Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

8ago/100

EL RETORNO DE LA DISCUSIÓN SOBRE RETENCIONES

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Por Jorge Molinero
El 24 de Agosto termina el plazo para un conjunto importante de facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, involucrando entre ellas la facultad de fijar derechos de exportación, más conocidas como retenciones. Entiendo que el énfasis puesto por las diferentes partes, el Gobierno y la oposición no incluye el motivo principal para mantener a largo plazo este esquema, que es el efecto de promoción del desarrollo de las actividades industriales.
En efecto, la oposición ligada a los planteos agraristas, indica que como “impuesto” las retenciones son “exorbitantes y distorsivas”, ya que además de pagar (¿?) el impuesto a las ganancias tienen que pagar un 35 % adicional sobre el ingreso, y ello es inconstitucional, etc. Por otro lado el Gobierno Nacional ha privilegiado el discurso que los que tienen mucho tienen que compartirlo con los que menos tienen y que las retenciones hacen eso al ser utilizadas como fuente genuina de financiamiento de distintos planes gubernamentales, como la Asignación Universal por Hijo, o los subsidios al transporte y a la energía. Lo argumentado por el Gobierno es correcto pero incompleto.
En este carril las discusiones se pasan por alto un aspecto que a mi entender es el más significativo a largo plazo en el tema de las retenciones.

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Todos los países parten en su proceso de crecimiento económico de algún sector o conjunto de factores que son más abundantes y cuyos precios internacionales son competitivos. En el caso de los países asiáticos fue la abundancia de mano de obra barata la que les permitió iniciar su industrialización, en el caso de los países latinoamericanos fue la abundancia de recursos naturales lo que permitió las primeras inserciones en el mercado internacional. Cobre en Chile, azúcar en Cuba, petróleo en Venezuela, México y Ecuador, café, minería y otros productos agrícolas en Brasil, agricultura y ganadería en Argentina y el Uruguay son los ejemplos más conocidos.
Si los países que tienen una ventaja comparativa estática como la abundancia de determinado factor natural fijan el tipo de cambio de equilibrio en función de ese recurso, el resto de las actividades, en nuestro caso la industria, verá limitado su crecimiento y expansión. La razón es que ese tipo de cambio de equilibrio “agrario” está por debajo del nivel en que sus costos podrían ser competitivos. El caso de los altos precios del petróleo llevó al desarrollo del concepto de “enfermedad holandesa” para describir el proceso que sufrió Holanda ante el descubrimiento de ingentes yacimientos petrolíferos en el Mar del Norte, cuyos altos precios y bajos costos hicieron atrasar el tipo de cambio logrando el equilibrio comercial con la exportación de ese combustible pero haciendo languidecer a las industrias existentes que con ese tipo de cambio no resistían la competencia externa.
Algo similar le ocurrió a las economías latinoamericanas basadas en el desarrollo de los recursos naturales, la base de nuestras propias enfermedades holandesas. El tipo de cambio necesario para el equilibrio comercial dificultaba el crecimiento industrial, por lo que en la etapa de la industrialización por sustitución de importaciones que en nuestros países se inició a mediados de los años treinta, se apeló a la suba de aranceles externos como vía de protección de las industrias nacientes. Por definición esas industrias que nacían protegidas, tenían un techo de productividad, ya que sus insumos importados eran caros por los derechos de importación, y la competencia era limitada en los ámbitos nacionales por bajo nivel de escala, lo que contribuyó al desarrollo concentrado de la industria, el bajo nivel de competencia y los altos precios que los consumidores tenían que pagar sin alternativas.
Sin embargo, y a pesar de estas y otras limitaciones, la industria fue el motor de crecimiento suplantando con su dinámica la atonía en que cayó la producción agropecuaria tras la gran crisis internacional de los treinta. Fue el vehículo de incorporación de las masas urbanas y las de origen campesino a las tareas industriales, y en un proceso no exento de grandes contradicciones crecieron tanto las industrias como el ingreso real de los trabajadores y del resto de la población.
Los cambios políticos y económicos de las últimas décadas a nivel mundial impusieron a todos los países la aceptación (parcial y a regañadientes) de las condiciones de la Organización Mundial de Comercio, que limitó seriamente la posibilidad de mantener altos derechos de importación. Al mismo tiempo sanciona a aquellos miembros que benefician con subsidios a sus exportaciones, excepto que sea para beneficiar a los agricultores de los países desarrollados. Pero tenemos la extraordinaria suerte que la OMC no ha legislado ni le corresponde hacerlo, sobre si un país, en vez de subsidiar a la industria para que sea más competitiva aplica derechos de exportación (retenciones) al otro sector, el agrario, como forma de reducir parte de esos costos industriales.
En paralelo se produce otro proceso que afectó (positivamente) a toda la región latinoamericana, pero más específicamente a Sudamérica. Es el surgimiento de las nuevas potencias capitalistas de China e India, que siguen los pasos – en cuanto a los factores utilizados para el crecimiento – de Japón, Corea y otros en años anteriores.
Si tuviésemos que caricaturizar la vía de desarrollo de los países asiáticos diríamos que lo único que no pueden fabricar es tierra, es decir recursos naturales, de los cuales los más demandados por ellos se encuentran abundantes en Sudamérica.
De allí surge para la Argentina entre otros, una demanda sin límites y a precios muy superiores a los de décadas anteriores, de productos que nuestro país produce en forma eficiente y con los menores costos del mundo, como es el caso de la agricultura pampeana.
En efecto, a la feracidad natural de la tierra se le añade el paquete tecnológico de mayor eficiencia actual, compuesto básicamente por las semillas transgénicas, la siembra directa, la utilización de herbicidas como el glifosato, la utilización masiva de abonos petroquímicos, organizaciones contratistas muy eficientes de siembra y recolección independientes de la propiedad de la tierra, la utilización de información satelital, etc. Conocemos de los excesos que estos cambios pueden producir, como desmontes, utilización del glifosato cerca de centros urbanos, etc. pero la base del excedente del comercio exterior argentino de la presente década no hubiese sido posible sin la revolución de los métodos de la producción que este paquete tecnológico supone, paquete que se terminó de desarrollar a mediados de los noventa (aprobación del uso de las semillas transgénicas por parte del entonces Secretario de Agricultura de Menem, Ing. Felipe Solá).

