Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

22Nov/200

Dos en el sube y baja

Publicado por admin

Mientras Estados Unidos continúa en el pantano post electoral, China cierra un mega-acuerdo de libre comercio asiático

 

Las elecciones en Estados Unidos no han concluido a pesar del conteo provisorio de los estados y la proclamación de Joe Biden por la prensa. Donald Trump sigue insistiendo en sus declaraciones preelectorales de fraude y robo de votos sin otros argumentos que algunas irregularidades menores en los cinco estados donde la diferencia era ajustada: Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Georgia. En este último se está haciendo un nuevo conteo definitivo por ser la diferencia menor al 0,5 % a favor de Biden, pero ese cómputo no cambiará el resultado nacional. Sin contar los 16 electores de Georgia, Biden ha sumado 290, superando los 270 consagratorios, y Trump 232. Según Los Angeles Times (17 Nov.), Biden está obteniendo 78,9 millones de votos (51,3%), Trump 73,2 (47,6 %) y Jo Jorgensen, candidata del Partido Libertario (derecha), 1,6 millones (1,1 %). En esta elección hubo una participación ciudadana del 62%, la más elevada desde 1964, pero baja en comparación con las argentinas y europeas. El 38% de los ciudadanos con derecho a voto no lo ejerció.

Trump perdió pero no por paliza. El trumpismo está lejos de aceptar la derrota y menos aún de haber sido sólo un momento anómalo en la historia oficial de “corrección política” norteamericana. Hoy es un país dividido políticamente, con una grieta que Trump se esfuerza en profundizar. Esa negación de la derrota es el principio de reorganización, bajo su liderazgo, de la fuerte fracción de la derecha blanca belicosa, muchas veces armada. Veremos hasta dónde llegan.

 

Votantes y programas

Según la encuesta de AP, si se diferencia por sexo Trump obtuvo el voto del 52% de los hombres y el 44% de las mujeres; por edades, el 51% de los mayores de 45 años; por etnia el 55% de los blancos, 8% de los negros, 35% de los latinos, 28% de los asiáticos; por educación, 52% de secundaria o menos, 42% de los graduados universitarios, 40% de los posgraduados; por religión, 60% de los protestantes, 71% de los mormones, 50% de los católicos; por nivel económico, el 45% de los que tienen ingresos anuales inferiores a U$S 50.000, el 50% de los que ganan entre 50.000 y 99.000 anuales y el 47% de los que ganan más que U$S 100.000 por año. Geográficamente, las costas Este y Oeste votaron a los demócratas, y el interior profundo, la Middle America blanca, a Trump.

Los encuestados indicaron que los temas que decidían su voto, en orden de importancia, eran: Pandemia (73%), Economía y Trabajo (28%), Salud (9%) y Racismo (7%). Luego otros tópicos y al final de la lista Política Internacional con el 1%.

De no haber sido por el mal manejo de la pandemia, sumado a las consecuencias políticas del asesinato de George Floyd, Trump difícilmente hubiese perdido la reelección, al margen de todas sus características de “políticamente incorrecto”. El 75% de los que resaltaron la pandemia votaron a Biden, mientras que de los que marcaron como tema principal economía y trabajo el 81% votó por Trump.

El visceral y políticamente incorrecto Trump expresó claramente sus convicciones sobre “el virus chino” (y otros temas) pensando que los esfuerzos que hacía en el campo económico, con una magnitud de ayuda federal inédita en tiempos de paz, superarían cualquier otra faceta. No le alcanzó, aunque por poco. Que esa ayuda federal se dedicó sesgadamente en favor de los grandes monopolios no le quita su importancia para los trabajadores.

Los consejeros de Biden le indicaron qué decir sobre la pandemia, al igual que los graduados el énfasis en cada uno de los demás temas, y ganó apegándose al manual. Es un viejo recurso de la política, como arte de lograr apoyos acomodando el discurso a los cambiantes vientos que indiquen aprobación en las encuestas. Biden encontró la oportunidad luego de bregar cincuenta años. Su principal mérito es no ser Trump.

Liu Mingfu, coronel (retirado) del ejército chino, indica: “Estados Unidos es sólo medio democrático. La característica sustantiva de un país democrático tiene dos aspectos: la primera, las políticas internas democráticas sin totalitarismo en la sociedad nacional, y la segunda, las políticas internacionales democráticas sin hegemonía en la comunidad internacional. Un país verdaderamente democrático es un país que no tiene monarca en casa ni hegemonía en el extranjero. Si un país sólo es democrático en casa y hegemónico y autocrático en el mundo, es como máximo la mitad de un país democrático”. (1)

Para el resto del mundo la parte significativa de la política del hegemón es su política exterior, y sobre ella los ciudadanos norteamericanos no tienen mayores divergencias ni le dan trascendencia en su decisión de voto. Confían en que Estados Unidos defiende “los principios de la libertad y la democracia” y sólo se preocupan cuando vienen muchos ataúdes con caídos en oscuras batallas lejanas. Las elecciones se definen 99% por temas internos. El resto del mundo es el que tiene que aguantar, resistir o asentir a políticas que no ha votado. Que Biden sea “progresista” en lo interno, en sus propuestas respecto a la pandemia, minorías raciales, alternativas sexuales, educación u otros temas, no tiene relevancia para el resto del mundo al momento de soportar la presión del hegemón. La diferencia quizá sea que el puño de hierro en la próxima administración demócrata esté enfundado en un guante de seda, con expresiones políticamente correctas al estilo Barack Obama mientras lograba el récord de asesinatos internacionales mediante drones en Oriente Medio, y el Premio Nobel de la Paz como recompensa anticipada a sus posteriores proezas.

Trump representa una visión geopolítica de largo plazo por sobre las ganancias de corto y mediano plazo de la dominante fracción de las finanzas, el capital globalizado, y de las nuevas tecnologías de comunicación. Su objetivo internacional es tratar de limitar el ascenso de China, y al margen de los temas internos ha desplegado una estrategia nacionalista-racista-xenófoba, el imperialismo desnudo del siglo XIX e inicios del XX, el “gran garrote” al estilo del presidente Teodoro Roosevelt. Los acuerdos de Bretton Woods de 1944 no le sirven frente al ascenso de China y ha tratado de rehacer unilateralmente las reglas para mantener la hegemonía americana. El trumpismo se manifestará, entre otras cosas, en el mantenimiento por Biden de muchas de las medidas proteccionistas o punitivas frente a China, en una acomodación difícil de amalgamar con los grupos de interés globalista con negocios en China que desde hace años ha colonizado (no sólo) al partido Demócrata.

Las fracciones económicas globalistas habían revertido parcialmente la tendencia descendente de la tasa de ganancia del capital norteamericano al imponer al mundo el neoliberalismo a partir de los años ochenta, y se beneficiaron de la apertura y reestructuración de la economía china desde el ascenso de Deng Tsiao-ping (1978). Todo era ganancia para el capitalismo en esos años. La apertura capitalista de la enorme China, la implosión de la URSS una década después, negocios a dos puntas con la segmentación de la producción industrial simple en los países asiáticos y el corazón complejo en el centro. Pero la aceleración en el crecimiento chino y la complejización de su aparato productivo en especial a partir de su ingreso en la OMC (2001), junto al retroceso del centro por la crisis de especulación financiera de 2008, encendió las luces de alarma. China no es un gigante económico y enano político como Alemania o Japón, que sin capacidad nuclear dependen del paraguas defensivo americano y en temas estratégicos no pueden revelarse a sus dictados sin serios costos. Quizá los mayores cambios en política internacional sean un trato más amable a los aliados en función de que se acomoden a la política anti-china y anti-rusa que continuará en lo general.

La disputa mundial este año está teñida por la pandemia, “el virus chino” como lo llama Trump y así ha logrado que lo considere la mayoría de su población y muchos en los países centrales. La crisis que Trump ha desatado al no aceptar su derrota abarcará un período mucho más prolongado que la fecha de cambio de administración, contribuyendo al marasmo y desorden político interno del hegemón mundial.

 

China y sus opciones

El país asiático es el único importante que ha superado el coronavirus, en una combinación de ataque temprano con la utilización de todas las herramientas disponibles: controles de movimientos poblacionales con programas de Inteligencia Artificial incorporados a celulares, estrictas cuarentenas, construcción acelerada de hospitales, uso intensivo de testeos de respuestas casi instantáneas, eficientes y tecnificadas atenciones a enfermos, uso masivo de recursos en higiene preventiva y la repetición de las medidas con todo rigor ante el mínimo rebrote. Cero privacidad, total intrusión, fortísima colaboración ciudadana, resultado excelente. La conciencia social china sobre el individualismo americano rindió sus frutos. Esto le ha permitido superar la caída de la actividad en el primer trimestre, con resultados positivos en el segundo y tercero, que la harán cerrar el año con un crecimiento superior al 1% mientras los países de Occidente, según el FMI, tendrán caídas de entre el 4 y el 10% en 2020 y la segunda ola de coronavirus, alejando su esperada recuperación para bien entrado 2021.

Pero no todas son mieles. La presión de Estados Unidos, que venía desde 2018 con una disputa estratégica disfrazada de guerra comercial, la ha obligado a firmar en enero pasado la Fase 1 del acuerdo, simplemente para que no apliquen parte de los elevados derechos de importación sobre mercaderías chinas. Hasta el momento el cumplimiento por parte de China de acelerar las importaciones de granos y otros productos norteamericanos se ha acercado a lo pactado. Pero la parte más dañina de las sanciones son las prohibiciones de actividades de sus empresas líderes en Estados Unidos, caso Huawei y Tic Toc, entre otras, y la prohibición de vender microchips avanzados a la primera, tanto de producción americana como de empresas extranjeras (la taiwanesa TSMC) que utilicen componentes americanos.

¿Por qué esta sanción es importante? Porque en el campo de la complejidad y producción de microchips avanzados la distancia tecnológica de Estados Unidos sobre China es significativa, y sin esos semiconductores avanzados está en peligro gran parte de la arquitectura que Huawei ha montado con sus avances en la quinta generación (5G) de comunicaciones. Para todo el aparato productivo y en especial para la defensa, contar con microprocesadores avanzados es crítico.

