” (los remito a la página 22 de la “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela”).
Los procesos de segregación son justamente lo que se discute bajo el sentido común del racismo. En el fondo, esto implica que el discurso de la ciencia no es en absoluto abstracto, sino que tiene efectos sobre cada uno, tiene efectos significantes sobre todos los grupos sociales porque introduce la universalización. No se trata de un efecto abstracto, sino de una apuesta permanente.
El modo universal –que es el modo propio según el cual la ciencia elabora lo real– que parece no tener límites, pues bien, los tiene. Me encontraba junto a un biólogo encantador empeñado en sostener que desde el punto de vista de los genes no hay raza: reconozcamos que este tipo de fórmula, de discurso, es completamente inoperante. Se puede repetir tanto como se quiera “nosotros los hombres…”, y se constatará que no tiene efectos. No los tiene porque el modo universal que es el de la ciencia encuentra sus límites en lo que es estrictamente particular, en lo que no es universal ni universalizable y que podemos llamar, con Lacan, de manera aproximada, modo de goce. Soñar con una universalización del modo de goce caracterizó a toda utopía social, de las que fue pródigo el siglo XIX. Por supuesto, es preciso distinguir el goce particular de cada uno y el modo de goce que se elabora, se construye y se sostiene en un grupo, por lo general no muy amplio. Allí se está a nivel de cada uno. No de cada hijo de vecino, sino de cada uno en su cadaunería.
“Odio tu manera de gozar”
Dado el modo universal en que se desarrolla, el discurso científico no puede responder nada a la pregunta que se plantea como consecuencia de esta respuesta que es el imperativo de goce, del que cada uno es esclavo.
Se sabe que el discurso universal de la ciencia no tiene respuesta, aunque se trate de hacerlo responder. Se hacen, por ejemplo, manuales de educación sexual, lo que constituye una tentativa de actuar de modo que el discurso científico, que se supone tiene respuesta para todo, pueda responder al respecto, y se verifica que fracasa. Por su profesión, el biólogo cree en la relación sexual porque puede fundarla científicamente, pero a un nivel que no implica que ésta se apoye en el inconsciente. Y nada de lo que verifica a nivel del gen dice lo que hay que hacer con el Otro sexo en el nivel donde eso habla. Aun cuando el biólogo verifique el modo en que los sexos se relacionan uno con otro, lo hace en un nivel donde eso no habla.
Hacer responder a la ciencia paradojas del goce es un intento cuyo final no vimos. Estamos sólo al comienzo. Es una industria naciente. Pero quizá desde ya podamos saber que es en vano. En todo caso, por ahora el discurso universal no tiene siquiera la eficiencia que han tenido los discursos de la tradición, los discursos tradicionales, relativamente inertes, de una sabiduría sedimentada, que en las agrupaciones sociales anteriores permitían enmarcar el modo de goce. Nótese que estos discursos tradicionales –como el de la familia ampliada, según la llamamos, porque la nuestra es reducida–, que en determinado momento elaboraban cómo hacer con el otro, son los que el discurso de la ciencia objetó, arrasó; el discurso de la ciencia y lo que lo acompaña, a saber, el discurso de los Derechos del Hombre.
Me parece que esto es lo que debe captarse para situar el racismo moderno, sus horrores pasados, sus horrores presentes, sus horrores por venir. No basta con cuestionar el odio al Otro, porque justamente esto plantearía la pregunta de por qué este Otro es Otro. En el odio al Otro que se conoce a través del racismo es seguro que hay algo más que la agresividad. Hay una consistencia de esta agresividad que merece el nombre de odio y que apunta a lo real en el Otro. Surge entonces la pregunta que es en todo caso la nuestra: ¿qué hace que este Otro sea Otro para que se lo pueda odiar en su ser? Pues bien, es el odio al goce del Otro. Esta es la fórmula más general que puede darse de este racismo moderno tal como lo verificamos. Se odia especialmente la manera particular en que el Otro goza.
Cuando cierta densidad de poblaciones, de diferentes tradiciones, de culturas diversas, se expresan, resulta que el vecino tiende a molestarlos porque, por ejemplo, no festeja como ustedes. Si no festeja como ustedes, significa que goza de otro modo, que es lo que ustedes no toleran. Se quiere reconocer en el Otro al prójimo, pero siempre y cuando no sea nuestro vecino. Se lo quiere amar como a uno mismo, pero sobre todo cuando está lejos, cuando está separado.
