Comisión de Economía

28-07-2009 / 

Ricardo Forster

A veces resulta necesario tomar un poco de distancia geográfica para apreciar mejor las circunstancias de la vida nacional. Eso me ha sucedido esta última semana gracias a una visita al Instituto Tecnológico de Monterrey, en el norte mexicano. El TEC es una institución privada gigantesca dedicada a la educación con más de treinta campus universitarios repartidos por todo el país, cuyo eje principal tiene que ver con el cruce de la economía y la tecnología, aunque también tiene un espacio para las humanidades y las ciencias sociales. 

Lo cierto es que, como consecuencia de la crisis económica mundial que afecta y mucho a México, la dirección del TEC decidió sin previo aviso y con absoluta discrecionalidad, despedir a un 15% de la planta total de profesores, investigadores y personal administrativo de todos sus campus, además de rebajarle en un 15% los sueldos al resto del personal que tuvo la fortuna de no ser echado. 

Los colegas con los que conversé me expresaron su horror y su obvia preocupación por lo acontecido pero no creían posible, ni necesario, realizar ningún acto de protesta tratando de presionar a la dirección para que revea la medida. Inmediatamente pensé en nuestro país y busqué las posibles comparaciones. 

Mientras que en México, como en gran parte de los países ricos del mundo, la crisis del capitalismo ha servido de excusa para ajustar salarios y expulsar a millones de trabajadores esparciendo la lógica del miedo en el interior de las sociedades, en la Argentina, aunque a muchos parece no gustarles, no sólo se intenta proteger el trabajo sino que, paritarias mediante (¡qué anacronismo! dirán nuestros economistas neoliberales!), se discuten y se aumentan los salarios. 

Basta, entre otros, el ejemplo de los aumentos que recibieron los docentes universitarios que alcanzó el 15,5% (por una extraña casualidad representa casi la misma cifra de despedidos y de rebaja salarial que se implementó en el Instituto Tecnológico de Monterrey), o el del 17% del gremio de los camioneros, al que habría que agregarle el conflicto por un aumento del 22% que hoy tiene la UOM con las patronales metalúrgicas. 

Lejos de ese mapa de la impunidad capitalista que viene de la mano con la crisis y de sus extraños métodos de salvataje de los responsables principales de tanto desaguisado, en nuestro país y sin desconocer los problemas y las deficiencias, todavía se discuten los salarios, no para recortarlos (como en otro momento un tanto olvidado de la historia reciente) sino para fijar los montos de los aumentos que, eso parece y más allá del Indec y de sus falencias estadísticas, serán superiores a la posible inflación anual.

Uno de los ejes de la puja política que vivimos desde, al menos, el conflicto en torno a la resolución 125, tiene directamente que ver con la cuestión de los salarios, del mercado interno y de la protección de las fuentes de trabajo. 

El gobierno pudo, y eso es un hecho, equivocarse en varias cuestiones significativas, pudo despreciar el inmenso costo que pagó por lo acontecido con el indec hasta el punto de perder gran parte de su credibilidad, pudo creer que recostarse en los intendentes del PJ constituía un camino seguro a la victoria electoral, pudo desconocer el descontento que se desplegaba en amplios sectores de la sociedad, pudo hacer oídos sordos a las nuevas formas de la vulnerabilidad de los más pobres refugiándose en estadísticas sospechadas;

 pero lo que no puede dejar de reconocérsele es su esfuerzo por sostener la actividad productiva al mismo tiempo que se buscó y se busca proteger los salarios, las fuentes de trabajo y el mercado interno. 

Esa realidad que emerge si la comparamos, insisto, con otras realidades (y no sólo con la mexicana que he tenido la oportunidad de conocer de primera mano) nos muestra que el núcleo del conflicto en la Argentina sigue siendo la renta y su distribución. En esos otros países ya no hay conflicto porque los trabajadores no encuentran los modos de defenderse mientras se generaliza el miedo social a perder los trabajos.

Las grandes corporaciones económicas hace tiempo que le han dicho basta a la recuperación salarial, del mismo modo que se oponen absolutamente a la intervención del Estado en la discusión por la distribución de la renta. 

El gobierno, eso es evidente, no ha sabido transmitirle a la sociedad la importancia decisiva de este conflicto; no ha sabido ir más a fondo con esa lógica distribucionista que emergió del debate en torno a lo que se debía hacer con la extraordinaria renta agraria (en especial la sojera); pero tampoco supo, por falta de un proyecto claramente explicitado, recrear una base de sustentación social que pudiera defender esa misma iniciativa progresista. 

El gobierno quedó aprisionado de su economicismo, ese que se recostaba en los números de la macroeconomía pero que desconocía los complejos mecanismos de las conductas y de los imaginarios sociales.

 El gobierno no supo, no pudo o no quiso dar una batalla por un modelo de país que intentaba diferenciarse de lo que había sido la línea dominante en los últimos 30 años argentinos.

Lo que sé es evidente, y eso más allá, insisto, de las torpezas o de las incoherencias del propio kirchnerismo, es que en la Argentina de hoy el centro del debate nos diferencia de otros países del mundo, de esos a los que la prensa concentrada llama ¡serios!. 