China ha ingresado de lleno en la Revolución Industrial 4.0, término generado en Alemania hace pocos años que comprende ciber sistemas físicos en servicios y fabricación inteligente, integración de la infraestructura tecnológica incluyendo robotización, aprendizaje automático, impresión 3D, computación en la nube, internet de las cosas, nueva generación de semiconductores. Estados Unidos tiene una ventaja en investigación básica mientras China lo supera en aplicación industrial de los avances científicos, notoriamente en Big Data que otorga un mercado de 900 millones de usuarios de internet en una población de 1.400 millones. Otros sectores industriales son más heterogéneos, con algunos líderes cercanos a la frontera tecnológica y otros más atrasados. El proceso de poner al día esos sectores (catch up) es la explicación del crecimiento acelerado de la productividad en China, que en este siglo ha sido parejo al aumento de los salarios reales.

Volviendo a los semiconductores, de los diez primeros productores mundiales seis son americanos, liderados por Intel; el tercero es taiwanés (TSMC), dos coreanos y uno solo de China. Este país está acelerando la producción, liderada por SMIC, pero su experiencia, nivel de producción y complejidad tecnológica está por debajo de sus competidores. Los expertos calculan cinco años para cerrar la brecha, con todos los peligros imaginables en ese período tanto por la presión americana para que otros países no acepten los sistemas y productos Huawei como en la definición de reglas 5G, donde esa empresa china lleva claramente la delantera.

Mientras EEUU marca récords en contagios de Covid 19 y continúa su desorden político post electoral, China ha contrarrestado parte de las dificultades con Huawei y todo el sector tecnológico al firmar el pasado domingo 15 la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) para formar la zona de libre comercio de mayor población mundial junto a 14 países, que incluye a Japón, Corea del Sur, Australia, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Singapur, Malasia, Vietnam, Nueva Zelandia, Myanmar, Camboya, Laos y Borneo. Comprende 2.200 millones de habitantes, el 29,3% del PBI mundial y el 27,4 % del comercio mundial, en el área geográfica de mayor crecimiento en lo que va del siglo. Varios de los países signatarios son aliados políticos y protegidos militares de Estados Unidos, pero los beneficios que otorga la posibilidad de participar del creciente mercado chino ha prevalecido –hasta ahora– sobre las presiones de aquel país. Las tratativas comenzaron en 2011 y no es casual que se hayan firmado los acuerdos en el momento de mayor desorden político en Estados Unidos.

 

 

No será sencilla la implementación de los mismos por la presión que ejercerá Estados Unidos, que en 2018 se retiró del TTP, proyecto de libre comercio de los países asiáticos con aquel país excluyendo a China. Dos ausencias son significativas entre los firmantes: la provincia china de Taiwán y la India. La primera ha venido coqueteando con declaraciones independistas con apoyo explícito de Estados Unidos, provocando una elevada tensión militar en el Estrecho de Taiwán. Los indios resisten un acuerdo de libre comercio en función de sus fundados temores de que su atraso industrial, la falta de infraestructura y la diferencia de capacitación de su mano de obra no compensen la diferencia salarial que tienen a su favor frente a los chinos. De allí la posición beligerante del primer ministro Narendra Modi. Las concesiones comerciales de China no lograron disuadirlos, hasta ahora.

Este es el escenario que dominará los tiempos por venir, marco que condiciona el desarrollo de nuestros países sudamericanos. Procesos difíciles y hasta contradictorios parecen ir revirtiendo la ola derechista que se había apoderado del subcontinente. Argentina, Bolivia, Chile, ahora despuntando Perú y probablemente Ecuador en 2021. Nuestros países deberán aprovechar cada circunstancia, unirse y luchar para obtener en la puja de los centros de poder mundial los acuerdos que nos permitan avanzar en nuestros objetivos de desarrollo económico y soberanía política.

8Nov/200

LA FOTOGRAFÍA INOLVIDABLE

Publicado por admin

Quince años del NO AL ALCA

 

Esta semana se cumplieron quince años de la Cumbre de las Américas que en Mar del Plata tuvo la potencia para cerrar el camino a que los Estados Unidos consiguieran el mayor avance hacia el destino que persiguen hace más dos siglos: la consolidación del objetivo panamericanista con su hegemonía continental a través de la conformación del ALCA. Imposibilitó su concreción la asunción al poder de un conjunto de corrientes populares en países de América Latina. Los liderazgos de Kirchner, Lula, Chávez, Evo y Tabaré impidieron ese objetivo imperial. La evocación de la efeméride excede las consideraciones políticas y merece un encuadre de los aspectos económicos de los significados de ese hecho histórico, también la referencia a sus raíces y la valoración presente de los rumbos a impulsar en América Latina. Particularmente en Argentina como reacción a la desastrosa y tramposa situación provocada por la alianza del gobierno de Cambiemos y el FMI para inhibir la potencia transformadora del gobierno popular.

Más de tres años antes de la realización de la reunión de Mar del Plata, la Secretaría de relaciones internacionales de la CTA, que esta semana recordó el evento de 2005 con un seminario internacional, editó un texto de Enrique Arceo en el que se presentaba crudamente el carácter del ALCA y las condiciones internacionales en que acontecía su imposición. Señalaba el autor que “el ALCA procura consolidar en América Latina el tipo de dominación a través del mercado que Estados Unidos busca implantar en el conjunto de la economía mundial. La liberalización de la economía mundial que ha tenido lugar en el último cuarto de siglo no es un fenómeno resultante de la estructura espontánea de las estructuras económico-sociales o una consecuencia de la revolución tecnológica… El mercado es una construcción social y opera necesariamente sobre la base de un conjunto de reglas que reflejan una determinada correlación de fuerzas. La liberalización no es… un desplazamiento de las regulaciones nacionales por las fuerzas incontrolables del mercado, sino su reemplazo por otro tipo de regulación… El ALCA es un claro ejemplo de establecimiento de nuevas normas a ser observadas por las naciones a fin que el capital opere en toda América como un mercado único”.

En la época llamada del “capitalismo de oro” o de “las economías del bienestar”, el financiamiento era predominantemente público, de carácter bilateral o mediante la intermediación de organismos multilaterales de crédito dirigidos por los estados. No estaban restringidos los controles al movimiento internacional de capitales. Existía una regulación interestatal de las políticas cambiarias que impedían su flexibilidad significativa. La inexistencia de un mercado de capitales privados acotaba el financiamiento de los déficits porque la única fuente para resolverlos era el FMI y el Banco Mundial, que lo hacían con reglas estrictas. El único país que podía hacerlo sin límite eran los Estados Unidos, porque imprimían el dólar. Este era el país con exclusividad de moneda completa. El dólar cumplía con las cinco funciones del dinero definidas por Marx:

  1. Unidad de cuenta (los precios se piensan siempre en dólares);
  2. Medio de transacción (las operaciones se realizan en dólares);
  3. Medio de pago (las cancelaciones de deudas y cobros de acreencias se hacen en dólares);
  4. Reserva de valor (los ahorros se realizan en dólares);
  5. Dinero Universal (de aceptación irrestricta para las operaciones internacionales de todo tipo).

 

 

Unidad Latinoamericana o panamericanismo rastrero

La ruptura de la convertibilidad del dólar con el oro, sobrevino por la insolvencia potencial que afrontaba Estados Unidos para cubrir sus déficits, debida al peso creciente de otras economías y al elevadísimo nivel del gasto militar. El surgimiento de nuevas potencias industriales y la acumulación de capital de los países petroleros habían llevado a los Estados Unidos a reemplazar una política administrada del manejo monetario acoplada a un diseño institucional de la gobernanza global por otro de regulación mercantil. Esta fue una decisión deliberada y constituyó el punto de origen del neoliberalismo. Las relaciones entre las monedas pasó a ser flexible y el riesgo de cambio, privado. Las tasas de interés pasaron a ser libres, fijadas por la oferta y la demanda. Los organismos multilaterales restringieron, hasta la insignificancia, los controles al movimiento internacional de capitales. Así, las empresas norteamericanas —siempre con la tecnología de punt— podían deslocalizar producciones y segmentarlas, destinando a los países de menores salarios los eslabones de menor complejidad de fabricación, dejando los de superior desarrollo para los países centrales con mayor disposición del financiamiento privado. Porque la novedad del neoliberalismo fue el cambio de fuente de financiamiento de los déficits: el financiamiento privado y los mercados de capitales reemplazaron a los estatales y sus regulaciones institucionales. La tasa de interés trepó “tan alto como lo necesario para restaurar el valor del dólar”. La llave del cambio regulatorio del capitalismo mundial hacia la financiarización fue que la tasa de interés norteamericana sustituyó a la convertibilidad del dólar como el instrumento de poder de acción de la política económica global.

A su vez, las teorías apologéticas de la libertad de tasas y el financiamiento privado se pregonaron como panacea del desarrollo de los países periféricos, a los que se les hizo adoptar la apertura a la entrada y salida de capitales, con mercados financieros muy rentables (altas tasas) para valorizar el capital especulativo, que no sirvieron para otra cosa que para concentrar el poder económico y destruir la capacidad de crecimiento de sus economías. Este rumbo sólo estancó su desarrollo y aumentó su dependencia tecnológica, alimentando los procesos de fuga de capitales y endeudamiento, que siempre terminaba afrontando el Estado descargando —la mayoría de las veces— su peso en los cuerpos y vidas de los sectores populares.

Del corto período del capitalismo regulado de posguerra se pasó irreversiblemente al capitalismo financiero como sistema mundial, porque ni Wall Street ni los Estados Unidos querrán nunca volver a regular las ganancias, que hoy consiguen con los métodos  de la financiarización y la desposesión de los estados dependientes y de los asalariados. El capitalismo regulado y movilizado por la ganancia productiva era menos rentable y más conflictivo para el capital rentista concentrado. Los desarrollos teóricos corrieron por parte de las universidades de los países centrales donde circulaban como espejitos de colores las bondades de la desregulación. Sumaban a la modelización interesada el elogio  de la desaparición de las empresas públicas y el financiamiento de los déficits fiscales a tasas elevadísimas, demonizando la emisión y la inflación como las causas de todas las enfermedades de las economías periféricas. Sin embargo, las tasas de interés altas tuvieron como resultado más claro la destrucción del consumo interno y de los crecientes pero inmaduros desarrollos industriales de los países desposeídos por esta política.