Cuando el Otro se acerca demasiado, se mezcla con ustedes, como dice Lacan, y hay pues nuevos fantasmas que recaen sobre el exceso de goce del Otro. Una imputación de goce excedente podría ser, por ejemplo, que el Otro encontrara en el dinero un goce que sobrepasaría todo límite. Este exceso de goce puede ser imputar al otro una actividad incansable, un gusto demasiado grande por el trabajo, pero también imputarle una excesiva pereza y un rechazo del trabajo, lo que es sólo la otra cara del exceso en cuestión. Resulta divertido constatar con qué velocidad se pasó, en el orden de estas imputaciones, de los reproches por el rechazo del trabajo a los que “roban trabajo”. De todas maneras, lo constante en este asunto es que el Otro les saca una parte indebida de goce. Esto es constante.
La cuestión de la tolerancia o la intolerancia no alcanza en absoluto al sujeto de la ciencia o a los Derechos del Hombre. El asunto se ubica en otro nivel, que es el de la tolerancia o la intolerancia al goce del Otro, en la medida en que es esencialmente aquel que me sustrae el mío. Nosotros sabemos que el estatuto profundo del objeto es haber sido siempre sustraído por el Otro. Si el problema tiene aspecto de insoluble, es porque el Otro es Otro dentro de mí mismo. La raíz del racismo, desde esta perspectiva, es el odio al propio goce. No hay otro más que ése. Si el Otro está en mi interior en posición de extimidad, es también mi propio odio.
Simplemente, se confiesa que se quiere al Otro siempre que se vuelva el Mismo. Cuando se hacen cálculos para saber si deberá abandonar su lengua, sus creencias, su vestimenta, su forma de hablar, se trata de saber en qué medida él abandonaría su Otro goce. Esto es lo único que se pone en discusión.
En esta línea me vi llevado a admitir la validez del término “sexismo”, que se construye sobre “racismo”. Hombre y mujer son dos razas –tal es la posición de Lacan–, no biológicamente, sino en lo que hace a la relación inconsciente con el goce. En este nivel se trata de dos modos de goce. Sabemos hasta qué punto nos ocupamos de contener el goce femenino: cómo se intentó taponar, canalizar, vigilar este exceso de goce. Saben el cuidado que se tomó –constituyó un tema filosófico, durante siglos– en la educación de las muchachas. Resulta divertido ver progresar las tentativas de uniformización del discurso de la ciencia. Podemos regocijarnos al ver la promoción femenina, mujeres a la cabeza de sociedades multinacionales norteamericanas, por ejemplo, que hoy ocupan lugares como el de tesorero general, lo que es bastante afín a la posición de la burguesa en la casa.
La tolerancia a la homosexualidad depende de la misma rúbrica. Se producen efectos de segregación, si no voluntarios al menos asumidos. Existen rincones reservados, en Los Angeles o San Francisco, donde se reúne una comunidad que ocupa un tercio de la ciudad. Se trata de una forma asumida, jugada, de segregación. Y como comunidad de segregación tiene derecho de palabra y de actuación en la conducción de la ciudad.
¿El antirracismo es negar las razas? Creo que es inoperante plantear que no hay razas. Para que no hubiera razas, para que se pudiera decir “nosotros los hombres…”, haría falta que hubiera el Otro del hombre. Se necesitarían seres hablantes de otro planeta para que pudiéramos por fin decirlo. De ahí el carácter finalmente tan optimista de la ciencia ficción, ya que da una especie de existencia fantasiosa al “nosotros los hombres…”. Para Jacques Lacan, una raza se constituye por el modo en que se trasmiten, por el orden de un discurso, los lugares simbólicos. Es decir que las razas, esas que están en actividad entre nosotros, son efectos de discurso, lo que no significa simplemente efectos de blablablá. Significa que estos discursos están ahí como estructuras, y que no alcanza con soplarlos para que se vuelen.
* Director del Instituto del Campo Freudiano. Texto extractado del libro Extimidad, de reciente aparición (Ed. Paidós).
