Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

Perspectivas que contradicen pronósticos intencionados

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Por Guillermo Wierzba*

Sería una contradicción que los economistas y consultores del establishment difundieran comentarios, pronósticos y análisis de perspectivas futuras positivos para la economía argentina. Estarían aprobando una política económica diferente y centralmente opuesta a la receta única, atemporal y ahistórica, que siempre han recomendado. Jamás dieron explicaciones sobre sus fallidas previsiones respecto del futuro de la convertibilidad en los noventa, ni respecto de sus incursiones presagiando finales críticos para la política productivista en curso, primero augurando escenarios de alta inflación, luego anunciando defaults de la deuda pública y después escenarios recesivos. Sus palabras y “análisis” con apariencia de objetividad velan un contenido intencionado, dirigido a cambiar el rumbo de la política económica y favorecer a intereses poderosos.

¿Cuál resulta la precisión central de lo que enuncio como “siempre recomendado” por ellos? Sus nociones de “clima de negocios” y “seguridad jurídica”. Ambas están asociadas a erosionar, hasta la anulación, la intervención pública en la economía en ejercicio de la potestad y el poder para alterar señales mercantiles, modificar la distribución de la riqueza y el ingreso y acometer políticas de protección y desarrollo de la producción nacional. El reclamo de “clima de negocios” viene siempre asociado a la idea de un Estado que sólo hace políticas de oferta con instrumentos que favorecen indiscriminadamente al poder económico concentrado. La idea de “Seguridad Jurídica” distorsionada por el discurso neoliberal implica el requerimiento de la auto-inhibición estatal para legislar modificaciones de reglamentaciones y leyes que norman sobre la actividad económica.

La autonomía gubernamental y el ensanchamiento de los grados de libertad para hacer política económica fueron los signos –en el ámbito de la economía- que marcaron la vida política argentina en el período iniciado en el 2003. Desde ese lugar se establecieron la política de tipo de cambio competitivo y múltiple, el desendeudamiento con el fondo utilizando reservas, la refinanciación de la deuda con quita inédita, la recuperación del sistema jubilatorio de solidaridad intergeneracional bajo administración pública, las políticas de elevación del salario mínimo, la asignación universal por hijo, la elevación sustantiva de las jubilaciones. También hicieron posible transitar la crisis con un impacto mucho menor que el que hubiera soportado una economía administrada con el criterio de conexión y apertura indiscriminada a la globalización financiera, al estilo de la que predican los economistas del “mainstream” local.

El inicio de un año constituye un momento propicio para la formulación de pronósticos y construcción de “escenarios”. La realidad de la macroeconomía argentina demuestra una solidez verificada en el nivel de reservas, que ya alcanzan los u$s 48.000 millones -habiendo recuperado u$s 1500 millones desde el inicio de año 2009-, y su tendencia al crecimiento. Fortaleza en el cierre de un año de crisis internacional atravesado con un nivel del producto sostenido y con previsiones de una sustantiva recuperación en su tasa de crecimiento para el 2010, mientras México que sigue una política afín a lo recomendado por la ortodoxia decreció un 7% en el año que finaliza. Argentina registra un superávit de la balanza comercial de orden permanente, siendo el del 2009 el más alto desde el 2003 .  Hay  señales inequívocas de decisiones de inversión expresadas en los más de $10.000 millones licitados en el nuevo régimen de promoción, habiéndose registrado en el 2009 una relación Inversión/PBI cercana al 21% - un nivel normal en términos históricos en un año de crisis-. Sin embargo, esos economistas que “asesoran” al  poder económico concentrado auguran graves problemas y dificultades. Esto a pesar que algunas señales emblemáticas para las lecturas sesgadas que ellos hacen de la salud económica acusan un muy buen estado, como por ejemplo la rauda suba de las cotizaciones de los títulos públicos argentinos.

El tema de la inflación es un lugar recurrente en el discurso que se opone a la política de este período, ahora reavivado y anclado en el cuestionamiento a la disminución del superávit fiscal, el incremento del gasto público y a la conformación del Fondo del Bicentenario.

