Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

14Feb/210

OBSCENA DESIGUALDAD

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La mejora de los ingresos de los trabajadores necesitará de un bloque social y político organizado

 

Los tiempos de pandemia siguen siendo los que imponen un determinado cauce a la vida económica mundial. El que finalizó fue un año en que la mayoría de los países han tenido una caída de su PBI. También los ha afectado una fuerte asimetría en el comportamiento de los distintos sectores de la economía. Mientras áreas que han tenido como centro la tecnología digital han crecido sustancialmente, otras de servicio y esparcimiento social han decrecido. Así, la peste condujo las modificaciones  acontecidas en la esfera global, y no la planificación democrática de las sociedades. Pero algo más grave ha sucedido. La época del Covid-19 no produjo, hasta el presente, las transformaciones en el paradigma de vida de la humanidad que muchos desearon y previeron al principio. El surgimiento de las vacunas, fruto del desarrollo de la ciencia y herramienta hacia la solución de la pandemia, desvistió el egoísmo y la falta de solidaridad de muchos de los países centrales respecto de las periferias. La intensidad de la vacunación en los primeros es opuesta a la de las segundas. La lógica del beneficio y el estilo contractual, como si la vacuna se tratara de una mercancía, predomina sobre una distribución equitativa y extra-mercantil de un bien de subsistencia que no puede tener el mismo precio en África que en los Estados Unidos.

La Argentina ha tenido en ese sentido conductas que privilegiaron la vida. Es notable la diferencia entre la infraestructura de atención lograda en el país respecto a otras naciones de América Latina. Resulta de gran valor recuperar como una decisión certera y humanitaria la cuarentena que permitió ganar el tiempo para desplegar las obras que alcanzan el nivel de suficiencia para que ningún ciudadano se quedara sin atención. En otros países de la región la ausencia de establecimientos y de camas, como de otros elementos para la atención de los enfermos, ha trasuntado el grosero y malintencionado ataque de la derecha que descalifica las decisiones tomadas en los primeros momentos de la peste.

Por otro lado, como ocurrió en muchos de los discursos de Davos, omitir el abordaje de la solución del problema central de las economías que es prevenir y curar, vacunar y establecer las correctas medidas de cuidado, reemplazándolas por una ideología de reformas al capitalismo neoliberal de la pospandemia, construye un velo sobre la destrucción de los derechos sociales que  la peste exhibió, como el debilitamiento de los sistemas de salud que ese modo de organización de la vida económica y social conlleva.

 

 

Crecimiento, desarrollo y retenciones

En Argentina, la plutocracia que gobernó durante los cuatro años de la administración de la Alianza Cambiemos provocó el deteriorado escenario en que luego se desplegaron los daños de la pandemia. El aumento de la pobreza y de la concentración económica fueron signos de esos tiempos. Hoy el debate debe centrarse en cómo invertir y contrarrestar esa tendencia. Se trata de sustituir importaciones, por supuesto. Se trata de aumentar exportaciones, también. Consiste en promover la inversión y el aumento del PBI, sin duda. Pero además se requiere avanzar hacia una sociedad menos consumista, más solidaria y con igualdad.  Ese fue el sentido del discurso de Alberto Fernández en el G20 y en el Foro de Davos. También el criterio de Cristina Fernández cuando enunció la necesidad de terminar con un sistema de salud dividido en tres y hacer una reforma que introduzca mayor justicia social, equidad de atención y eficiencia del gasto.

La discusión del desarrollo es un tema central.  El neoliberalismo la subsumió en el debate sobre el crecimiento como si fueran una sola cosa. La preocupación central de la Nación debería ser el desarrollo. No sólo cuánto se produce y cuánto se invierte sino también en qué y quiénes lo efectivizan. No sólo cuántas divisas se conseguirán exportando sino, además, qué diversificadas son las exportaciones y qué sistema tecnológico y de organización de la producción hay detrás de ellas. También resulta clave conocer la distribución regional y federal de la producción.

Paradojalmente en estos tiempos de pandemia los precios de las exportaciones tradicionales y de los bienes de sus cadenas crecieron sustantivamente. La soja, que además de ser base de las mayores exportaciones, constituye una cuasi-unidad de cuenta en muchos contratos y relaciones de la producción de la pampa húmeda, aumentó más de un 30%. En ese contexto nuevamente los sectores ligados a esa producción se opusieron con belicosidad a la instalación de las retenciones. No resulta ocioso volver a destacar las tres características virtuosas de ese instrumento para la economía argentina:

  • Permite desacoplar los precios internos de los internacionales evitando el traslado de los mismos a bienes-salario consumidos por toda la población, y de significativa incidencia en los gastos de los sectores populares.
  • Es útil para igualar las productividades entre sectores con diferentes grados de madurez, apuntando a la diversificación productiva y, también, de las exportaciones. El logro de estas metas favorece generar una economía con mayor empleo y, asimismo, combatir la exclusión social. Es una política que promueve el despliegue de un paradigma de desarrollo científico y tecnológico mucho más amplio e importante en el proceso de producción. La diferencia de productividades en la economía nacional no sólo obedece a la diferente madurez sectorial, sino a cuestiones de orden natural. Especialmente a la fertilidad del campo de la pampa húmeda. Este fenómeno de aumento de precios por la situación internacional intervenida por la pandemia se traduce en beneficios para el sector tradicional, exclusivamente determinados por la renta diferencial. En términos rigurosos y acertados de la economía clásica no deviene del esfuerzo o riesgo empresario sino, en su totalidad, de esa renta. De una renta que hoy es apropiada y distribuida a través de toda la cadena agroalimentaria. En la que, además, existe un grado de concentración intenso tanto entre los productores como en las industrias aguas abajo del proceso productivo del complejo agroexportador.
  • Permitirían un aumento sustantivo de la recaudación en un momento de tanto requerimiento como es el de la peste que hoy sufre con intensidad el país.

La confrontación de los sectores vinculados a la producción de la pampa húmeda con las retenciones, que impide una correcta utilización del instrumento, obedece a razones que exceden el mero coyunturalismo de la ganancia inmediata. La propuesta de política de aquéllos es de un sentido estrictamente opuesto a la planteada por Marcelo Diamand, que entendía la necesidad de instrumentos de este tipo en pos de la industrialización del país. El comportamiento de los grandes productores de la pampa húmeda y los oligopolios de la agroindustria está dirigido a sostenerse como poder económico hegemónico del país, procurando que la Argentina dependa sólo de las divisas que ellos producen, además de pretender apropiarse “eternamente” de la renta diferencial de la tierra. En el sentido de Michal Kalecki, la preferencia que moviliza esa oposición a la medida está estrictamente ligada a una cuestión de control del poder.

Tal como está construida hoy la lógica de los grandes propietarios en la cadena, persiste en el marco de relaciones de producción capitalistas una conducta oligárquica. El carácter regresivo de un proyecto basado en la especialización de una producción, que tiene su fundamento clave en la potencialidad de la captura de rentas, resulta aún más grave debido a que la profundización de un régimen de ese carácter también agudizará los términos y rasgos de la inserción pasiva de Argentina en la transnacionalización. Esto agudizará las características periférico-dependientes del país. La virtud de las retenciones móviles, cuyo proyecto de implementación fue tan resistido por la cadena del agronegocio, era mantener constante la renta diferencial percibida por el sector y redistribuir el excedente a otros sectores económicos y sociales. Ese tipo de objetivos ejemplifican claramente aquéllos que son específicamente de las metas del desarrollo, respecto de otros que coinciden con las del crecimiento.

Los participantes del agronegocio tampoco aceptaron la implementación por parte del Estado de cupos a las exportaciones, para garantizar las ventas en el mercado local de productos esenciales para la alimentación del pueblo. Esta conducta entronca con el objetivo de reservar la vida económica y productiva a la decisión privada, impidiendo la intervención y participación  de las autoridades elegidas por el pueblo sobre esas esferas. Estos comportamientos constituyen el núcleo del vaciamiento de la vida democrática. Tanto como el lawfare y la cooptación del Poder Judicial.

Esa es la razón por la que sólo se limitaron a prometer la constitución de fideicomisos de gerenciamiento privado, con una ingeniería cuyo objetivo sería mitigar la escasez de bienes-salario frente a las oportunidades de la demanda mundial. Con este tipo de instrumentos, los objetivos cubiertos por lo descripto en los items 2 y 3, expuestos para las retenciones, quedan incumplidos. También obstruye la intensidad de la regulación estatal de la economía, cuando con medidas de fuerza ese poder oligárquico impide la cupificación directa del Estado sobre las ventas al exterior.

 

 

Destituir el paradigma de Mont Pellerín

El desalojo del poder democrático de la intervención en la economía es el principio fundamental que los intelectuales de Mont Pellerín establecieron para los principios neoliberales. En Davos, ante la decadencia de la hegemonía del paradigma fundado, entre otros, por Hayek, Friedman y Popper, aparecen los proyectos continuistas de remozamiento del régimen, bajo títulos como “responsabilidad social empresaria”, “capitalismo de las partes interesadas”, “esfuerzos público-privados”. Pero son palabras de una misma lengua. Tal vez, con la variante de una inclusión estatal como rueda de auxilio del sector privado oligopólico, pero subordinada a la iniciativa y lógica de comportamiento de este último. Cualquier intervención estatal es entendida por los “reformadores” de Davos, desde un dispositivo corporativo que conserve la formalidad democrática fuera del perímetro de la economía. La primera rueda de auxilio fue colocada con las políticas monetarias utilizadas para mitigar la crisis de 2008, que salvaron de una peor hecatombe  a la financiarización frente al desbarranque producido por la autorregulación absoluta establecida durante la década de los ’90 en que se predicó la religión del fin de la Historia.