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Salario mínimo, salario máximo
Viernes, noviembre 27th, 2009Vicenç Navarro
Como consecuencia del desarrollo de las políticas públicas liberales realizadas desde comienzos de la década de los años ochenta (iniciadas por los gobiernos de Thatcher en Gran Bretaña y por el presidente Ronald Reagan en EEUU, y extendidas más tarde a la mayoría de países de la OCDE) hemos visto una espectacular concentración de las rentas en los sectores más pudientes de cada sociedad, produciéndose una enorme polarización entre los ricos y todos los demás. Así, en EEUU, en el año 1974, el 1% más rico de la población (que ingresaba como promedio 380.000 dólares al año), pasó a ingresar 1,4 millones de dólares en el año 2007 (después de descontar la inflación). Para el 90% de la población, el crecimiento de la renta individual, sin embargo, fue minúsculo. La diferencia entre lo que ingresaba en 1974 y en 2007 fue sólo de 47 dólares al año. Es más, mientras la renta del 1% de la población (top income) era 12 veces el promedio del 90% de la población en 1974, en 2007 pasó a ser 42 veces mayor (datos del informe “Reversing The Great Tax Shift” del Institute for Policy Studies, abril de 2009). Este 1% de la población que goza de mayor renta son los miembros de lo que en EEUU se llama la Corporate Class, término que se utiliza en lugar de la expresión más europea de “burguesía”. Pero lo que es todavía más llamativo es que el 10% con mayores ingresos de este 1% (es decir, los super ricos) han visto crecer sus ingresos a niveles astronómicos, llegando a ser sus rentas 500 veces superiores al promedio de renta del 90% de la población.
Una causa que ha contribuido a esta situación han sido las políticas fiscales llevadas a cabo en la mayoría de aquellos países. La enorme disminución de la progresividad fiscal, que ha beneficiado principalmente a las rentas superiores, ha sido uno de los factores que han facilitado más tal concentración de las rentas. El presidente Obama está intentando subir la tasa de impuestos de los más ricos, recuperando el 39,6% que tenían antes de que Bush lo bajara. Pero, aun cuando consiguiera que el Congreso aprobara este aumento, hay que darse cuenta de que este porcentaje es la mitad (sí, repito, la mitad) de lo que tales ricos pagaban durante la Administración Eisenhower en los años cincuenta.
Esta situación ha creado un gran malestar entre la población, que considera en su mayoría que las desigualdades sociales hoy son excesivas (alrededor de un 72% de los ciudadanos de los países de la OCDE). Porcentajes semejantes de la población añaden que tales desigualdades no están basadas en el mérito. La mayoría de las poblaciones de tales países no cree que nuestras sociedades sean meritocráticas. Consideran que los ricos consiguen su opulencia (en parte heredada) a base de contactos políticos y sociales que facilitan la acumulación de sus rentas y bienes. De ahí que consideren injustas tales desigualdades. Como consecuencia de esta percepción, han aparecido en muchos países movimientos de protesta en contra de los ricos y de la ostentación de la riqueza. En un editorial, el Financial Times aconsejaba a los banqueros dejarse la corbata y el traje a rayas en casa, medidas que sugería para su protección (02-06-09).
Estos movimientos están teniendo un impacto. Así, el Congreso de EEUU está explorando la posibilidad de que se apruebe una ley que prohíba al Gobierno federal establecer contratos o conciertos con empresas cuyos directivos ingresen más de 100 veces el salario promedio de los trabajadores de la empresa. La mayoría de los directivos de la industria militar cobran salarios muy superiores a esta cifra. Así, el presidente de la Lookheed Martin, una empresa militar cuyo cliente más importante es el Departamento de Defensa de EEUU, cobra 26,5 millones de dólares, que es 700 veces más que el salario de un trabajador de tal empresa.
Es poco probable que la mayoría del Congreso apruebe esta Ley. Pero la enorme simpatía hacia tal propuesta entre la población estadounidense (un 78% la aprobaría) tiene preocupados a los ricos del país. Los sindicatos estadounidenses están pidiendo que el límite de las rentas superiores sea incluso menor: los dirigentes de una empresa no debieran ingresar más de 25 veces lo que ingresa el promedio de los trabajadores de la misma empresa, principio que proponen sea aplicable a todas las empresas, y no sólo a las concertadas con el Estado.
