Comisión de Economía

Un artículo de Alberto J. Lapolla*        06-09-09

Publicado hoy (6-6-09) en Miradas al Sur

Una burguesía industrial que decidió dejar de serlo

Corría el año 1971, el por entonces presidente de la UIA, Elvio Coelho – es decir el jefe de la parte monopólica de los industriales, el de la otra parte era José Gelbard- , le hacía una increíble confesión a  James Petras. ‘Ya en 1971 me había impresionado un diálogo que mantuve, si mal no recuerdo, con Elvio Coelho, entonces Presidente de la Unión Industrial Argentina. Yo le preguntaba porque no se lanzaban a la industrialización como en Brasil. ‘-Porque los sindicatos son demasiado fuertes y eso nos llevaría a una guerra civil- contestó. -Pero, ¿por qué no lo intentan? -Porque podemos perder – dijo’.(1) Recordemos las coordenadas del temor de los grandes industriales: el país industrial expandido desde el Peronismo estaba en su apogeo y la rebelión obrera y popular contra el pacto social oligárquico impuesto en 1955 y reformulado en 1966, estallaba en plenitud. Ya habían ocurrido, el primer Cordobazo, dos Rosariazos y un nuevo Cordobazo, bautizado por el humor popular como Viborazo. Los trabajadores organizados eran el centro de la rebelión que hostigaba y acorralaba a la dictadura militar. La rebelión cordobesa prohijada por la heroica CGT de los Argentinos encabezada por Raymundo Ongaro, había engendrado un nuevo movimiento sindical peligrosamente asambleario, combativo, peronista pero de nuevo cuño, con un líder incorruptible que no lo era, Agustín El Gringo Tosco. Las banderas del Socialismo, la Revolución Cubana y de las organizaciones armadas acompañaban las marchas obreras junto a las históricas consignas peronistas. No era sin embargo, la primera vez que la burguesía industrial recelaba de seguir adelante con el proyecto de Mariano Moreno prohijado por Perón y el GOU a partir de 1943. Ya en 1955, el Almirante Rojas, contraponiéndose a la opinión del Ejército de Lonardi,  había expresado: ‘Para que desaparezca el Peronismo, deberán desaparecer las chimeneas.’ Para no dejar dudas de qué se trataba el asunto, el contralmirante Rial, que los libertadores habían colocado al frente de la odiada CGT, fue más claro aun: ‘Sepan ustedes que la Revolución Libertadora se hizo para  que el hijo del barrendero muera barrendero.’ La vieja matriz terrateniente-parasitaria-colonial de la burguesía hispano-argentina se negaba  de todas las maneras posibles, a seguir el ‘Camino Prusiano’ que el Estado Justicialista hábilmente le había impuesto. Como señalaran los jefes de la Sociedad Rural en 1956 y 1957, la Argentina debía producir vacas y granos, reduciendo su población a ‘un habitante por cada cuatro vacas’.(2) Además de reducir la población, esto implicaba, destruir el mercado interno y las sensibles mejoras vitales obtenidas por los trabajadores entre 1945 y 1955. Pero especialmente implicaba, destruir la industrialización producida, la cual era vista como un fruto exótico para nuestras –sus- pampas agroexportadoras. Claro que para ello era necesario destruir dos clases sociales y varias subclases o sectores asociados a la industrialización: la burguesía industrial, la clase obrera industrial y los sectores medios urbanos y rurales asociados a ellas. Este proceso sería doloroso y cruel. Para ello se necesitaba una mano muy dura que hasta entonces no había podido ser aplicada. Así la dictadura genocida asumiría el mando de la tarea sucia bajo la batuta teórica del Grupo Perriaux, capitaneado por Jaime Jacques Perriaux. En su núcleo duro revistaban entre otros J. A. Martínez de Hoz, Enrique Loncan, Mario Cadenas Madariaga, Luis Carlos García Martínez, Guillermo Zubarán, Horacio García Belsunce, Alberto Rodríguez Varela, Celedonio Pereda, Armando Braun, Jorge Aguado, Horacio García Belsunce, Jaime Smart, Osvaldo Cornide, los Generales Miatello, Turolo y Saint Jean y las cúpulas completas de la Sociedad Rural, CRA, Carbap y Apege.(4) Martínez de Hoz sería su representante en el gobierno militar. Miembro conspicuo de la oligarquía terrateniente, que había capitalizado parte de su fabulosa renta como capital industrial por los avatares de la acumulación capitalista, la sustitución de importaciones producida por ambas guerras y las hábiles leyes peronistas. Él y los muchachos del Grupo Perriaux, fueron la usina teórico política que comenzara la demolición de la Argentina industrial y permitiera la restauración terrateniente. José Gelbard  desterrado y derrotado lo expresó con claridad a fines de 1976: ‘-Ya ve (…) los terratenientes y las multinacionales hoy están en el poder y los militares me quitaron la ciudadanía argentina.’(3)