La hegemonía del agronegocio y las finanzas en la economía nacional no ha sido sólo una presencia desplegada en lo productivo y en la detentación del poder económico como “poder real”. La extensa época de su predominio, la reiteración de gobiernos que construyeron instituciones para instalarla, favorecieron una impregnación social de sus pautas de vida y sus principios. Los empresarios del sector industrial adhirieron a reivindicar el retiro del Estado de la vida económica, mientras también se sumaban a las prácticas de la financiarización, que basadas en a la apertura de los movimientos de capitales les permitían fugar sus excedentes al exterior. Así se dio la paradoja de la colaboración de los empresarios concentrados de la industria en un proyecto de desindustrialización.

En este contexto no resulta fácil para un gobierno con metas democráticas, nacionales y populares encontrar los modos y caminos para transformar la economía y la sociedad, lo que inevitablemente le requerirá modificar las relaciones de poder y la remoción de la inserción pasiva, desde un rol periférico-dependiente, de la economía del país en la transnacionalización.

Tampoco será fácil llevar a cabo el objetivo de recuperación del salario real, estipulado para este año en un objetivo del 4%, y cuya recuperación a niveles dignos requerirá de un ritmo más intenso en los años posteriores. Esas mejoras de los ingresos de los trabajadores, unidas al aumento del empleo, necesitarán para afirmarse como política de largo plazo de la construcción de un bloque social y político organizado con la densidad que le permita contrapesar el desbalance en favor de una minoría plutocrática que la dictadura militar, el menemismo, la Alianza y Cambiemos se esmeraron en construir

7Feb/210

ENTRE DISTOPÍAS Y ESPERANZAS Los dos caminos dibujados en Davos

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El Foro Económico Mundial que se reúne anualmente en Davos tiene el objetivo de reunir a grandes empresarios, personas que poseen la concentración más alta de riqueza en el mundo desigual del presente, líderes de las grandes potencias mundiales y gobernantes de países periféricos. La composición de los encuentros de Davos refleja con nitidez el sentido intelectual de los mismos y el tipo de intereses e ideas que resultan hegemónicos.

Néstor Kirchner y Cristina Fernández  decidieron la no participación de sus gobiernos  en esos encuentros. Luego de discontinuarse en el 2003, la participación argentina se reanudó en el año 2016. El Foro Social Mundial tuvo nacimiento, en parte, como un contraforo del de Davos, con ideas, objetivos y orientaciones opuestas.

El Foro de 2021 se realizó con conexión remota y sin presencialidad debido a la pandemia. Así, el tema de la peste constituyó una cuestión dominante del debate. Lo discutido en Davos confirmó que los intelectuales, dirigentes sociales y políticos están visualizando la alta probabilidad de cambios en el funcionamiento de la economía mundial para la pospandemia. Su dirección y profundidad aparece expresada en distintas opiniones, encuentros y manifestaciones que se realizan. Hay quienes hacen postulaciones de cambios radicales, a partir de la exposición desnuda que el despliegue de Covid-19 hizo de un mundo injusto, desigual y con una concentración opulenta de la riqueza conviviendo en sociedades con multitudes humanas sumergidas en la miseria. Otros temen por la caída de los fundamentos de un régimen que los privilegia, y postulan versiones gatopardistas para que cambie algo en función de que nada modifique las relaciones de poder que permitieron las obscenas diferencias con las que las minorías acomodadas y las mayorías oprimidas y excluidas enfrentaron la pandemia. No resulta ocioso señalar que el Summit del G20 en Londres, durante la “crisis de las hipotecas” de 2008, produjo un documento final que se hacía eco del clima de crisis del paradigma neoliberal y asumía la necesidad de cambios que redujeran la desigualdad y la pobreza, promovía mayores regulaciones financieras y criticaba las condiciones previas de la economía mundial. Sin embargo, cuando las aguas se calmaron emergió una lógica de correctivo continuismo de lo preexistente, en la que predominaron planes de consolidación fiscal que hundieron a muchas de las economías periféricas o con mayor debilidad.

Una de las diferencias que aparecieron en los discursos de Davos fue que algunos adherían a la caracterización de que se transitaba la entrada a un período de pospandemia,  mientras otros, como Xi Jinping, subrayaron que proseguían los tiempos de pandemia y que las preocupaciones sobre las características y las políticas necesarias para enfrentarla constituían la cuestión sustantiva de la época. En referencia a las diferentes miradas sobre la post-peste, es imperioso ver que en tiempos de Covid las desigualdades se profundizaron en lugar de mitigarse y no se debe pasar por alto que esta tendencia podría no ser ajena a la sociedad pospandémica.

 

 

El capitalismo de los stakeholders  

Esta propuesta debatida en Davos revela una fuerte crisis de ideas e imposibilidad de cambios del capitalismo de la financiarización, en el cual predomina la lógica de maximización de ganancias  y el predominio de las remuneraciones a los fondos de inversión financiera por sobre la tasa de beneficios del capital productivo.

La ingenuidad y falta de solvencia académica y teórica del cambio en el capitalismo promovido por los líderes de la mayoría de los países centrales acompañado por las “ideas innovadoras” sobre la sociedad de los empresarios multimillonarios, quedaron expuestas en la propuesta del capitalismo de stakeholders. Su denominación españolizada es “capitalismo de las partes interesadas”, y su axioma clave postula que las empresas desempeñen el papel director de las economías, pero sujetas a una serie de condiciones éticas que incluyen consideraciones respecto de la justicia social, la mitigación de la desigualdad y una actitud activa en el cuidado del medioambiente. Estaría basado en un cambio de la conducta empresaria. Una transformación de carácter “moral” que modificaría el móvil de la empresa capitalista. Consiste en llevar al centro de la escena a lo que dio en llamarse “responsabilidad social empresaria”.

Todos los autores de la economía política clásica sostuvieron que el modo de producción capitalista tenía como lógica de su dinámica la conducta de la maximización de la ganancia empresaria. Smith la describía como la paradoja de un mérito. El crítico de esa escuela, Marx, desarrolló todo su trabajo adoptando ese postulado. En las bases de la economía neoclásica y marginalista, sustento del mainstream contemporáneo, también está presente el mismo axioma  en la lógica de la minimización de costos para maximizar ingresos. En la obra de Keynes la cuestión de la conducta empresaria está basada en la ambición del empresario y sus conductas respecto de la percepción de las condiciones coyunturales de la economía.

Más que una propuesta realista, los “buenos” promotores del Foro Económico Mundial parecen predicadores de una religión laica. Realizan un llamado a un comportamiento empresarial que mejore el bienestar social. Pretenden ese comportamiento de los poderosos protagonistas de la financiarización. En la lista de ponentes que incluyó el encuentro virtual de hace unos días estaba Larry Fink, el CEO del principal fondo de inversión de Wall Street, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, y Marc Benioff, director ejecutivo de Salesforce.com.

En dos cosas el poder hegemónico de Davos resulta taxativo:

  1. El capitalismo resulta indiscutible, y
  2. El sector público no debe manejar la economía. O sea que los paradigmas previos a la contrarrevolución neoconservadora deben quedar bien enterrados.

Hubo una prédica insistente desde la conducción del Foro y sus hegemónicos líderes occidentales respecto a la promoción de la “economía verde”, la urgente reducción de las emanaciones de carbono y la utilización de energías limpias. Pero sin discriminar los deberes de los países desarrollados respecto de los dependientes en esa tarea. También se propugnó la colaboración público-privada para la intensificación de la innovación tecnológica, especialmente de la economía digital. Hubo referencias a mejorar condiciones sociales, como la disminución de la desigualdad y la limitación a la concentración de la economía. El pilar para sostener todo esto sería la empresa privada, pero imbuida de responsabilidad social. No hicieron referencias para terminar con la promoción de la flexibilización laboral, ni para construir sociedades sin desempleo. Sólo un apunte de Angela Merkel planteando que los sectores digitales fueron beneficiados por la pandemia, y los de servicios, perjudicados.

El gran ausente de esta edición del Foro fue el gobierno norteamericano, seguramente por la traumática transición política. Pero fue evidente en el conjunto de las exposiciones la bienvenida a Biden y al final del gobierno del ultraderechista Trump. El motivo, la coincidencia en la restauración del multilateralismo previo a la llegada de este último al poder.

 

 

La pospandemia en la mirada de los líderes occidentales

Merkel reconoció que el sistema de salud en Alemania es de carácter individual y no contempla la atención primaria comunitaria. En cambio reivindicó como una fortaleza de la sociedad alemana el sentimiento de solidaridad. Sentenció que la concentración de la economía debe detenerse. Pero, a la hora de formular una propuesta de organización de la economía posterior a la crisis, la líder conservadora recurre al viejo slogan liberal de la  “economía social de mercado” que popularizó Ludwig Erhard, miembro de la sociedad Mont Pellerin –cuna del neoliberalismo—  y que fuera pregonado en nuestro país por Alvaro Alsogaray. Merkel le agrega “la responsabilidad social empresaria”, para estar a tono con el eje propuesto por la convocatoria al Foro. Hace algunos diagnósticos progresistas, que revelan una lectura atenta de la realidad, y propuestas gatopardistas,  cuya debilidad refleja la incapacidad, desorientación e imposibilidad para construir un futuro diferente para el capitalismo financiarizado.