En Gran Bretaña, el secretario general de los sindicatos británicos, Brendan Barber, ha pedido al Gobierno que establezca una comisión del Parlamento que estudie las causas de esta exuberante polarización de las rentas y establezca un máximo de ingresos para cualquier persona en Gran Bretaña. Y lo mismo está ocurriendo en otros países (excepto España, donde la falta de diversidad ideológica en los medios de mayor difusión es muy acentuada), en los cuales se está planteando que, de la misma manera que hay un salario mínimo, debiera haber un salario máximo que evitara la enorme concentración basada en el poder económico y político que tal concentración determina. Uno de los argumentos para aprobar el salario máximo es, precisamente, enriquecer a la democracia, hoy sumamente limitada por el excesivo poder de los grupos y clases sociales con mayor renta. La evidencia existente muestra que los países donde hay más corrupción del poder político son aquellas sociedades con mayores desigualdades de renta. EEUU es un ejemplo de ello. Los miembros de la Corporate Class son los que principalmente financian las campañas electorales. Incluso en el caso del candidato Obama, las aportaciones del mundo empresarial y financiero supusieron la gran mayoría de los fondos utilizados en su campaña. Las aportaciones individuales –la mayoría, por cierto, provenientes del 30% de renta superior del país– significaron sólo un 26% de todas las aportaciones). Todo este poder económico quiere decir poder político. Y ahí está la necesidad de reducir el primero para democratizar al segundo.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
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El túnel del tiempo
Lunes, agosto 3rd, 2009AEA congrega a los dueños y titulares de las empresas más grandes y concentradas del país. En un reciente documento, titulado “Movilizar las energías del sector privado, un aporte al diálogo entre todos los argentinos”, abundan ideas libremercadistas. Se trata de un intento de formulación de un proyecto de país enfocado en una corriente noventista y de la teoría del derrame. Reclama la eliminación de todo control e intervención pública en los mercados.
Por Guillermo Wierzba*
Abierta una instancia de diálogo por el gobierno nacional, que incluye a las organizaciones de la sociedad civil que representan intereses sectoriales, la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) dio a conocer un documento titulado “Movilizar las energías del sector privado, un aporte al diálogo entre todos los argentinos”. Una lectura atenta de los dichos de la entidad que congrega a los dueños y titulares de las empresas más grandes y concentradas del país permite concluir que se trata de un intento de formulación de un “proyecto de país”, más que un conjunto de inquietudes o reivindicaciones sectoriales concretas para discutir con las autoridades elegidas por la ciudadanía. Y el enfoque elegido responde a un paradigma enfrentado al proyecto nacional que comenzara a edificarse en el 2003. Vayamos por partes.
El documento se inspira en un concepto de la propiedad privada de tipo decimonónico, recuperado por la oleada intelectual neoliberal de fines del siglo pasado, que excluye las limitaciones impuestas a la misma a partir del desarrollo del pensamiento democrático. El orden jurídico internacional ha incorporado, por ejemplo, a los derechos humanos como parte inalienable del orden democrático moderno, integrando a ellos a los derechos económicos y sociales. A su vez, el derecho de propiedad empresaria resulta de una sustancia diferente a la de la propiedad personal y su extensión no puede ser ilimitada, ni precede a la organización institucional, sino que debe encuadrarse en la misma.
Proclamar la vigencia irrestricta del derecho de propiedad sobre los patrimonios y sus frutos o ganancias, supone una hostilidad “de principios” respecto de la progresividad tributaria y de toda acción del Estado orientada a redistribuir ingresos y riqueza, pues éstas implican la transferencia de stocks y flujos patrimoniales de los agentes concentrados de la economía a los sectores postergados.
La subrayada meta de “drástica reducción de la pobreza” es incompatible –por demostración empírica, histórica y teórica – con la subsistencia de sociedades de desigualdad extrema como son las latinoamericanas. Así, una política dirigida a su sustantiva disminución importa otro dimensionamiento en la ecuación “acción pública/derecho de propiedad”. Al mismo tiempo, corresponde reconocer la correcta invocación que el escrito hace a la necesaria erradicación de la evasión tributaria. Sin embargo, ese ítem sólo apunta al deseado objetivo de la equidad tributaria entre empresas, omitiendo menciones a la progresividad que constituye la condición de una razonable equidad entre los agentes pudientes y los sectores populares. Cuestión clave en una sociedad que reporta índices muy altos de desigualdad.
