Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

23Ago/200

LA DICTADURA DE LOS ACREEDORES

Publicado por admin

Un debate trascendental sobre la Argentina a construir para después de la pandemia

 

El debate sobre la Argentina a construir para la post pandemia constituye una cuestión central de las conversaciones e inquietudes intelectuales del presente, cuando estamos atravesando el acontecer más complicado de la peste. Esa discusión aborda planos muy diversos.

En el campo de la economía hay múltiples aspectos sometidos a la confrontación de opiniones. La particularidad del país es que el coronavirus aconteció unos tres meses luego del cambio de gobierno, que implicó una decisión popular de sustituir un modelo neoliberal por un proyecto nacional. La pandemia impregnó la vida de la economía y la sociedad antes de que pudiera desplegarse la transición. Eso colaboró con quienes esgrimen las premisas ortodoxas que dieron sustento teórico-ideológico al gobierno de Cambiemos, para que desplegaran un velo sobre sus consecuencias desastrosas. Los neoliberales desplazaron responsabilidades y endilgaron el daño causado por la política de Cambiemos,  a un  inventado mal-manejo  de la economía en pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández. Aprovecharon para reinstalarse rápidamente en la discusión y pregonar una restauración de una política económica contra la que se expresó la voluntad popular.

 

 

Liberalización financiera o financiarización

El núcleo del dispositivo restaurador es la liberalización financiera. Sus propuestas centrales son la desregulación del mercado cambiario, de la tasa de interés, de la regulación del destino del crédito, del movimiento de capitales de y hacia el país, la desarticulación de los controles de precios, la disminución de la presión fiscal, el ajuste del gasto público, la flexibilización del mercado de trabajo y la reforma privatizadora del sistema previsional. El factor común y la clave de esta visión ortodoxa es la desintervención estatal de la economía.

Los economistas que propalan este paradigma de organización económica sostienen que el mercado es un asignador de recursos que optimiza el funcionamiento de la economía. Muchos son los mismos que a mediados de los ’70 impulsaron entusiastamente estos principios y aseguraban que su implementación favorecería el desarrollo económico al “liberar las fuerzas productivas”. Otros, sus seguidores, formados en las misma premisas teóricas del mainstream.

Los economistas heterodoxos caracterizaron al despliegue de este dispositivo como financiarización. Chena, Buccella y Bosnic en su artículo Efectos de la financiarización en el cambio tecnológico en América Latina-Estudios sobre la financiarización de América Latina  (CEPAL, 2018) hacen esta interesante distinción:

“Es probable que la diferencia fundamental entre el concepto ortodoxo  de liberalización financiera y el concepto heterodoxo de financiarización se deba a que cada uno de ellos responde a dos premisas conceptuales irreconciliables entre sí: el riesgo y la incertidumbre”. Respecto de esa sustancial diferencia se apoyan en Lavoie, quien define al riesgo como “un escenario presente en el que cada opción presenta un conjunto de resultados posibles, cuyos valores son conocidos y pueden asociarse a una probabilidad matemática. Los escenarios de incertidumbre por el contrario se caracterizan porque las opciones posibles son desconocidas”. El modelo analítico de la liberalización financiera cuya evaluación es utilizada por el inversionista, requiere de una tasa de certeza y una prima de riesgo. Esto induce a un comportamiento de la conducta inversora, que aplicado a escenarios de incertidumbre, conduce a una incorrecta asignación de recursos en la economía. Esta falencia es producto de la conducta inducida por el carácter del inversor financiero, distinta a la que tenía el de sesgo productivo. Ya se verá cómo no sólo resulta incorrecta la asignación de recursos, sino que esa conducta también reduce el nivel de inversión y altera regresivamente la distribución del ingreso.

Las corrientes heterodoxas más que hacer una definición de financiarización, subrayan una cantidad de fenómenos que en concurrencia constituyen el concepto. En la introducción al texto de CEPAL citado, Abeles, Caldentey y Valdecantos citan un conjunto de características que los autores heterodoxos le asignan:

  • El predominio de una forma de gobernanza corporativa enfocada a la valorización de las acciones de las empresas.
  • El carácter cortoplacista en la toma de decisiones de inversión.
  • El poder político y económico de los rentistas y el capital financiero.
  • Un cambio en la lógica de valorización del capital que constituye una renovación del patrón de acumulación, en donde las ganancias devienen fundamentalmente de canales financieros.
  • La plétora de instrumentos financieros, como los derivados, que originan un extenso ámbito de comercialización financiera.

Estos elementos constituyen un dispositivo que permite el desacople de la economía real y la financiera, descoordinación que causa el advenimiento de sistemas financieros complejos, interconectados y frágiles. Los mismos autores señalan que entre 1980 y 2007 la tasa de crecimiento del sector financiero fue del 9,5% en los países en desarrollo, mientras que la de los otros sectores fue del 3,6%. En América Latina esta diferencia es aún mayor, anotando evidencias nocivas de la liberalización financiera.

Chena, Buccella y Bosnic exponen una de las definiciones que asoma como sustancial: la financiarización sería una nueva etapa del capitalismo que modifica en forma definitiva sus instituciones para imponer la supremacía de las finanzas.

Otra definición de estos autores sitúa a la financiarización como una puja entre el capital productivo y el capital financiero, en la que el primero predomina en la mayoría de las relaciones económicas, imponiendo sus normas y regulaciones, inclusive en el mercado de trabajo y la actividad económica.

De hecho se observa que el texto de la CEPAL describe que en América Latina, ninguna actividad productiva proporciona beneficios que superen o igualen a las finanzas, salvo la prestación de servicios monopólicos o la explotación de recursos naturales. En tanto, la inversión real se redujo con el advenimiento de la financiarización, sin recuperar jamás los niveles previos a 1980. Además, los autores del texto subrayan que la distribución del ingreso ha empeorado tanto en su observación funcional (salarios y ganancias) como en la personal (comparando la población por deciles).

 

 

El Estado y no el mercado

Las características de la financiarización y las evidencias sobre sus resultados explican la coincidencia de intelectuales y economistas de diversas procedencias heterodoxas respecto a la inconveniencia de dejar el proceso de cambio tecnológico en la región en manos de grandes capitales extranjeros. El cortoplacismo, la errónea evaluación desde una lógica de riesgo y no de incertidumbre, las imposiciones de reestructuraciones institucionales, la evidencia de la caída de la tasa de inversión, la desigualdad social provocada por el régimen, hacen imperioso evitar que el perfil de investigación y desarrollo se despliegue sobre la base de un dispositivo mercantil que opera con actores privados motorizados por tipos de rentas, ganancias y plazos que deterioran la tasa de crecimiento de la economía y la construcción de igualdad.  Esos estudiosos entienden que debe ser el Estado y no el mercado quien dirija y realice los procesos de innovación tecnológica, restaurando el cálculo financiero tradicional ligado a lógica del capital productivo, que lidia mucho mejor con el concepto de incertidumbre que el del inversor privado del capitalismo financiarizado.

Ya no sólo se debe combatir el prejuicio que sostiene que el Estado investigador, inversor y productor es de calidad inferior a la del gran capital privado extranjero, sino que está en mejores condiciones de liderar un proyecto de desarrollo. Mejor dicho, está en condiciones de conducirlo mientras que el capital privado extranjero carece de esa capacidad.

Miotti señala en otro artículo del mismo libro, que los aumentos de productividad en la época del capitalismo fordista (1950-1975) se distribuían entre asalariados y capitalistas, sin alterar la distribución del ingreso. Mientras que en el tiempo de la liberalización financiera los aumentos de productividad son apropiados por los capitalistas. Así, la financiarización requiere que el consumo sea sostenido por el crédito porque los niveles salariales son insuficientes.

Kaltenbruner y Painceira señalan en Financiarización de América Latinaimplicancias de la integración financiera subordinada que “mientras que la integración financiera internacional transforma el sistema financiero nacional en las economías capitalistas emergentes, esas mismas transformaciones facilitan y profundizan aún más la integración financiera internacional… Al igual que su integración en los mercados de productos, estas relaciones financieras se han caracterizado por la dependencia, la subordinación y las jerarquías. Como destacan los estructuralistas latinoamericanos, las vulnerabilidades y limitaciones de las periferias son históricas pues necesariamente cambian y evolucionan con el tiempo en sinergia con el cambio y la evolución de los centros”. De estas reflexiones y de las conclusiones expuestas anteriormente, se desprende que la financiarización acentúa la dependencia y el desarrollo desigual. La intensa exposición de América Latina a los movimientos de capitales aumenta su vulnerabilidad y la volatilidad cambiaria, que en muchas circunstancias depende de las condiciones internacionales que se agregan a las propias de las macroeconomías locales. La profundización de la dependencia que consolidó la financiarización fue reforzada significativamente, porque las economías periféricas no pueden emitir dinero mundial.

La financiarización conduce a altas tasas de interés, que inciden en forma negativa sobre la inversión y el consumo interno. La volatilidad cambiaria y el intenso movimiento de capitales debilitan las monedas locales. La prevalencia de la deuda en moneda extranjera aunada con la debilidad de la moneda nacional lleva a que las devaluaciones requieran una generación futura de divisas para el servicio de esa deuda. La lógica de la liberalización financiera tiene sus beneficiarios en los centros de poder financiero mundial, los prestamistas de moneda mundial, cuyos beneficios superan los de cualquier actividad productiva.

Chesnai define contundentemente al predominio del capital financiero como una “dictadura de los acreedores”. El liberalismo neo es el paradigma político del poder financiero concentrado, que escinde la política de la economía como forma de garantizar el despliegue de un capitalismo rentístico que apunta contra el desarrollo de las economías periféricas. Si entendemos como pilares de ese desarrollo al crecimiento de la economía, la promoción de una mejor distribución del ingreso y al despliegue de sectores productivos no tradicionales, la liberalización financiera ofrece la negación completa de esos objetivos.

 

 

Desposesión: la acumulación primitiva no cesa

Harvey en El nuevo imperialismo (Akal, 2004) revisa la formulación de Marx, quien señaló la diferenciación entre la lógica del momento constitutivo del capitalismo, donde mediante la violencia y el despojo, ajenos a una institucionalidad legal, se conformaron los cimientos de relaciones que permitieron la posterior acumulación capitalista, efectuada con la legalidad de igualdad formal sobre la que se edificaría un régimen de desigualdad real sustantiva.