El nivel de los costos industriales en Argentina está determinado por el costo laboral promedio ya sea el costo laboral propio o el costo laboral incorporado en las cadenas de insumos y de los servicios utilizados. Por otro lado el principal elemento del costo laboral son los productos alimenticios de la zona pampeana (cerca del 50 % del gasto de los primeros deciles de ingresos). En nuestro país los principales bienes de exportación son bienes salario. Si se unifica el tipo de cambio agrario e industrial, con la desaparición de las retenciones, inmediatamente sube el costo laboral por la incidencia del aumento del costo de alimentación ya que los precios internos se igualarían a los internacionales (1). Si ese incremento se pasa a salarios el aumento general del costo laboral reduce las posibilidades competitivas de la industria. Si no pasase al salario se deprime el nivel general de la demanda interna ya que la población estaría utilizando mayores proporciones de sus ingresos para alimentación haciendo languidecer la demanda del resto de los bienes, dado el carácter inelástico de la demanda alimenticia (2).
Este modelo de cambios diferenciales favorables a la industria fue analizado brillantemente hace más de cuarenta años por el Ing. Marcelo Diamand, pero en aquella época de precios agrícolas deprimidos la alternativa de diferenciación eran los subsidios a la exportación industrial por medio de reintegros impositivos que superaban ampliamente la incidencia real de esos impuestos. El costo fiscal que ello implicaba limitó seriamente el grado y amplitud del desarrollo industrial de aquellos años.
A diferencia de aquella época, con precios agrícolas en sus promedios históricos reales más altos en las últimas décadas, la posibilidad del desarrollo de la industria se puede hacer fijando el precio de los alimentos internamente más bajos que el nivel internacional por medio de las retenciones y se mantiene para el resto de los sectores un tipo de cambio devaluado que beneficia a la industria (que dicho sea de paso paga el 5 % de retención por sus exportaciones). Con estos niveles de precios las retenciones actuales no son perjudiciales para el conjunto de las actividades del complejo agro-industrial, y la continua elevación del precio de la hectárea en las distintas zonas es una prueba irrefutable sobre ello al margen de los discursos en contrario.
Todas estas consideraciones son independientes del hecho que las retenciones, al margen de reducir el precio interno de los productos exportables, son una fuente de recursos para el Estado. Si el monto recaudado por las retenciones se esfumase, de todas maneras la diferencia de costos laborales, determinado por los menores precios de los alimentos, sería un importante elemento de promoción de la competitividad de las actividades industriales.
Pero esos ingresos son importantes. Las retenciones del 35 % de los ingresos de los porotos de soja, el 32 % de su aceite y los subproductos (pellets), el 23 % del trigo, el 20 % del maíz y la cebada o el 15 % de las carnes, entre otros, son un monto muy significativo en el conjunto de los ingresos fiscales del Estado Nacional. En efecto, el Presupuesto Nacional para 2010 preveía una recaudación total de $ 353.724 millones (28,28 % del PIB), dentro del cual las retenciones significaban $ 43.116 millones (3,45 % del PIB), o sea el 12,1 % del total recaudado. Es claro que muchos programas sociales no serían posibles sin la existencia de las retenciones. A nivel de la competitividad industrial su desaparición, además de cambiar el set de precios de la economía, significaría un incremento adicional de sus costos ya que subiría el precio de la energía y los combustibles en forma directa y el costo laboral por la incidencia de la desaparición de los subsidios al transporte y la energía en los hogares.
Ese excedente es la parte que el Estado Nacional toma de la renta agraria extraordinaria. La discusión se centró entonces en qué se hacía con ella, si era poco o mucho, si en la imposición se diferenciaban pequeños agricultores o los que estaban en localidades alejadas respecto de los grandes de la zona núcleo, pero esa discusión, que es muy importante y sobre cuyas derivaciones se puede escribir y discutir bastante (3), obscureció la razón estratégica de tener tipos de cambio diferenciados entre el sector más productivo, el agro, y el sector que puede desarrollar al país, la industria.
No es que el agro no haga crecer al país, sino que lo hace crecer pero sin desarrollarlo, sin darle la densidad al decir de Ferrer, la complejidad y madurez que sólo puede dar el desarrollo de las diversas ramas industriales.
El momento actual es de altos precios agrícolas y caída de los precios industriales por competencia asiática y depresión en los países centrales, y estas tendencias pueden prolongarse por algunos años. Sin embargo a largo plazo puede volver a producirse deterioro de los términos del intercambio a favor de los productos industriales y en contra de los agrarios. No es cuestión de apostar a la permanencia de las actuales circunstancias, y que nos vuelva a pasar lo de los años treinta cuando la caída de la actividad agraria cerró un ciclo en que había apostado todo a una sola bala.
Tampoco hay que olvidar que el desarrollo industrial, además de cimentar la independencia económica y posibilitar el mejor nivel de vida de la población, trae como beneficio al país el grado de ocupación de la mano de obra que no se puede dar con las actividades agrícolas, sobre todo las de la zona extensiva. Al país de crecimiento basado exclusivamente en la actividad agropecuaria y sus derivados le sobrarían millones de argentinos, sería más injusto y desigual.