Formular la posibilidad de actuar sobre la reducción de la pobreza sin proponerse una disminución drástica de la flagrante desigualdad ni admitir la imprescindible limitación social del derecho de propiedad, importa adscribir a la “noventista” teoría del “derrame”. La democracia no es sólo un régimen que aspira a la igualdad formal (por la proclamación de derechos), sino que supone la búsqueda de una sustancial equidad económico-social. La inexistencia de procesos vitales hacia su profundización creciente la torna insuficiente y débil, y conlleva el germen de su degradación.
AEA enuncia su objetivo de “motorizar un fuerte proceso de desarrollo económico y social”. Pero el documento adhiere a una doctrina libremercadista extrema que reclama la eliminación de todo control e intervención pública en el conjunto de los mercados, excepto en el caso de las tarifas de servicios públicos. Contradice así al pensamiento clásico del desarrollo, que destaca la ineficiencia de los mecanismos mercantiles para asignar recursos en el largo plazo, especialmente en los países subdesarrollados, y recomienda en consecuencia el diseño de intervenciones públicas destinadas a alterar las señales de precios para asegurar el cumplimiento de los objetivos de un plan de desarrollo.
El desarrollo económico es una categoría de un paradigma muy distinto al de la ortodoxia. Resulta inconsistente, entonces, reivindicar al primero desde una mirada encadenada a la segunda. El enfoque del desarrollo sostiene que la existencia de sectores más competitivos y otros más inmaduros que se quiere incentivar, requieren de la intervención pública. Los mecanismos de mercado no conducen a estas metas. Desde esta perspectiva la presencia de rentas naturales, así como de beneficios extraordinarios debidos a la concentración económica, exigen de la injerencia estatal para el establecimiento, por ejemplo, de tipos de cambio diferenciales (siendo las retenciones sobre las exportaciones un modo eficaz de establecerlos).
A su vez, un enfoque estructural sobre una economía que ha alcanzado el desmesurado nivel de concentración de la argentina, debe concluir –necesariamente– en intervenciones en los procesos de formación de precios por parte del Estado, para limitar las tendencias a la elevación de los beneficios extraordinarios que las condiciones oligopólicas y monópolicas suscitan, y que resultan en feroces procesos de redistribución regresiva de los ingresos y la riqueza. Esas condiciones de concentración requieren eficaces mecanismos antimonopólicos y de una activa política de ingresos. AEA omite también a la banca de desarrollo, instrumento emblemático de un proyecto de impulso económico. Hace una única referencia a la focalización de la banca pública en el financiamiento de largo plazo al sector privado. Este enfoque recortado mutila y deforma la potencia de una banca de desarrollo, que supone un rol que excede largamente la cuestión de los plazos, e incluye el manejo de las tasas de interés, la selección de sectores a promover, la fijación de volúmenes de atención por ramas o regiones derivados de los objetivos del plan de desarrollo.
Por otro lado, el enclaustramiento de la banca pública en el crédito “de largo” que hace AEA presupone una crítica a su participación en el mercado “de corto”, siendo que en éste le corresponde a la banca pública asumir funciones fundamentales como agente contracíclico, empresa testigo, banca de fomento y atención de las pymes.
Resulta sustantivo, en fin, evaluar la tensión entre mercado, desarrollo y democracia. La esencia de la democracia es que el rumbo y el destino del modelo de país resulta de la implementación de un proyecto que se define por el pronunciamiento popular. El desarrollo como concepto supone determinados objetivos que se articulan en un plan definido democráticamente. El mercado es un dispositivo asignativo de recursos económicos cuya estructuración debe organizarse en armonía con el proceso democrático y el plan. Su existencia y funcionamiento debe ajustarse a éstos y no subordinarlos.