Kissinger, Martínez de Hoz y Harguindeguy

En mayo de 1974, aun en la Presidencia de Perón, José Ber Gelbard –su ministro de Economía-, firmó en Moscú los mayores acuerdos energéticos, industriales y estructurales de nuestra historia económica. De llevarse adelante, la Argentina habría completado su desarrollo industrial, proveyendo de manufacturas de industria liviana al campo Socialista a cambio de alta tecnología e industria pesada. Tal vez poseeríamos hoy, el doble de población, la burguesía terrateniente habría seguido el ‘camino prusiano’ impuesto en 1943, la tierra sería accesible, la nación estaría poblada en su totalidad, la red ferroviaria se habría extendido en toda su extensión y, tal vez, sólo tal vez, seríamos un país similar a Canadá o a Australia. Sin embargo, Perón murió a menos de dos meses de los acuerdos, y la burguesía terrateniente, ya aglutinada alrededor del Grupo Perriaux,  decidió acabar para siempre con el peligro obrero y los devaneos industrialistas de los ‘judíos (tenderos) del Once’. En ese viaje medular, L. Brezhnev, jefe de la URSS, había expresado: ‘adonde vaya la Argentina irá Latinoamérica,’(3), remarcando la importancia estratégica de la alianza económica de nuestro país con la URSS. Para los EE. UU., en repliegue luego de su derrota en Vietnam, Indochina y África, la situación era harto peligrosa. Una Argentina industrial bajo el modelo estatal y distributivo Peronista, en alianza económica con la URSS, podía implicar el fin de su dominio continental. Pero en esos tiempos los EE. UU., tenían un gendarme regional que disputaba con la Argentina la primacía industrial, sobre bases totalmente opuestas: sumisión al capitalismo multinacional, ausencia de derechos sociales y sindicales para los trabajadores y nula distribución del ingreso. Así, contrapesando a Perón-Brezhnev, Kissinger rápidamente viajó a Brasilia, anunciando grandes inversiones de las multinacionales norteamericanas y cuantiosos créditos para la dictadura militar. Contrarrestando a Brezhnev proclamó, ‘allí donde vaya Brasil, irá Latinoamérica.’(3). No se equivocó. Mediante las dictaduras mas atroces del siglo XX, que produjeron casi un millón y medio de muertos entre 1970 y 1996, nuestro continente y la Argentina en particular, fue obligada a marchar para atrás en el tiempo histórico, retrocediendo mediante un retorno sangriento y salvaje, al modelo agroexportador vigente entre la batalla de Pavón en 1861 y la Revolución del GOU en 1943. Así el siglo XXI encontraría a Brasil como subpotencia industrial global, y a la Argentina devuelta al modelo agroexportador, productora de materias primas sin valor agregado. El triunfo norteamericano-terrateniente sería de tal magnitud, que en 2005, el Ingeniero Álvaro Alsogaray, próximo a cumplir la mayor tarea patriótica de su vida, afirmó exultante: ‘Yo me voy a morir feliz; hemos logrado devolver la Argentina al 3 de junio de 1943.’ Treinta años antes, en abril de 1976, el genocida Albano Harguindeguy había expresado la misma idea: ‘El Proceso de Reorganización Nacional vino para devolver la nación al 3 de junio de 1943.’ Alsogaray festejaba lo que la dictadura y el menemato habían logrado realizar: destruir la nación industrial, devolviendo a la burguesía terrateniente pampeana la renta que le había sido extraída mediante las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes, el IAPI, la justa distribución del ingreso, los arrendamientos y créditos baratos para acceder a la tierra por los chacareros, realizado por el Peronismo y los modelos desarrollistas que lo siguieron hasta 1976. Los terratenientes recuperaron así la hegemonía perdida en el bloque de clases dominantes  a través de la financierización del Capital, que destruiría a sectores y ramas completas de la economía nacional, tanto urbanas como rurales. Así entre 1976 y 2001, perderíamos casi 250.000 empresas industriales -el 75 % del parque industrial- y 330.000 productores agropecuarios, la mitad de los existentes. La destrucción agraria estuvo vinculada también a la desindustrialización: al destruir la industria textil se liquidó la producción algodonera que había llevado décadas implantar; al destruir a los obreros industriales y expulsarlos del consumo, se exterminó a cientos de miles de horticultores y productores familiares, abriendo el camino para producir ‘pasto-soja’, innecesario para nuestro desarrollo nacional.  De tal forma el pedido de Henry Kissinger a los militares argentinos en abril de 1976, se había cumplido inexorablemente y la Argentina volvía a estar atada a los  intereses ‘agrarios predominantes, por naturaleza dependientes y coloniales’, como enseñara San Jauretche.(2) Pues había sido el malo de Kissinger, quien en abril de 1976 señalara a su embajada en Buenos Aires, en un radiograma secreto, sobre ‘la conveniencia de influir sobre las nuevas autoridades militares para que la Argentina abandonara el modelo industrial de posguerra, tan conflictivo socialmente, y retornara al modelo agroexportador de preguerra’. Claro para ello había que volver al país ‘de un habitante por cada cuatro vacas’, con la consiguiente –y trágica- reducción poblacional. Había que matar –y expulsar- a algunos argentinos sobrantes: 30.000 serían exterminados por los militares genocidas, casi 500.000 emprenderían el exilio y cerca de 450.000 serían eliminados por hambre gracias a las políticas neoliberales aplicadas entre 1989 y diciembre de 2001, refundando una nueva Argentina agroexportadora, sólo que ya no seríamos el ‘granero del mundo’ sino su ‘forrajería’, con un pueblo pobre y una oligarquía terrateniente-sojera inmensamente rica.