Conclusiones

No entraremos en los detalles de implementación, zonificación, tamaño de explotaciones y otras particularidades que puedan obscurecer lo principal: todo país tiene el derecho y la obligación de plantearse políticas económicas que desplieguen al máximo las posibilidades de sus fuerzas productivas, utilizando aquellos factores de renta extraordinaria que pueda tener algún sector de la actividad económica para el desarrollo del conjunto. En el caso de la importante renta agraria esos excedentes se pueden usar para la promoción tanto el desarrollo industrial como para atender las necesidades de los sectores más postergados.
Lo importante de utilizar esta herramienta como promoción del aumento de la productividad y competitividad industrial es que sólo el mejoramiento acelerado de la producción en general y de la industria en particular puede garantizar acercarnos al pleno empleo. El mejor plan de empleo para los desocupados no deben ser los necesarios apoyos temporarios a situaciones puntuales de marginación y desamparo. Tiene que ser el empleo estable, en blanco y con salarios dignos, que no son posibles con una industria vacilante o declinante (4). Sin este tipo de crecimiento real no hay plan social ni fondos para financiarlo que pueda resolver la herencia de años de política neoliberal que devastaron al país. Fue la creación de millones de empleos en los últimos años lo que permitió el mejoramiento real de las condiciones de vida del grueso de la población del país. La profundización de estas políticas debe ayudar a resolver los ingentes problemas que aún quedan.

Jorge Molinero

(1) El hecho que la soja se exporte en un 95 % no cambia la ecuación, dado que de su utilización de la tierra cultivable, por su importancia, deriva el valor de éstas, determinando las rentas agrarias. En la década pasada el precio de la hectárea en la zona núcleo era inferior a los u$s 6.000, y actualmente supera los u$s 12.000, fijando el costo más importante de todos en la determinación del precio de los alimentos que sobre la zona pampeana se producen.
(2) Cabe destacar que sin retenciones el exceso de renta en el complejo agro-industrial- exportador, una vez que se hubieron realizado las inversiones para mantener o agrandar la capacidad operativa, en una proporción no desdeñable se gasta improductivamente o engrosa la fuga de divisas, de la cual es la fuente más permanente.
(3) El principal insumo de la agricultura es la tierra, por la que sus propietarios perciben una renta, mientras que en su condición de empresarios sobre esa tierra (propia o alquilada) reciben la ganancia en función del capital utilizado para poner en movimiento el paquete tecnológico más avanzado del mundo sobre tierras de alta feracidad. Si los precios internacionales se sitúan en el costo marginal del productor más caro, la diferencia con los costos argentinos son una renta extraordinaria de la que se aprovechan no solo los propietarios agrícolas como rentistas, sino que se derrama a la propia actividad empresarial de siembra, cuidados, recolección, etc, propia o por contratación (siendo el pool una de ella), así como al resto del complejo agro industrial como los fabricantes de semillas (Monsanto y sus regalías), de glifosato, de fertilizantes, plantas procesadoras (crushing de la soja por ejemplo) ingenieros agrónomos, corredores de comercio, fabricantes de equipamiento agrícola y silos, acopiadores, transportistas y por supuesto el pequeño grupo de exportadores. La forma en que esta renta extraordinaria se reparte entre los distintos actores del complejo agro-industrial-exportador depende de muchos factores como situaciones oligopólicas (caso de la propiedad de las semillas transgénicas por Monsanto, los pocos grupos exportadores, los pocos productores de aceite y pellets, etc.) y por las diferencias de capacidad negociadora de los grandes terratenientes versus los pequeños y medianos. Deliberadamente la prensa opositora (vaya redundancia de conceptos) focalizó todo el show del movimiento agrario en los agricultores pequeños y medianos que estaban al borde de las rutas, cuya situación era menos beneficiosa (nunca deficitaria) que el del resto de los grandes productores y menos aún que los otros socios ocultos mencionados. La miopía del gobierno en 2008 fue no diferenciar a unos de otros y lograr que un sector que objetivamente podría haber continuado su apoyo al gobierno se uniera a la reacción más extrema y fuera su mascarón de proa más visible.
(4) Se necesitan dos para bailar el tango. El gobierno puede diseñar las políticas económicas para que la industria crezca y al tiempo que los nuevos bienes mejoran la calidad de vida de la población dan ocupación a la masa del pueblo. Pero la burguesía industrial se ha mostrado vacilante ante este proceso, con altas tasas de inversión en los momentos de alza por un lado y al mismo tiempo una desconfianza creciente en un modelo de peronismo, el kirchnerismo, que la quiere incluir como socia sin lograrlo. El análisis de este tema excede ampliamente estos comentarios.