AEA postula, sin detenerse en fundamentos, que “la inflación es un problema estrictamente macroeconómico”. Descarta que las decisiones puntuales de unos pocos agentes económicos puedan incidir en sus causalidades. Esta ausencia en el texto de AEA es muy grave. Una oferta extremadamente concentrada y conglomerados que actúan como formadores de precios, de propiedad y/o bajo la dirección –en buena medida– de los propios miembros de AEA, suponen un indispensable abordaje desde el lado “micro” y “mesoeconómico” –la estructura de los mercados y el poder empresario– que complete el necesario enfoque “macroeconómico”.
La conquista de grados de libertad frente a las políticas de condicionamientos recomendadas por el FMI permitió –en los últimos años– evitar la implementación de estrategias como la de “metas de inflación”, regresivas en sus efectos sobre la distribución. En tal sentido, la advocación a “una activa inserción de la Argentina en el sistema financiero internacional”, sin referencia a la necesaria conservación de la valiosa autonomía de política ganada por esa conquista, constituye una posición que debe generar inquietud.
La puntualizada exigencia de la entidad empresaria sobre el Estado, en el tema de “la defensa de las inversiones argentinas en el exterior”, tiene la forma y el tono de un descuidado matiz. ¿AEA supone que dicha defensa debe predominar sobre las buenas relaciones internacionales de Argentina, sobre el respeto a las autodeterminaciones nacionales y sobre el proyecto de integración regional de Argentina? ¿También estima que debe ejercerse con independencia de la real localización de los capitales controlantes de tales inversiones? Resulta llamativo que el escrito se detenga de este modo en esta cuestión, sin reflexión alguna acerca de las numerosas y progresistas iniciativas de los últimos años que han promovido la unidad latinoamericana, tales como la ampliación del Mercosur, la creación del Banco del Sur y Unasur, los intercambios en monedas locales para evitar la dependencia de las divisas de extrazona, las conversaciones para crear un fondo de estabilización regional. Se trata de una omisión imposible de leer como olvido y que genera un cono de sombras acerca de la calidad de la mirada estratégica del ente empresarial.
Similar calificación merece el enfoque de AEA sobre el “fortalecimiento de los medios de comunicación”, concepto que intenta reemplazar equívocamente a una necesaria definición de libertad de prensa y opinión
–categoría ausente en el escrito– fundada en el derecho a la diversidad, la pluralidad y la calidad de la información. Se condenan las medidas “que debiliten económicamente” a las empresas periodísticas y se sustituyen los derechos humanos inalienables a la libertad de información y expresión por la “libertad de elegir entre una amplia oferta de medios periodísticos existente”. O sea, por el “libremercado” sin menciones a su necesaria desconcentración y democratización. La no disimulada oposición a la propuesta de proyecto de ley de servicios audiovisuales –de creciente consenso en la sociedad– tiene también una inequívoca factura neoliberal.
Los contenidos del último escrito de AEA y su acción presente para alcanzar protagonismos decisivos insinúan –¿revelan?– una continuidad histórica: en su texto abundan ideas “libremercadistas” en una hora difícil para una gestión de gobierno heterodoxa. Las circunstancias y las respuestas plantean un interrogante acerca de la discontinuidad del Consejo Empresario Argentino (CEA) y la inmediata conformación de AEA. ¿Se trata de un cambio de identidad para reformular un estilo político del alto empresariado o de una mera sustitución de nombres para sortear el lastre descalificador del pasado apoyo a Martínez de Hoz, durante la última dictadura, y al plan de convertibilidad en los noventa?
Las intervenciones, discursos y escritos del CEA muestran una adhesión total a los programas ortodoxos y cruciales participaciones en momentos institucionales críticos. Como cuando la fundación de la Apege, un ente empresario organizado antes del golpe del ‘76 cuyo rol fue clave en el debilitamiento institucional previo a través de lockouts patronales. O más tarde, de un modo menos visible, en el denominado “golpe de mercado” que sufrió el gobierno de Alfonsín en sus últimos meses.
Hoy AEA quiere erigirse en vértice de las distintas organizaciones del empresariado grande, mediano o chico, rural o urbano. Momento peliagudo para una democracia que deberá afirmar la legitimidad del poder popular y ciudadano frente al desafío de los grandes intereses corporativos y sectoriales del poder económico concentrado
* Economista, profesor de la UBA y director del Cefid-AR.
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