“El ALCA constituye desde la óptica norteamericana un instrumento decisivo para consolidar la hegemonía de Estados Unidos sobre América Latina y erradicar definitivamente en ella cualquier proyecto de desarrollo autónomo”, decía Enrique Arceo. También significaba una herramienta de la disputa de los norteamericanos con los capitales de otro origen, pues su implementación permitía que los Estados Unidos pasaran de tener del 21% al 31% del PBI mundial. La adopción del ALCA hubiera implicado el final del funcionamiento del Mercosur dentro de todo el territorio americano, sólo hubiera podido subsistir hacia afuera del mismo. Desindustrialización y pobreza.

El No al ALCA en la Cumbre de Mar del Plata significó la salvación del apasionante proyecto de Unidad Latinoamericana. El Panamericanista ALCA, que en lo político-militar se ha expresado por la OEA, el TIAR, el PROSUR, el Grupo de Lima, la Escuela de las Américas y el cipayismo de Luis Almagro, desde hace dos siglos viene sosteniendo el programa de la Doctrina Monroe: “(Toda) América para los (Norte) Americanos”, que justificaba intervenir en otros países de la región en defensa de los intereses estadounidenses. En sucesivos conclaves se creó la Oficina Comercial de las Repúblicas  Americanas con el  objetivo de proteger los intereses norteamericanos frente a los británicos en el siglo XIX, creándose en 1890 la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. En el siglo XX se firmó un convenio de cooperación que nunca entró en vigencia porque Estados Unidos siempre se negó a establecer relaciones compensadas. En América Latina Estados Unidos reservó la preeminencia de los objetivos político militares frente a los económicos, que en la posguerra ocuparían un lugar central en Europa.  Finalmente el ALCA era su gran objetivo hegemónico en la época de la globalización.

Se debe concluir que el lawfare en Argentina y Ecuador, el golpe en Bolivia, los derribos institucionales en Paraguay y Brasil y la organización permanente de conspiraciones contra Venezuela, fueron provocados no sólo por las oligarquías locales y los intereses de la hegemonía militar coyuntural estadounidense, sino que existía el proyecto estratégico de un sometimiento “definitivo” de la región a condiciones de dependencia y subdesarrollo. Por eso resulta pertinente citar al peruano José Carlos Mariátegui en sus Textos básicos (FCE,1995), caracterizando que “el panamericanismo se apoya en los intereses del orden burgués, el iberoamericanismo debe apoyarse en las muchedumbres que trabajan por crear un orden nuevo. El iberoamericanismo oficial será siempre un ideal académico, burocrático, impotente, sin raíces de vida. Como ideal de los núcleos renovadores, se convertirá, en cambio, en un ideal beligerante, activo, multitudinario”. La Unión Latinoamericana como meta del movimiento de masas.

 

 

La tragedia del dólar

En un mundo donde rige la flexibilidad cambiaria, en el que se impone un paradigma de libertad cambiaria como comportamiento de normalidad y de liberalización financiera, las condiciones de profundización de la dependencia tienen una herramienta central en la moneda. Hay un solo país que es estrictamente unimonetario. El resto de las naciones se ha visto sometida a una lógica de estabilidad monetaria ligada a los respetos de alineamiento con la financiarización, tasas de interés sensiblemente más altas que la superpotencia central, salarios flexibilizados que le permitan abaratar costos de los procesos de menor tecnología. Las razones de inestabilidad económica modélica –ligadas al debilitamiento de la moneda— han provenido de:

  • La inflación, atribuible a la puja distributiva donde el capital no ha podido disciplinar al trabajo y a la actividad sindical a su gusto, a pesar de la concentración empresaria.
  • Expectativas que acentuaban la fragilidad financiera debido a la ausencia de “reglas claras” , que significan la previsibilidad completa de un esquema macroeconómico único que responda a los diseños previstos por la potencia central, y que en nuestro país incluyen como eje a la Carta Orgánica del BCRA que reemplazó el kirchnerismo, a la Ley de Entidades Financieras —sancionada por la dictadura y aún vigente—, a regulaciones bancarias (normas de Basilea) que dejan el sistema a merced de una élite internacional que lo (des-auto)regula en función de la privatización del crédito y la obtención de superganancias, rigiéndolo por un dispositivo de riesgos especulativos que excluyen el fomento a las pequeñas y medianas empresas. También suponen un presupuesto equilibrado con políticas ofertistas que bajen los impuestos, y más aún el gasto social.
  • Una naturalización del capitalismo, con asignación de recursos mercantiles, en el que la actividad económica debe ser llevada a cabo por parte del sector privado.

Estos principios condenan al subdesarrollo y la dependencia a los países periféricos y llevan a la constitución permanente de activos externos en el/los países que son gendarmes del capital. Cuanto más autonomía económica se promueve, más movimiento de capitales hay hacia el exterior. El bimonetarismo deviene de estas tres imposiciones de política.

La Unidad Latinoamericana antidependentista había dado nacimiento a la UNASUR, un MERCOSUR con objetivos más democráticos, el ALBA, el SUCRE y la CELAC. Debe destacarse, también, al Consejo Sudamericano de Defensa —con una concepción antagónica a la lógica de la Escuela de las Américas— y, particularmente, al Banco del Sur y el Fondo del Sur, proyectos de instituciones financieras cuya función debía ser la restauración del crédito público para el desarrollo, con el objetivo de largo plazo de disminuir la dependencia de los capitales privados.

Con acierto Cristina Fernández ha señalado el carácter extremo del bimonetarismo argentino, el modo en que este rasgo estructural del mundo neoliberal se ha acentuado en la Argentina. En efecto, en nuestro país el peso conserva sólo íntegramente la segunda y la tercer función de la moneda enunciadas por Marx, salvo para los inmuebles. La primera rige para todos los bienes que consumen los sectores populares, pero para las clases acomodadas los artículos de alto valor, tienen al dólar funcionando como unidad de cuenta. En cambio la cuarta función es claramente de ejercicio bimonetario. La quinta, como es de rigor sólo corre plenamente para la superpotencia occidental, el peso no la posee. La acentuación del bimonetarismo, especialmente en la moneda como reserva de valor, es un castigo de los “mercados” a la no aceptación plena de los tres puntos que se enumeraron como constitutivos del diseño de hegemonía del dispositivo del capital financiero.

El futuro de la dignidad nacional exige la defensa de la Unidad Latinoamericana frente al panamericanismo rastrero. También construir una estrategia de defensa de la moneda propia porque es un instrumento constitutivo de la Nación y que nos permite tener nuestra política económica. También recuperar la idea de la decisiva participación del Estado, en la investigación y desarrollo científico, en las finanzas, en el comercio exterior y en las empresas de tecnología estratégica. Esta no es una cuestión ideológica sino objetiva si se evalúa las necesidades de un política de desarrollo e igualdad, que impida los chantajes y condicionamientos del capitalismo financiero.

Decía Juan Perón en La Hora de los Pueblos (1968) que “el anacronismo mayor sucede aquí, como en nuestros países latinoamericanos, en el hecho que la desunión provocada por el propio imperialismo, resulta el peor enemigo. Como aquí todavía existe el mito de la inversión de capitales y la radicación de industrias yanquis –indudablemente más adelantadas en el aspecto tecnológico— es inútil que un país aislado intente hacerles frente, porque como para USA es indiferente el lugar, si un gobierno les crea dificultades, negocia con otro y aun se permite jugar a uno contra el otro para alcanzar las condiciones”. Perón tenía clara la Unidad Latinoamericana, como Bolívar, Monteagudo, Ugarte e Ingenieros. En referencia a la Alianza para el Progreso, otro megaproyecto panamericanista del cipayismo, decía Perón: “Los proyectos para la entrega han sido muchos y muy variados, a veces se cubre con el desarrollo, otros con la ayuda para el progreso, también con la privatización de las empresas estatales, a veces con el aporte de capitales o de las inversiones extranjeras”.

En referencia a las actitudes complaciente de la dirigencia de la CGT, a las entrevistas con la AEA –en las que convino una declaración en defensa de la actividad privada y la reducción de impuestos—, vale recordar las páginas de 77 y 78 de la edición de la Editorial Norte de Madrid del texto citado en donde se refiere al intento del imperialismo de copar a la dirigencia sindical argentina, utilizando la AFL CIO y la CIOLS creadas, según Perón, con el objetivo de combatir a la Federación Sindical Mundial. En otra parte del texto Perón se refiere a La Tragedia del Dólar refiriéndose a las restricciones que Johnson impuso a las empresas norteamericanas en Europa, acompañadas por una política de restricción monetaria, castigando la decisión de De Gaulle de expulsar de su territorio a las fuerzas de la OTAN. Perón advertía de represalias similares que respecto de desequilibrios económicos podían acontecer en América Latina.

El reciente acontecimiento electoral de la superpotencia, con lamentables ribetes en su transparencia y calidad del debate, ha permitido la aparición de opiniones de economistas y relacionistas internacionales locales con respecto al comportamiento que debía tener la Argentina frente al nuevo gobierno norteamericano. La mayoría de las cuales se referían a arreglar rápido con el FMI, confrontar con Venezuela, ajustar fiscalmente y no acercarse demasiado a China. Opiniones generalizadas en Junto para el Cambio, el periodismo concentrado mediático. Con intelectuales de esta calaña iríamos derecho a una creciente dolarización de la economía, provocando  mayor pobreza y mayor poder del capital frente al trabajo.

El cruce de la frontera del Presidente Alberto Fernández con Evo Morales, el día siguiente al que el Presidente electo por el Movimiento al Socialismo asuma el poder, será una fotografía inolvidable de la historia nacional. Una cachetada a los proyectos de sometimiento al Imperio.