Emmanuel Macron hizo una intervención apologética de las décadas de neoliberalismo. Sostuvo que durante ese período accionistas y consumidores se beneficiaron como nunca y elogió los cambios tecnológicos y la modernización productiva durante ese período. Su intervención revela un alto nivel intelectual que no permite presumir como una omisión involuntaria, la no mención de las virtudes que pudo haber tenido la llamada época del “capitalismo de oro”, con su modelo del Estado de bienestar. El Presidente francés es, sin duda, un entusiasta de la economía de libremercado. Pero luego debe situarse en el clima de época de la peste, y señala que el modelo del apogeo del liberalismo neo no es replicable para el futuro, pasando a enunciar consecuencias no menores (asimilables a efectos no deseados o colaterales) del liberalismo neo: la financiarización —cuando asigna sobreremuneración a una facción social—, la pérdida de empleos, el deterioro de los salarios, la externalización del empeoramiento climático. Tampoco ahorró la mención de una amenazante crisis de la desigualdad, de la demanda y climática. Pero en relación a su propuesta de sistema pospandemia, Macron resulta taxativo y coincidente con Merkel en la salida gatopardista.

El Presidente francés hace suya la propuesta del “capitalismo de las partes interesadas”, una definición con pretensiones más académicas que la de “responsabilidad social empresaria”. El gobernante galo advierte que el activismo estatal no puede, ni deber, ser la única –ni la predominante— respuesta para detener las externalidades negativas. Los Presidentes de las naciones hegemónicas de la Unión Europea coinciden en predicar la necesidad de disminuir el gasto fiscal incrementado durante la pandemia y en la vocación de poner un límite a la intervención del Estado. El enunciado de Macron de que no se puede pensar la economía sin lo humano va de la mano con la convocatoria  a un cambio de la actitud empresarial que corrija las plagas neoliberales. Ningún cambio de rumbo. Una manifestación de deseos ingenua, o tal vez cínica.

La ministra de Relaciones Exteriores española se pronunció contra el “nacionalismo sanitario” y por una justa distribución de las vacunas a los países pobres. Advirtió sobre la inadmisibilidad del incumplimiento de contratos por parte de los laboratorios respecto a la entrega de esas vacunas para enfrentar la pandemia. También pregonó reglas del juego justas para el mundo digital. Sin embargo repitió como conceptos de valor estratégico la confianza y la transparencia, una música ligada a la crítica de lo público y la valoración de la iniciativa privada. Cuestión que reforzó con su posición promotora de la alianza-público privada para la investigación y promoción de las medicinas de prevención y atención del virus.

 

 

Continuismo explícito

Los posicionamientos más derechistas y sin revisionismos respecto al neoliberalismo fueron los del Presidente israelí Benjamín Netanyahu y el canciller brasileño Ernesto Araujo. El primero reivindicó la continuidad de la desregulación económica, la desburocratización de las reglas y la educación y el mercado libre como pilares del desarrollo económico. Hizo la analogía de las vacunas contra Covid con las municiones para la guerra. Pero exhibió el liderazgo que su país adquirió en la cantidad de vacunados, adjudicándolo a la flexibilidad que tuvo respecto del precio a pagar por las vacunas. El brasileño se refirió a la importancia que tiene el reconocimiento a los Estados Unidos como la superpotencia de la libertad, “porque esa es la garantía para impulsar ese valor en el mundo y en el continente”.  Araujo sentenció que su país recupera, con el gobierno de Bolsonaro, la democracia y la libertad. Propició la dinamización de la OMC como política para promover la apertura económica y la democracia, categorías que emergieron en su discurso como indisolublemente unidas.

 

 

Contrahegemónicos

Xi Jinping afirmó que la “historia avanza y no se vuelve atrás”. Hizo un aporte crítico del tono general del encuentro. Expresó que “no todos los países tienen el mismo sistema social” y que era necesaria la coexistencia pacífica entre los países de distintos regímenes de organización social. Afirmó que sin la comprensión de esa diversidad no habrá progreso social. Llamó a reducir la brecha de desarrollo entre países y advirtió que la pandemia agudiza la polarización entre países ricos y pobres. Se pronunció contra la lógica de la Guerra Fría, y enunció los valores de: paz, desarrollo, igualdad, justicia y libertad. Promovió un sistema internacional en donde no se use la potencia del más fuerte para imponerse frente a los países más chicos en la resolución de diferencias. Manifestó que hoy sigue siendo más importante atender la pandemia como problema clave, expresando que estamos en épocas de seguir pensando la peste, contrastando con las reflexiones centradas en suponer que estamos en tiempos de salida de la pandemia. Reivindicó un multilateralismo de iguales. Señaló que China erradicó recientemente la pobreza extrema y definió a su país como de un sistema socialista moderno.

Putin dijo que existe una crisis política mundial, con enfrentamientos violentos y conflictos regionales crecientes. Criticó la concentración de ingresos y la estratificación social en los países más desarrollados. Rechazó el Consenso de Washington, cuyo modelo de crecimiento económico, sostuvo, estuvo basado en el crédito, la deuda y la desregulación. Planteó la necesidad de intervención del Estado para proteger los puestos de trabajo, concibiendo la economía futura con un paradigma de personas viviendo en un entorno de seguridad, con empleo, jubilación, educación y salud. Reivindicó los estímulos fiscales para el desarrollo y reclamó la reducción de la brecha entre países. Hizo una crítica explícita a los Estados Unidos por su política de construcción de enemigos internos y externos. Realizó un llamado explícito a democratizar la disposición de vacunas, advirtiendo sobre la desventaja africana.

 

 

Dos enfoques opuestos

El Presidente argentino Alberto Fernández destacó los valores de fraternidad y solidaridad para la economía del futuro. Agregó al concepto de multilateralismo el de multisolidaridad y manifestó que los conceptos de economía y política son inseparables. Planteó que la contradicción de la época es entre un pacto solidario global vs. un capitalismo infeliz de la opulencia.

 

 

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Las reflexiones expuestas en el Foro permiten plantear que la pandemia introdujo un momento de inflexión en la economía y la política global. La crítica de la economía previa es compartida. Pero quedaron planteadas como nunca dos alternativas. La de quienes presumen que existe un único sistema posible a nivel global y otros que promueven un multilateralismo con diversidad de regímenes socioeconómicos. Unos que buscan formas remozadas del capitalismo con subsidiariedad estatal y otros que sostienen la imposibilidad del continuismo neoliberal. La pandemia y la caída del gobierno chauvinista en Estados Unidos dibujó un foro de Davos donde se expresa un multilateralismo, con mayor multipolaridad del poder, que tiene el rasgo novedoso de un mayor equilibrio de fuerzas entre las diversidades de enfoques respecto a la sociedad futura.

7Feb/210

ESTADOS UNIDOS, CAMBIOS Y MITOS

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La plutocracia se lava la cara: del irascible Trump al benévolo y protector Biden

 

El asalto al edificio del Congreso norteamericano el 6 de enero ha conmovido profundamente a Estados Unidos. Las manifestaciones que precedieron la toma fueron alentadas por las declaraciones de Donald Trump. Una fracción de esa manifestación, ante la pasividad de las fuerzas del orden, tomó sus instalaciones buscando evitar la proclamación de Joe Biden como ganador. La mayoría demócrata se paralizó de estupor y angustia frente al pisoteo de los símbolos de su sistema político, los destrozos y los muertos. La intensa minoría republicana sigue pensando que le han robado la elección. Mal comienzo para el gris y “políticamente correcto” Biden.

Mientras Trump es la personificación del mal para la prensa hegemónica norteamericana, Mark Zuckerberg (Facebook), erigido en árbitro político, lo borró de Twitter. Biden se propone dejar atrás los años de Trump retomando el civilizado balance de poderes que prevé la constitución norteamericana, diseñada para que ningún “populismo” pueda alterar las políticas fundantes que soportan el “destino manifiesto” de ese país para conducir el mundo.

Los medios, en mezcla difícil de discernir, suman las órdenes ejecutivas (decretos) firmadas con las que suponen se van a emitir. Es claro el intento de blindar al nuevo Presidente y marcar un antes y un después del vituperado Trump.

Las primeras directivas incluyen políticas tanto internas como internacionales. Entre las primeras destacan los cambios en el tratamiento del Covid, con el nombramiento de un coordinador nacional, la obligación de usar mascarilla “al menos por 100 días” en los edificios públicos y mantener las restricciones que Trump había descartado sobre el ingreso de extranjeros por la pandemia, entre otras. Mientras la vacunación avanza, los casos diarios retroceden, dentro de valores aún muy elevados.

En lo social apunta a eliminar el “racismo sistémico” (contra afroamericanos, hispanos, asiáticos, pueblos originarios) y la discriminación por orientación sexual, demandas de aquellos sectores que con su voto le permitieron ganar ajustadamente la elección.

En el campo económico se destaca la prórroga de la prohibición de desalojos de inquilinos y la ejecución de hipotecas de viviendas, y la ampliación de la pausa en el pago de intereses de los préstamos estudiantiles.

A nivel internacional se destacan los regresos a la Organización Mundial de la Salud (con el importante aporte de fondos que significa) y al Acuerdo del Clima de París, buscando mejorar las relaciones diplomáticas con países aliados. Suspende el veto de entrada a ciudadanos de once países musulmanes. Frena la construcción del muro con México. Revoca el permiso del oleoducto Keystone XL que enlazaría el estado de Nebraska con Canadá, haciéndose cargo de la fuerte oposición medioambiental. Declaró su repudio al golpe militar en Myanmar.

 

 

No es oro todo lo que reluce

Son medidas “políticamente correctas” pero no implican la parte central de la política exterior ni la orientación económica, que se pueden deducir de los nombramientos en áreas claves. El Departamento de Estado lo dirigirá Antony Blinken, un halcón con pesado prontuario en Medio Oriente. El general afroamericano Lloyd Austin ha sido propuesto para jefe del Pentágono. Biden espera que la heterogeneidad étnica de su gabinete permita superar las objeciones de conflicto de intereses por haber sido Austin hasta hace poco director de Raytheon, importante empresa en materia de defensa. En el área económica y financiera los nuevos funcionarios –en su mayoría de la era Obama– abrevan en las ideas neoliberales, nada de progresismo. La ex Fed Janet Yellen es la Secretaria del Tesoro, Brian Deese dirige el Consejo Económico y Social, la afroamericana Cecilia Rouse preside el Consejo de Asesores Económicos, la chinoamericana Katherine Tai es la principal negociadora comercial internacional.