De Perriaux a la Mesa de Enlace

Cuando el gran estratega entrerriano de la FAA, exclamara exultante: ‘tenemos que entender que la Argentina debe producir soja, maíz y carne, que es lo que sabemos hacer, y los autos se los tenemos que dejar hacer a los chinos, coreanos y japoneses que lo saben hacer bien y baratos. Y los amigos de Kirchner del conurbano –esos negros de mierda que no quieren laburar. AJL- tienen que entender que el kilo de carne lo van a tener que pagar 60 o 70 pesos,’ desconocía –tal vez no- que no estaba inventando nada. Ya Martínez de Hoz había explicado ‘que si el país iba a producir acero o galletitas lo iba a decidir el mercado.’ La burguesía terrateniente había decidido que la Argentina dejaría de producir acero, pero…también galletitas. Las políticas implementadas en los noventa hicieron que el núcleo duro de la burguesía terrateniente pampeana que había industrializado parte de la colosal renta diferencial entre 1945 y 1975, vendiera sus activos industriales –Bemberg, Fortabat, Bunge y Born, Pérez Companc, Wertheim-, fugando el grueso de ese capital a paraísos fiscales -entre 180.000 y 300.000 millones de dólares- recomprando gran parte de las tierras que había debido vender en el ciclo industrial. De tal forma del derrumbe de la Argentina industrial, emergió la Argentina sojera. Al mismo tiempo la FAA –que perdió 300.000 miembros, sobre 400.000 en este ciclo- dejó de representar a pequeños productores en conflicto con grandes terratenientes, para pasar a representar a un grupo agresivo de nuevos pequeños terratenientes que al igual que los grandes, pueden ser rentistas agrarios, ya no chacareros o chacrers, tal como gustan fabular algunos monsantianos, y participan de la expulsión y exacción de los verdaderos pequeños y medianos chacareros y pobladores originarios del NOA y del NEA. De tal forma cuando el pueblo argentino, recuperando su dignidad mancillada, sepultara al modelo neoliberal en la heroica rebelión de diciembre de 2001, recuperaba también la posibilidad de retomar la marcha industrializadora –democratizadora-, haciendo posible la recuperación de un modelo productivo. Reemergía sin embargo un viejo problema, ¿cómo reconstruir la Argentina industrial sin una burguesía dispuesta a serlo? Peor aun, la renta diferencial pampeana –las increíbles condiciones agroecológicas de la Pampa Húmeda- producen el efecto que al contrario del resto del mundo, los industriales y banqueros –anque algún sindicalista o político corrupto-  se hacen terratenientes y no al revés como enseña la economía clásica. De allí que no hay industria en la Argentina sin Estado industrial. De tal manera la sojización o la tan meneada ‘Argentina verde y competitiva’ –sucedáneo de Argentina no industrial- aparece como un  producto parasitario y neocolonial de un sistema económico retrotraído al pasado,  emergiendo como el resultado directo de la desindustrializacion del país. Así la Mesa de Enlace, que reclama retenciones cero impidiendo al Estado la regulación de la economía y la apropiación de una mínima parte de la renta agraria, lejos de simbolizar un ‘nuevo consenso burgués’, no es mas que el viejo proyecto burgués terrateniente colonial revestido de viejo, claro que ahora agringado. Y es más viejo aun, pues ya este proyecto agroexportador, no encierra siquiera la posibilidad de avanzar hacia alguna forma de industria colateral como el anterior. Mil hectáreas de soja transgénica forrajera sólo producen dos puestos de trabajo, pero destruyen nueve de cada diez de los existentes. Por el contrario, la agricultura familiar, además de producir alimentos sanos y no contaminar el ambiente, produce de 20 a 30 puestos de trabajo por cada 100 hectáreas. De tal forma la nación se debate en un dilema de hierro, como supo expresarlo no hace mucho Daniel Muchnik: ‘O producimos soja, o producimos camiones, las dos cosas no se puede.’ Y claro está, eso no lo puede decidir la Mesa de Enlace en representación de apenas 75.000 sojeros, sino el Estado nacional en nombre de 40 millones de argentinos.

03-09-2009 /

Alejandro Rofman

 La semana avanza y con ella especiales novedades en torno de la política agropecuaria a nivel nacional.

El frente ruralista fue denunciado por Buzzi (uno de sus integrantes) por estar constituido por solamente un poco más de 2.200 dueños de tierras que cultivan gran parte de la soja del país. Ello ocurrió en un encuentro sobre propiedad y tenencia de la tierra rural celebrado hace dos semanas. Allí se conoció que el otrora líder del chacarero agrícola de la Pampa Húmeda y de los pequeños productores agrarios del norte y el oeste del país remarcó, en ese encuentro organizado por la Federación Agraria Argentina en el Hotel Bauen el pasado martes 18, que el gran problema agrario argentino es la concentración de la tierra. E hizo alusión a los últimos datos acerca del modo como en la producción del principal producto que se cultiva en nuestro espacio rural –la soja– el grueso de la actividad está cada vez más en pocas manos.

Claro que a los pocos días, una revolucionaria propuesta legislativa basada en un proyecto de ley del diputado Macaluse, de SI, mereció una dura crítica del chacarero convertido en defensor de los grandes propietarios. El referido proyecto de ley da cuenta de la regulación de los arrendamientos y aparcerías rurales, necesitada de un cambio fundamental con respecto a la norma anterior, de 1948, cuando la realidad chacarera era otra.

El ruralismo, convertido en un movimiento destinado exclusivamente a discutir con el Estado el tema de los derechos de exportación, cambió fundamentalmente el perfil de nuestra actividad agraria destinada, en lo fundamental, a la exportación. Los nuevos protagonistas de la explotación de la tierra ya no son más aquellos aguerridos productores, descendientes de inmigrantes europeos que alquilaban las tierras que cultivaban con sus familias por toda la región pampeana a propietarios encolumnados, en su mayoría, en la Sociedad Rural Argentina. En 1948 las normas reguladoras de los alquileres o arrendamientos se impusieron para salvaguardar los ingresos de los sufridos chacareros, que eran esquilmados por los dueños-rentistas de la tierra.