18Oct/200

Publicado por admin

EL GRITO BOLIVIANO

La decisiva elección de hoy es observada con ansiedad en toda la región

 

Hoy, 18 de octubre de 2020, hay elecciones en Bolivia, a 11 meses del golpe de Estado que expulsó del poder a Evo Morales luego de 14 años que transformaron el país axialmente. El MAS gobernó ese período construyendo sentido de igualdad en todas las facetas de la vida boliviana, desmontando el predominio blanco en una sociedad cuyas mayorías son descendientes de los pueblos originarios. También disminuyó sustantivamente la brecha entre los más ricos y los más pobres en un país que venía de una polarización extrema y con agudos índices de pobreza. La construcción del Estado Plurinacional de Bolivia avanzó, durante el gobierno de Morales-García Linera hacia la consecución de un equilibrio entre regiones que representan diferentes perfiles y desarrollos productivos, revirtiendo la política del capitalismo neoliberal de los gobiernos de su predecesora República de Bolivia que profundizaban desigualdades poniendo en riesgo la unidad de esa Nación. El arribo de Morales al poder en 2005 había significado la conformación de un gobierno apoyado en y por los mayoritarios pueblos originarios. La creación del Estado Plurinacional permitió el reconocimiento de las diferencias para borrar las desigualdades.

El sangriento golpe de Estado del año pasado de la derecha boliviana, fue un típico movimiento restaurador de privilegios económicos, de predominios regionales y, también, desarticulador de los avances institucionales logrados con la Reforma Constitucional y las modificaciones organizativas y conceptuales del Poder Judicial. Además atacó la imbricación de las culturas, costumbres y perfiles de la vida de los pueblos mayoritarios en la educación, la vida social y la concepción del carácter de ciudadanía en Bolivia.

La caída del gobierno de Evo Morales y Alvaro García Linera significó uno de los últimos hitos de una experiencia común en América Latina, llevada a cabo entre gobiernos populares de distinto signo político y diferentes perspectivas respecto de sus objetivos de reformas, pero amalgamados por cuatro proyectos comunes:

  1. El impulso de políticas de desarrollo autónomo que se implementaron desde una posición crítica al neoliberalismo.
  2. La construcción de igualdad social y despolarización de la riqueza. Numerosos planes y políticas se desplegaron para disminuir la pobreza, las brechas sociales y para ampliar la capacidad de consumo de las mayorías populares.
  3. La afirmación de la democracia, promoviendo la consolidación, la realización o la promoción de cambios constitucionales para ampliar y profundizar la ciudadanización del pueblo. Reformas presididas por la idea de la necesidad de modificar su concepción y dogmática liberal por las de la democracia participativa y sustantiva.
  4. La recuperación de un enérgico rumbo hacia la Unidad Latinoamericana, que desarticulara el proyecto panamericanista con el cual los Estados Unidos persistían en la intención de construir un bloque geopolítico continental bajo su hegemonía económica, política y militar.

Cuando se produjo el golpe de Estado que instaló a Jeanine Añez como Presidenta, muchos de esos gobiernos populares habían sido depuestos a través de golpes institucionales como el del PT de Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil y el de Lugo en Paraguay o desplazados en procesos electorales impregnados de políticas de lawfare , como el del kirchnerismo en la Argentina, mientras otros proyectos eran torcidos por ese mismo procedimiento como ocurrió en Ecuador.

En Bolivia no pudieron hacerlo de otro modo que con un golpe policial-militar que reprimió salvajemente durante semanas las movilizaciones campesinas y populares. Sólo la intervención internacional –en la que el gobierno de Alberto y Cristina Fernández recién asumido jugó un papel decisivo—, pudo salvar la vida del Presidente, el Vice y otras autoridades del gobierno democrático derribado. Bolivia demostró que las nuevas artimañas destituyentes de la derecha regional no descartaban, sino que incluían la alternativa del viejo golpe, como recurso y/o amenaza disponible para determinadas instancias.

Los organismos de Derechos Humanos de la Argentina denunciaron «las violaciones a los Derechos Humanos en Bolivia y repudiamos una vez más el golpe cívico, policial y militar, orquestado por los Estados Unidos… Requerimos a los gobiernos de la región y a los organismos internacionales que desconozcan a la autoproclamada Presidenta interina Jeanine Añez”.

El gobierno golpista, a pesar de proclamar que asumía para conducir el llamado a un proceso electoral, que anunciaba bajo la invocación de la “limpieza”, permaneció once meses en el poder con el objetivo de desandar las reformas progresivas llevadas a cabo por el gobierno de Morales. Se estrenó cambiando presurosamente la política internacional de su país. Abandonó el ALBA, se sumó al Grupo de Lima y planteó una “necesaria reforma” de la UNASUR.

La opinión del blog Bloomberg.com respecto del gobierno de Añez señala que la Presidenta del gobierno de facto modificó el objetivo declamado de su gobierno de pacificar la situación y llamar a elecciones en mayo de 2020. Lo sustituyó, denuncia la agencia, por la ostentación de sus credenciales cristianas frente a las mayorías populares originarias, y por el avance en decisiones de política internacional, como la ruptura de relaciones con Cuba y Venezuela, dice Bloomberg.

En lo económico,  la dictadura de Añez introdujo reformas que retrajeron el crecimiento, deterioraron la situación fiscal y contrajeron la demanda.

La política de Añez, amén del año de pandemia que debió afrontar, intentó desmontar y confrontar con la que Morales construyó, una etapa de notable progreso para Bolivia. En el inicio de su gobierno Evo decretó la nacionalización de los hidrocarburos y renegoció los impuestos a las compañías extranjeras que operaban en el sector, subiéndolos del 50 al 85%, a la vez que realizó fuertes inversiones públicas en su desarrollo. El promedio de crecimiento de la economía fue del 5% anual durante casi una década, sosteniendo niveles que promediaron el 4% en los años que prosiguieron al 2015, cuando el precio de los commodities tuvo un curso descendente.

 

 

La economía en el Estado Plurinacional de Bolivia

Fernando Molina en su artículo Bolivia: es la economía, estúpido (Nueva Sociedad n° 283, set. 2019) menciona la mejora de la distribución del ingreso durante el gobierno de Morales y destaca las políticas diferenciadas por áreas en la economía boliviana durante el gobierno del MAS. Mientras se estatizaron los sectores estratégicos como el gas y la electricidad, se construyó una alianza con el sector privado en las esferas de la agroindustria, el comercio en gran escala y las finanzas. Otras ramas permanecieron en manos privadas como la cerveza, el cemento y las telecomunicaciones.

A su vez, permaneció y se expandió el desempeño de los pequeños emprendimientos comerciales y artesanales  que ocupan al 60% de la mano de obra. Se conformaba así una economía de dos sectores, dice Molina, uno excedentario que incluye a la minería, el petróleo, la energía y el agronegocio, que transfiere al segundo sector parte de sus excedentes a través de la acción estatal, reemplazando a las políticas previas que favorecían una creciente fuga de capitales y pago de utilidades a la inversión extranjera directa.

La pobreza extrema cayó del 38 al 18% de la población –en las ciudades al 10%—, y la pobreza en sí se redujo en un tercio. El objetivo de la política económica fue avanzar hacia la industrialización de las materias primas  y garantizar la igualdad social.

Los bancos nacionales avanzaron notablemente en el período y su patrimonio creció entre 2008 y 2017 de 700 a 2500 millones de dólares, según informa el artículo citado. La política monetaria del gobierno de Morales recuperó al peso boliviano como moneda de reserva de valor ya que en el año 2000 los depósitos bancarios en esa moneda representaban el 3% del total mientras que en el año 2015 su participación ascendía al 94%. Esto fue logrado por “el gobierno del MAS, [el que] con la fuerte oposición de los bancos privados y transnacionales, restableció la banca pública e implementó una Ley de Servicios Financieros en 2013, lo que significó una drástica modificación de la institucionalidad que había sostenido décadas de políticas de liberalización». Señala Natalia Naqvi que la legislación sancionada por el MAS dispuso la intervención pública en la asignación de recursos de la banca privada, mediante regulaciones cuantitativas de los préstamos para los sectores productivos, como también a través de regulaciones de la tasa de interés. Fue una política sin compensaciones que redujo la tasa de beneficios de la banca privada. Tuvo una fuerte impronta intervencionista, tal vez la más intensa de los últimos tiempos en economías de la región».

Por otro lado el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia asumió con reservas internacionales por 3.500 millones de dólares. Aprovechó el auge de los precios de las materias primas llegando a acumular 14.500 millones en el año 2014. Luego el nivel de precios de los commodities descendió, a pesar de lo que en los cuatro años posteriores se mantuvo el nivel de actividad y el ritmo de las transformaciones, haciendo uso del excedente de reservas. Estas últimas obviamente se redujeron, bajando a poco más de 8.000 millones en el año 2018. El nivel de actividad se sostuvo mediante una política expansiva del nivel del gasto, flexibilizando el resultado fiscal.

El golpe de Estado de 2019 no sobrevino en Bolivia como consecuencia de la una economía deteriorada, ni del empeoramiento de las condiciones de vida. No fueron los factores económicos mencionados ni otros los que generaron un clima que explicara el advenimiento de un gobierno de facto, que se convertiría en una dictadura. El MAS tuvo capacidad para leer las coyunturas económicas internacionales y nacionales. Esa aptitud le permitió construir un proyecto sustentable, con distintas estrategias en las diferentes etapas, articulando la política de Estado con la valoración e impulso de la movilización social. Supo adaptar los ritmos de marchas, y hasta de contramarchas, en sus medidas económicas. Así logró el crecimiento económico, la estabilidad con una baja inflación, el fortalecimiento de la moneda propia, el impulso a la diversificación de la economía. Pero su gobierno popular desbordó los límites de tolerancia de ampliación democrática por parte del capitalismo neoliberal de la financiarización. Este último se embarcó en la estrategia del golpismo clásico.