Este autor sostiene que las condiciones de acumulación merecen una reconsideración, ya que el fraude y la depredación como modo de acumulación persisten hasta el presente. Dice Harvey que “ un examen más detallado de la descripción marxiana de la acumulación primitiva … [incluye] la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por la fuerza de poblaciones campesinas, la conversión de varios tipos de propiedad (comunal, colectiva, estatal, etc.) en derechos de propiedad exclusivos… la mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas (indígenas)  de producción y consumo, los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de bienes (incluidos los recursos naturales), la trata de esclavos, la usura, la deuda nacional y más recientemente el sistema de crédito” y afirma que “todas las características de acumulación primitiva mencionadas por Marx han seguido poderosamente presentes en la geografía del capitalismo… Durante las últimas décadas se ha acelerado el desplazamiento de las poblaciones campesinas… muchos recursos que antes eran de propiedad comunal están siendo privatizados, como el agua (con frecuencia bajo la presión del Banco Mundial), se privatizan industrias nacionalizadas; las granjas familiares se ven desplazadas por las grandes empresas” y «la cesión al dominio privado de los derechos de propiedad comunales obtenidos (el derecho de pensión pública, al bienestar, a la sanidad pública nacional) ha sido una de las fechorías más sobresalientes de los planes de desposesión emprendidos en nombre de la ortodoxia neoliberal”.

Harvey también señala que los planes de ajuste estructural del FMI tienen como objetivo organizar las condiciones de desposesión por medio de los efectos de devaluaciones, evitando la ocurrencia de un colapso general.

 

 

Una batalla cultural

La Argentina reestructuró su deuda externa. El objetivo de política fundamental del proyecto nacional es cerrar el camino a otro ciclo futuro de endeudamiento. La deuda en moneda extranjera de los Estados nacionales funciona como un eslabón fundamental de la cadena que articula dependencia con desposesión. Pero la deuda es solo un eslabón de esa cadena, que incluye además todos los eslabones de la financiarización o liberalización financiera, como guste llamársela. Este régimen es hegemónico a nivel mundial, y la inserción de la economía nacional en el mismo ha impedido el desarrollo y la construcción de igualdad.

De lo expuesto se puede concluir que depositar las expectativas en políticas market friendly para atraer inversiones extranjeras, como proponen los economistas de impunidad mediática, contraviene el camino necesario para la consecución de esos objetivos. Ni siquiera la herencia del viejo desarrollismo podría ser la fuente para argumentar esa receta, porque la lógica vigente en los móviles de la inversión externa es de un orden diferente, siendo sus objetivos la ganancia previsible en términos de costo de oportunidad financiero. Tampoco el canto de sirena ortodoxo de la liberalización financiera, ni la flexibilización de las regulaciones cambiarias, traerán ninguna ventaja, sino que producirán volatilidad financiera, alza de las tasas de interés, valorización parasitaria del capital y su posterior fuga.

La flexibilización laboral y la reforma previsional son mecanismos de desposesión atentatorios contra la plena vigencia de los derechos económicos sociales y culturales, y están destinados a bajar el salario y a que los aumentos de productividad sean apropiados sólo por el capital. Además persiguen la reducción del gasto público para que las grandes fortunas no paguen impuestos, reforzando la regresividad distributiva. Las constantes presiones para extender la frontera agropecuaria mediante la expulsión de campesinos que habitan ancestralmente sus tierras practicando la agricultura familiar, también son mecanismos de desposesión atentatorios del derecho a la propiedad y de los DESC. Las privatizaciones de empresas de servicios públicos y la consecuente fijación de tarifas como si vendieran mercancías a clientes, han constituido una desposesión flagrante y violatoria de derechos esenciales de la ciudadanía. El régimen de desintervención del crédito ha sido atentatorio del derecho al desarrollo de los pueblos.

Resulta necesario para la construcción de una Argentina solidaria, humanista, igualitaria, autónoma y desarrollada desandar las reformas pro-financiarización iniciadas por la dictadura militar, continuadas por los gobiernos de Menem y De la Rúa y restauradas durante los cuatro años de gestión de la Alianza Cambiemos. No hay contradicción entre la reactivación económica y el desarrollo de largo plazo, que será necesario  encarar a la salida de la pandemia. Ni la hay entre igualdad y desarrollo. En los países de inserción periférica en la economía mundial, hoy más que nunca el desarrollo científico tecnológico  y la inversión para el desarrollo deben ser fundamentalmente desplegados por el Estado. Los servicios públicos requieren ser desmercantilizados y atendidos como derechos de ciudadanía. Un proyecto nacional necesita desplegar una batalla cultural, teórica y de ideas para desplazar la hegemonía que el liberalismo neo construyó en sus períodos de hegemonía y que se resiste, y resistirá, a abandonar.

16Ago/200

LA ESCALADA

Publicado por admin

La guerra entre Estados Unidos y China no es inevitable, pero el futuro no está escrito

Estados Unidos está tensando al máximo la relación con China. Desde inicios de 2018 viene escalando las disputas comerciales que llegaron a un principio de acuerdo en enero último (Fase 1) con fuertes condicionamientos para China. Siguió la acusación a China por supuestamente haber esparcido el coronavirus. Luego de la ley de seguridad china en Hong Kong (julio), Estados Unidos eliminó el trato preferencial hacia el ex dominio británico. Ahora suma la presión en Taiwán, incitando a la declaración de independencia de la isla, moviendo fuerzas navales hacia la zona: «Bombarderos furtivos estadounidenses con capacidad nuclear fueron desplegados en la base aérea del Océano Índico, tres bombarderos B-2A Spirit enviados a Diego García en el Territorio Británico del Océano Índico por primera vez desde 2016” (South China Morning Post, 11.8.20). Los chinos han respondido con maniobras militares en la zona del estrecho de Taiwán, y también en sus zonas sur y norte, con fuego real. El oficialista Global Times editorializó: “El pueblo chino tiene el coraje suficiente para salvaguardar su soberanía nacional participando en el enfrentamiento militar con Estados Unidos a través del Estrecho, cuando todas las demás opciones fallan. Y estamos seguros de que ganaremos”. (GT 13.8.20). La única orden es no disparar el primer tiro.

 

 

Hong Kong y Taiwán, dos espinas

La última dinastía china había cedido la isla de Hong Kong a perpetuidad a Gran Bretaña por el Tratado de Nanjing de 1842, luego de la Primera Guerra del Opio. La Segunda Guerra del Opio concluye con la cesión de la Península de Kowloon, adyacente a la isla. En 1898 Gran Bretaña obtuvo —esta vez por 99 años de arriendo— los llamados “Nuevos Territorios” adyacentes a la Península, con vencimiento en julio de 1997. En septiembre de 1982 Margaret Thatcher se reunió con Deng Tsiao Ping para renovar el alquiler, pero Deng reclamó la devolución de lo arrendado y también de lo cedido. Si no firmaban la devolución ordenada, los chinos podían marchar y tomar Hong Kong esa misma tarde si así lo deseasen: “Es nuestra determinación retomar la soberanía no sólo sobre los Nuevos Territorios sino sobre Hong Kong y Kowloon, que nos fueron arrebatados en actos de piratería. Y no olvide la señora Primera Ministra que detrás de mi determinación esta la firme voluntad de 1.100 millones de chinos”, es la versión popular de cómo terminó la disputa. La recuperación revertía una de las grandes humillaciones del siglo XIX. El 10 de julio de 1997 se arriaba el pabellón británico y se inició un período de 50 años bajo el lema “un país, dos sistemas”.

El presente conflicto comenzó a mediados de 2019 por la torpeza de las autoridades de Hong Kong de propiciar la extradición de sus ciudadanos al territorio continental de China para ser juzgados por delitos realizados fuera de esa ciudad. Las manifestaciones fueron creciendo y añadiendo demandas de autonomía, lo que no ha cesado a pesar del retiro definitivo de la legislación de extradición. El Congreso de Estados Unidos aprobó –también días antes de las elecciones de consejeros de distrito— la Hong Kong Human Rights and Democracy Actque venía preparando desde la presidencia de Obama, añadiendo leña al fuego. Los opositores a Pekín ganaron las elecciones (60% a 40%). En julio pasado Pekín hizo aprobar una ley de seguridad en Hong Kong para controlar las manifestaciones que no habían cesado ni con el incremento de casos de coronavirus. Estados Unidos ha reaccionado eliminando el status especial de Hong Kong. Ahora le caben todas las restricciones que ha impuesto sobre China en la disputa comercial no concluida.

Taiwán era parte del territorio de China hasta que Mao tomó el poder en 1949. En esa isla se refugió el gobierno del Kuomintang presidido por el general Chiang Kai Shek, bajo protección americana. En las Naciones Unidas la representación de China era ejercida por el gobierno de Taiwán, hasta que los acuerdos antisoviéticos entre Mao y Nixon de 1972 dieron luz al Comunicado de Shanghai, por el cual “Estados Unidos reconoce que todos los chinos a ambos lados del Estrecho de Taiwán sostienen que solo hay una China y que Taiwán es parte de China. El gobierno de los Estados Unidos no cuestiona esa posición. Reafirma su interés en un arreglo pacífico de la cuestión de Taiwán por parte de los propios chinos”.

China pasó a ocupar el puesto de Taiwán en las Naciones Unidas, y las relaciones diplomáticas con Estados Unidos se normalizaron en 1979. Taiwán entró en un limbo, es un territorio chino controlado por otro poder político, casi sin reconocimiento diplomático. La recuperación de la soberanía china es un objetivo nacional, pero sin plazo.

La luna de miel con Estados Unidos comenzó a agriarse a posteriori de la crisis económica de 2008, de la cual China salió fortalecida. Ya había pasado a ser el principal exportador mundial y había ascendido a segunda potencia económica. Los mutuos beneficios para China y Estados Unidos habían llegado a un punto en que los norteamericanos comenzaron a temer por el ascenso oriental. China no acepta una posición subordinada como sí debieron hacerlo Alemania y Japón. Desde el ascenso de Xi Jinping a fines de 2012 la situación se ha ido deteriorando, y más aun desde el arribo de Trump a la Casa Blanca.

 

 

El poder militar chino

No es la magnitud superior del Producto Bruto lo único que marca la importancia de una potencia. Gran Bretaña no era una economía más grande que la de varios países europeos o que la economía china a inicios del siglo XIX, pero su armada era mucho más avanzada. Quien detenta los mayores avances científicos y tecnológicos aplicados a la capacidad bélica es quien termina por prevalecer e imponer sus objetivos al resto de las potencias.

En el campo militar ofensivo la ventaja de los Estados Unidos es indisputable, tanto por la presencia que ha establecido en el mundo con más de 600 bases militares de distintas dimensiones y envergadura, como por las ventajas tecnológicas, en especial el dominio del espacio y las comunicaciones, además de la magnitud de sus fuerzas convencionales de aire, mar y tierra y los arsenales nucleares.