Las definiciones de Biden durante la campaña no ofrecen muchos alicientes a deshielos con Rusia y China. Tampoco habrá cambios importantes en la relación con Latinoamérica, continuará la oposición a lo que no sea alineamiento en lo geopolítico y lo económico. El FMI y las embajadas están para presionar por esos intereses.

Las diferencias entre demócratas y republicanos son básicamente sobre políticas internas. Los dirigentes de ambos espacios son en general personas de gran fortuna personal. El gran capital ha colonizado ambos partidos, que terminan representando diferencias parciales de sus distintas fracciones. El apoyo popular se logra en base a una maquinaria de sofisticado marketing político con concesiones parciales a las clases subalternas y grupos especiales para lograr los apoyos que puedan volcar resultados. Las políticas centrales, en lo económico y en el plano internacional, siguen en manos de ese 1% de la población más rica. Se han ido produciendo diferenciaciones de las fracciones de capital que apoyan a uno u otro partido, con los globalistas del capital financiero apostando más fichas a los demócratas, y sectores de la fracción de la industria tradicional y de defensa apoyando al Partido Republicano en su versión Trump. Pero esta división es una simplificación y en realidad los sectores más concentrados imponen sus intereses a los representantes de ambos partidos, y ellos mismos son en lo fundamental la dirección efectiva de ambos. Nadie votó la concentración de riqueza que se ha producido en los últimos cuarenta años, producto de la desregulación financiera que comenzó con el republicano Reagan y se perfeccionó con el demócrata Clinton. Nadie votó la destrucción de los trabajos bien pagos en la industria, que como resultado de la globalización beneficia al capital concentrado en Estados Unidos y terminó potenciando el desarrollo de China en forma distinta a lo previsto por ellos.

El general Perón, con su estilo directo y campechano, definió así a estos partidos: “Los norteamericanos, dignos hijos de Gran Bretaña, han ido mucho más allá: han organizado dos partidos de derecha que les permiten mantener su sistema plutocrático y sostener una simulación democrática para engañar a los tontos que tanto abundan en la política o estimular a los sinvergüenzas, que también abundan” (La hora de los pueblos, capítulo 1, 1968).

Si la definición de plutocracia era válida en los años de Perón, mucho más lo es ahora, en especial desde la decisión de la Corte Suprema de 2010 que permitió el financiamiento de las campañas de los partidos políticos sin límites de aportes de personas y empresas. Con esa decisión la magnífica máquina de marketing que son las elecciones norteamericanas terminó de distorsionar la expresión real de los intereses de los ciudadanos. Sin dinero no se ganan elecciones. Con los aportes de entusiastas seguidores se puede avanzar en las primarias, se puede obtener algún representante, pero cuando se acaban los fondos terminan las ilusiones. Se votan slogans, cada vez más diseñados a medida del “cliente” por investigaciones con acceso al big data, y eso cuesta muchísimo dinero. Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortés hablaron de ideas socialistas y arrimaron los votos “progresistas” al candidato demócrata, pero no influyen en políticas que podrían revertir la concentración de riqueza y el estancamiento de los salarios reales del 50% de la población menos favorecida, y menos aún en la política exterior.

La verdadera política la decide el gran capital, sus lobbistas y representantes en ambos partidos, tanto en el Congreso Nacional como en el Ejecutivo, mientras el reaseguro del establishment está siempre en la conservadora Corte Suprema. ¿Cuál es la definición formal de corrupción? Obtener mediante sobornos medidas que benefician al corruptor. Pero si los fondos de aportes de campaña son legales, las resoluciones que benefician a los aportantes y a los funcionarios que la facilitan no son corrupción, todo está blanqueado. Para ellos los corruptos son los funcionarios de otros países, donde las coimas se pagan en mano porque los involucrados no forman parte de la puerta giratoria característica de los Estados Unidos. El control ideológico que los grandes medios y los economistas del capital tienen sobre la población es tal, que la mayoría cree que los crecientes beneficios que desde hace cuarenta años están teniendo los sectores concentrados –el sector tecnológico, el sistema privado de salud, los bancos y el sector financiero– son la correcta medida de su aporte social, su “valor agregado” a la creación de riqueza. No relacionan esos beneficios monopólicos y especulativos con el estancamiento de los salarios reales de los trabajadores y la creciente desigualdad de ingresos.

En cuanto a las políticas de derechos humanos, un capítulo tan cacareado en la política norteamericana, los cambios de Biden se concentrarán en lo interno, retribuyendo con medidas parciales los apoyos de las distintas minorías que lo llevaron al triunfo electoral. No eliminará el racismo ni las policías bravas con los negros pero buscará limitarlas. Muchas políticas sociales serán mejoradas o se intentará hacerlo, pero a nivel internacional no habrá cambios significativos en este capítulo, excepto una lavada de cara al accionar agresivo de Trump. Guante de seda cubriendo el puño de acero.

Biden participa del mito de todos los Presidentes americanos sobre el “excepcionalismo” y el “destino manifiesto” de Estados Unidos para conducir al mundo. Ahora quiere cambiar la imagen del padre irascible por la del padre benévolo y protector. Históricamente todas las potencias se han sentido obligadas a recubrir su dominio con justificaciones ante los pueblos que lo deben soportar. Los británicos argüían que estaban soportando “la carga del hombre blanco”, los colonialistas franceses justificaban su imperialismo en una supuesta mission civilisatrice.

El mito predica que Estados Unidos es la única nación virtuosa, que ama la libertad, respeta los derechos humanos y la paz bajo el imperio de la ley. Su historia lo desmiente. Es una potencia agresiva y expansionista. Comenzó como el asentamiento de 13 colonias en el este de su actual territorio y se expandió arrebatando Texas, Nuevo México, California y Arizona a México en 1846. Eliminó a la mayoría de la población originaria y los pocos sobrevivientes fueron arrumbados en míseras reservas. Compró barato Alaska a la Rusia zarista, “haciendo una oferta que no pudieron rehusar”. Arrebató a España el control de Florida, Puerto Rico y Cuba, para formalmente cambiar el poder colonial español por el propio en Filipinas, con la muerte de entre 200.000 y 400.000 habitantes, la mayoría civiles. En la Segunda Guerra sus bombardeos mataron civiles sin remordimientos en Alemania (300.000) y Japón (330.000). Tiró más de 6 millones de toneladas de bombas en Indochina, incluido napalm y el mortífero defoliante Agente Naranja, con más de un millón de civiles muertos.

En la pequeña Nicaragua, los Contra apoyados por Estados Unidos mataron a 30.000 personas. Sus acciones militares en Medio Oriente han dejado entre 300.000 y 500.000 muertos, incluyendo 100.000 en la invasión y ocupación de Irak en 2003. Son decenas de miles los muertos por los drones, en especial a partir de los gobiernos de Obama, quien inmerecidamente recibió el premio Nobel de la Paz. Los latinoamericanos conocemos de sobra las tropelías norteamericanas por estas latitudes. Tras la caída de las torres en 2001, la tortura volvió a ser desembozadamente la forma de interrogatorio. Miles de prisioneros han pasado por la base de Guantánamo, donde aún se mantienen sin derechos, en un limbo de extraterritorialidad por el cinismo de sus autoridades. Ello incluye la promesa incumplida de Obama de cerrar esa prisión, sin olvidar que Biden fue su Vicepresidente. Todos recordamos la revelación en 2004 de las torturas en la prisión de Abu Ghraib, Irak, en aquel momento con 7.000 detenidos.

El asalto al Congreso el 6 de enero ha conmovido al pueblo americano, contribuyendo al desprestigio de sus valores morales. Esos valores son la base de su soft power, el poder ideológico que ayuda a controlar la conciencia social en su país y el mundo, manteniendo la fuerza bruta como argumento de última instancia. Pero ese velo ideológico no puede ocultar el pésimo récord de violación de los derechos humanos que ha practicado Estados Unidos sobre el mundo desde fines del siglo XIX.

Biden inaugura su gobierno pretendiendo revertir las políticas de Trump. Pero es difícil que elimine la profunda división que propició el ex Presidente, quien lejos está de abandonar el escenario político. Los valores morales que esgrime Biden son un mito para consumo interno y de sus principales aliados. El peso de esos mitos disminuye en la conciencia de los pueblos del mundo que soportan sus pesados condicionamientos.

31Ene/210

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ASIMETRÍAS

El acuerdo Mercosur-Unión Europea tiene el mismo perfil que el ALCA enterrado en 2005

En noviembre de 2005 aconteció un hecho fundamental de un largo camino inconcluso en pos de la construcción de la Unidad Latinoamericana. Ese hito fue la detención, en la IV Cumbre de las Américas llevada a cabo en Mar de Plata, del avance hacia la consumación del ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas), con la recordada participación de los presidentes Kirchner, Lula y Chávez.

En su discurso Néstor Kirchner apuntó a una cuestión crucial que atraviesa como tema clave a los acuerdos de libre comercio desplegados por la hegemonía de las políticas del neoliberalismo a nivel mundial: la desconsideración de las asimetrías en los tratados celebrados entre los países centrales y los periféricos. En su discurso, el entonces Presidente argentino afirmó que «la igualdad es un concepto valioso y necesario pero sólo aplicable a los que son iguales». «Igual tratamiento para los diferentes; igual tratamiento entre países poderosos y débiles; igual tratamiento entre economías altamente desarrolladas y economías emergentes no sólo es una mentira sino que, además, resulta una trampa mortal», advirtió. Esa igualdad tramposa era lo que pretendía el acuerdo de libre comercio rechazado por los líderes que se dispusieron a dar un nuevo impulso al proyecto latinoamericanista.