Nosotros debatimos la cuestión de la renta y de los salarios no desde la lógica del miedo y de la catástrofe económica, ni mucho menos utilizando el espantapájaros de la desocupación o de la necesaria rebaja de los salarios para intentar salir de una crisis generada por las políticas neoliberales; lo hacemos desde los derechos de los trabajadores, con el instrumento clave de las paritarias y con la certeza de defender no privilegios sino una vida digna para los asalariados. 

Pero también, y esto no es de menor importancia, lo que se disputa es si se trata de regresar a lo que se inició fuertemente con el Rodrigazo y con el plan de Martínez de Hoz para afianzarse durante el menemismo, es decir, reducir cada vez más la parte de los trabajadores en la distribución de la renta o, por el contrario, continuar con la recuperación (aunque todavía de ningún modo suficiente) de aquello que por derecho les debe tocar a los asalariados. 

Ésta es nuestra discusión y esto es lo que nos diferencia, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en países como México. La dificultad después de la derrota del 28 de junio será encontrar los modos de impedir que las corporaciones económicas y sus socios políticos logren nuevamente no sólo asfixiar la recuperación salarial sino también lanzar fuera de la escena política a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales y sociales.  

Un artículo de Jorge Rachid

Cuando lo invisible se hace visible, como sucede en la tragedia de Tartagal, la vergüenza nos alcanza a todos los argentinos, no por desconocer esa realidad que muchos conocemos desde hace años, sino por no haber sido capaces de modificar una sociedad injusta, en un modelo social solidario como alguna vez vivimos en nuestro país.

La pobreza en la Argentina es un fenómeno social novedoso, en cuanto a que es pobreza estructural, porque es aquella que ha quedado anclada generacionalmente en una posición social inamovible, sin otro horizonte que la supervivencia, sin proyectos de vida alternativos ni movilidad social por delante; son aquellos compatriotas de sectores arrojados de la pirámide social por la voracidad insaciable del proceso de acumulación de las riquezas, que domina nuestro país en forma ininterrumpida desde 1976 amparados en la cultura neoliberal ahora decadente e instalada a fuerza de sangre y dolor social.

Esto hoy es estructural, por cuanto las nuevas generaciones fueron creciendo en una cultura individualista, egoísta, del sálvese quien pueda, rompiendo los lazos sociales íntimos que daban cobertura a la solidaridad cotidiana, produciendo una diáspora social nunca conocida. Esta realidad ni siquiera se presentó en la sociedad argentina, ni aún en el mayor proceso de crecimiento demográfico que se vivió en el país, como fue el inmigratorio de principios de siglo, cuando supo absorber las diferencias sociales de los recién llegados, ofreciendo el cuerpo generoso del país “a todos los hombres y mujeres del mundo”, como se proclama en el Preámbulo de la Constitución Nacional.

Sin embargo, hoy vemos que los propios argentinos, “hombres y mujeres” del Preámbulo, se encuentran desposeídos, siendo que nacieron en esta tierra.

Este análisis permite clarificar que la pobreza no es un slogan de campaña electoral, ni se representa con un candidato caminando el barro, ni es un discurso confrontativo de una lucha electoral, siempre pequeña, siempre mediocre, que utiliza la pobreza como ariete especulativo conmovedor de su supuesto compromiso con el pueblo. Mas aún cuando en una tragedia como la de Tartagal, se llega a criticar y desmerecer la ayuda destinada a paliar el dolor al vestirla de electoralista, incluída la visita presidencial lo que representa un verdadero despropósito, producto de la necedad de quienes se creen el ombligo del mundo en su afán oposicionista, sin límites.

Así como en la década del 90 la teoría del derrame llamaba al sosiego social, porque ya vendrían los beneficios sociales de la acumulación capitalista- financiera, mientras tanto las fábricas cerraban y los desempleados caían en la desesperación, hoy sin dudas, en un país en crecimiento en los últimos años, que ha avanzado ampliando la oferta de empleo, que ha sabido mejorar los condiciones de los trabajadores, que supo dar respuesta puntuales al dolor social, debemos asumir que hay una hipoteca social pendiente y de magnitud mas que considerable.

Debemos asumir que ahora derrotar la pobreza estructural no es un problema del ámbito de Desarrollo Social, que puede haber funcionado en la emergencia y debe seguir haciéndolo, pero que la batalla contra esa pobreza, va desde los cultural a lo sanitario, desde lo educacional a la distribución justa de la riqueza creando un marco de movilidad social, de proyectos de vida, de presencia del Estado, que hasta ahora formaba parte del “debe” de la agenda oficial.