25jul/100

A dos años

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Por Alfredo Zaiat
Han pasado dos años del fracaso oficial de establecer por ley la Resolución 125 de retenciones móviles y compensaciones a pequeños productores. En la mayoría de los acontecimientos políticos, la evaluación sobre impactos económicos y sociales requiere de cierta perspectiva histórica, que no es otra cosa que el paso del tiempo. Dos años es un lapso breve para un análisis en ese sentido pero suficiente, en esta oportunidad, para revelar que esa medida hubiera sido beneficiosa en términos económicos para los pequeños productores. Esta conclusión no se descubre por algún informe del Gobierno sobre las alícuotas de las retenciones que estarían vigentes en caso de haberse aprobado la 125, sino por la propia acción parlamentaria de grupos políticos y patronales del sector que combatieron esa resolución y hoy proponen en el Congreso retenciones segmentadas.
La distancia permite, en cambio, observar con más nitidez que la reacción contra la 125 no fue un fenómeno espontáneo e inesperado, como entonces muchos analistas se tentaron de mencionar como explicación de lo que consideraron una improvisación del Gobierno que derivó en semejante conflicto. Esa violenta oposición a las retenciones móviles, con prolongados cortes de rutas y desabastecimiento de alimentos a centros urbanos, expresó la resistencia que se estaba acumulando contra la política de intervención estatal en un sensible mercado que afecta el presupuesto de la población vulnerable. Esto no implica minimizar ciertas deficiencias de la administración kirchnerista en su vínculo con el sector. Su política agropecuaria descansaba sólo en que un dólar alto, precios internacionales en alza y la licuación de pasivos bancarios actuarían como exclusivos dinamizadores, descuidando la necesidad de construir una estrategia específica para cada uno de los actores de esa actividad.
Ese masivo rechazo fue alimentado con insistencia por los grupos conservadores y más reaccionarios del campo desde 2004. Esto queda bien explicado en un esclarecedor libro de Sebastián Ortiz, La patria terrateniente. Entre los muchos y detallados relevamientos de opiniones y proclamas, este historiador rescata un editorial de La Nación sentenciando que “nuestra historia de la intervención del gobierno en los mercados es tan copiosa como nefasta. Mucho más cuando se trata de la carne vacuna” (29 de abril de 2006). Se señalaba que pese a las abundantes regulaciones estatales existentes en el pasado, remarcando las registradas en los gobiernos de Juan Domingo Perón, “nunca se había recurrido al sorprendente y altamente perjudicial expediente de prohibir las exportaciones”.
La constante agitación política iniciada en 2004 fue impulsada por las principales entidades patronales del agro con protestas descentralizadas a nivel regional. Ortiz explica que “la organización de una suma de acciones más radicalizadas desplegadas en diversos puntos del interior, y protagonizadas por los nucleamientos más cercanos a la base (niveles distrital, municipal o provincial), pero con apoyo abierto de las entidades nacionales (CRA y SRA), permite decir y hacer a estas organizaciones menores lo que las representaciones nacionales no dicen y hacen aún”. Esa estrategia fue hasta marzo de 2008. Ortiz menciona que, desplegándose en lo profundo de la Pampa Húmeda, “esa descentralización y el paso a la acción directa fueron en búsqueda de un clima propicio para una acción mayor”. Condiciones políticas y sociales que se presentaron en el momento del anuncio de la Resolución 125.
En el prólogo de ese libro, el historiador Norberto Galasso destaca que Ortiz observa con pertinencia los cuatro años de conflicto 2004-2008 para relatar “de qué modo se va iniciando la confrontación, de qué manera los altos precios de nuestros productos de exportación generan fabulosas ganancias y cómo el Estado ha debido intervenir pues de otro modo nuestros “esforzados hombres de campo” venderían toda su producción en el exterior, salvo que los argentinos estuviésemos dispuestos a pagarles internamente los altos precios del mercado mundial”. Galasso observa lo que es evidente, aunque oculto por el poder hegemónico que moldea el sentido común: para los empresarios, del campo y de la industria, un gobierno funciona bien si permite que ellos se queden con ganancias extraordinarias y funciona mal si formula una política económica que interviene para afectarla en una pequeña porción para redistribuirla. “Se advierten, además, no sólo los rasgos corporativistas del planteo de los terratenientes –que arrastra tras de sí a los medianos productores–, sino también de qué modo la mayor parte de la dirigencia política se convierte en portavoz de sus intereses”, ilustra Galasso.