 

El falso argumento

La corriente principal del pensamiento económico de la época atribuye a la oposición a los tratados de libre comercio adoptar la opción por modelos proteccionistas reacios al comercio internacional. Esta oposición entre libre comercio y proteccionismo no constituye el centro del debate frente a los mencionados acuerdos. Es una construcción falaz. El tema en discusión radica en el derecho al desarrollo de los pueblos consagrado el 4 de diciembre de 1986 por la Asamblea General de las Naciones Unidas: “El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él”.

El intercambio igual entre desiguales conduce hacia el subdesarrollo. Sólo sería un comercio internacional justo aquél que construya una lógica de intercambios que combinara liberalizaciones y restricciones que condujeran a favorecer la industrialización y complejización de los procesos productivos en las economías periféricas. Que, a su vez, les permitiera y garantizara su participación en ese comercio con productos que contengan una creciente incorporación de ciencia y tecnología. Que además estimulara la diversificación productiva de esas naciones en desarrollo, favoreciendo la articulación del crecimiento de su PBI con mayores oportunidades de empleo, en un sendero de su intensa calificación, acompañada con una elevación de los salarios que consagren sustantivas mejoras de la distribución del ingreso y la riqueza.

La experiencia de los tratados de libre comercio firmados por gobiernos neoliberales de los países dependientes con los del centro muestran que los resultados fueron inversos: reprimarización agraria y/o minera, y/o industrialización de maquila, movilizada por bajos salarios. Todos procesos de concentración del ingreso, la producción y la propiedad, con precarización social y profundización de la desigualdad. Avanzar por este camino de libre comercio es lo que se pretendió con el ALCA y, también, mediante los convenios concretados bilateralmente entre Estados Unidos y los países periféricos.

 

Un acuerdo que profundiza la dependencia

El acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) que actualmente se negocia con un recuperado dinamismo tiene el mismo perfil que el que se desplomó en Mar del Plata. Mariana Vázquez lo define como «un acuerdo de asociación birregional», es decir «que además de su pilar comercial contiene acuerdos sobre diálogo político y cooperación» (Observatorio del Sur, mimeo 2020) y enumera sus características principales:

“1) Es un acuerdo ´de nueva generación´, es decir que contempla un espectro de temas mucho más amplio que el del comercio de bienes (ejemplos: compras públicas, servicios, propiedad intelectual, normas laborales y medioambientales), que limitan la soberanía regulatoria de los Estados.

2) Se trata de un acuerdo desequilibrado y asimétrico, es decir entre regiones con profundas asimetrías de desarrollo, productivas y de capacidades públicas.

3) Se trata de una relación comercial con un componente importante de dependencia: a modo de ejemplo, mientras que la Unión Europea vende 1,3% de sus exportaciones al Mercosur, este vende un 21% de las suyas al bloque europeo”.

El sustento fundamental del acuerdo es la apertura de los mercados de los países integrantes del Mercosur a los países de la UE. Los impactos que se producirán en caso de que se implemente el acuerdo no serán sólo sobre la matriz productiva sino sobre la soberanía regulatoria de los Estados del Mercosur, sobre el espacio de estos para implementar medidas económicas de carácter sustancial, incluyendo la restricción de aquéllas destinadas a construir una política de comercio exterior que armonice desequilibrios internos de sus macroeconomías. Con la firma de este acuerdo el Mercosur retrocede de su objetivo avanzado de constituirse en un mercado común, ampliando el espacio para las producciones de sus países integrantes. Y no sólo eso sino que también desarticula su carácter de Unidad Arancelaria respecto de su relación con uno de los bloques más significativos y poderosos de la economía mundial.

Sería de un cortoplacismo absolutamente contraindicado que en Argentina se entienda que sería útil avanzar y acelerar este acuerdo, bajo la suposición de que su puesta en marcha abriría el camino para una mayor condescendencia de los países centrales en las condiciones de refinanciación de la deuda con el FMI. Esa es la circunstancia que los economistas de la corriente ortodoxa asociada con el establishment económico, de quienes son intelectuales orgánicos, aprovechan en pos de meter presión para consumar el tratado de libre comercio. Dieciséis años después del entierro del ALCA, otro centro del poder mundial aspira a lograr un tratado del mismo carácter, apurándolo cuando asoma la posibilidad de un retroceso de la oleada neoliberal en Sudamérica.

 

¿Por qué apura Europa?

La noticia pasó desapercibida pero puede ser de enorme significación estratégica. La semana pasada el Parlamento Europeo decidió confirmar la redacción de su resolución sobre Política Exterior y Seguridad para el presente año. Esta incluye una mención especial a las negociaciones en relación al acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con el Mercosur.

En forma específica el documento en su parágrafo 47 “subraya la importancia de impulsar y finalizar la revisión de los acuerdos globales con Chile y México, así como el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, y destaca que se trata de aliados y socios clave de la UE”.

Esta redacción, aparentemente neutra y simpática, reflejó en realidad un cambio sustantivo de la posición europea, cuyo Parlamento en octubre pasado definía que «no se puede ratificar el acuerdo entre la UE y el Mercosur en estado actual».

La última decisión europea desarticula la ilusión que manejaron muchos movimientos sociales, como también referentes de opinión y políticos que especulaban con la idea de que la Unión Europea no iba a avanzar hacia la firma del acuerdo ya que comprometía temas ambientales y laborales que imaginaban como irreductibles. No comprendían, o tal vez algunos lo hicieron cínicamente, que la supuesta intransigencia europea servía para imponer mayores exigencias hacia los países del Mercosur en las negociaciones. La estrategia de la UE le resultó exitosa (menos apertura y más discrecionalidad para limitar el ingreso de productos mercosureños a Europa).

Por más que la matriz de ideas de este tipo de tratados sea el liberalismo neo, en la realidad operan fuertemente los intereses por sobre la pureza del dogma. Así, el proteccionista sector agrícola europeo, que es contrario en un principio al acuerdo con el Mercosur, siendo secundario dentro del capitalismo europeo, sería neutralizado por el capital concentrado con mayores garantías de protección y/o más subsidios.

¿Qué ocurre ahora? Pues el interés de los europeos por una rápida confirmación del acuerdo Mercosur-UE. Ejemplo de ello, y es de suponer no casuales, son las declaraciones en las últimas horas del Comisionado para Asuntos Exteriores de la UE, el socialista español Josep Borrell, para «poner toda la presión sobre América Latina», coincidente con la publicación de un estudio de impacto, algo que significativamente no hicieron ni para la economía en general ni para sectores específicos los países del Mercosur. Ese estudio de impacto muestra que el crecimiento de las exportaciones europeas al Mercosur, de concretarse el acuerdo, serían significativamente mayores que las importaciones, y ello aun para productos tan sensibles como los lácteos.

Durante 2018 y 2019 se había construido cierto consenso de oposición ante el principio de acuerdo asimétrico firmado. Resulta imperioso recuperar, profundizar y ampliar ya ese consenso. El debate y la crítica al acuerdo Mercosur-UE han perdido centralidad y dinamismo. A ello contribuyen varios factores:

  1. Las negociaciones siguen siendo secretas, y no se han dado a conocer significativas concesiones brindadas por los negociadores del Mercosur (entre otras: discrecionalidad europea para determinar limitaciones sanitarias, liberalidad en la certificación de origen) a cambio de muy poco (algunos permisos para superar indicaciones geográficas).
  2. En Argentina avanzaron algunas posiciones que, aun reconociendo que la experiencia de otros acuerdos de libre comercio vigentes entre la Unión Europea y países latinoamericanos ahondaron los déficits en balanzas comerciales (Chile, México, Perú, Ecuador), sostienen sin fundamento ni verificación que la posición europea en organismos multilaterales será «muy comprensiva y benevolente» si se ratifica el acuerdo.
  3. Los sectores económicos y sociales de los países del Mercosur potencialmente afectados por un acuerdo desventajoso (economías regionales, industrias, servicios ) no han hecho seguimiento del tema, tanto por ignorancia de sus potenciales consecuencias como por una ilusión sin sustento de que «es la hora de abrirse al mundo». Esto ocurre cuando justamente el panorama internacional, atravesado por la pandemia y la crisis de las economías, es muy delicado. Lo que crece, contrariamente a esas impresiones, son las tendencias proteccionistas y disputas geopolíticas entre las economías centrales. Como ha reconocido con sinceridad y sin romanticismo Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea, «es necesario vencer la resistencia a un acuerdo que garantizaría a la Unión Europea el acceso privilegiado al bloque comercial más grande de América del Sur, por delante de China y Estados Unidos».

Afirma con lucidez un empresario pyme, Raúl Hutín, secretario de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) de Argentina: «No nos cerramos al mundo ni escapamos de la competencia. Pero para que sea equitativa se deben dar condiciones similares entre las partes, cosa que hoy está lejísimos de suceder. De no considerarse los distintos grados de desarrollo, como ocurre en la vida, el más grande se impone sin más sobre el más chico. El libre comercio sin contemplar desigualdades en el punto de partida genera mayores desequilibrios».