Ahora el panorama es distinto. Los que alquilan son grandes grupos económicos o financistas (como De Angeli) que se alejaron de la vida chacarera o se agruparon para ser favorecidos por un fabuloso negocio financiero poniendo dinero para que empresas contratistas trabajen la tierra. La obtención de una cosecha de soja por año se convirtió en un gran negocio de corto plazo. Luego de cada campaña la tierra quedaba desnutrida y había que rotar el cultivo especialmente con trigo para que volviesen los nutrientes a alimentarla. Los arrendamientos por una campaña provocaban, y lo siguen haciendo, fuertes daños a la superficie cultivada con soja. Y a ello apunta la nueva ley que se proyecta discutir en estos días.

El contrato de arrendamiento –y esto es lo revolucionario – deberá suscribirse por no menos de cinco años, si se aprueba la ley. Se acabó el negocio fácil y el total desentendimiento de la salud de nuestras tierras y de su conservación a futuro

Pero los viejos y nuevos rentistas-financistas no quieren saber nada. A ello se les unen los que se han dado vuelta y ya no piensan más en la tierra, aunque protesten en un encuentro cada dos o tres años, porque también participan del negocio.

Es hora, entonces, de avanzar decididamente con la Ley de Arrendamientos sin retroceder un solo paso. En ello va el futuro de nuestro espacio rural. Y, luego, seguir apurando el paso para definir la constitución de un nuevo ente, como lo fuera la Junta Nacional de Granos, para regular los mercados internos y externos y consagrar el principio de la soberanía alimentaria. Y, finalmente, dar un paso decisivo en el apoyo integral al auténtico campesinado argentino que con más de 200.000 familias produce y vive en sus fincas a lo largo y ancho del país siendo una pieza fundamental en la consagración de la soberanía alimentaria para todos.

En el escenario de crisis internacional, la rentabilidad de la soja implica un efecto desplazamiento sobre otras siembras. En un reciente trabajo titulado “Especialización agraria y conflicto agrario”, el investigador de Flacso Nicolás Arceo da cuenta de este fenómeno y marca que la primacía de la oleaginosa se exacerbaría en el caso de una baja en las retenciones. Ese riesgo pareciera no ser tomado en cuenta por los sectores que presionan insistentemente para cumplir los deseos de la Mesa de Enlace.

Arceo se centró en el análisis de los cuatro principales cultivos de exportación en la región pampeana durante el período 1993-2009. Desde los noventa, indica el investigador, a la suba en la productividad que se venía dando desde los ’70 se le adicionó el aumento en la superficie sembrada, para generar el mayor incremento de la producción agrícola en 80 años. Se pasó de 19,6 millones de has sembradas en 1993/94 a 32,6 millones en 2007/08. Este aumento, en un 95 por ciento, está explicado por la soja.

A la vez, se produjo un crecimiento del margen de rentabilidad durante la posconvertibilidad en relación con la década pasada. Sin embargo, indica que “los precios desde el 2002 hasta 2007 –en dólares de valor constante– no se recuperaron de los niveles de los ’90. El alza en los márgenes –concluye– se debió a la política cambiaria”.

Luego del aumento espectacular de los precios producto de la burbuja financiera y el posterior derrumbe, la situación particular de cada cultivo es dispar. Por un lado, los precios evolucionaron en forma distinta, mejor para la soja y el girasol y más débilmente para el maíz y el trigo. Además, los precios de los insumos utilizados en la soja cayeron, arrastrados por la baja en el petróleo pero, por ejemplo, para el caso de los insumos del trigo, la baja no fue tal.

La evolución diferencial de los precios de estos cultivos y de los insumos que se utilizan para su producción generó una fuerte heterogeneidad en la rentabilidad. Según Arceo, la rentabilidad absoluta de la soja aumentó y está en los mejores valores de la posconvertibilidad, al igual que el girasol. En cambio, el maíz está en el promedio de los años anteriores, pero su rentabilidad relativa frente a la soja, indicador que resulta muy significativo para el investigador, cayó más de la mitad. El trigo, directamente, tiene un margen negativo.

Según Arceo, la consecuencia del proceso de baja en la rentabilidad en los cultivos indicados, por la evolución dispar de los precios, insumos, y en buena medida por la tremenda sequía, es la caída en la superficie sembrada y el avance de la soja sobre otros cultivos. Por primera vez desde 1997/98, la superficie sembrada en 2008/09 cayó en un 6,9 por ciento, aunque la soja aumentó en 2,8. El resto de los cultivos promedian una baja del 20 por ciento. La sequía hizo disminuir la rentabilidad promedio en todos los casos, pero el impacto mayor se verá en la próxima campaña.

El grave problema de la sequía requiere de soluciones puntuales inmediatas para el investigador. Pero en paralelo, indica que la evolución del sector desde principios de la convertibilidad, pasando por el auge en la posconvertibilidad producto de la política cambiaria, muestra la consolidación del esquema basado en la soja, que avanza sobre otros cultivos a causa de su mayor rentabilidad relativa.

Para dilucidar las consecuencias sobre el proceso político, Ernesto Mattos, en un trabajo titulado “Crecimiento económico y sector agropecuario 1991-2007”, afirma que la aglutinación de los representantes del agro en torno de la soja no es contradictorio con la base económica sectorial, sino que, en cambio, esclarece el predominio marcado del “oro verde” en la estructura económica del sector.