Las políticas del gobierno de Morales fueron impulsadas durante caso todo el período por el Ministro de Economía Luis Arce Catacora –salvo en un intervalo en que afrontó un tema de salud— y tuvieron tanto la oposición del  FMI como de las calificadoras de riesgo privadas. Esas críticas fueron resistidas por el candidato del MAS que hoy competirá por la presidencia. La persistencia en el rumbo le permitió alcanzar tres logros fundamentales: la reforma financiera, la desdolarización de la economía y el crecimiento del ahorro en moneda nacional.

 

 

Luis Arce

Luis Arce Catacora no empezó su militancia política en el MAS, ni con su exitosa tarea de conductor de la economía del Estado Plurinacional, militó previamente en el Partido Socialista 1, que se constituyó como una secesión de izquierda del Partido Socialista y cuyo líder Marcelo Quiroga Santa Cruz fue asesinado durante la dictadura de García Mesa.

 

 

 

 

 

 

Sus ideas fundamentales para la política económica boliviana están plasmadas en lo que llama “Modelo económico, social comunitario y productivo”, entendido como un recorrido de transición al socialismo, objetivo estratégico siempre explicitado por el MAS. Enfrentará en las elecciones a Carlos Mesa, que representa a los sectores acomodados y parte de la clase media de la Bolivia occidental y al ultraderechista Luis Camacho referente del capital concentrado de la región oriental. Arce articula la representación de la Bolivia popular, trabajadora y de los pueblos originarios, que constituyen la mayoría de la población. Las ideas fundamentales de su modelo expresadas en la revista Economía Plural (2011) merecen ser citadas: “El nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo identifica dos pilares: el sector estratégico que genera excedentes y el sector generador de ingresos y empleo. El modelo identifica cuatro sectores estratégicos que tiene Bolivia para generar excedentes económicos para los bolivianos:

  1. hidrocarburos,
  2. minería,
  3. electricidad y
  4. recursos ambientales.

«Son los viejos y tradicionales sectores de los que ha vivido el modelo primario exportador. No puede cambiarse el país de la noche a la mañana, tiene que haber una estrategia que está plasmada en este modelo para salir de ese circuito negativo. Entre los sectores generadores de ingreso y empleo están la industria manufacturera, turismo, vivienda, desarrollo agropecuario y otros que aún no han sido dinamizados. De acuerdo con el nuevo modelo, para desarrollar una Bolivia productiva, generar esa transformación productiva, modificar el modelo primario exportador, se requiere llevar los excedentes de los sectores de minería, hidrocarburos, energía eléctrica, hacia los sectores donde se requiere poner la piedra fundamental, la semilla de un país productivo, es decir, en el sector manufacturero, industria, turismo y desarrollo agropecuario. El Estado es el redistribuidor, el que debe tener la capacidad de transferir los recursos de los sectores excedentarios a los generadores de empleo e ingreso. En otras palabras, lo que se busca es liberar a Bolivia de la dependencia de la exportación de materias primas para abandonar el modelo primario exportador y construir una Bolivia industrializada y productiva”. Las bastardillas me corresponden, el destacado tiene el objeto de enfatizar la idea clave que engloba a los proyectos nacionales, populares y democráticos, alternativos a la opción del liberalismo neo en la región. Añez, expresión de esta última, aplicó políticas de liberalización del comercio exterior, debilitamiento del apoyo a sectores estratégicos y desmonte de programas sociales como el del bono Juana Azurduy, dirigido a las madres gestantes y niños recién nacidos.

La elección de hoy es trascendental porque indicará la potencialidad popular como límite a la reversión de los procesos antidependentistas que se instalaron a principios del milenio en América del Sur. Porque como sostiene Rafael Bautista en su nota en Nodal del 14/10/20, “el Estado de excepción no declarado, pero en ejecución fingida, constituye el contexto ineludible que permite –en una reflexión crítica de la coyuntura– poder advertir, la más que improbable realización democrática y limpia de elecciones nacionales. La postergación continua del evento electoral (por cuarta vez), bajo el pretexto de la pandemia, demostró ya la falacia grosera de la autodenominada transición, que exhibe la dictadura actual como mera cobertura democrática de unos propósitos profundamente anti-democráticos”. Así la puja de la fecha no es sólo por votos sino por evitar la manipulación, degradación o destrucción del acto electoral por parte de la derecha boliviana e internacional. Los comicios ya tienen un vicio irreversible, la proscripción de Evo y otros dirigentes del MAS.

La potencialidad para garantizar los comicios y el triunfo de Arce Catacora y David Choquehuanca ha de significar un golpe al panamericanismo, al neoliberalismo y a los regímenes dictatoriales. Asimismo fortalecerá el renacimiento en la región de una perspectiva de Unidad Latinoamericana, fogoneada por la esperanza, que siempre las victorias estimulan, de una nueva ola de proyectos populares, de desarrollo autónomo y justicia social en América del Sur. Será una nueva recuperación de gobierno por una fuerza popular, antes que haya transcurrido un año del triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández en Argentina.

30Ago/200

Un DNU que garantiza derechos

Publicado por admin

Que sean esenciales implica que en las condiciones de desarrollo alcanzadas por una comunidad su alcance y disposición hace a la dignidad humana. Esta se articula en dos valores fundamentales y permanentes: la libertad y la igualdad, cuya interdependencia y articulación indisoluble es constitutiva de la democracia.

Este decreto no resulta de una cuestión de orden programático, aunque también su sustancia podía avizorarse en el paradigma de un proyecto nacional y popular que logró acceder al poder. Su ejercicio por parte de un gobierno que lo buscó para modificar la política económica, institucional, social, judicial, cultural, sanitaria, educativa e internacional, también significó un cambio sobre la mirada de la relación de los hombres entre sí, y de los hombres con la naturaleza. Hubiera sido imposible emprender un conjunto de transformaciones como las enunciadas sin una perspectiva y una sensibilidad marcadamente diferente al neoliberalismo que lo precedió y que todavía conserva la hegemonía cultural en la nación.

El DNU se ha dictado en el marco de una peste, en la que la posesión de los medios para el acceso a la comunicación con que hoy cuenta la humanidad, pasan a ser de carácter esencialísimo. Disponer o no de esos medios de comunicación, en la situación concreta que el coronavirus impuso, constituye una disyuntiva abismal. No haber adoptado las medidas que apunten a proporcionar condiciones de igualdad para el acceso a esos recursos resulta indigno a la condición humana.

¿Cuál es la diferencia clave que facilita la igualación de acceso a los servicios declarados de interés público? La existencia de una tarifa que pueda ser afrontada por el conjunto de la población, junto a la garantía de su abastecimiento pleno a toda la ciudadanía. La tarifa tiene la garantía de su regulación y/o fijación por parte del Estado. Es este el obligado a acudir en atención al cumplimiento de la vigencia de los derechos humanos. El precio libre de mercado que se hubiera establecido por la suma de costos, ganancias y rentas monopólicas se habría guiado por la maximización de ganancias y no por la satisfacción de derechos humanos, atendiendo a los mayores frutos posibles que pudieran engrosar la propiedad privada de las nuevas tecnologías e infraestructuras de las actividades.

Cuando se trata de servicios cuya estructura de mercado es monopólica u oligopólica — debido a la existencia de rentas tecnológicas, rentas naturales, concesiones o montos de inversión cuyo nivel son sólo alcanzados por un puñado de empresas—, existe una tendencia a que se refuerce el sesgo, típico de los monopolios, a reducir la cantidad de beneficiarios. El precio que se les puede cargar a estos usuarios de altos ingresos garantiza un beneficio total que supera el volumen que este alcanzaría si se eligiera ampliar la atención de la demanda a un precio menor. Es la dinámica dominante de las actividades recientemente declaradas de interés público.

 

 

Mercado y monopolios en las tecnologías de la comunicación

Los derechos humanos deben ser garantizados por el Estado, es el sujeto legalmente obligado como representante de la sociedad. En la situación de pandemia que hoy vivimos, la esencialidad de la telefonía celular, de internet y de la TV pública hacen que la decisión de Alberto Fernández de declararlas servicio público no sea una opción arbitraria, o sólo fundada en un paradigma conceptual. La Constitución Nacional incorporó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Garantizar el acceso a estos servicios imprescindibles resulta una obligación que se vincula también con el derecho al trabajo. Hay muchísimas tareas que actualmente sólo se pueden acometer con la utilización de internet y la telefonía celular. Muchos argentinos no podrían desenvolver sus labores si las compañías proveedoras de esos servicios conservaran la facultad de establecer precios para maximizar sus ganancias. El medio predominante de comunicación hoy es el celular, que además tiene usos múltiples. Algunos de estos permiten el ahorro de riesgos de contagio, pues favorecen el aislamiento social mediante dispositivos que permiten hacer operaciones y trámites que, de otro modo, requerían el movimiento personal y el contacto –a veces en aglomeración— para efectuarlas. La actividad cultural y recreativa permanece absolutamente restringida por el peligro del contagio del Covid-19, esto convierte al televisor en un medio que no sólo es utilizado en las habitualidades de quienes lo consumen en épocas de normalidad, sino como un sustituto de actividades de esparcimientos hoy vedadas. Son las razones que hacen que el DNU sea un auténtico reparador de derechos.

Además el particular momento en que se dicta la legislación suma a las características concentradas de la oferta en esas actividades cuya forma de comercialización resulta de estructura oligópolica, duopólica o monopólica —donde la categoría mercantil es una mera formalidad, porque reina la formación cuasi-absoluta de precios por parte de los proveedores de esos servicios—, un plus que refuerza los efectos de las morfologías de esos mercados. Es que esos servicios públicos son brindados sin alternativas que en condiciones normales podrían introducir un límite a su consumo. Por ejemplo, la concurrencia directa al cine en lugar de la película por TV, el encuentro familiar en lugar del Zoom, los juegos de mesa personalizados en lugar de los efectuados por Internet. Pero cuestiones más delicadas e inobviables hoy se sostienen por estos medios, como muchas consultas médicas y sesiones de psicoanálisis. Los médicos también prescriben remedios y envían  las recetas a pacientes crónicos que las requieren para gozar de los descuentos, sin los cuales no podrían comprarlos, y continuar sus tratamientos. Actividades esenciales y ausencia de bienes sustitutivos (para utilizar la propia terminología favorita de los marginalistas, que tanto seduce a los economistas del establishment), crean las condiciones para que los monopolios propietarios de la operación de estos sectores tengan un amplio poder de control para subir los precios, para aplicar aumentos por encima de la inflación, del aumento de costos hasta el nivel en que encuentre el punto máximo de ganancias, sin competencia de bienes similares, ni tampoco cercanos en su función. Este es el momento en el que el DNU resulta oportuno, necesario e incuestionable.