En esta etapa que se denomina de «revisión legal» resulta imprescindible que tanto los gobiernos de raíz nacional, popular y democrática como los movimientos sociales y la dirigencia política que promueve una transformación de las economías del Mercosur en favor de los pueblos, generen acciones y movilizaciones que promuevan el final del secretismo y la transparencia de todo lo que se está negociando y resolviendo respecto del acuerdo. El carácter del debate requiere de la metodología de la democracia participativa. El conocimiento de lo que eventualmente se vaya a acordar no puede quedar reservado a ámbitos de expertos. El predominio de una lógica de ese tipo constituiría una concesión a los ideales meritocráticos de la antipolítica declamada por los falsos “libertarios” y las distintas expresiones del status quo neoliberal. Resulta primaria la sola enunciación de la constitución de mercados de gran tamaño como automáticamente beneficiosa. Si se llega a ello por el mal camino se ahondarían los desequilibrios y la dependencia de los países periféricos, y también la brecha respecto a las potencias y los centros de poder mundial.

 

La Unidad Latinoamericana.

Enraizada en ideas y proyectos vigentes dese las constituciones de los estados de América Latina hasta la actualidad, desde principios de siglo se expandieron las institucionalidades que propendían a construir una América Latina unida con un proyecto de desarrollo, de independencia, de igualdad y emancipatorio. La UNASUR, la CELAC, el Banco del Sur, la profundización del Mercosur, el mecanismo del Sucre, el Fondo del Sur, otros acuerdos de intercambio con monedas locales que apuntaban en esa dirección, fueron creados y puestos en funcionamiento con esos objetivos. Este tipo de acuerdo Mercosur-UE, en avance, consumaría un retroceso que completaría el debilitamiento o desaparición de esas instituciones acontecida durante el quinquenio último de hegemonía neoliberal.

24Ene/210

DISTRIBUIR RIQUEZA

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El problema urgente de distribución de ingreso y riqueza

 

Asistimos a sustanciales debates respecto a cuál sería el problema nodal de la economía argentina. Los economistas de la corriente principal, que han respaldado el liberalismo neo, sostienen que la cuestión urgente y clave a encarar es la disminución sustancial del déficit fiscal. Otros enrolados en la heterodoxia light, que respaldaron la derechización de las socialdemocracias europeas adhiriendo a la corriente de pensamiento de Giddens y las políticas de Tony Blair, afirman que los equilibrios macroeconómicos no tienen ideología ni marcos histórico-sociales, o sea que serían de orden universal. Muchos de estos últimos coinciden con los ortodoxos al sostener que el principal problema del país es el ordenamiento fiscal.

Sin embargo, desde un enfoque crítico que observe la evolución de la economía argentina durante el último medio siglo, podrá concluirse que el problema argentino urgente y principal es la distribución del ingreso y la riqueza. Mirando la evolución de la participación de los salarios y las ganancias en el ingreso, se puede observar cual ha sido la “gran novedad” de las reformas introducidas en 1976 por la dictadura militar, cuyo despliegue continuó por décadas debido a la repetición de las políticas neoliberales en tres fases de esos cincuenta años. Así, esta identificación de la cuestión clave a resolverse en Argentina 2021 coincidiría con lo señalado por David Ricardo, el más maduro de los pensadores de la economía clásica, quien sostuvo en su obra fundamental, Principios de Economía y Tributación, que la distribución del ingreso entre las tres clases sociales de la comunidad era el principal problema de la economía política.

Los argumentos en que se apoya la corriente principal y las adyacentes son de orden praxeológico, es decir de carácter “tecnológico”, como si se tratara del proceder correcto en la economía. El análisis prescinde del devenir histórico y del origen de las condiciones que constituyen un estado de las cosas. Espacio y lugar son indiferentes, siempre hay una práctica “curativa” de los problemas económicos. Es la visión de quienes asumen que capitalismo constituye un modo histórico inamovible –una forma de organización óptima y única de la vida económica de los humanos. Que, extremada en la visión esencialista del liberalismo, estaría sujeto a condiciones de estricta vigencia de derechos de propiedad constituidos previamente, y blindados de su limitación, intervención o afectación por parte del poder democrático. Esa vigencia eterna y universal alcanzaría al mercado y, actualmente, a la financiarización misma como habitualidad sin alternativa.

 

 

La ruptura epistemológica de Marx

Martín Abeles y Roberto Lampa en La ruptura epistemológica de Marx (Revista Nueva Sociedad 277- set-oct 2018) , siguiendo a Etienne Balibar sostienen que la obra del autor de El Capital constituye una ruptura epistemológica con los economistas clásicos, refutando la tendencia que se ha afirmado entre los economistas ortodoxos que sitúan a Marx como el último de los aquellos. Siendo que Adam Smith postuló el axioma “de propensión natural de la especie humana al intercambio” que según Abeles y Lampa, el primer clásico entiende que “mediada por el mercado, no sólo redundaba en una organización racional de la reproducción social… [sino] que propiciaba un orden naturalmente justo”. Esos autores afirman que “lo interesante desde este punto de vista cognitivo es que la representación de la sociedad asumía la forma de una deducción analítica. Emulando ya entonces a las ciencias naturales”. En contraposición a este tipo de representación, Marx no razona en esta clave axiomático-deductiva sino que reconoce como central la dimensión histórica, social y relacional de la existencia humana. Para Marx ese tipo de interés individual postulado por Smith no existe sino que todo tipo de interés privado se explica y construye términos de relación social. Los autores reivindican a Keynes por discontinuar la hegemonía de la Escuela Neoclásica que concebía los fenómenos sociales “explicando el funcionamiento del sistema económico por medio de la agregación de comportamientos de agentes individuales… En lugar de investigar sistemas económicos por medio de modelos cerrados, abstractos y basados en el método axiomático, a partir de Keynes la economía política vuelve a concebir sistemas abiertos en los que el comportamiento de los actores económicos se sitúa en un contexto social”. También reivindican a Joan Robinson en su concepto “reglas del juego” como articulador de los impactos del conflicto social, el efecto de las instituciones y las disputas ideológicas en el análisis de la realidad económica y social.

 

Naturalización: el paradigma del poder

Desde el punto de vista expuesto, el gran aporte de Marx fue la iniciación de un estudio de la economía de carácter crítico que quebraba la naturalización del capitalismo, del mercado, del interés individual y del derecho de propiedad como piedra basal de la organización de la vida humana en cualquier tiempo y espacio. Esta posición abría la economía a una relación con las otras ciencias sociales como la sociología, la antropología y la historia. Abeles y Lampa ven esa apertura también en Keynes, y consideran que fue abandonada por parte de la heterodoxia posterior y contemporánea porque “su tendencia a la naturalización del sistema económico planteaba el riesgo de atribuir a las recomendaciones emanadas de sus investigaciones el mismo status objetivo, la misma pretensión de validez universal, que la corriente neoclásica presuponía en las suyas. De esta manera, la estabilización de la económica, la eliminación del desempleo, el cambio tecnológico o la reducción de la desigualdad… podrían ser concebidos más como problemas técnicos que como problemas de la sociedad”.

El sistema de la financiarización (constituido por las derechas neoliberales y las socialdemocracias 2.0 –a la Blair) ha sido restaurador del enfoque ahistórico y pro-naturalización del capitalismo in extremis. En todas las circunstancias de crisis o situaciones dificultosas del funcionamiento de la economía, esta vertiente ha señalado al déficit fiscal como uno de los temas fundamentales a resolver mediante lo que el mainstream llama reformas estructurales. La reducción del déficit debería acometerse, de acuerdo a sus prescripciones, mediante el recorte del gasto público, mientras el aumento de los impuestos lo contraindican, porque deducen que medidas de este estilo desalentarían la inversión. Aseguran que esta acometida contra el déficit fiscal alimentaría la confianza de los agentes individuales privados para emprender sus negocios. Sobrevendría la calma de los equilibrios macroeconómicos, el tamaño de la “torta” crecerá y habría “porciones” más grandes para repartir. Las políticas posteriores a la crisis del 2008 llevadas a cabo en Europa, impulsadas por el FMI, que tuvieron este carácter, devinieron en mayor retracción económica, aumento del desempleo, debilitamiento sindical y de la capacidad de lucha de los trabajadores para defender sus ingresos. En Argentina actual, con acaso la mitad de su población sumida en niveles de pobreza, una política de consolidación fiscal, basada en este dogma con pretensión de ciencia objetiva, conduciría a una mayor concentración del ingreso, caída del PBI, derrumbe del nivel de empleo, reducción del salario real y descenso de la inversión privada.

 

 

La recuperación de la historicidad

El artículo referido cita un señalamiento de Immanuel Wallerstein respecto a que la construcción social, heredada del siglo XIX, de las distintas disciplinas científicas había perdido vigencia y constituía una barrera para el trabajo intelectual, y aseguraba que la Economía Política era la que más había exacerbado la característica de división y escisión del conocimiento, aislándose del resto de las ciencias sociales.

Seguramente la pretensión praxeológica y generalizadora, con axiomas fuertes y deducciones con resultados no verificados, y muchos incontrastables, la llevaron a un conveniente aislamiento para postularse como una disciplina teórica objetiva estimulante del perfil de pensamiento único.

En Argentina los gobiernos que adhirieron a sus postulados favorecieron a los sectores del poder económico concentrado y finalizaron con catástrofes macroeconómicas. En cambio, las experiencias nacionales, populares y democráticas que aplicaron programas de crecimiento del gasto público, fortalecimiento de las organizaciones sindicales, aumentos de salarios, expansión del consumo interno y políticas hacia el pleno empleo, tuvieron importantes tasas de crecimiento económico, mejora sustantiva de la participación de los trabajadores en el ingreso y disminución de la pobreza.