En julio de 2019 China publicó su Libro Blanco sobre Defensa. El objetivo fundamental de su política militar es salvaguardar los intereses de soberanía, seguridad y desarrollo, que se resumen en:

  • a) Disuadir y resistir la agresión;
  • b) Salvaguardar la seguridad política nacional, la seguridad del pueblo y la estabilidad social;
  • c) Oponerse y contener la “independencia de Taiwán”;
  • d) Tomar medidas enérgicas contra los defensores de los movimientos separatistas como la “independencia del Tíbet” y la creación del “Turquestán Oriental” (Xinjiang);
  • e) Salvaguardar la soberanía nacional, la unidad, la integridad territorial y la seguridad;
  • f) Salvaguardar los derechos e intereses marítimos, en el espacio ultraterrestre, el espacio electromagnético y el ciberespacio.

Los peores puntos de conflicto son las disputas de soberanía en el Mar del Sur de China —donde está construyendo infraestructura y desplegando capacidades defensivas en las islas y arrecifes– y la recuperación de la soberanía en la provincia de Taiwán. No menos importantes son evitar el desmembramiento de territorios con minorías étnicas, como son el Tíbet o Xinjiang. En el Libro Blanco no menciona a Hong Kong porque al momento de su redacción no era el tema crítico que es ahora.

El objetivo estratégico chino es evitar una confrontación directa con Estados Unidos y transformar completamente sus ejércitos en fuerzas de clase mundial para mediados del siglo XXI. No pretenden disputar su capacidad ofensiva, sino tener la capacidad defensiva que impida que cualquier contrincante la ataque con éxito en sus puntos neurálgicos, o pueda provocar desorden político o el desmembramiento nacional.

Según la organización norteamericana IISS en The Military Balance 2020el gasto mundial en defensa en 2019, aumentó un 4,0% en términos reales respecto a 2018 (1,74 billones de dólares constantes de 2015), el mayor aumento en diez años. Lidera el gasto Estados Unidos (684.000 millones), seguido por China (181.000 millones). Ambos aumentaron un 6,6%. Los siguen más alejados Arabia Saudita y Rusia.

China está entrando en una nueva fase de desarrollo militar con capacidad de llevar a cabo misiones de larga distancia. Los navíos de alta capacidad son el foco de la construcción naval, mencionando el lanzamiento simultáneo de dos cruceros Tipo-055 en junio de 2018. Cuando se sumen los lanzados antes y los que están en construcción serán plataformas formidables. Si bien Estados Unidos conserva el mayor número de navíos avanzados contra la guerra aérea, China aumenta constantemente la cantidad de este tipo de buques, mencionando 13 destructores Tipo-052C y Tipo-052D. También menciona los avances en aviación, con el caza pesado Chengdu J-20 y el misil aire-aire guiado por radar activo de rango extendido PL-15, capacidades para competir eficazmente en el dominio aéreo regional. El vehículo de deslizamiento hipersónico DF-17 (rango intermedio) se exhibió en el desfile del 70° aniversario de la Revolución, en noviembre de 2019.

El Libro Blanco por su parte menciona, además de los indicados por IISS, la supercomputadora Tianhe-2, misiles balísticos de rango intermedio y largo DF-26, y los tanques Tipo 15, orgullos del desarrollo autónomo chino. Los DF-26, al igual que los anteriores DF-21D, son conocidos como los carrier killers (mata portaaviones) dado que pueden amenazar a los más poderosos buques de la flota americana mucho antes de que estén cerca de China.

China es una de las potencias nucleares, con 250 ojivas, muy por detrás de las 5.000 que poseen tanto Estados Unidos como Rusia. Ha incorporado hace pocos años el primer portaaviones, Liaoning, de origen soviético, y en diciembre de 2019 incorporó el segundo, Shandong, de diseño y construcción chinos, que puede transportar 36 aviones caza (el Liaoning 24). Los 60 aviones desplegados entre el Mar del Sur y el Mar del Este de China son sin dudas una fuerza disuasiva a tener en cuenta en la actual escalada. Estados Unidos cuenta con 11 portaaviones clase Nimitz y Ford (propulsión nuclear y desplazamiento 100.000 toneladas) mientras el Shandong desplaza entre 40.000 y 60.000 toneladas, con propulsión convencional. En construcción se encuentra un tercer portaaviones (desplazamiento 80.000 toneladas, catapultas de lanzamiento electromagnéticas) y en carpeta la construcción de otros tres, de mayor tonelaje de desplazamiento y propulsión nuclear.

La tecnología militar cubre muchas áreas de conocimiento científico y tecnológico. Desde la balística intercontinental, la óptica avanzada, los nuevos materiales, y por supuesto los avances en computación y comunicación, con sus infinitos subcapítulos, de los cuales el desarrollo de microprocesadores (microchips) avanzados son su corazón. La capacidad de guiar armas (misiles, aviones no tripulados, etc.) mediante tecnología segura implica el desarrollo y avance permanente de una generación especial de microprocesadores, a los cuales se oponen otros capaces de desviarlos de sus objetivos, confundirlos o volverlos contra sus bases.

China lanzó el primer satélite en el mundo con comunicación dirigido por una supercomputadora quántica, que reemplaza las ondas radiales por la transmisión de fotones (partículas de luz) a través de cristales. Esta tecnología ha creado super seguras redes de comunicación, una tecnología que Estados Unidos no domina aun, y que hace a China inmune (por ahora) al ciberataque de un adversario en este campo. Esto es un factor decisivo ya que la interferencia sobre las de ondas radiales puede bloquear un ataque, algo que no ocurre en la transmisión de fotones.

El crecimiento del presupuesto militar chino ha sido inferior al crecimiento de su economía, pasando del 5,43 % de su PBI en 1979, al 1,04 % en 1995 y el 1,26 % en 2017. También se ha reducido fuertemente el gasto militar sobre el presupuesto de gastos del Estado, pasando del 17,37 % en 1979 al 5,14 % en 2017.

En esta etapa de su desarrollo, China busca hacerse fuerte en defensa de su zona de influencia. En 2015 escaló su reclamo de soberanía y control exclusivo en el Mar del Sur de China, expandiendo la base marítima de Longpo (submarinos nucleares) en la isla de Hainan, y la acelerada construcción de siete islas artificiales donde ya se están emplazando bases y aeropuertos militares. Por los estrechos del Mar del Sur de China pasan navíos comerciales llevando el 30 % del comercio mundial, y China está determinada a impedir que ese movimiento quede bajo el control de la flota norteamericana.

 

 

Los peligros de una guerra

China ha fortalecido su capacidad defensiva como para resistir ataques a su territorio y el área cercana (Taiwán, Mar del Sur). Tomar el cercano Taiwán es mucho más accesible que avanzar sobre las bases americanas del Pacífico.

Una parte muy importante de la ofensiva de Donald Trump está determinada por su obsesión de ganar las elecciones de noviembre. Juega la carta nacionalista que le dio éxito hace cuatro años, ya que en otras áreas está en franco retroceso (reacción ante la pandemia, caída de la actividad económica, disputas raciales). No es solamente para Trump ganar o no una elección, aunque ello pese, y mucho. Es lo que el historiador norteamericano Graham Allison llama “la Trampa de Tucídides”. En las palabras del general ateniense Tucídides “fue el ascenso de Atenas (China) y el miedo que esto instiló en Esparta (Estados Unidos) lo que hizo la guerra inevitable”. Allison no dice que la guerra entre Estados Unidos y China sea inevitable, por todo lo que está en juego para ambos y para el resto del mundo, pero el futuro no está escrito.

Archivado en: GENERAL No hay comentarios
2Ago/200

Equilibrios

Publicado por admin

EQUILIBRIOS

Una nueva estructura productiva impondrá una nueva distribución del ingreso

El retorno en la Argentina de un gobierno de carácter democrático, nacional y popular se topó con la pandemia a pocos meses de haber asumido. Adoptó frente a la misma una actitud preocupada, que este viernes 31 de julio volvió a usar el tono severo, dramático y atento con que se había iniciado una política que se puede identificar con el lema primero la salud. También, la circunstancia de ese drástico cambio de vida y de dinámica en la economía mundial abrió el camino para que el Presidente cuestionara el capitalismo existente e hiciera una reivindicación del valor de la igualdad, objetara el hiperconsumismo y expresara la necesidad de un cambio de la lógica con que se movía la economía global contemporánea.

Transcurridos más de cuatro meses de pandemia, mientras su extensión y gravedad se intensifica a nivel mundial –y también en nuestro país—, confrontan dos perspectivas respecto del futuro de la vida económica en la Argentina.

  • Una restauradora de las condiciones previas.
  • La otra, transformadora.

Las instituciones representativas del gran empresariado argentino son tributarias de la primera. La AEA, por ejemplo, ha señalado que es “al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina”, y se pronunció en contra de la presencia del Estado en una empresa que interviene en el comercio exterior. La UIA, menos doctrinaria, pero en sintonía con la prédica antiestatista, reclama del sector público subsidios, rebajas impositivas, moratorias tributarias, pero es siempre favorable a promover flexibilizaciones laborales que mejoren la correlación de fuerzas del capital frente al trabajo.

En términos de la economía política, el tema fundamental al que se aboca es a la distribución del ingreso. Respecto de los objetivos de la igualdad y la reducción de la pobreza ese reparto resulta sustantivo. Pero para que sea factible es indispensable la intervención del Estado en la economía. La legislación, las políticas salariales testigo del sector público, el salario mínimo vital y móvil y el funcionamiento adecuado de las convenciones colectivas de trabajo persiguen una determinada distribución del ingreso. En general se puede afirmar que en el marco de gobiernos de raigambre popular se despliegan políticas distributivas que favorecen a los trabajadores y a los sectores más carenciados. En cambio, las políticas flexibilizadoras del mercado de trabajo, el debilitamiento de las organizaciones sindicales y la ausencia de la participación del Estado en la economía persiguen aumentos de la tasa de ganancia respecto de los salarios.

 

 

La restricción externa

La Argentina afronta cíclicamente sus episodios de restricción externa. Cuando la economía crece, también lo hace la industria, que requiere de insumos importados y se expande la necesidad de divisas que demanda el aparato productivo. La exportación concentrada en el tradicional sector agropecuario, que goza de ventajas naturales, depende en precios y cantidades exportadas del mercado internacional. Si sus condiciones son las habituales, entonces el impacto de la expansión tendrá un límite. Hoy existe consenso de la necesidad de expandir las exportaciones industriales con el fin de alejar lo mayor posible la restricción externa. Pero respecto de cómo hacerlo las posiciones están enfrentadas.

Lo que no está en duda es que un mayor nivel de exportaciones depende de la competitividad de la economía y de un cambio en la estructura productiva que amplíe la canasta de bienes exportables. Respecto de la primera se abre una importante discusión distributiva. La pregunta es: ¿cómo se aumenta la competitividad?

