Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

El conflicto agrario y la crisis mundial

20-03-2009 /  EL EGOÍSMO SOCIAL DE LAS ENTIDADES AGRARIAS

Alejandro Rofman

Existe una faceta no analizada, pero por demás importante, en la discusión pública en torno del interminable conflicto que llevan adelante las agrupaciones empresariales rurales con el Estado y la sociedad argentina. Nos referimos a la total indiferencia de los dueños de la tierra de inscribir sus reclamos en el marco principal de referencia que hoy existe en la Argentina para discutir planteos económicos sectoriales: la crisis del capitalismo a escala mundial.

 La lectura detallada de todas las peticiones formuladas por quienes asumen la representación de los dueños de los predios donde se cultivan cereales y oleaginosas, se cría ganado o se obtiene leche permite observar una omisión permanente.

En ninguno de ellos, luego de detallarse todas las demandas sectoriales de ese conglomerado social, se hace alusión a los efectos de las medidas propuestas en términos de la realidad económico-social nacional e internacional desatada luego de septiembre del año pasado.

 Es como si el mundo no existiera de modo que la  Argentina fuese el  único país sobre la Tierra. O que las relaciones entre el “adentro” y el “afuera” de nuestro país pudiesen ser omitidas en la definición de las “políticas dirigidas hacia las actividades productivas que llevan adelante los propietarios de la tierra”.

 En primer lugar, sus reclamos de menor nivel de retenciones en todos los rubros del sector agropecuario se contradice de lleno con la requisitoria muy firme para que se auxilie, sin límites, a todos los damnificados por la sequía o se otorguen quitas de los créditos oportunamente asumidos o que el Estado subsidie la tasa de interés de las operaciones bancarias.

 No se entiende cómo resolver esta contradicción, excepto que se le extraigan fondos a otros destinos imprescindibles desviando recursos para financiar auxilios a segmentos del empresariado que han tenido, en los recientes años, muy elevadas tasas de ganancia.

 Todo ello supone utilizar fondos fiscales significativos en aportes no prioritarios en tanto hay  segmentos de la sociedad que todavía exhiben elevadas carencias sociales sin resolver o es preciso instrumentar apoyos firmes en subsidios e inversiones públicas con el fin de tonificar el consumo y ampliar la capacidad de demanda de la población.

 En segundo lugar, no se hace ninguna referencia a qué sucedería con los precios internos de bienes de consumo popular imprescindible en el momento en que se disminuyan o eliminen los referidos derechos de exportación.

 Es decir, en el afán de obtener mayores ganancias sectoriales se desconoce que cada reducción de las retenciones implica aumento en el precio de alimentos básicos para la canasta familiar y el costo de vida que afectaría a las familias de bajos ingresos. Ello revela un muy bajo nivel de solidaridad social.

 En tercer término, no se reconoce que la baja de los precios internacionales de cereales, oleaginosos, carne y leche son resultado de fenómenos provocados por la crisis del capitalismo a escala mundial lo que constituye una circunstancia  imposible de ser modificada por la mera voluntad del Gobierno argentino. Esta desagradable consecuencia del derrumbe de las burbujas financieras y de la caída de la demanda mundial también afecta a otras actividades claves de la economía argentina y los sectores damnificados, partiendo de su reconocimiento, buscan soluciones concertadas sin afectar al resto de los integrantes de la comunidad nacional.

 Nunca el discurso hace alusión, aunque sea marginal, a la crisis mundial, como si el Gobierno y el conjunto de la sociedad argentina fueran los únicos responsables de la situación que supuestamente los agobia. Y tal ausencia de ubicación real frente al cataclismo económico mundial se traduce en una segunda fase del discurso. Todo lo que le sucede a este conjunto reducido de empresarios o financistas rurales es culpa exclusiva del Gobierno.

 Entonces, para exigir respaldo en sus reclamos de ayuda fiscal, es lícita toda clase de  acciones que van del insulto o las amenazas físicas hasta el corte de rutas. En esta última “hazaña” los agoreros y reclamantes empedernidos son acompañados por políticos de derecha, algunos con apellidos ilustres que recuerdan a los dueños de la patria (o de la tierra).

 Pero lo insólito de este coro de lamentos y de acciones desestabilizadoras es que son secundados por dirigentes de partidos y organizaciones sociales de antigua raigambre popular, que olvidando  sus principios fundacionales, sustituyen históricos y legítimos reclamos de trabajadores agrarios (que son muchos más que los empresarios o financistas enriquecidos por el negocio de la soja),  de productores familiares, o de millones de consumidores urbanos por los intereses de un reducido y concentrado grupo de grandes y medianos propietarios y financistas rurales.

 Los que hicieron nacer esas organizaciones sociales y políticas de reconocido perfil democrático y progresista nunca hubieron suscripto una sola solicitada con la Sociedad Rural Argentina ni con las cámaras cerealistas. Menos aún si en esa solicitada se  propicia el  rechazo a  la reinstalación de la Junta Nacional de Granos, se obvia toda referencia a una nueva ley de arrendamientos, se hace caso omiso de propulsar una legislación impositiva que grave la renta especulativa de la tierra o se elude exigir que se cumpla la legislación social de los trabajadores rurales, incluyendo el pleno respeto a la recientemente ratificada jornada de ocho horas diarias, resolución votada negativamente por las cuatro entidades rurales.

 Este “olvido” o “ausencia” de la realidad nacional o internacional que nos rodea coloca  a estos dirigentes empresariales agrarios y políticos en los antípodas de su función social esencial.

¡Qué lejos están de ser como los trabajadores de numerosos establecimientos productivos de gran dimensión (terminales automotrices, autopartistas, etcétera) que muy recientemente han dado el ejemplo de sacrificar ingresos con tal de conservar su puesto de trabajo reconociendo la gravedad de la crisis económica internacional. ¡Cuánta distancia los separa de los empresarios pequeños y medianos de la industria textil que, en alianza con el Gobierno, logran impedir el ingreso de productos  importados de Brasil y China, que desplazan producción nacional, al tiempo que garantizan el empleo de sus decenas de miles de trabajadores! Aquéllos y éstos han tomado debida cuenta de lo que acontece más allá de nuestras fronteras y han adecuado sus demandas a la capacidad real de la sociedad de afrontar los costos de la crisis que no provocamos.
Enfrente de estos responsables trabajadores y empresarios metalúrgicos y textiles se levanta este sector reducido de perceptores agrarios de rentas extraordinarias únicamente interesados en que la sociedad les devuelva parte de la ganancia que la crisis internacional les ha recortado, al tiempo que profesan un acendrado egoísmo social y una definitiva amnesia de lo que pasa en el tejido social del país por el derrumbe económico mundial.

Alejandro Rofman

Economista Investigador del Conicet

__._,_.___