Esa compleja dinámica económica y social alcanzó su clímax en la frustrada 125, con su posterior expresión política en la elección de medio término del año pasado que culminó en la constitución de un bloque de agrodiputados. La sucesión de pronósticos apocalípticos para instalar miedo en la sociedad y confundir sobre la situación sectorial fue –y sigue siendo– la característica más notable de los dirigentes agropecuarios. El archivo es una potente herramienta para rescatar de esa nebulosa agromediática los casos del trigo, la ganadería y la lechería. Esas actividades enfrentarían un año terrible, según las proyecciones realizadas por los máximos dirigentes de la ahora agrietada Mesa de Enlace, derivando en la necesidad de importar trigo carne y leche. Vale la pena realizar el ejercicio de contrastar pronósticos con realidad en cada una de esas actividades productivas:
-Trigo.
Pronóstico: En junio de 2009, Biolcati pronosticó que en 2010 el país iba a tener que importar trigo y que la intención de siembra sería “la más baja de los últimos años”. “Difícilmente se llegue a las 2,5 millones de hectáreas sembradas”, afirmó en La Nación del 9 de junio de 2009.
Realidad: De acuerdo con el informe de Estimaciones Agrícolas Mensuales del Ministerio de Agricultura, a junio de 2010, en la presente campaña el área sembrada se ubicará en 4,4 millones de hectáreas. Se proyecta que la producción actual casi duplicará a la anterior, que se ubicó en 7,5 millones de toneladas. El total se ubicaría en 12 millones de toneladas. O sea, no se importará trigo.
-Carne.
Pronóstico: A mediados de 2009, los máximos dirigentes de la SRA y FAA aseguraron que este año se iba a tener que importar carne. “La Argentina va a celebrar el Bicentenario comiendo carne uruguaya”, aseguró Biolcati en La Nación del 20 de julio de 2009. Por su parte, el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, dijo que “Argentina tendrá que importar carne en 2010”, en la revista Noticias de ese mismo día.
Realidad: Hay una recuperación de precios de la hacienda liviana, con valores que llegan a los 9,0 pesos/kg vivo, cuando el año pasado ese valor se ubicaba cerca de los 3,5/kg. También se verifica una mejora en la oferta forrajera debido a las condiciones climáticas favorables. La ganadería es un negocio rentable, lo cual se evidencia en la reversión de la faena de hembras y en el inicio de un proceso de retención de vientres: en mayo la proporción de hembras en la faena total descendió a 43,8 por ciento. Esas condiciones permitirán recomponer el stock ganadero en el mediano plazo. El mercado interno, a su vez, está plenamente abastecido sin necesidad de importar carne.
-Leche.
Pronóstico: Buzzi sostuvo que “no alcanzará la leche para abastecer la mesa de los argentinos en el mediano plazo” y pronosticó que “estaría en peligro el abastecimiento local en 2011”. Responsabilizó al Gobierno por esta situación, a quien acusó de implementar “malas políticas” que llevan al cierre de tambos, en declaraciones a la revista Noticias del 20 de julio de 2009.
Realidad: Luego de atravesar en 2009 un período de fuerte sequía y precios internacionales bajos, este año la lechería recuperará terreno gracias al repunte del mercado internacional y las mejores condiciones climáticas. La producción de 2010 se ubicará alrededor de los 10.300 millones de litros, lo que permitirá abastecer plenamente al mercado interno, cuyo consumo total se estima en 8000 millones de litros. No habrá necesidad de importar leche.
La 125 ya es historia, con las enseñanzas, debilidades y sorpresas que dejó como balance un conflicto traumático. Pero no lo es la persistencia de los representantes patronales de los grupos económicos y sociales privilegiados, con el acompañamiento de fuerzas políticas conservadoras, de adulterar el estado de situación de uno de los sectores más rentables y dinámicos de la economía local.
Fuente: página 12