Argentina está atravesada por conflictos históricos y presentes entre bloques sociales antagónicos. En el marco de esos conflictos se despliega la posibilidad de una distribución más justa y la potencialidad de un país con transformación productiva y desarrollo. Ni el déficit fiscal, ni las políticas monetarias pueden ser discutidos en Argentina de la pandemia del 2021, convaleciente de la política ortodoxa de la Alianza Cambiemos, como se lo haría en el marco de una situación de pleno empleo en una economía en expansión. Porque en este último caso la falta de financiamiento del gasto público podría provenir sólo de problemas y resistencias al pago de impuestos por parte de sectores empresarios. En cambio en la actualidad se suma a esa resistencia el declive de la recaudación por la caída del nivel de actividad y la necesidad de un sustantivo aumento del gasto social, unidos a un estructural comportamiento de evasión y fuga por parte del poder económico concentrado. La función de la recaudación de tributos tiene como objetivo fundamental la redistribución secundaria del ingreso y no un equilibrio contable de las cuentas públicas. Argentina es un país cruzado por una disputa por la apropiación de una extraordinaria renta diferencial de la tierra, de otra entre renta financiera y los beneficios de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, además de la siempre presente entre salarios y retribuciones al capital.

 

 

Plutocracia o gobierno popular

¿Quién resuelve estos conflictos? Marx cuando discute el tema del ejército de reserva –una masa de desempleados que garantizan la inseguridad de los trabajadores en actividad para conservar sus empleos—, así como Kalecki en el siglo XX cuando refiere a la contrariedad de los grandes empresarios para apoyar políticas de pleno empleo que quitan el efecto de disciplinamiento que la amenaza de la desocupación ejerce sobre el batallar de los trabajadores para incrementar sus salarios y disminuir la tasa de ganancia, desnudan la voluntad de ese empresariado de regular el nivel de actividad para garantizar su poder en la sociedad civil y el destino de la economía. La herramienta discursiva más potente desplegada por el poder económico concentrado es sostener que la actividad económica debe quedar reservada para el sector privado, que el gasto público debe ser reducido y que los salarios sólo deben aumentar cuando crece la productividad del trabajo (o sea que la distribución del ingreso no debe variar nunca al alza). Esta sustracción de la economía de la política conduce a la plutocracia (el gobierno de los ricos). Es la lógica del Estado chico, asociada siempre al desmerecimiento de la política.

La democracia está concebida para garantizar una fuerte influencia en las decisiones por parte de los sectores populares, de los que menos tienen, de los más pobres. Sobre todo en el capitalismo, donde estos son la mayoría. Las decisiones en democracia corresponde que sean tomadas por el gobierno, también en el ámbito de la economía – incluyendo la Inversión Pública y la actividad productiva directa. Por ejemplo, resulta condenable que en nombre de la libertad, los sectores beneficiarios de la renta agraria diferencial se resistan a aceptar restricciones a la exportación dispuestas por el poder democrático ante dificultades de abastecimiento del mercado interno. Así como también correspondería un sustantivo aumento de la tasa de retenciones –que permita la socialización de parte de esa renta agraria— frente a su reciente, abultado aumento por el incremento de los precios internacionales, siendo inválido que se le anteponga una concepción de propiedad privada ilimitada en nombre de una idea oligárquica de presunta libertad. Porque el carácter de la propiedad privada sólo es definible, también, en contextos históricos, sociales y relacionales. Nunca puede ser un valor que consolide niveles inaceptables de desigualdad.

16Ene/210

EL SISTEMA POLÍTICO CHINO

Publicado por admin

Jorge Molinero *
* Sociólogo (UBA 1967) y Economista Político (UBA 1970).
Ex Profesor de Historia Económica (FCE UBA).
Especial para sitio IADE-Realidad Económica
13-01-2021
Tradiciones culturales, sistema político
y modo chino de producción.
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Muchos en el mundo todavía se sorprenden por las consecuencias de los
preanunciados movimientos de Donald Trump. Ya antes de las elecciones –
cuando las encuestas marcaban una menguante ventaja para Biden – insistió
que podría haber fraude. Luego de las mismas lo reiteró, en especial para los cinco estados
más disputados, y ha mantenido el vilo a su país y al mundo al no reconocer su ajustada
derrota. No le importó que ninguna de sus denuncias pasase de las habituales
irregularidades encontradas en toda elección, razón por la cual fueron rechazadas por los
distintos jueces intervinientes y los recuentos definitivos. El último capítulo de esta serie
interminable han sido sus incendiarias declaraciones del 6 de enero que derivaron en la
movilización frente al Congreso Nacional, y el ingreso al mismo de los más exaltados,
frente a la increíble pasividad de las fuerzas de seguridad. A pesar que Trump aceptó la
proclamación formal de Biden tras la toma del Congreso - como había anticipado que haría
pero sin aceptar su derrota - los principales voceros demócratas y la prensa mayoritaria
en Estados Unidos, piden que su vicepresidente y la mayoría de su gabinete lo separe del
cargo en los pocos días que le quedan de poder. Todo suma al caos que Trump provocó
deliberadamente y que marca el inicio de una etapa muy meditada y nada improvisada por
parte del mismo, etapa que puede derivar en oscuras consecuencias.
¿Cómo es posible que esto ocurra en la potencia hegemónica, el imperio que domina al
mundo? ¿Dónde quedó el “destino manifiesto” para conducir al mundo bajo la receta de la
“democracia americana, la libre empresa, y la no intervención del Estado”?
No es nuestro tema de hoy, aunque sí en forma indirecta. Nos proponemos recorrer las
características del sistema político chino, menos conocido y glamoroso que la “democracia
americana”. Al final haremos sucintas comparaciones de ambas realidades.
Tradiciones culturales y modo de producción asiático
En el pensamiento chino siempre ha habido una recurrencia a filósofos o religiones de un
pasado remoto, que se utilizan como guía para enfrentar los desafíos de los distintos
presentes. El taoísmo, el budismo y el confucianismo son las tradiciones más extendidas.
La más respetada actualmente es la de Confucio (551 a.C.- 479 a.C.). Muchísimos centros
de su pensamiento se han abierto en China y en el extranjero en los últimos años. Sus
pensamientos van suplantando la formalidad de venerar el pensamiento de Karl Marx y el
socialismo, aunque algo de todo aquello continúa. Para Confucio las virtudes del ciudadano
son “la buena conducta en la vida” (caridad, justicia, respeto a la jerarquía, el poder y los
mayores) mientras que las del Estado son el mantenimiento de la tradición
(inmutabilidad), el estudio y la meditación. El resultado de mantener estos principios sería
M
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la armonía, algo muy distinto de la guerra de clases de la versión soviética del marxismo
que inspiró la lucha de Mao para salir del siglo de las humillaciones, pero sin recetas para
los desafíos actuales.
Las tres culturas filosóficas y/o religiosas que han dejado su huella en China predican
valores de alguna forma similares. La inmutabilidad habla de una sociedad donde se
repiten constantemente las mismas relaciones, se utilizan las mismas técnicas, mientras
que la armonía puede lograr esa reproducción permanente sin conflictos, dirigidos por un
gobernante (supuestamente) benevolente que haga cumplir esos preceptos.
Estos principios no son características exclusivas de la civilización china. Con sus variantes
han estado presentes en varias culturas, entre ellas la del Egipto de los faraones, que duró
por tres mil años.
¿Por qué se llegó a imponer esta filosofía de la repetición permanente y armónica de los
ciclos de vida de los pueblos y sus gobernantes “virtuosos”? ¿Qué tenían en común el
Egipto de los faraones y la China antigua?: la influencia de la forma predominante de la
producción y reproducción de los bienes materiales, caracterizado en ambas civilizaciones
por el aprovechamiento de los cursos hídricos por la canalización y fertilización de los
terrenos alcanzados. En China para el siglo V a.C. ya estaban avanzadas los canales entre
los ríos Amarillo y Yangtsé, base alimentaria de la población más extensa del mundo.
Las condiciones materiales son importantes en el moldeo de la conciencia de los pueblos, y
una parte no despreciable de la forma de pensar china deriva de esta característica que la
hizo grande a partir del juicioso y ordenado desarrollo del sistema de canales de riego, que
necesitaba de un poder político fuerte y una colaboración permanente de sus poblaciones
campesinas. Gracias al mismo se logró una de las agriculturas más productivas del mundo
por área sembrada, basada en la intensidad de mano de obra por superficie, también de las
más altas del mundo. Es el reverso de la forma de producción agraria extensiva en áreas de
secano que existen, por ejemplo, en Estados Unidos y Argentina, y por ello insistimos
sobre los distintos modos de producción y su influencia sobre la forma de pensar, tan
distinta de la nuestra.
Luego de haber sido la civilización más importante por miles de años, entre 1850 y 1950
China sufrió humillaciones y terribles retrocesos a partir de la rapiña imperialista que
comenzaron británicos con la Guerra del Opio, seguida por otras potencias imperialistas
europeas y el Japón, que recién terminaron en forma definitiva con el triunfo de la
revolución socialista de base campesina dirigida por el Partido Comunista de Mao Tsetung.
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El sistema político actual
Luego de treinta años de recuperación de la soberanía nacional y el inicio del desarrollo
económico mediante la industrialización – no exenta de grandes errores como el Gran
Salto Adelante de fines de los cincuenta y la Revolución Cultural de los sesenta – China
cambió el paradigma del modelo maoista a partir de fines de 1978 con Deng Tsiao-ping. Se
impuso un modelo económico de capitalismo de Estado con creciente participación de las
empresas privadas, llamado “Socialismo con Características Chinas”. No repetiremos aquí
las etapas conocidas sobre el crecimiento y desarrollo meteórico que en cuarenta años
llevaron a China a ser la segunda economía del mundo y desafiar por su sola presencia al
hegemón norteamericano.
El período de Mao fue de tres décadas, el de las reformas de mercado lleva cuatro. Si el
período de las “reformas” dura más que el “original” sin haberse concluido a imagen y
semejanza del neoliberalismo occidental es claramente porque hay elementos estratégicos
que el PCCh no está dispuesto a ceder, ni en lo económico ni en lo político.
Las críticas en Occidente, y en especial desde las usinas de pensamiento norteamericanas,
se centran en dos temas. A nivel económico la persistencia e importancia de las empresas
del Estado (SOE´s) y las regulaciones, controles, prohibiciones y subvenciones sobre las
empresas privadas. El Estado mantiene el control directo de sectores estratégicos y un
largo rango de industrias básicas, incluyendo las de infraestructura, transporte,
telecomunicaciones, finanzas y los medios de comunicación.
A nivel político la crítica occidental es la ausencia de “democracia representativa” (una
persona, un voto) caracterizando al sistema chino como “autoritario” o simplemente una
“dictadura” como continuación del modelo maoísta basado en la experiencia de Stalin en la
URSS. La persistencia del nombre del partido único, Partido Comunista de China,
contribuye a obscurecer diferencias significativas que se han venido articulando a partir
de los años noventa del siglo pasado.
La tradición democrática se idealiza como iniciada en Grecia, aunque tal “gobierno del
pueblo” no representase más que la fracción de ciudadanos libres, una minoría dentro de
la población ateniense. La generalización del voto universal es muchísimo más reciente en
Occidente, y hasta muy entrado el siglo XIX sólo votaban los varones mayores que
contaban con una determinada capacidad económica. No fue hasta que las luchas
populares fueron arrancando la conquista del voto que se fue extendiendo a todos los
mayores de edad, y más adelante también a las mujeres. Hoy es generalizado el sistema
formal de una persona un voto, aunque las limitaciones reales a las expresiones políticas
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vienen por otros canales. La revolución industrial que generalizó el capitalismo en
Occidente se preocupó mucho más por garantizar la propiedad privada de los medios de
producción sin limitaciones fuera de los mecanismos de mercado, que por los derechos
políticos de las mayorías que se abrieron paso sólo con prolongadas luchas sociales.
En Asia la democracia representativa no tiene tradición ni antecedentes. China ha sido
gobernada por emperadores por miles de años, y luego del siglo de humillación nacional la
principal demanda de las mayorías eran la paz y retomar una senda de crecimiento para
salir de la pobreza extrema. En 1950 el ingreso promedio anual era de 50 dólares por
habitante, con una población campesina superior al 80 % del total. Al momento actual
excede los 10.000 dólares (superior al ingreso per cápita de Argentina) y la población
agraria es algo menor al 50 %.
La base de la legitimidad política de la conducción china es el acelerado crecimiento que
ha sacado de la pobreza a cientos de millones de personas, reduciéndola a una fracción
insignificante y ha terminado con la indigencia. A medida que crece el bienestar
económico las demandas de la población van cambiando, y se suman los reclamos sobre el
sistema de salud, el previsional, las demandas sobre el medio ambiente, y contra la
corrupción, en especial a nivel distrital o de empresas, temas que ha encarado el gobierno
y son desafíos para el futuro. Todos los estudios de opinión, llevados a cabo por empresas
de prestigio internacionales, son coincidentes en que hay una alta satisfacción de la
población sobre su sistema de gobierno.
El politólogo norteamericano Daniel A. Bell1, que ha vivido más de una década en China,
describe su modelo político como de tres niveles diferentes: democrático en la base,
experimentación en el medio y meritocracia en la cumbre.
La constitución de 1982 definió el comité de residentes y autogobierno de la población en
áreas rurales y urbanas, incluyendo que los dirigentes debían ser elegidos por voto
secreto. Una ley de 1998 consolidó las practicas previas, instituyendo que los miembros
directivos de los pueblos y pequeñas ciudades debían ser elegidos por mayores de 18
años, por tres años, que la cantidad de candidatos debía exceder el de los puestos a ser
llenados, y la facultad de los electores de separar a los elegidos en caso de mala conducta.
Compiten personas, pero no partidos.
La experimentación se encuentra entre el nivel local y el central. El gobierno central
evalúa la experimentación sectorial o regional y si funciona la extiende progresivamente a
todo el país, caso contrario se descarta. Esta aproximación de ensayo y error se