Para Mattos, quien también participó en el congreso de AEDA, se trata de la aparición de un nuevo sujeto hegemónico, “que se fue desarrollando en torno a la soja, a la par de la tecnificación, concentración y extranjerización de la producción, cuestión que se puso de manifiesto en el conflicto de la 125”. Ahí fue cuando la representación política clarificó su contenido económico. Es la consolidación del modelo sojero, algo, como mínimo, “no positivo”.

Por Mario Rapoport *

El país está viviendo desde hace largo tiempo un conflicto agropecuario que lo tiene en vilo. Muchos han analizado sus ejes centrales: los motivos que lo causaron; la responsabilidad de los distintos actores; los costos del conflicto; sus repercusiones en la coyuntura política y económica nacional; su incidencia en medio de la crisis económica mundial. Pero pocos se han detenido a examinar el sustrato ideológico que subyace a las manifestaciones o discursos públicos de las instituciones agropecuarias y sus antecedentes históricos. Una comparación, por ejemplo, de las posiciones presentes y pasadas de la Sociedad Rural Argentina, la entidad madre de esas instituciones y su principal referente, permite aclarar si se trata de respuestas a determinadas políticas en defensa de intereses del sector o si caracteriza también un modelo de país. De allí podríamos extraer, comparando, una especie de decálogo o diez mandamientos que fundamentan, sin agotar ni por lejos todo lo dicho, el modelo de referencia. Las épocas son distintas, las opiniones similares. Veámoslos uno por uno.

1 Sobre la noción de patria. Ya desde los comienzos de su vida pública, el lema de la SRA, “cultivar el suelo es servir a la patria”, constituye toda una definición: la noción de patria se confunde con el sector agropecuario y sus labores. “Ese [era un] llamado a los sentimientos nacionalistas” confiesa la institución en sus Anales del 1 de enero de 1927. El mismo que ahora las actuales autoridades, partidarias de la más absoluta libertad de comercio, utilizan; como Hugo Biolcati, su presidente, en la reciente inauguración de la exposición rural de este año: “Cuando el campo dice patria piensa con nostalgia en aquel magnífico granero del mundo”. Ya en 1876, en momentos en que se discutía una nueva Ley de Aduanas, el ministro Norberto de la Riestra, librecambista y defensor de los intereses agropecuarios, empleaba el término “desierto” en el mismo sentido que Biolcati utiliza el de “granero del mundo”. Decía que para “ser ricos y hacer frente a la inmensa importación de Europa [...], porque sus fábricas producen tanto cuanto necesita el mundo entero, nosotros tenemos nuestro desierto”. A lo que el diputado Vicente Fidel López le respondía: “Pero nuestro desierto se agota tanto más cuanto que está habitado por gente que no trabaja, y yo le diré al señor ministro por qué es que no trabaja; es porque cuando se tiene una extensión de veinte leguas que da una excelente renta, al capitalista se la da a condición de tener la tierra y el país despoblado; así, pues, nosotros necesitamos poblar la tierra, [...] acabar paulatinamente con el desierto. ¿Y sobre qué vamos a trabajar? Sobre nuestras materias primas precisamente. Es preciso tener materia prima, señor presidente, no para mandarla a Europa y sacar dinero por ella, porque ese dinero se va irremediablemente en los consumos. Es preciso tener materia prima para elaborarla [...] por el inmenso valor que tiene la materia manufacturada [...] contra la debilidad de la materia prima”. Desierto o granero del mundo, De la Riestra o Biolcati, estos principios desgranan el hilo argumental de un viejo y repetido discurso. Al menos, así surge de las Memorias de la entidad rural o, más directamente, de las expresiones de sus principales representantes o defensores. Por ejemplo, entre otros muchos, en la Memoria de 1970 se sostenía también que “la grandeza de la nación se construyó en torno a la producción agropecuaria”.

2 La defensa de la propiedad privada. Un principio esencial es “El respeto por la propiedad privada [que] constituye el punto de partida de toda política agropecuaria racional”, dice la Memoria de 1972.

3 Las relaciones con el Estado. En la Memoria de 1977, en plena dictadura militar, la SRA se pronuncia sobre este tema en los siguientes términos: “El programa económico determina que la función del Estado en la economía nacional se basa en el principio de subsidiaridad, que la empresa privada es el verdadero motor que impulsa todo el proceso económico y que el Estado no debe ejercer su actividad en este campo más que en forma complementaria y subsidiaria del individuo y de las organizaciones sociales intermedias”.

4 La cuestión de los impuestos. La Memoria de 1964 califica como “injusto” e “inconveniente” que se grave al campo, “fuente básica de la riqueza sobre la que se estructura la vida económica de la nación”. Ya en 1961, sobre las retenciones establecidas entonces, la Memoria de la SRA opinaba que “son la demostración evidente de un tratamiento discriminatorio que vulnera las disposiciones acerca de la igualdad de las cargas publicas contenidas en la Constitución”. El presidente de la SRA en 2002, Enrique Crotto, denunciaba, a su vez, en la exposición rural de ese año, que la Argentina es el único país del mundo “que impone tributos a los que ingresan divisas”. Hugo Biolcati, en un discurso ante el cuerpo diplomático el 24 de junio de 2009, sostiene aún más enfáticamente que el gobierno argentino “viene confiscando la renta agropecuaria desde hace al menos seis años a través de las retenciones.”