27mar/090

Retenciones, tipo de cambio y estructura productiva

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26-03-2009 / 

Aldo Ferrer | Director Editorial

 

En los países en desarrollo, la sobrevaluación del tipo de cambio es el peor de los errores posibles de la política económica. El resultado es que las importaciones sustituyen producción nacional, se cierran espacios de rentabilidad y oportunidades de inversión en sectores distintos de los primarios y se frustra la formación de una estructura económica diversificada, integrada y compleja, que es esencial para generar procesos amplios de acumulación de capital y tecnología, es decir, de desarrollo. Además, genera vulnerabilidad externa porque induce el desequilibrio en los pagos internacionales.

 

 La sobrevaluación del tipo de cambio es un problema recurrente en la historia económica argentina. Vuelve a plantearse nuevamente en la actualidad. Obedece a razones complejas y a la incapacidad de construir un consenso estable y de largo plazo sobre la estrategia del desarrollo del país. El problema se vincula a otras cuestiones que derivan la atención de lo fundamental a lo accesorio,  impidiendo el análisis y resolución de las cuestiones realmente en juego. Por ejemplo, actualmente, el debate sobre las retenciones se limita al aspecto distributivo de la cuestión sin vincularlo con los problemas de estructura y, consecuentemente, de la paridad del peso y tipos de cambio diferenciales por nivel de actividad, necesarios para el desarrollo y el equilibrio macroeconómico. En mi presentación ante las comisiones de Agricultura y Hacienda, de la Cámara de Diputados de la Nación, en ocasión del debate sobre la resolución 125, hice referencia a este  problema. Lamentablemente, el debate se sigue manteniendo en los mismos términos, impidiendo la resolución adecuada de la cuestión. Es conveniente entonces, recordar los antecedentes de la cuestión.

 

 En los países que disponen de recursos naturales abundantes y estos son el origen principal de sus exportaciones, puede ocurrir una entrada masiva de divisas que promueve la sobrevaluación de la  moneda nacional con el dólar y otras divisas principales. La cotización resultante alcanza para sostener la explotación de aquellos recursos pero es insuficiente para la rentabilidad del resto de los sectores productores de bienes transables, es decir, sujetos a la competencia internacional. Al promediar el siglo pasado, el problema se planteó en Holanda, país con una economía muy madura, en el cual, la aparición repentina de hidrocarburos en el Mar del Norte provocó una avalancha de divisas. El fenómeno apreció el tipo de cambio y descolocó al resto de la producción del país. La cuestión se conoce en la literatura económica como la enfermedad holandesa.

 

 En Holanda, la enfermedad fue pasajera porque, no en vano, ese país fue pionero de los desarrollos tempranos del capitalismo y la industrialización y es una de las sociedades más prósperas y equitativas. Sobre esas bases, logró integrar la nueva fuente de ingresos en su estructura productiva, difundir sus beneficios en el tejido social y recuperar los equilibrios fundamentales de su desarrollo económico.

 

 Pero la enfermedad holandesa es un mal crónico, que caracteriza a los países subdesarrollados especializados en la explotación y exportación de sus recursos naturales. En los mismos existe, particularmente en las épocas de auge de las exportaciones de productos primarios y altos precios, una tendencia a la apreciación de sus monedas nacionales. En tales países, el sector exportador opera más como un segmento del mercado mundial que como una actividad integrada en el conjunto de la actividad económica. La estructura resultante es vulnerable a los cambios de la demanda y los precios internacionales de los bienes exportados y tiene una baja capacidad de difundir los beneficios, de los tiempos de auge, en el tejido social y productivo.

 

 Como en esos países predomina el subdesarrollo, la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso, ha surgido la fantasía de que existe una “maldición” de los recursos naturales. Es decir, que los países que cuentan con mucho petróleo, minerales y tierras para la producción de alimentos y materias primas diversas, están condenados al atraso.   El supuesto de la “maldición” se apoya también en el hecho que, por el contrario,  países con relativamente pobre dotación de recursos naturales y alta densidad de población, como, por ejemplo, Japón, Corea y Taiwán, han logrado, sobre la base de la difusión de la ciencia y la tecnología en sus sistemas económicos y tejidos sociales, altos niveles de desarrollo.

 

 La enfermedad de la apreciación cambiaria es, en efecto, un mal que afecta a los países periféricos especializados en la producción y exportación de bienes fundados en sus recursos naturales. Se trata, por lo tanto, como diría Raúl Prebisch, de  una enfermedad periférica.

 

 Otro factor agrava la enfermedad y tiene su origen en el sistema financiero. Cuando se produce la entrada masiva de capitales especulativos y/o inversiones privadas directas, aumenta el ingreso de divisas y el tipo de cambio tiende a apreciarse. El “enfoque monetario del balance de pagos” racionaliza y explica esta situación argumentando que el mercado se equilibra automáticamente por el balance de divisas y su efecto sobre la liquidez y el nivel de actividad económica interna. Así, en una fase de fuerte entrada de divisas a través de la cuenta de capital del balance de pagos, todo estaría bien aun cuando la apreciación cambiaria este produciendo estragos en la economía real, incluyendo el balance comercial.

 

Existe, en resumen, una enfermedad periférica real vinculada con el contenido de las exportaciones y otra,  financiera, derivada de la entrada masiva de fondos externos. Los remedios  para ambos tipos de situaciones son conocidos.

 

 No existe ninguna “maldición” vinculada con la abundancia de los recursos naturales y las exportaciones de ese origen, siempre y cuando, la actividad primaria sea una pieza fundamental de la economía nacional y no un simple segmento del mercado mundial. Canadá y Australia, por ejemplo, son países de amplios recursos naturales, como la Argentina, que son, al mismo tiempo países desarrollados. En ellos su actividad primaria forma parte de economías nacionales industrializadas, integradas y complejas y cuentan con tejidos sociales equitativos, que incorporan a la mayor parte de la sociedad al desarrollo y el bienestar. En tales condiciones, los recursos naturales no son una “maldición”, sino un activo fundamental para la prosperidad de un país.