La visión conservadora y resignada respecto de la estructura económica argentina entiende como la herramienta central de estímulo de las exportaciones, lo que habitualmente se llama competitividad espuria. La competitividad espuria radica en depreciar el tipo de cambio para bajar el salario en dólares y disminuir el costo empresario. Como se observó en la historia argentina, esas devaluaciones provocan inflación y el descenso de los ingresos en dólares se resuelve en una baja del salario real en pesos. O sea que el aumento de la competitividad de la economía se lograría bajando los salarios. Pablo Gerchunoff, un economista actualmente devenido en vocero refinado del establishment, se las ingenió para plantear un dilema de la economía argentina distinguiendo entre un tipo de cambio de equilibrio macroeconómico y otro de equilibrio social. Una forma elíptica de sostener que el nivel de vida culturalmente ganado por los asalariados argentinos era incompatible con la estabilidad macroeconómica. Su dilema le abre el camino para tratar de consensuar corporativamente un salario menor al socialmente requerido por los trabajadores, aunque buscándole la vuelta para que sea un poco más alto que el que se supondría de equilibrio macroeconómico.

Los empresarios argentinos frecuentemente se quejan de problemas de productividad del trabajo en la economía nacional. Sin mayores honduras, la productividad del trabajo resulta de la cantidad de unidades producidas por trabajador ocupado en un tiempo determinado para una planta productiva. El peor de los sentidos comunes que utiliza el empresariado local en su argumentación es que la productividad depende del esfuerzo de los trabajadores. Sin embargo, en los procesos productivos y, mucho más en los de alta complejidad de la contemporaneidad, la productividad depende de la dotación y modernidad de los equipos y máquinas con que la producción se lleva a cabo y de la potencialidad de la tecnología empleada. Estas cuestiones no son responsabilidad de los trabajadores sino de los empresarios. Depende de sus decisiones de inversión.

La gran pregunta es con cuál modelo económico-social se alcanza un progresivo, genuino y estable aumento de la productividad real de la economía. Aquélla que no facilita competitividad espuria, sino efectiva. Esa productividad es la que proviene de la Inversión.

 

 

La alternativa es entre bajar el salario y, por lo tanto, incrementar la tasa de ganancia, o aumentar el salario, ensanchando el tamaño del mercado interno y, así, con una menor tasa de ganancia, mantener un nivel de beneficios importante por la dimensión de la masa de ganancias. Es una elección de política fundamental, porque la respuesta a esta pregunta arroja claridad respecto a si la inversión empresarial se relaciona más con el nivel de demanda de la economía o con la tasa de beneficio.

 

 

Para el gran empresariado argentino esta reflexión adquiere una vuelta más de complejidad en la época de la financiarización. Las organizaciones empresariales han hecho ya su elección. Promueven salarios bajos, poca intervención estatal, flexibilización laboral, tipo de cambio alto y liberalismo económico. Sin embargo se observa que la tasa de inversión en los períodos en que ha regido este tipo de política ha sido más que modesta, la reprimarización de la economía intensa y el crecimiento del producto nulo o descendente, como ocurrió en el período de Macri.

El fenómeno que explica la relación entre el entusiasmo liberalizador y los magros resultados en diversificación productiva, crecimiento y competitividad debe encontrarse en la financiarización de ese empresariado. Sería inexplicable, si no, por qué la UIA en su último documento-powerpoint ha solicitado, en un momento más que inadecuado, la liberalización progresiva del mercado de cambios. El comportamiento del gran empresariado es la obtención de un volumen de ganancias relativamente importante en el corto plazo, para su dolarización, especulación financiera y el destino de buena parte de ellas a la fuga de capitales y constitución de activos externos. Los grandes empresarios no constituyen una burguesía nacional, con la perspectiva de mediano plazo puesta en construir un mercado interno poderoso. El tipo de cambio Gerchunoff les viene como anillo al dedo. Su presencia en la economía argentina está fuertemente atada al endeudamiento externo para la fuga.

 

 

La cuestión de la igualdad

Pero hay una cuestión adicional que radica en la contradicción de esa macroeconomía y proyecto de país con el objetivo central de esta etapa histórica para una Argentina desarrollada y autónoma. Es la cuestión de la igualdad. De la cual la distribución del ingreso es fundamental. Tanto la funcional (entre propietarios de medios de producción y asalariados) como la personal (entre los deciles pobres, medios y ricos de la población). Esta etapa histórica de nuestro país, que eligió un gobierno democrático, nacional y popular, no podrá ofrecer crecimiento –por lo menos hasta que la pandemia y sus efectos posteriores se retiren—, ni de la producción, ni de las exportaciones. ¿Qué puede resolver hoy, entonces, un gobierno de ese carácter? Más igualdad. Reducir la miseria. Reestructurar el diseño productivo. ¿Se trata simplemente de redistribuir ingresos y riqueza? No sólo. Eso mejorará algunas condiciones de vida, pero para otras hay que cambiar la matriz productiva. Esta ya no habrá de tener el perfil para atender el sobreconsumo de los sectores medios altos y altos, sino que deberá ser mucho más rica en bienes públicos (aquéllos cuyo uso es para todos: plazas, transporte público, infraestructura recreativa gratuita y/o accesible, acceso a la cultura, y en general todos los servicios que atienden al respeto de los derechos humanos).

Ese cambio de estructura productiva cambiará la demanda. Ya no habrá tantos bienes y servicios novedosos con insumos importados abundantes –como los automóviles  o equipos electrónicos de alta gama— para la demanda de los sectores de altos ingresos. En cambio habrá más bienes y servicios para los masivos sectores populares. La nueva estructura productiva impondrá una nueva distribución del ingreso. Y esa estructura productiva no será un efecto de la financiarización que desnacionaliza la vida nacional. Más bien será el resultado de decisión democrática del pueblo. Para lo cual se requerirá una gran inversión en ciencia y tecnología. Esta perspectiva nos remite al espíritu más vigente que nunca de Oscar Varsavsky, respecto a sus pensamientos en tecnología quien en su texto Estilos Tecnológicos reflexionaba: “Nuestro punto de partida es que a pesar de esa base innegable y a pesar de las cosas interesantes que cada año tiene para ofrecernos, ese ‘estilo tecnológico’ de los países dominantes tiene demasiado de mito. No es el único posible ni el más adecuado para construir una sociedad nueva y mejor. No puede ser rechazado en bloque pero menos aún aceptado en bloque, tanto en sus resultados como en sus métodos y modalidades. Tampoco alcanza con la actitud del comprador inteligente, que elige lo que le conviene: cuando empezamos planteando nuestros propios objetivos, encontramos que esa tecnología no tiene respuesta para muchísimos de los problemas prácticos que esos objetivos nos obligan a resolver, y debemos entonces adoptar una decidida actitud creativa y construir nuestro propio estilo tecnológico”.

Estas miradas sobre las cuestiones distributivas, de autonomía tecnológica y de perfil productivo no imaginan que un cambio estructural para la construcción de un modelo nacional y popular haya de provenir de un decisión burocrático-estatal sino que, como afirma Martín Abeles en el número extraordinario por el 40 aniversario de la revista FIDE, dependerá de “la existencia o no de un actor social capaz de orientar en esa dirección. En ese sentido, el problema no pasa por la conformación de una agenda estatal y un equipo de gobierno esclarecido en materia de desarrollo industrial y tecnológico, sino por la demanda de un cambio estructural proveniente de los actores sociales”. Frente a la resistencia a la intervención pública que se ha expresado por parte de los sectores defensores del viejo régimen prepandemia, se evidencia la necesidad de fortalecer una creciente organización política de las mayorías populares que necesitan y desean un cambio que las favorezca y para el cual el papel del Estado resulta fundamental, como ha quedado demostrado en las circunstancias del drama actual que vivimos.

26Jul/200

JUGAR CON FUEGO

Publicado por admin

El sistema financiero chino se abre por completo debido a la presión de Estados Unidos

Hace pocos meses los chinos habían informado sus planes para introducir una “Moneda Digital” (El Cohete, 24.05.2020). Ahora dejan trascender el proyecto de crear bancos de inversión “del tamaño de portaaviones”. Hasta el momento el sector financiero chino está dominado por instituciones bancarias estatales. Tanto el People Bank of China (su banco central) como los bancos comerciales Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB), Agricultural Bank of China (ABC), y Bank of China (BOC), son estatales y dominan ampliamente la escena. ¿Cuál es la razón para desarrollar bancos de inversión y cuál la diferencia con los bancos comerciales?

 

 

La ley Glass-Steagal de Roosevelt

La separación entre bancos de inversión y bancos comerciales se produce en 1933 por la promulgación de la Ley Glass-Steagal, para evitar los excesos de especulación que llevaron a la crisis de 1929.

Desde 1922 los bancos norteamericanos invertían frenéticamente en el mercado de valores, contribuyendo a una exuberancia irracional en su valor, con crecientes apalancamientos de compras. Cuando el mercado de valores se derrumbó en octubre de 1929, los depositantes en tropel quisieron retirar sus fondos. También pidieron oro a cambio del dinero, casi agotando la Reserva Federal. En el pánico bancario que siguió al crack de la bolsa de Wall Street quebraron más de 4.000 bancos. No sólo quebraron los bancos insolventes que se habían apalancado en los ahorros de sus clientes comerciales sino también muchos prudentes bancos que no soportaron los súbitos retiros de depósitos.

En marzo de 1933, el nuevo Presidente Roosevelt declaró un feriado bancario de cuatro días para dictar la ley conocida como Glass-Steagal, que eliminó la convertibilidad del dólar en oro, prohibió a los bancos comerciales hacer operaciones riesgosas en el mercado de valores bursátiles, vedó a los bancos de inversión tener participación mayoritaria en los bancos comerciales, obligó a encontrar fuentes de fondos separadas de los depositantes comerciales, prohibió a los funcionarios bancarios pedir préstamos excesivos de su propio banco y dio plazo de un año para decidir si se convertirían en bancos de inversión o comerciales. La ley había creado un muro anti-incendio entre ambas bancas, con el propósito de defender los ahorros que los ciudadanos depositaban en los bancos comerciales, los que pasaron a tener una garantía estatal hasta cierto monto. Cuando los bancos reabrieron tras el largo feriado bancario, la corrida había cesado y a poco comenzaba la recuperación con el conjunto de medidas del New Deal. El capital financiero fue relegado y se mantendría debilitado y en un segundo plano por varias décadas.

A partir de Reagan se comienzan a relajar las medidas de regulación financiera y en 1999, bajo Clinton, se deroga formalmente la ya no respetada ley Glass-Steagal, produciendo una nueva y creciente exuberancia especulativa que tuvo su mayor expresión en 2008 con la crisis de las hipotecas basura o sub-prime.