La reacción de empresas propietarias de esos rubros, como las que integran el grupo Clarín —cuyo referente de origen fue Roberto Noble, secretario del gobierno de Roberto Fresco que gobernó la provincia de Buenos Aires con “conceptos oriundos del fascismo y el corportativismo”, según refiere Horacio González en Historia conjetural del periodismo (Colihue, 2013)—, como así también por parte del diario La Nación –que sistemáticamente dio sustento a los golpes de Estado en el país—, recurren frecuentemente al derecho de propiedad como pilar jurídico de la defensa del libre albedrío empresario para fijar precios. Empresas que conocen bien de métodos de acumulación originaria que aplicaron en la apropiación de Papel Prensa durante el terrorismo de Estado.

Los restauradores del conservadurismo neo acuden a alimentar el negacionismo de los derechos económicos, sociales y culturales. Pregonan el rechazo de todos los derechos “positivos” o de acceso, en los que el Estado debe proveer presupuesto y/o intervención en la economía para que sean garantizados. El lugar común en que acomodan el valor de la libertad es la defensa irrestricta del derecho de propiedad ilimitado, cuya perpetuidad es irrenunciable para esos peculiares “libertarios” de derecha, también su transmisibilidad sin restricciones, y no aceptan impuesto a la herencia alguno.

La disposición de sus frutos y de la inalienable integridad de la propiedad de origen son defendidos por los liberales que los protegen de los impuestos a las fortunas, de las retenciones que disminuyen rentas diferenciales y de regímenes progresivos de impuestos a las ganancias. Pero los conservadores neo, los “libertarios” de derecha y los liberales deberán lidiar con un problema no menor: la Constitución nacional dispone otra cosa. En 1994 introdujo en su contenido el respeto integral de los derechos humanos, que incluyen los económicos y sociales, sin prelación para ningún derecho de propiedad, que le asiste al propietario tanto como los derechos esenciales amparan a las mayorías populares. La voluntad general ha de definir en cada circunstancia las políticas que se imponen. Es decir el pueblo y no las minorías.

 

 

El neoliberalismo como negacionismo de derechos humanos

Así el orden legal de carácter constitucional no se respeta si todos los mercados y en cualquier circunstancia quedan librados a la disposición de que los propietarios fijen los precios que le viene a la gana. Los diabéticos no pueden pagar cualquier precio por la insulina, este debe ser fijado por el Estado nacional en función del derecho igualitario a la salud. Derecho a la vida tiene el diabético pobre como el rico, igual derecho. Derecho a comer carne tienen todos los argentinos, no es que para el argentino rico va el lomo y el bife de chorizo y para el pobre papa y cebolla. En pandemia la comunicación, la socialización, los recursos para sostener la mayor capacidad de trabajo posible, el acceso al esparcimiento, no resiste diferencias entre el rico y el pobre. Del mismo modo en que con el probable advenimiento de un ajustado nivel de disponibilidad de camas para los enfermos de Covid-19, en consonancia con la Constitución Nacional, sería contrario a la dignidad humana que las escasas plazas de terapia intensiva se asignen a quien pagó medicina prepaga, frente a quien no pudo hacerlo. Porque la Constitución Nacional dice otra cosa. Y el DNU 690/2020 interpreta con exactitud el texto fundamental de la legislación argentina.

En estos últimos tiempos el pensamiento de la derecha argentina viene sustituyendo el concepto sustantivo de democracia por el formalismo “democrático-liberal”. Von Hayek, el restaurador de reflexiones y miradas de los siglos XVII y XVIII, en las cuales la propia ciudadanía política estaba en debate respecto de su dimensión universal, planteaba que los derechos económicos y sociales eran falsos derechos. He aquí a Clarín y La Nación profesando el mismo dogma que el austríaco admirador de Pinochet, sugiriendo que la intervención que el DNU 690/2020 dispone sobre tarifas de bienes de utilidad pública esencial es un atropello a la democracia.

Los demócratas de la Revolución Francesa y su filósofo Rousseau, que reivindicaban la democracia política y la ciudadanía universal, fueron duramente atacados por los precursores de los editorialistas de esos periódicos y sus repetidores televisivos. Su propuesta era ciudadanía política universal y no limitada. Y ya en 1793 el ala jacobina de la Asamblea francesa decía que los derechos civiles y políticos carecían de sustancia si quienes tenían la facultad de practicarlos, no poseían el mínimo sustento para el sostenimiento de una vida que les permitiera ese ejercicio.

Ellen Meiksins Wood en Democracia vs. Capitalismo (Siglo XXI, 2000) sostiene que la democracia no debe ser pensada sólo como una categoría política, sino también económica. “No sólo me refiero a democracia económica como una mayor igualdad en la distribución del ingreso. Concibo a la democracia como un regulador económico, el mecanismo impulsor de la economía”. Esta concisa expresión propugna una metamorfosis trascendente. La democracia debería ser el mecanismo regulador e impulsor de la actividad económica, no el mercado. Si la democracia es una democracia de ciudadanos, entonces la ciudadanía no es sólo política si no integral y, entonces, también económica.

Los atributos de la igualdad sustantiva se extienden en los espacios políticos y económicos. Dice la historiadora canadiense que “instrumentos e instituciones ahora asociados con el mercado serían útiles en una sociedad realmente democrática”, pero la fuerza impulsora de la economía no tendría que emanar del mercado. La democracia implica “un nuevo mecanismo impulsor, una nueva lógica económica”. Esa lógica económica, dadas las condiciones de concentración en que se desenvuelve la economía actual, tiene una estrecha relación con la intervención del Estado.

No de un Estado neutro, sino con fuertes contenidos que sean resultado del debate popular y muy entrelazado con un proyecto de autonomía nacional y ciudadana. En un reportaje que le acaba de hacer la Agencia Paco Urondo, el presidente de YTEC Eduardo Dvorkin afirma: “Yo creo que la cosa pasa por un proceso de sustitución de importaciones en el que el Estado no solamente regule y vigile sino que en ciertas áreas se convierta en un Estado empresario. Es decir, la única burguesía nacional motorizadora de la industrialización que tenemos es el Estado, que no puede hacer todo, pero sí puede ser el eje. Es muy importante regular a las empresas y disciplinarlas. Yo creo que va a haber una burguesía nacional formada por las pymes cuando nosotros las disciplinemos, cuando digamos ‘las reglas de juego son éstas, vos hoy estás usando reglas de juego que no son válidas’”.

 

 

Dos proyectos

Hay dos proyectos de Argentina. El primero es el que contempla una ciudadanía integral, con un Estado que articule las necesidades, requerimientos y atención de derechos, sobre la base de una fuerte interacción con la participación popular que actúe de conjunto con la institucionalidad republicana, porque como dice Horacio González en su artículo publicado por la revista digital La Tecla Ñ, La Foto del Quincho (26/07/20), “sin las instituciones no se puede, pero con ellas solas no alcanza”. El segundo es el de la ciudadanía limitada, acotada a la formalidad institucional, subordinada al reino de la preeminencia del derecho de propiedad, con una economía en la que la lógica mercantil subordina y coerciona la vida económica de las mayorías populares, con un concepto de libertad que no articula con el de igualdad, sino que se le opone naturalizando la polarización social.

El DNU del gobierno que ha declarado como servicio público con precio regulado a internet, el teléfono celular y la televisión paga, y que además establece la provisión de un servicio básico para atender los derechos de los sectores con menos posibilidades, marca un rumbo de raigambre popular. En cambio la hipocresía del establishment y la derecha de tildar la regulación de precios de servicios esenciales como atentatoria contra la libertad, amparándose en el derecho de propiedad, es la opción por un liberalismo extremo enemistado con la vida democrática.

26Jul/200

JUGAR CON FUEGO

Publicado por admin

El sistema financiero chino se abre por completo debido a la presión de Estados Unidos

Hace pocos meses los chinos habían informado sus planes para introducir una “Moneda Digital” (El Cohete, 24.05.2020). Ahora dejan trascender el proyecto de crear bancos de inversión “del tamaño de portaaviones”. Hasta el momento el sector financiero chino está dominado por instituciones bancarias estatales. Tanto el People Bank of China (su banco central) como los bancos comerciales Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB), Agricultural Bank of China (ABC), y Bank of China (BOC), son estatales y dominan ampliamente la escena. ¿Cuál es la razón para desarrollar bancos de inversión y cuál la diferencia con los bancos comerciales?

 

 

La ley Glass-Steagal de Roosevelt

La separación entre bancos de inversión y bancos comerciales se produce en 1933 por la promulgación de la Ley Glass-Steagal, para evitar los excesos de especulación que llevaron a la crisis de 1929.

Desde 1922 los bancos norteamericanos invertían frenéticamente en el mercado de valores, contribuyendo a una exuberancia irracional en su valor, con crecientes apalancamientos de compras. Cuando el mercado de valores se derrumbó en octubre de 1929, los depositantes en tropel quisieron retirar sus fondos. También pidieron oro a cambio del dinero, casi agotando la Reserva Federal. En el pánico bancario que siguió al crack de la bolsa de Wall Street quebraron más de 4.000 bancos. No sólo quebraron los bancos insolventes que se habían apalancado en los ahorros de sus clientes comerciales sino también muchos prudentes bancos que no soportaron los súbitos retiros de depósitos.