 

Respecto del contenido financiero de la enfermedad, la conclusión es también clara. Deben evitarse las burbujas especulativas y las tendencias a la sobrevaluación, consolidando los equilibrios macroeconómicos fundados en la movilización del ahorro interno, la solvencia fiscal, el superávit de los pagos internacionales y una política monetaria consistente con la estabilidad y el desarrollo económico.

 

 La política cambiaria que pretenda inmunizar a la economía argentina de la enfermedad periférica y asegurar la competitividad de la producción de transables industriales y primarios debe acomodarse a la asimilación de los shocks externos y de otras variables para introducir criterios de equidad, sobre los cuales, fundar la solidaridad y convergencia de los intereses de todo el campo, toda la industria y todas las regiones. Para tales fines, debe operar con tipos de cambio de equilibrio desarrollistas (TCED). Tal política cambiaria permite: 1) privilegiar el compre nacional en las decisiones de gastos de consumo e inversión de las empresas, las familias y el gobierno; 2) estimular la diversificación de las exportaciones incorporando bienes y servicios de creciente contenido tecnológico y valor agregado y, por lo tanto, impulsando la gestión del conocimiento y la  transformación de la estructura productiva; 3) lograr que el lugar mas rentable y seguro para invertir el ahorro interno sea el propio país, y 4) desalentar los movimientos de capitales especulativos creando incertidumbre en los especuladores y previsibilidad en los tomadores de decisión de inversión productiva.

 

 El TCED contribuye al crecimiento del comercio exterior y a generar un superávit en la cuenta corriente del balance de pagos, con el consecuente aumento de reservas del Banco Central. Por lo tanto, fortalece la estabilidad macroeconómica y los mecanismos de defensa frente a las turbulencias internacionales. Esto es particularmente importante en el actual escenario internacional, el cual, agrava el riesgo que la extraordinaria recuperación de la economía argentina, de los últimos años, descarrile por la reaparición inmanejable de la vulnerabilidad externa. Este es uno de los dilemas centrales que tiene que resolver actualmente la política económica. A saber, cómo sostener un TCED con tipos de cambio diferenciales, en el marco de una crisis internacional de vasto alcance y los reclamos del ruralismo contra las retenciones.

 

 En el contexto de un TCED, lo que debería discutirse no son las retenciones sino las medidas para enfrentar los problemas y sostener la rentabilidad  de la actividad agropecuaria incluyendo la asignación, para tales fines, de los ingresos fiscales originados en las mismas. Es también imprescindible resolver la cuestión atendiendo a las situaciones diferentes dentro del complejo sector que, para simplificar, llamamos campo, tanto por tamaño de empresas, producciones, regiones cuanto en la dimensión social involucrada en la agricultura familiar y las condiciones de empleo y retribución de los asalariados rurales.

 

Aldo Ferrer

Director Editorial

Buenos Aires Económico

19feb/094

Emergencias y estructura productiva. El caso de las retenciones*

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Aldo Ferrer | Director Editorial 12-02-2009

 

El campo argentino enfrenta una situación crítica provocada por la sequía. La emergencia reclama el apoyo de la sociedad y las políticas públicas para ayudar a los productores y compensar, en la mayor medida posible, las consecuencias del siniestro. En este escenario, deben replantearse los problemas y evaluar el marco regulatorio del sector agropecuario y la cadena agroalimentaria. Es, entonces, comprensible la reciente propuesta de los gobernadores de Santa Fe y Córdoba de suspender el cobro de las retenciones a las exportaciones agropecuarias por un período, mientras dure la emergencia. La necesidad de recurrir en apoyo del campo es incuestionable. El interrogante es si suspender el cobro de las retenciones es o no la forma más eficaz de hacerlo atendiendo, al problema puntual, en el contexto de los intereses de toda la economía nacional y su pleno desarrollo en la actualidad y el largo plazo.

La respuesta es no porque la emergencia del campo debe resolverse sin desatender los problemas estructurales preexistentes, que es lo que sucedería si se suspenden las retenciones y establece un tipo de cambio único. Por lo tanto, si se decide que el ingreso fiscal de las retenciones vuelva al campo para paliar las consecuencias de la sequía, no debería ser a través de su eliminación o suspensión, sino por medio de la transferencia de los fondos involucrados a los programas de ayuda, con la mayor participación posible de los gobiernos provinciales. Debe evitarse que esta situación de emergencia se convierta, en otra vía, de la apreciación del tipo de cambio y el desaliento a la inversión y transformación de la estructura productiva.

Los países que sustentan su desarrollo básicamente en sus recursos naturales abundantes (petróleo, cobre, tierras fértiles, etc.), nunca llegan a ser naciones integradas avanzadas ni, por lo tanto, superar el subdesarrollo. Argentina debe contar con una estructura integrada agroindustrial, entre otras razones, para gestionar el conocimiento. La ciencia y la tecnología son los motores fundamentales del desarrollo y sólo se despliegan plenamente en las economías integradas industriales complejas. Si además ellas cuentan, como sucede en los Estados Unidos, Canadá y Australia, con grandes recursos naturales, amplían sus posibilidades de crecimiento. Argentina puede también lograrlo.

