Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

De política, salarios y comparaciones

28-07-2009 / 

Ricardo Forster

A veces resulta necesario tomar un poco de distancia geográfica para apreciar mejor las circunstancias de la vida nacional. Eso me ha sucedido esta última semana gracias a una visita al Instituto Tecnológico de Monterrey, en el norte mexicano. El TEC es una institución privada gigantesca dedicada a la educación con más de treinta campus universitarios repartidos por todo el país, cuyo eje principal tiene que ver con el cruce de la economía y la tecnología, aunque también tiene un espacio para las humanidades y las ciencias sociales. 

Lo cierto es que, como consecuencia de la crisis económica mundial que afecta y mucho a México, la dirección del TEC decidió sin previo aviso y con absoluta discrecionalidad, despedir a un 15% de la planta total de profesores, investigadores y personal administrativo de todos sus campus, además de rebajarle en un 15% los sueldos al resto del personal que tuvo la fortuna de no ser echado. 

Los colegas con los que conversé me expresaron su horror y su obvia preocupación por lo acontecido pero no creían posible, ni necesario, realizar ningún acto de protesta tratando de presionar a la dirección para que revea la medida. Inmediatamente pensé en nuestro país y busqué las posibles comparaciones. 

Mientras que en México, como en gran parte de los países ricos del mundo, la crisis del capitalismo ha servido de excusa para ajustar salarios y expulsar a millones de trabajadores esparciendo la lógica del miedo en el interior de las sociedades, en la Argentina, aunque a muchos parece no gustarles, no sólo se intenta proteger el trabajo sino que, paritarias mediante (¡qué anacronismo! dirán nuestros economistas neoliberales!), se discuten y se aumentan los salarios. 

Basta, entre otros, el ejemplo de los aumentos que recibieron los docentes universitarios que alcanzó el 15,5% (por una extraña casualidad representa casi la misma cifra de despedidos y de rebaja salarial que se implementó en el Instituto Tecnológico de Monterrey), o el del 17% del gremio de los camioneros, al que habría que agregarle el conflicto por un aumento del 22% que hoy tiene la UOM con las patronales metalúrgicas. 

Lejos de ese mapa de la impunidad capitalista que viene de la mano con la crisis y de sus extraños métodos de salvataje de los responsables principales de tanto desaguisado, en nuestro país y sin desconocer los problemas y las deficiencias, todavía se discuten los salarios, no para recortarlos (como en otro momento un tanto olvidado de la historia reciente) sino para fijar los montos de los aumentos que, eso parece y más allá del Indec y de sus falencias estadísticas, serán superiores a la posible inflación anual.

Uno de los ejes de la puja política que vivimos desde, al menos, el conflicto en torno a la resolución 125, tiene directamente que ver con la cuestión de los salarios, del mercado interno y de la protección de las fuentes de trabajo. 

El gobierno pudo, y eso es un hecho, equivocarse en varias cuestiones significativas, pudo despreciar el inmenso costo que pagó por lo acontecido con el indec hasta el punto de perder gran parte de su credibilidad, pudo creer que recostarse en los intendentes del PJ constituía un camino seguro a la victoria electoral, pudo desconocer el descontento que se desplegaba en amplios sectores de la sociedad, pudo hacer oídos sordos a las nuevas formas de la vulnerabilidad de los más pobres refugiándose en estadísticas sospechadas;

 pero lo que no puede dejar de reconocérsele es su esfuerzo por sostener la actividad productiva al mismo tiempo que se buscó y se busca proteger los salarios, las fuentes de trabajo y el mercado interno. 

Esa realidad que emerge si la comparamos, insisto, con otras realidades (y no sólo con la mexicana que he tenido la oportunidad de conocer de primera mano) nos muestra que el núcleo del conflicto en la Argentina sigue siendo la renta y su distribución. En esos otros países ya no hay conflicto porque los trabajadores no encuentran los modos de defenderse mientras se generaliza el miedo social a perder los trabajos.

Las grandes corporaciones económicas hace tiempo que le han dicho basta a la recuperación salarial, del mismo modo que se oponen absolutamente a la intervención del Estado en la discusión por la distribución de la renta. 

 

El gobierno, eso es evidente, no ha sabido transmitirle a la sociedad la importancia decisiva de este conflicto; no ha sabido ir más a fondo con esa lógica distribucionista que emergió del debate en torno a lo que se debía hacer con la extraordinaria renta agraria (en especial la sojera); pero tampoco supo, por falta de un proyecto claramente explicitado, recrear una base de sustentación social que pudiera defender esa misma iniciativa progresista. 

 

El gobierno quedó aprisionado de su economicismo, ese que se recostaba en los números de la macroeconomía pero que desconocía los complejos mecanismos de las conductas y de los imaginarios sociales.

 

 El gobierno no supo, no pudo o no quiso dar una batalla por un modelo de país que intentaba diferenciarse de lo que había sido la línea dominante en los últimos 30 años argentinos.

Lo que sé es evidente, y eso más allá, insisto, de las torpezas o de las incoherencias del propio kirchnerismo, es que en la Argentina de hoy el centro del debate nos diferencia de otros países del mundo, de esos a los que la prensa concentrada llama ¡serios!. 

Nosotros debatimos la cuestión de la renta y de los salarios no desde la lógica del miedo y de la catástrofe económica, ni mucho menos utilizando el espantapájaros de la desocupación o de la necesaria rebaja de los salarios para intentar salir de una crisis generada por las políticas neoliberales; lo hacemos desde los derechos de los trabajadores, con el instrumento clave de las paritarias y con la certeza de defender no privilegios sino una vida digna para los asalariados. 

Pero también, y esto no es de menor importancia, lo que se disputa es si se trata de regresar a lo que se inició fuertemente con el Rodrigazo y con el plan de Martínez de Hoz para afianzarse durante el menemismo, es decir, reducir cada vez más la parte de los trabajadores en la distribución de la renta o, por el contrario, continuar con la recuperación (aunque todavía de ningún modo suficiente) de aquello que por derecho les debe tocar a los asalariados. 

Ésta es nuestra discusión y esto es lo que nos diferencia, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en países como México. La dificultad después de la derrota del 28 de junio será encontrar los modos de impedir que las corporaciones económicas y sus socios políticos logren nuevamente no sólo asfixiar la recuperación salarial sino también lanzar fuera de la escena política a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales y sociales.