5 Los precios de los productos. “Nuestra única demanda es que se reconozca el valor íntegro de nuestros productos”, declara la Memoria de 1971. En la mencionada alocución del presidente de la SRA del mes de junio, llega a afirmarse: “Los precios son una señal fundamental para los productores, ya que pueden determinar qué se produce, dónde y en qué cantidad. Los productores necesitamos que los gobiernos permitan a las fuerzas del mercado actuar libremente [...]”

6 La opinión sobre la industria. En noviembre de 1927, el entonces presidente de la SRA, Luis Duhau, en un discurso en la Cámara de Comercio Argentino-Británica, criticaba a los propulsores de la industrialización y del desarrollo del mercado interno: “[...] menos mal que la República Argentina importa tejidos e hierros. Peor es el caso de vuestro país (Gran Bretaña), que compra en el exterior sus alimentos y materias primas. Vuestra dependencia es mayor que la nuestra, pues no podríais prescindir fácilmente de la carne y el pan. Nosotros, felizmente, podemos llevar el mismo traje tres o cuatro estaciones y tal vez darlo vuelta”. En la Memoria de 1962 se enfatiza: “La industrialización no se realizó con el campo sino a costa del campo”.

7 Los vínculos con los trabajadores. En 1944 la SRA se pronunció sobre el Estatuto del Peón Rural de manera tajante: “Este Estatuto no hará más que sembrar el germen del desorden social al inculcar en la gente de limitada cultura aspiraciones ilimitadas [...] pretende colocar al jornalero sobre el mismo patrón en comodidades y remuneraciones”. La Memoria de 1970 afirma: “El trabajador es acreedor a un salario digno pero nos oponemos a cualquier régimen que implique participación y cogestión”.

8 La inserción internacional del país. En el ya citado artículo de los Anales de la SRA de enero de 1927 se sostiene: “Para un país como el nuestro, en plena era agrícola-granadera, que debe buscar en el extranjero los productos manufacturados que no puede producir, debe elegirlos entre aquellos que son consumidores de nuestra producción”[...] “A Inglaterra, que absorbe la mayoría de nuestros productos, debemos considerarla [...] como una prolongación de nuestras fronteras y preocuparnos de su prosperidad industrial como si fuera propia”.

9 La postura acerca de la democracia. La Memoria de 1981 dice: “Cuando por aplicación de los mecanismos constitucionales [...] se llega a situaciones que ponen en peligro la existencia misma de la nación, es evidente que estos mecanismos son endebles”. Así se justifica el golpe de Estado de 1976, que “puso fin a una democracia débil, falsa, inauténtica, ineficiente”. En la Memoria de 1983 el tono es más solapado: “El respaldo de la Constitución no se reduce a la elección de sus gobernantes sino al respeto de todas sus normas, el próximo gobierno debe restaurar el orden”.

10 El ideario económico. En 1927 Luis Duhau considera que “[...] debemos en el presente hacer más intenso el intercambio comercial entre Gran Bretaña y la República Argentina. Sigamos [...] a los economistas clásicos que nos enseñaron que cuanto mayor es el intercambio tanto más considerables son las ventajas que derivan de los países que lo realizan”. En la Memoria de 1976 se expresa: “Lo que llena de asombro no es que durante 30 años hayamos errado el rumbo sino que ciertos grupos sigan insistiendo que los alimentos deben ser baratos, sin querer advertir que ello significa bajos salarios y una pobreza generalizada”.

Estos 10 mandamientos no bajaron del Monte Sinaí, fueron hallados seguramente en un viejo pergamino que rodaba, desde 1866 (año de la fundación de la SRA), por las llanuras interminables de la Pampa Húmeda.

* Economista e historiador.

Por Alejandro Rofman *

Se abrió el diálogo. Ya aparecieron opiniones acerca de los temas a abordar. Los dueños de la tierra quieren discutir retenciones, o sea el sistema que grava sus rentas diferenciales extraordinarias y sus ganancias. Es lógico que así sea porque ése fue siempre, desde la fundación de la Nación, su principal preocupación. Los grandes industriales –agrupados en la UIA– pretenden que se traten las cuestiones referidas a salarios, tipo de cambio y precios. También es lógico que así sea. Un muy elevado tipo de cambio, su consiguiente efecto –baja de salarios– y la desaparición del control de precios en un mercado con estructura oligopolizada, desembocan en un crecimiento de la tasa de ganancia. Los comerciantes –representados por la Cámara Argentina de Comercio– postularán, como la UIA, que no haya aumento de salarios.

Estos actores sociales y sus peticiones reflejan al sector más concentrado de la economía, ansioso siempre de asegurarse una creciente tasa de beneficio a costa de los ingresos de los sectores populares. Con esas propuestas se provocaría una caída de salario real de los trabajadores formales e informales, el posterior deterioro del mercado interno y un creciente desempleo. La consiguiente revalorización del rol exportador en desmedro del consumo endógeno de esos sectores concentrados implicaría un retorno al modelo neoliberal. Este es el objetivo de los que controlan esas corporaciones gremiales de empresarios.

Si se definiera de este modo la mesa de diálogo se generaría un grave retroceso social y político. ¿Cómo evitarlo? Incorporando a esa instancia a las organizaciones sociales que asumen intereses de los sectores de la pequeña y mediana empresa rural y urbana. Estos defienden el mercado interno y rara vez aparecen en los medios.