Es, por lo tanto, indispensable ubicar el problema de la emergencia agropecuaria en su debido contexto y tener en cuenta que los precios relativos en la economía argentina son distintos a los internacionales. En nuestro país, los productos del campo son relativamente más baratos que los industriales por dos razones. Por un lado, la extraordinaria dotación de recursos naturales del país fortalecida, en los últimos lustros, por la capacidad de buena parte del empresariado rural de aplicar las tecnologías de frontera. Por el otro, el todavía insuficiente desarrollo industrial del país debido a las turbulencias políticas y económicas que signaron nuestra historia. Esa asimetría entre los precios relativos internos y los internacionales implica que, para otorgarle competitividad, en el mercado interno y en el mundial, a la totalidad de la producción nacional de bienes sujetos a la competencia internacional, tiene que haber tipos de cambio diferenciales para los diversos sectores productivos.

Esto es válido con sequía o sin ella y emergencia agropecuaria, y es la consecuencia inevitable de lo que Marcelo Diamand llamó la ?estructura productiva desequilibrada?. Por ejemplo, si para que la producción de soja sea rentable es necesaria, digamos, una paridad de dos pesos por dólar, para que lo sea la de textiles, productos químicos, maquinarias, etc., es necesaria una paridad, supongamos, de cuatro. Si el tipo de cambio se fija en dos pesos por dólar, no hay retenciones pero desaparece buena parte de la producción manufacturera. Al mismo tiempo, por diversos mecanismos, como sucedió en tiempos de la ?tablita? y de la convertibilidad, se termina castigando también al campo. Si la paridad se fija en cuatro pesos sin retenciones, se genera una renta excesiva en la soja que profundiza los desequilibrios en la estructura productiva del país. Todos los estados modernos administran las señales de precios del mercado internacional, para acomodarlas a las características de sus precios relativos y estructuras productivas internas, con vistas a su pleno desarrollo económico y social. Éste es el sentido de los subsidios de la Política Agrícola Común de la Unión Europea, sin los cuales no existirían el agro ni seguridad alimentaria en Europa.

La sequía ni la emergencia que atraviesa el campo modifican las características estructurales de la economía argentina. En consecuencia, si se suspendieran las retenciones existiría un tipo de cambio único e, inevitablemente, sobrevaluado. Vale decir, un tipo de cambio de equilibrio de mercado (TCEM) que torna no competitiva, en el mercado interno y en el mundial, la producción interna, no basada en los recursos naturales Además, para evitar el impacto de los precios internacionales sobre los alimentos en el mercado interno, bajo un régimen de tipo de cambio único sin retenciones, el Gobierno estaría impulsado a apreciar la moneda aún más. Al mismo tiempo, esa política cambiaria fomentaría las entradas de capitales especulativos, que son atraídos por las altas tasas de interés prevalecientes en economías con paridades sobrevaluadas. Este enfoque genera desequilibrios macroeconómicos insostenibles y escenarios inestables, por la volatilidad de los mercados financieros y las fuertes variaciones a que están sujetos los precios internacionales de los productos primarios. Esto siempre es fatal y, mucho más lo sería en el actual contexto internacional.

En sentido contrario, una política cambiaria orientada a dar respuestas a los desequilibrios de la estructura productiva, promover la competitividad de la producción interna de bienes y servicios transables y desalentar los movimientos de capitales especulativos, opera con tipos de cambio de equilibrio desarrollistas (TCED). Tal política cambiaria supone que el tipo de cambio conveniente es aquel que persigue cuatro fines principales. A saber:

*1.* Privilegiar el compre nacional en las decisiones de gastos de consumo e inversión de las empresas, las familias y el gobierno.

*2.* Estimular la diversificación de las exportaciones incorporando bienes y servicios de creciente contenido tecnológico y valor agregado y, por lo tanto, impulsando la gestión del conocimiento y la transformación de la estructura productiva.

*3.* Lograr que el lugar mas rentable y seguro para invertir el ahorro interno sea el propio país.

*4.* Desalentar los movimientos de capitales especulativos creando incertidumbre en los especuladores y previsibilidad en los tomadores de decisión de inversión productiva.

El TCED contribuye al crecimiento del comercio exterior y a generar un superávit en la cuenta corriente del balance de pagos, con el consecuente aumento de reservas del Banco Central. Por lo tanto, fortalece la estabilidad macroeconómica y los mecanismos de defensa frente a las turbulencias internacionales.

Éste es uno de los dilemas centrales que tiene que resolver actualmente la política económica. A saber, cómo sostener un TCED con tipos de cambio diferenciales, en el marco de una crisis internacional de vasto alcance y la emergencia agropecuaria planteada por la sequía.

En consecuencia, lo que debería discutirse no son las retenciones sino las medidas para enfrentar la emergencia incluyendo la asignación, para tales fines, de los ingresos fiscales originados en las mismas. Es también imprescindible resolver la emergencia atendiendo a las situaciones diferentes dentro del complejo sector que, para simplificar, llamamos campo, tanto por tamaño de empresas, producciones, regiones cuanto en la dimensión social involucrada en la agricultura familiar y las condiciones de empleo y retribución de los asalariados rurales.

 

*Aldo Ferrer Director Editorial Buenos Aires Económico*