Los bancos e instituciones “de inversión” se ocupan de las finanzas corporativas y los fondos líquidos de personas muy acaudaladas, clientes que no se contentan con las tasas de interés ofrecidas por los bancos comerciales y asumen mayores riesgos. Sus principales operaciones son suscripción de emisión de valores, fusiones y adquisiciones, negocios de futuros, fondos mutuos, fondos de cobertura (hedge funds) y similares. Las compras apalancadas y el abuso de los derivados financieros han reiterado, una y otra vez, las corridas especulativas que la ley de 1933 evitó por muchos años.

China ha tenido especulaciones financieras que derivaron en caídas importantes de sus bolsas a mediados de 2015 y modificaciones reglamentarias posteriores llevaron a un esquema de separación similar a la ley norteamericana de 1933. ¿Por qué ahora quieren modificar sus propias restricciones a la banca de inversión? ¿Cómo proponen llevar adelante esta etapa de financiarización del sector?

La principal razón es la letra chica de los acuerdos parciales (Etapa 1) acordados bajo la implacable presión de Estados Unidos, por la que se comprometen a abrir totalmente el mercado de capitales antes de fin de 2020. De estos acuerdos han trascendido en  la Argentina el compromiso de mayores compras de soja a Estados Unidos, pero hay otros que indican la magnitud de la presión de Estados Unidos y la debilidad relativa de China. La apertura financiera es una de ellas.

Para contrarrestar el ingreso de bancos de inversión internacionales los chinos están diseñando instrumentos que le permitan tener el lugar ocupado con “campeones nacionales” para cuando aquellos entren en escena. Una pista de los cambios se puede rastrear en la creación de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China (CBIRC) en 2018 o en la repetición en la prensa de la necesidad de estudiar los “bancos universales”, palabras en código para anticipar la movida por think tanks representantes de la fracción más pro-mercado dentro del PCCh.

Recientemente el semanario financiero chino Caixin Weekly informó que la CBIRC daría licencia a algunos bancos comerciales para realizar operaciones propias de la banca de inversión, para canalizar los excedentes de corporaciones y los nuevos ricos que el desarrollo vertiginoso de China ha creado en estos años. De acuerdo a la probada táctica china de ensayo y error, las autoridades están pensando en comenzar un plan piloto, como el que se lleva a cabo con la moneda digital.

Las aseguradoras y bancos chinos son de los más grandes del mundo pero sus instituciones para el manejo de bolsa son pequeñas a escala mundial. Las operaciones de Goldman Sachs igualan al conjunto de los más de 130 corredores chinos, según China Securities Journal.

Hasta ahora el banco candidato para la etapa piloto es el estatal ICBC, el banco comercial más grande del mundo. Hay dos empresas estatales (SOEs por sus siglas en inglés) que se anotan para banca de inversión: Citic Group (no confundir con el Citigroup americano) y Everbright Group.

Citic Group controla el Citic Bank, con un valor de mercado equivalente a U$D 31,2 miles de millones. La posible fusión con otros corredores llevaría el valor del grupo por sobre los U$D 82.000 millones.

La bolsa de Shanghai, la más importante del país y una de las principales del mundo, ha sido testigo del incremento del valor de las acciones de Citic y Everbright, en una anticipada especulación que formarían parte del “portaaviones” que ya descuenta el mercado de valores chino. La cotización total de las acciones chinas han subido recientemente a U$D 9,7 billones (trillions), casi el nivel máximo obtenido en junio de 2015 de U$D 10 billones (trillions). La bolsa de Shanghai exhibe cotizaciones muy elevadas a pesar del deterioro de sus bases fundamentales (“fundamentals”) por la pandemia. Al igual que en las bolsas de Estados Unidos por otras razones, son conductas alimentadas por actores que pueden llegar a desestabilizar el modelo de crecimiento sin crisis durante cuarenta años.

 

 

La industria financiera

¿Qué es la “industria financiera”, como gustan llamarla los norteamericanos? Es el nombre que le han puesto al capital financiero para embellecer su función, legalizándola como “creadora de valor” y pretendiendo contribuir con sus “innovaciones” al crecimiento del PBI. Los grandes salarios de los ejecutivos financieros, como las fabulosas ganancias del sector, por arriba de la tasa de ganancias del sector industrial en su conjunto, serían la representación “correcta” de las “extraordinarias” contribuciones del mismo al crecimiento nacional. Sin embargo la desviación de los excedentes hacia esquemas financieros en vez de inversión productiva ha coincidido con una reducción de la tasa de crecimiento respecto al período de posguerra. Keynes distinguió las esferas financieras e industriales de la economía de una manera similar a como podríamos actualmente separar la economía de activos de la economía real. La propuesta de Keynes de practicar la eutanasia del rentista no fue una idea de mera crítica frente a la crisis que éstos habían provocado en 1929 sino una denuncia de su carácter parasitario y dañino.

La inconvertibilidad del dólar en 1971 y el crecimiento del capital financiero fueron madurando las condiciones para la desregulación financiera que caracteriza al neoliberalismo. De ser ayuda del ciclo productivo el capital financiero ha pasado a ser su control. El capital financiero, como dinero que crea más dinero sin otra intervención que el tiempo, es mistificación y ocultamiento del proceso social de la generación de valor por los distintos tipos de trabajo en la esfera productiva.

Con el retorno de la hegemonía del capital financiero sobre el resto de las fracciones del capital en los años ’80 ese capital ficticio ha venido creciendo en forma alarmante. Se ha producido un florecimiento de nuevos instrumentos (derivados y otros) que en forma parasitaria extraen el excedente de explotación de otros sectores. El aumento de las ganancias financieras y su apropiación de la esfera real es paralelo al aumento de las representaciones de lo financiero sobre la economía real. En 1980 la liquidez internacional ascendía a casi el 70% de PBI Mundial , para empinarse hasta casi el 160 % en 2016 y ubicarse en el 140 % en 2019 (Michael Howell. Capital Wars. 2020). Una masa creciente de “capital ficticio”, grandes esquemas de Ponzi, que cada tanto son violentamente devaluados por crisis periódicas de realización.

Hay actividades financieras de inversión —por ejemplo la suscripción de emisión de valores— necesarias para canalizar los ahorros de empresas y particulares a nuevos emprendimientos reales o expansión de los actuales. Es el financiamiento de la actividad real, la producción de bienes y servicios. Mientras esa necesidad se cumple como una función para el desarrollo social y económico el costo de esas instituciones financieras justifica su existencia. Hasta ahora el sistema bancario chino ha canalizado ahorros hacia una elevada tasa de inversión, fruto de los elevados ahorros familiares y de las empresas.

 

 

 

Inversión/Producto Bruto Tasa Promedio 1980 – 2019

 

 

 

China está jugando con fuego al concebir voltear la muralla que dividía la banca comercial de la más especulativa y desestabilizante banca de inversión, aun de poca dimensión en ese país. Hasta ahora había logrado un recorrido de cuarenta años sin caída del nivel de actividad general, y fuera de la actual —producida por las necesarias cuarentenas para dominar el coronavirus— nunca tuvo una caída anual de su PBI. Inclusive puede que a pesar de la pandemia cierre el año en valores positivos, con alguna ayuda cosmética en el crecimiento oficial del 3,2 % de su PBI en el segundo trimestre de este año.

El cambio de política financiera será el resultado de la presión de Estados Unidos para que abra su economía al capital financiero internacional, del que son los principales exponentes junto a Gran Bretaña. Una de las principales diferencias entre el capitalismo de Estado chino y el capitalismo neoliberal es que el capital financiero está controlado por el Estado. El ingreso de las instituciones internacionales disminuye ese poder. Las alas dentro del gobierno chino (pro libre mercado e intervencionista) luchan por imponer qué tipo de control y con que instituciones podrán enfrentar a los pesos pesados occidentales entrando en la ciudadela de su poder financiero. En las reglamentaciones que aparezcan en los próximos meses quizá podamos imaginar el peso relativo de cada sector.

Si la apertura financiera china multiplica las actividades financieras al estilo de Occidente –donde el centro se corre del financiamiento de inversiones reales a esquemas de especulación financiera—, corre el peligro que el centro de las decisiones pase al capital financiero, aumentando la especulación de valores en desmedro de la inversión real en medios de producción, infraestructura, etc. El florecimiento de las nuevas instituciones, estatales o extranjeras, reduciría el desarrollo en beneficio de una fracción parasitaria. Los negocios del pináculo de la riqueza china —en un país muy desigual con ricos muy ricos aunque cada vez haya menos pobres– pasarían a ser más importantes que el Estado que los hizo nacer y crecer, y lo controlarían. Si las nuevas instituciones y las reglamentaciones no limitan en los hechos la participación de instrumentos de inversión internacionales el juego será doblemente riesgoso. Ese es el peligro que la fracción dirigente del PCCh parece querer evitar.

Las tres esferas que China trata de impulsar en esta etapa son el desarrollo tecnológico, el poderío de su defensa militar y el sendero de desarrollo de su economía, procurando evitar un conflicto armado con Estados Unidos o sus aliados. La pandemia ha trastocado sus planes y los del resto del mundo también. Al ser el primer país importante que la está superando se le abren oportunidades para desplegar sus fuerzas productivas antes que el resto y reparar los enormes costos incurridos. La introducción de la gran banca de inversión siembra dudas sobre el cumplimiento cabal de algunos senderos independientes de expansión.

Este es el escenario que se irá desarrollando en los años por venir, configurando el mundo que influirá sobre las posibilidades de muchos países, entre ellos la Argentina, para retomar senderos de expansión. Los dados están rodando.

26Jul/200

ATRACCIÓN FATAL

Publicado por admin

Desde el remoto 1968, el programa del 1° de mayo interpela a la CGT de hoy

La AEA es una especie de club social de los empresarios más ricos y poderosos del país. No tiene un mecanismo que formalice representaciones como, por ejemplo, existe en la UIA. Sus opiniones son emanadas desde los que se auto-consideran el poder económico del país. En la semana transcurrida ese club del poder económico mantuvo una reunión con parte de los dirigentes de la CGT, en función de intercambiar ideas para un consenso social. Una de las coincidencias reconocidas como fruto de la reunión fue «la necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía”. En momentos en que el gobierno nacional se plantea el objetivo de una reforma tributaria en pos de establecer un sistema impositivo progresivo que reemplace el regresivo hoy vigente, los dirigentes sindicales y los grandes empresarios acuerdan en la necesidad de reducir el peso de la recaudación sobre el PBI. Este es un objetivo del neoliberalismo, un elemento central del discurso de la ortodoxia económica. Es un planteo, típico de la década de los ’90, que supone equivocada y aviesamente que la baja de impuestos estimula la inversión. Sin embargo, ensayos no faltaron para poner en práctica políticas de este carácter que nunca arrojaron resultados positivos. La reunión no concluyó, porque tampoco incluyó nada respecto del impuesto a las grandes fortunas. Una medida imprescindible que está en el umbral del parlamento y es resistida por los que más tienen.

