Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

20Nov/090

Piratas del Índico. Un apunte sobre la economía criminal global, al hilo del secuestro del Alakrana

Publicado por admin

DESDE ESPAÑA

¿Hasta qué punto puede desarrollarse una investigación judicial sobre la piratería naval sin poner en cuestión circuitos y procedimientos clave en el funcionamiento del capitalismo actual?

 

Jónatham F. Moriche | Para Kaos en la Red | Hoy a las 13:20 | 15 lecturas

www.kaosenlared.net/noticia/piratas-indico-apunte-sobre-economia-criminal-global-hilo-secuestro-al

 

Los sucesivos secuestros de los buques atuneros Playa de Bakio y Alakrana han puesto en el primer plano de la agenda mediática y política la cuestión de la piratería en las costas del océano Índico. Como no podría ser de otro modo en la interminable reyerta a cara de perro que es la vida pública española, el debate ha estado mucho más orientado a desgastar al adversario que a esclarecer el problema y contribuir efectivamente a su resolución. Algo que debería ser prioritario respecto a la trifulca parlamentaria, si tenemos en cuenta que decenas de buques pesqueros españoles siguen en la zona, exponiendo a un riesgo inaceptable la vida de sus tripulaciones, y obligando al Estado a mantener un amplio dispositivo militar en la zona (y a asumir parte del coste del despliegue de fuerzas de seguridad privada), de cuya eficacia existen motivos más que suficientes para dudar. Afortunadamente, los secuestros del Playa de Bakio y el Alakrana se han saldado sin heridos ni muertos, pero... ¿es prudente dar por sentado que seguirá siendo así, mientras se suceden los secuestros en la zona (uno cada tres o cuatro días como promedio), de buques cada vez más grandes (incluyendo petroleros, cargueros de armas o buques de pasajeros), a cada vez mayor distancia de la costa, y parte de ellos con bajas entre rehenes, piratas y soldados?

Reincidiendo en el paisaje habitual de esta segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, en este asunto de los piratas la acción del gobierno socialista ha sido negligente; la crítica de la oposición conservadora, destructiva; la información de los medios corporativos, sensacionalista, y la reacción de la ciudadanía (con la lógica excepción de las familias y el entorno personal y profesional de los rehenes), indolente. En medio de este desazonante paisaje de mediocridad, la única buena noticia, además de la misma liberación y retorno a casa de los secuestrados, es el inicio de actuaciones por parte del juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, para esclarecer el verdadero meollo oculto de esta cuestión: las tramas jurídico-financieras que componen la lucrativa retaguardia del negocio de la piratería en el Índico.

No le faltará faena al magistrado Pedraz. En el tercer volumen de su monumental estudio sobre el proceso de globalización e informacionalización del capitalismo (La era de la información, Alianza, 1997), el sociólogo Manuel Castells dedica decenas de páginas al fenómeno de la economía criminal global, y propone algunas ideas que retratan a la perfección el intrincado y siniestro mundo de la piratería contemporánea. "En las últimas décadas", escribe Castells, "las organizaciones criminales han llevado a cabo sus operaciones a una escala cada vez más transnacional, aprovechándose de la globalización económica y de las nuevas tecnologías de la comunicación, conectadas con la economía legal a través de complejos planes financieros y redes comerciales y combinando la diestra manipulación de los procedimientos legales con el uso de la corrupción y la violencia". Somalia, uno de los países más míseros y brutales del planeta, víctima de sucesivas y catastróficas guerras civiles, intervenciones militares extranjeras, expolios corporativos transnacionales, hambrunas, sequías y tsunamis, dispone de una de las mejores redes de telefonía móvil del continente africano, ¿es necesario explicar para qué? Al otro lado del teléfono vía satélite del señor de la guerra, el minorista de armas o el pirata somalí se encuentra habitualmente un refinado abogado londinense con despacho en la exclusiva City financiera, hasta cuya cara moqueta no salpican ni el agua salada del Índico ni la sangre caliente de las bajas humanas, pero cuya cuenta corriente engorda sustancialmente tras el pago de cada rescate. La piratería naval del Índico (como la Camorra y la Mafia italianas, las Triadas chinas, la Yakuza japonesa, la "vorovskoi mir" rusa...) es sólo una terminal más de la extensa y profunda inervación criminal del capitalismo globalizado, que interconecta a piratas, traficantes y sicarios en Somalia, México o Chechenia con empresarios, abogados y políticos en Gran Bretaña, Luxemburgo o las Islas Caimán. Un denso entramado que no constituye una anomalía excepcional, sino el subproducto y correlato necesario de treinta años de radical liberalización y desregulación neoliberal de las relaciones económicas internacionales y de igualmente radical profundización en el inmemorial expolio Norte/Sur. "Los mercados sin restricciones", escribe Castells, "equivalen a sociedades salvajes". En este sentido, la piratería del Índico no es ningún flashback marginal del pasado remoto, sino un ilustrativo flashforward de nuestro inmediato futuro.