En marzo de 1933, el nuevo Presidente Roosevelt declaró un feriado bancario de cuatro días para dictar la ley conocida como Glass-Steagal, que eliminó la convertibilidad del dólar en oro, prohibió a los bancos comerciales hacer operaciones riesgosas en el mercado de valores bursátiles, vedó a los bancos de inversión tener participación mayoritaria en los bancos comerciales, obligó a encontrar fuentes de fondos separadas de los depositantes comerciales, prohibió a los funcionarios bancarios pedir préstamos excesivos de su propio banco y dio plazo de un año para decidir si se convertirían en bancos de inversión o comerciales. La ley había creado un muro anti-incendio entre ambas bancas, con el propósito de defender los ahorros que los ciudadanos depositaban en los bancos comerciales, los que pasaron a tener una garantía estatal hasta cierto monto. Cuando los bancos reabrieron tras el largo feriado bancario, la corrida había cesado y a poco comenzaba la recuperación con el conjunto de medidas del New Deal. El capital financiero fue relegado y se mantendría debilitado y en un segundo plano por varias décadas.

A partir de Reagan se comienzan a relajar las medidas de regulación financiera y en 1999, bajo Clinton, se deroga formalmente la ya no respetada ley Glass-Steagal, produciendo una nueva y creciente exuberancia especulativa que tuvo su mayor expresión en 2008 con la crisis de las hipotecas basura o sub-prime.

Los bancos e instituciones “de inversión” se ocupan de las finanzas corporativas y los fondos líquidos de personas muy acaudaladas, clientes que no se contentan con las tasas de interés ofrecidas por los bancos comerciales y asumen mayores riesgos. Sus principales operaciones son suscripción de emisión de valores, fusiones y adquisiciones, negocios de futuros, fondos mutuos, fondos de cobertura (hedge funds) y similares. Las compras apalancadas y el abuso de los derivados financieros han reiterado, una y otra vez, las corridas especulativas que la ley de 1933 evitó por muchos años.

China ha tenido especulaciones financieras que derivaron en caídas importantes de sus bolsas a mediados de 2015 y modificaciones reglamentarias posteriores llevaron a un esquema de separación similar a la ley norteamericana de 1933. ¿Por qué ahora quieren modificar sus propias restricciones a la banca de inversión? ¿Cómo proponen llevar adelante esta etapa de financiarización del sector?

La principal razón es la letra chica de los acuerdos parciales (Etapa 1) acordados bajo la implacable presión de Estados Unidos, por la que se comprometen a abrir totalmente el mercado de capitales antes de fin de 2020. De estos acuerdos han trascendido en  la Argentina el compromiso de mayores compras de soja a Estados Unidos, pero hay otros que indican la magnitud de la presión de Estados Unidos y la debilidad relativa de China. La apertura financiera es una de ellas.

Para contrarrestar el ingreso de bancos de inversión internacionales los chinos están diseñando instrumentos que le permitan tener el lugar ocupado con “campeones nacionales” para cuando aquellos entren en escena. Una pista de los cambios se puede rastrear en la creación de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China (CBIRC) en 2018 o en la repetición en la prensa de la necesidad de estudiar los “bancos universales”, palabras en código para anticipar la movida por think tanks representantes de la fracción más pro-mercado dentro del PCCh.

Recientemente el semanario financiero chino Caixin Weekly informó que la CBIRC daría licencia a algunos bancos comerciales para realizar operaciones propias de la banca de inversión, para canalizar los excedentes de corporaciones y los nuevos ricos que el desarrollo vertiginoso de China ha creado en estos años. De acuerdo a la probada táctica china de ensayo y error, las autoridades están pensando en comenzar un plan piloto, como el que se lleva a cabo con la moneda digital.

Las aseguradoras y bancos chinos son de los más grandes del mundo pero sus instituciones para el manejo de bolsa son pequeñas a escala mundial. Las operaciones de Goldman Sachs igualan al conjunto de los más de 130 corredores chinos, según China Securities Journal.

Hasta ahora el banco candidato para la etapa piloto es el estatal ICBC, el banco comercial más grande del mundo. Hay dos empresas estatales (SOEs por sus siglas en inglés) que se anotan para banca de inversión: Citic Group (no confundir con el Citigroup americano) y Everbright Group.

Citic Group controla el Citic Bank, con un valor de mercado equivalente a U$D 31,2 miles de millones. La posible fusión con otros corredores llevaría el valor del grupo por sobre los U$D 82.000 millones.

La bolsa de Shanghai, la más importante del país y una de las principales del mundo, ha sido testigo del incremento del valor de las acciones de Citic y Everbright, en una anticipada especulación que formarían parte del “portaaviones” que ya descuenta el mercado de valores chino. La cotización total de las acciones chinas han subido recientemente a U$D 9,7 billones (trillions), casi el nivel máximo obtenido en junio de 2015 de U$D 10 billones (trillions). La bolsa de Shanghai exhibe cotizaciones muy elevadas a pesar del deterioro de sus bases fundamentales (“fundamentals”) por la pandemia. Al igual que en las bolsas de Estados Unidos por otras razones, son conductas alimentadas por actores que pueden llegar a desestabilizar el modelo de crecimiento sin crisis durante cuarenta años.

 

 

La industria financiera

¿Qué es la “industria financiera”, como gustan llamarla los norteamericanos? Es el nombre que le han puesto al capital financiero para embellecer su función, legalizándola como “creadora de valor” y pretendiendo contribuir con sus “innovaciones” al crecimiento del PBI. Los grandes salarios de los ejecutivos financieros, como las fabulosas ganancias del sector, por arriba de la tasa de ganancias del sector industrial en su conjunto, serían la representación “correcta” de las “extraordinarias” contribuciones del mismo al crecimiento nacional. Sin embargo la desviación de los excedentes hacia esquemas financieros en vez de inversión productiva ha coincidido con una reducción de la tasa de crecimiento respecto al período de posguerra. Keynes distinguió las esferas financieras e industriales de la economía de una manera similar a como podríamos actualmente separar la economía de activos de la economía real. La propuesta de Keynes de practicar la eutanasia del rentista no fue una idea de mera crítica frente a la crisis que éstos habían provocado en 1929 sino una denuncia de su carácter parasitario y dañino.

La inconvertibilidad del dólar en 1971 y el crecimiento del capital financiero fueron madurando las condiciones para la desregulación financiera que caracteriza al neoliberalismo. De ser ayuda del ciclo productivo el capital financiero ha pasado a ser su control. El capital financiero, como dinero que crea más dinero sin otra intervención que el tiempo, es mistificación y ocultamiento del proceso social de la generación de valor por los distintos tipos de trabajo en la esfera productiva.

Con el retorno de la hegemonía del capital financiero sobre el resto de las fracciones del capital en los años ’80 ese capital ficticio ha venido creciendo en forma alarmante. Se ha producido un florecimiento de nuevos instrumentos (derivados y otros) que en forma parasitaria extraen el excedente de explotación de otros sectores. El aumento de las ganancias financieras y su apropiación de la esfera real es paralelo al aumento de las representaciones de lo financiero sobre la economía real. En 1980 la liquidez internacional ascendía a casi el 70% de PBI Mundial , para empinarse hasta casi el 160 % en 2016 y ubicarse en el 140 % en 2019 (Michael Howell. Capital Wars. 2020). Una masa creciente de “capital ficticio”, grandes esquemas de Ponzi, que cada tanto son violentamente devaluados por crisis periódicas de realización.

Hay actividades financieras de inversión —por ejemplo la suscripción de emisión de valores— necesarias para canalizar los ahorros de empresas y particulares a nuevos emprendimientos reales o expansión de los actuales. Es el financiamiento de la actividad real, la producción de bienes y servicios. Mientras esa necesidad se cumple como una función para el desarrollo social y económico el costo de esas instituciones financieras justifica su existencia. Hasta ahora el sistema bancario chino ha canalizado ahorros hacia una elevada tasa de inversión, fruto de los elevados ahorros familiares y de las empresas.

 

 

 

Inversión/Producto Bruto Tasa Promedio 1980 – 2019

 

 

 

China está jugando con fuego al concebir voltear la muralla que dividía la banca comercial de la más especulativa y desestabilizante banca de inversión, aun de poca dimensión en ese país. Hasta ahora había logrado un recorrido de cuarenta años sin caída del nivel de actividad general, y fuera de la actual —producida por las necesarias cuarentenas para dominar el coronavirus— nunca tuvo una caída anual de su PBI. Inclusive puede que a pesar de la pandemia cierre el año en valores positivos, con alguna ayuda cosmética en el crecimiento oficial del 3,2 % de su PBI en el segundo trimestre de este año.

El cambio de política financiera será el resultado de la presión de Estados Unidos para que abra su economía al capital financiero internacional, del que son los principales exponentes junto a Gran Bretaña. Una de las principales diferencias entre el capitalismo de Estado chino y el capitalismo neoliberal es que el capital financiero está controlado por el Estado. El ingreso de las instituciones internacionales disminuye ese poder. Las alas dentro del gobierno chino (pro libre mercado e intervencionista) luchan por imponer qué tipo de control y con que instituciones podrán enfrentar a los pesos pesados occidentales entrando en la ciudadela de su poder financiero. En las reglamentaciones que aparezcan en los próximos meses quizá podamos imaginar el peso relativo de cada sector.

Si la apertura financiera china multiplica las actividades financieras al estilo de Occidente –donde el centro se corre del financiamiento de inversiones reales a esquemas de especulación financiera—, corre el peligro que el centro de las decisiones pase al capital financiero, aumentando la especulación de valores en desmedro de la inversión real en medios de producción, infraestructura, etc. El florecimiento de las nuevas instituciones, estatales o extranjeras, reduciría el desarrollo en beneficio de una fracción parasitaria. Los negocios del pináculo de la riqueza china —en un país muy desigual con ricos muy ricos aunque cada vez haya menos pobres– pasarían a ser más importantes que el Estado que los hizo nacer y crecer, y lo controlarían. Si las nuevas instituciones y las reglamentaciones no limitan en los hechos la participación de instrumentos de inversión internacionales el juego será doblemente riesgoso. Ese es el peligro que la fracción dirigente del PCCh parece querer evitar.