En la supuesta conveniencia de semejante reunión, esta no hubiera sido para cincidir con Bulgheroni, Galperín, Paolo Rocca, Pérez Companc y Luis Pagani una falsa necesidad de reducir impuestos, sobre todo los que pesan sobre ese empresariado concentrado. Los mencionados participantes de la mesa por Zoom son parte de las diez familias más ricas de la Argentina. Tal vez la charla hubiera sido productiva si los sindicalistas participantes hubieran compelido públicamente a los multimillonarios a abonar ese impuesto. No fue ese el objetivo, sino no más bien un espíritu inverso.

Daer, Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Lingieri y Caló no se juntaron con las organizaciones de pymes, sufrientes por la pandemia y necesitadas del apoyo estatal. Lo hicieron con los grandes empresarios transnacionalizados, entre los cuales –según la reciente publicación de Forbes—, estaban los cinco multimillonarios más ricos de Argentina..

En ese desafortunado encuentro, en lugar de exigirles a los que han concentrado fortunas inmensas en los años de estancamiento de la Argentina que se avengan a contribuir con la grave situación que la pandemia provocó, les concedieron el marco para que reclamen por menos impuestos. Cuando se habla de reforma tributaria y más igualdad, esos dirigentes sindicales y aristócratas patronales piden pagar menos. Y los sindicalistas concurrentes escuchan y avalan.

Entre los cinco multimillonarios, junto a otros presentes en el cónclave digital, participaron varios de los que figuraban en los listados de fugadores de capitales publicados por Horacio Verbitsky  —con fuente en  la investigación sobre fuga de capitales del Banco Central—, incluyendo a algunos que lo hicieron personalmente y a otros que procedieron a través de sus empresas. Paradojas de la historia, toda la deuda que se renegocia ahora financió la fuga durante el período de Macri. Muchos de los asistentes fueron actores no menores de aquella. También habitan en el grupo quienes hoy son tenedores directos o indirectos de títulos de la deuda y ahora reclaman por un entendimiento para arreglar con los acreedores –de los cuales son parte— y claman evitar el default porque quieren cobrar y bien. El sindicalismo conservador ni siquiera observa un tono de exigencia para que los acreedores se avengan a la aceptación de una oferta del gobierno nacional, mucho más que razonable para los tenedores de bonos. Lo afirmado en el encuentro más bien pinta a una presión sobre el gobierno nacional para que arregle de cualquier manera.

En la peor circunstancia del despliegue de la peste, Héctor Daer se pronunció respecto a que no era momento para continuar con el parate económico. Un discurso inverso al que privilegia a la salud, con palabras expresadas en la semana en que los casos de coronavirus escalaron.

La otra generalidad planteada en la reunión se refirió a bregar por el aumento de la producción y las exportaciones, Ninguna referencia a cambios en la estructura productiva, a diversificación de su matriz. Pero tampoco a la recuperación salarial, mermada por las quitas producidas por las decisiones empresariales durante la pandemia, cuando tampoco se respetaron las leyes antidespido sancionadas por el gobierno nacional. Ni se habló de humanismo, ni de reducción de la desigualdad, ni de la urgencia de resolver la pobreza.

En cambio ocupó un lugar la conversación sobre «el rol de las empresas privadas y sus cadenas de valor en el desarrollo y la necesidad de emerger de la actual crisis». La evidencia, en cambio, muestra que el Estado fue el único actor que protagonizó las acciones necesarias para mitigar los daños producidos por el virus. Mientras los miembros del club AEA fueron perceptores de subsidios y actores de campañas contra el pago del impuesto a las fortunas. Precisamente Clarín es un conglomerado empresario hegemónico en la Asociación Empresaria Argentina y protagonizó un rol opositor durante la grave y excepcional situación que vivimos.

La historia del movimiento sindical y de los trabajadores argentinos tiene hitos de signo inverso al de los integrantes de la cúpula sindical que se reunieron con el vértice más poderoso de los capitalistas de la financiarización. Siendo los momentos históricos de orden distinto, cabe reseñar programas y momentos ejemplares que la historia nunca hunde definitivamente, sino que habitan en la cultura, en la memoria, con potencialidad de resurgir.

En 1957, el programa de La Falda del movimiento obrero promovía, entre otras prioridades:

  1. Control estatal del comercio exterior sobre las bases de la forma de un monopolio estatal.
  2. Liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exportación.
  3. Política de alto consumo interno; altos salarios, mayor producción para el país con sentido nacional.
  4. Desarrollo de la industria liviana adecuada a las necesidades del país.
  5. Incremento de una política económica tendiente a lograr la consolidación de la industria pesada, base de cualquier desarrollo futuro.
  6. Política energética nacional; para ello se hace indispensable la nacionalización de las fuentes naturales de energía y su explotación en función de las necesidades del desarrollo del país.

Para entender la orientación no se requiere la adhesión literal a la puntuación, pero la lectura es valiosa para una reelaboración capaz de conservar el sentido de lo postulado a pesar del cambio epocal. No es ese el sentido que habita en el señor Acuña.

El 1° de mayo de 1968, en su escrito programático, la CGT  de los Argentinos convocaba “a los empresarios nacionales para que abandonen la suicida política de sumisión a un sistema cuyas primeras víctimas resultan ellos mismos. Los monopolios no perdonan, los bancos extranjeros no perdonan, la entrega no admite exclusiones ni favores personales. Lealmente les decimos: fábrica por fábrica los hemos de combatir en defensa de nuestras conquistas avasalladas, pero con el mismo vigor apoyaremos cada empresa nacional enfrentada con una empresa extranjera. Ustedes eligen sus alianzas: que no tengan que llorar por ellas”. Aquí el sentido brota por todas partes. Un texto de valor actual, impecable “Ustedes eligen sus alianzas: que no tengan que llorar por ellas».

En 1986, en el programa de la CGT de 26 puntos, sobresalían la reivindicación de reformas aun no resueltas: “Colocar el sistema financiero al servicio del país mediante un Banco Central que actúe como orientador del crédito, privilegiando las actividades productivas, a través de una ley de entidades financieras de prioritario tratamiento por el Congreso de la Nación para poner coto a un sistema financiero dirigido aun por la ley 21526, de la dictadura, que desestabilizó a todo el sistema productivo a través de la especulación y concentración del crédito”.

Pero las referencias a un movimiento obrero de orden diferente no sólo late en la posibilidad histórica, sino que resuena en conductas, ideas y escritos actuales.

En el documento de la Juventud Trabajadora de la CTA se reivindica que “el Estado debe intervenir en la política económica como agente regulador, en defensa del interés colectivo, nacional… apoyamos la intervención de Vicentin e incentivamos al gobierno a profundizar la regulación sobre el mercado cerealero”. “Es imprescindible avanzar en una reforma tributaria que modifique el marcado signo regresivo del actual sistema. En esa línea, no puede demorarse más el tratamiento parlamentario del tributo a las grandes fortunas. A su vez, es saludable que el gobierno nacional esté evaluando la implementación de un ingreso ciudadano universal”.

También La Corriente Federal de los trabajadores plantea que “los Estados Nacionales constituyen la única posibilidad de respuesta organizada a la pandemia y la crisis, aún con años de sufrir ‘la deconstrucción’ de casi medio siglo de políticas neoliberales. Esta realidad viene a confirmar lo que ya sabíamos: la necesidad de importantes e impostergables reformas del propio Estado, de la matriz productiva, de los sistemas tributario y financiero, de los servicios públicos, de la seguridad social –salud y previsión–, sin olvidar la promoción de un nuevo paradigma empresario para que la economía esté al servicio del hombre”.

Sostener la situación de gravísima pandemia que vivimos hoy y organizar el futuro post pandemia exige tres grandes transformaciones de la vida nacional, que no pueden ser sólo de economía sino que obligatoriamente abrevan en la economía política:

  • Una vía de profunda y radical redistribución del ingreso y la riqueza, que reduzca la desigualdad, amplíe la demanda de los sectores populares y garantice la participación popular,
  • Un fuerte aumento de la inversión en ciencia y tecnología que apoye un perfil de desarrollo autónomo y garantice una progresiva ruptura de la dependencia en estos vitales insumos.
  • Pensar un sendero que no se reduzca a un cierre imposible de la brecha con el mundo central, sino que se aplique a una imagen-objetivo de país de carácter propio y autónomo, readaptar el estilo de consumo y la orientación productiva con fuertes tonos culturales que permitan la toma de distancia con las lógicas, vicios y degradaciones de la financiarización.

Estos presupuestos implican elecciones de las alianzas, tal como se lee en documento del 1° de mayo de 1968. En esa lectura el signo de las conversaciones de Daer, Acuña y Cía, resulta necesario advertir, conduce al llanto. El encuentro con la AEA es un lugar inconveniente para los dirigentes sindicales. La AEA es el club empresario que sucedió al CEA, donde Martínez de Hoz abrevó, a la vez que inculcó, el pregón neoliberal que se estableció por décadas, llevado a los hechos en los años de reconversiones regresivas sociales y económicas durante el terrorismo de Estado

Desde el remoto 1968, el programa del 1° de mayo interpela a la CGT de hoy

Estamos transcurriendo el peor momento de la pandemia. La cantidad de muertos, infectados y la ocupación de los establecimientos de salud están en pleno ascenso. Cuando el Covid-19 apareció en la Argentina hubo opiniones mayoritarias que defendieron las políticas públicas de cuarentena, enfrentando a quienes actuaban en defensa de la continuidad de sus ganancias y la reproducción permanente del sistema de financiarización en el país. Porque estos últimos combatían las disposiciones de aislamiento social. En esa instancia, cuando habían quedado al desnudo, y no sólo en el país, las desigualdades y la defección de los gobiernos neoliberales en la protección de la salud y otros derechos humanos fundamentales, el Presidente reivindicó la necesidad de construir un mundo mejor, con más igualdad, reducción del consumismo y atendiendo a los valores de la solidaridad. Primero la vida, fue la consigna con la que defendió con firmeza la reducción del nivel de producción con el fin de salvar vidas humanas. La Asociación Empresaria Argentina fue una de las voces que más rápido manifestó preocupaciones respecto de la supuesta necesidad de restauración de las condiciones que permitan la continuidad de la acumulación de ganancias.