Para eso es necesario que la “pobreza” abandone la agenda electoral y comience a ser una agenda de políticas de Estado, lejos del tironeo prebendario, sin estar sometida al efecto pánico que introducen los profetas de catástrofes deseadas, ni que sean escenario de escarceos tácticos destinados a apagar los fuegos antes que construir realidades. Cuando millones de chicos y adolescentes no tienen proyecto de vida, la vida no vale nada; cuando no tienen compromiso social no son parte de la sociedad; cuando sus familias han sido abandonadas a la mano de Dios, el rencor y la violencia son parte de lo cotidiano. Por eso el Estado es el único garante de impulsar un Modelo Social Solidario, al mismo tiempo que brinda respuestas coyunturales.

A quienes defienden sus intereses sectoriales, sin importarle el resto de la sociedad; a quienes plantean que no se pueden tocar los impuestos y los gravámenes porque es exacción y luego pregonan la inseguridad creada por la propia disyuntiva riqueza-pobreza, y la carencia de recursos para los hospitales y las escuelas públicas tendrán que aceptar que los recursos del Estado son para eso. A quienes aplauden las políticas de mano dura que sepan que están matando chicos, que las cárceles son sociales, exclusivas del country de la pobreza. A los que apuestan al fracaso y piden el cambio ya recuerden los procesos traumáticos en democracia, de abortar continuidades y de dictaduras abortando vidas.

Los argentinos en situación de pobreza son producto de años de sometimiento a la extorsión económico financiera neoliberal, ejecutada por argentinos que han perdido pertenencia e identidad, que tabicaron las bocas y trataron de hacer lo mismo con las mentes a través del discurso único y nuestra entrada heroica al primer mundo, como sirvientes internacionales de los poderosos. Se destruyeron sueños, ilusiones, fuentes de trabajo, sistemas médicos, escuelas públicas ejemplares, posibilidades de investigación y tecnologías de punta que estaban en desarrollo. Se destruyó la autoestima de los argentinos a quienes se les inculcó incapacidad para crecer y protagonizar, de ser y construir nuestro propio destino, siempre mirando al llamado “mundo” para la imagen espejada, como quien necesita mirarse para saber que existe.

El peronismo ha sido y debería seguir siendo, mientras así se denomine, el nombre y apellido de la Justicia Social en la Argentina, ya que su compromiso con los humildes, desposeídos y trabajadores fue la base de construcción social, desde lo conceptual, de un modelo de país y un liderazgo que aún sigue dando respuestas a las demandas de la hora.

No puede el peronismo ignorar que mientras una sola necesidad persista en nuestro país, hay un derecho por otorgar y mientras no cierren las heridas sociales provocadas por el simplismo codicioso de un país grande en un marco social degradante, no resolveremos la ecuación histórica de las luchas sociales en nuestro país.

Así como existe una pugna entre capital e interior histórica y justa desde el punto de vista de los intereses también debe existir esa tensión entre la pobreza e indigencia hasta ahora invisibilizadas y los sectores formales de la sociedad, algunos de los cuales se niegan a mirar la solidaridad como un normal quehacer cotidiano, en una comunidad que debe reestablecer sus lazos sociales íntimos. Gestar un nuevo modelo social es proponerse una revolución. Cambiar los actores del poder es muy difícil pero no imposible. Cada cambio es un conflicto. Cada medida un tironeo de intereses. Cada anuncio un cóctel de lobistas del impedir. El envío de una nueva ley al Parlamento un condicionamiento de negociación. Así que la voluntad debe ser firme y sostenida. Conducir es predicar y predicar es persuadir, pero después es pelear por los intereses de los más débiles y los mas desposeídos, los que no tienen voz, los que sólo aparecen en las tragedias y dejan de ser noticia a los pocos días, de acuerdo al rating. Ese debe ser el compromiso y los argentinos debemos asumirlo para construir la historia entre todos, en una sociedad mas justa, mas libre y mas soberana.

Los argentinos nos debemos la elaboración de políticas sociales activas que contengan planificación estratégica, para el desarrollo de un Modelo social Solidario, con objetivos de corto, mediano y largo plazo, que nos permita ir valorando los indicadores de la inversión social en forma sistemática y que al mismo tiempo de dar la respuesta coyuntural, vaya instalando la nueva cultura del trabajo y la solidaridad, como ejes transformadores de la sociedad, que estimulen proyectos de vida a familias de compatriotas que han sido denigradas y expulsadas socialmente.

Derrotar la dádiva y el prebendarismo , no es fácil. Crear una nueva cultura tampoco lo es. Gestar un nuevo modelo social es proponerse una revolución. Cambiar los actores del poder es muy difícil pero no imposible. Cada cambio es un conflicto. Cada medida un tironeo de intereses. Cada anuncio un cóctel de lobistas del impedir. El envío de una nueva ley al Parlamento un condicionamiento de negociación. Así que la voluntad debe ser firme y sostenida. Conducir es predicar y predicar es persuadir, pero después es pelear por los intereses de los más débiles y los mas desposeídos, los que no tienen voz, los que sólo aparecen en las tragedias y dejan de ser noticia a los pocos días, de acuerdo al rating. Ese debe ser el compromiso y los argentinos debemos asumirlo para construir la historia entre todos, en una sociedad mas justa, más libre y más soberana

jorgerachid2003@yahoo.com.ar

CABA , 12 DE FEBRERO DE 2009