Las tres esferas que China trata de impulsar en esta etapa son el desarrollo tecnológico, el poderío de su defensa militar y el sendero de desarrollo de su economía, procurando evitar un conflicto armado con Estados Unidos o sus aliados. La pandemia ha trastocado sus planes y los del resto del mundo también. Al ser el primer país importante que la está superando se le abren oportunidades para desplegar sus fuerzas productivas antes que el resto y reparar los enormes costos incurridos. La introducción de la gran banca de inversión siembra dudas sobre el cumplimiento cabal de algunos senderos independientes de expansión.

Este es el escenario que se irá desarrollando en los años por venir, configurando el mundo que influirá sobre las posibilidades de muchos países, entre ellos la Argentina, para retomar senderos de expansión. Los dados están rodando.

14Jun/200

UTILIDAD PÚBLICA

Publicado por admin

Las triangulaciones y precios de transferencia justifican la intervención estatal en el sector

 

Hay cuestiones clave que una política de desarrollo de carácter nacional y popular debe resolver en la Argentina. Recientemente se ha distribuido el informe del Banco Central sobre la fuga de capitales durante el gobierno de Macri, de 86.000 millones de dólares. Las cuestiones de evitar la fuga y el endeudamiento resultan centrales junto a otras como el empleo, la disposición de divisas para sostener las importaciones necesarias para un proyecto de industrialización y diversificación productiva y la posibilidad de direccionar el crédito en función de promover las áreas y objetivos de esa política. El desarrollo además está estrechamente unido al objetivo de la integración regional de la Nación.

El debate sobre la decisión del gobierno nacional de rescatar la empresa Vicentin mediante la intervención y la expropiación incluye la discusión sobre todos estos tópicos. El grupo empresario en cesación de pagos y concurso de acreedores ha sido un actor de importancia en el comercio exterior de productos primarios y agroindustriales (10% del comercio de granos), ocupa miles de trabajadores y está endeudado con miles de productores. Uno de los principales acreedores es el Banco Nación y además es deudor del Banco Provincia y otras entidades financieras públicas. El impacto del derrumbe de Vicentin afecta el nivel de empleo y resiente la actividad en una región que abarca la provincia de Santa Fe, la de Córdoba y de Buenos Aires. Atender a resolver todas estas cuestiones constituye un tema clave para un proyecto de desarrollo. La  continuidad de la empresa tiene sobradas razones de utilidad pública.

Por eso la decisión del gobierno de intervenir Vicentin y enviar un proyecto de ley para su expropiación resulta adecuada y pertinente. Una de las razones que la hacen necesaria es atender a la defensa de las acreencias de la banca pública. Porque a pesar de la cuestionable gestión durante el último período neoliberal, la banca pública es un instrumento vital de un proyecto nacional. Sus roles de banca testigo, de fomento, su despliegue territorial y su papel en la orientación del crédito en función de objetivos que no se sustentan en la ganancia sino en la promoción del desarrollo, son indispensables para una política económica orientada a alcanzarlo. La atención de urgencias como la emergencia vivida hoy con el Covid-19, frente a la cual fue la banca pública la primera en acudir con el apoyo crediticio necesario para sostener la imprescindible cuarentena, es una muestra de su papel irremplazable.

Por otra parte, las medidas decididas por el gobierno para el rescate de Vicentin crearían una herramienta cuya existencia está puesta en el debate público. Una empresa que podrá tener una presencia para incidir en la transparencia de los precios, como así también en las condiciones de liquidación de divisas impidiendo procesos especulativos de retención que impactan en expectativas cambiarias y macroeconómicas. Esta última cuestión es de importancia clave, ya que las divisas constituyen un insumo estratégico para un proyecto de economía diversificada, y la restricción de su disposición una dificultad que exige el mayor cuidado regulatorio por parte del Estado.

El sector de exportación de commodities está hoy concentrado en operadores privados de gran dimensión y que realizan operaciones que detraen ingresos tributarios, como así también constituyen formas adicionales de fuga de capitales no captadas en los cálculos tradicionales, como la utilización de triangulaciones y precios de transferencia. En el documento de trabajo del CEFID-AR La manipulación de los precios de transferencia (supervisado por Jorge Gaggero), Verónica Grondona los define como “los precios a los que se realizan transacciones entre entidades vinculadas; aunque esta definición implica reconocer la existencia de un ‘precio’, de un contrato entre partes jurídicamente independientes, algo que no se cumple hacia el interior de un grupo económico”. Grondona afirma que las empresas multinacionales abusan del sistema imperante mediante la estructuración compleja de esquemas de precios de transferencia utilizando el pasaje de mercancías por “guaridas fiscales”.

Los socios de la empresa Vicentin crearon una sociedad en Uruguay con el mismo nombre. La creación de este tipo de sociedades suele tener el objetivo de facturar ventas de commodities agrarios que son despachados a otros destinos. la triangulación es una práctica habitual en el comercio exterior de granos. Los precios de transferencia operan, como describe Magdalena Rua en el documento de trabajo del CEFID-AR Los facilitadores, sus modos de acción, “mediante el mecanismo de triangulación, que refiere a la utilización de entidades ubicadas en países de nula o baja tributación que actúan como intermediarias en las operaciones con clientes finales vinculados o no vinculados (ver Grondona, 2014). Usualmente este mecanismo es empleado por empresas exportadoras o importadoras que utilizan un intermediario (trader) para la operación. En los casos fiscalizados por la AFIP, se ha comprobado que los precios de estas operaciones resultaban más bajos que los del mercado; que el pago de las operaciones provenía, en un gran porcentaje, desde una tercera jurisdicción con flexibilidad cambiaria (ni la de la empresa local, ni la del trader)”.

El funcionamiento del mercado granario argentino hace estratégica la presencia de una empresa pública en esa actividad. Ayuda a la transparencia y a poner un límite a comportamientos especulativos. Constituye una posibilidad de crear también nuevas condiciones que restrinjan estos métodos de evasión fiscal.

Pero para la AEA, “la estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina”. Así la asociación de los mayores empresarios de Argentina pretende sancionar que no debe haber empresas públicas, y que los propietarios privados son los únicos habilitados para controlar, dirigir y administrar empresas. Es el criterio de la autorregulación del neoliberalismo privatizador. Luego de cuatro años de desastre económico provocado por el último experimento de ese tipo, la defensa de los intereses particulares de minorías oligárquicas se expresa en esas posiciones. No quieren empresas públicas, y señalan específicamente el comercio exterior como ámbito inexpugnable para la empresa privada. Tampoco, por lo que expresan, les interesa el rol de la banca pública, y por lo tanto no les preocuparía arbitrar las medidas para que recupere sus créditos. Pero es necesario que este sector respete la voluntad popular que eligió un gobierno que tiene un programa para una Argentina más igualitaria y solidaria, y que posee la potestad de elegir el camino que entienda más productivo para cumplir con el mandato. La Constitución Nacional en su artículo 17 prevé la expropiación por utilidad pública aprobada por el Congreso. Además, incluye los pactos internacionales que disponen la vigencia del derecho al desarrollo. Este es el marco legal vigente y no el precepto declamado por la AEA.

En la Argentina hubo distintos momentos de intervención en el Comercio Exterior. Los gobiernos conservadores de los años posteriores a la crisis de 1930 establecieron las Juntas Reguladoras que tenían la misión de administrar  los precios y defender a los sectores agrarios de los efectos de la depresión en esa época. En la segunda posguerra el peronismo creó el IAPI para contraponerlo a los organismos estatales de los países centrales que establecían precios bajos para los productos primarios mientras subían los de los industriales. El IAPI también pretendía eliminar el agobio sobre los productores que imponían los intermediarios y acopiadores, mientras buscaba una administración de las divisas que favoreciera un proyecto industrializador (Mario Rapoport, Historia política y social de la Argentina).

La dinámica actual del comercio de granos tiene otro dispositivo que requiere transformarse, su desenvolvimiento es una economía muy concentrada y privatizada. Esa dinámica de triangulaciones y precios de transferencia necesita de la intervención estatal en ese sector. La presencia de una empresa pública, de carácter estatal o mixta, o estatal-cooperativa, pero cuyos objetivos –en el marco de una administración eficaz— no estén guiados sólo por la rentabilidad sino también para mejorar el funcionamiento del comercio exterior.

Vicentin se desenvolvió con un gran crecimiento e importantes beneficios en los años anteriores a su entrada en cesación de pagos. Se visualiza que sus propietarios construyeron un grupo extendido de subsidiarias desplegadas internacionalmente. Esa es una estrategia compatible con la realización de operaciones de triangulación.

Esta política empresaria y la sorpresiva reversión de su tendencia exitosa, sin la existencia de razones macroeconómicas que expliquen un stress financiero ya que los créditos de prefinanciación responden a exportaciones que se cobran en dólares, junto a las irregularidades verificadas en las relaciones entre la firma y el BNA en el año 2019, originaron una investigación penal judicial y otra de carácter administrativo. Esta semana la UIF se sumó como querellante con el objetivo de investigar lavado y fuga de divisas.

La política de liberalizaciones del gobierno de Macri eliminó la obligación de liquidar divisas, a la vez que no introdujo regulaciones prudenciales adecuadas en el mercado de granos. Otorgó todas las facilidades para la fuga de capitales al exterior. Fue el marco adecuado para acontecimientos como el registrado por Vicentin.

Las irregularidades investigadas por la presunción de comportamientos de fuga de capitales, la inexistencia de una previsible salida para el grupo que no implique su extranjerización y el carácter estratégico del Comercio Exterior justifican plenamente la decisión del gobierno de emprender el rescate de la empresa mediante el recurso de la expropiación. Solamente la Sociedad Rural y la CRA se han pronunciado contra la medida. El resto de las organizaciones de productores, que van desde CONINAGRO y la FAA hasta las organizaciones campesinas como el FNC, el MNCI, la UTT y el MTE, han apoyado el rumbo emprendido