La AEA es una especie de club social de los empresarios más ricos y poderosos del país. No tiene un mecanismo que formalice representaciones como, por ejemplo, existe en la UIA. Sus opiniones son emanadas desde los que se auto-consideran el poder económico del país. En la semana transcurrida ese club del poder económico mantuvo una reunión con parte de los dirigentes de la CGT, en función de intercambiar ideas para un consenso social. Una de las coincidencias reconocidas como fruto de la reunión fue «la necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía”. En momentos en que el gobierno nacional se plantea el objetivo de una reforma tributaria en pos de establecer un sistema impositivo progresivo que reemplace el regresivo hoy vigente, los dirigentes sindicales y los grandes empresarios acuerdan en la necesidad de reducir el peso de la recaudación sobre el PBI. Este es un objetivo del neoliberalismo, un elemento central del discurso de la ortodoxia económica. Es un planteo, típico de la década de los ’90, que supone equivocada y aviesamente que la baja de impuestos estimula la inversión. Sin embargo, ensayos no faltaron para poner en práctica políticas de este carácter que nunca arrojaron resultados positivos. La reunión no concluyó, porque tampoco incluyó nada respecto del impuesto a las grandes fortunas. Una medida imprescindible que está en el umbral del parlamento y es resistida por los que más tienen.

En la supuesta conveniencia de semejante reunión, esta no hubiera sido para cincidir con Bulgheroni, Galperín, Paolo Rocca, Pérez Companc y Luis Pagani una falsa necesidad de reducir impuestos, sobre todo los que pesan sobre ese empresariado concentrado. Los mencionados participantes de la mesa por Zoom son parte de las diez familias más ricas de la Argentina. Tal vez la charla hubiera sido productiva si los sindicalistas participantes hubieran compelido públicamente a los multimillonarios a abonar ese impuesto. No fue ese el objetivo, sino no más bien un espíritu inverso.

Daer, Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Lingieri y Caló no se juntaron con las organizaciones de pymes, sufrientes por la pandemia y necesitadas del apoyo estatal. Lo hicieron con los grandes empresarios transnacionalizados, entre los cuales –según la reciente publicación de Forbes—, estaban los cinco multimillonarios más ricos de Argentina..

En ese desafortunado encuentro, en lugar de exigirles a los que han concentrado fortunas inmensas en los años de estancamiento de la Argentina que se avengan a contribuir con la grave situación que la pandemia provocó, les concedieron el marco para que reclamen por menos impuestos. Cuando se habla de reforma tributaria y más igualdad, esos dirigentes sindicales y aristócratas patronales piden pagar menos. Y los sindicalistas concurrentes escuchan y avalan.

Entre los cinco multimillonarios, junto a otros presentes en el cónclave digital, participaron varios de los que figuraban en los listados de fugadores de capitales publicados por Horacio Verbitsky  —con fuente en  la investigación sobre fuga de capitales del Banco Central—, incluyendo a algunos que lo hicieron personalmente y a otros que procedieron a través de sus empresas. Paradojas de la historia, toda la deuda que se renegocia ahora financió la fuga durante el período de Macri. Muchos de los asistentes fueron actores no menores de aquella. También habitan en el grupo quienes hoy son tenedores directos o indirectos de títulos de la deuda y ahora reclaman por un entendimiento para arreglar con los acreedores –de los cuales son parte— y claman evitar el default porque quieren cobrar y bien. El sindicalismo conservador ni siquiera observa un tono de exigencia para que los acreedores se avengan a la aceptación de una oferta del gobierno nacional, mucho más que razonable para los tenedores de bonos. Lo afirmado en el encuentro más bien pinta a una presión sobre el gobierno nacional para que arregle de cualquier manera.

En la peor circunstancia del despliegue de la peste, Héctor Daer se pronunció respecto a que no era momento para continuar con el parate económico. Un discurso inverso al que privilegia a la salud, con palabras expresadas en la semana en que los casos de coronavirus escalaron.

La otra generalidad planteada en la reunión se refirió a bregar por el aumento de la producción y las exportaciones, Ninguna referencia a cambios en la estructura productiva, a diversificación de su matriz. Pero tampoco a la recuperación salarial, mermada por las quitas producidas por las decisiones empresariales durante la pandemia, cuando tampoco se respetaron las leyes antidespido sancionadas por el gobierno nacional. Ni se habló de humanismo, ni de reducción de la desigualdad, ni de la urgencia de resolver la pobreza.

En cambio ocupó un lugar la conversación sobre «el rol de las empresas privadas y sus cadenas de valor en el desarrollo y la necesidad de emerger de la actual crisis». La evidencia, en cambio, muestra que el Estado fue el único actor que protagonizó las acciones necesarias para mitigar los daños producidos por el virus. Mientras los miembros del club AEA fueron perceptores de subsidios y actores de campañas contra el pago del impuesto a las fortunas. Precisamente Clarín es un conglomerado empresario hegemónico en la Asociación Empresaria Argentina y protagonizó un rol opositor durante la grave y excepcional situación que vivimos.

La historia del movimiento sindical y de los trabajadores argentinos tiene hitos de signo inverso al de los integrantes de la cúpula sindical que se reunieron con el vértice más poderoso de los capitalistas de la financiarización. Siendo los momentos históricos de orden distinto, cabe reseñar programas y momentos ejemplares que la historia nunca hunde definitivamente, sino que habitan en la cultura, en la memoria, con potencialidad de resurgir.

En 1957, el programa de La Falda del movimiento obrero promovía, entre otras prioridades:

  1. Control estatal del comercio exterior sobre las bases de la forma de un monopolio estatal.
  2. Liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exportación.
  3. Política de alto consumo interno; altos salarios, mayor producción para el país con sentido nacional.
  4. Desarrollo de la industria liviana adecuada a las necesidades del país.
  5. Incremento de una política económica tendiente a lograr la consolidación de la industria pesada, base de cualquier desarrollo futuro.
  6. Política energética nacional; para ello se hace indispensable la nacionalización de las fuentes naturales de energía y su explotación en función de las necesidades del desarrollo del país.

Para entender la orientación no se requiere la adhesión literal a la puntuación, pero la lectura es valiosa para una reelaboración capaz de conservar el sentido de lo postulado a pesar del cambio epocal. No es ese el sentido que habita en el señor Acuña.

El 1° de mayo de 1968, en su escrito programático, la CGT  de los Argentinos convocaba “a los empresarios nacionales para que abandonen la suicida política de sumisión a un sistema cuyas primeras víctimas resultan ellos mismos. Los monopolios no perdonan, los bancos extranjeros no perdonan, la entrega no admite exclusiones ni favores personales. Lealmente les decimos: fábrica por fábrica los hemos de combatir en defensa de nuestras conquistas avasalladas, pero con el mismo vigor apoyaremos cada empresa nacional enfrentada con una empresa extranjera. Ustedes eligen sus alianzas: que no tengan que llorar por ellas”. Aquí el sentido brota por todas partes. Un texto de valor actual, impecable “Ustedes eligen sus alianzas: que no tengan que llorar por ellas».

En 1986, en el programa de la CGT de 26 puntos, sobresalían la reivindicación de reformas aun no resueltas: “Colocar el sistema financiero al servicio del país mediante un Banco Central que actúe como orientador del crédito, privilegiando las actividades productivas, a través de una ley de entidades financieras de prioritario tratamiento por el Congreso de la Nación para poner coto a un sistema financiero dirigido aun por la ley 21526, de la dictadura, que desestabilizó a todo el sistema productivo a través de la especulación y concentración del crédito”.

Pero las referencias a un movimiento obrero de orden diferente no sólo late en la posibilidad histórica, sino que resuena en conductas, ideas y escritos actuales.

En el documento de la Juventud Trabajadora de la CTA se reivindica que “el Estado debe intervenir en la política económica como agente regulador, en defensa del interés colectivo, nacional… apoyamos la intervención de Vicentin e incentivamos al gobierno a profundizar la regulación sobre el mercado cerealero”. “Es imprescindible avanzar en una reforma tributaria que modifique el marcado signo regresivo del actual sistema. En esa línea, no puede demorarse más el tratamiento parlamentario del tributo a las grandes fortunas. A su vez, es saludable que el gobierno nacional esté evaluando la implementación de un ingreso ciudadano universal”.

También La Corriente Federal de los trabajadores plantea que “los Estados Nacionales constituyen la única posibilidad de respuesta organizada a la pandemia y la crisis, aún con años de sufrir ‘la deconstrucción’ de casi medio siglo de políticas neoliberales. Esta realidad viene a confirmar lo que ya sabíamos: la necesidad de importantes e impostergables reformas del propio Estado, de la matriz productiva, de los sistemas tributario y financiero, de los servicios públicos, de la seguridad social –salud y previsión–, sin olvidar la promoción de un nuevo paradigma empresario para que la economía esté al servicio del hombre”.

Sostener la situación de gravísima pandemia que vivimos hoy y organizar el futuro post pandemia exige tres grandes transformaciones de la vida nacional, que no pueden ser sólo de economía sino que obligatoriamente abrevan en la economía política:

  • Una vía de profunda y radical redistribución del ingreso y la riqueza, que reduzca la desigualdad, amplíe la demanda de los sectores populares y garantice la participación popular,
  • Un fuerte aumento de la inversión en ciencia y tecnología que apoye un perfil de desarrollo autónomo y garantice una progresiva ruptura de la dependencia en estos vitales insumos.
  • Pensar un sendero que no se reduzca a un cierre imposible de la brecha con el mundo central, sino que se aplique a una imagen-objetivo de país de carácter propio y autónomo, readaptar el estilo de consumo y la orientación productiva con fuertes tonos culturales que permitan la toma de distancia con las lógicas, vicios y degradaciones de la financiarización.

Estos presupuestos implican elecciones de las alianzas, tal como se lee en documento del 1° de mayo de 1968. En esa lectura el signo de las conversaciones de Daer, Acuña y Cía, resulta necesario advertir, conduce al llanto. El encuentro con la AEA es un lugar inconveniente para los dirigentes sindicales. La AEA es el club empresario que sucedió al CEA, donde Martínez de Hoz abrevó, a la vez que inculcó, el pregón neoliberal que se estableció por décadas, llevado a los hechos en los años de reconversiones regresivas sociales y económicas durante el terrorismo de Estado

12Jul/200

Publicado por admin

CRÍTICA DE LA CIENCIA ECONÓMICA

La polarización social y sus males asociados no resultaron de la pandemia sino del neoliberalismo

 

La amputación

En la Argentina se ha abierto un debate de Economía Política. Fue el nombre de una carrera universitaria de la UBA que la intervención de la dictadura autodenominada de la “Revolución Argentina” cercenó y reemplazó por el de “Economía”, cambiando sus contenidos. El régimen ilegal instaló a un grupo de profesores formados en universidades norteamericanas, quienes cumplieron el cometido de ese reemplazo, algunos de contacto frecuente con académicos ligados a Fraga Iribarne, un franquista que luego fue fundador de la Alianza Popular, posteriormente transformada  en el Partido Popular, integrado hoy a la Fundación Libertad que comanda Mario Vargas Llosa.