Al respecto, interesa particularizar en los productores agrarios –dueños o no de la tierra– que suman más de 200 mil y pueblan nuestras áreas productivas. Si se privilegia solamente a las cuatro entidades conocidas para representar al “campo”, esas otras organizaciones quedarían excluidas del debate. Los pequeños productores y los campesinos distribuidos por todo el país (preferentemente en las regiones extrampapeanas) suman más de tres veces la cantidad de productores de carne, soja y cereales. Poseen una fuerte inserción en la producción de materias primas y alimentos destinados al consumo interno y a la exportación. Son los que apuestan a una economía integrada, basada en la expansión del consumo nacional, dedicados a la producción de frutas, hortalizas, legumbres, algodón, té, yerba mate, tabaco, uva para vino, tubérculos, aves, huevos y otros animales de granja, especies. Gran parte de ellos se encuentran en organizaciones gremiales que los representan y los defienden, entre otras, el Foro de la Agricultura Familiar, el Mocase (Movimiento Campesino Santiagueño), el Mocafor (Movimiento Campesino de Formosa), el Movimiento Agrario Misionero, Vía Campesina, el Frente Nacional Campesino, la Federación de Viñateros de San Juan y su homóloga de Mendoza, la Federación de Productores de Fruta del Valle del Río Negro. Ellas asumen el papel de respaldar el accionar de los agricultores que viven en sus fincas, con sus familias, dando alimentos a los hogares argentinos. Se han expresado claramente como acérrimos defensores de un modelo económico y social productivo e inclusivo. No poseen, en general, más que cinco o diez hectáreas de tierra por unidad productiva. Allí se concentra la pobreza rural y se manifiestan, todavía, serios problemas de títulos de propiedad de la tierra. Viven con sus familiares en los predios agrícolas, a diferencia de los dueños de establecimientos ubicados en la Pampa Húmeda. Sus dueños habitan en ciudades cercanas o lejanas a sus fincas y allí reciben los beneficios económicos de sus campos, actividad llevada adelante por arrendatarios o contratistas.

Los pequeños productores familiares, en cambio, deben vender su fuerza de trabajo fuera de sus predios para completar sus ingresos necesarios para la subsistencia. En no pocos casos acuden a la producción para el autoconsumo a fin de completar su dieta alimentaria. Las tecnologías que manejan y la estrategia para conservar la tierra suelen ser las tradicionales, sin el uso de aditamentos químicos, ni el desgaste o la destrucción de la calidad de los suelos. Hay una alta proporción que obtiene el recurso hídrico mediante el riego. Es habitual que tales prácticas técnicas no puedan ser mejoradas o renovadas por carencia de capacidad de acumulación. Por supuesto, sus reclamos no tienen que ver con los impuestos a la renta extraordinaria. Sus demandas deben ser escuchadas. Los productores familiares requieren apoyo para asegurar su subsistencia y merecen que el Estado intervenga para equilibrar su poder de negociación frente a intermediarios que los explotan. Ambicionan ingresar en sistemas de crédito de fomento para ir renovando sus saberes técnicos sin dañar la sustentabilidad ambiental de lo que producen. Aspiran a que se los asista para ingresar a mercados internos y externos sin ser expoliados por la intermediación. Confían en que la nueva ola de instituciones estatales reguladoras implantadas desde el año 2002 actúe a favor de ellos y no de los grandes empresarios que no necesitan apoyo. Reclaman la provisión de bienes públicos, que les permita eliminar enfermedades endémicas, acceder a educación de calidad y disponer de información adecuada para tomar decisiones. Es imprescindible que estén presentes en la mesa de diálogo. Es hora de dar voz a los que no tienen voz

* Economista e Investigador del CEUR/Conicet.