El insistente reclamo por una política antiinflacionaria de carácter ortodoxo es un núcleo clave de puja con la política pro-productiva. Los gobiernos del ciclo iniciado en el 2003 eligieron un camino distinto al de las políticas de “metas de inflación” recomendadas por el FMI y centradas en el control de la demanda por vía de la tasa de interés. Estas ubican a la política monetaria, organizada por un banco central autónomo y con el sólo objetivo de defender el valor de la moneda, en exclusiva función de contener la inflación. En cambio, se optó por priorizar la intervención pública para ampliar la economía y bajar el desempleo, abordando el problema de los precios en forma heterodoxa y reconociendo orígenes multi-causales. Así, al manejo racional de la moneda se le agregó política de ingresos y razonabilidad fiscal que permitieron una evolución controlada de los precios. Haber optado por la vía ortodoxa hubiera significado la renuncia a las tasas de crecimiento acelerado, sólo interrumpidas por la grave crisis internacional. La elección de un esquema pro-desarrollo acelerado siempre implica la convivencia con mayores  tasas de inflación, por cierto una situación muy diferente a un escenario descontrolado de alta inflación inequívocamente acompañado por estancamientos del producto. El retorno de la prédica en pos de centrar  el discurso económico en la problemática inflacionaria, más que una obsesión teórica, aparece como un intento de generar expectativas que deterioren el despliegue de la política en curso hacia la profundización del rol activo del Estado en la economía. No es otra cosa el agitar la idea que la dinámica de precios estaría guiada hoy por presiones excesivas de demanda, bajo el supuesto de imposibilidades de ajuste de la oferta como resultado de las políticas gubernamentales y de respuesta a la energía de esa demanda.

Contrariamente la perspectiva de debate de un cambio en la legislación financiera para el año entrante, muestra que la mirada gubernamental y de otros sectores del progresismo piensa la política económica de un modo sustantivamente distinto. La creación de una banca de desarrollo, el despliegue vigoroso del crédito, el fin del racionamiento de préstamos a las pyme y la corrección de la discriminación regional del apoyo crediticio, ponen en evidencia que los estrangulamientos de oferta buscan ser resueltos mediante la expansión de ésta y no vía el enfriamiento de la economía.

A contrario de cualquier sentido común de análisis económico, al finalizar un año de plena crisis, columnas de medios de comunicación y economistas del “mainstream” local leen con preocupación la disminución del superávit fiscal. Estas interpretaciones también expresan presiones para la adopción de medidas que debiliten el rumbo económico. La emprenden contra el nivel de gasto público y su crecimiento. Sin embargo, la expansión del gasto para atender políticas sociales, como la asignación universal, y el despliegue de la inversión pública constituyen una estrategia bien distinta, claramente contracíclica, respecto del impacto de la crisis, y por otro lado promotora del crecimiento económico, tanto por el lado de la demanda como de la oferta. La continuidad de la expansión de la inversión pública es un elemento clave del programa heterodoxo, juega un papel central, también, en generar las condiciones de infraestructura que garanticen el despliegue productivo, mientras sostiene el nivel de actividad y empleo; cabe destacar que su nivel todavía es bajo respecto del necesario para una estrategia de desarrollo, aunque resulta destacable el aumento del 74,3% de la inversión pública entre setiembre/08 y julio/09, crecimiento que implica una erogación de $ 535 millones mensuales adicionales a los invertidos en el período precrisis.

Cuando el gobierno decidió cancelar el endeudamiento con el FMI, amén de los grados de libertad ganada para una política económica autónoma, decidió la utilización de reservas en forma directa para el pago de deuda. Esto significó el abandono de criterios fiscalistas y nociones de convertibilidad de carácter neoliberal. Se reitera ahora con el Fondo del Bicentenario la misma lógica – aunque debiera haberse prescindido de hablar de “reservas de libre disponibilidad”, concepto tributario del paradigma de la  convertibilidad-. El Fondo se crea en un momento de clara tendencia al incremento de reservas por las condiciones de las finanzas internacionales. Está lógica de la utilización de reservas por parte de un Estado soberano es parte de un paradigma cuestionado por los cultores de una “seguridad jurídica” que descree de una soberanía de decisión y legislación nacional, pretendiendo el imperio de una organización normativa y legal internacional que reproduzca en cada país un mismo orden jurídico diseñado en el centro del poder global. Sin embargo, la opción elegida por la decisión gubernamental fortaleció las expectativas respecto de las condiciones financieras del 2010 despejando el otro fantasma agitado por la economía del establishment, la amenaza de default.

*Director del CEFID-AR