¿Hasta qué profundidad podrá hundir el escalpelo judicial en estas tramas ubicuas y multiformes el magistrado Pedraz? ¿Alcanzará, por ejemplo, a los mafiosos italianos, que corrompiendo políticos obtienen concesiones en los servicios de basura, y que en cargueros rusos, matriculados en Liberia o Panamá, transportan esa basura (incluidos residuos químicos y nucleares) hasta las costas de Somalia, devastando el medio natural y el medio de vida tradicional de la zona, la pesca de bajura, y empujando a los antiguos pescadores a la práctica de la piratería? ¿A los armadores y patrones de los centenares de barcos japoneses y europeos bajo bandera de conveniencia que aprovechándose del caos en el país pescan ilegalmente en aguas somalíes libres de cualquier tributo o limitación de capturas? ¿A los traficantes de armas que inundan África de ametralladoras y lanzagranadas de saldo, procedentes de los arsenales del antiguo Pacto de Varsovia, con la complicidad de la nueva casta político-empresarial de los países del Este, infiltrada hasta el tuétano por las mafias? ¿A esas oficinas que todos los grandes bancos y empresas financieras occidentales tienen en los paraísos fiscales, donde se centrifugan los beneficios de todas estas actividades mafiosas y se ejecuta su reinversión en forma de fondos de pensiones, propiedades inmobiliarias y otros respetables valores legales? ¿Hasta qué punto puede desarrollarse una investigación judicial sobre la piratería naval sin poner en cuestión circuitos y procedimientos clave en el funcionamiento del capitalismo actual, y qué reacción cabe esperar de quienes se benefician de ellos? La apresurada y poco creíble ofensiva propagandística emprendida por los neoconservadores norteamericanos y españoles para vincular piratería y terrorismo islamista e incardinar las aguas del Índico en la caprichosa geometría del choque de civilizaciones, salpimentada de retórica nacionalista y melancólica evocación a las hazañas de los Tercios de Flandes ("¡Hay que bombardear Somalia!", gruñía un conocido energúmeno ultraderechista en un debate televisivo en prime-time sobre el secuestro del Alakrana), nos anticipa por dónde pueden correr las cortinas de humo destinadas a proteger de la mirada pública y la investigación judicial la trastienda occidental y financiera del problema de la piratería.

"En vez de fiarlo todo al buque policía que se hace a la mar para imponer la ley y despejar las aguas de delincuentes", ha escrito el historiador norteamericano Leon Fink, "mucho mejor sería la organización de un sistema global y multilateral de justicia, tanto en mar abierto como en tierra firme". Es en esta dirección, y más decisivamente que toda la artillería de la operación militar internacional, que la investigación de la Audiencia Nacional entreabre una puerta hacia la resolución efectiva del problema de la piratería naval en el Índico. Pero, además de voluntad judicial, hace falta mucha voluntad política para que una investigación de este tipo, con tantas implicaciones económicas y diplomáticas, fructifique. Exactamente ese tipo de voluntad política que al gobierno de Rodríguez Zapatero le ha fallado clamorosamente en los últimos meses en asuntos de perfil similar, como la persecución de los crímenes de lesa humanidad, las limitaciones al comercio de armas o la lucha contra los paraísos fiscales, en los que la biensonante retórica progresista ha cedido muy pronto el paso a la más correosa realpolitik. Con estos pésimos precedentes, será prudente poner en cuarentena las declaraciones de la ministra de Defensa Carme Chacón sobre la persecución de los intermediarios de estos secuestros navales, y esperar a que sean los hechos los que determinen la sinceridad y eficacia de este buen propósito gubernamental. Mientras tanto, el gobierno de España, como los gobiernos del resto de potencias capitalistas, sigue mereciendo una imputación por colaboración necesaria en cada delito de secuestro marítimo.

Nota al margen de este asunto de la piratería, y sin duda merecedor de una reflexión específica y más amplia que la aquí podemos hacer, es el gravísimo error que supone, por parte del gobierno español, el haber cedido a las presiones de la oposición conservadora y la patronal del sector, dando amparo legal, entrenando y armando una fuerza militar privada para la protección de los atuneros. La privatización de la guerra y la proliferación de grandes corporaciones mercenarias en las zonas de conflicto es uno de los aspectos más siniestros y peligrosos de la globalización capitalista. La actividad mercenaria supone siempre, a corto, medio o largo plazo, un problema gravísimo en términos de derechos humanos y seguridad internacional, como se ha demostrado reiteradamente en Afganistán e Iraq, donde estas empresas paramilitares han acumulado un terrorífico historial de expolios y crímenes. Ampliar el marco legal para el desarrollo de este tipo de actividades en España (desde donde ya operan algunas pequeñas pero pujantes compañías del sector como High Security Solutions o SGSI, a las que ha dedicado algunas excelentes páginas de investigación el periódico Diagonal) ha sido una de las decisiones más insensatas, desafortunadas y preocupantes tomadas por un gobierno español desde los aciagos días de las Azores, y sin duda debería ser objeto de una crítica radical por parte de aquella fracción de la ciudadanía española efectivamente comprometida con una política exterior fundada en valores progresistas de paz y cooperación.

Jónatham F. Moriche, Vegas Altas del Guadiana, Extremadura Sur, noviembre de 2009

[NOTA: este texto se publicará en el número 62 (noviembre de 2009) de La Crónica del Ambroz. Versión digital disponible en http://www.radiohervas.es/ ]