La pandemia exhibe de manera impúdica la polarización social, la pobreza, la vulnerabilidad de los sectores populares y el deterioro de los servicios de salud provocados por las políticas ortodoxas recomendadas por los exponentes de la “Ciencia Económica”, que expulsaron los enfoques de la economía política de las aulas y hegemonizaron por décadas la confección de programas con sus modelos de arbitrarias formulaciones axiomáticas, rebatidas insistentemente por la realidad.

El cambio de nombre no ha pretendido ocultar la pretensión de separar la economía de la política, sino que más bien pregona esa escisión. El núcleo de ideas que ha sostenido el andamiaje teórico de esa “Ciencia Económica” es la postulación de que la distribución del ingreso constituye un resultado endógeno de las condiciones de producción (una consecuencia cuasi-tecnológica) y no una cuestión exógena (externa) que resulta de la puja distributiva que atraviesa a las sociedades capitalistas como resultado no sólo de las condiciones de producción, sino de los paradigmas culturales, del entramado de organizaciones sociales, sindicales y políticas y de las ideas e imágenes-objetivo sobre el futuro nacional y de la humanidad toda, que dan sentido fundamental a la vida cotidiana de los pueblos.

Desde la “Ciencia Económica”, cuyos batalladores incansables repiquetean sus dogmas y lugares comunes por los medios de comunicación hegemónicos, se insiste en alertar respecto de la intensidad de la caída de la producción por la pandemia y de las políticas necesarias para lograr una rápida recuperación posterior. La ruta única para estos economistas pretendidamente objetivos, que no disimulan su mirada despectiva respecto de la política, a la que le asignan un papel negativo y de restricción para el bienestar económico, se trata de atraer inversiones. Para lograrlo se invoca la necesidad de generar un buen ambiente de negocios. La organización de los trabajadores y la movilización popular constituyen, para ellos, un problema porque traerían como consecuencia presiones salariales y aumento del gasto público, poniendo palos en la rueda para el fluir de la corriente inversora con la que sueñan. La falacia comienza por el principio, cuando ubican la urgencia en la recuperación de la caída del producto soportada por la invasión de la peste.

El enfoque desde la “Economía Política” sitúa en primer lugar a la distribución del ingreso, en vez de omitirla. La mirada crítica observa que la polarización social y sus males asociados no resultaron de la pandemia sino del neoliberalismo, corriente política sustentada en la alienación de política y economía. La crisis civilizatoria, que muchos cientistas ven que la pandemia ha precipitado, requiere la reversión de la falsedad del orden impuesto por los practicantes del dogma hegemónico de las últimas décadas. Primero hay que discutir la distribución del ingreso y la riqueza. Primero la justicia social. Primero la soberanía de la política. Esas son las bases sobre la que será posible construir entre todos un proyecto de desarrollo nacional. De no ser así, se subsidiará una recuperación basada en desigualdades más descarnadas que las que precedieron a la pandemia. Si no fuera de esa manera, la reactivación se habrá de sostener en la producción de los bienes que consumen los sectores de altos y medios ingresos, y la recuperación de la actividad insumirá un esfuerzo desmedido de divisas y la pobreza y la desigualdad seguirán su curso creciente.

No resulta para nada auspicioso que hoy haya un alto nivel de resistencia al impuesto a las grandes fortunas por parte del establishment, las asociaciones representativas del gran empresariado y el aparato comunicacional ligado a ellos. La oposición a un impuesto por única vez para financiar una parte de la política anticrisis revela hasta qué punto se promueve el continuismo de una sociedad insolidaria. Su intencional lectura respecto a una reforma tributaria que el Presidente lanzó con la fundamentación de introducir progresividad en el sistema, como si se tratara de cambios simplificadores de carácter administrativo, también merece similar calificación.

La teoría de la “Ciencia Económica” brinda un soporte sustancial al pregón de estos sectores y sus voceros. Su construcción basada en la separación de la política y la economía se asienta en remitir  la economía al ámbito de la sociedad civil. Hoy dicen sin tapujos que es “al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar las empresas en la Argentina” (AEA). O sea que el Estado no podría tener empresas. Es parte de la exclusión del Estado de la economía que ellos impulsan. Habría que agregar sus frecuentes advertencias con relación a la “sustentabilidad fiscal” o a mantener el gasto público bajo control. Y la reciente manifestación de “preocupación” por la intervención y proyecto de expropiación de Vicentin, holding empresario cuya mala conducta e ilegítimo y doloso desempeño ha causado ingentes daños sociales y grandes pérdidas al sistema financiero público. También esos sectores lanzan advertencias respecto a la inconveniencia de la presencia del Estado en el comercio exterior. Esta sustracción de atribuciones para la participación pública en la economía, que no se basa en sustento legal alguno, tributa a la apologética que edificaron con mucho despliegue académico y escasa validez científica Jevons, Menger, Böhm Bawerk, Walras, Pareto, Marshall, Friedman y Von Hayek.

 

 

Soberanía política, independencia económica y justicia social

¿Y la democracia? ¿Qué define la ciudadanía? ¿Qué debate el pueblo? Por de pronto, no la economía, reza la “Ciencia Económica”. Las decisiones sobre aquella corresponderían a los dueños de las grandes empresas por la cuáles hablan entre otros, Jaime Campos y Daniel Pelegrina. Una sociedad democrática es la que ensancha el espacio de participación popular. En esto radica la fuente y el respeto por los principios de la soberanía política. En cambio una sociedad presa del liberalismo económico no democratiza, sino que vacía la política y excluye al pueblo del manejo de la cuestión económica. Esta se resuelve en las relaciones de propiedad y queda marginada de la atribución ciudadana, y no de cualquier propiedad en abstracto, sino de la propiedad de los grandes conglomerados empresarios extranjeros y de la oligarquía diversificada local.

Para salir de la pandemia con una recuperación que signifique la instalación de un humanismo crítico, de una sociedad solidaria, resulta imprescindible que el inicio sea proponerse reducir la polarización social, frenar la concentración de la riqueza, mejorar la distribución de la riqueza. Primero, redistribuir el ingreso, para luego crecer sobre la base de esa distribución. Garantizar empleo y trabajo para todos. A cada distribución del ingreso corresponde una estructura de la demanda. Cada estructura satisface distintas conformaciones de la canasta de consumos. Por ejemplo, el despliegue de un vasto y extenso plan de construcción de viviendas –como propone el CESO—, tiene por detrás un determinado perfil distributivo, igualmente el crecimiento de la agricultura familiar. Acudir a resolver masivos problemas de prevención y atención sanitaria es parte de un determinado estilo de shock distributivo. A partir de esos presupuestos habría un patrón, y por qué no –pese al rechazo que la convención ortodoxa tiene por el mismo—, un plan de crecimiento. Para evaluar la justicia de las políticas que se adopten, no alcanzará con medir el crecimiento del producto y la tasa de inversión. Ni será suficiente con establecer la proporción de la población en situación de pobreza. Será necesario completar esos indicadores con la preocupación por el índice de Gini, con la relación entre los ingresos y la riqueza del decil más rico respecto del más pobre del pueblo, con el conocimiento de la tasa de mortalidad infantil y de la esperanza de vida. Más otras mediciones que nos informen sobre progresividad fiscal, adecuada nutrición, acceso a la educación, a la cultura, a la salud, al esparcimiento adecuado, a la vivienda. Las medidas de justicia social y desarrollo requieren ser extendidas a los ámbitos regionales, en función de la integración nacional y auténtico desarrollo del federalismo.

La reivindicación democrática de justicia social, de promoción de la igualdad, de construcción de las condiciones concretas para el ejercicio de la libertad, requieren de la intensidad de la decisión popular en la economía y en la producción. Con un Estado presente que controle, dirija y administre la economía. Que incluya su propiedad de empresas en sectores estratégicos, como inteligente y correctamente lo disponía la Constitución Nacional de 1949 derogada por la ilegal dictadura autodenominada “Revolución Libertadora”. Es impensable el desarrollo de la Nación sin bancos públicos nacionales, provinciales y municipales con una fuerte presencia. Ese desarrollo tampoco sería posible sin la intervención y participación del Estado en el comercio exterior y sin los cambios estructurales que favorezcan el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y de los actores de la economía popular. Empezar por otorgar “estímulos” a la inversión market friendly conduciría a la catástrofe, hay mucha historia para fundar esta afirmación.

Pero siendo lo primero, no sólo la estructura distributiva debe preceder a la sola y parcial preocupación por la recuperación y crecimiento del PBI. El diseño del Patrón productivo debe resultar de la voluntad general  y no de las señales mercantiles dominadas por el capital concentrado. La necesidad de una diversificación productiva es una de las condiciones básicas, y también apunta al logro de otro fin democrático irrenunciable: la independencia económica. La especialización y dependencia exportadora y productiva de la Argentina debe ser modificada. La historia del régimen de sociedad de mercado –un proyecto que gobernó la mayoría de los años de las últimas décadas— acentuó esas características, sin lograr crecimiento alguno. No será la lógica del librecambio, sino la de un Estado democrático —intenso en participación popular— como actor decisivo, la que construya una transformación que conduzca a un crecimiento que se articule con la meta de la igualdad.

En El largo camino a la crisis. Centro, periferia y transformaciones de la economía mundial (ed. Cara y Ceca y CCC F.Gorini, 2011), un análisis sobre la situación de América Latina efectuado cuando en un nutrido grupo de países ejercían el poder gobiernos populares que luego sufrieron la embestida del golpismo institucional y el lawfare, Enrique Arceo subraya la importancia del despliegue de un proceso de industrialización por parte de esas experiencias, concluyendo que “la orientación primaria privilegia la relación con los centros consumidores y debilita la articulación entre las economías de la región”. Este señalamiento resulta clave para promover la Unidad Latinoamericana y, en función de la cual, la imprescindible reestructuración económica debe tener una definida dirección del Estado, no sólo con estímulos sino con leyes e instituciones. Arceo continúa diciendo que la profundización de la “industrialización permitiría incrementar la división regional del trabajo y desarrollar complementariedades en un marco que probablemente tendrá con el Este de Asia coincidencias en cuanto al papel central del sector público, pero que presentará profundas diferencias en lo político y social en virtud de que la presencia y participación activa de los sectores populares constituye, en la región, una condición indispensable para el quiebre de la resistencia del bloque de clase actualmente dominante”.

En estos rumbos habrá, también, que superar las herencias de los dogmas económicos introducidos a la fuerza en los claustros de nuestras universidades por profesores educados por el mainstream, dogmas que hoy son repetidos a conveniencia por dirigentes empresariales, economistas mediáticos y comunicadores con lecturas rápidas.