Por Ariel García y Alejandro Rofman

17-07-2009 / 

Innovar en las políticas públicas regionales, un acto de reparación histórica

¿Por qué la ideologización de la política es estigmatizada por los representantes mediáticos de la derecha vernácula? O más bien, ¿por qué lo que aquéllos señalan se convierte en eje para la agenda pública? ¿No es acaso posible pensar en alternativas más allá de discursos dogmáticos, acríticos e inconscientemente naturalizados en las mentes de las clases medias urbanas? En tal sentido, durante los últimos meses hemos asistido a críticas de todo tipo en torno de la intervención de la ANSES en la economía real argentina.
Para empezar, cabe considerar que el dinero de la ANSES debe ser invertido porque de lo contrario se deprecia por la inflación. Por esto, cuando se dice que debe ser “intangible” no se comprende (o bien se niega) que siempre todos los fondos de pensión en el mundo se invierten.
Repasemos algunas de las cifras presentadas en un análisis periodístico. Al 31 de octubre de 2008, las extintas AFJP tenían como obligación invertir en la economía real al menos 1% de los recursos que administraban. Cuando llegó la reforma previsional, sólo alcanzaban 0,6% ($545 millones para trabajos de la Central Térmica de Loma de la Lata y $18,6 millones en un fideicomiso para obras del municipio de Río Cuarto).
Una vez diluido el sistema de capitalización privado, rápidamente se multiplicaron las voces (mediáticas) sobre el descontrol o desmanejo sospechado de corrupción en el que incurriría la ANSES al administrar los recursos de los trabajadores. Pocas voces, es cierto, se habían alzado hasta el momento para requerir informes acerca de las colocaciones de las AFJP en acciones de empresas en el exterior. Menos aún aparecían cuestionamientos sobre cómo se decidían tales inversiones, bajo qué parámetros y consideraciones. Es esto lo que le piden a los representantes estatales, pero que de modo alguno le requerían a quienes lucraban con altas comisiones a partir del trabajo ajeno. Lo más llamativo es que elípticamente se reproduce la dualidad privados (eficientes y transparentes) vs. Estado (ineficiente y corrupto). Por ende, en el ámbito de la información se sigue operando con ideas preconcebidas, con lugares comunes que tienen poco de críticos y mucho de criticables.
Ya en el terreno de las políticas públicas, que es lo que realmente importa a la inmensa mayoría de los habitantes de este país, cabe replantearse a quién deberían dirigirse los recursos de los aportantes. Actualmente, 5% del total de recursos comprendidos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de las jubilaciones se destina a diversos rubros de la actividad económica. Por un lado, están los “Proyectos productivos o de infraestructura”, que comprenden un total de $3.181 millones repartidos en inversiones tales como las recibidas por la cementera Juan Minetti, las centrales termoeléctricas de Campana y Timbúes, Emgasud, Edenor, Syngenta, AySA y para los préstamos prendarios destinados a la compra de automotores. Por otro,  están los  “Depósitos a plazo fijo direccionados”, que totalizan $1.562 millones, prestados por la ANSES tanto a los bancos para que éstos oferten créditos como para el financiamiento de electrodomésticos.ALTERNAIVA. Observando los destinatarios nos surge una reflexión y una idea. Considerando quiénes se benefician nos preguntamos por qué no hacer lo mismo con otros sectores de la sociedad, menos visibles pero eternamente marginados del disfrute que podría posibilitarle un proceso de capitalización asistido por el Estado ¿Por qué se financian multinacionales y no se brindan créditos a tasas reducidas para los eslabones más débiles y  marginados de distintas economías regionales?
En esta época histórica observamos cómo los “manuales” de economía adolecen de respuestas concretas para orientar la política económica, que se enfrenta en el mundo entero a inusitados problemas, de los cuales aún hoy no sabemos cuál será su magnitud cierta. Es entonces un momento propicio para la heterodoxia, para lo ecléctico, para probar sin condicionarse y –si queremos realmente un país donde todos seamos iguales y no algunos más que otros– para intentar transformar problemas estructurales. Por esto, seguidamente consideramos relevante hacer un ejercicio acerca de cómo el dinero de los trabajadores podría invertirse en un proceso productivo regional para, a su vez, posibilitar a los pequeños agricultores familiares superar su histórica marginación de los beneficios del crecimiento económico.

EJEMPLO. Damos un ejemplo concreto. El cultivo del tabaco en Misiones es realizado anualmente por cerca de 12.000 familias que se reproducen en condiciones sociales difíciles. El tabaco es una planta anual que requiere de muchos insumos, parte de la cual (las hojas) es adquirida por intermediarios que desarrollan el proceso productivo sobre la base de los requerimientos de calidad y cantidad impuestos por sus compradores, las empresas comercializadoras e industrializadoras de tabaco. Estas compañías organizan globalmente su producción, operan coordinadamente en cerca de una centena de países y poseen ingresos anuales superiores a los que pueden tener hasta el momento aisladamente las tres principales provincias tabacaleras del país (Salta, Misiones y Jujuy) en concepto de Producto Bruto Geográfico. Los insumos son impuestos a los productores por los propios intermediarios al inicio del ciclo agrícola y son descontados por éstos al momento del acopio. No está de más decir que el alto costo del paquete tecnológico “bajado en la chacra” como condición previa para producir tabaco resulta una variable crucial, tanto porque impide a los productores adquirirlos por su cuenta en el mercado –y evitar así la discrecionalidad en la formación de precios de los insumos– como porque endeuda a éstos hasta el momento de la venta (lo que implica una cíclica y permanente relación de subordinación de hecho con los intermediarios).
¿Qué podría hacerse para posibilitar una capitalización de los minifundistas y posibilitar así un cambio en la relación con los intermediarios? Podrían financiarse líneas de crédito a tasas bajas con recursos de la ANSES para lograr una mayor independencia de los productores respecto del mercado. De esta manera, podría cortarse la espiral de endeudamiento-impedimento para la capitalización. A su vez, las colocaciones tendrían que estar respaldadas por alguna garantía real.
Por caso, en los fideicomisos se entrega el dinero si está respaldado por algún bien existente o a producir. Una forma de reproducir el drenaje de fondos a productores tabacaleros podría ser tomando como garantía el tabaco que se financia y armando consorcios de productores por los montos en juego. De esta manera, los agricultores podrían romper las cadenas crediticias que los atan a los intermediarios y negociar directamente su producción con las empresas comercializadoras e industrializadoras de tabaco.

GARANTÍA. En el caso de que los recursos de un fideicomiso se entregasen como créditos para equipamiento, otra manera de asegurar la devolución de los fondos públicos sería tomando como garantía de la operación financiera tales equipamientos. Los bienes que compondrían tal garantía no serían la tan necesitada infraestructura a ser financiada en las chacras de los pequeños productores (vivienda digna, galpones o estufas –según se tratara de tabaco burley o virginia respectivamente–) sino que podrían ser las maquinarias y equipamientos obtenidos por consorcios de agricultores organizados con miras a diversificar su explotación a través del cultivo y procesamiento de nuevos productos.
De esta manera, podrían comenzar a salir de la trampa de la diversificación que imponen los compradores, debido a que hasta el momento suelen cambiar los cultivos, pero el tabaco sigue estructurando la relación del agricultor con el mercado y la lógica de producción se mantiene dominada por el comprador.
Desde luego, este ejercicio de política pública que realizamos para el caso del tabaco se podría extender a otras actividades agrícolas siempre que se garanticen los créditos con los productos cosechados. En todo caso, se trata de innovar para transformar las situaciones estructurales en procesos virtuosos de mejora en la calidad de vida de los históricos marginados en las economías regionales