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THE CHINA MODEL. Political Meritocracy and the Limits of Democracy. Princeton University Press 2015.
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desprendió totalmente de los supuestos ideológicos de la etapa previa, y fue una
característica especial que impulsó Deng Tsiao-ping (“no importa si el gato es blanco o
negro, sino que cace ratones”).
Existe una vieja tradición de origen confuciano, que es la de acceder al servicio público
mediante rigurosos exámenes. La meritocracia en tiempos imperiales reducía los
potenciales servidores públicos para puestos ejecutivos a aquellos que sabían leer y
escribir, conocían los textos tradicionales, en especial de Confucio, entre otros requisitos.
En síntesis, no más del 1 % de la población de aquellos períodos, donde meritocracia eran
los instruidos dentro de la elite económica y política existente.
Basados en esa tradición, el sistema actual de examen para la carrera de funcionario
público se complementa con rigurosos exámenes para ingreso a la universidad y al partido
(nada fácil ingresar, Xi Jinping lo intentó varias veces antes de ser admitido en su
juventud). Las materias que componen los duros test incluyen ciencias, economía, política,
historia, formación filosófica y evaluación de los valores morales del postulante.
Para llegar a posiciones políticas importantes habrá que haber pasado por años de
experiencia y sucesivos test en los niveles de pueblos, ciudades, departamento, provincia y
ministerios. En promedio se necesitan veinte años desde haber ingresado para aspirar a
viceministro.
Dada la superposición entre la estructura del Estado y la del Partido, se necesitan más
años para llegar al Comité Central (370 miembros), al Politburó (25 miembros) o la cima
del Comité Permanente del Politburó-CPP (7 miembros). Es en este último nivel que se
concentra el poder que se delega en el Presidente del Estado y Secretario General del
PCCh, que hoy detenta Xi Jinping. Si la mayoría de CPP decide que Xi actúa mal tienen el
poder para removerlo.
Aun hay una considerable distancia entre los postulados teóricos y la realidad, tanto en el
nivel de base como en las condiciones de ascenso en la burocracia política. Los intereses
creados, el patronazgo, la corrupción (compra de puestos) existen pero según Bell ello
afecta más a los niveles inferiores e intermedios que a los altos, y de hecho es hacia Pekín
que se dirigen los reclamos sobre las inconductas en los niveles inferiores. La percepción
generalizada de la población es que sus dirigentes nacionales son bien intencionados y
cumplen adecuadamente la misión que se espera de ellos, en esta etapa llevar adelante el
“sueño chino” de ser un país medianamente próspero ahora y estar en la vanguardia del
desarrollo económico, científico y tecnológico para el centenario de la RPC en 2049.
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La principal virtud del sistema actual, con todas sus falencias y distancias con la teoría, es
que hay una continuidad de varias décadas de las líneas de gobierno, que los cambios son
graduales y consentidos por experimentación realizada por dirigentes cada vez más
capacitados. Es imposible pensar que llegue a la conducción del país un político sin
experiencia administrativa, como Barack Obama, o un arribista como Donald Trump que lo
logró por audacia, oratoria cautivante y fortuna personal.
Existen preguntas sin respuestas claras para el futuro. La meritocracia en la cima puede
concentrar los candidatos dentro de la fracción más favorecida por lazos personales o
fortuna familiar, que puede dar tanto apoyos de profesores extra para los exámenes como
dinero para lograr ascensos. En el caso de los partidos políticos norteamericanos (y en la
mayoría de los partidos en Occidente), los sectores económicos más poderosos terminan
por colonizarlos, independientemente de sus orígenes de clase, etnia o ideologías. En
China hace menos de dos décadas que se permite la afiliación a empresarios. Son los
valores morales que pueda mantener el PCCh - en mezcla de confucianismo y poco de
marxismo - lo que permite mantener el control sobre los intereses creados de la
burocracia y las nuevas burguesías. Hace un par de años el gobierno reveló que Jack Ma, el
multimillonario fundador y principal accionista de Alibaba y ANT, es afiliado al PCCh.
Ahora el gobierno nacional ha frenado a Jack Ma, al no autorizar a que ANT haga su oferta
pública inicial (OPI) y ha iniciado acciones para contrarrestar el poder monopólico de
Alibaba, en especial por su incursión en el área financiera en funciones neurálgicas que el
Estado no delega en privados.
Luego de un año de pandemia endémica China sale golpeada pero victoriosa en su control
del virus. Su crecimiento económico se redujo pero continúa positivo (alrededor del 2 %
para 2020) y el Banco Mundial prevé que será del 7,9 % en 2021. Su Plan Quinquenal es
detallado hasta 2025, y sucesivos planes generales cubren el horizonte hasta 2049. Su
sistema político no es atractivo para el mundo, pocos países podrían emularlo en ese
aspecto, y tampoco se ha propuesto exportarlo. Pero dentro de sus propios parámetros
está logrando avances que consolidan su estabilidad y confianza en el futuro.
Mientras tanto, Estados Unidos ha sufrido un retroceso económico por su mala política
frente al Covid, con caída del orden del 4 % en 2020. Su recuperación es una seria
incógnita por el agravamiento de nuevos casos que superan los 220.000 diarios, aun con el
inicio de la vacunación. A ello le suma el caos político en que lo ha sumido la actitud de
Tump. No se pueden prever ni los eventos hasta el próximo 20 de enero. Estados Unidos es
el país más importante del mundo, por el tamaño de su economía, por adelanto científico y
tecnológico y por la superioridad militar que garantiza su hegemonía. Pero su imagen
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política se ha deteriorado y enfrenta un período de convulsión interna con imprevisibles
consecuencias que no podremos evitar en el resto del mundo.